Leonor Zalabata Torres

La Fiscalía imputó a 14 personas, entre ellas militares activos y retirados, por permitir que una falsa especialista en salud obtuviera contratos en anestesiología, poniendo en riesgo la vida de pacientes en Bucaramanga. La mujer realizó procedimientos quirúrgicos en el dispensario del Ejército entre 2017 y 2022.De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía y agentes de la Unidad Anticorrupción de la Dijin, se logró identificar una serie de irregularidades en la adjudicación y ejecución de contratos por prestación de servicios médicos especializados en el Dispensario Médico del Ejército en Bucaramanga, Santander.La información recopilada muestra que, entre 2017 y 2022, la mayor (r ) Daisy Carolina Sosa y que hoy es la jefe de la sala de cirugías del Hospital Universitario de Santander, adelantó varios procedimientos e intervenciones quirúrgicas pese a no tener la experiencia ni los permisos necesarios.Para esto, la mujer habría entregado un diploma falso para lograr la adjudicación del contrato para prestar servicios médicos facilitado además por el actuar irregular de los funcionarios quienes, aprovechándose de sus cargos, certifican la idoneidad de la fasla profesional para favorecerse de los convenios.Entre los imputados están la coronel (r ) Jenny Paola Figueroa y la teniente coronel (r ) Eddy Piedad Gonzáles, quienes fueron directoras del dispensario; también la teniente coronel Claudia Ramírez y los tenientes coroneles Edwin Alejandro Zaraza y Edgar Alfredo Martínez, los mayores activos Belisario Zea, Carlos Iván Ceballos y mayores retirados Jaime Alberto López y Óscar Humberto Silva, todos con funciones de ser ordenadores del gasto.Además, quedaron vinculados los sargentos Julieth Pauline Rojas, Carlos Javier García, Francisco Javier Rosso y Wilson Morales, quienes eran evaluadores técnicos de los contratos.A todos les imputaron los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y uso de documento falso.Luego de la imputación, la Dirección de Sanidad del Ejército se pronunció y aseguró que este caso también se logró identificar gracias a las labores de contrainteligencia militar y que desde el momento de identificar la irregularidad, han aportado la ayuda necesaria la investigación.Y en esa medida, señalaron que van a reforzar los controles de selección y contratación del personal que se encarga de prestar los servicios médicos a los integrantes del Ejército y sus familias.“En este sentido, el Ejército Nacional continúa adoptando todas las medidas necesarias para evitar que situaciones similares puedan presentarse, promoviendo siempre los más altos estándares de ética, transparencia y profesionalismo en todos sus procesos”, puntualizaron.

Leonor Zalabata Torres

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