En los juzgados de Paloquemao se adelantó este jueves la primera audiencia en Colombia al amparo de la Ley de Pequeñas Causas, donde un juez, una fiscal y la defensora de sacaron adelante el caso de Nicolás Alejandro Crespo, quien había atracado un ciudadano en Bogotá y robado 300 mil pesos. “Mi cliente tenía antecedentes, pero aun así la decisión fue adecuada. Se logró que en menos de 48 minutos se lograra una detención domiciliaria teniendo otras actuaciones delictivas”, dijo la abogada de Crespo. Se espera que los procesos relacionados con atracos callejeros, injuria, inasistencia alimentaria y calumnia, entre otros, también tengan un efecto positivo.
Colombia, un país ubicado en una de las zonas sísmicas más activas del mundo, enfrenta constantemente la realidad de los sismos debido a la convergencia de placas tectónicas en su territorio. En esta dinámica geológica, la actividad sísmica es una preocupación constante, como por ejemplo en ciudades como Bogotá, que se encuentra en una región intermedia y propensa a temblores y movimientos telúricos.Según el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger), las placas tectónicas de Nazca y del Caribe convergen contra la placa suramericana en Colombia, lo que genera una intensa actividad sísmica. Esta se vincula con procesos de subducción en el Pacífico colombiano y fallas geológicas activas que recorren el país. La Costa Pacífica es un escenario clave, donde la placa Nazca se adentra bajo la placa suramericana, desencadenando un proceso que incluso alimenta la actividad volcánica en la Cordillera Central.Último sismo en Cundinamarca y BogotáLa reciente actividad sísmica en el departamento del Meta ejemplifica la importancia de estar informados sobre los temblores en Colombia, por lo que, para conocer los últimos temblores en Bogotá y Cundinamarca debe filtrar en la página web del SGC por esta región y así verá el registro de los más recientes.Los sismos, impredecibles por naturaleza, pueden generar consecuencias significativas para la seguridad de las personas, la infraestructura y el entorno en general. La región sísmica en la que se encuentra Colombia, conocida como el Cinturón de Fuego del Pacífico, destaca por su alta actividad sísmica y volcánica, exponiendo a sus habitantes a riesgos naturales.La vigilancia constante de la actividad sísmica y la rápida difusión de información precisa son esenciales para minimizar los riesgos asociados con los sismos. Tanto a nivel nacional, como en regiones como Cundinamarca y Bogotá, mantenerse informado sobre los eventos sísmicos recientes es crucial para salvaguardar vidas, reducir daños materiales y promover una cultura de preparación y seguridad. En este contexto, el monitoreo constante y la educación en torno a la respuesta adecuada ante sismos desempeñan un papel crucial en Colombia.Le puede interesar:
Una bala perdida impactó contra un bus del sistema de transporte MIO en Cali. El hecho ocurrió en inmediaciones de la carrera 8, con calle 15, en pleno centro la capital del Valle, donde los ocupantes del vehículo que cubría la ruta P40A, se llevaron un gran susto al ver cómo uno de los vidrios laterales del bus fue atravesado por una bala.Según lo que quedó registrado en video, el proyectil habría sido disparado en medio de un intento de hurto en la zona, impactó contra el vidrio y quedó en el bus. Afortunadamente, los ocupantes se encontraban en asientos posteriores, por lo que no hubo heridos. Hechos como este generan temor entre los usuarios del sistema, quienes cuestionan la efectividad del convenio de seguridad que se implementó meses atrás con la policía y empresas privadas."Pues gracias a Dios no hubo heridos, solo afectaciones materiales pero sí preocupa esta situación que está ocurriendo en nuestra ciudad, le hacemos un llamado a las autoridades a tomar acciones", dijo Ricardo Salazar, vocero de los usuarios del MIO.Otro de los aspectos que genera intranquilidad, es que el bus fue impactado en el centro de Cali, una zona de la ciudad que en época de compras navideñas es visitada por un gran número de personas.Las autoridades se encuentran investigando el caso, verificando las cámaras de video de la zona, para lograr identificar a quienes habrían disparado y determinar qué fue lo que ocurrió.Le puede interesar:
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó el arresto por dos días del director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior de Colombia, Franklin Castañeda Villacob, por incumplir las peticiones que se le han hecho para que informe sobre la política pública de intervención en cementerios para la búsqueda de desaparecidos.Este tribunal, creado por el acuerdo de paz con las Farc para juzgar crímenes de guerra, considera que Castañeda incumplió las órdenes dadas en el marco de las medidas cautelares adoptadas sobre el Cementerio de los Pobres situado en Aguachica (Cesar), en donde de presume que están enterradas víctimas de desaparición forzada.La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP había ordenado al Ministerio del Interior la creación de una mesa interinstitucional para formular una política pública para la intervención de cementerios en el país, que contemplara un plan de acción integral para el abordaje de cuerpos de personas no identificadas.Con ese fin, a principios de año hizo una audiencia donde se constató "la ausencia de coordinación interinstitucional, inexistencia de políticas públicas pertinentes para la búsqueda de personas víctimas de desaparición forzada e insuficiencia presupuestal".Por ello ordenó que se conformara dicha mesa interinstitucional con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), varios ministerios, la Fiscalía, Medicina Legal y la JEP, entre otros.Tras varios llamados para hacerlo, en los que Castañeda indicó que ya la había convocado, la JEP le pidió un cronograma concreto de actividades y el documento final de la política pública de búsqueda de desaparecidos, pero al no haber respuesta el 3 de noviembre decidió "abrir incidente de medidas correccionales" contra el funcionario.La JEP considera que "transcurrieron más de 3 meses para que iniciaran las labores tendientes al acatamiento de lo dispuesto en la diligencia judicial" y que solo se realizó por obligación.Además de la "sanción de arresto inconmutable por el término de dos días" que se hará efectiva dentro de tres días, la JEP le ha dado de plazo al Ministerio de Interior hasta el 30 de abril de 2024 para que "entregue de manera definitiva la política pública de intervención de cementerios". Puede ver:
Empresas Públicas de Medellín tendrá que pagar un total de 781.000 millones de pesos a Hidroituango de acuerdo con lo determinado por un tribunal de arbitramento, el cual consideró que la empresa no cumplió con los hitos 7, 8 y 9 del contrato Boomt de construcción.La principal dificultad argumentada por los propietarios demandantes responde a que la central pudo entrar perfectamente en funcionamiento en los plazos inicialmente establecidos en el contrato firmado en 2011 si no se hubiera tomado la decisión de construir un túnel para la desviación del río Cauca, maniobra que se ha considerado costosa y riesgosa.Dentro de la decisión del Tribunal de Arbitraje se destaca que estas obras “no estaban contempladas ni autorizadas en la licencia ambiental inicialmente concedida”, pero que aún así las obras de esta galería auxiliar de desviación (GAD) iniciaron aún “sin haber tramitado y obtenido la modificación de la licencia”.Sobre el tema habló en Mañanas Blu con Camila Zuluaga este lunes David Suárez, abogado y analista de asuntos administrativos con EPM. "Es un dinero que no entra al departamento, entra la sociedad Hidroituango", dijo el abogado David Suárez abogado.Escuche la entrevista aquí:
La decisión del laudo arbitral se hizo pública el pasado jueves 7 de diciembre, después de resolver un conflicto surgido en octubre de 2020 entre la Sociedad Hidroituango y EPM en el centro de conciliación de arbitraje de la Cámara de Comercio de Medellín. Conforme a la determinación del tribunal de arbitramento, la compañía deberá pagar una suma de 781.000 millones de pesos.Este fallo se basa en la consideración de que EPM no cumplió con los hitos 7, 8 y 9 del contrato BOOMT de construcción, que significa Construir, Operar, Poseer, Mantener y Transferir, según sus siglas en inglés.David Suárez Tamayo abogado y analista de asuntos administrativos con EPM, habló sobre la multimillonaria multa que debe pagar EPM a Hidroituango de acuerdo a lo determinado por un tribunal de arbitramento y explicó cuál es el problema inicial y en qué consiste el laudo arbitral en este caso jurídico.“Lo primero que hay que explicar es que el laudo surge de una cláusula, es muy normal que en un contrato de esta magnitud las partes establezcan que, ante el caso de una controversia se acuda a un tribunal de arbitramento. Es un mecanismo válido y lícito para resolver conflictos y no cargar a la justicia colombiana con más casos”, indicó el abogado.El también analista indicó que la contingencia de la galería en el 2018 y por eso el proyecto no pudo arrancar en noviembre. De ahí Hidroitiando consideró que EPM incumplió hitos y por eso las penalidades. Aclaró que estos retrasos no los tenía que pagar el proyecto por dicha contingencia y resaltó que por el laudo no es que el departamento de Antioquia vaya a recibir una plata.Finalmente, esta decisión, que representa un duro golpe para las finanzas de EPM, aún podría ser revisada por el Consejo de Estado.Escuche la entrevista completa acá:
