La Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena de 19 años de cárcel contra la exdirectora del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Liliana Pardo, por el escándalo del carrusel de la contratación en Bogotá.La decisión también vincula al excontralor de Bogotá, Miguel Moralesrussi, quien también hizo parte del entramado de corrupción que se dio en el mandato del exalcalde Samuel Moreno Rojas.La Corte Suprema no admitió el recurso de casación presentado por Liliana Pardo, dejando en firme la condena en su contra por 19 años y 9 meses de prisión.La exdirectora del IDU le había pedido a la Corte Suprema revisar el caso por el cual se le investiga por irregularidades en el carrusel de la contratación.Sin embargo, el alto tribunal no le dio la razón a la petición de la exfuncionaria que buscaba una rebaja en su pena, recordemos que aún es requerida por las autoridades y buscada a nivel internacional por una circular roja de Interpol.Pardo había sido condenada en dos instancias por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales en favor de terceros agravado, por irregularidades en contratos de obra de Fase III de Transmilenio, la licitación 022 de 2007 y los de valorización 020, 037 y 068.“La Sala encuentra que el cargo se limita a repetir los argumentos presentados en las instancias, sin evidenciar que la interpretación contenida en la sentencia se aleje del sentido natural y obvio de la norma citada, situación que impone su inadmisión, en la medida que el recurso de casación no es una instancia adicional para prorrogar el debate surtido ante los jueces de primer y segundo grado”, precisó la sentencia del alto tribunal.Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca la actualidad de los candidatos presidenciales a menos de un mes de las elecciones presidenciales:
Iván Moreno, exsenador condenado por carrusel de la contratación, no logró tumbar la pena de 14 años de prisión ante la Corte Suprema de Justicia. El alto tribunal le dio un no definitivo.La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia le negó la acción de nulidad que interpuso Iván Moreno ante este alto tribunal al considerar no se le había vulnerado todos sus derechos procesales, que era lo que el exsenador alegaba en su petición.En el entonces carrusel de la contratación, Iván Moreno habría aprovechado que su hermano Samuel era el Alcalde Mayor de Bogotá y manejaba la cesión de algunos contratos viales de Bogotá, por lo que Iván Moreno fue condenado a 14 años de prisión y pese a sus múltiples peticiones no logró tumbar la condena que le impuso la Corte Suprema de Justicia.Vea también:“En cumplimiento de estos convenios en interés particular y de terceros, los funcionarios del IDU en complot y con la participación del aforado, juntamente con su hermano Samuel, a través de Emilio Tapia Aldana y demás miembros del grupo ya descrito, adjudicaron los contratos tanto de valorización como de interventoría aludidos, amañando los procesos contractuales incluyendo el trámite, evaluación y selección de las propuestas favorecidas”, señala el proceso en su contra.Además señala que junto con su hermano Samuel, participaba como determinador, a través de Emilio Tapia, en el convenio a que habrían llegado el representante legal de CONALVÍAS, Andrés Jaramillo, con el mismo grupo integrado por funcionarios del IDU encabezados por Liliana Pardo, el Contralor y el Personero Distrital, concejales de la ciudad y particulares, entre otros, de aceptar los últimos del primero, la promesa de pago de 30.000 millones de pesos como comisión, si el IDU autorizaba la cesión del contrato No. 137 de 2007 que finalmente hizo la UT TRANSVIAL a CONALVIAS, el 17 de febrero de 2010.Recordemos que el exsenador fue condenado por los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio, enriquecimiento ilícito de particulares e interés indebido.Escuche el Podcast Cómo Como:
Fuentes aseguraron a BLU Radio que autoridades americanas habrían capturado en Miami, Estados Unidos, a Liliana Pardo, exdirectora del IDU, condenada por el carrusel de contratos y quien se encuentra prófuga de la justicia desde el 2014. Sin embargo, la justicia colombiana y la Interpol siguen a la espera de notificación oficial sobre la captura.Según información extraoficial, las autoridades la tenían ubicada en Miami desde hace unas semanas pues Pardo habría contratado a un abogado norteamericano que, al parecer, estaría buscando acercamientos con el Gobierno.Es preciso recordar que, el año pasado, el Tribunal Superior de Bogotá condenó a 19 años y 9 meses de prisión a Pardo como responsable de los delitos de peculado por apropiación, interés indebido y celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales por su responsabilidad en el carrusel de la contratación en Bogotá. Incluso, en su contra pesa otra condena de 10 años, proferida este año por el juzgado 38 penal de Bogotá, por otras conductas dentro del mismo escándalo.Desde octubre del 2018, la Interpol emitió una circular roja para que las autoridades de más de 190 países la buscaran.La exfuncionaria de la administración del exalcalde Samuel Moreno es responsable, según la justicia, de las irregularidades que se cometieron por los contratos de consultoría 129 y 133 de 2005, relacionados con la tercera fase de Transmilenio y los contratos de obra 134 a 138 de 2007.En la misma decisión, el Tribunal confirmó la condena a 13 años y 9 meses de prisión en contra el excontralor Bogotá Miguel Ángel Moralesrussi, por concusión también por su participación en las obras de fase 3 de Transmilenio, valorización y malla vial.
La Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena por el delito de fraude a resolución judicial, contra la juez que dejó en libertad a la exdirectora del IDU Liliana Pardo, hoy prófuga de la justicia, por no acatar lo que disponía la Corte Suprema de Justicia en cuanto a definir la libertad de la implicada, en el llamado cartel de la contratación en Bogotá por el que fue condenada a 19 años de cárcel.La Corte consideró que la juez no se pronunció de fondo sobre la medida de aseguramiento dictada en contra de Liliana Pardo y ello ocasionó que la hoy buscada por Interpol con circular roja, quedara en libertad.La juez Teresita Barrera Madera se rehusó a cumplir un fallo de tutela que le ordenó: pronunciarse sobre la necesidad de la medida de aseguramiento privativa de la libertad, que es lo que significa decidir de fondo, e insistió que el conflicto se debía resolver a su manera y en la forma que ella lo estimaba, a sabiendas de que su persistencia la llevó a ser objeto de un arresto por incumplimiento.“Incumplió sistemáticamente la orden judicial que le fue impuesta. No bastó que fuera compelida con la amenaza del arresto que su desacato provocó. Decidió que el único modo de solucionar el conflicto era a su manera y lo impuso a toda costa”, indica la Corte.
El juez 38 de conocimiento de Bogotá condenó a 10 años de prisión a la exdirectora prófuga del IDU Liliana Pardo, como responsable del delito de cohecho propio por su participación en el carrusel de contratos de Bogotá. Además, le impuso una multa de 109 salarios mínimos y le dio una inhabilidad del mismo lapso de su pena para ejercer funciones públicas.“Comportamiento que se cometió con dolo pues Liliana Pardo, en su condición de directora del IDU y miembro del comité de adjudicaciones, tenía pleno conocimiento de sus deberes consistentes en dirigir, asegurar y velar por el complimiento de los objetivos y metas del IDU, velar por el correcto manejo de fondos de financiación, empero optó por la ilegalidad, omitió actuar de conformidad a cambio de una promesa remuneratoria. Se inclinó voluntariamente por el mal vulnerando valores éticos y sociales y por ende el bien jurídico de la administración pública. Razones por las cuales será condenada por el delito de cohecho propio”, sentenció el juez.Esta condena es por irregularidades en dos contratos de malla vial y siete de valorización, con los cuales, habría beneficiado a las empresas de Julio Gómez y al grupo Nule.“Los testigos y las pruebas de la Fiscalía mostraron cómo Pardo convocaba mesas de trabajo con nombres propios para estructurar los requisitos de los pliegos de condiciones. Incorporaba y aprobaba los requisitos técnicos y financieros que las empresas de Julio Gómez y el grupo Nule necesitaban para adjudicarse los contratos. Entregó información privilegiada a las empresas de Julio Gómez y el grupo Nule, modificó requisitos del pliego de condiciones, al punto que logró la adjudicación de los contratos a estos particulares”, concluyó el juez.Esta condena se suma a la que ratificó el Tribunal Superior de Bogotá en su contra a 19 años de prisión, como responsable de los delitos de peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos y celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales. Sentencia que recibió junto al excontralor de Bogotá, Miguel Ángel Moralesrussi.
Liliana Pardo Gaona esta prófuga de la justicia colombiana desde el año 2014 y ahora enfrenta una pena de 22 años de cárcel que se profirió el pasado 12 de octubre.La circular del organismo de seguridad internacional puntualiza que Pardo Gaona, de 50 años, está siendo buscada para que responda por los delitos de cohecho propio en concurso homogéneo y sucesivo.Lea también: Condenan a 22 años de cárcel a Liliana Pardo por el carrusel de la contrataciónDesde el año 2016, las autoridades en Colombia tienen la hipótesis de que la exdirectora del IDU salió de Colombia, pero hasta ahora su paradero y lugar de destino es completamente desconocido, de hecho, ha evadido varias audiencias judiciales a las que ha sido citada.Cabe recordar que después de la pena de 24 años de cárcel contra el exalcalde de Bogotá Samuel Moreno por el ‘carrusel de la contratación’, Liliana Pardo tiene la segunda condena más alta en este proceso con 22 años y 5 meses de prisión.
BLU radio conoció en exclusiva las demandas que interpusieron otros dos exfuncionarios contra el Estado, pese a que sus nombres a estar siendo procesados por corrupción.Se trata de la exdirectora del IDU Liliana Pardo, quien hoy está prófuga de la justicia y está siendo procesada por el carrusel de la contratación de Bogotá. Pardo pide una indemnización de 905 millones de pesos.El otro demandante es el exgobernador del Valle Juan Carlos Abadía, quien tiene una destitución e inhabilitadad por 10 años y una imputación de cargos por celebración de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales para la compra y distribución de textos escolares. Abadía pide que el Estado lo indemnice con 1.145 millones de pesos.Ambos alegan daños y perjuicios por parte de las entidades del Estado durante el desarrollo de sus procesos judiciales.También han demandado a la Nación: Alessandro Corridori, uno de los cerebros de Interbolsa, quien pide 122 mil millones de pesos, Carlos Palacino, representante legal de Saludcoop, demandó por 39 mil millones de pesos y Yidis Medina, protagonista de la 'Yidispolítica' demandó al Estado por 11 mil millones de pesos.El total de demandas como estas suman más de 330 billones de pesos, razón por la cual la Agencia para la Defensa Jurídica del Estado trabaja en un nuevo estatuto que blinde a Colombia de los pleitos de este tipo.El nuevo estatuto para la defensa del Estado estará listo a mediados de este año y será presentado al nuevo gobierno para que le implemente, si así lo considera, como ley de la República.
Este lunes se esperaba que la exdirectora del IDU, Liliana Pardo se presentará en los alegatos finales del juicio que la Fiscalía adelanta en su contra por el "carrusel de la contratación', sin embargo, en último momento desistió y solo hizo llegar una carta. En el documento afirmó no tener garantías y advirtió que el proceso de captura y medida de aseguramiento en su contra es ilegal. "Me han sido violados los derechos fundamentales a la libertad, debido proceso, derecho de defensa y presunción de inocencia", señaló. Aseguró que presentó a instancias internacionales su caso en busca de que le sean restablecidos los derechos aparentemente vulnerados. "En este momento me encuentro esperando la respuesta sobre la solicitud de restablecimiento de derechos que hice a instancias internacionales, estoy a la espera de esa respuesta y más porque en todo este caso mi hija resultó víctima. Por eso busqué otro mecanismo para proteger nuestras vidas", dice el documento presentado. Pardo está prófuga de la justicia desde septiembre de 2014 y en su contra pesa una circular roja de Interpol por las irregularidades en la entrega de millonarios contratos viales en Bogotá durante la administración de Samuel Moreno Rojas, condenado por este escándalo de corrupción. Ante la negativa de presentarse ante la justicia, el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Juan Vicente Balbuena, dijo que el juicio entra a su recta final. "La juez manifestó que continúan los alegatos finales en los que pediremos una máxima condena contra la exfuncionaria por tratarse de delitos de máxima gravedad".
El abogado Luis Fernando Becerra dijo que Pardo, procesada por el escándalo del ‘carrusel de la contratación’, no ha acudido a las diligencias judiciales porque no cuenta con las garantías procesales. “Lo único que le puedo decir es que ella no ha salido del país, entonces esa circular roja (de Interpol) va a ser inocua, pueden buscarla por todo lado, la Fiscalía sabe que Liliana Pardo no ha salido del país”, manifestó el jurista. Desde agosto de 2014 la juez Teresita Barrera en una polémica decisión de dejarla en libertad y desde julio de ese mismo año en más de 20 ocasiones ha sido citada a diferentes audiencias judiciales y no ha comparecido. Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias: -Sindicatos de trabajadores realizarán mañana plantón frente de la Bolsa De Valores de Colombia, en contra de la venta de Isagen. -La Policía y el Ejército capturaron en el occidente de Antioquia a alias “Ronaldo”, presunto cabecilla de finanzas del frente 34 de las Farc y a alias “Yuber” integrante de esa misma estructura. -El gobernador de Cundinamarca celebró la decisión de la Policía Nacional de apartar del cargo al director de Tránsito del departamento, tras el escándalo en el que está envuelto por presuntos actos de corrupción. -Atlético Nacional viajó esta mañana a Miami donde realizará su pretemporada con partidos amistosos contra América de Cali e Independiente Medellín.
La exfuncionaria de la administración de Samuel Moreno, también investigado por estos hechos, es requerida por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, cohecho por irregularidades en contratos de malla vial de Bogotá. En julio del año pasado, los investigadores judiciales del caso habían solicitado a la Policía internacional la circular para lograr la captura de Pardo, que desde el 2014 no compareció a más de 20 audiencias a las que fue citada, en cualquiera de los 135 países con este convenio.
La Policía Nacional capturó este viernes en Medellín a Robinson Alexander Foronda Galeano y Juan Esteban Atehortúa Acevedo, señalados de presuntamente perpetrar el crimen del líder comunitario Luis Fernando Osorio Soto, el pasado 3 de enero en la vereda Orizaba de Andes, Suroeste de Antioquia.Foronda y Atehortúa tenían orden de captura vigente por los delitos de homicidio agravado, desaparición forzada, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y hurto calificado y agravado, por lo sucedido a este líder, quien además era enfermero de varias zonas rurales de Andes.De acuerdo con la investigación de las autoridades, la víctima se habría resistido al hurto de su vivienda y cuentas bancarias, no obstante, en mayo de este año capturaron a Juan Esteban Acevedo Arteaga, alias 'Juancito', quien al parecer hizo retiros de las cuentas bancarias del líder social por 19 millones de pesos. En total le fueron robados, entre dinero y otros elementos de valor, algo más de 20 millones de pesos.Para el caso de alias 'Juancito', un juez de control de garantías le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario el 28 de mayo, mientras avanza el proceso judicial.Los hechos ocurrieron el 29 de diciembre de 2023, cuando varios hombres armados, habrían ingresado a la vivienda de la víctima y llevado en contra de su voluntad a un sitio solitario y despoblado. Días después, el 3 de enero de este año, el cuerpo fue encontrado atado de manos y pies, además con varias heridas de arma de fuego y politraumatismos en cabeza y tórax, según la Fiscalía.
El Gobierno chileno envió este viernes a Venezuela una nota de protesta por haber impedido ingresar al país a los senadores Felipe Kast (centroderecha) y José Manuel Rojo Edwards (ultraderecha), invitados por la oposición venezolana como observadores en las elecciones del domingo en las que Nicolás Maduro busca la reelección."El Ministerio de Relaciones Exteriores citó al embajador de Venezuela en Chile, Arévalo Méndez, para entregarle una nota de protesta debido a que no se permitió el ingreso a ese país a los senadores José Manuel Rojo Edwards y Felipe Kast", dijo la Cancillería en un escueto comunicado.Kast, del partido Evópoli, informó en sus redes sociales que iban a ser deportados porque no cumplían "con el perfil ni las condiciones de ingresar al país".Edwards, del ultraderchista Partido Social Cristiano, indicó por su parte que "Maduro ha traído miseria y hambre" y "debe saber que Latinoamérica entera va a defender la democracia del pueblo bravo de Venezuela".La Presidencia del Senado chileno aseguró que los hechos son "antidemocráticos" y "denotan la mayor gravedad" porque "los senadores chilenos cuentan con todas las condiciones exigidas usualmente por la República Bolivariana de Venezuela para hacer ingreso a su territorio".Maduro, en el poder desde 2013, se enfrentará el domingo a Edmundo González Urrutia, un exdiplomático de 74 años que se convirtió en el candidato de la oposición luego de que la exdiputada María Corina Machado fuera inhabilitada, y que lidera la intención de voto según las encuestadoras tradicionales del país suramericano.El chavismo, sin embargo, asegura que Maduro ganará, pese a que los sondeos independientes reflejan el hastío de gran parte de la población en medio de una feroz crisis económica que devastó al país en la última década.La deportación de los senadores chilenos tiene lugar horas después de que Venezuela impidió la entrada de una delegación de parlamentarios del Partido Popular (PP) de España y también de un grupo de expresidentes latinoamericanos en un avión que no pudo despegar desde Panamá hasta que los exmandatarios no bajaron de la aeronave.
En la semana epidemiológica que realizó, el Instituto Nacional de Salud reportó un total de 2,375 casos de hepatitis, desglosados en hepatitis B, C y coinfección B-Delta. La cifra se compone de 1,348 casos de hepatitis B, 1,025 de hepatitis C, 2 de hepatitis Delta y 1 transmisión maternoinfantil. Por otra parte, la tasa de incidencia para hepatitis B se estimó en 2.6 casos por cada 100,000 habitantes, mientras que para hepatitis C fue de 1.0 casos por cada 100,000 habitantes. La tendencia general indica un aumento en la incidencia de estas enfermedades.¿Cómo está la hepatitis en Colombia?Las ciudades con mayor número de casos de hepatitis B fueron Bogotá D.C., Medellín, Cúcuta, Barranquilla y Cali. Para hepatitis C, las principales ciudades afectadas incluyeron Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Armenia. Los casos de hepatitis D se concentraron en Bogotá D.C. y Neiva.Hombres, los más afectados por Hepatitis BEl análisis por género muestra que la hepatitis B afecta más a los hombres, con una tasa de incidencia de 3.1 casos por 100,000 habitantes, frente a 1.1 casos en mujeres. En los hombres, se observó una disminución estadísticamente significativa en los casos de hepatitis B en el grupo etario de 15 a 19 años y un aumento en el grupo de 65 a 69 años. Entre las mujeres, se registró una disminución en los casos en el rango de 30 a 34 años y un aumento en el grupo de 60 a 64 años.Disminuye la hepatitis B en mujeres embarazadas en ColombiaDe los casos de hepatitis B reportados, el 4.6 % correspondió a mujeres embarazadas, lo que representa una disminución estadísticamente significativa en comparación con el año anterior. El principal mecanismo de transmisión de la hepatitis B fue sexual, representando el 72.6% de los casos, seguido de la transmisión percutánea o parenteral con el 7.1%. Además, el 3.8% de los casos correspondió a poblaciones indígenas y el 3.6% a negros, mulatos o afrodescendientes, con una disminución estadísticamente significativa en estos últimos grupos comparado con el año anterior.
Una verdadera crisis atraviesa la negociación entre la Alcaldía de Cartagena y la Asociación Cartagenera de Cocheros en medio del proceso de sustitución de coches de tracción animal por coches eléctricos, luego de que un grupo de propietarios y conductores de coches protestaran en contra dicho proceso.Tras varios días de silencio, el alcalde Dumek Turbay se pronunció al respecto asegurando que el proceso de transición en la ciudad no tiene reversa, y que no se volverá a sentar a la mesa con quienes protagonizan esta protesta que calificó como ‘difamatoria’.“En el mes de septiembre vamos a escoger a 15 cocheros, no a dueños de coches, sino a 15 cocheros de la ciudad de Cartagena y los vamos a llevar a Santo Domingo, donde hay un proceso exitoso de sustitución de coches (…) y para los cocheros que hicieron la protesta que fue irrespetuosa, que utilizó palabras difamatorias y calumniosas con el gobierno y conmigo, pues tenemos que decirles que no tenemos nada de que hablar, el diálogo se ha roto por esa actitud, por promocionar la mentira, como argumento de defensa y por creer que amedrentan el gobierno”, dijo.El mandatario señaló que la protesta habría sido incentivada más por los “dueños de los coches que por los cocheros”, y que espera que antes de las Fiestas de Independencia ya estén en la ciudad los primeros 30 coches eléctricos.“Una cosa es el cocheros y una cosa es el dueño de los coches (…) Yo tengo la impresión que la protesta última fue de los dueños de los coches, no de los cocheros, porque lo hemos dicho es que los 60 coches que vamos a adquirir los van a administrar los cocheros, la misma Asociación de Cocheros, y los coches eléctricos tendrán todo el respaldo nuestro, dos años de garantía, dos años de acompañamiento, recursos para que ellos puedan pasar de cochero a empresarios de un servicio turístico”, sostuvo.El alcalde dijo, además, que ya tienen los recursos asegurados para la compra de los 60 coches eléctricos, y que a finales de julio estaría lista la resolución del Ministerio de Transporte que permitirá avanzar en el proceso de transición.Recordemos que el pasado 22 de julio un grupo de cerca de 30 cocheros y propietarios protestaron frente a la Alcaldía de Cartagena para exigir garantías en el proceso de sustitución y claridad sobre una resolución del Ministerio de Transporte que regulará esta actividad.Señalaron que fueron “engañados” por el alcalde Dumek Turbay y que se han sentado en mesas de negación, pero no han sido realmente escuchados.
La prohibición de un vuelo en el que exgobernantes latinoamericanos iban a viajar de Panamá a Venezuela para ser observadores electorales y la deportación de otros veedores aumentaron este viernes la tensión antes de las presidenciales del fin de semana, en las que Nicolás Maduro busca un tercer mandato.Maduro, de 61 años y en el poder desde 2013, tiene como principal rival al diplomático Edmundo González Urrutia, de 74, postulado por la alianza opositora Plaforma Unitaria ante la inhabilitación política de su candidata original, María Corina Machado, y otros dirigentes.Autoridades venezolanas impidieron el despegue desde el aeropuerto panameño de Tocumen de un vuelo de Copa Airlines que tenía entre sus pasajeros a los exmandatarios, denunció este viernes el presidente de Panamá, José Raúl Mulino.Se trata de los exgobernantes Mireya Moscoso (Panamá), Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica), Jorge Quiroga (Bolivia) y Vicente Fox (México), miembros de la derechista Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA) y fuertes críticos de Maduro."El avión (estaba) lleno, completamente lleno, de venezolanos que iban a votar", relató Moscoso en una rueda de prensa. "Vimos lágrimas, (gente) llorando diciéndonos: ¡por favor, quédense, no se vayan!".Fox, en tanto, lo consideró una "mala señal".El miércoles, el poderoso líder chavista Diosdado Cabello adelantó que se les impediría la entrada."Si usted no está invitado a una fiesta, ¿qué le dicen? (...), le dicen: 'por favor, tenga la amabilidad, y se retira' (...). No están invitados, son showseros", dijo Cabello en su programa en la televisión estatal. "Acá no van a venir a joder", agregó.Diez congresistas y eurodiputados del Partido Popular (PP) español, así como una parlamentaria de Colombia y otra de Ecuador, denunciaron después su deportación a su llegada al aeropuerto de Maiquetía, que sirve a Caracas."Nos expulsan (...). Lamentablemente la policía de Maduro es implacable", dijo en la red social X el portavoz parlamentario del derechista PP, Miguel Tellado.Consultado sobre el caso de los expresidentes del Grupo IDEA, un funcionario de Estados Unidos que pidió anonimato solicitó al gobierno venezolano "reconsiderar esta decisión y permitir una mayor presencia internacional".Estos incidentes se suman a las alarmas que despertó en la región una advertencia de Maduro sobre "un baño de sangre" si ganase la oposición, palabras por las cuales los presidentes de Brasil y Chile, Luiz Inácio Lula da Silva y Gabriel Boric, expresaron preocupación.Todo listo Estados Unidos, la Unión Europea y la mayoría de los gobiernos de América Latina desconocieron la reelección de Maduro en 2018 en elecciones boicoteadas por la oposición, que las calificó como un fraude."Tenemos todo listo", dijo este viernes el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, en un acto en Caracas con veedores internacionales que sí fueron invitados.El proceso de instalación de las más de 30.000 mesas de votación se puso en marcha en horas de la mañana, marcado por denuncias de activistas opositores sobre retrasos. Sin embargo, el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López, defendió el despliegue del Plan República, el operativo de seguridad para custodiar los comicios."¡Alerta! Se pretende desde ya, con denuncias tendenciosas a través de las RRSS (redes sociales), enrarecer el clima electoral", cuestionó en X Padrino, quien esta semana negó que la Fuerza Armada vaya a ser "árbitro".González Urrutia pidió a esa institución "respetar y hacer respetar" los resultados en las urnas.Machado informó que conversó con los presidentes de Argentina, Javier Milei; Paraguay, Santiago Peña; y Uruguay, Luis Lacalle Pou. Les agradeció en X "su solidaridad y respaldo" en la "lucha por la democracia"."Siempre estaremos junto al pueblo venezolano", le respondió Milei.Detenciones masivas La ONG de derechos humanos Foro Penal denunció también este viernes que 135 personas vinculadas con la campaña del opositor González Urrutia han sido arrestadas, de las cuales 47 permanecen detenidas."Desde enero hasta acá se han producido 149 arrestos arbitrarios por motivos políticos (...) y 135 están directamente vinculados con lo que fue la gira nacional y la campaña ya propiamente dicha de María Corina Machado con Edmundo González Urrutia", dijo a la AFP su director, Gonzalo Himiob.Hay 10 candidatos en este proceso electoral al que están llamados a participar 21 millones de los 30 millones de venezolanos. Las encuestas favorecen a González Urrutia, pero el chavismo las desestima y acusa a sus adversarios de planear desconocer los resultados y generar violencia.