La Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena de 19 años de cárcel contra la exdirectora del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Liliana Pardo, por el escándalo del carrusel de la contratación en Bogotá.La decisión también vincula al excontralor de Bogotá, Miguel Moralesrussi, quien también hizo parte del entramado de corrupción que se dio en el mandato del exalcalde Samuel Moreno Rojas.La Corte Suprema no admitió el recurso de casación presentado por Liliana Pardo, dejando en firme la condena en su contra por 19 años y 9 meses de prisión.La exdirectora del IDU le había pedido a la Corte Suprema revisar el caso por el cual se le investiga por irregularidades en el carrusel de la contratación.Sin embargo, el alto tribunal no le dio la razón a la petición de la exfuncionaria que buscaba una rebaja en su pena, recordemos que aún es requerida por las autoridades y buscada a nivel internacional por una circular roja de Interpol.Pardo había sido condenada en dos instancias por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales en favor de terceros agravado, por irregularidades en contratos de obra de Fase III de Transmilenio, la licitación 022 de 2007 y los de valorización 020, 037 y 068.“La Sala encuentra que el cargo se limita a repetir los argumentos presentados en las instancias, sin evidenciar que la interpretación contenida en la sentencia se aleje del sentido natural y obvio de la norma citada, situación que impone su inadmisión, en la medida que el recurso de casación no es una instancia adicional para prorrogar el debate surtido ante los jueces de primer y segundo grado”, precisó la sentencia del alto tribunal.Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca la actualidad de los candidatos presidenciales a menos de un mes de las elecciones presidenciales:
Iván Moreno, exsenador condenado por carrusel de la contratación, no logró tumbar la pena de 14 años de prisión ante la Corte Suprema de Justicia. El alto tribunal le dio un no definitivo.La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia le negó la acción de nulidad que interpuso Iván Moreno ante este alto tribunal al considerar no se le había vulnerado todos sus derechos procesales, que era lo que el exsenador alegaba en su petición.En el entonces carrusel de la contratación, Iván Moreno habría aprovechado que su hermano Samuel era el Alcalde Mayor de Bogotá y manejaba la cesión de algunos contratos viales de Bogotá, por lo que Iván Moreno fue condenado a 14 años de prisión y pese a sus múltiples peticiones no logró tumbar la condena que le impuso la Corte Suprema de Justicia.Vea también:“En cumplimiento de estos convenios en interés particular y de terceros, los funcionarios del IDU en complot y con la participación del aforado, juntamente con su hermano Samuel, a través de Emilio Tapia Aldana y demás miembros del grupo ya descrito, adjudicaron los contratos tanto de valorización como de interventoría aludidos, amañando los procesos contractuales incluyendo el trámite, evaluación y selección de las propuestas favorecidas”, señala el proceso en su contra.Además señala que junto con su hermano Samuel, participaba como determinador, a través de Emilio Tapia, en el convenio a que habrían llegado el representante legal de CONALVÍAS, Andrés Jaramillo, con el mismo grupo integrado por funcionarios del IDU encabezados por Liliana Pardo, el Contralor y el Personero Distrital, concejales de la ciudad y particulares, entre otros, de aceptar los últimos del primero, la promesa de pago de 30.000 millones de pesos como comisión, si el IDU autorizaba la cesión del contrato No. 137 de 2007 que finalmente hizo la UT TRANSVIAL a CONALVIAS, el 17 de febrero de 2010.Recordemos que el exsenador fue condenado por los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio, enriquecimiento ilícito de particulares e interés indebido.Escuche el Podcast Cómo Como:
Fuentes aseguraron a BLU Radio que autoridades americanas habrían capturado en Miami, Estados Unidos, a Liliana Pardo, exdirectora del IDU, condenada por el carrusel de contratos y quien se encuentra prófuga de la justicia desde el 2014. Sin embargo, la justicia colombiana y la Interpol siguen a la espera de notificación oficial sobre la captura.Según información extraoficial, las autoridades la tenían ubicada en Miami desde hace unas semanas pues Pardo habría contratado a un abogado norteamericano que, al parecer, estaría buscando acercamientos con el Gobierno.Es preciso recordar que, el año pasado, el Tribunal Superior de Bogotá condenó a 19 años y 9 meses de prisión a Pardo como responsable de los delitos de peculado por apropiación, interés indebido y celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales por su responsabilidad en el carrusel de la contratación en Bogotá. Incluso, en su contra pesa otra condena de 10 años, proferida este año por el juzgado 38 penal de Bogotá, por otras conductas dentro del mismo escándalo.Desde octubre del 2018, la Interpol emitió una circular roja para que las autoridades de más de 190 países la buscaran.La exfuncionaria de la administración del exalcalde Samuel Moreno es responsable, según la justicia, de las irregularidades que se cometieron por los contratos de consultoría 129 y 133 de 2005, relacionados con la tercera fase de Transmilenio y los contratos de obra 134 a 138 de 2007.En la misma decisión, el Tribunal confirmó la condena a 13 años y 9 meses de prisión en contra el excontralor Bogotá Miguel Ángel Moralesrussi, por concusión también por su participación en las obras de fase 3 de Transmilenio, valorización y malla vial.
La Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena por el delito de fraude a resolución judicial, contra la juez que dejó en libertad a la exdirectora del IDU Liliana Pardo, hoy prófuga de la justicia, por no acatar lo que disponía la Corte Suprema de Justicia en cuanto a definir la libertad de la implicada, en el llamado cartel de la contratación en Bogotá por el que fue condenada a 19 años de cárcel.La Corte consideró que la juez no se pronunció de fondo sobre la medida de aseguramiento dictada en contra de Liliana Pardo y ello ocasionó que la hoy buscada por Interpol con circular roja, quedara en libertad.La juez Teresita Barrera Madera se rehusó a cumplir un fallo de tutela que le ordenó: pronunciarse sobre la necesidad de la medida de aseguramiento privativa de la libertad, que es lo que significa decidir de fondo, e insistió que el conflicto se debía resolver a su manera y en la forma que ella lo estimaba, a sabiendas de que su persistencia la llevó a ser objeto de un arresto por incumplimiento.“Incumplió sistemáticamente la orden judicial que le fue impuesta. No bastó que fuera compelida con la amenaza del arresto que su desacato provocó. Decidió que el único modo de solucionar el conflicto era a su manera y lo impuso a toda costa”, indica la Corte.
El juez 38 de conocimiento de Bogotá condenó a 10 años de prisión a la exdirectora prófuga del IDU Liliana Pardo, como responsable del delito de cohecho propio por su participación en el carrusel de contratos de Bogotá. Además, le impuso una multa de 109 salarios mínimos y le dio una inhabilidad del mismo lapso de su pena para ejercer funciones públicas.“Comportamiento que se cometió con dolo pues Liliana Pardo, en su condición de directora del IDU y miembro del comité de adjudicaciones, tenía pleno conocimiento de sus deberes consistentes en dirigir, asegurar y velar por el complimiento de los objetivos y metas del IDU, velar por el correcto manejo de fondos de financiación, empero optó por la ilegalidad, omitió actuar de conformidad a cambio de una promesa remuneratoria. Se inclinó voluntariamente por el mal vulnerando valores éticos y sociales y por ende el bien jurídico de la administración pública. Razones por las cuales será condenada por el delito de cohecho propio”, sentenció el juez.Esta condena es por irregularidades en dos contratos de malla vial y siete de valorización, con los cuales, habría beneficiado a las empresas de Julio Gómez y al grupo Nule.“Los testigos y las pruebas de la Fiscalía mostraron cómo Pardo convocaba mesas de trabajo con nombres propios para estructurar los requisitos de los pliegos de condiciones. Incorporaba y aprobaba los requisitos técnicos y financieros que las empresas de Julio Gómez y el grupo Nule necesitaban para adjudicarse los contratos. Entregó información privilegiada a las empresas de Julio Gómez y el grupo Nule, modificó requisitos del pliego de condiciones, al punto que logró la adjudicación de los contratos a estos particulares”, concluyó el juez.Esta condena se suma a la que ratificó el Tribunal Superior de Bogotá en su contra a 19 años de prisión, como responsable de los delitos de peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos y celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales. Sentencia que recibió junto al excontralor de Bogotá, Miguel Ángel Moralesrussi.
Liliana Pardo Gaona esta prófuga de la justicia colombiana desde el año 2014 y ahora enfrenta una pena de 22 años de cárcel que se profirió el pasado 12 de octubre.La circular del organismo de seguridad internacional puntualiza que Pardo Gaona, de 50 años, está siendo buscada para que responda por los delitos de cohecho propio en concurso homogéneo y sucesivo.Lea también: Condenan a 22 años de cárcel a Liliana Pardo por el carrusel de la contrataciónDesde el año 2016, las autoridades en Colombia tienen la hipótesis de que la exdirectora del IDU salió de Colombia, pero hasta ahora su paradero y lugar de destino es completamente desconocido, de hecho, ha evadido varias audiencias judiciales a las que ha sido citada.Cabe recordar que después de la pena de 24 años de cárcel contra el exalcalde de Bogotá Samuel Moreno por el ‘carrusel de la contratación’, Liliana Pardo tiene la segunda condena más alta en este proceso con 22 años y 5 meses de prisión.
BLU radio conoció en exclusiva las demandas que interpusieron otros dos exfuncionarios contra el Estado, pese a que sus nombres a estar siendo procesados por corrupción.Se trata de la exdirectora del IDU Liliana Pardo, quien hoy está prófuga de la justicia y está siendo procesada por el carrusel de la contratación de Bogotá. Pardo pide una indemnización de 905 millones de pesos.El otro demandante es el exgobernador del Valle Juan Carlos Abadía, quien tiene una destitución e inhabilitadad por 10 años y una imputación de cargos por celebración de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales para la compra y distribución de textos escolares. Abadía pide que el Estado lo indemnice con 1.145 millones de pesos.Ambos alegan daños y perjuicios por parte de las entidades del Estado durante el desarrollo de sus procesos judiciales.También han demandado a la Nación: Alessandro Corridori, uno de los cerebros de Interbolsa, quien pide 122 mil millones de pesos, Carlos Palacino, representante legal de Saludcoop, demandó por 39 mil millones de pesos y Yidis Medina, protagonista de la 'Yidispolítica' demandó al Estado por 11 mil millones de pesos.El total de demandas como estas suman más de 330 billones de pesos, razón por la cual la Agencia para la Defensa Jurídica del Estado trabaja en un nuevo estatuto que blinde a Colombia de los pleitos de este tipo.El nuevo estatuto para la defensa del Estado estará listo a mediados de este año y será presentado al nuevo gobierno para que le implemente, si así lo considera, como ley de la República.
Este lunes se esperaba que la exdirectora del IDU, Liliana Pardo se presentará en los alegatos finales del juicio que la Fiscalía adelanta en su contra por el "carrusel de la contratación', sin embargo, en último momento desistió y solo hizo llegar una carta. En el documento afirmó no tener garantías y advirtió que el proceso de captura y medida de aseguramiento en su contra es ilegal. "Me han sido violados los derechos fundamentales a la libertad, debido proceso, derecho de defensa y presunción de inocencia", señaló. Aseguró que presentó a instancias internacionales su caso en busca de que le sean restablecidos los derechos aparentemente vulnerados. "En este momento me encuentro esperando la respuesta sobre la solicitud de restablecimiento de derechos que hice a instancias internacionales, estoy a la espera de esa respuesta y más porque en todo este caso mi hija resultó víctima. Por eso busqué otro mecanismo para proteger nuestras vidas", dice el documento presentado. Pardo está prófuga de la justicia desde septiembre de 2014 y en su contra pesa una circular roja de Interpol por las irregularidades en la entrega de millonarios contratos viales en Bogotá durante la administración de Samuel Moreno Rojas, condenado por este escándalo de corrupción. Ante la negativa de presentarse ante la justicia, el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Juan Vicente Balbuena, dijo que el juicio entra a su recta final. "La juez manifestó que continúan los alegatos finales en los que pediremos una máxima condena contra la exfuncionaria por tratarse de delitos de máxima gravedad".
El abogado Luis Fernando Becerra dijo que Pardo, procesada por el escándalo del ‘carrusel de la contratación’, no ha acudido a las diligencias judiciales porque no cuenta con las garantías procesales. “Lo único que le puedo decir es que ella no ha salido del país, entonces esa circular roja (de Interpol) va a ser inocua, pueden buscarla por todo lado, la Fiscalía sabe que Liliana Pardo no ha salido del país”, manifestó el jurista. Desde agosto de 2014 la juez Teresita Barrera en una polémica decisión de dejarla en libertad y desde julio de ese mismo año en más de 20 ocasiones ha sido citada a diferentes audiencias judiciales y no ha comparecido. Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias: -Sindicatos de trabajadores realizarán mañana plantón frente de la Bolsa De Valores de Colombia, en contra de la venta de Isagen. -La Policía y el Ejército capturaron en el occidente de Antioquia a alias “Ronaldo”, presunto cabecilla de finanzas del frente 34 de las Farc y a alias “Yuber” integrante de esa misma estructura. -El gobernador de Cundinamarca celebró la decisión de la Policía Nacional de apartar del cargo al director de Tránsito del departamento, tras el escándalo en el que está envuelto por presuntos actos de corrupción. -Atlético Nacional viajó esta mañana a Miami donde realizará su pretemporada con partidos amistosos contra América de Cali e Independiente Medellín.
La exfuncionaria de la administración de Samuel Moreno, también investigado por estos hechos, es requerida por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, cohecho por irregularidades en contratos de malla vial de Bogotá. En julio del año pasado, los investigadores judiciales del caso habían solicitado a la Policía internacional la circular para lograr la captura de Pardo, que desde el 2014 no compareció a más de 20 audiencias a las que fue citada, en cualquiera de los 135 países con este convenio.
En medio de las dificultades que han tenido que enfrentar varias familias tras el terremoto del pasado 10 de agosto, hoy se abre una nueva oportunidad para comenzar de nuevo. En la Clínica Fundación Valle del Lili, ubicada en el sur de Cali, el presidente Abelardo de la Espriella hizo la entrega de cinco de los nueve apartamentos que serán destinados a familias afectadas por esta emergencia.Una de las beneficiarias es Estefany Echavarría, quien perdió ambas piernas a raíz del terremoto. También recibió las llaves de su nuevo hogar María Pureza Angulo, de 90 años, quien sufrió la amputación de una de sus piernas durante el sismo. El presidente afirmó que, para estas familias, la entrega de una vivienda representa mucho más que recibir un techo: significa la posibilidad de reconstruir sus vidas luego de una emergencia que dejó profundas heridas."Este nos permite vivir un acto de esperanza de alegría, para mí es especial y mejor aún entregar estos apartamentos a familias que sufrieron directamente las consecuencias de aquella tragedia del 10 de agosto porque hoy salen de aquí con su casa, quiero felicitarlas ", dijo el presidente.Le puede interesar: Gobernadora del Valle entrega ayudas y anuncia nuevas viviendas para damnificados por terremotoDurante la jornada también fueron anunciadas nuevas medidas en materia de infraestructura y vivienda para el departamento del Valle del Cauca. Uno de los anuncios está relacionado con obras de acueducto y alcantarillado. De acuerdo con el presidente, serán aprobados recursos por más de 97.000 millones de pesos para desarrollar proyectos en varios municipios."Para anunciar dos decisiones concretas y poder seguir avanzando en el Valle del Cauca en agua y vivienda, hoy se aprobarán 10 proyectos de acueducto y alcantarillado por 97,000 millones de pesos en municipios como La Unión, Palmira, Río Frío, San Pedro, Yotoco y Zarzal, Estos proyectos permitirán avanzar en soluciones de acueducto y alcantarillado en la zona rural en distintos municipios del departamento del Valle del Cauca", expresó el mandatario.En materia de Vivienda, se anunció además la asignación de 1.200 subsidios para facilitar la compra de vivienda nueva en el Valle del Cauca. La inversión destinada para este programa supera los 50 mil millones de pesos. Mientras algunos de los apartamentos ya fueron entregados completamente terminados y amoblados, otros continúan en construcción y serán entregados en obra gris. Cada vivienda representa una historia diferente. Una de ellas es la de María Pureza, quien no pudo estar en condiciones de hablar durante el acto y fue representada por su sobrina."Esto representa algo muy grande en devolverle a mi tía algo que es prácticamente su vida, es que están vivos de milagro, le agradecemos al alcalde al presidente y a las personas que están detrás de esta entrega. Esto significa algo muy grande porque le devuelven parte de su vida, su casa, su hogar y sea lo que sea es algo totalmente agradecido", manifestó la sobrina de María Pureza.En la iniciativa participaron seis empresas constructoras, que se vincularon con aportes para hacer posible la entrega de estos apartamentos a las personas afectadas por el terremoto.
Colombia se prepara para su segunda temporada de lluvias del año, pero esta vez bajo un escenario particular: por la influencia del fenómeno de El Niño se espera que entre octubre y diciembre llueva menos de lo habitual, principalmente en las regiones Andina, Caribe y Pacífica.Pero que llueva menos no quiere decir que desaparezca el riesgo de emergencias; así lo advirtió el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo David Alejandro Tamayo, quien señaló que pueden presentarse lluvias intensas de corta duración, que, “en zonas afectadas por incendios forestales, con pérdida de cobertura vegetal y alteraciones en su capacidad de filtración del suelo, favorecen eventos como crecientes súbitas, inundaciones, avenidas torrenciales, erosión y movimientos en masa”.Y es que ante esto, la UNGRD expidió una circular con 38 acciones de preparación. Entre las medidas están revisar cuáles son actualmente las zonas más expuestas, mantener vigilancia sobre ríos, quebradas y cuencas con antecedentes de emergencias e identificar puntos críticos antes de que se presenten las lluvias más fuertes.Además, pidió a gobernadores, alcaldes, autoridades ambientales y coordinadores departamentales y municipales de la entidad para que fortalezcan de sus planes de prevención, preparación y respuesta.El llamado se produce después de varios meses con pocas lluvias. Según el reporte del IDEAM, durante julio y agosto hubo un déficit marcado de precipitaciones en varios sectores del país, situación que continuó durante las primeras semanas de septiembre. Al mismo tiempo, se registraron temperaturas máximas históricas en zonas de Antioquia, Cesar, La Guajira, Norte de Santander, Tolima y Risaralda.
A medida que se acerca la radicación del escrito de acusación contra el ciudadano británico Foster Martinson, señalado por la Fiscalía del feminicidio de Natalia Villalba, de 36 años, ocurrido el pasado 18 de junio en un apartamento del barrio Chicó, en el norte de Bogotá, se conocen nuevos elementos incorporados al expediente.De acuerdo con la investigación, Villalba habría autorizado previamente el ingreso de Martinson al inmueble, donde ella permanecía de manera temporal. El extranjero, presuntamente, se habría registrado en el libro de visitantes con un nombre distinto, con el propósito de dificultar su posterior identificación.La hipótesis de la Fiscalía indica que, una vez verificó que la mujer se encontraba sola, Martinson le habría propinado múltiples golpes con un objeto contundente hasta causarle la muerte. Posteriormente, habría introducido el cuerpo en una maleta y lo habría trasladado hasta la ducha del baño, donde abrió la llave.La investigación también señala que el hombre habría realizado maniobras para eliminar rastros de sangre, cambiado la ropa con la que ingresó al inmueble y depositado las prendas en una bolsa que posteriormente habría arrojado al ducto de basuras del edificio. Estos movimientos, de acuerdo con el expediente, quedaron registrados en las cámaras de seguridad.Precisamente, uno de los elementos conocido por Blu Radio, corresponde al testimonio de un reciclador que trabajaba en la zona norte de Bogotá y que habría revisado las canecas de basura del edificio el 19 de junio, un día después del crimen. El hombre aseguró haber encontrado una bolsa negra que contenía un pantalón de jean de color claro, doblado y con manchas rojizas y abundante líquido.En su declaración, incorporada al expediente, manifestó: “El día 19 de junio, como a la 1:30 de la tarde, cuando me encontraba realizando mi labor de reciclaje en el edificio, en las canecas destinadas para la basura, en una de ellas. Voy a observar las bolsas de basura más o menos como en la mitad. Observo una bolsa de color negro, la cual procedo a abrirla para observar el contenido, y allí veo que dentro de la misma hay un pantalón de jean color claro, el cual estaba doblado y estaba con manchas de color rojas, como de sangre, llenas como de agua, con bastante líquido y como sangre”.Otro de los testimonios corresponde a la mujer encargada del aseo del apartamento que habría sido utilizado mediante Airbnb. La trabajadora relató que encontró un casco y una carpeta azul y que intentó obtener respuesta desde el baño, donde posteriormente fue encontrada la maleta con el cuerpo de Villalba.La mujer señaló que inicialmente observó el lugar con normalidad, con ropa femenina, tacones y un abrigo. Sin embargo, posteriormente habría advertido manchas en la habitación. “Seguido detallé la habitación y me percaté que el cubre lecho estaba manchado de sangre, también al lado derecho de la cama. En ese momento me asusté detallando el piso, estaba mal limpiado, se notaba un color opaco, se notaba que era sangre mal limpiada”, relató.A estos elementos se suma otra investigación que la Fiscalía adelanta contra Martinson a partir de una denuncia presentada por un ciudadano extranjero identificado como Cameron Gregory. El caso está relacionado con hechos que, de acuerdo con el relato presentado por el denunciante, habrían ocurrido entre mayo y junio de 2026, cuando ambos compartían alojamiento.En una audiencia de control posterior, el fiscal expuso que Gregory manifestó haber tenido inconvenientes con Martinson por el pago del hospedaje y que, durante ese periodo, habría experimentado episodios que atribuyó a un posible suministro de sustancias. Según la denuncia citada por la Fiscalía, el ciudadano afirmó que en varias ocasiones se despertaba después de dormir durante más de 15 horas, se sentía mareado y presentaba dolores en zona genital.El denunciante también expresó sospechas sobre un posible acceso de Martinson a su cuenta de WhatsApp y señaló que este habría abandonado el lugar después de que la propietaria le advirtiera sobre la importancia de acudir a la Policía. Estas afirmaciones hacen parte de la denuncia y son materia de investigación.Martinson fue capturado el 27 de junio en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito, Ecuador, en cumplimiento de una notificación roja de Interpol. Durante el procedimiento fueron incautados un teléfono celular y un computador, elementos que, de acuerdo con la Fiscalía, resultan relevantes para el avance del expediente por el feminicidio de Natalia Villalba.
Santander registra 1.265 intentos de suicidio en lo corrido de 2026, una cifra que representa un incremento del 1,4 % frente a los 1.248 casos reportados durante el mismo periodo de 2025, según datos del SIVIGILA divulgados por la Secretaría de Salud de Santander.El reporte se conoce durante septiembre, mes dedicado a la prevención del suicidio, y pone nuevamente la atención sobre la importancia de identificar señales de alerta y facilitar el acceso oportuno a los servicios de salud mental.Los municipios que concentran el mayor número de notificaciones son Bucaramanga, Barrancabermeja, Floridablanca, Girón y Piedecuesta. En el departamento, la tasa de incidencia alcanza 52,5 casos por cada 100.000 habitantes.Entre los principales factores desencadenantes identificados aparecen los problemas familiares, relacionados con 570 casos, equivalentes al 45,1 %, mientras que los problemas de pareja están asociados a 341 casos, correspondientes al 27 %.En cuanto a los mecanismos reportados, la intoxicación representa el 54,9 % de los casos y las lesiones con elementos cortopunzantes, el 29,7 %. La Secretaría de Salud precisó que en algunos episodios se notificó el uso de más de un mecanismo.El secretario de Salud de Santander, Edwin Antonio Prada Ramírez, hizo un llamado a familiares y comunidades a prestar atención a las señales de alerta y acompañar a quienes atraviesan situaciones de crisis.La recomendación de las autoridades es buscar ayuda profesional de manera oportuna, especialmente ante síntomas de depresión, pensamientos de hacerse daño o cambios importantes en el comportamiento. También reiteran que escuchar sin juzgar y acercar a la persona a las rutas de atención en salud mental puede contribuir a prevenir nuevos casos.
Con 24 votos a favor y 20 en contra, la el Concejo de Bogotá acaba de aprobar el cobro del alumbrado público y su modernización vía una sobretasa al impuesto predial, que será cobrado a estratos 4, 5 y 6 y viviendas con avalúo comercial superior a los 1000 millones de pesos, a partir de enero del próximo año.En desarrollo...
