Han pasado más de tres décadas, desde que el 6 noviembre de 1985 la guerrilla del M19 se apoderó del Palacio de Justicia. El operativo de la retoma por parte del Ejército nacional, estuvo a cargo del coronel (r) Alfonso Plazas Vega, quien es demandando en una corte del estado de La Florida, EE.UU. por parte de la hija del fallecido magistrado Carlos Urán.En Mañanas BLU, se consultó a la hija del fallecido magistrado, Helena Urán, quien explicó que la demanda se produce "ante la falta de justicia en Colombia", y que buscan que sea una corte en Estados Unidos, la que les ayude a que, por medidas legales, los culpables del fallecimiento de su padre paguen por sus hechos.De igual forma, señala que la jurisdicción de la corte de La Florida se da porque Plazas Vega está radicado en ese estado, lo que le da viabilidad a la demanda en su contra.Fuera de una indemnización, lo que busca la hija del fallecido magistrado es que se reconozca a Plazas Vega como responsable de los actos que se cometieron el 6 de noviembre del año 85."Lo importante es señalar que este señor (Plazas Vega) es responsable de torturas, desapariciones y ejecuciones. Eso lo hace a él rendir cuentas por esos actos, tiene que rendir cuentas como cualquier persona, como cualquier guerrillero o cualquier oficial del Ejército o ciudadano que cometa un delito. (...) El cometió delitos, como lo hicieron muchos en la retoma del Palacio de Justicia", declaró la hija del fallecido magistrado.Pese a que en Colombia Plazas Vega fue absuelto, Helena señala que eso no significa que realmente sea inocente, ya que él tomó la decisión de entrar con un tanque de guerra a disparar a guerrilleros e inocentes.Además, declara que hay evidencias contundentes que demuestran que su papá salió vivo del Palacio de Justicia, pero luego de esto, lo volvieron a meter a la institución para hacer creer que habría fallecido allí."La billetera de mi papá, con toda su identificación apareciera en una bóveda secreta en las caballerizas, a pesar que siempre habían dicho que mi papá había muerto por el cruce de bala. (...) El salió vivo, porque las imágenes lo mostraron, y después lo meten dentro del Palacio de Justicia para hacer creer que había muerto ahí. Después aparecen estas evidencias de las que acabo de hablar, su billetera", señaló la hija del magistrado.Escuche la entrevista completa en Mañanas BLU:
“Él es el que más información tiene, a eso lo invito, no que acuse al M-19 de ser guerrillero, no a que hablemos de términos de un combate que allí sucedió, o a considerarnos enemigos mutuos cuando ya no estamos en guerra, sino a que ayudemos a reconstituir paso a paso toda la verdad de lo que allí pasó en el palacio de justicia”, le dijo Petro a Plazas Vega. Horas antes, en entrevista con Blu Radio, el coronel en retiro aseguró que la investigación sobre los desaparecidos del Palacio de Justicia se debe hacer en las instituciones de inteligencia del Estado de la Policía, el Ejército y el extinto DAS. “Al mirar con cuidado la condena a Colombia por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, encuentra que ahí se le carga una responsabilidad al sistema de inteligencia nacional, compuesto por miembros de inteligencia del DAS, del Ejército y de la Policía. Por ahí es que hay que mirar y buscar las responsabilidades”, manifestó. Escuche en este audio más información de las siguientes noticias: -La Federación Internacional de Derechos Humanos celebró el acuerdo sobre víctimas alcanzado entre el Gobierno de Colombia y las Farcen el marco de las negociaciones de paz. -Tras cumplirse tres años del inicio del proceso de paz entre el Gobierno y las Farc, se ha prevenido la muerte de por lo menos 1500 personas, según reveló en su último estudio el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC). -La Comisión Económica para América Latina y el Caribe dio a conocer en Santiago de Chile su informe anual con el “Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2015". -Las negociaciones de la acción de la petrolera Pacific Exploration, fueron suspendidas hoy en la Bolsa de Valores de Colombia, luego de que se registrara un repunte del 65.78%, negociándose a 6.180 pesos. -El excandidato presidencial venezolano Henrique Capriles pidió hoy al Gobierno promover la auditoría de los resultados electorales de las legislativas, comenzando por los de las presidenciales de marzo de 2013 en las que resultó electo Nicolás Maduro por un estrecho margen frente al dirigente opositor.
Luego leer detenidamente el documento y poner sus huellas en el mismo, el coronel en retiro, con su boleta de libertad en mano, aseguró que “es satisfactorio poder mostrarle al pueblo colombiano hasta dónde puede llegar la ignominia en un país como el nuestro. En este papel se ve a un hombre con un número como el peor criminal para que 8 años y 5 meses después declaren mi inocencia”. Agregó que la decisión de la Corte Suprema solo demuestra que “hubo un terrible montaje en mi contra y un atropello a todos mis derechos fundamentales”. Plaza Vega había sido condenado por el Tribunal Superior de Bogotá a 30 años de cárcel y desde el 2008 estaba detenido en una unidad militar en Bogotá. El Palacio de Justicia fue tomado por el Movimiento 19 de Abril (M-19) el 6 de noviembre de 1985 y recuperado al día siguiente, después de 28 horas de enfrentamientos por el Ejército, en una operación que dejó cerca de un centenar de muertos y once desaparecidos. En la época de los hechos, el entonces teniente coronel Plazas Vega era el comandante de la Escuela de Caballería, que lideró la operación militar y se hizo célebre porque cuando se le preguntó por qué los tanques del Ejército entraron al Palacio de Justicia respondió que la intención era "mantener la democracia, maestro". Con EFE.
“Desde el punto de vista del recurso de casación pude cometer error, los jueces se pueden equivocar. Justamente para eso son los recursos de apelación y especialmente el de casación”, indicó la jurista. Así mismo, agregó que la función de los supervisores es la de revisar procesos en las instancias. “La tarea de los superiores es de revisar nuestro trabajo en las instancias y bienvenido sea cuando se interpone un recurso de casación en un caso tan difícil como el de los desaparecidos en el Palacio de Justicia”, afirmó. Jara, quien ha denunciado amenazas en su contra, aseguró sentirse tranquila frente al caso. Sin embargo, solicitó que se le mantenga la seguridad. Plaza Vega había sido condenado por el Tribunal Superior de Bogotá a 30 años de cárcel y desde el 2008 estaba detenido en una unidad militar en Bogotá. El Palacio de Justicia fue tomado por el Movimiento 19 de Abril (M-19) el 6 de noviembre de 1985 y recuperado al día siguiente, después de 28 horas de enfrentamientos por el Ejército, en una operación que dejó cerca de un centenar de muertos y once desaparecidos. En la época de los hechos, el entonces teniente coronel Plazas Vega era el comandante de la Escuela de Caballería, que lideró la operación militar y se hizo célebre porque cuando se le preguntó por qué los tanques del Ejército entraron al Palacio de Justicia respondió que la intención era "mantener la democracia, maestro". Inicialmente el militar retirado fue condenado por la desaparición "forzada agravada" de siete trabajadores de la cafetería, tres visitantes ocasionales y una guerrillera del M-19. Sin embargo, en 2012 el mismo Tribunal ratificó la pena pero disminuyó a dos el número de desaparecidos luego de considerar que había pruebas de que el administrador de la cafetería del Palacio, Carlos Augusto Rodríguez, y la guerrillera Irma Franco, salieron con vida luego de la retoma del Palacio por parte del Ejército. Escuche en este audio más información de las siguientes noticias: -Rodrigo Granda, miembro de la delegación de paz de las Farc en La Habana, anunció que existe la intención de miembros de la guerrilla de llegar a cargos en el gobierno y el estado colombiano una vez se firme la paz con el gobierno colombiano. -Alias ‘Iván Márquez' reveló en su cuenta de Twitter que la Jurisdicción Especial de Paz podrá revisar esos fallos disciplinarios siempre que las sanciones hayan sido impuestas con relación al conflicto. -El vicepresidente Germán Vargas Lleras, será intervenido quirúrgicamente en enero. -En diálogo con Blu Radio, el presidente de Ecopetrol reveló que tuvo que bajarse el sueldo y el de otros 9 mil empleados de la compañía, por la crisis del desplome del precio internacional del crudo. -El gremio de generadoras de Energía considera como mejor salida para afrontar la sequía un acuerdo entre el gobierno y el poder judicial para que no se afecte la operación en El Quimbo. -Alianzas estratégicas entre grandes empresas licoreras y los comerciantes de los Sanandresitos han arrojado resultados positivos en la reducción del contrabando.
Ante los medios de comunicación, el coronel en retiro dijo sentirse agradecido con su familia por el apoyo que le brindaron desde el inicio del proceso en su contra. “El día de mañana mis nietos van a saber que luché por Colombia, mis hijos sabrán que finalmente recibí la absolución de una Corte Suprema de Justicia que tomó una decisión basada en la realidad”, afirmó. El coronel destacó también el papel que jugaron los medios de comunicación: “Hay una realidad que tiene que conocerla el país y en la cual voy a recabar ante todos los organismos judiciales de nuestra rama y es que yo me he defendido en Colombia a través de los medios, porque no se medió la palabra en el juicio para defenderme”. Además, afirmó que logró demostrarle a la Rama Judicial que sus actos siempre estuvieron “ceñidos al cumplimento de la ley y de sus obligaciones”. Esta es la sentencia de la Corte Suprema de Justicia:Sentencia Coronel Luis Alfonzo Plazas Vega
Plaza Vega había sido condenado por el Tribunal Superior de Bogotá a 30 años de cárcel y desde el 2008 estaba detenido en una unidad militar en Bogotá. El Palacio de Justicia fue tomado por el Movimiento 19 de Abril (M-19) el 6 de noviembre de 1985 y recuperado al día siguiente, después de 28 horas de enfrentamientos por el Ejército, en una operación que dejó cerca de un centenar de muertos y once desaparecidos. En la época de los hechos, el entonces teniente coronel Plazas Vega era el comandante de la Escuela de Caballería, que lideró la operación militar y se hizo célebre porque cuando se le preguntó por qué los tanques del Ejército entraron al Palacio de Justicia respondió que la intención era "mantener la democracia, maestro". Inicialmente el militar retirado fue condenado por la desaparición "forzada agravada" de siete trabajadores de la cafetería, tres visitantes ocasionales y una guerrillera del M-19. Sin embargo, en 2012 el mismo Tribunal ratificó la pena pero disminuyó a dos el número de desaparecidos luego de considerar que había pruebas de que el administrador de la cafetería del Palacio, Carlos Augusto Rodríguez, y la guerrillera Irma Franco, salieron con vida luego de la retoma del Palacio por parte del Ejército. La Corte explicó en un comunicado que la decisión adoptada "se contrajo exclusivamente a la desaparición de los aludidos en precedencia, no a la acción militar llevada a cabo para la recuperación del Palacio de Justicia" por cuanto eso no fue materia de investigación y juzgamiento. Asimismo, agregó que la decisión se adoptó después de prolongados debates en los cuales se analizaron las pruebas "concluyendo la mayoría de los miembros de la Sala que ella no ofrece el grado de certeza suficiente sobre la responsabilidad penal del acusado que permita mantener la condena impuesta". Según los magistrados, las declaraciones de Édgar Villamizar Espinel, César Sánchez Cuesta, Tirso Sáenz Acero y Yolanda Santodomingo "consideradas por el Tribunal para proferir la condena, no brindan credibilidad para fundar en ellas una decisión de tal carácter, dadas las inconsistencias de su testimonio". Destacan en particular el caso de Villamizar porque, además de la "fragilidad" de sus relatos, el tiempo transcurrido desde la toma y el momento de la declaración, agosto de 2007, "suscitó gran inquietud" pues no hay "ninguna explicación (...) para que hubiese permanecido en silencio por espacio de tan prolongado lapso (22 años), y luego concurra a rendir un testimonio plagado de inexactitudes". Estas con las conclusiones a las que llegó la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia: 1. Casó el fallo proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá a través del cual condenó al coronel Luis Alfonso Plazas Vega a la pena de treinta (30) años de prisión por el delito de desaparición forzada en Carlos Augusto Rodríguez Vera e Irma Franco Pineda, y en su lugar lo absolvió de tal conducta en las personas mencionadas. 2. El presente asunto y por ende la decisión adoptada, se contrajo exclusivamente a la desaparición de los aludidos en precedencia, no a la acción militar llevada a cabo para la recuperación del Palacio de Justicia, con ocasión de la incursión ejecutada los días 6 y 7 de noviembre de 1985 por un comando del grupo subversivo M.19., por cuanto eso no fue materia de investigación y juzgamiento y por ende escapaba de su competencia emitir algún tipo de pronunciamiento sobre el particular. 3. A la decisión adoptada en el proceso adelantado al coronel (r) ALFONSO PLAZAS VEGA, se llegó después de prolongados debates en los cuales se examinó y analizó detenidamente la prueba legal, regular y oportunamente allegada a la actuación, concluyendo la mayoría de los miembros de la Sala que ella no ofrece el grado de certeza suficiente sobre la responsabilidad penal del acusado que permita mantener la condena impuesta. En particular las declaraciones de Edgar Villamizar Espinel, Cesar Sánchez Cuesta, Tirso Sáenz Acero y Yolanda Santodomingo, consideradas por el Tribunal para proferir la condena, no brindan credibilidad para fundar en ellas una decisión de tal carácter, dadas las inconsistencias de su testimonio. Especialmente en el caso de Edgar Villamizar Espinel, además de la fragilidad de sus asertos, el tiempo transcurrido desde la comisión de los hechos (5 y 6 de noviembre de 1985) al momento de la declaración (1 de agosto de 2007) esto es, 21 años, 8 meses y 25 días después, suscitó gran inquietud, en cuanto ninguna explicación atendible surge para que hubiese permanecido en silencio por espacio de tan prolongado lapso, y luego concurra a rendir un testimonio plagado de inexactitudes. 4. Plazas Vega no cumplió labores de inteligencia en la Casa del Florero, lugar a donde fueron trasladados los liberados del Palacio de Justicia, quienes quedaron a disposición del B 2 de la Brigada Trece, de modo que la identificación de las personas, su calificación de especiales (guerrilleros) y la remisión a otras unidades no era labor del procesado. 5. Los fallos del Consejo de Estado y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, declaran el compromiso del Estado en la desaparición de personas sin señalamientos en particular. El organismo internacional acepta el reconocimiento parcial de responsabilidad efectuado por el Estado Colombiano y declara que es responsable por la desaparición forzada de Carlos Augusto Rodríguez Vera e Irma Franco Pineda entre otras personas, pero no hace ningún juicio respecto de alguien determinado, puesto que según lo manifestara “la protección internacional de los derechos humanos no debe confundirse con la justicia penal. Los Estados no comparecen ante la Corte como sujetos de acción penal”. 6. La sentencia emitida no impide la continuación de los procesos penales seguidos a miembros de las fuerzas militares por el mismo hecho, o de aquellos que la Fiscalía haya iniciado o en el futuro inicie por la operación militar de retoma del Palacio de Justicia. 7. Como consecuencia de lo anterior, se dispuso la libertad inmediata del coronel Luis Alfonso Plazas Vega. Acta de notificación personal emitida por la Corte Suprema de Justicia:
A raíz de las advertencias de algunos dirigentes del Pacto Histórico de cara a la segunda vuelta presidencial sobre un posible "incendio del país" apenas se conozcan los resultados, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, aseguró que las personas que estén fomentando este discurso serán las directas responsables de cualquier desorden que se registre en la ciudad.El mandatario aseguró que la Fuerza Pública ya está dispuesta para velar por la seguridad en la capital vallecaucana durante los comicios, sin embargo es responsabilidad de toda la ciudadanía lograr que la jornada finalice en completa normalidad."A los sectores que están hablando de incendiar o incitando a la violencia, tengan mucho cuidado, porque si llega a ocurrir cualquier cosa, ustedes serán los responsables legalmente por ese tema. Invito a todos a que llamemos a la unión y a respetarnos en medio de nuestras diferencias. Vamos todos a votar el domingo. Dejen el miedo a un lado", dijo Eder.Desde hoy fue instalado el Puesto de Mando Unificado en el comando de la Policía Metropolitana, donde la ciudad está siendo monitoreada para evitar cualquier acción violenta antes, durante y después de las elecciones del domingo. Las advertencias siguen generando incertidumbre en la comunidad, por lo que el personero de Cali, Gerardo Mendoza hizo un llamado, para que todas las alertas y advertencias sean revisados con la mayor seriedad y rigurosidad."Hago un llamado a la prudencia, la responsabilidad y la verificación de la información frente a las versiones que circulan sobre posibles alteraciones del orden público en la ciudad con motivo de la segunda vuelta presidencial. La protesta social es un derecho constitucional que debe ejercerse de manera pacífica, sin embargo, rechazamos categóricamente cualquier acto de violencia, vandalismo o bloqueo ilegal que afecta a la ciudadanía", indicó Mendoza.
En medio de las discusiones sobre el futuro del sistema de salud colombiano, la organización Defensores de la Salud lanzó una nueva alerta sobre lo que considera una crisis humanitaria que ya afecta de manera directa a millones de ciudadanos. Durante el Foro de Salud de la ANDI, realizado en Cartagena, la vocera de la organización, Ángela Carrasquilla Roncayo, aseguró que el deterioro del sector se ha profundizado durante los últimos años y que las consecuencias son visibles tanto para los pacientes como para el talento humano en salud.La organización, integrada por más de 9.000 profesionales del sector, nació con el propósito de defender el derecho fundamental a la salud y visibilizar las problemáticas que enfrentan quienes sostienen el sistema. Según Carrasquilla, en los últimos cuatro años se ha registrado el cierre de más de 920 instituciones y de más de 4.100 servicios de salud en todo el país, una situación que impacta con mayor severidad a las regiones apartadas donde, en muchos casos, existe un único prestador encargado de garantizar la atención médica.La vocera también llamó la atención sobre la situación de los profesionales de la salud. Explicó que miles de trabajadores enfrentan condiciones laborales precarias, contratos por prestación de servicios y retrasos prolongados en el pago de sus honorarios. Según la organización, algunas instituciones acumulan deudas superiores a ocho meses con médicos, enfermeros y demás personal asistencial.Esta situación habría provocado una creciente migración de talento humano. Defensores de la Salud estima que entre 13.000 y 19.000 profesionales han salido del país en busca de mejores oportunidades laborales en naciones como España y Chile.“Son profesionales formados en Colombia que hoy se ven obligados a abandonar el país porque no encuentran condiciones dignas para ejercer su labor”, señaló Carrasquilla.Frente a la relación con el Gobierno nacional, la dirigente afirmó que la comunicación con los profesionales del sector ha sido prácticamente inexistente y expresó su expectativa de que la próxima administración abra espacios de diálogo para construir soluciones conjuntas.De cara al nuevo gobierno, la organización considera que uno de los principales desafíos será encontrar mecanismos para financiar el déficit que enfrenta el sistema y recuperar la sostenibilidad de la red hospitalaria. Además, insistió en que el debate debe trascender la identificación de problemas y enfocarse en propuestas concretas que permitan garantizar la atención de los pacientes y mejorar las condiciones laborales del personal de salud.La advertencia coincide con el reciente comunicado emitido por Defensores de la Salud, en el que la organización señaló que los casos registrados en Cartagena y Medellín evidencian el deterioro progresivo de la red hospitalaria del país. Para el movimiento, el cierre de servicios, las dificultades financieras de hospitales y clínicas y la incertidumbre laboral del talento humano representan señales de una crisis que requiere atención inmediata.“Guardar silencio ya no es una opción”, concluyó la organización al reiterar su llamado a las autoridades para adoptar medidas urgentes que garanticen la continuidad de la atención médica y la estabilidad del sistema de salud colombiano.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) negó la solicitud que buscaba revocar la inscripción de la candidatura presidencial de Abelardo De La Espriella, al concluir que no existe ninguna inhabilidad por una presunta doble nacionalidad. El organismo aclaró que el aspirante es colombiano por nacimiento y que, aunque tenga también nacionalidad estadounidense, esto no le impide participar en la contienda electoral.La petición había sido presentada a comienzos de este mes y pedía revisar si el candidato podía aspirar a la Presidencia manteniendo otra ciudadanía. Incluso solicitaba verificar una supuesta renuncia a la nacionalidad extranjera, al considerar que esto podría afectar el deber de lealtad exclusivo con el Estado colombiano.El CNE respondió que la Constitución no contempla como causal de inhabilidad el hecho de tener otra nacionalidad, especialmente cuando se trata de colombianos por nacimiento. Además, señaló que no es válido crear nuevas restricciones a los derechos políticos que no estén expresamente establecidas en la norma constitucional.Otro de los puntos clave de la decisión es que el Consejo Nacional Electoral actúa como autoridad administrativa en materia electoral, por lo que no puede realizar juicios de compatibilidad sobre supuestos conflictos de lealtad o escenarios hipotéticos que no estén definidos como inhabilidades legales.El organismo también recordó que la Constitución no prohíbe que un colombiano por nacimiento, incluso con otra ciudadanía, aspire o ejerza la Presidencia, y advirtió que este tipo de interpretaciones no pueden usarse para limitar derechos políticos durante una campaña electoral.
En el municipio de Soledad las autoridades avanzan en la atención de más de 1.260 familias que resultaron afectadas por el desbordamiento de los arroyos Platanal, Villegas y El Salado, producto de las fuertes lluvias que se registraron la tarde del pasado lunes festivo.Alex Rodríguez, coordinador de la oficina de Gestión del Riesgo y Desastres de Soledad, indicó que dentro de muchas viviendas el agua llegó a un metro de altura, por lo que las familias perdieron desde sus electrodomésticos, hasta los colchones en los que dormían."Las comunidades que viven cerca de los arroyo sufrieron por el desbordamiento que llevó a que el agua subiera dentro de sus casa hasta un metro de altura, ocasionando daños en sus enseres. Ahí encontramos una cantidad de colchones, una cantidad de de aparatos electrónicos, pero como le digo, hemos hecho la caracterización. Hay unas viviendas que colapsaron, que se cayeron, que se derrumbaron, tuvieron un daño estructural. La alcaldesa, doctora Alicia Sandoval, ha estado muy pendiente", detalló el funcionario.En total fueron unos 20 barrios los afectados por las inundaciones, por lo que la administración municipal activó los protocolos de atención de emergencias y adelantó la Evaluación de Daños. El censo permitió identificar entre 25 y 30 viviendas con daños considerables en su estructura y tres casas derrumbadas por completo.El funcionario advirtió que las comunidades afectadas están ubicadas en zonas cercanas a las rondas hídricas, áreas donde existen restricciones de ocupación establecidas en el Plan de Ordenamiento Territorial. Sumado a esto, los caudales de los arroyos se han taponado con acumulación de basura, muebles, podas y troncos de gran tamaño.
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