Recientemente, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP dejó en firme el juicio contra el exrepresentante a la cámara por Caquetá Luis Fernando Almario, lo anterior, por el homicidio de Diego Turbay Cote, Inés Cote, Jaime Peña Cabrera, Edwin Amir Alarcón, Hamil Bejarano Martínez, Dagoberto Samboni y Rafael Ocasiones Llanos. Este hecho se registró en una carretera en el Caquetá en el año 2000. Además del secuestro de Rodrigo Turbay Cote.Cote ha sido acusado por sus vínculos con la extinta guerrilla de las Farc, especialmente con el Bloque Sur. Al presentar su acusación, la Fiscalía de la JEP había señalado que "con el Bloque Sur de las Farc desarrollaron un plan criminal que tenía como finalidad apropiarse o apoderarse del poder político en el departamento del Caquetá, para ello ejecutaron una serie de conductas entre 1993 y el año 2002 que afectó a más de 30 personas del grupo político liberal turbayista".Después de que se conociera el auto de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP, el abogado de Almario envió dos documentos apelando la decisión y exponiendo sus argumentos.Luis Alejandro Florez, abogado de Almario, pide la nulidad total de la acusación. Florez asegura que se está desconociendo el principio de legalidad, pues toda conducta penal debe estar previamente establecida, haciendo referencia al crimen de persecución.“Resultaba fundamental establecer si el presunto crimen de persecución se encontraba previsto en la legislación interna como conducta punible o en su defecto, de no existir, si los hechos descritos por la fiscalía en el escrito de acusación podrían adecuarse a otro tipo penal consagrado en el código penal colombiano, pues no de otra forma se preserva el principio de legalidad”, señala la defensa de Almario.En el mismo sentido, asegura que se le están vulnerando sus garantías fundamentales.“Si en el proceso dialógico la Sala de Reconocimiento Verdad y Responsabilidadnunca le puso de presente a Luis Fernando Almario ni le preguntó si aceptaba responsabilidad por el presunto delito de persecución, ni se le exigió que aportara las consideraciones de verdad sobre este comportamiento, y tampoco fue requerido en el compromiso del régimen de condicionalidad, es claro que al cambiar la conducta en el escrito de acusación se están vulnerando sus garantías”, agrega el abogado de Almario.Por otro lado, asegura que la JEP está actuando de manera arbitraria en este caso.“Insisto, siLuis Fernando Almario Rojas acudió a esta jurisdicción por los hechos delictivos referidos al homicidio perpetrado por la guerrilla de las Farc en contra de la familia Turbay Cote, su conductor y escoltas, dentro del radicado 38752 que se adelantaba en la Corte Suprema de Justicia y la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad a través de la resolución 01 del 22 de julio de 2020 aceptó el sometimiento voluntario a esta jurisdicción incluyendo un hecho nuevo como lo fue el secuestro de Rodrigo Turbay Cote, no puede aceptarse que se cambie el nomen juris de tales hechos y se decida de manera arbitraria que debe responder por un delito de lesa humanidad en la modalidad de persecución, pues ello trasciende en el derecho al debido proceso y la defensa en tanto desconoce las formas propias de cada juicio”, señala el documento.La solicitud de nulidad, según otro documento allegado algunos días después por el exrepresentante Almario, se hace por violación al debido proceso y a los derechos fundamentales. Agrega que ningún miembro de las Farc ha sido condenado, en el caso investigado, por persecución, pero insiste en que ya ha dicho que no acepta responsabilidad en los heccos mencionados.“En esta investigación me han señalado, sin elementos probatorios válidos, de estar vinculado con las Farc-EP, de haberme “unido” con ellos para ejecutar los hechos delictivos que culminaron con el secuestro y muerte de Rodrigo Turbay, así como el homicidio de Diego Turbay y su comitiva, hechos delictivos por los cuales las Farc-EP ya fueron condenados, ya existen sendas sentencias condenatorias contra la cúpula de esa organización subversiva y varios de sus integrantes por conductas tipificadas en el Código Penal Colombiano; ha sido de público conocimiento la aceptación de éstos en la ejecución de estos sucesos, han aceptado su responsabilidad, al punto que hicieron una petición pública de perdón por el “error” en que incurrieron”, señala Almario.Es por esto que pide que al resolver el recurso se acojan sus planteamientos y se declare la nulidad del escrito de acusación en su contra.“Recuérdese que la coautoría requiere que varios sujetos, en un acuerdo previo o concomitante, realizan el verbo rector definido por el legislador; en este caso se “supone” -porque no está probado- que yo hice un acuerdo con integrantes de las Farc-EP para la comisión de los delitos investigados, entonces la pregunta apenas natural que surge es: ¿por qué no están vinculadas las Farc-EP como autores del delito internacional de persecución?, ¿por qué los presuntos autores no han sido objeto de pronunciamiento por la SRVR y, mucho menos, se les ha atribuido tal comportamiento?”, agrega Almario.
El exrepresentante a la Cámara por Caquetá Luis Fernando Almario fue acusado este lunes, 29 de mayo, por la Unidad de Investigación y Acusación, la Fiscalía de la JEP por sus vínculos con la extinta guerrilla de las Farc, más exactamente con el Bloque Sur de la guerrilla. Almario ha sido señalado como responsable del homicidio de Diego Turbay Cote, Inés Cote, un amigo de la familia y un conductor. Este hecho se registró en una carretera en el Caquetá en el año 2000.Al presentar la acusación el director de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, Giovanni Álvarez, explicó que Almario irá a juicio por 30 conductas delictivas, como homicidios, desplazamientos forzados y secuestro, casos que se habrían presentado en alianza con la extinta guerrilla de las Farc, y es acusado en calidad de coautor por los delitos."Concretamente con el Bloque Sur de las Farc desarrollaron un plan criminal que tenía como finalidad apropiarse o apoderarse del poder político en el departamento del Caquetá, para ello ejecutaron una serie de conductas entre 1993 y el año 2002 que afectó a más de 30 personas del grupo político liberal turbayista, esta acusación no solo es por el secuestro y homicidio de los miembros de la familia Turbay Cote, sino de un gran conglomerado de personas que hacían parte del grupo político en el Caquetá", señaló Álvarez.El director de la UIA aseguró que: "Luis Fernando Almario fue clave para lograr un objetivo que se habían trazado las extintas Farc a través de la séptima y octava conferencia; esto es la toma del poder político a través de todos los medios, hecho que lograron en el departamento del Caquetá en ese momento".Es importante recordar que Almario fue condenado por parapolítica en el año 2016. Ahora se abrirá un espacio en el cual el parlamentario conservador tendrá el espacio para defenderse frente a dicha acusación, pero si se concluye que es culpable podría enfrentar hasta 20 años de prisión."Lo que sigue es el desarrollo de la etapa de juicio, depende de en qué momento lo iniciamos de acuerdo de lo que los magistrados de la sección decidan, se entregó no solo el escrito de acusación, sino los anexos en los que se sustenta este escrito" finalizó Álvarez.Le puede interesar: Las noticias más importantes esta semana en el FPC
La Sala de Reconocimiento de la JEP ordenó remitir el proceso judicial contra el excongresista de Caquetá, Luis Fernando Almario, a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la Jurisdicción, esto se da en el marco de la investigación por el asesinato de la familia Turbay Cote. Almario no aportó verdad ni reparación y ahora se enfrentaría a una condena de hasta 20 años de cárcel.A través de un comunicado, la Sala de Reconocimiento de la JEP, menciona que el exrepresentante a la Cámara, Luis Fernando Almario Rojas, es señalado por ser uno de los responsables del magnicidio de Diego Turbay Cote, Inés Cote, tres escoltas, un conductor y un amigo de la familia, ocurrido el 29 de diciembre del año 2000, sin embargo, el excongresista no reconoció su responsabilidad.Cabe señalar que Almario fue aceptado en julio de 2020 en la JEP, pero desde ese entonces no ha aportado elementos para conocer la verdad, según un auto en el que se le pide a la UIA investigar los hechos.“De ser encontrado responsable, habría sido determinador no solo del exterminio de la familia política liberal más importante de Caquetá a manos de las Farc-EP(…). Un hecho de esta envergadura es precisamente la clase de casos que deben ser esclarecidos por esta jurisdicción, sea para exonerar a quien ha sido falsamente implicado como determinador de estos hechos graves y representativos del conflicto armado o para declarar, a más de veinte años después los hechos, su responsabilidad”, menciona.Según la comunicación de la JEP, esta masacre fue ejecutada por la columna móvil Teófilo Forero y fueron asesinados Diego Turbay Cote (en ese entonces presidente de la Comisión de Paz de la Cámara); su madre, Inés Cote de Turbay, y sus acompañantes: Jaime Peña Cabrera, Edwin Amir Alarcón Angarita, Hamil Bejarano Martínez, Dagoberto Samboní Uni y Rafael Ocasiones Llanos. Asimismo, a Almario se le investiga por su participación en el secuestro de Benjamín Herrera Londoño, ocurrido en 2002.Además, a Almario Rojas se le investiga como el determinador del secuestro de Rodrigo Turbay Cote que fue perpetrado por los frentes 14 y 15 de las Farc en 1995.Le puede interesar. Escuche las Noticias del día en Spotify:
Almario fue investigado por sus vínculos con el Bloque Caquetá de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá y el Frente Sur Andaquíes del Bloque Central Bolívar entre los años 2001 y 2006. La carrera política de Almario se habría visto beneficiada por la relación con estos grupos ilegales, cercanía que habría sido confirmada por José Germán Senna Pico, alias “Nico”, y Carlos Fernando Mateus, alias “Paquita”, testigos que advirtieron el apoyo político y electoral a favor del exrepresentante a la Cámara por Caquetá. Así mismo, se pudieron constatar reuniones con el comandante paramilitar Carlos Mario Jiménez, alias “Macaco”, sujeto con el cual se pactaron contraprestaciones. “Quedó demostrada la asociación para delinquir en la cual incurrió el dirigente político en la promoción de las autodefensas, que se dio de las contraprestaciones pactadas en sus reuniones con integrantes de las mismas y que se tradujeron en la alianza delictiva”, sentenció la Corte Suprema de Justicia.
Este jueves en Voz Populi hablamos de los diferentes temas políticos, nacionales e internacionales más importantes, acompañados del humor característico de cada uno de nuestros personajes en el programa.
El juez segundo promiscuo del circuito de Puerto Asís-Putumayo admitió una acción de tutela y ordena a la Presidencia de la República inmediatamente suspender de manera transitoria los efectos de la resolución 389 del 9 de septiembre del 2026 por medio de la cual decreta el cierre de la zona de ubicación temporal del Valle del Guamuez.Este sería el segundo fallo en contra de las pretensiones del Jefe de Estado, luego de que otro juez, mediante acción de tutela, ordenara suspender el programa piloto de fumigación que se iba a realizar en una zona indeterminada del bajo Putumayo.Este fallo judicial se da a solo 6 días de la fecha de que el presidente De la Espriella había anunciado que el 30 de septiembre esa ZUT se tenía que cerrar.Según conoció Blu radio, los 99 accionantes exintegrantes del grupo ilegal comandos de frontera de la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano manifestaron su preocupación frente a la inminente violación de los derechos fundamentales a la vida, seguridad e integridad física, al libre desarrollo de la personalidad, a la reincorporación, y tránsito a la vida civil, a la personalidad jurídica y la identidad, debido proceso administrativo, confianza legitima y la paz.En la parte de exposición, los excombatientes pidieron al administrador de justicia suspender la ejecución material del cierre y desalojo de la Zona para la Capacitación Integral y Ubicación Temporal de Valle del Guamuez ordenado, a partir del 30 de septiembre de 2026, hasta tanto se garantice y verifique, con participación del Mecanismo de Monitoreo y Verificación, un plan de tránsito y protección que garantice la protección de los derechos fundamentales y la protección de la población de la ZUT-ZOCIT.Solicitan, además, que para el funcionamiento de la ZUT-ZOCIUT se pueda ordenar a las autoridades pertinentes garantizar los servicios básicos de salud, alimentación y los elementos necesarios para la habitabilidad de la ZUT, así como ordenar al Ministerio de Defensa Nacional, a la Unidad Nacional de Protección y a la Policía Nacional mantener, mientras se decide de fondo esta acción, las medidas de seguridad y protección reforzada actualmente desplegadas en favor de los noventa y nueve (99) beneficiarios”.Los accionantes, según el escrito de tutela, dicen que, por producirse antes del vencimiento del plazo de 10 meses, fijado por el propio Gobierno en la resolución 053 de 2026 y sin fundamento en las causales tasadas para su finalización anticipada, pero más significativo aún, por la incertidumbre y zozobra sobre la población concentrada que ha generado dicho acto administrativo, en relación con las expectativas jurídicas y la seguridad física y jurídica de las personas que hacen parte del proceso de reincorporación en la Zona de Ubicación Temporal del Valle del Guamuez, Putumayo.Para los accionantes, la resolución que emitió el pasado 9 de septiembre el presidente de la Espriella tiene efectos que podrían incidir, al parecer, en contra del proceso de reintegración social, político y económico.Dicen que la situación es más preocupante porque la Agencia de Reincorporación y Normalización cesó su presencia y acompañamiento físico desde la semana del 6 de septiembre de 2026 en adelante, según se describe en las líneas de la acción de tutela.Según el juez segundo promiscuo de Puerto Asís, frente a lo expuesto por los 99 excombatientes, señala el despacho que resulta pertinente ordenar la medida provisional solicitada, al advertirse que, la misma, resulta necesaria para evitar que la amenaza contra los derechos fundamentales que aquí se invocan, se concreten en una vulneración.
El Ejército Nacional, a través de la Décima Tercera Brigada y el Gaula Militar Cundinamarca, en coordinación con el CTI, logró rescatar con vida a Salomé Vásquez Sánchez, una niña de 2 años que permanecía desaparecida desde el pasado 20 de septiembre.La menor fue ubicada este 24 de septiembre, cuatro días después de que se reportara su desaparición, hacia las 3:00 de la tarde, en una zona rural del municipio de Paime, Cundinamarca. El procedimiento estuvo a cargo del Gaula Militar, que logró establecer el lugar donde se encontraba la niña.Tras ser localizada, Salomé fue trasladada de inmediato al hospital municipal de Paime, donde fue sometida a una valoración médica. Además, quedó bajo acompañamiento de Medicina Legal para continuar con el proceso de valoración. Por el momento, las autoridades no han informado cuál es su estado de salud.Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer las circunstancias en las que ocurrió la desaparición de la menor y determinar qué sucedió durante los cuatro días en los que permaneció sin ser localizada.Una de las líneas de investigación estaría relacionada con el padre de la niña. De acuerdo con los investigadores, el hombre habría amenazado a la madre de la menor después de que ella decidiera terminar la relación. Según el testimonio entregado por la mujer, el hombre presuntamente la amenazó con quitarse la vida y también con quitarle la vida a la niña si ella no regresaba con él.De acuerdo con la información entregada por los investigadores, horas antes del operativo de rescate, el hombre habría dejado a la menor y posteriormente se habría comunicado con una familiar para indicarle el lugar donde la había dejado. Esta persona habría informado a las autoridades sobre la ubicación, lo que permitió que los uniformados llegaran hasta una vivienda ubicada en una zona rural de Paime, donde finalmente encontraron a la niña.
Luego de que el Gobierno destinara más de $50.000 millones en recursos adicionales para el Icetex, la entidad anunció que, desde octubre, implementará un subsidio temporal a la tasa de interés que beneficiará a más de 170.000 colombianos que actualmente tienen créditos educativos.La medida tendrá vigencia hasta que se agoten los recursos establecidos por el Estado y busca reducir temporalmente el costo de los créditos para quienes cumplan con las condiciones establecidas por la entidad.“Con hechos estamos logrando nuevos beneficios para que los colombianos que están pagando su crédito tengan una importante reducción en la tasa de interés y un impacto positivo en su economía y la de su familia. Estamos con las personas que contaron con el apoyo del Icetex para estudiar y la Patria Milagro los está apoyando con medidas que se están materializando”, destacó el presidente del Icetex, Richard Caicedo.¿Quiénes pueden acceder al subsidio del Icetex?De acuerdo con la entidad, más de 170.000 beneficiarios podrán recibir este alivio. Para acceder, deberán cumplir con un requisito principal: tener el crédito al día y haber demostrado un buen comportamiento de pago durante los últimos meses.El beneficio se verá reflejado directamente en el recibo de pago de los beneficiarios. Durante el periodo de aplicación de la medida, los créditos seleccionados tendrán una liquidación de tasa de interés equivalente a IPC + 0 puntos, lo que representará una reducción temporal en el costo financiero.“Aún hay mucho por recuperar, pero juntos vamos a fortalecer la entidad. Seguiremos trabajando para encontrar soluciones, generar alivios y acompañar a quienes han confiado en nosotros para sacar adelante sus proyectos de vida”, agregó Caicedo.Esta sin duda es una gran ayuda para los beneficiarios y así aliviar de manera temporal este pago, además de seguir apostando por la educación de miles de jóvenes en todo el país.
En un mensaje enfocado en la unidad, el desarrollo y la sostenibilidad del país, el presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol, Carlos Suárez, destacó el riguroso proceso de selección que llevó al nombramiento de Joaquín Gutiérrez Caballero como el nuevo líder de la compañía más importante de Colombia."La Junta Directiva de Ecopetrol adelantó un proceso riguroso para seleccionar al líder que tendrá la responsabilidad de conducir una nueva etapa para la organización y liderar el renacer de Ecopetrol” , enfatizó.El presidente de la Junta Directiva subrayó que una de las misiones principales de Gutiérrez Caballero será tejer alianzas estratégicas y tender puentes de diálogo transparente con todos los actores clave: "Tendrá la misión de construir puentes entre la compañía, el estado, las regiones, las comunidades, los inversionistas y nuestros socios para impulsar soluciones que fortalezcan la sostenibilidad, la competitividad y la generación de valor".Además, ratificó el respaldo al nuevo líder de la petrolera en medio de la crisis energética que atraviesa el país: “La Junta Directiva le brinda todo su respaldo al doctor Joaquín Gutiérrez Caballero para liderar este momento de transformación y consolidar una Ecopetrol sólida, transparente, competitiva y preparada para los desafíos del futuro” , dijo Carlos Suárez.Hacia el cierre de su mensaje, el directivo resaltó al capital humano que compone la compañía petrolera, señalando que el éxito histórico de la empresa recae en su gente y en su rigor técnico.