Estados Unidos sancionó este lunes al diputado Luis Parra y a otros seis venezolanos que "lideraron un intento fallido de tomar ilegítimamente el control de la Asamblea Nacional" (Parlamento) de Venezuela y por tratar de evitar la reelección del líder opositor Juan Guaidó como presidente de este órgano. El Departamento del Tesoro precisó en un comunicado que, aparte de Parra, los otros sancionados son José Gregorio Noriega Figueroa, Franklyn Leonardo Duarte, Jose Dionisio Brito Rodriguez, Conrado Antonio Pérez Linares, Adolfo Ramon Superlano y Negal Manuel Morales Llovera. Le puede interesar: Oposición vuelve a investir a Guaidó como presidente interino de Venezuela
El presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, Luis Parra, que fue elegido envuelto en la polémica y respaldado por el chavismo, exigió este lunes al mandatario Nicolás Maduro que acuda a la Cámara "a dar la cara"."En los próximos días, le exigimos a Maduro que venga y dé la cara en el Parlamento, que Nicolás Maduro le responda al país desde este poder legítimo" para explicar la situación del país, dijo Parra en una rueda de prensa en la sede de la AN.Lea también: Guaidó se enfrentó a Guardia venezolana para intentar entrar al ParlamentoGuaidó intentará el martes entrar al Parlamento de Venezuela como presidenteEl líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por más de 50 países, anunció que acudirá este martes a la Asamblea Nacional (AN) para intentar comenzar el año legislativo como titular del organismo, luego de que el domingo el chavismo eligiera a otro diputado como jefe del Parlamento."No es el Parlamento lo que está en juego, es el país, es la República", dijo Guaidó ante periodistas.Los diputados chavistas votaron este domingo por el opositor Luis Parra como presidente del Parlamento, mientras las fuerzas policiales impedían a golpes acceder al hemiciclo a Guaidó, quien horas después fue reelegido como líder de la cámara en una improvisada sesión en la sede del diario El Nacional, a la que acudieron unos cien diputados.Encuentre en BLU Radio las principales noticias del mundo y los hechos internacionales. Información actualizada en video, imágenes y artículos periodísticos de Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, Medio Oriente y el resto del mundo.
La colombiana Carolina Durán, directora de Building Markets para América Latina, fue una de las encargadas de tocar este viernes la campana de cierre de la bolsa Nasdaq, en Nueva York, durante una ceremonia que puso en el centro de la conversación el papel de los pequeños negocios en la generación de empleo y el crecimiento económico.El acto se realizó en el Nasdaq MarketSite, en Times Square, como parte del lanzamiento mundial de la campaña ‘Opportunity Changes Everything’ —‘La oportunidad lo cambia todo’—, una iniciativa con la que Building Markets busca mostrar cómo el acceso a compradores, contratos, financiación y redes comerciales puede transformar la trayectoria de pequeños emprendimientos, especialmente aquellos que enfrentan mayores barreras para acceder a los mercados.La organización internacional, que trabaja con pequeñas empresas en comunidades vulnerables, aseguró que desde 2004 ha acompañado a más de 28.000 negocios, facilitado más de 1.500 millones de dólares en contratos y financiación y contribuido a la creación de más de 78.000 empleos en distintas regiones del mundo. Su modelo se basa en identificar emprendimientos con potencial, fortalecer sus capacidades y conectarlos con compradores y fuentes de financiación.Para Carolina Durán, la ceremonia representó una oportunidad para llevar a un escenario internacional el potencial de los pequeños empresarios y la importancia de conectar sus capacidades con oportunidades reales de crecimiento. La campaña busca precisamente visibilizar las historias de emprendedores que, pese a contar con talento y experiencia, enfrentan dificultades para encontrar clientes, financiación o espacios dentro de las cadenas de abastecimiento.El reconocimiento también tiene una relación directa con el trabajo que Building Markets ha desarrollado en América Latina, incluida Colombia, donde la organización ha impulsado programas para fortalecer a pequeños negocios y emprendimientos liderados por mujeres. En ese contexto, el toque de campana en el Nasdaq sirvió como plataforma para destacar que detrás de las cifras de crecimiento y generación de empleo también existen miles de pequeñas empresas que buscan una oportunidad para expandirse.La ceremonia de cierre del mercado bursátil es una de las actividades institucionales más reconocidas del Nasdaq y suele conmemorar hitos, lanzamientos e iniciativas con impacto económico o social. En esta ocasión, el protagonismo estuvo puesto en la capacidad de las pequeñas empresas para generar empleo, dinamizar las economías locales y transformar comunidades cuando logran acceder a nuevas oportunidades.
Las autoridades de Santander se encuentran en máxima alerta tras la incautación de 600 barras de explosivo Indugel Plus, equivalentes a 150 kilogramos, que eran transportadas en un vehículo particular y que, al parecer, tenían como destino el área metropolitana de Bucaramanga.El hallazgo se produjo en un puesto de control de la Policía de Tránsito en el kilómetro 61+800 de la vía Río Ermitaño – La Lizama, en el sector de Puerto Araujo, jurisdicción del municipio de Cimitarra, donde uniformados inspeccionaron un automóvil Hyundai de placas BSM-157 en el que eran movilizados los explosivos ocultos en costales.El vehículo era conducido por dos ciudadanos santandereanos identificados como Camilo Andrés Pinzón Sandoval, oriundo de Girón, y Óscar Isidro Jaimes Gómez, de Bucaramanga, quienes habían iniciado su recorrido en el municipio de Segovia, Antioquia. Ambos fueron capturados en flagrancia y deberán responder por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido o explosivos.El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, destacó la importancia del operativo y aseguró que el cargamento tenía como destino el área metropolitana de Bucaramanga, situación que mantiene en alerta a las autoridades departamentales."Nos lleva a estar alerta, a estar unidos y a mantener un canal vital de comunicación entre nuestras Fuerzas Militares, los componentes de investigación y la comunidad para garantizar un Santander seguro", afirmó el funcionario.La preocupación aumenta debido a que este tipo de explosivos es utilizado habitualmente en actividades de minería ilegal y su transporte requiere estrictos controles y permisos especiales, y según las invetsigaciones llegaría al parque Centenario de Bucaramanga. Además, el hallazgo se registra pocos días después de que las autoridades encontraran material explosivo alusivo al ELN en el municipio de Tona, lo que ha llevado a reforzar las labores de inteligencia y prevención en el departamento.Aunque por ahora no se ha establecido el propósito con el que serían utilizados los explosivos, las autoridades adelantan las investigaciones para determinar quiénes serían los responsables de recibir el material y si este tendría relación con alguna actividad ilegal.La Policía también incautó el vehículo utilizado para el transporte del explosivo y un teléfono celular que será clave dentro del proceso investigativo que adelanta la Fiscalía.Finalmente, desde la Gobernación de Santander hicieron un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier situación sospechosa y fortalecer la articulación con las autoridades, con el fin de prevenir hechos que puedan poner en riesgo la seguridad del departamento.
Un ataque con arma de fuego registrado en el barrio Belalcázar, en el noroccidente de Medellín, dejó un hombre muerto y cuatro personas más heridas.Los hechos ocurrieron en la calle 103EE con carrera 63D, donde, según el reporte preliminar de las autoridades, una llamada a la línea de emergencia 123 alertó sobre una persona lesionada por disparos. Al llegar al lugar, uniformados de la Policía encontraron el cuerpo sin vida de Santiago Monroy Pizarro, de 30 años, quien quedó tendido sobre la vía pública.De acuerdo con la información suministrada por la comunidad, durante el ataque también resultaron heridas cuatro personas: una mujer y tres hombres. Todos fueron trasladados a un centro asistencial para recibir atención médica. El reporte oficial indica que los lesionados presentan heridas en las extremidades inferiores y que su estado de salud no reviste gravedad.Las primeras indagaciones de las autoridades señalan que la víctima había recuperado su libertad recientemente, tras permanecer recluida en un centro penitenciario. En ese contexto, una de las hipótesis que analizan los investigadores es que el crimen estaría relacionado con un posible ajuste de cuentas vinculado a la estructura delincuencial conocida como Toscana, aunque esa versión continúa siendo verificada.Al lugar acudió personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, que realizó la inspección técnica y el levantamiento del cuerpo. Hasta el momento no se han reportado capturas por este homicidio y las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer los móviles e identificar a los responsables.De acuerdo con el reporte diario de homicidios de la Secretaría de Seguridad de Medellín, con este caso la ciudad completa 151 homicidios en lo corrido de 2026, una reducción de 42 casos frente al mismo periodo del año anterior.Además, este sábado también fue asesinado Jeison Alonso Vargas, de 37 años, en el barrio La Cruz, de la comuna Manrique. Su cuerpo, con heridas ocasionadas por arma de fuego, fue hallado en la vía pública hacia las 9:31 de la noche. La inspección técnica fue realizada por una unidad investigativa del CTI en coordinación con el fiscal del caso. Para este caso, indica el SISC, las circunstancias y la identidad de los responsables también son materia de investigación.
Un caso de violencia en Bogotá ha generado indignación entre gran parte de la ciudadanía, luego de que una empresaria resultara gravemente herida tras ser atacada por un hombre que, según la denuncia, había renunciado horas antes a la panadería donde trabajaba y regresó al establecimiento para exigir el pago inmediato de su liquidación.El hecho ocurrió en la localidad de Usaquén y quedó registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento. En las imágenes se observa cómo el hombre agrede brutalmente a la mujer, la golpea en repetidas ocasiones y la arrastra hasta la cocina del negocio.Tras la agresión, la víctima fue trasladada a un centro asistencial y, según el reporte médico, presenta fracturas en el rostro y múltiples contusiones. Aunque el presunto responsable fue capturado y llevado a la URI de Paloquemao, posteriormente quedó en libertad, una decisión que ha generado rechazo entre la ciudadanía e incluso del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien pidió que el caso sea investigado como tentativa de feminicidio.¿Quién es el presunto agresor de la dueña de la pastelería?Según los documentos conocidos por Blu Radio tras hacerse público el caso, el presunto agresor fue identificado como Racifo Jesús Acosta Lizardo.De acuerdo con su documento de identidad, el hombre aparece registrado como ciudadano venezolano. En su hoja de vida señala que reside en Bogotá y que cuenta con experiencia en el sector comercial, desempeñándose en áreas relacionadas con ventas, mercadeo, logística y atención al cliente.Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es que, según ese mismo documento, habría trabajado en cinco empresas distintas entre diciembre de 2025 y julio de 2026, ocupando cargos como asesor comercial, mercaderista, auxiliar logístico, traductor para turismo y jalador comercial.Alcaldía pidió investigar el caso como tentativa de feminicidioLa liberación del presunto agresor provocó la reacción del alcalde Carlos Fernando Galán, quien calificó la decisión como "inaceptable" y aseguró que deja a la víctima en una situación de riesgo.El mandatario solicitó que la investigación no se limite al delito de lesiones personales y que la Fiscalía evalúe imputar el delito de tentativa de feminicidio. Además, pidió que se solicite una medida de aseguramiento mientras avanza el proceso judicial.Por ahora, las autoridades continúan recopilando pruebas para esclarecer los hechos y definir la situación jurídica del hombre señalado de cometer la agresión.
Cinco militares del Ejército Nacional fueron condenados a 20 años y 2 meses de prisión tras aceptar, mediante preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, su responsabilidad en la tortura, homicidio y desaparición forzada agravada de Esneider Flórez Manco, un campesino de 27 años, con discapacidad cognitiva, en hechos ocurridos el 7 de octubre de 2025 en una base militar del municipio de Frontino, Occidente de Antioquia.Los condenados son el cabo segundo Cristian Daniel Córdoba Piamba y los soldados Brayan Stiven Osorio, Jhon Edwin Quejada Fabra, Neider de Jesús Oyola Ortiz y Miguel Ángel Caicedo Hernández. La decisión fue avalada por un juez de conocimiento, luego de que los uniformados aceptaran los cargos dentro de un preacuerdo con el ente acusador.Según la investigación de la Fiscalía Seccional Antioquia, la víctima fue retenida en las instalaciones militares bajo la sospecha de pertenecer a un grupo armado ilegal. Durante cerca de cinco horas habría sido sometida a múltiples actos de tortura, entre ellos golpes, asfixia y sofocamiento. Además, fue desnudada, amarrada y colgada de un árbol. "En la medida en que no recibían respuestas coherentes, debido a su discapacidad cognitiva, lo sometieron a una serie de tratos crueles, le infligieron dolores y sufrimientos físicos y psíquicos, con el fin de obtener de la víctima información o confesión de ser presunto integrante de un grupo armado organizado", expuso el fiscal del caso durante las audiencias.Las labores de policía judicial adelantadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) permitieron establecer que el campesino murió en un baño de la base militar como consecuencia de las agresiones.La Fiscalía indicó que, tras el homicidio, el cuerpo fue envuelto en una hamaca, trasladado hasta un helipuerto y arrojado al río El Cerro. Tres semanas después fue recuperado por las autoridades y enviado al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que concluyó que la causa de la muerte correspondía a los actos de tortura sufridos.Por este mismo caso, el entonces comandante de la base militar, el teniente Leider Ortiz Ortiz, ya había sido condenado mediante preacuerdo a 20 años y 3 meses de prisión. Entre tanto, el sargento segundo Andrés Olivio Gutiérrez Mideros y los soldados Alberto Rojo Giraldo y Didian Fernando Ruiz Reyes continúan vinculados al proceso penal y permanecen privados de la libertad mientras avanza el juicio en su contra.
