En medio de la audiencia en la que dejaron en libertad a Luz Mary Guerrero, exgerente de Efecty, y otros de sus empleados y particulares que le habrían ayudado a realizar operaciones bursátiles fraudulentas que permitieron la salida a bancos en el extranjero 4,5 millones de dólares, que fueron evadidos de impuestos en Colombia, la Procuraduría le dijo a la Fiscalía que había sido negligente en el caso y le solicitó al juez de segunda instancia que no revoque las libertades.Lea acá también: Quedó en libertad Luz Mary Guerrero, exgerente de Efecty“No es posible que se haya dejado vencer el término y ahora se venga a ofender al Ministerio Público por conceptos jurídicamente viables. Miro con mucha preocupación esa actitud, negligente de quién debe tener conocimiento del caso”, dijo el procurador.Así mismo, aseguró el Ministerio Público que “en esto le faltó seriedad a la Fiscalía”, pues tenía un compromiso para el próximo martes 6 de marzo en donde se resolvería la apelación, en una segunda instancia, frente a cambiar la medida de aseguramiento de domiciliaria a cárcel.Cabe resaltar que, según el código de procedimiento penal, que presentó la defensa y que el juzgado avaló y otorgó las libertades, cuando pasan más de 60 días o el doble de ellos, si se trata de más de 3 personas o de un concurso de delitos de la imputación a la acusación, se puede solicitar libertad por vencimiento de términos.
La defensa de Luz Mary Guerrero, representante legal de Efecty y vinculada en el caso de los Panamá Papers, aseguró a través de un comunicado que la empresaria y los otros cinco capturados no han aceptado los cargos que se les imputa por este proceso. Asimismo, hizo un llamado a las autoridades y a los gremios económicos acerca de las dificultades de la penalización de conductas que, según la defensa, no eran delitos. Lea también: Conceden casa por cárcel a Luz Mary Guerrero, investigada por los Panama Papers También resaltó que la juez de Garantías, en dicha audiencia, tomó la decisión de proferirles medida de aseguramiento domiciliaria, algo que la defensa califica de “innecesario”. Cabe recordar que la mujer es procesada por falsedad en documento, estafa, lavado de activos y enriquecimiento ilícito, por presuntamente mover más de 4,5 millones de dólares, a través de facturas falsas dentro de este escándalo.
El juez 57 de Bogotá cobijó con prisión domiciliaria a Luz Mary Guerrero Hernández, representante legal de Efecty, y las otras cinco personas capturadas por el denominado caso de los Panama Papers. La mujer es procesada por falsedad en documento, estafa, lavado de activos y enriquecimiento ilícito, por presuntamente mover más de 4.5 millones de dólares, a través de facturas falsas dentro de este escándalo. Vea además: Fiscalía pidió medida de aseguramiento contra Luz Mary Guerrero. La Fiscalía apeló la decisión, pues considera que debía darse medida de presión intramuros al considerar que podría entorpecer el proceso o salir del país. Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.
Por considerarlos un peligro para la sociedad, ya que, según la Fiscalía, podrían obstruir la justicia y existe el riesgo de que puedan salir del país, el fiscal delegado solicitó a la juez 24 que imponga medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a los cinco empresarios investigados por los Papeles de Panamá. La solicitud de la Fiscalía se hizo después de explicar 6 mil documentos en los que se encuentran las pruebas del entramado para lograr sacar de manera irregular 4.5 millones de dólares al extranjero. La transacción se habría hecho con la intermediación de Luz Mary Guerrero, representante legal de Efecty; Jorge Sánchez Amado, revisor fiscal de Efecty; Sara Guavita, representante legal suplente de Servientrega; Juan Esteban Arellano, representante legal de la firma Mossack Fonseca, y la contadora Martha Inés Moreno. Lea también: Aplazan nuevamente audiencia de medida de aseguramiento a Luz Mary Guerrero Por su parte, el abogado Francisco Navarrete, representante de Juan Esteban Arellano, aseguró que “la fiscalía aún tiene muchas dudas en el proceso penal, y la solicitud de medida de aseguramiento tiene muchos vacíos, la bancada de la defensa refutará dicha solicitud”. Los delitos imputados a Luz Mary Guerrero y los demás empresarios son falsedad ideológica en documento privado, estafa, administración desleal, fraude procesal, enriquecimiento ilícito de particulares, lavado de activos y concierto para delinquir, conductas que no fueron aceptadas por ninguno de los procesados. La diligencia será retomada el próximo 19 de octubre.
Luego de conocer que la juez 47 de control de garantías dejó en libertad a Ever Jaime Torres, los abogados de Luz Mary Guerrero, representante de Efecty; Jorge Sánchez Amado, revisor fiscal de Efecty; Sara Guavita, representante legal suplente de Servientrega y Juan Esteban Arellano, representante legal de la firma Mossack Fonseca & Co pedirán derecho a la igualdad y solicitarán la libertad de sus defendidos tal como sucedió con Torres. "La juez que tuvo conocimiento del caso del gerente de Efecty, una vez fue a legalizar la captura decretó la libertad, generándose lo que podría un cuestionamiento de la captura que se ha desarrollado contra todos los que están investigados por cuenta de éste juzgado en el que nos encontramos ahora. Porque bajo el principio de la igualdad parecería que acá con Luz Mary Guerrero, y las otras personas se les estaría violando el principio de igualdad”, indicó Luis Eduardo Leyva, abogado de Martha Inés Moreno. El abogado consideró además que “se podría llegar a pensar en el derecho a la igualdad para los demás investigados porque a lo largo de estos días se ha podido inferir que no habría un sustento jurídico para que estos ciudadanos continúen privados de su libertad" La audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra Luz Mary Guerrero, y los otros cuatro implicados, continuará éste 12 de octubre sobre las 8 de la mañana y la Fiscalía explicará las razones por la cuales los investigados deben ir a la cárcel. Cabe recordar que la juez 47 de control de garantías dejó en libertad a uno de los accionistas mayoritarios de Efectivo Helbert Jaime Torres, investigado por el escándalo de Mossack Fonseca. La libertad a Torres representante legal de Efecty se dio porque la Fiscalía solicitó una orden de captura cuando él se estaba presentando voluntariamente La juez consideró que el ente acusador se excedió en sus funciones de Policía Judicial porque no es un peligro para la sociedad, ni obstruye a la justicia porque se presentó voluntariamente. La captura se cayó en la audiencia de legalización de capturas por lo que ni siquiera se le alcanzó a imputarle delito alguno.
Durante nueve horas de audiencia, el fiscal delegado leyó detalladamente la forma en que Luz Mary Guerrero, representante legal de Efecty, junto a cuatro trabajadores, planearon minuciosamente la manera de realizar facturas falsas para ocultar declaraciones de renta de las 14 empresas colombianas. Con folios en mano, el fiscal leyó durante cinco horas cómo, a través de correos, intermediarios y firmas falsas, se transfirieron enormes cantidades de dinero principalmente a una cuenta oculta en las Bahamas. A la audiencia, Luz Mary, Martha Moreno y otra de sus trabajadoras llegaron vistiendo la camiseta de Colombia. Durante la diligencia, Luz Mary cruzó apenas un par de palabras y un par de notas con su abogado cada vez que el fiscal delegado describía alguna maniobra en la que ella se veía involucrada. En los recesos sonreía y ella, junto a los demás trabajadores, revisores fiscales, representantes legales, se veían tranquilos y seguían atenta nota a lo que la defensa les indicaba. En varias oportunidades el fiscal delegado reiteró que había pruebas suficientes para determinar su participación dentro de los Panamá Papers. "Esto no es para hacerles daño o involucrarlos en algo que no tienen que ver. En los allanamientos, señor Arellano, encontramos en sus computadores documentos y correos enviados a la señora Martha en las que se daban indicaciones precisas de firmas y traslados de dinero", dijo el fiscal. Le puede interesar: Imputan siete delitos a Luz Mary Guerrero, envuelta en escándalo de Panamá PapersDe igual forma asegura que a Luz Mary Guerrero se le hicieron varias citaciones para que explicara la procedencia de los dineros y algunas irregularidades ante la Dian que se empezaron a encontrar y en reiteradas ocasiones argumentó falta de tiempo o asuntos personales por los que no solo no podía asistir, sino por los que además nombraba apoderados que tampoco cumplieron las citas a las que fueron llamados. "La persona quería evadir impuestos y llevar su planta a un país distinto de baja tributación donde se creía el dinero era lícito pero finalmente al final no era tan legal", aseguró el fiscal. De otro lado, Hebert Jaimes Torres, representante legal de Circulante y suplente de Efecty, quien se entregó en horas de la tarde en el búnker de la Fiscalía y este miércoles será legalizada su entrega.A las 10:00 de la mañana será retomada la audiencia para definir medida de aseguramiento de esta poderosa empresaria.Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.
Luego de 14 horas de diligencia judicial a Luz Mary Guerrero, representante legal de Efecty, tres funcionarios más de esa entidad y a Juan Esteban Arellano, la juez 24 aplazó la audiencia de medida de aseguramiento para este martes a las 9 de la mañana para que la Fiscalía siga argumentando por qué los acusados deben ir a la cárcel. Durante el día el fiscal Ever Merchan aclaró las dudas sobre la imputación de cargos a Luz Mary Guerrero de falsedad ideológica en documento privado, estafa agravada, fraude procesal, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, concierto para delinquir y administración desleal. Guerrero, después de la pregunta de la juez 24 de si aceptaba o no cargos, se levantó de su puesto, tomó el micrófono sin apuros y dijo enfáticamente: “no los acepto". Lea también: Luz Mary Guerrero no aceptó los siete cargos que le imputa la Fiscalía La estafa agravada se debería a que Guerrero fue coautora, bajo el verbo rector, de obtener provecho estafando a los socios de Efectivo y Circulante sin que ellos se enteraran de las actividades ilegales a la que se dedicaba. Por su parte, el ecuatoriano Juan Esteban Arellano, representante de Mossack Fonseca, no aceptó los delitos de falsedad ideológica en documento privado, lavado de activos, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito. Tampoco Martha Moreno, contadora de la organización; Sara Guavita, representante suplente de Servientrega y Jorge Humberto Sánchez, revisor fiscal, aceptaron las imputaciones de la Fiscalía. Los cinco acusados, en el momento de la no aceptación de cargos, manifestaron estar confundidos por los delitos de los que se les acusa.
Mientras avanzaba la audiencia de medida de aseguramiento para Luz Mary Guerrero, representante legal de Efecty, fuentes de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales–Dian indicaron que pedirán a la juez 24 que sean declarados víctimas de los procesos de investigación que se adelantan en Colombia contra la firma Mossack Fonseca. La fuente sostuvo que hay al menos 10 denuncias por evasión de impuestos en donde está involucrada Mossack Fonseca. Lea también: Luz Mary Guerrero no aceptó los siete cargos que le imputa la Fiscalía Entre tanto, el fiscal Ever Merchán siguió sustentando en la audiencia el por qué se requiere cobijar con medida de aseguramiento a Luz Mary Guerrero, quien enfrenta siete delitos; Juan Esteban Arellano, abogado y representante de Mossack Fonseca; Martha Inés Moreno, contadora; Sara Guavita, representante suplente de Servientrega, y Jorge Humberto Sánchez, revisor fiscal. Insisten que se efectuaron maniobras fraudulentas, operaciones simuladas para garantizar servicios inexistentes e incluso refacturación.
En medio de la audiencia ante la juez 24 de control de garantías, Luz Mary Guerrero, representante legal de Efecty, no aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía por estar relacionada con el escándalo de Panama Papers. El fiscal había imputado a Guerrero los cargos de falsedad ideológica en documento privado, estafa agravada, fraude procesal, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, concierto para delinquir y administración desleal. Luego de cuatro horas ante la juez 24 de control de garantías, el fiscal Ever Merchán, aclaró las dudas sobre la imputación de cargos a Luz Mary Guerrero, representante legal de Efectivo Limitada. La estafa agravada se debe a que Guerrero habría sido coautora bajo el verbo rector de obtener provecho para sí estafando a los socios de Efectivo y Circulante sin que ellos se enteraran de las actividades ilegales a la que se dedicaba. Por su parte, el ecuatoriano Juan Esteban Arellano, representante de Mossack Fonseca, no aceptó los delitos de documento privado, lavado de activos, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito. Tampoco aceptaron los cargos Martha Moreno, contadora de la organización; Sara Guavita, representante suplente de Servientrega, y Jorge Humberto Sánchez, revisor fiscal. Los cinco acusados manifestaron no aceptar los cargos al estar confundidos por los delitos de los que se les acusa. Además, en la audiencia, el fiscal Merchán reveló uno de los cientos de correos interceptados a Martha Inés Moreno, contadora de Efectivo y Circulante, en el que acordaba con Juan Esteban Arellano refacturar 8 millones de dólares, de los cuales solo se hicieron efectivos cerca 4.5 millones de dólares. Lea también: Luz Mary Guerrero buscó refacturar USD 8 millones por Mossack Fonseca: Fiscalía. "Estimada Martha, le envió un saludo cordial. De acuerdo a la última reunión como grupo empresarial Mossack Fonseca tenemos toda la capacidad y experiencia para manejar la transacción por los 8 millones dólares como lo habíamos acordado", dice Arellano, según el fiscal Merchán. Señala el correo que Arellan le dice a Martha Moreno que Mossack Fonseca tiene la capacidad de usar dos o cuatro compañías en jurisdicciones de Panamá o Reino Unido y que Efectivo y Circulante serán los que definan cuál es la mejor alternativa. "Recomendamos estas dos jurisdicciones porque están aptas para manejar este tipo de transacciones. En Panamá 2.5 por ciento y Reino Unido 3.5 por ciento", explica. El fiscal Merchán, en su narración, dice que las cooperativas tienen operatividad mundial de manejar grandes cantidades de dinero para facturación, por lo que dice Arellan que garantizan las compañías que les estaban ofreciendo. "Esa es la refacturación y los reembolsos y es triangulación de cómo se iba el dinero a partir de los contratos y las facturas falsas que se registraba la contabilidad por intermedio del mercado cambiario", explicó el fiscal. Dijo, además, que Mossack Fonseca ofrecía sus servicios para asesoramiento, acompañamiento y soporte en torno a lo jurídico y tributario "Pondríamos a disposición los mejores expertos de la fiduciaria para que lideren esta operación y nos garanticen que sea un éxito", explica en otro aparte el representante del ente acusador. Con esto, la Fiscalía señala que con los correos se demuestra que el ecuatoriano Arellan sí sabía de la refacturación.
El presidente Gustavo Petro decidió relevar de su cargo al general Luis Ospina, quien se venía desempeñando, desde agosto de 2022, como comandante del Ejército Nacional. El Ministerio de Defensa informó que las funciones de Ospina serán asumidas por el general Luis Emilio Cardozo.Este lunes ocurrió un atentado terrorista en Jamundí. Una motocicleta bomba explotó en hotel del municipio. De acuerdo con el informe preliminar de las autoridades, hay daños en viviendas y locales.La mesa directiva de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes anunció formalmente el debate de la reforma pensional que podría iniciar este martes, 21 de mayo. Sin embargo, solo se encuentra radicada la ponencia mayoritaria de Gobierno.Numerosos medios iraníes anunciaron este lunes la muerte del presidente de la República Islámica, Ebrahim Raisi, en un accidente de helicóptero en la víspera en una región montañosa del noroeste del país.Estos y los hechos que son noticia en Colombia y el mundo en Meridiano Blu:
La Fiscalía de Paraguay reclamó este lunes mayor cooperación de su similar de Colombia para acceder a teléfonos y otras informaciones sobre el asesinato del fiscal Marcelo Pecci, ocurrido en ese país en 2022, y argumentó que también corresponde a las autoridades colombianas determinar la autoría intelectual del crimen.En una conferencia de prensa, el titular del Ministerio Público de Paraguay, Emiliano Rolón, y el equipo de funcionarios a cargo de la causa de Pecci en el país se refirieron a una serie de pedidos -aún sin respuesta- presentados a sus pares colombianos, entre ellos un encuentro con la fiscal general colombiana, Luz Adriana Camargo, que no tuvo lugar finalmente.Además, plantearon la necesidad de conformar un equipo conjunto de investigación del caso."Hoy estamos en la nebulosa, dependemos en muchos aspectos, (de) la gestión de la Justicia colombiana y principalmente de la Fiscalía, porque en verdad el hecho punible ocurrió en Colombia. La territorialidad de la ley penal nos limita, no podemos manejar el escenario del crimen ni los elementos que fueron incautados al principio", afirmó Rolón.Pecci fue asesinado en mayo de 2022 por sicarios, cuando se encontraba en una playa de un hotel en la isla de Barú, cercana a la ciudad colombiana de Cartagena de Indias, en el caribe, adonde había viajado para su luna de miel junto a su esposa, la periodista Claudia Aguilera.Las autoridades colombianas han dictado siete condenas a implicados en este crimen.En ese contexto, Rolón afirmó que el "descubrimiento de la autoría intelectual forma parte de la unidad procesal que corresponde al caso"."Escuchamos en medios de información que algunos abogados o personas de la Justicia colombiana declararon que el descubrimiento de la autoría intelectual es una responsabilidad casi exclusiva del Paraguay; eso no es verdad en procesal penal", agregó Rolón, quien opinó que "el trámite se abre para descubrir los grados de participación criminal: autoría, instigación, complicidad".El funcionario indicó que desde octubre o noviembre del año pasado los trámites en Colombia "quedaron un poco decaídos" y señaló que la salida del anterior fiscal general, Francisco Barbosa, motivó que "recién en abril prácticamente volvieran a tramitarse algunas cuestiones esenciales".Ratificó que en Paraguay se abrió una investigación formal sobre el asesinato el 9 de octubre de 2023, a raíz de unas declaraciones de unos de los implicados en el caso, Francisco Correa.En una audiencia en Colombia, Correa, investigado por supuestamente articular el asesinato de Pecci, acusó al expresidente paraguayo Horacio Cartes (2013-2018) y al narcotraficante Miguel Ángel Insfrán, alias 'Tío Rico', de planear el crimen.Por su parte, el fiscal de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, refirió que no han recibido copias de las declaraciones de Correa ni han tenido acceso a un teléfono al que éste hizo alusión durante una entrevista con funcionarios paraguayos.Tampoco tienen informes de comunicaciones telefónicas, de movimientos migratorios ni se ha procedido a la apertura de una computadora de uno de los condenados por este hecho, Andrés Felipe Pérez Hoyos, desde la cual consideró "pudieron haberse hecho transacciones internacionales vinculadas al homicidio".Doldán también se refirió al pedido de peritaje al teléfono de Pecci, que aseguró fue inicialmente autorizado por Aguilera, aunque ella posteriormente dejó esa revisión en manos de expertos colombianos y estadounidenses.En su intervención, admitió que ningún instrumento de cooperación técnica o carta rogatoria "se contesta de manera inmediata", y no descartó que el cambio de Administración en la Fiscalía colombiana causara "una interrupción del lapso natural" de este proceso.
Emergencias por lluvias en Antioquia dejan, hasta el momento, 6.700 personas damnificadas, siendo las regiones de Suroeste y Urabá y Occidente las más afectadas del departamento, donde ya hay 13 municipios declarados en calamidad pública.La temporada de lluvias ha generado afectaciones en al menos 104 municipios del departamento antioqueño, son 2200 familias, alrededor de 6700 personas las damnificadas.En la subregión del suroeste al menos 70 familias han tenido que ser evacuadas de sus viviendas en el municipio de Amagá por riesgo de deslizamiento y en igual situación se encuentran en Fredonia donde el Dagran hace el acompañamiento técnico para determinar cuántas personas tendrán que ser evacuadas.El Urabá también se ha visto fuertemente afectado, pues son al menos 1.800 las hectáreas de cultivos las que se han inundado y también hay al menos 180 niños que no están yendo a estudiar porque sus escuelas resultaron afectadas. “En la Región del Urabá tenemos niños desescolarizados, estamos buscando espacios temporales para que estos niños vuelvan a su escolaridad normal y transitoriamente pues nosotros no solamente buscarles a ellos ese espacio, si no los albergues también para todas las familias particularmente en el Urabá que es donde mayor afectación hemos tenido", señaló Carlos Ríos, director del Dagran.De los 13 municipios que se encuentran en calamidad pública en el departamento, seis son del Urabá, municipios como Carepa, Chigorodó y Necoclí, este último donde al menos 250 personas en diferentes veredas se encuentran incomunicadas por el colapso de un puente.
El comandante de las Fuerzas Militares, general Helder Giraldo, anunció un incremento en las operaciones contra los integrantes de estas tres estructuras terroristas de las disidencias de las Farc: la de Jaime Martínez, Carlos Patiño y Dagoberto Ramos, que estaría detrás de la escalada terrorista de las últimas horas en Cauca y Valle del Cauca.“Pido a la población civil que por favor nos colabore con información que permita anticiparnos a las amenazas terroristas de estos perros rabiosos, porque no tienen otro nombre”, manifestó el general Giraldo.La escalada de acciones violentas de las disidencias de las Farc este lunes, 20 de mayo, deja hasta el momento cuatro muertos, entre ellos dos policías y once heridos; cuatro son menores de edad.Un ataque por el cual el presidente Gustavo Petro ordenó que se desplace a la región la cúpula militar.“Para atender esta situación crítica en el departamento del Cauca. Para tomar las disposiciones indispensables en el restablecimiento del orden en esta región del país. Para incrementar también las capacidades requeridas para enfrentar esta amenaza terrorista”, explicó el ministro de Defensa, Iván Velásquez.A su vez, el director de la Policía Nacional, General William Salamanca, reportó que ya se reestableció el control en las zonas que fueron atacadas y se presentaron las primeras capturas por el hostigamiento contra la subestación de Policía en Robles, jurisdicción de Jamundí.“En respuesta a la Policía Nacional hay tres personas capturadas, un menor aprendido con información importante que hará parte de la investigación”, indicó Salamanca.En respuesta al hostigamiento, fueron enviadas a Morales tropas de las Fuerzas Especiales del Ejército, así como helicópteros artillados de la Fuerza Aérea para "proteger a las comunidades y dar con los responsables del ataque terrorista", reveló el Ministerio de Defensa.Las Fuerzas Militares publicaron cómo llegó al pueblo un vehículo artillado y otro helicóptero, que fue atacado por los criminales, para contener el ataque.
La mesa directiva de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes anunció formalmente el debate de la reforma pensional que podría iniciar este martes, 21 de mayo. Sin embargo, solo se encuentra radicada la ponencia mayoritaria de Gobierno, ya que la oposición espera el fallo de una tutela que podría suspender el trámite.Los tiempos siguen apretados para el Gobierno que busca sacar adelante el proyecto antes del 20 de junio, el cual es uno de los principales que busca el Gobierno del presidente Gustavo Petro.Por su parte, desde Cambio Radical se radicó una tutela que podría frenar esta iniciativa, la representante Betsy Pérez fue una las participantes, donde se dejó claro que se exige que se proteja el derecho de la oposición y al debido proceso legislativo.Además, dentro de este recurso se solicita que se decrete la suspensión del debate hasta que la oposición tenga la oportunidad de radicar su ponencia.En caso de que esta tutela cuente con el visto positivo, la reforma corre el riesgo de hundirse, debido a que si el debate no se inicia la siguiente semana el tiempo para el trámite se reduce a menos de 20 días, lo cual complicaría la situación aún más.