Colectivos de personas ateas en Bogotá y organizaciones en defensa de los derechos de personas LGBTI despidieron con un plantó al 'concejal de la familia', Marco Fidel Ramírez, en rechazo a varias acciones que en concepto de los manifestantes lesionaron la libertad de expresión, la no discriminación en la ciudad, así como los derechos sexuales y reproductivos.Los manifestantes rechazaron "la autodenominación de 'concejal de la familia' a la que hizo alusión el pastor Marco Fidel Ramírez durante sus tres periodos, ya que el modelo de familia que dice representar, no representa en la práctica a más de la mitad de los colombianos". En el plantón, los asistentes rechazaron los intentos de censura de Ramírez contra el Halloween, videos de música pop y el boicot que promovió contra la banda de metal Marduk.Estas son algunas imágenes de las protestas:Escuche este informe:
El concejal de Bogotá Marco Fidel Ramírez emprendió una cruzada en redes sociales para impedir la presentación de la banda de metal sueca ‘Marduk’ por considerarla “satánica” y “blasfema”. En medio de la sesión en el Concejo de Bogotá, Ramírez manifestó que rechaza los conciertos de la “asquerosa, corrupta, malévola, diabólica y banda que ofende los valores fundamentales de la cristiandad y que corrompe a millones de jóvenes alrededor del planeta”.Vea también: ¿Cómo hicieron? PussyRiot se presentó en Rock al Parque y Escocia al mismo tiempo Los conciertos están previstos para el próximo 3 de octubre en Pasto y 5 de octubre en Bogotá. El cabildante está promoviendo el HT #MardukFueraDeColombia y ha publicado una serie de videos en esta campaña. Cabe resaltar que la banda, muy criticada en todo el mundo por sus letras anticristianas, fue creada en 1990 y la imagen que los representa es una cruz al revés. De hecho, el primer trabajo discográfico de la polémica banda fue titulado ‘Fuck Me Jesus’. La iniciativa de Ramírez, autodenominado como el concejal de la familia, ha sido acogida por muchos católicos y de iglesias no católicas por considerar que, en efecto, sí es un irrespeto. Esa misma campaña la están desarrollando en Guatemala, en donde se tiene previsto un concierto el próximo 11 de octubre. Asimismo, hay una petición en change.org (plataforma para firmar por causas sociales) que ya tiene 80.000 firmas y el objetivo es conseguir 150.000 para enviarlas al Ministerio de Cultura y evitar la presentación de la banda sueca.
En la carta dirigida al jefe del ministerio público, marco Fidel Ramírez calificó lo sucedido como “un hecho de preocupación nacional” y aseguró que lo este tipo de eventos “va en contra de los derechos humanos de la población civil y del ordenamiento constitucional” (Lea también: Farc se reunió en La Habana con el expresidente uruguayo José 'Pepe' Mujica). Así mismo, Ramírez señaló que hubo omisión del deber constitucional de salvaguardar la vida y derechos de la población. Esta es la carta dirigida al procurador Alejandro Ordóñez: Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias: -Planeación Nacional alertó que los gobernadores de Sucre, Caquetá, Chocó y Santander tuvieron la peor administración y gestión de las regalías en 2015. -Habitantes de Soledad bloquean las vías de acceso del terminal de transporte de Barranquilla como protesta a los constantes problemas en el fluido eléctrico que han tenido en los últimos días. -El presidente de Bolivia, Evo Morales, aseguró que aunque gane el No, en el referendo que busca habilitarlo para un cuarto mandato, la lucha continúa contra el imperialismo. En el último reporte de la votación el No obtiene el 54,6%, mientras el SI el 45,4%. -Carlos Bacca y Teófilo Gutiérrez actuaron con sus equipos en la jornada de este lunes en el fútbol europeo. -Desde el Concejo de Bogotá advierten que por falta de tiempo sería imposible elegir personero y contralor distrital. -Siguen las quejas de los habitantes de La Calera por la falta de soluciones para descongestionar la vía en horas pico.
Para Ramírez, si bien la administración actual debe respetar la diversidad sexual no está “de acuerdo con que se imponga una dictadura de diversidad sexual”. Recordó, además, que en Bogotá se han realizado 22 mil abortos, de los cuales, el 97% se justificaron con la excusa de la salud mental de la mujer. Ramírez también criticó Canal Capital asegurando que un canal público no se puede dedicar a “sesgar y confundir” a los niños y adolescentes en la promoción “del libertinaje sexual y la ideología gay”. Esta es la carta del concejal Marco Fidel Ramírez:
Los efectos de un terremoto no terminan cuando deja de moverse la tierra. Para los espacios que albergan animales, como el Bioparque Ukumarí, en Pereira, las labores de revisión, mantenimiento y cuidado continúan incluso después de superar la emergencia.El sismo de magnitud 7,4 que ocurrió el pasado 10 de agosto en Colombia también generó preocupación en el Eje Cafetero y llevó al parque a cerrar temporalmente sus instalaciones como medida preventiva.Aunque las autoridades del parque informaron que no se presentaron daños considerables, fue necesario hacer inspecciones en la infraestructura, los hábitats y los espacios donde permanecen los animales. La prioridad durante esos días fue garantizar la seguridad de los colaboradores y de la fauna.Tras completar las revisiones, el Bioparque Ukumarí retomó la atención al público el martes 18 de agosto. Sin embargo, la necesidad de recursos para garantizar el bienestar y la protección de los animales continúa, por lo que el parque lanzó una iniciativa para que las personas puedan contribuir de diferentes maneras.Así puede ayudar a los animales del Bioparque UkumaríEl gerente del parque Raúl Murillo Betancur invitó a la ciudadanía a hacer parte de la iniciativa ‘Misión Ukumarí’ y convertirse en Guardián del Santuario mediante una membresía.De acuerdo con la información publicada por el parque, estos aportes ayudan a que su familia de fauna continúe recibiendo cuidado, bienestar y protección. Las personas pueden elegir entre diferentes opciones de membresía, con valores y beneficios distintos:Guardián de la Suricata: $50.000.Guardián del Oso: $200.000. Incluye dos entradas al Bioparque Ukumarí, parqueadero, 10 % de descuento en la tienda y certificado virtual de Guardián del Oso, con vigencia de un año.Guardián del Jaguar: $300.000. Incluye tres entradas, parqueadero, 15 % de descuento en la tienda, certificado virtual, fotografía personalizada virtual, pin de Guardián y vigencia de un año.Guardián de la Jirafa: $500.000. Incluye cinco entradas al Bioparque, parqueadero, 20 % de descuento en la tienda, certificado individual, fotografía personalizada virtual, pin de Guardián y otros beneficios asociados a la membresía.La adquisición de estas membresías puede hacerse a través de la tienda virtual del Bioparque Ukumarí, o mediante el enlace disponible en la biografía de sus redes sociales.De esta manera, quienes quieran contribuir pueden hacerlo no solo visitando el parque, sino también mediante una membresía que, además de ofrecer beneficios a sus compradores, busca aportar al cuidado de los animales que permanecen bajo protección del Bioparque.
En medio de las audiencias en las que la Fiscalía General de la Nación solicita una medida de aseguramiento contra ocho presuntos implicados en la investigación por supuesto contrabando y lavado de activos relacionado con Lili Pink, la defensa de la organización cuestionó la actuación del ente investigador y alertó por la falta de avances en varias denuncias relacionadas con mercancía decomisada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN.La defensa, encabezada por el abogado Juan David Bazanni, se opuso a la solicitud de medida de aseguramiento y cuestionó la investigación que adelanta la Fiscalía. Durante la diligencia, además, puso de presente que la compañía ha denunciado la presunta comercialización ilegal de mercancía que había sido decomisada en 2023. Según la defensa, “entre mayo y septiembre de 2023 la DIAN visitó la compañía y tras revisar menos del 1% de la mercancía objeto de fiscalización, decomisó la totalidad de la misma que correspondía a más de 3.000.000 de prendas avaluadas en $54.000 millones”. La compañía, de acuerdo con el mismo planteamiento, sostiene que “la mercancía contaba con toda la documentación exigida por la regulación vigente”.La defensa aseguró que, a raíz de lo ocurrido, en 2023 la compañía presentó una denuncia penal ante la Fiscalía y demandó ante el Consejo de Estado los actos administrativos mediante los cuales se ordenó el decomiso de la mercancía.El abogado agregó que en enero de 2026 la empresa detectó que parte de esa mercancía decomisada estaba siendo comercializada en establecimientos que, según la defensa, no estaban autorizados y no tenían vínculo con la marca. “En enero de 2026 la compañía detectó que la mercancía decomisada en 2023 estaba siendo comercializada ilegalmente en tiendas no autorizadas y sin vínculo con la marca L. Por estos hechos se interpusieron dos nuevas denuncias penales”, señaló la defensa.El cuestionamiento central está relacionado con el avance de esas investigaciones. Según la organización, “a la fecha, la Fiscalía no ha avanzado en las denuncias presentadas por la compañía en 2023 y 2026”.Durante la audiencia, el abogado Bazanni aseguró: “Prendas revendidas ilegalmente en el mercado informal. No solamente están dañando la marca, sino que además el verdadero lavado de activos, el verdadero enriquecimiento ilícito sí que lo están cometiendo los funcionarios que revendieron esta mercancía”, afirmó el abogado.En ese mismo sentido, cuestionó la hipótesis de la Fiscalía frente al supuesto lavado de activos: “A la Fiscalía le pareció brillante imputarle el delito de contrabando y de enriquecimiento ilícito y lavado de activos a todos estos señores por una mercancía que no se vendió. Si la mercancía fue aprehendida en su totalidad, dígame cómo se vendió y se convirtió en dinero y cómo después lavaron activos con ese dinero. Es imposible”. El planteamiento de la defensa se conoce además en medio de las decisiones adoptadas por jueces de control de garantías sobre elementos probatorios de la investigación. En actuaciones anteriores, jueces han declarado ilegales pruebas obtenidas por la Fiscalía, mientras continúa el proceso judicial contra los nueve señalados.Ahora, el proceso entra en una nueva etapa. La próxima semana, un juez deberá definir si impone o no una medida de aseguramiento contra los ocho investigados. La decisión determinará su situación jurídica mientras avanza la investigación por los hechos que les atribuye la Fiscalía.
Organizaciones ambientalistas y defensores del agua en Santander expresaron su rechazo a la decisión del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de revocar la resolución que había establecido una protección ambiental definitiva sobre cerca de 1.499 hectáreas de la microcuenca de la quebrada La Baja, en el municipio de California, dentro del ecosistema de Santurbán.La medida fue adoptada mediante la Resolución 1037 del 13 de agosto de 2026, con la que el Ministerio revocó directamente la Resolución 0994 del 6 de agosto de 2026, que había declarado la Reserva de Recursos Naturales Renovables de carácter definitivo “La Baja”, en la zona del páramo de Santurbán. La decisión generó fuertes cuestionamientos entre sectores ambientalistas, que consideran que la eliminación de esta figura de protección abre nuevamente la discusión sobre el futuro de la minería a gran escala en una zona estratégica para el abastecimiento de agua de Santander.“Está en riesgo el agua de cerca de 2 millones de personas”, señalaron sectores ambientalistas, quienes anunciaron acciones jurídicas y movilizaciones para defender el páramo de Santurbán y rechazaron cualquier decisión que, según ellos, pueda favorecer proyectos mineros en la región.La controversia también está relacionada con el proyecto minero Soto Norte, de la multinacional Aris Mining, cuyo desarrollo ha sido objeto de un amplio debate ambiental, social y jurídico en Santander.Frente a las críticas, el ministro de Ambiente, Fabio Arjona, explicó que la decisión no implica eliminar la obligación de proteger La Baja, sino retrotraer el procedimiento para garantizar la participación efectiva de los diferentes actores involucrados.Según el funcionario, la decisión adoptada por el anterior Gobierno un día antes de finalizar su mandato presentó problemas jurídicos y procedimentales, entre ellos la existencia de recusaciones contra la entonces ministra Irene Vélez y una tutela que había sido admitida y se encontraba pendiente de resolución por una posible vulneración del derecho a la participación.Arjona sostuvo que un juez ordenó reiniciar el procedimiento por posibles vulneraciones de ese derecho. Por esta razón, el Ministerio considera necesario realizar nuevamente una evaluación técnica y jurídica integral sobre la protección de La Baja.“Lo que estamos haciendo no elimina la necesidad de proteger La Baja”, explicó el ministro, al señalar que el proceso debe garantizar la participación de las comunidades y demás actores involucrados en el tema de Santurbán. El funcionario defendió además que las decisiones ambientales deben contar con respaldo científico, seguridad jurídica, transparencia y participación efectiva.El Comité por la Defensa de Santurbán le respondió al ministro Arjona. "La resolución que usted tumbó no es la de delimitación progresiva. Es la que prohibía la minería en cerca de 1.500 hectáreas en Santurbán, casualmente justo donde está el título de la multinacional Aris Mining, la misma empresa que usted ha puesto en medios como ejemplo de minería para replicar en Santurbán". Señalan los ambientalistas que "el fallo judicial ordenaba rehacer la consulta, no revocar la reserva ambiental definitiva. No vamos a permitir que desmonten la normatividad que protege Santurbán para abrirle la puerta a las multinacionales". La revocatoria vuelve a poner a Santurbán en el centro del debate ambiental de Santander. El páramo es considerado un ecosistema estratégico por su importancia en la regulación hídrica y el abastecimiento de agua de numerosas comunidades.La discusión enfrenta nuevamente dos posiciones: por un lado, organizaciones ambientales y sectores ciudadanos que reclaman mayores garantías para proteger las fuentes hídricas y los ecosistemas de Santurbán; y por otro, sectores que cuestionan decisiones adoptadas sin suficiente participación o sustento jurídico y que reclaman procesos ambientales con mayor rigor técnico.Para los ambientalistas, la revocatoria representa una señal de alerta y anunciaron que continuarán con acciones jurídicas y de movilización sociales para defender la protección del páramo.Desde el Ministerio, entretanto, se insiste en que la decisión no constituye una autorización automática para desarrollar actividades mineras en La Baja, sino el reinicio del procedimiento para definir, bajo nuevas evaluaciones técnicas y jurídicas, cuál debe ser la figura de protección aplicable al área.La quebrada La Baja se encuentra en el municipio de California, en el área de influencia del Macizo de Santurbán, territorio donde durante años se ha desarrollado una intensa controversia alrededor de la minería y la protección de las fuentes de agua.La Resolución 0994, expedida el 6 de agosto, había establecido una reserva definitiva sobre aproximadamente 1.499 hectáreas y, entre sus efectos, restringía el otorgamiento de nuevos contratos, autorizaciones o licencias para proyectos de mediana y gran minería dentro del área protegida.Con la Resolución 1037 del 13 de agosto, esa medida fue revocada directamente. El Ministerio sostiene que ahora deberá adelantarse un nuevo proceso que garantice la participación de todos los actores y permita determinar, con criterios científicos y jurídicos, las medidas de protección que deberán aplicarse en La Baja.La decisión promete mantener abierto uno de los debates ambientales más sensibles de Santander y el país: cómo garantizar la protección del agua y la biodiversidad de Santurbán mientras se definen las condiciones jurídicas para cualquier actividad económica en este territorio.
Un operativo de la Policía permitió afectar la estructura delictiva conocida como ‘Lucifer’, señalada de dedicarse al tráfico de estupefacientes en el barrio La Favorita, localidad de Los Mártires, en el centro de Bogotá.La intervención contó con la participación de más de 300 uniformados de diferentes especialidades, quienes adelantaron procedimientos simultáneos en 10 establecimientos conocidos como ‘pagadiarios’, utilizados, según las autoridades, para actividades relacionadas con el tráfico y comercialización de drogas.Durante el operativo fueron capturadas cinco personas mediante orden judicial, señaladas de pertenecer al Grupo de Delincuencia Común Organizado (GDCO) ‘Lucifer’. Los detenidos deberán responder por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes. Entre los capturados se encuentran alias ‘La Negra’, quien, según la investigación, cumpliría funciones como administradora de la estructura, y alias ‘Vicente’, ‘Mechas’, ‘Gafas’ y ‘El Viejo’, señalados como expendedores de estupefacientes en la zona.De acuerdo con la Policía, la organización criminal obtenía rentas cercanas a los $5 millones diarios producto de la comercialización de drogas. Durante los procedimientos fueron incautadas 1.300 dosis de estupefacientes, entre marihuana, bazuco y cocaína.Además, las autoridades encontraron más de $3 millones en efectivo, un arma traumática y varias armas cortopunzantes, elementos que quedaron a disposición de las autoridades competentes dentro del proceso judicial. Uno de los hallazgos que llamó la atención de los investigadores fue que dos de los inmuebles intervenidos tenían medidas vigentes de extinción de dominio desde 2018. A pesar de esta medida, según la Policía, los predios continuaban siendo utilizados como puntos para el expendio de estupefacientes.Las autoridades también señalaron que los capturados registran anotaciones judiciales por diferentes conductas, entre ellas fuga de presos, hurto, violencia intrafamiliar, tráfico de estupefacientes, amenazas, lesiones personales y violencia contra servidor público.
Gremios y empresas privadas de Antioquia y del Valle del Cauca concretaron una bolsa de recursos que asciende a los 420.000 millones de pesos para afrontar la crisis humanitaria y la restauración de la infraestructura destruida en el territorio nacional.La directora ejecutiva de Propacífico, María Isabel Ulloa, confirmó en Mañanas Blu que las compañías del suroccidente colombiano aseguraron un fondo inicial de 220.000 millones de pesos para intervenir las regiones con mayores afectaciones."Alrededor de 30.000 millones estar muy enfocados en esta emergencia, en la emergencia que, como bien lo ha dicho el gobierno, esta etapa dura al menos 3 meses más", explicó Ulloa.La vocera gremial precisó que la prioridad operativa del empresariado vallecaucano se concentrará en Cali, Buenaventura y los municipios del norte del departamento, priorizando el levantamiento de colegios y centros asistenciales golpeados.Por su parte, la presidenta de Proantioquia, Juliana Velásquez, informó que el sector empresarial de su región comprometió 200.000 millones de pesos. Los fondos se canalizarán a través del Fondo Milagro, fundaciones y organizaciones territoriales.Velásquez destacó que los trabajadores de las firmas asociadas también realizan aportes voluntarios directos desde sus nóminas para fortalecer la bolsa de ayuda humanitaria."En Proantioquia tenemos aproximadamente 70 afiliados que deben estar reuniendo alrededor de los 400.000 empleados en todo el país", afirmó la presidenta de la entidad.La líder de la organización antioqueña planteó formalmente al Gobierno nacional la creación del esquema 'reconstrucción por impuestos', inspirando la propuesta en el modelo de obras por impuestos.Esta alternativa busca ampliar el cupo del Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) para ejecutar intervenciones directas en las poblaciones declaradas en estado de desastre.
