El gerente de la campaña 'Duque Presidente', Luis Guillermo Echeverri, se presentó ante los representantes investigadores de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes en el marco de la investigación que adelanta esta célula del Congreso dentro del llamado caso de la 'Ñeñepolítica'.El llamado de Luis Guillermo Echeverri hace parte de una denuncia que presentó el representante David Racero en el expediente que cursa en la Comisión de Acusación, en uno de los casos por la 'Ñeñepolítica', luego de unas declaraciones que entrego la excongresista Aida Merlano a un medio de comunicación.La diligencia que se realizó de manera virtual estuvo presente Luis Guillermo Echeverri y su abogado, el representante del presidente de la República Iván Duque, junto al ministerio público y los representantes Gabriel Vallejo y Wilmer Leal.La declaración de Echeverri duró cerca de dos horas y en ella respondió las inquietudes de los representantes investigadores sobre el ingreso de los recursos a la campaña 'Duque Presidente' en un cuestionario de 18 preguntas que hicieron dos de los tres representantes investigadores.Así mismo, se conoció que los representantes investigadores solicitarán que sean escuchados los coordinadores departamentales a la tesorería de la campaña para que sean respondidas algunas inquietudes que tienen.BLU Radio conoció que uno de los representantes alista un auto en el que solicitará al magistrado de la Corte Suprema de Justicia Marco Antonio Rueda las declaraciones que entregaron Julián Rojas y María Claudia 'Caya' Daza, de la UTL del expresidente Álvaro Uribe; María Mónica Urbina, exesposa de 'Ñeñe' Hernández; y Nubia Stella Martínez, directora del Partido Centro Democrático, en este tribunal.Siga y escuche el podcast de El Consultorio:
La Corte Suprema de Justicia reactivó la indagación preliminar que adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe desde 2020, por su presunta relación con el ingreso de dineros ilícitos a la campaña presidencial de Iván Duque.Este lunes, la corte escuchó a la exreina María Mónica Urbina para establecer si conocía de los aportes que hizo su difunto esposo, José Guillermo el ‘Ñeñe’ Hernández, a la campaña.A su salida de la breve diligencia ante el magistrado Misael Rodríguez de la sala de instrucción, Urbina negó que su esposo haya tenido nexo alguno con el expresidente Uribe ni con el senador Edward Rodríguez, de quienes la corte averigua.La denuncia fue elevada por los periodistas Gonzalo Guillén y Daniel Mendoza, quienes revelaron unas conversaciones del asesinado exganadero 'Ñeñe' Hernández, en las que se habla de un presunto ingreso de dineros ilícitos en la campaña presidencial de Duque. En estos audios también aparece mencionado Uribe.En la sala de instrucción se investiga por este caso al expresidente por presuntos delitos de corrupción al sufragante y financiación ilícita de campañas electorales, por lo que fue llamada la exreina a entregar declaración como testigo.Los audios recogidos por la Fiscalía en el 2018 fueron hechos al teléfono del fallecido Hernández, quien era investigado por el homicidio de Óscar Rodríguez y sus posibles vínculos con la estructura criminal de Marquitos Figueroa en la Guajira.En este expediente están citadas para el martes y miércoles la exasesora del Senado Claudia Daza, conocida como Cayita Daza, Nubia Stella Martínez del Centro Democrático y el exasesor del exsenador Uribe, Fabio Rojas.Escuche el podcast de Ser campeón viene con manual aquí:
Durante una operación denominada ‘Hora Cierta’, que se realizó en Sao Paulo, Brasil, cayó uno de los presuntos implicados en el crimen de José ‘Ñeñe’ Hernández, quien perdió la vida en medio de un atraco en ese país, cuando salía de una exposición ganadera a la que asistía el pasado primero de mayo. De acuerdo con las declaraciones que rindieron las autoridades a los medios brasileños, el capturado es un hombre de 31 años que, al parecer, hace parte de una banda dedicada al robo de relojes de lujo. De hecho, las investigaciones han revelado que durante el evento al que asistió el ganadero cesarense se registraron varios robos, sobre todo, de relojes marca Rolex, como el que le hurtaron al Ñeñe. Lea también: Revelan video del asalto en el que asesinaron a José ‘Ñeñe’ Hernández El día del crimen, el esposo de la exreina María Mónica Urbina salió del evento ganadero, tomó un taxi y unas cuadras más adelante fue interceptado por hombres en motocicleta que lo balearon cuando intentaron despojarlo de su reloj. El hombre capturado sería el informante de la banda y quien conducía el carro donde se movilizaba la víctima. El conductor de la motocicleta y quien disparó contra el Ñeñe ya está identificado, por lo que las autoridades también trabajan en su captura.
A través de redes sociales, distintas personalidades de la política, el sector ganadero y la música han expresado su solidaridad con los familiares de José ‘El Ñeñe’ Hernández, ganadero cesarense que fue asesinado en Brasil en medio de un atraco.Una de las personas que se refirió a este infortunado hecho fue el senador Álvaro Uribe Vélez, quien trinó: “Causa mucho dolor el asesinato de José Guillermo Hernández, finquero del Cesar, asesinado en un atraco en el Brasil donde asistía a una feria ganadera”.Por este medio también se pronunció el cantante vallenato ‘Poncho’ Zuleta, quien escribió: “De manera sentida hoy recibimos la trágica noticia de la partida mi hermano, mi gran amigo y compañero en la actividad ganadera José ‘Ñeñe’ Hernández. Solo nos queda la fuerza de Dios del cielo para asimilar tu partida inesperada”. Lea también: Asesinan en Brasil al esposo de la exseñorita Colombia María Mónica Urbina El presidente de la Federación de Ganadero, José Félix Lafaurie, señaló que el ‘Ñeñe’, además de ganadero, era una persona querida en el medio regional.Quienes no se han pronunciado hasta el momento han sido sus familiares en Valledupar, pues han preferido manejar la situación de manera reservada.Más detalles del homicidioSe pudo establecer que, a más tardar el lunes, estarían llegando a Colombia los restos del ganadero asesinado, quien participaba en una feria en Brasil.‘El Ñeñe’ Hernández, esposo de la exseñorita Colombia María Mónica Urbina Pugliese, tenía planeado regresar al país el viernes para posteriormente hacer un viaje familiar a España.Las autoridades brasileñas han establecido que la víctima, previo a su asesinato, iba en un taxi en compañía de una mujer. A la altura del parque Fernando Costa, en el municipio de Uberaba, del estado de Minas Gerais, fue interceptado por sujetos en moto que intentaron despojarlo de un reloj Rolex. Al parecer el ‘Ñeñe’ se opuso al asalto y los delincuentes en represalia lo balearon.Investigado por asesinatoLuego de conocerse el asesinato del ganadero se estableció que esta persona estaba vinculada a una investigación de la Fiscalía por el homicidio del joven Óscar Rodríguez Pomar, ocurrido en agosto de 2011 en el barrio El Prado de Barranquilla.Según el abogado Miguel De los Ríos, apoderado de los familiares de la víctima de este hecho, el ente acusador había empezado una investigación contra José Hernández como uno de los presuntos autores intelectuales del asesinato de Óscar Rodríguez, hijo del reconocido sastre barranquillero Carlos Rodríguez, contra quien iba dirigido el atentado.“Eso fue hace ocho años, al parecer, por unos préstamos que se debían (a Carlos Rodríguez) y por no pagarlos ordenaron su asesinato, pero por error le quitaron la vida a su hijo”, dijo De los Ríos a BLU Radio.“Lamentamos que haya sido el destino el que intervino, pero la investigación iba muy fuerte y teníamos fe en la Fiscalía en que se podían hacer unas imputaciones próximamente”, dijo el abogado de las víctimas.
La disputa por el control del microtráfico, las extorsiones, el tráfico de armas, el cobro ilegal bajo la modalidad del "gota a gota" y otras rentas criminales está agravando la situación de seguridad en el área metropolitana de Bucaramanga. Ese es el principal diagnóstico de la Defensoría del Pueblo, que emitió la Alerta Temprana 015 de 2026 para Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta.El organismo advirtió que esta confrontación entre organizaciones criminales está incrementando el riesgo de graves violaciones a los derechos humanos. Entre ellas identificó desapariciones forzadas, extorsiones, secuestros, amenazas, violencia basada en género, violencia sexual, trata de personas, restricciones a la movilidad, homicidios selectivos, homicidios múltiples y ataques armados.Según la Defensoría, la problemática ya no responde únicamente a hechos aislados de delincuencia común, sino al fortalecimiento de estructuras criminales que buscan consolidar el control territorial y económico en sectores urbanos y periféricos de los cuatro municipios metropolitanos.El documento advierte que uno de los fenómenos de mayor preocupación es la consolidación de alianzas entre grupos delincuenciales y otros actores armados para controlar barrios estratégicos, imponer fronteras invisibles y fortalecer las rentas derivadas del microtráfico y otras actividades ilícitas.La alerta también identifica un crecimiento acelerado del mercado de drogas sintéticas, considerado una nueva fuente de ingresos para las organizaciones criminales, especialmente por su expansión en escenarios de recreación y entre población joven.Otro de los hallazgos del informe es que algunas estructuras delincuenciales continuarían coordinando actividades criminales desde establecimientos penitenciarios, entre ellos la cárcel de Palogordo, desde donde, según la Defensoría, seguirían ordenándose extorsiones y otros delitos de alto impacto.La entidad advirtió que entre las poblaciones más expuestas se encuentran niños, niñas y adolescentes, mujeres, líderes sociales, comerciantes, transportadores, población migrante y personas en condición de vulnerabilidad, quienes enfrentan mayores riesgos por la expansión de estas organizaciones.Frente a este panorama, la Defensoría pidió a la Gobernación de Santander, las alcaldías de Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta, la fuerza pública y la Fiscalía General de la Nación adoptar medidas urgentes para contener el avance de estas estructuras criminales.Entre las recomendaciones se encuentran la implementación de intervenciones focalizadas en las zonas con mayor incidencia delictiva, el fortalecimiento de la seguridad en colegios, escenarios deportivos, plazas de mercado y corredores viales, además de acciones para proteger a las personas desplazadas y en procesos de retorno.Finalmente, la Defensoría insistió en que la respuesta institucional debe ir más allá del aumento de operativos policiales y concentrarse en desmantelar las fuentes de financiación de las organizaciones criminales, atacando delitos como el microtráfico, la extorsión, el tráfico de armas, la usura bajo la modalidad del "gota a gota", la explotación sexual y la utilización de niños, niñas y adolescentes para actividades delictivas, con el propósito de evitar que la crisis de seguridad continúe profundizándose en el área metropolitana de Bucaramanga.
Un juez dictó medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de un ciudadano venezolano de 39 años, quien fue capturado el pasado viernes 3 de julio tras intentar detonar un artefacto explosivo en la Plaza de Botero de Medellín.El sujeto deberá responder por los delitos de terrorismo, así como de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido o explosivos.Esta historia comenzó cuando el Grupo de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional llegó hasta las inmediaciones de este sitio emblemático y uno de los más visitados por turistas, lograron ubicar un bolso donde incautaron una barra de pentolita, un potente explosivo compuesto de alta potencia, además un rollo de cordón detonador y cinco cilindros con conexión eléctrica.Asimismo, el hombre trasladaba un extintor alterado con cableado externo, un medidor de continuidad, un soldador, dos dispositivos de comunicación por radio y dos teléfonos móviles, instrumentos que supuestamente se destinarían a la activación de los mismos.Las autoridades buscan determinar el blanco exacto del atentado y si el implicado actuaba en complicidad con redes terroristas o bandas criminales que operan en Antioquia.
Faltando pocos meses para que se cumplan diez años de la firma del Acuerdo Final de Paz entre el Estado y las extintas Farc, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado al próximo Gobierno, al Congreso de la República y a las demás instituciones del Estado para que la garantía de los derechos de las víctimas del conflicto armado y la no repetición de la violencia se mantengan como una prioridad en la agenda pública.El pronunciamiento se produjo tras la publicación del sexto informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), denominado "Tejidos para la reparación", que evalúa los avances y los retos en la implementación de las medidas orientadas a reparar a las víctimas y consolidar la paz.La Defensoría destacó que el informe reconoce progresos importantes en la política de atención a las víctimas. Entre ellos mencionó la prórroga de la Ley de Víctimas y el incremento en el número de personas víctimas de violencia sexual que han recibido indemnización.También mencionó los avances en restitución de tierras, el reconocimiento de responsabilidades por parte del Estado, el fortalecimiento de la búsqueda de personas desaparecidas y la expedición del documento CONPES sobre soluciones duraderas para la población desplazada.No obstante, la entidad advirtió que aún existen rezagos significativos. El informe señala que la implementación de la reparación colectiva para pueblos étnicos, mujeres y personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas continúa siendo limitada. También identifica desafíos en la atención a las víctimas que permanecen en el exilio.La Defensoría coincidió con el Comité en que la estructura institucional creada hace 15 años para atender a las víctimas ha sido desbordada por la dimensión del conflicto armado y enfrenta restricciones presupuestales que dificultan el cumplimiento de las obligaciones del Estado.En ese contexto, la entidad resaltó la importancia de la Comisión de Financiamiento de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras como un mecanismo para buscar alternativas que fortalezcan la capacidad institucional y permitan garantizar una respuesta más efectiva.En ese contexto, la Defensoría hizo un llamado al Gobierno de Abelardo De La Espriella, que asumirá funciones el próximo 7 de agosto, al Congreso y a las entidades estatales para convertir las recomendaciones de la Comisión de la Verdad en decisiones concretas que fortalezcan la reparación integral, la memoria, la construcción de paz y las garantías de no repetición.
Un sargento del Ejército fue asesinado por sujetos en Montería que lo atacaron cuando comía con su familia en un restaurante del barrio La Castellana. El gobernador de Córdoba rechazó el homicidio del suboficial oriundo de la ciudad de Bogotá.El sargento del Ejército, identificado como Jesús David Vargas Flórez, de 38 años, fue víctima de un ataque en la noche de este viernes cuando se encontraba con su familia en un restaurante ubicado sobre la calle 60 con avenida Circunvalar, barrio La Castellana, en el norte de Montería.Según el reporte de la Décima Primera Brigada, unidad orgánica de la Séptima División, hasta el exclusivo sector llegaron dos sujetos que se movilizaban en motocicleta y el parrillero le disparó al suboficial, “propinando 3 disparos en lo que al parecer sería un intento de hurto”.El coronel Héctor Ruiz, comandante de la Policía Metropolitana de Montería, indicó que junto a la Fiscalía y el Ejército iniciaron las investigaciones para dar con los responsables y las razones que motivaron el homicidio del miembro de las fuerzas militares, adscrito a la Brigada Once del Ejército y que era oriundo de Bogotá.“Estamos realizando esta labor investigativa para pronto dar resultados, sobre todo para los niños y la esposa que acaban de perder a su marido”, expresó el coronel Ruiz.Erasmo Zuleta, gobernador de Córdoba, también rechazó el asesinato del suboficial del Ejército Nacional y expresó su solidaridad con su familia, sus compañeros y la fuerza pública.“Esperamos que este crimen sea esclarecido cuanto antes y que los responsables respondan ante la justicia. No permitiremos que quienes atentan contra la vida crean que pueden actuar con impunidad”.En ese sentido, el alcalde de Montería, Hugo Kerguelen, se unió a las voces que lamentaron la muerte del uniformado y pidió que su crimen sea esclarecido cuanto antes y que los responsables respondan ante la justicia.“Detrás del uniforme había un esposo y un padre. Eso es lo primero que hay que decir. Ninguna vida en Montería puede terminar así. Estamos en coordinación con la Policía y la Brigada 11, y acompañaremos a las autoridades hasta que este crimen tenga responsables con nombre propio. A su familia: no están solos”, concluyó el mandatario distrital.
A través de un comunicado a la opinión pública, el Comité Intergremial de Santander manifestó su preocupación por el ambiente político que vive el país e invitó a los diferentes sectores a rodear la institucionalidad democrática, respetar la voluntad expresada por los ciudadanos en las urnas y generar confianza en las instituciones.En el pronunciamiento, el Comité aseguró que la fortaleza del país depende del respeto por las reglas democráticas y del diálogo entre quienes tienen diferencias políticas, con el propósito de brindar tranquilidad y certidumbre a los colombianos.Los gremios también ratificaron su reconocimiento a la labor desarrollada por la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral, entidades encargadas de garantizar el desarrollo del proceso electoral, e insistieron en la importancia de respetar los resultados oficiales como una muestra de confianza en las instituciones.Asimismo, señalaron que, una vez superada la contienda electoral, el país debe concentrar sus esfuerzos en construir consensos que permitan avanzar en temas como la generación de empleo, la reactivación económica y el fortalecimiento de la inversión.El Comité advirtió que la estabilidad institucional y la seguridad jurídica son factores fundamentales para mantener la confianza de los inversionistas y promover el crecimiento económico, por lo que invitó a los líderes políticos, sociales y económicos a trabajar de manera conjunta por la unidad nacional.El pronunciamiento fue respaldado por cerca de una veintena de organizaciones empresariales y productivas del departamento, entre ellas la Cámara de Comercio de Bucaramanga, Fenalco Santander, Camacol Santander, Andi Seccional Santander, Cotelco Santander, Fedepalma, ACIEM Santander, Anato Oriente, Fasecolda, Confecoop Oriente, la Federación de Ganaderos de Santander, la Sociedad Colombiana de Arquitectos, la Sociedad Santandereana de Ingenieros, Prosantander, Ascolfa, Fenavi Santander y el Comité de Cafeteros de Santander, entre otros gremios que representan sectores clave de la economía regional.
