La Fiscalía de Perú solicitó 15 años de pena privativa de la libertad para el expresidente Martín Vizcarra (2018-2020), por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo propio durante su época como gobernador del sureño departamento de Moquegua, anunció el Ministerio Público este viernes en su perfil de Twitter."(El) equipo Lava Jato formuló ayer requerimiento acusatorio contra Martín Vizcarra Cornejo y solicitó 15 años de pena privativa de la libertad por el delito de cohecho pasivo propio", indicó el mensaje del Ministerio Público.Detalló que la acusación fiscal incluye dos hechos, por una parte el proyecto "Lomas de Ilo", y por otra el proyecto "Ampliación y Mejoramiento del Hospital Moquegua", señaló.Además, la Fiscalía pidió contra Vizcarra nueve años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.En 2020, el fiscal Germán Juárez, del equipo que investiga el caso Lava Jato en Perú, solicitó ya en dos ocasiones interrogar a Vizcarra, pues las empresas ganadoras de las licitaciones en el departamento de Moquegua, donde fue un popular gobernador regional, son también investigadas al estar comprometidas en el "club de la construcción", un grupo de compañías supuestamente se repartían las obras públicas a cambio de millonarios sobornos.La Fiscalía peruana informó este viernes que ha conseguido reactivar el mecanismo de Cooperación Judicial Internacional con las autoridades brasileñas en relación al caso Odebrecht, suspendido el pasado 1 de noviembre tras un pedido de la compañía."Los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, junto a la procuradora ad Hoc, Silvana Carrión Ordinola, suscribieron el acta con la cual los representantes de la empresa CNO (Odebrecht) solicitan a la Procuraduría General de Brasil que reactive las solicitudes de cooperación internacional de la fiscalía peruana", reza un comunicado del Ministerio Público.La decisión inicial del Ministerio Público Federal de Brasil fue adoptada como respuesta a una demanda de Novonor, antigua Odebrecht, que denunció la violación por parte de las autoridades peruanas del acuerdo firmado entre ambas partes, que incluye la "no utilización de pruebas producidas en Brasil" contra la empresa en aquella jurisdicción.Le puede interesar
El expresidente del Perú Martín Vizcarra (2018-2020) informó este domingo que él y su esposa, la ex primera dama Maribel Díaz, dieron positivo en COVID-19 y presentan síntomas de la enfermedad, luego de haberse vacunado en secreto en el escándalo del "Vacunagate"."Pese a los cuidados necesarios para evitar llevar el virus a casa, mi esposa y yo hemos dado positivo al COVID y somos sintomáticos", escribió Vizcarra en su cuenta oficial de Twitter.El exmandatario agregó que su familia está "tomando las medidas de aislamiento necesarias" e instó a la ciudadanía a "no bajar la guardia".INHABILITADO POR 10 AÑOSEl anuncio de Vizcarra llegó apenas una semana después de que el Congreso peruano lo inhabilitara para ejercer cualquier cargo público durante diez años por haberse vacunado en secreto en 2020, cuando era presidente de la República.En el llamado caso "Vacunagate peruano", al menos un centenar de funcionarios públicos, familiares e invitados recibieron irregularmente la candidata a vacuna del laboratorio chino Sinopharm, entre los cuales estuvieron Vizcarra, su esposa y su hermano mayor.En un primer momento, el exmandatario informó que él y su esposa se habían vacunado contra el coronavirus como parte de los 12.000 voluntarios que participaron de los ensayos clínicos que Sinopharm realizó en el Perú.Ante ello, el Parlamento abrió una investigación en su contra y, tras convertirse en el candidato más votado para el Congreso en las elecciones generales del pasado 11 de abril, fue inhabilitado políticamente.
El Congreso peruano aprobó inhabilitar este viernes por 10 años para ejercer cargos públicos al popular expresidente Martín Vizcarra señalado de haberse vacunado de manera irregular contra el COVID-19.De esta manera el exmandatario (2018-2020), quien fue el más votado de las elecciones legislativas del domingo con más de 165.000 sufragios, no podrá ocupar su escaño en el próximo parlamento."Ha sido aprobada la resolución del Congreso por la que se inhabilita por diez años para el ejercicio de la función pública al expresidente Martín Vizcarra", dijo la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez.Ni Vizcarra y ni su abogado Fernando Ugaz asistieron a la sesión del Congreso, pero el exmandatario denunció un Parlamento "deslegitimado" y prometió que recurrirá la decisión ante la Justicia."No tenemos ninguna duda que esta situación se va revertir. Este Congreso está deslegitimado, vamos a recurrir a instancias nacionales e internacionales", dijo Vizcarra tras salir de su casa en la capital peruana."Ya hemos presentado un recurso de amparo ante el Poder Judicial, también se ha presentado una medida ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos", agregó.El Congreso también inhabilitó a las exministras del actual presidente interino Francisco Sagasti, Pilar Mazzetti (Salud, por ocho años) y Elizabeth Astete (Relaciones Exteriores, por un año), también señaladas de haberse vacunado de manera irregular.La medida contra Vizcarra fue aprobada por 86 votos, sin voces en contra ni abstenciones, superando los 80 votos necesarios para sacarlo de carrera. Varios de los 130 congresistas no pudieron votar en la sesión virtual y otros no se presentaron.Vizcarra, que llegó al poder en 2018 tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, del que era vicepresidente, ha admitido que recibió dos dosis de la vacuna china de Sinopharm antes de que ésta fuera aprobada en diciembre por las autoridades sanitarias, pero niega haberlo hecho de forma irregular.Según el expresidente él, su esposa y su hermano fueron voluntarios de un ensayo clínico.Sin embargo, esas declaraciones fueron rechazadas por el jefe del ensayo clínico, el doctor Germán Málaga, quien también enfrenta cuestionamientos y fue destituido de su cargo."Vizcarra se estaba vacunando cuando el Perú registraba su más alta tasa de mortalidad y contagios. Merece la mayor sanción pues mintió y usó mal su cargo de presidente", dijo este viernes el legislador Alí Mamani al exponer el caso contra Vizcarra durante las cinco horas de debate parlamentario.La inhabilitación es la sanción "idónea", añadió.La comisión permanente del Congreso había aprobado hace ocho días la acusación de inhabilitación contra Vizcarra por 26 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones. También aprobó la inhabilitación para ejercer cargos públicos de las dos exministras.
La Fiscalía peruana abrió este lunes una investigación preliminar contra el renunciado presidente Manuel Merino, el número dos de su fugaz gobierno y su ministro del Interior por sus presuntas responsabilidades en las muertes de dos manifestantes, informó la fiscal nacional, Zoraida Ávalos.Esta investigación preliminar por "abuso de autoridad y homicidio doloso" va dirigida contra Merino, su jefe de gabinete, Ántero Flores Aráoz, y su ministro del Interior, Gastón Rodríguez, por la muerte de dos manifestantes el sábado aparentemente por perdigones disparados por la policía, dijo Ávalos, quien prometió que estos hechos "no quedarán impunes".La causa, abierta un día después de la renuncia de Merino, también puede abarcar a otros presuntos responsables y no solo por las muertes de Inti Sotelo (24 años) y Jack Pintado (22), sino también por las "lesiones graves" de decenas de otros manifestantes, dijo la fiscal.Precisó que la investigación también abarca posibles casos de "desaparición forzada", porque hay nueve manifestantes cuyo destino se desconoce desde el sábado. Inicialmente eran más de 40, pero los restantes aparecieron el domingo.Perú se encuentra este lunes en la incertidumbre sin presidente ni jefe del Congreso, mientras el Tribunal Constitucional se apresta a dictar un tardío fallo sobre un recurso del destituido presidente Martín Vizcarra que puede generar nuevas controversias.El Congreso peruano tiene previsto sesionar la tarde de este lunes para tratar de escoger a un nuevo mandatario que reemplace a Merino, una semana después de destituir a Vizcarra por "incapacidad moral" y desatar la peor crisis política en dos décadas en el país.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), exigió este domingo una investigación "inmediata" y establecer responsabilidades tras la muerte de dos personas ayer, sábado, durante las protestas multitudinarias por la crisis política en Perú.En un hilo de tuits, este organismo independiente de la Organización de Estados Americanos (OEA) condenó la muerte de dos personas este 14 de noviembre "durante acciones de represión estatal a las protestas multitudinarias por la crisis política originada por la vacancia (destitución) presidencial, y exige investigar inmediatamente los hechos y establecer responsabilidades".En ese sentido, insistió en que "rechaza enfáticamente la violencia policial contra manifestantes; y recuerda al Estado que el uso de la fuerza se rige por los principios de excepcionalidad, legalidad, necesidad y proporcionalidad, así como por la máxima restricción en el uso de armas de fuego".Además advirtió de que no hay información precisa sobre el número de heridos, ya que, pese a que los datos oficiales indican que más de 110 lesionados recibieron atención en centros de salud, no se sabe la cifra exacta de los que fueron atendidos en instalaciones privadas.También señaló que no se conoce el número de detenidos durante la jornada del sábado y destacó que tanto la Defensoría de Perú como organizaciones de derechos humanos se han enfrentado a "obstáculos" para acceder a los datos policiales.Por ello, la CIDH se sumó al llamamiento de la Defensoría de Perú para que se dé a conocer la lista de detenidos, además de recordar que "la detención por el solo hecho de protestar es contraria al derecho internacional".La represión de la masiva marcha de protesta ciudadana contra el todavía ayer presidente de transición peruano, Manuel Merino, dejó un balance de dos personas muertas, 94 heridos -63 de ellos hospitalizados- y 42 ciudadanos desaparecidos, según reportaron organismos de derechos humanos y fuentes hospitalarias.Merino anunció este domingo su dimisión "irrevocable" a la Presidencia de Perú e instó a la "paz y la unidad", un paso que abre camino a la solución de la grave y profunda crisis política que afronta el país desde que asumió el poder hace una semana.Merino, que era el presidente del Congreso, asumió el poder tras la destitución de Martín Vizcarra, aprobada por Legislativo de Perú, tras debatir la llamada "moción de vacancia" impulsada contra el mandatario por acusaciones de que cometió actos de corrupción cuando era gobernador de la provincia sureña de Moquegua (2011-2014).
Perú vivió el sábado otra jornada de protestas con marchas y cacerolazos en rechazo al gobierno de Manuel Merino, el jefe del Congreso que asumió como presidente el martes luego de que el Parlamento destituyera a Martín Vizcarra en un polémico juicio relámpago.Miles de indignados, en su mayoría jóvenes menores de 25 años, se lanzaron a las calles en varias ciudades para pedir la renuncia de Merino, en rechazo a lo que consideran un golpe parlamentario.La mayor marcha atrajo en Lima a miles de personas que convergieron desde distintos puntos de la capital en la plaza San Martín, epicentro de protestas en la zona histórica de la ciudad.La policía recurrió otra vez a gases lacrimógenos y gases pimienta lanzados desde helicópteros para dispersar a manifestantes que amenazaban con marchar hacia la sede del Congreso.Los jóvenes llevaban carteles con lemas como "Merino, no eres mi presidente", "Merino impostor", "Perú despertó", y avanzaron por las calles al ritmo de batucadas y cánticos.Las autoridades municipales de Lima, cuyo alcalde pertenece al mismo partido que Merino, Acción Popular (centroderecha), apagaron el alumbrado público de la plaza San Martín cuando el recinto se colmaba. La señal de internet también se apagó para evitar comunicaciones.Simultáneamente un grupo de manifestantes se acercó a los alrededores de la vivienda de Merino, al este de Lima, con cacerolas y tambores.Tanquetas militares circularon por las inmediaciones de un centro comercial del de San Miguel.El presidente de la asamblea episcopal instó al Gobierno a dialogar y respetar el derecho de protesta de la población.El primer ministro, Antero Flores Aráoz, un político conservador de viejo cuño de 78 años, descartó que el presidente vaya a dar un paso al costado por las protestas.Merino debe completar el actual mandato, que expira el 28 de julio de 2021 luego de las elecciones del 11 de abril.Desde el martes, miles de personas han salido a las calles de Lima y otras ciudades en defensa de Vizcarra, un político sin partido ni bancada en el Congreso pero muy popular, y para protestar contra el gobierno de Merino, cuya legalidad y legitimidad cuestionan.El Congreso destituyó a Vizcarra el lunes bajo la acusación de "incapacidad moral" a raíz de una investigación fiscal por dos presuntas coimas de 600.000 dólares cuando era gobernador de la región de Moquegua en 2014. El exmandatario lo niega.
El destituido presidente peruano Martín Vizcarra cuestionó este martes la "legalidad y legitimidad" de su sucesor Manuel Merino, luego que éste asumiera el poder en el Congreso en medio de protestas en las calles."Tengo preocupación, como la tienen muchos peruanos, porque una autoridad para poder ejercer su autoridad necesita dos principios y condiciones básicas: legalidad y legitimidad", dijo Vizcarra al día siguiente de ser destituido por "incapacidad moral" por el Congreso.Mientras Vizcarra declaraba, en las calles y plazas del centro histórico de Lima, la policía reprimía con gases antimotines para dispersar a numerosos grupos de manifestantes.El Tribunal Constitucional tiene pendiente resolver en diciembre una demanda para definir los alcances de la "incapacidad moral" que había presentado Vizcarra en septiembre cuando Merino, quien también es de centroderecha, echó a andar una primera moción de destitución en su contra, que no prosperó.Por otro lado, Vizcarra se comprometió a colaborar con la fiscalía en las investigaciones de las denuncias de que habría recibido sobornos en 2014 cuando era gobernador de la región sureña de Moquegua, cargos que él niega y que sirvieron al Congreso de argumento para destituirlo.Ingeniero de 57 años y empresario de la construcción, Vizcarra dijo que retomará su actividad profesional."Obviamente yo quería estar (en la presidencia) hasta cumplir el plazo establecido por la Constitución, el 28 de julio del 2021. Pero pareciera que finalmente la democracia se ha sustentado en la dictadura de los votos del Congreso", agregó."Regresaré a mi actividad profesional, yo siempre trabajo, no puedo dejar de hacerlo”, agregó, sin precisar si retornará a Moquegua su tierra natal al sur del país.
Natale Amprimo, abogado constitucionalista, ex vicepresidente del Congreso peruano y excandidato presidencial, se refirió en Mañanas BLU cuando Colombia está al aire a la destitución de Martín Vizcarra como mandatario de este país.“La situación que hoy día ha terminado con la asunción de un nuevo presidente, se debe a que frente a las graves denuncias contra Vizcarra, lamentablemente el señor, lejos de dar una explicación sincera, recurrió a una serie de estratagemas y de falsedades que han quedado al descubierto y han motivado que el Congreso declare su incapacidad moral”, indico.En ese mismo sentido, Amprimo señaló que la Constitución en Perú, al igual que muchos regímenes en el mundo, “contempla la posibilidad de bajar al presidente de la republica por demostrar una permanente incapacidad moral”.Para Amprimo lo que está ocurriendo en la actualidad en Perú es actuar conforme la institucionalidad.“El hecho de que haya presidentes que no se hayan comportado a la altura de las circunstancias no quiere decir que el sistema no haya funcionado”, sentenció.Escuche la entrevista completa en el siguiente audio.
El presidente de Perú, Martín Vizcarra, aceptó este lunes la decisión del Congreso que lo destituyó de la jefatura del Estado por "incapacidad moral" y anunció que abandonará de inmediato el Palacio de Gobierno."Hoy día dejo Palacio de Gobierno, hoy me voy a mi domicilio, a pesar de que hay innumerables recomendaciones para que actuemos a través de acciones legales para impedir esta decisión", señaló el destituido gobernante en una declaración brindada en el patio del palacio presidencial rodeado por sus ministros en pleno.Vizcarra, quien lució relajado e informal, aunque conmovido en la parte final de su declaración, aseguró que en línea con sus "convicciones democráticas" acepta la decisión del Congreso y no desea "que de ninguna manera" se entienda que su "espíritu de servicio al pueblo haya sido tan solo una voluntad de ejercer el poder".TRANSPARENCIA Y CONCIENCIA"Toda mi vida he actuado con transparencia y poniendo todo mi esfuerzo, mi capacidad y mi corazón al servicio del pueblo y todos ustedes lo saben" remarcó antes de agradecer "a todo el equipo" que lo ha acompañado durante su gestión, que comenzó en marzo de 2018, así como "profundamente al pueblo peruano", por su apoyo.Vizcarra consideró que, a pesar de que durante la mañana de este lunes se presentó ante el pleno del Congreso para presentar sus argumentos de defensa, los parlamentarios no lo escucharon: "y si me escucharon no me entendieron", remarcó."Reafirmo ante el pueblo peruano que me voy con la conciencia tranquila y el deber cumplido... esperemos que el Perú siempre vaya por la senda del bien, esperemos que el futuro depare lo mejor para los peruanos y esperemos, ojalá, que pronto no nos enteremos de cuales son los motivos de fondo para tomar las decisiones que se han tomado hoy en el Congreso", sostuvo.INCAPACIDAD MORALEl Congreso de Perú destituyó este lunes a Vizcarra, con 105 votos a favor, tras debatir la llamada "moción de vacancia" impulsada contra el mandatario por las acusaciones de que cometió actos de corrupción cuando era gobernador de la provincia sureña de Moquegua (2011-2014).La resolución parlamentaria declaró la "permanente incapacidad moral del presidente", por lo que se aplicará "el régimen de sucesión establecido en la Constitución", que será efectivo este martes tras haber sido comunicado al gobernante.Ya que Vizcarra no tiene vicepresidente, ahora la presidencia peruana recaerá en Manuel Merino, el presidente del Congreso e integrante del grupo político centro derechista Acción Popular (AP), quien anunció que jurará durante la mañana de este martes.Sin embargo, la decisión del Congreso generó sorpresa, desconcierto e indignación, con cacerolazos y protestas ciudadanas, así como el rechazo de políticos, constitucionalistas, analistas y hasta representantes de la Iglesia católica, como el Arzobispo de Lima, Carlos Castillo, quien pidió al parlamento que rectifique su decisión.
El Congreso de Perú, con 105 votos a favor, 19 en contra y 4 abstenciones, destituyó este lunes al presidente Martín Vizcarra, después de que el pleno del Parlamento lo declarara "incapaz moral" en el juicio político abierto en su contra y decretara su destitución.Con 105 votos a favor, la moción de vacancia impulsada contra el mandatario por las acusaciones de que cometió actos de corrupción cuando era gobernador de la provincia de Moquegua (2011-2014), superó el número de apoyos que exige la Constitución (87 sobre 130 diputados) y automáticamente abrió el paso para despojar al mandatario de su poder.La resolución parlamentaria declaró la "permanente incapacidad moral del presidente" y por tanto "la vancancia de la Presidencia de la República".En consecuencia, se aplicará "el régimen de sucesión establecido en la Constitución", que será efectivo en cuanto se comunique al presidente, al primer ministro Walter Martos o se publique en el diario oficial, lo que suceda primero.Así, ahora la responsabilidad del cargo de Presidencia de la República recaerá en el presidente del Congreso, Manuel Merino, del grupo político de Acción Popular.Esta decisión del Congreso resultó sorpresiva, pues si bien se conocía que muchos legisladores ya pensaban forzar la destitución de Vizcarra, todo parecía indicar que estaban aún lejos de llegar a sumar los votos necesarios para la vacancia, como se conoce en Perú este proceso.Vizcarra, tal y como había prometido, se presentó a primera hora de la mañana del lunes en el debate para presentar su defensa y allí negó categóricamente haber recibido cualquier tipo de soborno y criticó duramente que el proceso de destitución en su contra se hubiera abierto bajo acusaciones no corroboradas por la justicia."No existe prueba de flagrancia de un delito, ni habrá porque no he cometido un delito, no he cobrado soborno (...) Son hechos falsos, no corroborados, recién está empezando un proceso de investigación, son hipótesis", dijo Vizcarra.
Los vehículos nuevos matriculados en la Unión Europea deben incorporar desde el 7 de julio de 2026 un sistema de monitoreo del conductor mediante una cámara interior. La medida hace parte del Reglamento General de Seguridad del bloque comunitario y busca reducir los accidentes causados por la distracción y la fatiga al volante.El dispositivo corresponde al sistema ADDW (Advanced Driver Distraction Warning), una tecnología integrada dentro de los Sistemas Avanzados de Asistencia al Conductor (ADAS), que supervisa de manera permanente la dirección de la mirada y algunos movimientos faciales del conductor para detectar posibles signos de cansancio o falta de atención.Aunque el objetivo es mejorar la seguridad vial y disminuir la siniestralidad, la implementación de esta tecnología también ha despertado críticas entre algunos conductores, quienes reportan alertas frecuentes que consideran innecesarias o poco precisas durante la conducción.La obligatoriedad del ADDW se aplicó en dos etapasLa incorporación del sistema responde al calendario establecido por el Reglamento General de Seguridad de la Unión Europea. La primera fase comenzó el 7 de julio de 2024, cuando el requisito empezó a exigirse para los nuevos modelos que buscaban su homologación en el mercado europeo.La segunda etapa entró en vigor el 7 de julio de 2026, fecha desde la cual todos los vehículos nuevos matriculados en los países de la Unión Europea deben incluir este sistema de fábrica, independientemente de cuándo hayan sido diseñados.Antes de esta regulación, muchos automóviles ya contaban con detectores de fatiga que analizaban el comportamiento del vehículo, como cambios en la trayectoria o movimientos del volante. Con la nueva normativa, el análisis también incluye información obtenida directamente del conductor mediante una cámara instalada en el habitáculo.¿Dónde está ubicada la cámara?Cada fabricante instala el sistema según el diseño de su vehículo, pero siempre procurando que exista una visión directa del rostro del conductor.Dependiendo del modelo, la cámara puede encontrarse:En el montante izquierdo del parabrisas.Entre el cuadro de instrumentos y el volante.Integrada en la pantalla digital.En la consola del techo.El sistema utiliza algoritmos de visión artificial para evaluar si el conductor mantiene la atención en la carretera o presenta signos compatibles con fatiga.Forma parte de un paquete obligatorio de seguridadEl ADDW no funciona de manera independiente. Hace parte de un conjunto de tecnologías que la Unión Europea exige en los vehículos nuevos para fortalecer la seguridad vial.Entre ellas se encuentran:Asistente inteligente de velocidadAdvierte cuando el vehículo supera el límite permitido según la vía.Frenado automático de emergenciaDetecta posibles colisiones y puede activar los frenos si el conductor no reacciona.Asistente de mantenimiento de carrilCorrige la trayectoria cuando identifica una salida involuntaria del carril.Caja negra del vehículoRegistra información técnica antes, durante y después de un accidente.Preparación para alcoholímetro antiarranquePermite instalar sistemas que impiden encender el vehículo si el conductor supera el límite legal de alcohol.Las principales críticas de los conductoresAunque la finalidad de estos sistemas es prevenir accidentes, algunos usuarios consideran que las asistencias generan demasiadas advertencias durante la conducción cotidiana.Entre las quejas más frecuentes aparecen avisos de exceso de velocidad por diferencias entre la señalización vial y los mapas digitales, alertas de fatiga durante maniobras normales como frenadas o giros inesperados y, en algunos casos, activaciones del frenado automático cuando los conductores consideran que no existía un riesgo real.Esta acumulación de avisos ha abierto un debate sobre la llamada "fatiga por alertas", un fenómeno que puede hacer que algunos conductores terminen ignorando las advertencias del vehículo.¿Se puede desactivar la cámara?La normativa europea permite que algunos sistemas ADAS puedan desconectarse de forma temporal mientras el vehículo permanece detenido. Sin embargo, el sistema ADDW vuelve a activarse automáticamente cada vez que se enciende el automóvil.La legislación no contempla la eliminación permanente de este dispositivo, ya que forma parte de los requisitos de homologación del vehículo. Modificar la cámara o bloquear su funcionamiento puede considerarse una alteración de un elemento obligatorio de seguridad y acarrear consecuencias legales según la normativa de cada país.El objetivo de la Unión EuropeaLa Comisión Europea impulsa estas medidas dentro de su estrategia para reducir la mortalidad en las carreteras y avanzar hacia el objetivo de cero víctimas mortales en 2050. Aunque la incorporación de cámaras de vigilancia del conductor representa uno de los cambios tecnológicos más importantes en la seguridad de los vehículos modernos, el reto para fabricantes y autoridades será mejorar la precisión de estos sistemas para reducir las falsas alertas y aumentar la confianza de los usuarios sin comprometer la protección en las vías.
Como lo informó el capitán Gabriel Arias, oficial de operaciones de la brigada de desastres, más de 30 miembros uniformados de la Armada, infantería de marina, el Ejército, Defensa Civil y Ponalsar partieron hacia la zona afectada por la conflagración en Isla Salamanca.Dijo el oficial que, con la información que se entregó a partir del sobrevuelo que se hizo previamente, se pudo identificar por donde ingresar y que el incendio forestal se encuentra activo.Agregó Arias que, ante esa situación, se tomó la decisión de que los uniformados ingresen por el río Magdalena para iniciar labores con herramienta manual sobre el punto afectado. 420 galones.Le puede interesar: “Ya está bueno”: Alcalde Char reclama por falta de prevención de incendios en Parque Isla Salamanca"Al momento de evidencia que no tenemos peligro hacia las viviendas. La idea es ingresar lo más pronto posible, para evitar que la brisa y la alta temperatura avive nuevamente el fuego con la fuerza que presentaba este jueves y se nos salga de control".Resaltó el capitán Gabriel Arias que las operaciones en tierra recibirán el apoyo de un helicóptero con Bambi Bucket que esparcirá 420 galones de agua sobre el área afectada.Por su parte, Yesid Carrero, funcionario operativo de la Defensa Civil confirmó la presencia de una brigada forestal y personal de primeros auxilios para atender emergencias.Carrero específico que, en total, son 20 funcionarios de la Defensa Civil en la zona.Edwin Pacheco, comandante del Cuerpo de Bomberos de Barranquilla contó que más de 15 unidades se sumaron a las operaciones para apagar las llamas desde la capital del Atlántico.
El Consejo de Estado revocó la suspensión provisional del decreto expedido por el Gobierno del presidente Gustavo Petro que fijó en 23 % el incremento del salario mínimo legal. Con esta decisión, la Sección Segunda concluyó que no existían razones suficientes para mantener la suspensión mientras se resuelve de fondo la demanda de nulidad presentada contra esa norma.En la providencia, la corporación resolvió “Revocar el auto del doce (12) de febrero de dos mil veintiséis (2026), mediante el cual se decretó la suspensión provisional de los efectos del Decreto 1469 del 29 de diciembre de 2025”. Asimismo, decidió “Negar la medida cautelar de suspensión provisional respecto del Decreto 1469 de 2025 que fijó en 23% el porcentaje de incremento del salario mínimo para 2026 y las demás medidas solicitadas”, además de “Dejar sin efectos la medida cautelar innominada” .La Sala explicó que, al estudiar los recursos presentados contra la decisión que suspendió el decreto, encontró que “los recurrentes coinciden en manifestar que en la providencia del 12 de febrero de 2026 la decisión sobre las medidas cautelares superó el juicio provisional que las caracteriza (…) para, en su lugar, adoptar una decisión de naturaleza anticipativa”, cuando en esa fase solo corresponde establecer de manera inicial si existen elementos que justifiquen suspender un acto administrativo.El Consejo de Estado recordó que el auto objeto de revisión había adoptado dos medidas, la suspensión provisional del decreto demandado y una medida cautelar innominada mediante la cual se ordenó al Gobierno expedir y publicar un nuevo decreto fijando un aumento transitorio del salario mínimo para la vigencia 2026. Para la corporación, esa decisión implicó un análisis que debía reservarse para la sentencia definitiva.En la providencia, la Sala sostuvo que las posibles irregularidades advertidas inicialmente no estaban relacionadas con una confrontación directa entre el decreto y las normas presuntamente vulneradas, sino con cuestionamientos sobre la motivación del acto administrativo. Al respecto, señaló que “estas discusiones dan cuenta de que aquellas posibles irregularidades detectadas en sede de medida cautelar, en definitiva, no tenían que ver con la confrontación del acto con la normativa invocada como lesionada, sino con un juicio en cuanto a su motivación”.Finalmente, el Consejo de Estado precisó que “resulta más adecuado a la finalidad del medio de control de nulidad, concentrar el juicio de legalidad en el acto administrativo inicialmente demandado y reservar para la sentencia su análisis integral”.Por ahora, el incremento para el salario mínimo que se decidió en diciembre del 2025 permanecerá vigente, hasta que exista un juicio definitivo sobre el proceso y se defina su legalidad.
El activista Franklin Humberto Coral, conocido como Beto Coral, llegó este jueves a Colombia deportado de Estados Unidos tras permanecer un mes detenido por las autoridades migratorias de ese país y aseguró que continuará su labor política y de denuncia, al tiempo que renunció a solicitar asilo en territorio estadounidense."Primero que todo, la dignidad. He renunciado a cualquier posibilidad de un asilo político en los Estados Unidos", afirmó Coral a su llegada a Bogotá, donde fue recibido por la canciller, Rosa Yolanda Villavicencio, y la directora de Migración Colombia, Gloria Arriero.El activista colombiano explicó que, por ahora, no se referirá a las circunstancias de su detención porque busca garantizar la salida de su familia de Estados Unidos y evitar posibles represalias.En diálogo con Mañanas Blu, el embajador de Colombia en Washington, Daniel García-Peña, calificó como un hecho sin precedentes la intervención directa de altos funcionarios de los Estados Unidos en el proceso de deportación del activista Franklin Humberto Coral, conocido como Beto Coral. Según el diplomático, el caso estuvo marcado por una "motivación política electoral" que desvirtuó el carácter migratorio del proceso. Una intervención "insólita" y políticaEl embajador García-Peña fue enfático al señalar la irregularidad del procedimiento. Durante el diálogo, destacó la existencia de un documento que confirmaría la presión política: “Ya la publica totalmente lo que es algo insólito... con este memorando de Rubio se ve claramente que es un evento inspirado electoralmente hablando”.Para el funcionario, que un secretario de Estado emita órdenes para un caso migratorio específico es algo que “hace nunca se ha hecho realmente”, calificándolo además como un “exabrupto” desde el punto de vista legal. García-Peña vinculó estas acciones con la campaña electoral en Colombia, sugiriendo que la detención y posterior deportación de Coral fueron utilizadas como una “cuña publicitaria” para sectores políticos afines al expresidente Trump. “No se trata de un asunto meramente migratorio, sino claramente político electoral”, sentenció el embajador, subrayando que el momento (timing) en que se dieron los hechos hace evidente esta intención.Sobre el estatus legal de Coral, el embajador explicó que el activista contaba con un proceso de asilo legítimo, respaldado por amenazas reales vinculadas al asesinato de su padre en Colombia. Sin embargo, denunció que dicho proceso fue “injustamente abortado por una decisión política desde arriba”.Ante esta situación, y siguiendo el consejo de sus abogados de la ACLU, Coral decidió desistir de su solicitud: “Él decidió desistir de su proceso de asilo y la abogada negoció con el fiscal federal para que le dieran ya la orden final de deportación”El diplomático defendió el trato especial dado por el gobierno de Gustavo Petro al recibirlo, argumentando que “Beto Coral es un caso especial, distinto que demuestra que el trato que se le tuvo que dar correspondió precisamente a esa situación extraordinaria”. Escuche aquí la entrevista:
La Fundación Cardiovascular de Colombia (FCV) realizará los próximos 30 y 31 de julio el Congreso de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, un encuentro académico que congregará en Bucaramanga a especialistas de prestigiosas instituciones internacionales para analizar los avances científicos y tecnológicos que están transformando la atención de las enfermedades cardiovasculares.El evento hace parte de la conmemoración de los 40 años de la FCV y contará con la participación de expertos provenientes de centros médicos y universidades de referencia mundial, entre ellos Mayo Clinic, Harvard Medical School, Mount Sinai Hospital, Georgetown University, Baylor Scott & White Health, University of Alberta, Maastricht University Medical Center, UPMC Children's Hospital of Pittsburgh, Cohen Children's Medical Center of New York y Paris Descartes University–Sorbonne Paris Cité, además de especialistas de la institución santandereana.Durante las dos jornadas se desarrollarán de manera simultánea dos programas académicos: uno enfocado en Cardiología y Cirugía Cardiovascular Pediátrica y otro dirigido a Cardiología para Adultos, con el propósito de abordar los principales retos y avances en cada una de estas áreas.Entre los temas que serán analizados se encuentran la enfermedad coronaria, el choque cardiogénico, la insuficiencia cardíaca avanzada, la cirugía cardiovascular, la inteligencia artificial aplicada a la cardiología, las cardiopatías congénitas, el soporte circulatorio mecánico, el trasplante cardíaco y la cirugía cardíaca pediátrica, entre otros aspectos de actualidad para la práctica médica.De acuerdo con la FCV, el congreso busca fortalecer la actualización científica de los profesionales de la salud, promover el intercambio de conocimientos entre especialistas nacionales e internacionales y consolidar redes de colaboración que contribuyan al mejoramiento de la atención cardiovascular en Colombia y Latinoamérica.Le puede interesar: Fundación Cardiovascular realiza donatón de disfraces para niños hospitalizadosLa institución destacó que este encuentro también refleja su apuesta por la investigación, la innovación y la educación médica, pilares que han marcado su trayectoria durante cuatro décadas y que la han posicionado como uno de los principales referentes hospitalarios de América Latina.La participación en el congreso será gratuita, aunque requiere inscripción previa. Los profesionales interesados podrán consultar la programación e inscribirse a través de los enlaces habilitados por la Fundación Cardiovascular de Colombia para los programas de Cardiología y Cirugía Cardiovascular Pediátrica y de Cardiología para Adultos.En estos enlaces podrá inscribirse: * Programa de Cardiología y Cirugía Cardiovascular Pediátrica: https://www.fcv.org/co/eventos/congreso-de-cardiologia-y-cirugia-cardiovascular* Programa de Cardiología para Adultos: https://www.fcv.org/co/eventos/congreso-de-cardiologia-y-cirugia-cardiovascular-adultos
