La Gobernación de Cundinamarca ordenó el cierre y la cancelación de la licencia de funcionamiento del Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe, tras concluir un proceso administrativo sancionatorio relacionado con la muerte de la menor Valeria Afanador, quien fue hallada en un río continuo a la institución después de desaparecer del plantel.De acuerdo con la decisión administrativa, el establecimiento educativo fue declarado responsable por presuntas omisiones relacionadas con el deber de cuidado, la protección especial que requería la estudiante en su condición de síndrome de Down, y las fallas identificadas en los protocolos institucionales de seguridad y reacción.El cierre definitivo del colegio se hará efectivo una vez finalice el calendario académico correspondiente al año lectivo 2026. La rectora, Sonia Ochoa Daza, deberá presentar ante la Secretaría de Educación de Cundinamarca, antes del 31 de octubre de 2026, un Plan de Reubicación de Estudiantes.Además, la Gobernación determinó compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para que esa entidad evalúe los hechos dentro de sus competencias.Entre las conclusiones del proceso administrativo se estableció que existían deficiencias en los mecanismos institucionales previstos para reaccionar ante la desaparición o pérdida de ubicación de un estudiante.El documento señala “Que hay una insuficiente estructuración institucional de mecanismos operativos de reacción inmediata” y agrega que la situación relacionada con la menor generó “actuaciones improvisadas y desarticuladas por parte de distintos integrantes de la comunidad educativa”.La decisión también indica que, aunque algunos docentes y funcionarios hicieron referencia a procedimientos generales para evacuaciones y emergencias, durante la investigación no se acreditó la existencia de una ruta institucional concreta para atender situaciones relacionadas con la desaparición o pérdida de ubicación de estudiantes.Según la Gobernación, el establecimiento tampoco había incorporado en sus instrumentos institucionales un procedimiento específico y suficientemente definido para atender este tipo de situaciones, pese a que se consideró un riesgo previsible dentro de la actividad educativa y de custodia.Otro de los aspectos analizados fue la cercanía del río Frío. De acuerdo con el documento, la institución había identificado la existencia del afluente, pero el riesgo había sido valorado principalmente frente a posibles inundaciones en zonas recreativas y no frente a una eventual afectación de integrantes de la comunidad educativa.La decisión también cuestiona la forma en que se desarrolló la búsqueda de la menor una vez se activaron los protocolos. “Los docentes coinciden en que se desplazaron a un punto de encuentro, realizaron llamado a lista de su grupo de estudiantes y voluntariamente algunos docentes y directivos iniciaron la búsqueda sin tener claro quién liderará el proceso”, señala el documento.La Gobernación agregó que tampoco se habrían organizado previamente las zonas de búsqueda ni se habrían corroborado de manera inmediata los registros de video para establecer cuáles eran las áreas que debían ser priorizadas.Para la autoridad departamental, estas circunstancias derivaron en una reacción que calificó como tardía dentro del análisis administrativo.El documento también respondió a los argumentos presentados por la institución durante el proceso. El colegio había señalado, entre otros aspectos, la existencia de un cronograma de vigilancia, personal de seguridad privada y zonas asignadas para la supervisión. Sin embargo, la decisión concluyó que la existencia de esos mecanismos no era suficiente para demostrar el cumplimiento del deber de cuidado.“No se acogen los argumentos de descargos según los cuales la existencia de un cronograma de vigilancia, de personal de seguridad privada y de la asignación de zonas de supervisión bastaría para tener por satisfecho el deber de cuidado”, señala la decisión.El documento sostiene que el material probatorio permitió establecer que esos mecanismos no funcionaron en el momento de los hechos y que la menor salió de su aula antes del descanso sin que se detectara oportunamente su ausencia, argumentos que fueron denunciados y alertados por el abogado de víctimas Julián Quintana, desde el fallecimiento de la menor. Además, actualmente una docente y el responsable del aera de vigilancia y seguridad fueron imputados por estos hechos.“La menor salió de su aula antes del descanso sin control, permaneció sola en zonas recreativas sin que ningún docente de vigilancia advirtiera su presencia, y su ausencia no fue detectada ni reportada de manera oportuna”, indica el acto administrativo.La Gobernación precisó que el análisis no se centró únicamente en determinar si el colegio contaba formalmente con herramientas de vigilancia, sino en establecer si esas medidas cumplían efectivamente su finalidad de protección y custodia.“No resulta suficiente el que simplemente se acredite la existencia de herramientas humanas o tecnológicas que apunten al deber de custodia y vigilancia, sino que lo relevante resulta en que tales mecanismos funcionen y logren el resultado para el cual fueron concebidos”, concluye el documento.
Una madre que mató a su bebé de tres meses aplicándole el calor que salía de un secador de pelo, aparentemente mientras estaba en estado de ebriedad, ha sido condenada este viernes a seis años de cárcel, según el dictamen del Tribunal Superior de Edimburgo, capital de Escocia.La mujer, identificada como Courtney Gartshore, de 28 años, oriunda de la ciudad escocesa de Aberdeen, utilizó el secador para someter a la pequeña Dahlia-Rose Gartshore a un "calor intenso y prolongado" en la cabeza y el cuerpo, causándole heridas mortales.El incidente ocurrió en una vivienda de la calle King, en la localidad de Peterhead, en el condado de Aberdeenshire (noreste escocés), el 30 de septiembre de 2023 y, a pesar de la intervención de los servicios de emergencia, la bebé perdió la vida.Según los detalles aportados al tribunal, la madre había estado bebiendo cuando estaba a cargo de su hija y, tras una investigación, fue detenida y acusada formalmente en noviembre de 2023. La pesquisa forense halló ADN de la niña en el secador de pelo.En el juicio, el Tribunal Superior de Aberdeen declaró a la mujer culpable de homicidio y hoy la corte de Edimburgo estableció la condena.El juez Simon Collins calificó hoy el caso de "singularmente perturbador" y "trágico a la vez que terrible"."Tendrás que vivir el resto de tu vida sabiendo que fuiste responsable de su muerte. Se trató de una grave violación del deber más elemental de un progenitor", le dijo el magistrado a la madre.Aunque el juez reconoció que Gartshore no tuvo intención de hacerle daño a pequeña, dijo que incurrió en un grado "máximo" de negligencia.El abogado de la madre, Murray Macara, declaró que no podía ofrecer una explicación razonable o convincente de por qué utilizó el secador, pero especuló con la posibilidad de que la bebé tuviera frío y que ella hubiera intentado utilizarlo como fuente de calor.Según el tribunal, Gartshore tiene antecedentes de traumas infantiles, problemas de salud mental, sobredosis y autolesiones.Gartshore, quien dijo no recordar los hechos, utilizó el secador sobre Dahlia-Rose durante un periodo de hasta una hora, lo que provocó quemaduras en el cuerpo de aproximadamente un 18 %, especialmente la cabeza, el cuello, la parte superior del tronco y uno de los brazos.Cuando fue hoy condenada, la madre compareció ante el tribunal por videoconferencia desde la prisión escocesa donde permanece detenida.
Una tragedia se registró este fin de semana al interior de un conjunto residencial en el sector conocido como Ciudad del Valle del municipio de Candelaria, cuando un adolescente de 16 años murió tras ser impactado por una bala, en el momento en el que se encontraba jugando con su amigo, otro menor de 15 años.Según el reporte inicial de las autoridades, los menores estaban en una de las zonas comunes del lugar, manipulando un arma de fuego. En medio de su interacción el más joven acciona accidentalmente el arma, hiriendo gravemente al adolescente de 16 años en el rostro.De inmediato los vecinos de la zona corrieron a auxiliar al adolescente, trasladándolo al hospital local de Candelaria, donde murió minutos después a pesar del esfuerzo de los médicos. Por su parte, el otro menor involucrado fue detenido por la Policía, mientras avanzan las investigaciones correspondientes, principalmente para determinar el origen del arma utilizada.Hasta el momento ni la Alcaldía de Candelaria, ni la Policía Metropolitana de Cali han emitido un pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido. Por otra parte, este domingo se conoció un comunicado de la administración del conjunto residencial donde se hacía un llamado a la prevención y el cuidado de las familias y del resto de vecinos del lugar. "Hacemos un llamando especial a los padres de familia para fortalecer el acompañamiento, cercanía y supervisión de nuestros niños, niñas y adolescentes, así como para conocer los espacios y personas con quienes interactúan. Igualmente, invitamos a los propietarios a temer claridad sobre las personas que habitan sus inmuebles cuando estos son entregados en arrendamiento. Necesitamos del compromiso y apoyo de todos, pues no es posible controlar los elementos que cada residente mantiene dentro de su vivienda. Hoy más que nunca cuidarnos es una responsabilidad de todos", señaló la administración del conjunto.
Una adolescente de 17 años fue acribillada en el barrio Rebolo, en el suroriente de Barranquilla, cuando se encontraba en plena vía pública. En el hecho tres hombres que se encontraban en el mismo sitio, también resultaron heridos. Testigos señalan que el sicario habría utilizado un arma automática mini uzi.La joven fue identificada por las autoridades como Nany Rojano. Comentarios de familiares en redes sociales, destacan que era una joven estudiosa y familiar.El reporte de la Policía indica que las víctimas se encontraban sentadas afuera de una vivienda en la calle 20 con carrera 28 del barrio Rebolo, aproximadamente a las 10 de la noche, cuando fueron sorprendidas por un sujeto que a bordo de una motocicleta y como parrillero, les disparó varias rafagas.Según testigos, el sicario habría disparado con un arma automática mini uzi en múltiples ocasiones impactando sobre todo a la joven, que alcanzó a ser trasladada al Hospital de Barranquilla donde falleció por la gravedad de las heridas.Los tres hombres heridos, identificados como Wilson José Vásquez Mendoza, de 40 años, Sergio Andrés Vásquez Gamero, de 20, y Jean Carlos Vásquez, de 40, se encuentran en delicado estado de salud en centros asistenciales.Las autoridades investigan cuáles son las causas del ataque. Asimismo, a través de videos de cámaras de seguridad y testimonios de residentes del sector intentan dar con los responsables de este atentado.
El caso de María Camila Potosí, la joven de 21 años asesinada cuando tenía ocho meses de embarazo, sigue dejando interrogantes que serán determinantes para el proceso judicial contra los cinco capturados. Uno de los aspectos que aún no ha sido resuelto por las autoridades es establecer si la bebé, Alahia, nació con vida antes de fallecer, una conclusión que podría modificar los delitos que enfrentarían los procesados.Aunque Medicina Legal ya confirmó que los restos hallados en una zona boscosa de Cali corresponden a la hija de María Camila, los estudios forenses continúan para establecer las circunstancias exactas de su muerte. Esa respuesta, según expertos en derecho penal, será clave para definir si la Fiscalía deberá ampliar la imputación de cargos.En entrevista con Noticias Caracol, la abogada penalista Laura Camila Toro explicó que el resultado de los análisis practicados por Medicina Legal será determinante para el rumbo del proceso.Según indicó, aunque los cinco procesados ya fueron imputados por delitos como feminicidio agravado, secuestro simple agravado, desaparición forzada agravada y alteración de elementos materiales probatorios, aún está pendiente establecer si procede un nuevo delito relacionado con la muerte de la bebé."La circunstancia de si la bebé nació con vida será determinante para indicar si estamos frente a otro delito", explicó la jurista.¿Qué cambiaría si la bebé nació con vida?La especialista señaló que, si Medicina Legal determina que la menor respiró al menos una vez por fuera del vientre de su madre, los implicados podrían enfrentar una nueva imputación por homicidio agravado.De acuerdo con Toro, la legislación colombiana brinda una protección especial a los menores de edad, por lo que un eventual homicidio contra la bebé implicaría consecuencias penales adicionales.Además, explicó que, en ese escenario, los procesados no tendrían acceso a beneficios judiciales por tratarse de un delito cometido contra una menor de edad.¿Y si la bebé nunca tuvo signos vitales?La abogada precisó que el panorama jurídico sería diferente si los estudios forenses concluyen que la bebé nació sin vida.Explicó que el delito de homicidio exige como requisito la existencia de vida independiente, por lo que, de no demostrarse ese elemento, no sería posible formular esa imputación específica.Sin embargo, aclaró que esa eventual conclusión no modificaría las imputaciones ya formuladas por la Fiscalía contra los cinco capturados, especialmente el delito de feminicidio agravado, considerado el de mayor gravedad dentro del proceso.Durante la entrevista, Laura Camila Toro también explicó por qué la Fiscalía imputó el delito de feminicidio agravado, pese a que entre María Camila Potosí y la principal señalada, Yulieth Cecilia Angulo Escobar, no existía una relación sentimental.La jurista indicó que el caso cumple los elementos establecidos por la ley, debido a que la víctima era una mujer embarazada y, según la hipótesis de la investigación, fue atacada precisamente para extraerle a su bebé.Asimismo, recordó que la investigación señala que Yulieth Angulo habría fingido un embarazo durante varios meses para ganarse la confianza de María Camila y convencerla de subir a la motocicleta en la que fue vista por última vez.Mientras avanzan las audiencias contra los cinco capturados, Medicina Legal continúa con los análisis forenses que permitirán establecer si Alahia nació con vida, una conclusión que podría marcar un nuevo capítulo en uno de los casos que más ha conmocionado al país en los últimos años.
La investigación por el asesinato de María Camila Potosí, la joven de 21 años que tenía ocho meses de embarazo, permitió reconstruir cómo habrían transcurrido sus últimos minutos de vida y reveló uno de los hallazgos más importantes del caso. Según confirmó la Policía Metropolitana de Cali, los investigadores ubicaron la vivienda donde, presuntamente, fue asesinada la víctima, un lugar que terminó convirtiéndose en una pieza clave para esclarecer el crimen y capturar a cinco presuntos responsables.De acuerdo con las autoridades, el 16 de julio María Camila salió para asistir a un control prenatal y fue vista por última vez en una motocicleta conducida por una mujer identificada con el alias de 'Julieth'. La principal hipótesis señala que la sospechosa logró ganarse la confianza de la joven luego de conocerla en un programa para madres gestantes y, en lugar de llevarla a su destino, desvió el recorrido hasta una vivienda ubicada en el corregimiento de La Buitrera, donde la esperaban otros hombres que, presuntamente, hacían parte del plan criminal.El hallazgo que confirmó las sospechas de los investigadoresEn entrevista con Mañanas Blu con Néstor Morales, el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, general Herbert Benavides, explicó que la investigación permitió ubicar la residencia a la que habría sido llevada María Camila antes de su asesinato.Según el oficial, en ese inmueble fue realizado un exhaustivo estudio técnico por parte de peritos forenses, cuyos resultados reforzaron la principal hipótesis del caso."Ubicamos la residencia. Allí se hizo un experticio forense donde se determinó que efectivamente hay una alta probabilidad de que allí se realizó este acto criminal", afirmó el general Benavides.El oficial explicó que ese hallazgo se convirtió en uno de los principales soportes de la investigación, junto con el análisis de cámaras de seguridad, entrevistas y otras pruebas recopiladas durante las últimas semanas.Así reconstruyeron los últimos movimientos de María CamilaLa Policía indicó que la desaparición fue reportada el mismo 16 de julio y que, cuatro días después, el cuerpo de la joven fue encontrado cerca de las estribaciones del río Meléndez.A partir de ese momento comenzó un trabajo de reconstrucción que permitió seguir el recorrido realizado por la motocicleta en la que viajaba junto a 'Julieth', identificar la vivienda a la que habría sido trasladada y establecer la ruta utilizada posteriormente para abandonar el cuerpo.El general Benavides reveló que las autoridades también localizaron el vehículo que, presuntamente, fue utilizado para transportar el cadáver hasta la zona donde finalmente fue encontrado.El comandante de la Policía aseguró que el avance del caso fue posible gracias a una combinación de evidencia técnica y colaboración ciudadana."Encontramos rastros y fluidos como sangre que fueron corroborados por Medicina Legal y corresponderían al ADN de María Camila. Todo esto nos fue llevando a cada uno de estos delincuentes", explicó.A esas pruebas se sumaron videos de cámaras de seguridad, fuentes humanas, interceptaciones y la información suministrada por ciudadanos, motivada también por la recompensa de más de 200 millones de pesos ofrecida por las autoridades para esclarecer el crimen y dar con el paradero de la bebé.Con el material probatorio recopilado, la Fiscalía General de la Nación y la Policía realizaron allanamientos en Cali y Andalucía que permitieron capturar a cinco personas, entre ellas alias 'Julieth', la mujer que aparece conduciendo la motocicleta en el último video de María Camila con vida.Los demás capturados fueron identificados con los alias de 'Nilson', 'Edu', 'Kevin' y 'JJ', quienes deberán responder por delitos como feminicidio agravado, secuestro simple, desaparición forzada y alteración de elementos materiales probatorios.Aunque la investigación ha permitido reconstruir gran parte de lo ocurrido desde que María Camila fue engañada para subir a la motocicleta hasta el hallazgo de su cuerpo, las autoridades continúan adelantando diligencias judiciales y periciales para esclarecer completamente la participación de cada uno de los implicados y establecer todos los detalles de uno de los crímenes que más ha conmocionado a Cali en los últimos años.
Nuevos detalles salieron a la luz sobre la principal hipótesis que manejan las autoridades sobre el cómo se habría cometido el crimen de María Camila Potosí. Según las autoridades, la joven de 21 años, que tenía ocho meses de embarazo, habría sido víctima de un plan premeditado cuyo objetivo era quedarse con la bebé que esperaba.La investigación señala que detrás del caso habría existido un engaño cuidadosamente planeado. Entre los capturados está la mujer conocida con el alias de 'Julieth', quien fue registrada por cámaras de seguridad conduciendo la motocicleta en la que María Camila fue vista con vida por última vez la tarde del 16 de julio. De acuerdo con los investigadores, ella habría sido la persona encargada de ganarse la confianza de la víctima para llevarla hasta el lugar donde finalmente ocurrió el crimen.La principal hipótesis: un falso embarazo para ganarse su confianzaDe acuerdo con el director de la Policía Nacional, el general William Rincón, en diálogo con Noticias Caracol, la principal línea de investigación apunta a que 'Julieth' habría fingido estar embarazada como parte del plan para apropiarse de la bebé que esperaba María Camila.Según las autoridades, la mujer buscaba convencer a su pareja sentimental de que ella también estaba en estado de gestación y que la niña era suya, con el propósito de mantener la relación. Esa hipótesis coincide con el testimonio entregado días atrás por la expareja de la capturada, quien aseguró que durante varios meses creyó que iba a convertirse en padre e incluso realizaron una revelación de género junto con sus familiares.Las pesquisas también indican que María Camila y la hoy capturada se habrían conocido en un programa dirigido a madres gestantes, circunstancia que, según los investigadores, habría facilitado que la víctima confiara en ella.Las autoridades sostienen que el 16 de julio, día en que desapareció María Camila Potosí, alias 'Julieth' la recogió en motocicleta y la trasladó hasta el corregimiento de La Buitrera, en el sur de Cali.La hipótesis de la Fiscalía indica que allí la habría entregado a otros integrantes de la estructura criminal. Según la investigación, el secuestro habría sido coordinado por un hombre identificado con el alias de 'Nilson', mientras que otros dos capturados, conocidos como 'Edu' y 'Kevin', serían quienes presuntamente asesinaron a la joven utilizando un arma blanca.Posteriormente, el cuerpo fue abandonado en una zona cercana al río Meléndez, donde fue encontrado días después con múltiples signos de violencia.Los cinco capturados por el crimenLa Fiscalía General de la Nación confirmó la captura de cinco presuntos implicados: alias 'Julieth', 'Nilson', 'Edu', 'Kevin' y 'JJ'. Los operativos fueron realizados de manera simultánea en Cali y Andalucía, Valle del Cauca, como resultado de una investigación conjunta con la Policía Nacional.Durante los allanamientos fueron incautados teléfonos celulares, un vehículo y dos motocicletas que, según las autoridades, habrían sido utilizados para coordinar el secuestro y el asesinato de María Camila Potosí. Además, la investigación cuenta con videos de cámaras de seguridad, entrevistas e interceptaciones que serían determinantes para sustentar las imputaciones.Las autoridades también revelaron que algunos de los capturados, presuntamente, adelantaban trámites para salir del país cuando fueron ubicados por los investigadores.
Las autoridades mantienen abierta la investigación por la muerte de una bebé de 18 meses, quien fue encontrada sin vida dentro de un transporte escolar perteneciente a un centro de cuidado infantil. El hallazgo ocurrió luego de que la menor permaneciera cerca de ocho horas en el vehículo, mientras avanzan las pericias para establecer las circunstancias del caso.De acuerdo con la información conocida, la niña fue recogida alrededor de las 8:00 de la mañana por un colaborador encargado del traslado al jardín infantil. Sin embargo, por razones que aún son materia de investigación, la menor presuntamente no descendió del vehículo al llegar al centro y el automóvil fue estacionado en un lugar distinto al habitual.Cuando la situación fue descubierta, equipos de emergencia acudieron al lugar para intentar reanimarla, pero la bebé fue declarada fallecida. Entre las principales hipótesis, las autoridades analizan el impacto que habrían tenido las altas temperaturas durante el tiempo que permaneció dentro del vehículo.¿Qué ocurrió antes de que fuera encontrada?Durante casi un año, los padres de la menor recibieron una notificación diaria que confirmaba su ingreso al centro infantil. Ese día, el mensaje nunca fue enviado y la situación solo salió a la luz cuando la madre acudió al establecimiento para recoger a su hija al finalizar la jornada.Fue entonces cuando se confirmó que la niña nunca había ingresado al jardín y que permanecía dentro del transporte escolar en el que había sido trasladada horas antes. Uno de los aspectos que ahora revisan los investigadores es el funcionamiento de los protocolos y control del centro educativo.¿Qué dijo el jardín?Tras conocerse el caso, la administración del jardín O Mestre Cuco emitió un comunicado en el que expresó su posición frente a lo ocurrido. "En estos momentos de indescriptible dolor, deseamos expresar nuestras más sentidas condolencias a los padres y familiares".La institución también aseguró que está "colaborando con las autoridades competentes en una investigación exhaustiva de todos los hechos". y explicó que el director del colegio regresó de sus vacaciones para atender personalmente la situación y acompañar a la familia y a la comunidad educativa.En un segundo pronunciamiento, el centro educativo indicó que el vehículo involucrado pertenece a la institución y reiteró que "el vehículo utilizado para transportar a los niños, el cual estuvo involucrado en el trágico incidente de ayer, pertenece al Colégio Mestre Cuco y cuenta con la debida autorización para dicho fin", en respuesta a versiones que cuestionaban la legalidad del servicio de transporte.¿Cómo avanza la investigación?La Policía Judicial continúa adelantando las diligencias para determinar si existieron negligencias y establecer el grado de responsabilidad de las personas e instituciones involucradas. Las autoridades también revisan los sistemas de seguridad del jardín infantil para esclarecer por qué no se detectó la ausencia de la menor durante la jornada.Además, los investigadores verifican los tiempos de reacción y el funcionamiento de los mecanismos de control interno, mientras esperan los resultados de la autopsia, que serán determinantes para confirmar las causas del fallecimiento y definir las acciones legales que correspondan.
El asesinato de Celeste Osorio Duque, la niña que murió tras recibir un disparo en la cabeza durante un ataque armado contra la panadería de su familia en Polonuevo, Atlántico, sigue causando conmoción en el país. Mientras las autoridades avanzan en el proceso judicial contra el presunto responsable, la madre de la menor rompió el silencio y pidió justicia por la muerte de su hija.El caso ocurrió en la noche del pasado domingo, cuando un hombre llegó hasta la ventana del establecimiento comercial, ubicado en la calle 3 con carrera 8 de Polonuevo, y abrió fuego de manera indiscriminada. Uno de los proyectiles impactó a la pequeña, quien fue trasladada de urgencia a una clínica en Barranquilla. Aunque alcanzó a llegar con vida, falleció poco después debido a la gravedad de la herida.El doloroso testimonio de la madre de CelesteEn entrevista con Noticias Caracol, la madre de Celeste expresó el profundo dolor que vive su familia y aseguró que solo espera que el crimen no quede en la impunidad.Las palabras de la mujer reflejan el impacto que dejó el ataque contra una familia que, según explicó, trabajaba diariamente en su panadería para sostenerse y nunca imaginó convertirse en víctima de la violencia.Uno de los momentos más conmovedores de su relato fue cuando recordó las últimas palabras que escuchó de su hija antes del atentado.Ese recuerdo ha conmovido a cientos de personas en redes sociales, donde familiares y ciudadanos han compartido fotografías y mensajes para recordar a la menor.Capturan al presunto responsable del crimenMenos de 24 horas después del homicidio, las autoridades lograron capturar al señalado responsable cuando, al parecer, intentaba huir hacia Bogotá.El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, confirmó el procedimiento y destacó la rápida reacción conjunta de la Policía del Atlántico y la Fiscalía."La rápida reacción de la Policía del Atlántico y la Fiscalía permitió que, en menos de 24 horas, diéramos con el presunto responsable del homicidio de la niña Celeste. Hoy está en manos de las autoridades competentes y confiamos en que sobre él recaerá todo el peso de la ley", aseguró el mandatario.Además, expresó su solidaridad con la familia de la menor y rechazó el crimen: "Tenemos el corazón arrugado por este vil asesinato. Una niña inocente fue víctima de la violencia criminal que tanto daño le hace a nuestro país. A su familia le expresamos toda nuestra solidaridad y el compromiso de que este hecho no quedará en la impunidad", señaló.El detenido será presentado ante un juez de control de garantías, quien deberá legalizar su captura y definir los primeros pasos del proceso judicial.Polonuevo exige justicia por CelesteLa muerte de Celeste provocó una profunda indignación entre los habitantes de Polonuevo. Desde que se conoció el fallecimiento de la menor, decenas de personas se reunieron para exigir justicia y reclamar mayores acciones contra la delincuencia.Durante la manifestación se escucharon consignas como "Los niños no se tocan, los niños se respetan" y "Justicia por Celeste", mientras familiares, vecinos y amigos acompañaban el duelo de sus padres.Por su parte, el alcalde de Polonuevo, Óscar Avilés, lamentó el crimen y aseguró que "no es justo que los niños sean víctimas" de la creciente violencia que enfrenta el municipio.Las autoridades continúan recopilando pruebas para esclarecer completamente lo ocurrido y establecer si el ataque iba dirigido contra el establecimiento comercial o si existen otros responsables que participaron en el hecho. Entretanto, la familia de Celeste insiste en que el único consuelo posible será que el crimen reciba una condena ejemplar y que la muerte de la pequeña no quede impune.
Los operativos que desplegaron la Fuerza Pública y la Fiscalía por el Atlántico finalmente dieron con la ubicación y captura del señalado asesino de Celeste Valentina Osorio, la niña de 3 años que recibió un disparo en su cabeza el pasado fin de semana, cuando se encontraba en la panadería de sus padres, en el municipio de Polonuevo.En principio, las autoridades apuntaron a que el ataque habría sido una retaliación contra su padre, quien días antes fue capturado por delitos relacionados con extorsión. Sin embargo, Aliana Duque, madre de la niña asesinada, defendió a su pareja y aseguró que su captura habría sido un ‘falso positivo’ con posibles pruebas implantadas, y que eran ellos los que venían siendo víctimas de extorsión previo al crimen.La mujer aseguró que desconocidos les estaban exigiendo seis millones de pesos o un arma de fuego, a cambio de permitirles mantener abierta su panadería y no atentar contra sus vidas."Nosotros habíamos recibido mensajes y pusimos una denuncia, porque los mensajes eran muy atacantes. Incluso, ahí sacamos videos de la persona que pasó grabando el pedazo de nuestro negocio y esos videos nosotros se los hicimos llegar al Gaula, pero no pensábamos que ellos fueran a hacer lo que hicieron conmigo, que llegaran echando tiros y ahí estaba mi niña, mi única niña", contó la madre.Le puede interesar: Un nuevo homicidio sacude a Polonuevo, Atlántico, horas después del crimen de una niña Toda esta información es analizada por las autoridades, quienes esperan aclarar lo sucedido durante la judicialización del presunto asesino, cuya captura se produjo en momentos en que compraba tiquetes para embarcarse en un bus con destino a Bogotá y escapar de la Policía. Gobernación del Atlántico se pronuncióSu detención fue informada y destacada por el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano.“La rápida reacción de la Policía del Atlántico y la Fiscalía permitió que, en menos de 24 horas, diéramos con el presunto responsable del homicidio de la niña Celeste, de Polonuevo. Hoy está en manos de las autoridades competentes y confiamos en que sobre él recaerá todo el peso de la ley”, informó Verano."Tenemos el corazón arrugado por este vil asesinato. Una niña inocente fue víctima de la violencia criminal que tanto daño le hace a nuestro país. A su familia le expresamos toda nuestra solidaridad y el compromiso de que este hecho no quedará en la impunidad”, expresó.Verano enfatizó que la Gobernación del Atlántico continuará respaldando el trabajo coordinado con la Fuerza Pública para enfrentar a las estructuras criminales que afectan la seguridad del departamento.
El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, aseguró que durante el periodo previo a las elecciones en Colombia existió un riesgo que, según sus declaraciones, podía impedir que los comicios se realizaran conforme al calendario previsto.El funcionario afirmó que su programa denominado “Paz Electoral” tuvo un papel determinante para garantizar el desarrollo de las elecciones y sostuvo que existía un temor generalizado frente a la posibilidad de que el proceso electoral no pudiera llevarse a cabo.“Paz Electoral permitió que hubiera elecciones en Colombia, porque no iba a haber elecciones”, afirmó Eljach durante su intervención.El procurador agregó que “todo el mundo tenía el temor fundado de que las elecciones se iban a malograr” y señaló que actualmente Colombia cuenta con un presidente elegido de manera legítima y legal, además de un Congreso de la República constituido a partir de los resultados de los comicios.Gregorio Eljach habló de un riesgo para el calendario electoralEljach insistió en que durante ese periodo existió un escenario que podía afectar directamente el calendario electoral.“Hubo riesgo de que no se cumpliera el calendario electoral”, manifestó el procurador, quien evitó entregar mayores detalles sobre los hechos concretos a los que hacía referencia.El funcionario afirmó que la situación generó momentos de “angustia, zozobra, desazón y perplejidad institucional y personal”, aunque señaló que no quería volver sobre esas circunstancias.“Colombia sabe a qué me refiero, no voy a recordar esos momentos de angustia, zozobra, desazón y perplejidad institucional y personal”, dijo.Sus declaraciones se producen después de un proceso electoral que estuvo acompañado por fuertes tensiones políticas y cuestionamientos alrededor de las instituciones encargadas de organizar y garantizar las elecciones.Las críticas contra el procurador por sus declaracionesLas afirmaciones de Eljach generaron cuestionamientos entre sectores políticos que durante la campaña electoral habían expresado críticas frente a la actuación de distintas instituciones.El representante a la Cámara por el Centro Democrático, Daniel Briceño, cuestionó que el procurador hubiera hecho pública esta información después de los comicios.Briceño acusó a Eljach de haber guardado silencio frente a una situación que, de acuerdo con sus propias declaraciones, habría representado un riesgo para las elecciones. Además, lo calificó de “procurador de bolsillo”, expresión con la que puso en duda su independencia frente al Gobierno y al expresidente Gustavo Petro.“Luego de haber guardado silencio cómplice durante meses el procurador Gregorio Eljach sale a denunciar ‘que no iban a haber elecciones’ demostrando una vez más que era un procurador de bolsillo. ¿Cómo no denunció algo tan grave en su momento?”, cuestionó el congresista.La principal crítica de Briceño está relacionada con el momento en el que Eljach decidió referirse públicamente a este supuesto riesgo. Para el representante, si existía una amenaza concreta contra la realización de las elecciones, el procurador debió advertirlo antes de que los ciudadanos acudieran a las urnas.Petro y los cuestionamientos al sistema electoralLas declaraciones del procurador también se producen en medio de los enfrentamientos que durante meses protagonizó el expresidente Gustavo Petro con algunas de las instituciones encargadas del proceso electoral.Petro cuestionó en repetidas ocasiones el funcionamiento del sistema electoral y, particularmente, realizó señalamientos contra la Registraduría. Entre sus solicitudes estuvo el acceso al denominado “código fuente” de los sistemas utilizados en el proceso electoral.Estos cuestionamientos alimentaron un escenario de tensión política alrededor de la transparencia y las garantías de los comicios. En ese contexto, distintos sectores expresaron preocupación por el impacto que las declaraciones y confrontaciones políticas podían tener sobre la confianza de los ciudadanos en las instituciones electorales.El debate también estuvo relacionado con la necesidad de preservar la legitimidad de los resultados y garantizar que las elecciones se desarrollaran dentro de los tiempos establecidos por la ley.El procurador ha defendido la legitimidad de las eleccionesLas nuevas declaraciones de Eljach se suman a sus pronunciamientos sobre las garantías del proceso electoral y la legitimidad de los resultados.El procurador ha sostenido que no existen elementos que permitan poner en duda la legitimidad de la elección y ha defendido la actuación institucional durante el proceso.Ahora, al referirse a su programa de “Paz Electoral”, aseguró que esta estrategia contribuyó a evitar que las circunstancias de tensión desembocaran en una interrupción del calendario electoral.Sin embargo, Eljach no detalló en su intervención cuáles eran exactamente los hechos que, según él, hacían prever que las elecciones podían no realizarse, ni identificó públicamente cuáles eran las circunstancias específicas que sustentaban ese temor.Por esa razón, sus declaraciones abrieron un nuevo debate político sobre las condiciones en las que se desarrolló el proceso electoral y sobre la oportunidad de las advertencias realizadas por las autoridades.El punto central de la controversia ahora es determinar a qué situación concreta se refería el procurador cuando afirmó que “no iba a haber elecciones” y por qué esa información no fue expuesta públicamente antes de la jornada electoral.
Un grave caso de violencia contra una mujer se registró en el barrio Girardot de Bucaramanga, donde una mujer de 44 años resultó gravemente herida tras ser atacada con un arma cortopunzante, al parecer, por su pareja sentimental.El hecho ocurrió aproximadamente en la calle 25 entre carreras 4 y 5. De acuerdo con el reporte policial, una auxiliar del CAI Girardot solicitó apoyo luego de advertir una aglomeración de personas involucradas en una riña.Cuando los uniformados llegaron al lugar encontraron a la mujer con múltiples heridas y solicitaron apoyo para trasladarla a un centro asistencial. La víctima fue llevada al Hospital Universitario de Santander para recibir atención médica.Según la información conocida sobre el caso, la mujer sufrió múltiples lesiones con un arma cortopunzante, entre ellas heridas en el tórax, mano derecha, abdomen, muslo izquierdo y cuello. Su estado de salud es reportado como crítico.El presunto agresor, un hombre de 50 años que sería la pareja sentimental de la víctima, permaneció inicialmente bajo custodia policial en el CAI Girardot, junto con el arma que habría sido utilizada durante la agresión.Posteriormente, fue trasladado a un centro asistencial para su valoración médica y, una vez cumplido el procedimiento correspondiente, quedó capturado y a disposición de la Fiscalía General de la Nación.La Policía informó que el caso fue atendido como un hecho de violencia intrafamiliar, mientras las autoridades judiciales avanzan en la investigación para determinar las circunstancias y responsabilidades por la agresión.El brigadier general William Quintero Salazar, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, destacó la reacción de los uniformados ante el llamado de la comunidad y señaló que la institución mantiene el compromiso de actuar de manera inmediata frente a hechos de violencia al interior de los hogares.La Fiscalía será la encargada de adelantar el proceso judicial y presentar al capturado ante un juez de control de garantías, quien definirá su situación jurídica.Los hechos de violencia contra las mujeres y las agresiones en el entorno familiar requieren una respuesta inmediata de las autoridades y de la comunidad. En este caso, la alerta generada por las personas que se encontraban en el sector permitió la llegada de la Policía, la atención de la víctima y la captura del presunto agresor.El caso es materia de investigación y, mientras se define su responsabilidad ante la justicia, el hombre se presume inocente.
Siguen siendo varias las iniciativas que desde la capital antioqueña se siguen conociendo para iniciar con la reconstrucción de las zonas más afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto en Colombia.Una de ellas se plantearía este miércoles por parte del alcalde Federico Gutiérrez en medio de un encuentro que aseguró sostendrá con el presidente Abelardo de la Espriella donde manifestó que le propondrá replicar en zonas como el Valle del Cauca, Chocó y el Eje Cafetero el modelo que viene desarrollando en la capital de Antioquia para impulsar el sector de vivienda.El mandatario aseguró que, como se viene desarrollando en la ciudad a través del Instituto de Vivienda, se deben reducir las tasas de interés para que los damnificados accedan a soluciones de este tipo."Justo me veré con el presidente Abelardo del Espriella. Nos ha convocado a Bogotá, seguro vamos a hablar de este y de muchos otros temas. Y claro que desde Medellín tenemos que seguir solucionando el déficit habitacional, pero entender que hoy hay otra realidad también de país con lo que pasó en el terremoto", destacó.El alcalde destacó que en Medellín se debe seguir solucionando el déficit habitacional, pero entender que actualmente hay otra realidad que exige medidas urgentes.En este sentido, el empresariado paisa a través de Proantioquia no solo se sumó con el anuncio de aporte de 200.000 millones de pesos para la atención inicial de la tragedia, sino también con la propuesta de un modelo de Reconstrucción por Impuestos, un mecanismo temporal y extraordinario inspirado en el modelo de Obras por Impuestos.Lo que se ha conocido desde el territorio paisa es que esta propuesta está destinada exclusivamente a financiar proyectos de rehabilitación, recuperación, reconstrucción y reactivación en los territorios afectados por el terremoto a través de la contribución de las empresas. "Realizar obras de infraestructura y de mejoramiento de infraestructura energética, educativa, vías, acueductos y alcantarillados es que se haga reconstrucción por impuestos. La misma lógica de obras por impuestos, pero a servicio de los municipios más afectados por la emergencia del terremoto, y que se pueda generar un equipo especializado que agilice los trámites. Necesitamos esta articulación público-privada para poder reconstruir de manera rápida", dijo la directora de Proantioquia, Juliana Velásquez.La propuesta también contempla crear Zonas de Reconstrucción y Reactivación; establecer un cupo especial de recursos; priorizar infraestructura social y básica; y desarrollar un título valor que permita a las empresas recuperar sus inversiones mediante el pago de impuestos o su negociación.También, Proantioquia planteó un equipo técnico especializado para agilizar la aprobación de proyectos, con tiempos de viabilización entre 20 y 30 días.
Un nuevo hecho de violencia se registró este martes, aproximadamente a las 12:40 del mediodía, en el sector de Quebrada Seca con carrera 22, en el barrio San Francisco de Bucaramanga.Según la información preliminar de las autoridades, el presunto responsable sería Brayan Alexis Garcés, de 23 años, quien habría utilizado un revólver calibre 38 para cometer el ataque.De acuerdo con el reporte entregado por la Policía Metropolitana de Bucaramanga, la víctima fue identificada como Jorge Luis Cristancho Serrano, quien recibió un impacto de arma de fuego en la cabeza y murió en el lugar.Tras el homicidio, varias personas de la comunidad, en medio de la indignación, alcanzaron al señalado agresor y lo golpearon hasta dejarlo acorralado en el piso. Como consecuencia de la agresión, el hombre sufrió lesiones en diferentes partes del cuerpo, entre ellas golpes en la cabeza, un hematoma en el ojo derecho y heridas no penetrantes en el cuello, la espalda y el abdomen.Al llegar al lugar, los uniformados realizaron la captura del presunto responsable e incautaron el arma de fuego que, según el reporte oficial, habría sido utilizada en el homicidio. Al detenido le fueron leídos sus derechos y, posteriormente, quedó a disposición de la autoridad competente.El capturado deberá responder inicialmente por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o municiones.Entretanto, las autoridades avanzan en la investigación y, mediante las cámaras de vigilancia instaladas en el sector, realizan el seguimiento al recorrido que habría hecho la víctima antes del ataque. Con este material buscan establecer qué ocurrió antes del homicidio y esclarecer las circunstancias en las que se produjo el crimen, o si se trata de un ajuste de cuentas.
La Corte Penal Internacional (CPI) advirtió este martes de que las nuevas sanciones impuestas hoy por Estados Unidos contra la presidenta del tribunal, Tomoko Akane, y un miembro de la Fiscalía "socavan el Estado de derecho" y ponen en riesgo el orden jurídico internacional."Cuando se amenaza a los actores judiciales por aplicar la ley, lo que se pone en riesgo es el propio orden jurídico internacional", señaló la CPI en una breve reacción remitida a la prensa internacional en La Haya, después de que la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara nuevas medidas contra miembros del tribunal.Las sanciones afectan a Akane, jueza japonesa y presidenta de la CPI, y al senegalés Abdoulaye Seye, abogado principal litigante de la Oficina del Fiscal."Las medidas dirigidas contra jueces, fiscales y miembros del personal que trabajan para cumplir el mandato encomendado a la CPI por los Estados socavan el Estado de derecho", añadió el tribunal.Estados Unidos incluyó hoy a ambos funcionarios en su lista de sanciones, dentro de la campaña de presión de Washington contra la CPI por sus investigaciones relacionadas con Israel y Afganistán.La CPI rechazó estas presiones y aseguró que continuará desempeñando sus funciones "con independencia e imparcialidad" y de acuerdo con el Estatuto de Roma, el tratado fundacional del tribunal."La Corte no se dejará intimidar y mantiene su firme respaldo a su personal y a las víctimas de atrocidades inimaginables", reiteró el tribunal en una reacción similar a la que hizo pública cuando se anunciaron sanciones previas contra otros de sus jueces y fiscales.En febrero del año pasado, el presidente estadounidense firmó una orden ejecutiva que abrió la puerta a medidas económicas y restricciones contra personas vinculadas con determinados casos que investiga la CPI.Además de la investigación de presuntos crímenes cometidos en Afganistán en las dos últimas décadas, Washington rechaza las órdenes de arresto emitidas en 2024 contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa Yoav Gallant por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad relacionados con la ofensiva militar en Gaza.Estados Unidos e Israel no son Estados parte del Estatuto de Roma y rechazan que la CPI tenga jurisdicción sobre sus ciudadanos. El tribunal sostiene, sin embargo, que puede ejercerla sobre presuntos crímenes cometidos en el territorio de un Estado parte o de un territorio cuya jurisdicción haya sido reconocida por la Corte, como ocurre en el caso de Palestina.La CPI, creada en 2002 y con sede en La Haya, es un tribunal independiente encargado de investigar y juzgar a individuos por genocidio, crímenes de guerra, de lesa humanidad y el crimen de agresión, cuando los tribunales nacionales no pueden o no quieren hacerlo.
