Un docente de 42 años fue capturado en Lebrija, Santander, por orden judicial, como presunto responsable de delitos sexuales contra una menor de 14 años en hechos ocurridos en zona rural de Sabana de Torres durante 2024.La captura fue realizada por investigadores de la Seccional de Investigación Criminal de la Policía en el barrio Centro de Lebrija. El hombre, natural de Bucaramanga, era requerido por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Sabana de Torres por los presuntos delitos de acceso carnal violento agravado y actos sexuales con menor de 14 años."Según la investigación, el procesado habría utilizado su condición de docente y la cercanía que tenía con la menor para, presuntamente, cometer las conductas por las que es investigado", dijo el coronel Néstor Arévalo, comandante de la Policía de Santander. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía Tercera Seccional CAIVAS de Barrancabermeja para su respectivo proceso de judicialización. Durante las audiencias concentradas, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.La Policía señaló que continuará adelantando acciones contra los delitos que afectan la integridad y formación sexual de niños, niñas y adolescentes.Las autoridades recordaron que cualquier situación que ponga en riesgo a un menor puede ser reportada a la línea de emergencia 123, la línea 141 del ICBF o la línea Púrpura 155, bajo reserva de la identidad del denunciante.
Valentino, un niño cucuteño de apenas un año y medio, falleció en las últimas horas en la Clínica FOSCAL de Floridablanca, Santander, donde permanecía hospitalizado debido a una grave complicación pulmonar que comprometió su estado de salud.El menor había llegado a la institución para recibir atención por una malformación vasolinfática ubicada en el lado derecho de su rostro. Sin embargo, durante el proceso médico presentó un severo deterioro respiratorio que derivó en una falla pulmonar y puso en riesgo sus funciones vitales.Ante la complejidad del cuadro clínico, los médicos tratantes recomendaron su traslado a una institución de alta complejidad con capacidad para realizar terapia ECMO, un procedimiento que permite oxigenar la sangre mediante un sistema externo mientras los pulmones reciben soporte y descanso. La terapia ECMO es una estrategia de soporte vital utilizada en pacientes con fallas graves del corazón o los pulmones. El sistema permite oxigenar la sangre y retirar dióxido de carbono por fuera del organismo, brindando soporte temporal mientras el equipo médico busca tratar la causa de la falla y recuperar la función de los órganos afectados.Su madre, Maryuri Hernández, había hecho un llamado público para solicitar a la Nueva EPS la autorización y agilización del traslado de su hijo al Instituto Cardiovascular de Floridablanca, donde se contaba con la tecnología necesaria para este tipo de intervención.La familia mantenía la esperanza de que el procedimiento permitiera estabilizar al menor y darle una oportunidad para superar la grave afectación pulmonar. No obstante, pese a la atención médica y a los esfuerzos para tratar su condición, Valentino sufrió un nuevo deterioro y falleció.Tras conocerse la muerte del menor, Nueva EPS expresó sus condolencias a la familia y aseguró que desde su ingreso a la Clínica FOSCAL garantizó la continuidad de la atención y gestionó los servicios especializados requeridos por su condición.Según la entidad, el 11 de septiembre se coordinó el traslado de Valentino a la Fundación Cardiovascular de Colombia, donde recibió atención integral y especializada. Allí, indicó Nueva EPS, se realizó el procedimiento de oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO) como parte de las alternativas de tratamiento definidas por el equipo médico.La EPS señaló además que mantuvo el seguimiento al proceso de atención y realizó las gestiones necesarias para garantizar los servicios requeridos durante la hospitalización. Sin embargo, la entidad confirmó que, pese a la atención recibida y a los esfuerzos médicos, el niño falleció como consecuencia de la complejidad de su condición de salud.La muerte de Valentino enluta a su familia y genera tristeza entre quienes siguieron el caso y conocieron el llamado de su madre para buscar alternativas que permitieran salvar la vida del pequeño.
Organismos judiciales en el Valle de Aburrá se encuentran adelantando labores para esclarecer la muerte de un niño de siete meses quien falleció en un centro asistencial de Medellín tras llegar con varios signos de violencia.El menor de edad fue identificado como Emmanuel Hernández Epinayuu quien ingresó al Hospital Pablo Tobón Uribe en compañía de su madre de 18 años de edad de nacionalidad venezolana.Según el reporte oficial de las autoridades, la mujer relató al personal médico que Emmanuel había sufrido “varias caídas al interior de su vivienda” en el barrio Nueva Jerusalén del municipio de Bello.Aunque una gestora de la sala de transición del centro asistencial indicó que el niño murió por cuenta de un trauma craneoencefálico severo, reportes oficiales de la situación también indican que registraba síntomas como asfixia e insuficiencia respiratoria aguda, edema cerebral, choque traumático e hipovolémico.Tras la inspección judicial del cuerpo en la institución de salud, ahora los esfuerzos de las autoridades se centran en determinar las circunstancias de lo ocurrido y si sus padres, primeros responsables de su cuidado, tienen alguna responsabilidad en el hecho.
Con 65 votos por el No y 17 por el Sí, la plenaria del Senado negó la moción de censura contra el ministro de Defensa, general (r) Jorge Eduardo Mora, por los tres bombardeos en los que fallecieron seis menores de edad en Guaviare y Norte de Santander.Con esta decisión, la Cámara de Representantes queda inhibida para pronunciarse sobre la misma moción, que fue debatida este miércoles en la plenaria.La iniciativa había sido promovida por sectores de la oposición para exigir explicaciones al jefe de la cartera de Defensa por las operaciones realizadas contra estructuras armadas en las que se encontraba presencia de menores de edad.Durante el debate, Mora defendió particularmente el bombardeo realizado en Guaviare contra un campamento de la disidencia de alias ‘Calarcá’. El ministro sostuvo que la operación respondió a una situación estratégica y señaló que, según la información de inteligencia disponible, en el lugar había alrededor de 60 integrantes de esa estructura. También afirmó que ese grupo había asesinado a 10 militares, herido a otros 16 y secuestrado a cinco uniformados en el departamento.El funcionario también argumentó que las Fuerzas Militares enfrentan un escenario complejo por la confrontación entre las estructuras de ‘Calarcá’ e ‘Iván Mordisco’. Según las cifras expuestas por el ministro durante el debate, los enfrentamientos entre ambos grupos habían dejado 48 muertos, entre ellos 11 menores de edad. Mora defendió las operaciones desde la responsabilidad que, según explicó, tiene el Estado de actuar frente a los grupos armados que representan una amenaza para la población y la fuerza pública.La jornada estuvo acompañada por otros hechos relacionados con el orden público. En el Cauca, una comisión del CTI y unidades del Ejército que adelantaban un procedimiento en zona rural de Timba fueron atacadas con explosivos, drones y ráfagas de fusil, en un hecho atribuido inicialmente a integrantes de la estructura Jaime Martínez. Uno de los vehículos del CTI resultó afectado y los funcionarios judiciales tuvieron que retirarse, mientras las tropas permanecieron en la zona para enfrentar al grupo armado.Situación en Santa MartaA la salida de la votación de moción de censura en la Plenaria del Senado, el ministro de Defensa entregó un nuevo balance sobre el panorama de orden público en Santa Marta asegurando que la amenaza ya está controlada con la captura de 9 personas. “Vamos a generar la confianza a los samarios y a todos los compatriotas. Vamos a hacer un despliegue policial y militar para impedir que esto vuelva a suceder en alguna ciudad del país”, concluyó.
Mientras avanza la investigación en contra de José Rojas Lárez, señalado por la Fiscalía como presunto responsable del feminicidio de la menor, cuyo cuerpo fue encontrado en una alcantarilla de Ciudad Bolívar, en Bogotá, han salido a la luz nuevas pruebas que demostrarían su culpabilidad en este crimen registrado el pasado 14 de septiembre. Ahora, en redes sociales, se conoció un video captado por una cámara de seguridad del momento en que este hombre se movilizaba con Ana Lucía en la motocicleta por la localidad de Ciudad Bolívar y, posteriormente, pasa por la misma calle, pero sin ella en el asiento de copiloto tras haber cometido el crimen.Tal como el relato que ha dado a conocer la Fiscalía General de la Nación sobre este caso, este hombre se movilizó en motocicleta desde Mosquera hasta el sur de Bogotá y, en este video, se ve pasar en este vehículo con la pequeña atrás, pero luego regresando sin ella, cerca del sitio en donde posteriormente fue ubicado el cuerpo sin vida. Además, la Fiscalía confirmó durante las audiencias que la causa de muerte de la niña fue asfixia y señaló que existen elementos relacionados con posibles actos sexuales cometidos en su contra. Por estos hechos, Rojas Lárez fue imputado por los delitos de feminicidio y actos sexuales, a partir de elementos de la investigación y de episodios previos relatados sobre la menor, como la exposición de las partes íntimas del imputado a la víctima.El crimen habría sido cometido en horas de la mañana, algo que confirma esta grabación de cámaras de seguridad ya que pasa sobre las 10:30 de la mañana y regresa sin ella media hora después. Es importante recordar que la menor estaba bajo su cuidado y la había trasladado el 14 a Fontibón para el 15 cometer el crimen, horas antes de ser hallada en el interior de una alcantarilla.
José Rojas Lárez fue enviado a prisión por decisión de un juez de control de garantías, luego de que la Fiscalía le imputara los delitos de feminicidio y actos sexuales como presunto responsable de la muerte de Ana Lucía González, una niña venezolana de 8 años.Los hechos se originaron el 14 de septiembre de 2026 en Mosquera, Cundinamarca, donde, de acuerdo con la hipótesis presentada en las audiencias, Rojas Lárez sostuvo una discusión violenta con Luz González, hermana de la menor y su pareja. Durante el altercado habría causado destrozos en la vivienda y amenazado al núcleo familiar, situación que llevó a la mujer a acudir a un CAI para pedir protección.En ese contexto, el procesado habría aprovechado la ausencia de su pareja para llevarse a la niña en una motocicleta. La reconstrucción del recorrido, realizada a partir de cámaras de seguridad y de la identificación del casco que portaba, permitió establecer un trayecto desde el sector de Porvenir Río, en Mosquera, por la Calle 13 y posteriormente hacia Casandra, en Fontibón, donde habría permanecido en un inmueble. Al día siguiente, la menor habría sido trasladada hasta el barrio Juan José Rondón, en Ciudad Bolívar.El cuerpo de Ana Lucía fue encontrado el 15 de septiembre en un canal de aguas lluvias. Los elementos expuestos durante las audiencias señalaron la asfixia como causa de muerte y también hicieron referencia a presuntas agresiones y conductas de carácter sexual previas, entre ellas la exposición de las partes íntimas del procesado ante la niña.Al sustentar la medida de aseguramiento, el juez hizo énfasis en la hipótesis de que la menor habría sido utilizada para causarle un daño a su hermana, dentro de lo que calificó jurídicamente como violencia vicaria.“La hipótesis investigativa que este despacho valora provisionalmente, con el estándar de inferencia razonable exigido en esta sede, es el ejercicio de una forma de violencia de género de una crueldad extrema, que la doctrina y la jurisprudencia han denominado violencia vicaria”, señaló el juez.El despacho explicó que esta forma de violencia ocurre cuando el daño no se dirige directamente contra la mujer, sino contra personas, afectos o bienes significativos para ella, con el propósito de causarle sufrimiento.“La violencia vicaria es aquella en la que el daño no se dirige directamente a la mujer, sino que se desplaza hacia personas, afectos o bienes que le son significativos, con el propósito de causarle un sufrimiento que, de otra forma, no podría infringirse con la misma intensidad”, sostuvo.En su argumentación, el juez señaló además que la menor no habría tenido un conflicto propio con el procesado y que, por ello, la hipótesis de la Fiscalía apunta a que habría sido utilizada como instrumento para afectar a su hermana.“Instrumentalizó el cuerpo y la vida de la hermana de la menor, una niña de 8 años, para causarle un dolor que sería permanente e irreparable. La niña no tenía conflicto con él, no había nada entre él y ella, era el afecto más vulnerable de su expareja, y por eso fue elegida”, afirmó.El juez también resaltó que la perspectiva de género debe ser aplicada en la valoración del caso y, particularmente, en la determinación del peligro para las víctimas.“La lectura con perspectiva de género no es un adorno retórico en este proceso, es un mandato de la jurisprudencia constitucional y de los estándares internacionales de derechos humanos que este despacho está obligado a aplicar”, manifestó.Finalmente, al justificar la decisión de enviar a Rojas Lárez a prisión, el juez hizo referencia a la obligación estatal de adoptar medidas frente a hechos que involucren homicidio y violencia sexual contra una menor de edad.“Una medida de aseguramiento dictada en el marco de un proceso por el homicidio y la violencia sexual contra una niña de 8 años es precisamente una de esas medidas que el Estado está obligado a adoptar”, concluyó.El juez agregó que Luz González, como presunta víctima de violencia vicaria intrafamiliar también debe recibir protección y sostuvo que el Estado colombiano debe investigar, judicializar y sancionar estos hechos con perspectiva de género.
La representación de víctimas en el caso de Ana Lucía González se pronunció luego de la decisión judicial que ordenó enviar a prisión a José Rojas Lárez, señalado por la Fiscalía como presunto responsable del feminicidio de la menor, cuyo cuerpo fue encontrado en una alcantarilla de Ciudad Bolívar, en Bogotá.La Fiscalía confirmó durante las audiencias que la causa de muerte de la niña fue asfixia y señaló que existen elementos relacionados con posibles actos sexuales cometidos en su contra. Por estos hechos, Rojas Lárez fue imputado por los delitos de feminicidio y actos sexuales, a partir de elementos de la investigación y de episodios previos relatados sobre la menor, como la exposición de las partes íntimas del imputado a la víctima.Daniel Solarte, abogado de la familia y representante de víctimas por parte de Erazo y Solarte Abogados, aseguró que la familia de Ana Lucía permanece afectada por lo ocurrido y destacó la decisión judicial de imponer una medida de aseguramiento contra el procesado.“La familia de Ana Lucía se encuentra devastada. Si bien recibimos con muy buenos ojos la noticia de la captura del señor responsable de estos hechos y su posterior judicialización, terminando en una medida de aseguramiento, en nada de eso mengua el dolor y la tristeza que siente su familia, porque no fue una muerte normal, no fue una muerte tranquila, sino, por el contrario, se nota que hubo violencia, hubo premeditación”, señaló.El abogado también explicó que aún están pendientes resultados de Medicina Legal y de los cuerpos técnicos de investigación, que podrían aportar nuevos elementos.“Algo que fue muy evidente del trabajo de la Fiscalía, incluso lo tuvo en cuenta el juez en su alegación para decidir la medida de aseguramiento, es que, en efecto, estamos a expensas de que Medicina Legal, los cuerpos técnicos de investigación de la Fiscalía, nos entreguen nuevos informes, nueva información pericial, sobre todo corroborada, para poder engrandecer esa acusación contra esa persona que perpetró estos lamentables hechos”, y señaló que estos nuevos elementos podrían permitir una adición a la imputación, particularmente frente a la investigación sobre un posible abuso sexual, una vez se cuente con los resultados de los exámenes forenses que están pendientes.Sobre la posibilidad de que otras personas estén vinculadas a lo ocurrido, Solarte indicó que, por ahora, no existe información clara sobre terceras personas, aunque la Fiscalía adelanta verificaciones sobre los lugares en los que estuvo el procesado y analiza información de un teléfono celular que le pertenecía.“Por el momento, no tenemos información clara sobre terceras personas que hayan intervenido en la materialización de este crimen”, sostuvo el abogado, quien explicó que los análisis del dispositivo podrían aportar información sobre otras personas eventualmente vinculadas a la investigación.Finalmente, la representación de víctimas hizo un llamado al Gobierno y al Congreso para revisar las políticas frente a los delitos cometidos contra menores de edad y planteó que se analice un eventual endurecimiento de las penas.“No hay ninguna justificación, no hay señalamiento externo que valga frente a la descomposición social, que es evidente en cuanto están siendo nuestros niños el objeto de conductas totalmente reprochables por parte de personas que realmente están desviando su comportamiento hacia estos crímenes atroces”, afirmó Solarte.El abogado agregó que el mensaje institucional debe ser de “tolerancia 0” frente a estas conductas y sostuvo que, pese al marco legal existente, debe analizarse si las medidas actuales resultan suficientes para prevenir este tipo de delitos.
La muerte de la pequeña Michelle Dayana Henao Chavarría en Buriticá, Antioquia, dio un giro inesperado luego de que los estudios del primer dictamen forense de Medicina Legal dejaran en evidencia que la menor murió por un golpe con objeto contundente, es decir, Michelle Dayana habría sido asesinada.La nueva línea investigativa tomó por sorpresa al departamento, ya que la menor de 6 años había desaparecido por una semana y luego fue hallada sin vida en zona rural del Occidente antioqueño, no obstante, no parecía que una de las hipótesis fuera que Michelle Dayana haya sido asesinada.Debido a esta situación y luego de que los mismos exámenes descartaran un abuso sexual a la menor de edad, las autoridades en Antioquia están tras la pista de quién o quiénes estarían detrás del homicidio de la menor que sufría de autismo y epilepsia.Le puede interesar: Encuentran sin vida a niña de 6 años que llevaba una semana desaparecida en Buriticá, AntioquiaEn su momento, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, lamentó la muerte de la menor y aseguró que las autoridades harían lo posible por esclarecer el hecho, situación que hoy cobra más relevancia tras los hallazgos de Medicina Legal."También elevemos una oración que le dé esos ciegos, le permita tener tranquilidad esos ciegos a esta familia en medio de este dolor tan grande, un dolor que los va a acompañar el resto de la vida, y también para que nos dé fuerzas a todos, a las autoridades, y podamos esclarecer este hecho y no quede en la impunidad", aseguró el mandatario.Aunque la familia de Michelle Dayana aún no ha sido notificada del lamentable reporte, se espera que con el paso de las horas no solo se den más detalles de la muerte de la pequeña, sino que también se pueda conocer los responsables de este aberrante caso que enluta al departamento de Antioquia.
Luego de concretarse la captura este miércoles de José Rojas, presunto responsable de la muerte de la niña Ana Lucía González, de apenas 8 años, hallada en una alcantarilla en la localidad de Ciudad Bolívar el pasado 15 de septiembre, este jueves se llevó a cabo la audiencia de formulación de cargos los cuales no aceptó.Es importante recordar que, de acuerdo con las autoridades, el presunto responsable habría trasladado el cuerpo de la niña en una motocicleta después de cometer el crimen. La principal hipótesis apunta a que el homicidio estaría relacionado con una escena de celos y una presunta intención de venganza contra la hermana de la víctima.El presunto culpable no aceptó cargos por los delitos de feminicidio agravado y actos sexuales agravados, mientras avanza la audiencia en la que se define la medida de aseguramiento en su contra. En diálogo con Noticias Caracol, el abogado de la pequeña, Daniel Solarte, aseguró que buscan la máxima condena y en el marco de la ley por este caso no se contempla ningún tipo de negociación que pueda dar una casa por cárcel o algo por el estilo."Tras la captura de esta persona, procede que se hagan las audiencia. Será legalizada la captura, posteriormente, son informados los cargos por los que está siendo procesado para proceder a la medida de aseguramiento (...) Un juez de garantías de la República determinará si debe estar privado de la libertad para avanzar en el proceso", puntualizó.La menor había sido reportada como desaparecida en el municipio de Mosquera, Cundinamarca, donde residía junto con su hermana y el señalado responsable del crimen. Según la Fiscalía, el hombre sería la pareja sentimental de la hermana de la niña y tenía bajo su cuidado a la menor y a otro niño.
El director de Medicina Legal, Ariel Cortés, reportó un incremento en las muertes de menores de edad registradas en Colombia y señaló la violencia intrafamiliar como uno de los factores que genera mayor preocupación en los casos de homicidio.De acuerdo con las cifras presentadas por Cortés sobre fallecimientos violentos, durante el primer trimestre de 2025 se contabilizaron 884 muertes de menores de edad, mientras que en el mismo periodo de 2026 la cifra ascendió a 947.En cuanto a los homicidios, durante el primer semestre de 2025 se registraron 313 casos, mientras que en los primeros seis meses de 2026 fueron contabilizados 339. Las ciudades señaladas con mayor afectación son Cali, Bogotá, Barranquilla y Medellín.El director de Medicina Legal indicó que, dentro de los homicidios de menores, uno de los factores que más preocupa es la violencia intrafamiliar.Las cifras también incluyen los casos de desaparición de menores. Durante el primer trimestre de 2026 se registraron aproximadamente 2.500 casos, mientras que en los últimos diez años el acumulado llega a cerca de 17.500 menores reportados como desaparecidos.Ante una desaparición, las autoridades activan la Alerta Rosa y la búsqueda puede ser reportada de manera inmediata. Las denuncias pueden presentarse ante Medicina Legal, la Fiscalía General de la Nación o la Policía Nacional, sin que sea necesario esperar 72 horas para iniciar la ruta de búsqueda.Estas cifras se conocen mientras las autoridades avanzan en la investigación por la desaparición y muerte de Ana Lucía González, una niña reportada como desaparecida el pasado 14 de septiembre en Mosquera, Cundinamarca.Por Ahora, Continúa el proceso de plena identificación, por lo que la madre de la menor acudió a Medicina Legal para realizarse una prueba de ADN y nuevamente un reconocimiento fotográfico.La familia de Ana Lucía espera que el procedimiento avance con celeridad para obtener la entrega del cuerpo y realizar su repatriación hacia Venezuela.Rafael González, tío de la menor, explicó que la familia pidió agilizar los resultados del examen de ADN, debido a las dificultades económicas que enfrenta mientras permanece en Colombia.
John Arias será el encargado de vestir la camiseta número 10 de la Selección Colombia en el partido frente a México, según la información conocida por Blog Deportivo. El jugador recibió este dorsal luego del retiro de James Rodríguez del combinado nacional y será uno de los nombres llamados a asumir protagonismo en esta nueva etapa del equipo dirigido por Néstor Lorenzo.La confirmación llegó después de que la periodista Marina Granziera conociera la planilla oficial con la numeración de los futbolistas convocados para el compromiso. Aunque inicialmente se manejó la información de manera reservada, Arias terminó dando una pista en sus redes sociales al publicar una fotografía de cuando era niño en la que aparece utilizando precisamente la camiseta número 10 de Colombia.De esta manera, el futbolista del Palmeiras -que con la selección usaba el 11- tendrá la responsabilidad de portar un dorsal que durante los últimos años estuvo estrechamente relacionado con James Rodríguez. El número fue uno de los símbolos de la generación que alcanzó el histórico cuarto lugar en el Mundial de Brasil 2014 y que posteriormente tuvo al cucuteño como principal referente creativo de la tricolor.Los otros números de camisetasLa nueva distribución de dorsales también dejó otras novedades. Óscar Perea utilizará el número 7 que habitualmente luce Luis Díaz, mientras que Luis Suárez llevará la 9. Kevin Viveros tendrá la 20 (que solía usar Juanfer Quintero), Daniel Arcila recibió la 13 y Juan Manuel Rengifo conservará el 19 que utiliza en Atlético Nacional. Por su parte, Yáser Asprilla fue registrado con el número 22 y Álvaro Montero mantendrá el 24.Precisamente, Rengifo llega a esta convocatoria con una estadística que llamó la atención en el entorno internacional. De acuerdo con un informe del Observatorio Internacional de Datos y Fútbol CIES, el futbolista aparece como el jugador sub-23 que más tiros asistidos genera por cada 90 minutos en las ligas de Sudamérica, con un promedio de 2,3 remates generados para sus compañeros por encuentro.Así, el duelo contra México no solamente marcará una nueva presentación de Colombia, sino también el comienzo de una etapa en la que algunos futbolistas empiezan a ocupar los espacios simbólicos que dejaron referentes como James Rodríguez y Juan Fernando Quintero.
La Gobernación de Santander activó un plan interinstitucional tras la muerte de cuatro personas en una bocatoma ilegal en la vereda El Carmen del municipio de Landázuri, y reportó seis capturas por actividades de minería ilegal.La emergencia, donde cuatro ciudadanos perdieron la vida mientras desarrollaban actividades mineras, llevó a la administración departamental a intensificar la articulación institucional para enfrentar la minería ilegal en el territorio.El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández Durán, explicó que la bocatoma donde ocurrió el hecho era ilegal, pese a encontrarse dentro de un territorio con título minero, situación que hace parte del proceso de investigación judicial: "Desde la Gobernación de Santander hacemos la articulación de un plan integral que permita buscar soluciones a la problemática que se presenta a través de la actividad minera ilegal", detalló.La respuesta institucional articula a la Autoridad Minera Nacional, la autoridad ambiental, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Fuerza Pública, con acciones dirigidas a fortalecer la supervisión, el control y la judicialización de las actividades que se desarrollen por fuera de la legalidad.En paralelo, el secretario confirmó que la Policía y el Ejército Nacional capturaron a seis personas que se encontraban realizando minería ilegal, como resultado de los operativos adelantados en el departamento."Que estas actividades mineras ilegales paren para que se materialicen las acciones donde están los títulos y donde está la explotación legal del mineral, que va a beneficiar ostensiblemente a la seguridad de las personas que adelantan los trabajos y evitar que se presenten estos accidentes", añadió el funcionario.Las víctimas fueron identificadas como Óscar Jhovanny Dávila Quiguanas, de 49 años; Michel Dávila Díaz, de 19; Jorge Mosquera, de ̃65, y Leonardo Antonio Vargas Hernández, de 21 años, este último de nacionalidad venezolana.Al menos 11 emergencias en minas de carbón han dejado 18 personas muertas en este municipio entre noviembre de 2023 y septiembre de ̃2026.La Gobernación de Santander reiteró que mantendrá la articulación con las autoridades competentes para fortalecer el control sobre la actividad minera y prevenir nuevos hechos que pongan en riesgo la vida de quienes trabajan en estas zonas.
La Fiscalía hizo efectivas las órdenes de captura con fines de extradición contra tres hombres señalados de integrar una organización dedicada al tráfico de cocaína desde Santa Marta, Magdalena, hacia Centroamérica y con destino final a Estados Unidos.Los capturados son César Augusto Hernández Mozo, Esneider Enrique Hernández Dimas y Víctor Alfonso Herrera de la Asunción, quienes son requeridos por autoridades judiciales del Distrito Este de Texas.De acuerdo con la investigación, los tres hombres habrían participado en el envío de cargamentos de clorhidrato de cocaína ocultos en embarcaciones que salían del puerto de Santa Marta con destino a República Dominicana, desde donde posteriormente serían transportados hacia territorio estadounidense.La Fiscalía señala que la organización habría utilizado la infraestructura portuaria de Santa Marta para introducir y ocultar los cargamentos de estupefacientes en los buques. La investigación también establece presuntos vínculos y acciones coordinadas con integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, estructura con presencia en la región.Según la hipótesis investigativa, los tres requeridos habrían tenido diferentes funciones dentro de las actividades relacionadas con el envío de la droga.Hernández Mozo sería el encargado de coordinar con integrantes del Frente Libardo Vergel, de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, la salida de los estupefacientes del país.Por su parte, Hernández Dimas habría participado en la contaminación de las embarcaciones mediante modalidades conocidas como ‘micos’ y mediante la utilización de caletas ubicadas en los cuartos de máquinas de los buques.Herrera de la Asunción, de acuerdo con la investigación, tendría a su cargo labores logísticas relacionadas con el transporte de la droga hasta el puerto marítimo de Santa Marta.La investigación señala que los requeridos habrían mantenido vínculos con el Frente Libardo Vergel, estructura a la que la Fiscalía atribuye presencia en la región y con la que presuntamente se habrían coordinado actividades para facilitar la salida de los cargamentos de cocaína.Los tres capturados quedaron a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, dependencia que continuará con los trámitescorrespondientes a las solicitudes de extradición formuladas por las autoridades judiciales de Estados Unidos.
Juan Fernando Quintero presenta una lesión muscular en el recto femoral izquierdo, según informó este viernes el departamento médico del Deportivo Independiente Medellín. El diagnóstico se conoció luego de que el jugador fuera sometido a estudios complementarios.El DIM confirmó que los exámenes médicos realizados a Juan Fernando Quintero permitieron establecer el alcance de la molestia que presenta en su pierna izquierda. El mediocampista deberá continuar con el proceso de recuperación bajo seguimiento médico.¿Cuánto tiempo estará de baja Juan Fernando Quintero en el DIM?Por ahora, el Deportivo Independiente Medellín no estableció un tiempo específico de incapacidad para Quintero. Según el parte médico, su regreso a las canchas dependerá de la evolución clínica de la lesión muscular.La situación representa una novedad para el DIM, que deberá esperar el desarrollo de la recuperación antes de conocer cuándo podrá volver a contar con Juan Fernando Quintero para sus próximos compromisos.Cabe recordar que la lesión del centrocampista de Independiente Medellín se produjo en medio del compromiso que el poderoso disputó el pasado martes, en el Atanasio Girardot, ante Jaguares de Córdoba por la fecha 11 de la Liga Betplay y que terminó con victoria (2-1) para el onceno local, dirigido por Amaranto Perea.Tras conocer el parte médico, el club antioqueño, que marcha actualmente en la cuarta posición de la Liga con 19 puntos y tendrá su partido de este fin de semana ante el Junior de Barranquilla, realizará seguimiento permanente al estado físico del futbolista y entregará novedades sobre su recuperación conforme avance el proceso.
La Selección Colombia tendrá un nuevo capitán en la era posterior a James Rodríguez. De acuerdo con la información revelada en Blog Deportivo, Dávinson Sánchez será confirmado como el encargado de portar la cinta en el partido frente a México, que se disputará este sábado a las 8:00 de la noche, en el primero de los compromisos internacionales que afrontará el combinado nacional durante esta fecha.El defensor ya ha asumido en diferentes oportunidades la responsabilidad de llevar la cinta de capitán, por lo que su designación no resulta completamente nueva dentro del grupo dirigido por el argentino Néstor Lorenzo. Sin embargo, en esta ocasión se trataría de una entrega formal de la capitanía y de la vocería del equipo, luego de que James Rodríguez anunciara su retiro de la Selección Colombia.Vale recordar que Dávinson tuvo su primera convocatoria con la absulota en el 2016 y, desde entonces, ha estado en los diferentes ciclos de la selección, con distintos entrenadores, por lo que ya conoce cómo es la interna del equipo nacional.El actual jugador del Galatasary, a sus 30 años, asumirá esta nueva posición de liderazgo tras el adió de James.¿Quién usará la camiseta número 10?Además de la novedad en la capitanía, otro de los interrogantes que surgieron alrededor del equipo nacional está relacionado con la camiseta número 10 que durante varios años identificó a James. Según la información conocida por Blog Deportivo, John Arias será el jugador elegido para utilizar ese dorsal en el encuentro contra México.De esta manera, el mediocampista asumirá simbólicamente una camiseta que ha tenido un peso especial en la historia reciente de la selección, incluyendo al Pibe Valderrama.El encuentro ante México marcará además el inicio de una serie de partidos para Colombia. Posteriormente, el combinado nacional se medirá con Paraguay y Perú, en una programación que servirá para continuar con la preparación del equipo y consolidar diferentes alternativas dentro del plantel de cara a los próximos desafíos (Copa América y Eliminatoria).
