La Fiscalía General de la Nación informó por medio de su cuenta de X que el caso que involucra a Nicolás Petro Burgos tiene nueva fiscal. Se trata de Lucy Marcela Laborde quien quedó asignada por reparto automático.“A través del sistema de información SPOA y en presencia de la agente especial de la Procuraduría General de la Nación para este caso, la Fiscalía asignó a la fiscal tercera especializada de la Dirección de Lavado de Activos, Lucy Marcela Laborde Betancourt, el conocimiento de las actuaciones penales contra Nicolás Fernando Petro Burgos, quien enfrenta un juicio oral e indagaciones por presuntas conductas de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y violación de datos personales”, informó la Fiscalía.El pasado miércoles 10 de julio se conoció que el fiscal Mario Burgos será sustituido del caso que involucra a Nicolás Petro por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos luego de que el ente acusador considerará válida la recusación que presentaron los abogados del hijo del presidente Gustavo Petro.“Como consecuencia de la decisión adoptada por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial de formular pliego de cargos al fiscal Mario Andrés Burgos Patiño, la delegada para la seguridad territorial de la Fiscalía General de la Nación declaró fundada la recusación presentada por el procesado Nicolás Petro contra el mencionado funcionario”, dice la Fiscalía.La delegada para la seguridad territorial determinó que la decisión disciplinaria del pasado 7 de junio constituye, por sí sola y de manera objetiva, causal de impedimento para el doctor Burgos Patiño. Por ello, este fiscal ante Tribunal Superior de Distrito no podrá continuar como delegado para adelantar la investigación contra el ciudadano Nicolás Petro.Cabe mencionar que el 7 de junio se conoció que Burgos recibió pliego de cargos por parte de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial (CNDJ) por la filtración del video de la captura y del interrogatorio de Nicolás Petro Burgos. Se le acusa de presionar al hijo mayor del presidente Gustavo Petro para negociar con la Fiscalía y así poder investigar al primer mandatario.
Hay noticias desde la Fiscalía en dos de los casos de presunta corrupción que han sacudido al gobierno del presidente Gustavo Petro: el proceso por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña presidencial y las investigaciones por el escándalo en la Unidad de Gestión de Riesgo.Este jueves 25 de julio, la Fiscalía imputará cargos contra Olmedo López, Sneyder Pinilla y el contratista Luis Eduardo López por el desfalco de los carrotanques de La Guajira En esa audiencia, los investigadores revelarán nuevos detalles sobre cómo funcionaba la empresa criminal que entre otras cosas, habría servido para desviar recursos para congresistas disfrazados de contratos para atención de emergencias ficticias, a cambio de su voto favorable a iniciativas del Gobierno Nacional en el Congreso de la República.El jueves también se podrían conocer las condiciones de negociación judicial entre Olmedo y Sneyder con la Fiscalía con dos cosas que concentran la atención de la opinión: se sabrá si los dos exdirectivos de Gestión de Riesgo van o no a la cárcel mientras esperan el juicio en su contra y el monto de dinero que devolverán de lo que se robaron.La respuesta a esos dos puntos la tendrán la Fiscalía y el juez del caso, pues tendrá que definirse si finalmente Olmedo López y Sneyder Pinilla permanecerán detenidos en un batallón del Ejército y si se confirman los montos de devolución de dinero: López prometió devolver más de mil millones de pesos, mientras que Pinilla solamente reembolsará 292 millones de pesos.Mientras tanto, la Fiscalía tiene la presión de dar resultados prontos para confirmar o desvirtuar las acusaciones de los dos grandes delatores del caso en contra del ministro de Hacienda Ricardo Bonilla y otros altos funcionarios del Gobierno Petro, que supuestamente dieron la orden de direccionar contratos para favorecer congresistas que tenían en sus manos la aprobación de empréstitos internacionales.Más allá de las implicaciones políticas del caso, que son de la mayor gravedad, el país urge que no haya impunidad con Olmedo y Sneyder, quienes deben devolver la totalidad del dinero que se robaron y que estaba destinado para atender las emergencias que sobre todo afectan a los más pobres.De otra parte, el país espera que la Fiscalía le cuente si hay incidencia penal en la presunta financiación irregular de la campaña Petro Presidente, investigación sobre la que no se volvió a conocer novedad alguna desde hace por lo menos 7 meses.Una derivación de este caso tiene que ver con el escándalo de corrupción que salpica a Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, quien está en juicio por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, proceso que junto con otros derivados como el que se adelanta contra Days Vásquez, le fueron quitados al fiscal Mario Burgos por orden de la Fiscal General Luz Adriana Camargo, tal y como lo había pedido el presidente Gustavo Petro.
La Fiscalía General de la Nación, a cargo de Luz Adriana Camargo Garzón, ha ordenado reasignar el caso de Nicolás Fernando Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro. Esta medida surge tras la resolución N° 0372 de 2024, emitida por la delegada para la seguridad territorial, que declaró fundada la recusación contra el fiscal Mario Burgos, quien inicialmente lideraba la investigación.La investigación contra Nicolás Petro Burgos incluye graves acusaciones como lavado de activos, enriquecimiento ilícito y violación de datos personales.El caso, debido a su complejidad y la naturaleza de los delitos, será asignado a una fiscalía especializada en lavado de activos. Esta nueva asignación será determinada por un reparto que recaerá en la dirección especializada contra el lavado de activos de la delegada para las finanzas criminales.La decisión de reasignar el caso implica también la eliminación del grupo de tareas especiales que se había formado específicamente para investigar estos delitos durante el periodo de Francisco Barbosa. Sin embargo, el equipo de servidores, expertos y analistas con funciones de policía judicial continuará apoyando al nuevo fiscal asignado para asegurar la continuidad y coherencia en la acción penal.
Este miércoles 10 de julio se conoció que el fiscal Mario Burgos será sustituido del caso que involucra a Nicolás Petro por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos luego de que el ente acusador considerará válida la recusación que presentaron los abogados del hijo del presidente Gustavo Petro.“Como consecuencia de la decisión adoptada por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial de formular pliego de cargos al fiscal Mario Andrés Burgos Patiño, la delegada para la seguridad territorial de la Fiscalía General de la Nación declaró fundada la recusación presentada por el procesado Nicolás Petro contra el mencionado funcionario”, dice la Fiscalía.La delegada para la seguridad territorial determinó que la decisión disciplinaria del pasado 7 de junio constituye, por sí sola y de manera objetiva, causal de impedimento para el doctor Burgos Patiño. Por ello, este fiscal ante Tribunal Superior de Distrito no podrá continuar como delegado para adelantar la investigación contra el ciudadano Nicolás Petro.El pasado 7 de junio se conoció que Burgos recibió pliego de cargos por parte de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial (CNDJ) por la filtración del video de la captura y del interrogatorio de Nicolás Petro Burgos. Se le acusa de presionar al hijo mayor del presidente Gustavo Petro para negociar con la Fiscalía y así poder investigar al primer mandatario.En medio de la investigación disciplinaria por las presuntas irregularidades en la investigación contra Nicolás Petro Burgos, ha declarado sentir una persecución y ha señalado directamente al presidente Gustavo Petro y a su hijo Nicolás como sus únicos enemigos. “El único enemigo que hoy tengo (...) es el presidente y el hijo del presidente”, se lee en el documento resultado de la versión libre que Burgos le otorga al Consejo de Disciplina Judicial.Según la Fiscalía, Burgos recibió dinero del exnarcotraficante Samuel Santander Lopesierra, conocido como el hombre Marlboro, y de Gabriel Hilsaca Acosta, hijo del controvertido empresario Alfonso 'Turco' Hilsaca que habrían ingresado a la campaña electoral del presidente Gustavo Petro en 2022.
Este martes 9 de julio se realizó una audiencia para determinar si se le revocaba la medida de aseguramiento a Day Vásquez por el delito de violación de datos personales por presuntamente haber interceptado las comunicaciones de Laura Ojeda y Génesis Leal, personas cercanas a Vásquez hasta que empezó a sospechar de una infidelidad por parte del hijo del presidente Gustavo Petro.Esto desencadenó en el contacto a un hacker para que accediera a los teléfonos en donde se le habría pagado una suma de $20 millones de pesos.En primer lugar, el abogado de Vásquez explicó los argumentos para que se le permita a ella salir del país sin ningún inconveniente.“Es un delito que si bien puede ser investigado de oficio por la Fiscalía se le da un trámite del procedimiento penal abreviado, (…) este delito es un delito de menor lesividad”, asimismo explica que Vásquez tiene otro compromiso que no va a romper y es el principio de oportunidad por el proceso de enriquecimiento ilícito que llevará a juicio a Nicolás Petro Burgos.Por su parte, la Fiscalía no vio reparos en que se revoque la medida de aseguramiento contra Day Vásquez por el proceso de violación de datos personales para que pueda salir del país “Ella ha venido cumpliendo cada uno de los compromisos adquiridos con el ente investigador al acogerse a un principio de oportunidad por el proceso de lavado de activos y enriquecimiento ilícito(….) de salir del país y no regresar aceptaría su responsabilidad en esos hechos”, dijo el fiscal Mario Burgos.El próximo 16 de julio intervendrá la Procuraduría y finalmente el juez decidirá si se le levanta la medida de aseguramiento.Las audiencias preparatorias, donde se van a evaluar las pruebas que entrarán en el juicio de Nicolás Petro Burgos por el proceso de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, quedaron programadas para el próximo 5 y 6 de agosto de 2024.
En un auto con fecha del 7 de junio, la Procuraduría informó que dio por terminada la etapa investigativa del proceso que cursa en contra de Nicolás Petro Burgos y otorgó un plazo de 10 días hábiles para que los abogados del hijo del presidente expongan sus alegatos frente a las pruebas recaudadas en esta investigación.Como se recordará, Petro Burgos es investigado por presuntamente recibir dineros irregulares durante la campaña presidencial de su padre, época en la que Nicolás hacía parte de la Asamblea del Atlántico. Luego, lo que busca establecer la Procuraduría es si Nicolás cometió alguna falta en su calidad de diputado.No obstante, esto es precisamente lo que buscará controvertir la defensa de Nicolás, la cual alegará que los hechos denunciados no tuvieron que ver con su rol de diputado, pues él habría actuado simplemente como hijo del entonces candidato presidencial, no valiéndose de su cargo."En este caso lo que se evidencia es que en ningún momento él se aprovechó en su condición de diputado para recibir dineros del narcotráfico o recibir dineros de la corrupción administrativa del Estado colombiano", Nixon Torres, abogado de Nicolás Petro.La defensa de Nicolás Petro recibió la notificación del cierre de la investigación el pasado 11 de junio, por lo tanto, tiene plazo hasta el próximo 25 de junio para poder presentar sus alegatos.Luego de esto, el expediente regresará a manos del funcionario instructor y ahí evalúa si hay méritos para proferir cargos o archivar el caso. En caso de que se profieran cargos, la defensa tendrá otros 10 días hábiles para presentar descargos.
Durante la audiencia de imputación de cargos a Day Vásquez que se venía anunciando desde hace varios meses por el delito de violación de datos personales y que no hace parte del principio de oportunidad que le otorgó la Fiscalía, la expareja de Nicolás Petro no aceptó los cargos y el proceso va a continuar.En medio de la audiencia tanto Laura Ojeda, actual pareja de Nicolás Petro y Génesis Leal fueron reconocidas como víctimas, este producto del presunto pago que habría hecho Vásquez a un hacker para acceder a las conversaciones de las dos amigas con la intención de averiguar si existía infidelidad por parte del hijo del primer mandatario. Durante la imputación, que fue de carácter reservado, se habló del pago de una suma alrededor de los 20 millones de pesos.No obstante, durante la audiencia se presentó un altercado entre el fiscal Mario Burgos, que también lleva el proceso por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, y Génesis Leal. Fuentes le confirmaron a Blu Radio que la amiga de Laura Ojeda cuestionó porque en el año 2023 el fiscal del caso, al parecer, omitió el deber de investigar estos hackeos por parte de Day Vásquez.La novela empezó en enero de este año cuando Génesis Leal, la mejor amiga de Laura Ojeda, denunció por prevaricato por omisión al fiscal Mario Burgos, porque según ella este fiscal tiene los informes de Policía judicial desde el 26 de junio del 2023 que acreditan esas interceptaciones ilegales, pero, solo le imputó a Day Vásquez el hecho de haber vulnerado los datos a Laura Ojeda. Según la denuncia, el fiscal Burgos, no investigó el caso de Génesis Leal, a pesar de que Day Vásquez confesó que ordenó “chuzarlas”.En respuesta, el fiscal Mario Burgos aseguró que va a denunciar a Génesis Leal, quien se encuentra en el exterior por el delito de falsa denuncia.“Me siento revictimizada e intimidada, pues lo último que se espera del desarrollo de una diligencia como esta, es que el Fiscal, que debe garantizar mis derechos, anuncie que quiere convertirme en indiciada en un asunto penal”, respondió Génesis Leal en un comunicado.Asimismo, la amiga de Laura Ojeda al finalizar la diligencia señaló que la actitud del fiscal Burgos “denota una falta de objetividad como representante del ente persecutor, pues, teniendo absolutamente claro que va a denunciarme, lo que significa que en su esfera mental soy su contraparte no se desliga del conocimiento de estos hechos”, añadió.
Este jueves 13 de junio se realizará la audiencia de imputación de cargos contra Day Vásquez, la exesposa de Nicolás Petro Burgos, por violación de datos personales. La víctima es Génesis Leal, amiga de Laura Ojeda, actual pareja del hijo del presidente Gustavo Petro.El caso se originó cuando Day Vásquez habría pagado 20 millones de pesos para hackear a Génesis Leal y Laura Ojeda. Esta confirmación se produjo tras la denuncia de Leal, quien afirmó que sus comunicaciones privadas fueron interceptadas por dos agentes de la Dijín de la Policía, siguiendo recomendaciones de Vásquez, exesposa de Nicolás Petro.Leal denunció que, “entre los meses de diciembre y enero de 2023, obtuvo, a través de terceros y en provecho suyo, los datos de mi agenda telefónica de WhatsApp contenida en mi celular para la realización de un análisis link, ordenó la creación de un perfil con base en mis redes sociales y obtuvo información diversa que reposaba en mi equipo móvil”.Este escándalo se suma a los problemas legales de Day Vásquez. Aunque ya consiguió un principio de oportunidad que la libró de ser judicializada por los cargos de lavado de activos que la llevaron a ser capturada junto a Nicolás Petro en julio del 2023, el fiscal Mario Burgos, quien ha venido llevando el caso, afirmó que había otro hecho que debía investigarse: la violación de datos personales denunciada por Génesis Leal.En cuanto a Nicolás Petro, él está a la espera de que empiecen las audiencias preparatorias por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Se le acusa de haber recibido y ocultado dineros que habrían entrado para la campaña presidencial de su padre, utilizando esos fondos para comprar propiedades.La situación de Nicolás Petro y Day Vásquez ha capturado la atención del país, destacando las conexiones y tensiones dentro del círculo cercano al presidente Gustavo Petro. La imputación de cargos contra Vásquez por violación de datos personales añade una nueva capa de complejidad a este ya polémico caso.
Barranquilla recibió la mañana de este sábado la visita del presidente Gustavo Petro, pero no para cumplir compromisos propios de su agenda como jefe de Estado, sino para acompañar el bautizo de su nieto Luka Samuel, quien recibió el sagrado sacramento en la iglesia La Inmaculada Concepción, ubicada en el norte de la ciudad.Petro Urrego, quien llegó sin la compañía de su esposa Verónica Alcocer, arribó a la capital del Atlántico custodiado por un fuerte esquema de seguridad que, inclusive, se reforzó con apoyo del Ejército Nacional.Siendo así, el despliegue operativo se tomó gran parte de la zona, a la altura de la carrera 57 con calle 68, de la cual también hacían parte su esquema de seguridad presidencial y algunos efectivos dispuestos por la Policía Metropolitana de Barranquilla, a través de su Unidad de Servicios Especiales.Aunque la participación del presidente Gustavo Petro no estaba confirmada, fue la misma Laura Ojeda, actual pareja sentimental de Nicolás Petro, quien acabó con los rumores tras hacer públicas las fotografías del sentido encuentro entre el jefe de Estado y su nieto Luka Samuel Petro Ojeda.De hecho, la abogada y reconocida modelo barranquillera precisó a través de su cuenta de Instagram: “Hoy Luka Samuel recibió el sagrado sacramento del bautizo, hijo de Dios, eres bendecido, eres grande y naciste para bendecir”.En este sentido, acotó diciendo “gracias a Dios y gracias a toda la familia por siempre estar”, en cuyo post aparece el mandatario de los colombianos cargando a su nieto Luka Samuel y, además, acompañado por su hijo mayor, Nicolás Petro, y su nuera.
Esto a raíz de que el fiscal Mario Andrés Burgos deberá enfrentar un pliego de cargos por parte de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.Lo anterior debido a la filtración del video de la captura y del interrogatorio de Nicolás Petro Burgos. Donde se le acusa a este de presionar al hijo del primer mandatario con el fin de poder negociar con la Fiscalía y poder así investigar al presidente Gustavo Petro.Por su parte, Mauricio Pava, abogado del presidente, aseguró que esta decisión enseña que el fuero constitucional para investigar y juzgar a un presidente en ejercicio debe ser respetado en todos los escenarios judiciales.Dice que los abusos de poder y las extralimitaciones de funciones deben ser sancionados para proteger la majestad de la administración de justicia.Añade que las reserva de las piezas procesales y su legitimidad deben ser protegidas por los fiscales, llamados a dar ejemplo en la investigación y procesamiento de cualquier ciudadano.A su vez, el presidente Gustavo Petro ya se pronunció sobre esto y aseguró “se le ocurrió a un fiscal investigar al presidente rompiendo la Constitución”, señaló a través de su cuenta de X, dando a entender con esto que aprueba que se aparte del caso al fiscal Burgos.
La Policía Nacional capturó este viernes en Medellín a Robinson Alexander Foronda Galeano y Juan Esteban Atehortúa Acevedo, señalados de presuntamente perpetrar el crimen del líder comunitario Luis Fernando Osorio Soto, el pasado 3 de enero en la vereda Orizaba de Andes, Suroeste de Antioquia.Foronda y Atehortúa tenían orden de captura vigente por los delitos de homicidio agravado, desaparición forzada, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y hurto calificado y agravado, por lo sucedido a este líder, quien además era enfermero de varias zonas rurales de Andes.De acuerdo con la investigación de las autoridades, la víctima se habría resistido al hurto de su vivienda y cuentas bancarias, no obstante, en mayo de este año capturaron a Juan Esteban Acevedo Arteaga, alias 'Juancito', quien al parecer hizo retiros de las cuentas bancarias del líder social por 19 millones de pesos. En total le fueron robados, entre dinero y otros elementos de valor, algo más de 20 millones de pesos.Para el caso de alias 'Juancito', un juez de control de garantías le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario el 28 de mayo, mientras avanza el proceso judicial.Los hechos ocurrieron el 29 de diciembre de 2023, cuando varios hombres armados, habrían ingresado a la vivienda de la víctima y llevado en contra de su voluntad a un sitio solitario y despoblado. Días después, el 3 de enero de este año, el cuerpo fue encontrado atado de manos y pies, además con varias heridas de arma de fuego y politraumatismos en cabeza y tórax, según la Fiscalía.
El Gobierno chileno envió este viernes a Venezuela una nota de protesta por haber impedido ingresar al país a los senadores Felipe Kast (centroderecha) y José Manuel Rojo Edwards (ultraderecha), invitados por la oposición venezolana como observadores en las elecciones del domingo en las que Nicolás Maduro busca la reelección."El Ministerio de Relaciones Exteriores citó al embajador de Venezuela en Chile, Arévalo Méndez, para entregarle una nota de protesta debido a que no se permitió el ingreso a ese país a los senadores José Manuel Rojo Edwards y Felipe Kast", dijo la Cancillería en un escueto comunicado.Kast, del partido Evópoli, informó en sus redes sociales que iban a ser deportados porque no cumplían "con el perfil ni las condiciones de ingresar al país".Edwards, del ultraderchista Partido Social Cristiano, indicó por su parte que "Maduro ha traído miseria y hambre" y "debe saber que Latinoamérica entera va a defender la democracia del pueblo bravo de Venezuela".La Presidencia del Senado chileno aseguró que los hechos son "antidemocráticos" y "denotan la mayor gravedad" porque "los senadores chilenos cuentan con todas las condiciones exigidas usualmente por la República Bolivariana de Venezuela para hacer ingreso a su territorio".Maduro, en el poder desde 2013, se enfrentará el domingo a Edmundo González Urrutia, un exdiplomático de 74 años que se convirtió en el candidato de la oposición luego de que la exdiputada María Corina Machado fuera inhabilitada, y que lidera la intención de voto según las encuestadoras tradicionales del país suramericano.El chavismo, sin embargo, asegura que Maduro ganará, pese a que los sondeos independientes reflejan el hastío de gran parte de la población en medio de una feroz crisis económica que devastó al país en la última década.La deportación de los senadores chilenos tiene lugar horas después de que Venezuela impidió la entrada de una delegación de parlamentarios del Partido Popular (PP) de España y también de un grupo de expresidentes latinoamericanos en un avión que no pudo despegar desde Panamá hasta que los exmandatarios no bajaron de la aeronave.
En la semana epidemiológica que realizó, el Instituto Nacional de Salud reportó un total de 2,375 casos de hepatitis, desglosados en hepatitis B, C y coinfección B-Delta. La cifra se compone de 1,348 casos de hepatitis B, 1,025 de hepatitis C, 2 de hepatitis Delta y 1 transmisión maternoinfantil. Por otra parte, la tasa de incidencia para hepatitis B se estimó en 2.6 casos por cada 100,000 habitantes, mientras que para hepatitis C fue de 1.0 casos por cada 100,000 habitantes. La tendencia general indica un aumento en la incidencia de estas enfermedades.¿Cómo está la hepatitis en Colombia?Las ciudades con mayor número de casos de hepatitis B fueron Bogotá D.C., Medellín, Cúcuta, Barranquilla y Cali. Para hepatitis C, las principales ciudades afectadas incluyeron Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Armenia. Los casos de hepatitis D se concentraron en Bogotá D.C. y Neiva.Hombres, los más afectados por Hepatitis BEl análisis por género muestra que la hepatitis B afecta más a los hombres, con una tasa de incidencia de 3.1 casos por 100,000 habitantes, frente a 1.1 casos en mujeres. En los hombres, se observó una disminución estadísticamente significativa en los casos de hepatitis B en el grupo etario de 15 a 19 años y un aumento en el grupo de 65 a 69 años. Entre las mujeres, se registró una disminución en los casos en el rango de 30 a 34 años y un aumento en el grupo de 60 a 64 años.Disminuye la hepatitis B en mujeres embarazadas en ColombiaDe los casos de hepatitis B reportados, el 4.6 % correspondió a mujeres embarazadas, lo que representa una disminución estadísticamente significativa en comparación con el año anterior. El principal mecanismo de transmisión de la hepatitis B fue sexual, representando el 72.6% de los casos, seguido de la transmisión percutánea o parenteral con el 7.1%. Además, el 3.8% de los casos correspondió a poblaciones indígenas y el 3.6% a negros, mulatos o afrodescendientes, con una disminución estadísticamente significativa en estos últimos grupos comparado con el año anterior.
Una verdadera crisis atraviesa la negociación entre la Alcaldía de Cartagena y la Asociación Cartagenera de Cocheros en medio del proceso de sustitución de coches de tracción animal por coches eléctricos, luego de que un grupo de propietarios y conductores de coches protestaran en contra dicho proceso.Tras varios días de silencio, el alcalde Dumek Turbay se pronunció al respecto asegurando que el proceso de transición en la ciudad no tiene reversa, y que no se volverá a sentar a la mesa con quienes protagonizan esta protesta que calificó como ‘difamatoria’.“En el mes de septiembre vamos a escoger a 15 cocheros, no a dueños de coches, sino a 15 cocheros de la ciudad de Cartagena y los vamos a llevar a Santo Domingo, donde hay un proceso exitoso de sustitución de coches (…) y para los cocheros que hicieron la protesta que fue irrespetuosa, que utilizó palabras difamatorias y calumniosas con el gobierno y conmigo, pues tenemos que decirles que no tenemos nada de que hablar, el diálogo se ha roto por esa actitud, por promocionar la mentira, como argumento de defensa y por creer que amedrentan el gobierno”, dijo.El mandatario señaló que la protesta habría sido incentivada más por los “dueños de los coches que por los cocheros”, y que espera que antes de las Fiestas de Independencia ya estén en la ciudad los primeros 30 coches eléctricos.“Una cosa es el cocheros y una cosa es el dueño de los coches (…) Yo tengo la impresión que la protesta última fue de los dueños de los coches, no de los cocheros, porque lo hemos dicho es que los 60 coches que vamos a adquirir los van a administrar los cocheros, la misma Asociación de Cocheros, y los coches eléctricos tendrán todo el respaldo nuestro, dos años de garantía, dos años de acompañamiento, recursos para que ellos puedan pasar de cochero a empresarios de un servicio turístico”, sostuvo.El alcalde dijo, además, que ya tienen los recursos asegurados para la compra de los 60 coches eléctricos, y que a finales de julio estaría lista la resolución del Ministerio de Transporte que permitirá avanzar en el proceso de transición.Recordemos que el pasado 22 de julio un grupo de cerca de 30 cocheros y propietarios protestaron frente a la Alcaldía de Cartagena para exigir garantías en el proceso de sustitución y claridad sobre una resolución del Ministerio de Transporte que regulará esta actividad.Señalaron que fueron “engañados” por el alcalde Dumek Turbay y que se han sentado en mesas de negación, pero no han sido realmente escuchados.
La prohibición de un vuelo en el que exgobernantes latinoamericanos iban a viajar de Panamá a Venezuela para ser observadores electorales y la deportación de otros veedores aumentaron este viernes la tensión antes de las presidenciales del fin de semana, en las que Nicolás Maduro busca un tercer mandato.Maduro, de 61 años y en el poder desde 2013, tiene como principal rival al diplomático Edmundo González Urrutia, de 74, postulado por la alianza opositora Plaforma Unitaria ante la inhabilitación política de su candidata original, María Corina Machado, y otros dirigentes.Autoridades venezolanas impidieron el despegue desde el aeropuerto panameño de Tocumen de un vuelo de Copa Airlines que tenía entre sus pasajeros a los exmandatarios, denunció este viernes el presidente de Panamá, José Raúl Mulino.Se trata de los exgobernantes Mireya Moscoso (Panamá), Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica), Jorge Quiroga (Bolivia) y Vicente Fox (México), miembros de la derechista Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA) y fuertes críticos de Maduro."El avión (estaba) lleno, completamente lleno, de venezolanos que iban a votar", relató Moscoso en una rueda de prensa. "Vimos lágrimas, (gente) llorando diciéndonos: ¡por favor, quédense, no se vayan!".Fox, en tanto, lo consideró una "mala señal".El miércoles, el poderoso líder chavista Diosdado Cabello adelantó que se les impediría la entrada."Si usted no está invitado a una fiesta, ¿qué le dicen? (...), le dicen: 'por favor, tenga la amabilidad, y se retira' (...). No están invitados, son showseros", dijo Cabello en su programa en la televisión estatal. "Acá no van a venir a joder", agregó.Diez congresistas y eurodiputados del Partido Popular (PP) español, así como una parlamentaria de Colombia y otra de Ecuador, denunciaron después su deportación a su llegada al aeropuerto de Maiquetía, que sirve a Caracas."Nos expulsan (...). Lamentablemente la policía de Maduro es implacable", dijo en la red social X el portavoz parlamentario del derechista PP, Miguel Tellado.Consultado sobre el caso de los expresidentes del Grupo IDEA, un funcionario de Estados Unidos que pidió anonimato solicitó al gobierno venezolano "reconsiderar esta decisión y permitir una mayor presencia internacional".Estos incidentes se suman a las alarmas que despertó en la región una advertencia de Maduro sobre "un baño de sangre" si ganase la oposición, palabras por las cuales los presidentes de Brasil y Chile, Luiz Inácio Lula da Silva y Gabriel Boric, expresaron preocupación.Todo listo Estados Unidos, la Unión Europea y la mayoría de los gobiernos de América Latina desconocieron la reelección de Maduro en 2018 en elecciones boicoteadas por la oposición, que las calificó como un fraude."Tenemos todo listo", dijo este viernes el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, en un acto en Caracas con veedores internacionales que sí fueron invitados.El proceso de instalación de las más de 30.000 mesas de votación se puso en marcha en horas de la mañana, marcado por denuncias de activistas opositores sobre retrasos. Sin embargo, el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López, defendió el despliegue del Plan República, el operativo de seguridad para custodiar los comicios."¡Alerta! Se pretende desde ya, con denuncias tendenciosas a través de las RRSS (redes sociales), enrarecer el clima electoral", cuestionó en X Padrino, quien esta semana negó que la Fuerza Armada vaya a ser "árbitro".González Urrutia pidió a esa institución "respetar y hacer respetar" los resultados en las urnas.Machado informó que conversó con los presidentes de Argentina, Javier Milei; Paraguay, Santiago Peña; y Uruguay, Luis Lacalle Pou. Les agradeció en X "su solidaridad y respaldo" en la "lucha por la democracia"."Siempre estaremos junto al pueblo venezolano", le respondió Milei.Detenciones masivas La ONG de derechos humanos Foro Penal denunció también este viernes que 135 personas vinculadas con la campaña del opositor González Urrutia han sido arrestadas, de las cuales 47 permanecen detenidas."Desde enero hasta acá se han producido 149 arrestos arbitrarios por motivos políticos (...) y 135 están directamente vinculados con lo que fue la gira nacional y la campaña ya propiamente dicha de María Corina Machado con Edmundo González Urrutia", dijo a la AFP su director, Gonzalo Himiob.Hay 10 candidatos en este proceso electoral al que están llamados a participar 21 millones de los 30 millones de venezolanos. Las encuestas favorecen a González Urrutia, pero el chavismo las desestima y acusa a sus adversarios de planear desconocer los resultados y generar violencia.