Este miércoles fue confirmada la noticia de que la fiscal Lucy Marcela Laborde Betancourt, quien lideraba los procesos judiciales contra el hijo del Presidente, Nicolás Petro, saldrá de esta entidad por no participar en el concurso de méritos que proveía cerca de 4.000 vacantes en la Fiscalía General de la Nación, incluida la suya en la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos.Por un momento se pensó que los dos casos que adelanta contra el exdiputado del Atlántico por presunto enriquecimiento ilícito y aparente interés indebido en la celebración de contratos con la fundación Fucoso, garantizarían su permanencia en el ente acusador. Sin embargo, fuentes de la Fiscalía le indicaron a Blu Radio en las últimas horas que una persona ganó esa plaza por concursar y tendrá el derecho a ocuparla.La Resolución No. 30000-03611 del lunes 6 de julio de 2026 que hace oficial su salida no da oportunidad a recursos de apelación, debido al artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Por ende, se ordenó “dar por terminados los nombramientos provisionales de los servidores relacionados, a partir de la fecha de posesión de los elegibles ordenados”.Hay que recordar que este sería el segundo cambio de fiscal en el caso, ya que el primer encargado fue Mario Burgos, reemplazado justamente por Laborde. Ya se suman tres años sin que el proceso llegue a su juicio oral, dado a que hoy se está a la espera de que el Tribunal Superior de Barranquilla resuelva más de 800 apelaciones de pruebas presentadas para esa diligencia final, misión que fue puesta en manos del magistrado Demóstenes Camargo.Mientras tanto, Lucy Laborde tuvo el año anterior una polémica con la fiscal general Luz Adriana Camargo por enviarle una carga en la denunciaba presiones en el manejo del caso Nicolás Petro, al asignarle una fiscal de apoyo no solicitada y ser citada a presuntas reuniones en los que debía dar detalles de la imputación y la medida de aseguramiento que en su tiempo pensaba solicitar.
Durante una audiencia de carácter reservado, el juez Segundo Penal del Circuito Especializado de Barranquilla, Hugo Carbonó, decidió negar la solicitud realizada por la Fiscalía General de la Nación que buscaba cinco días de arresto para el hijo del presidente, Nicolás Petro, y su abogado Alejandro Carranza, por presuntos incumplimientos en la asistencia presencial de las audiencias en el caso de enriquecimiento ilícito y lavado de activos que se le adelanta.Explicó el mismo defensor Alejandro Carranza que el togado no vio problemas en que junto a su representado haya estado en las citas virtualmente y, antes, por el contrario, compulsó copias contra la fiscal Lucy Laborde por mostrar el rostro del bebé del exdiputado del Atlántico durante una de las audiencias, en su afán por presentar pruebas sobre traslados del procesado a diferentes ciudades del Caribe.Así las cosas, el abogado indicó que el juez Carbonó declaró como ilegal parte del procedimiento de la Fiscalía para hacer la solicitud, puntualmente por exhibir fotos del menor de edad.“No se impondrá medida correccional alguna al señor Nicolás Fernando Petro ni al suscrito; por ende, no es cierto que se vaya a imponer alguna clase de medida de arresto ni a Nicolás ni a este defensor. Igualmente, el señor juez ha declarado ilegal una parte del archivo en la que se encuentra la técnica investigativa que la fiscal Lucy Laborde allegó al despacho para hacer su petición”, declaró en sus redes sociales.Recordemos que en abril pasado, la fiscal realizó esa solicitud con el fin de que se “evitaran inconvenientes técnicos” para las audiencias y a partir de la exposición de publicaciones compartidas en redes sociales por Laura Ojeda el 28 de octubre, 14, 15 y 28 de diciembre y 12 de enero de 2026, que dieron cuenta de que el exdiputado del Atlántico se encontraba en ciudades como Cartagena y Santa Marta, pese a que al juez le aseguró en repetidas ocasiones que por problemas de seguridad no podía trasladarse de Bogotá a Barranquilla y que, por estar en la lista Clinton, no le vendían tiquetes aéreos.
Finalmente fue dado a conocer el nombre del magistrado que, por reparto, fue designado por el Tribunal Superior de Barranquilla para resolver las más de 800 apelaciones de pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, la Defensa del exdiputado del Atlántico, Nicolás Petro; y el Ministerio público relacionadas con la judicialización que se adelanta contra el hijo del Presidente por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos.La responsabilidad de liderar la última etapa antes del juicio oral dentro de este proceso fue puesta en manos del magistrado Demóstenes Camargo, quien precisamente inició su carrera profesional como fiscal de la República. No obstante, se le sigue por dos grandes polémicas.Una de ellas por abrir una investigación preliminar contra el profesor universitario Alfredo Correa De Andréis, basado en un informe del DAS que lo acusaba de ser ideólogo de las FARC, aunque luego fue dejado en libertad, pero posteriormente asesinado por paramilitares del Bloque Norte de las AUC.Y la otra por la imputación de la Fiscalía en su contra por el delito de prevaricato por acción agravado en el caso de la Universidad Metropolitana de Barranquilla, donde estaba siendo investigado por firmar un fallo de tutela que, presuntamente, favoreció los intereses de una de las partes y dilató el proceso penal.Ahora tendrá la responsabilidad de legalizar o no la utilización de pruebas como el interrogatorio rendido por Nicolás Petro después de ser capturado, así como una entrevista que concedió a un medio de comunicación en agosto de 2023.También el uso del celular de Daysuris Vásquez, en el que defiende la fiscal Lucy Laborde que hay conversaciones claves para verificar una supuesta financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.Durante la última audiencia de la etapa probatoria, el juez Carbonó ratificó su decisión de dejar por fuera del juicio el testimonio de Ricardo Roa, quien fue el gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, pese a la solicitud del abogado Alejandro Carranza, quien representa al exdiputado del Atlántico.El juez consideró que el objeto del juicio no es la financiación de campañas presidenciales ni la participación de Nicolás Petro en ellas, por lo que el testimonio de Roa no sería de relevancia para este proceso, sin embargo esta decisión podría ser apelada ante el Tribunal.
El juez Hugo Carbonó anuncia que compulsará copias contra el abogado Alejandro Carranza, defensa de Nicolás Petro, por la presunta obtención irregular de videos del proceso, relacionados con una audiencia reservada de solicitud de orden de captura en contra de Nicolás y Daysuris Vásquez. Este material, según denunció la fiscal Lucy Laborde, habría sido obtenido por Carranza de manera ilícita para posteriormente compartirlo en una audiencia para argumentar unas supuestas irregularidades en las que habría incurrido la Fiscalía durante la captura de Nicolás Petro en 2023. Para el juez, es importante que se determine qué sucedió, en el sentido de establecer si hubo o no accesoa material sin una autorización judicial. "En aras del principio de igualdad, el despacho dispone compulsar copias disciplinarias contra Alejandro Carranza para que se investigue la eventual obtención o uso irregular de material reservado. En consecuencia, se mantienen incolume la decisón en todos los demás puntos y se compulsa copias ante la sección disciplinaria del consejo seccional de disciplina para que se haga la respectiva investigación", estableció el juez. Sobre las decisiones a las que se refirió el juez Carbonó que se mantienen, tienen que ver con la compulsa de copias contra el fiscal Mario Burgos, quien desde noviembre del año pasado está bajo investigación por presuntas irregularidades durante la captura desarrollada contra Nicolás Petro en 2023. Entre otras decisiones adoptadas por el juez, también anunció que mantiene como pruebas los testimonios de Laura Ojeda y el núcleo familiar de Day Vásquez, una vez inicie la etapa de juicio. El juez también mantuvo como prueba de la defensa los chats de Blanca Gutiérrez Zuleta sobre el origen y uso de un vehículo Mercedes Benz, evidencia digital que ha sido controvertida por la Fiscalía. Esto corresponde a un vehículo que durante más de un año estuvo en manos de Vásquez. La defensa ha pedido su inclusión al juicio para garantizar el principio de contradicción, lo cual fue acogido por el juez, al considerar que quitarle este insumo a la defensa "es prácticamente mutilarle ese derecho" de contradicción.A su vez, la Fiscalía pidió limitar en el juicio testimonios como los de Cristian Daes, Samuel Santander Lopesierra, Máximo Noriega, Germán Burgos, Gabriel Hilsaca y Raimundo, para evitar que el debate se desvíe a temas políticos.Sin embargo, el juez dijo que desde el comienzo se delimitó el uso de dichos testimonios para refrescar memoria e impugnar credibilidad, así que no hay necesidad de imponer nuevas restricciones.
Este primero de junio se reanudó la audiencia preparatoria de juicio contra Nicolás Petro, investigado por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, para escuchar el pronunciamiento del juez sobre las pruebas que pueden ser usadas o no en el juicio oral que está próximo a iniciarEn medio de la diligencia virtual, el juez Hugo Carbonó rechazó el recurso de reposición presentada por la Fiscalía y se mantuvo en que no será permitido en el juicio el interrogatorio que el hoy acusado entregó a la Fiscalía tras su captura el 29 de julio de 2023, en los que aceptó parte de los hechos y entregó información en el marco de una posible colaboración judicial.El juez consideró que existió un contexto de negociación que pudo influir en las confesiones del procesado y que al no obtener ningún beneficio, ahora no se pueden usar en su contra para auto incriminarse.“Es la enmienda quinta, la que aplicó universal el juzgado, en que toda declaración, todo interrogatorio, toda expresión, toda manifestación como al unísono lo sostiene Ministerio Público y la defensa en el cual el procesado haga confesiones o admita ciertas condiciones de responsabilidad, no pueden ser tenida en contra en su proceso o en el juicio”, dijo el juez. Juez también se mantuvo en que el escrito de acusación de Daysuris Vásquez por el presunto delito de violación de datos personales sí podrá ser llevado al juicio que está por iniciar contra su exesposo, pero de forma limitada. Es decir, la defensa de Nicolás Petro sólo podrá utilizarlo durante el contrainterrogatorio a Day Vásquez, la principal testigo de la Fiscalía, para cuestionar su credibilidad como declarante."El despacho anuncia desde ya que no repone y mantiene firme la decisión recurrida por cuanto en esencia la admisión decretada ya delimitó con precisión el alcance y finalidad probatoria de dicho elemento en armonía con los reparos expuestos con la fiscalía. Observe que resulta claro para el despacho que el escrito de acusación contra la señora Daysuri del Carmen Vásquez no fue admitido como medio de prueba autónoma ni como elemento demostrativo de la verdad de los hechos allí contenidos, sino únicamente para efectos de impugnación de credibilidad como lo afirma la fiscalía y conforme fue sustentado por la defensa en ese sentido", puntualizó. Durante la diligencia, el juez también negó la reposición de la Fiscalía de excluir algunas pruebas relacionadas con Gabriel Elias Hilsaca Acosta que incluyen documentación como certificados de bancos, la apertura de cuentas corrientes, copias de cheques asociados a esa cuenta, entre otros. Según explicó el juez, estos documentos buscan respaldar la tesis de la defensa sobre la licitud de los recursos económicos que habría recibido Nicolás Petro y cuyo origen están siendo cuestionados.En este mismo sentido, el juez permitió la utilización de informes financieros de Nicolás Petro y movimientos bancarios, así como también su declaración de renta correspondiente al año 2022, fecha en la que habría recibido dineros cuya procedencia están siendo cuestionadas.Recusación a la fiscalA pesar de la recusación que ha presentado la defensa de Nicolás Petro contra la fiscal Lucy Laborde, el juez Hugo Carbonó decidió continuar con la audiencia preparatoria de juicio contra el hijo mayor del Presidente.La defensa ha pedido que Laborde sea investigada y separada temporalmente del cargo como representante de la Fiscalía por presunta vulneración de derechos contra Nicolás; sin embargo, el juez consideró que la diligencia programada para este lunes bien podía continuar mientras se resuelve esa recusación, pues ello no le impedía al juzgado pronunciarse sobre las pruebas a reponer, excluir o admitir de cara al juicio.El togado insistió en que ni siquiera se sabe cuánto tiempo pasará para que pueda resolverse esa situación y no se puede esperar más tiempo para avanzar en el proceso e instalar el juicio oral."Reprogramar esta audiencia es una falta de carácter del juez y falta de dirección estar permitiendo que las audiencias se aplacen por motivos que no son fundados ni encuentran en un respaldo estricto en la ley", expresó el juez Carbonó.Por su parte, la fiscal Lucy Laborde ha manifestado que para ella no existe ningún impedimento para seguir al frente del proceso.La audiencia fue suspendida este lunes y continuará a las 8 de la mañana del martes 2 de junio.
El próximo 12 de mayo a las 11:00 de la mañana, la pareja de Nicolás Petro Burgos, Laura Ojeda, deberá comparecer ante un juzgado de Barranquilla para atender la imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento que la Fiscalía presentará en contra de ella.Ojeda será procesada por el presunto delito de violación de datos personales que habría cometido en contra de Daysuris Vásquez, ex esposa del hijo mayor del Presidente y principal testigo en el caso que se le sigue a Petro Burgos.Justamente, esta imputación da un importante vuelco al proceso que cursa en contra de Nicolás hace tres años, pues ahora su actual pareja también pasa a ser procesada, mientras que su ex, Day Vásquez, se convierte en víctima.Se espera que la próxima semana la Fiscalía revele detalles sobre esta nueva investigación; sin embargo, de manera preliminar ha trascendido que este proceso surge a partir de las evidencias halladas en el celular de Ojeda, luego de que su dispositivo móvil fue incautado durante el operativo de captura de Nicolás, en julio de 2023.En el celular incautado, el ente acusador habría encontrado pruebas que apuntan a que Ojeda habría clonado el teléfono de Day, lo que constituye el mencionado delito a imputar.Vale recordar que, a su vez, Day Vásquez está acusada por presunta violación de datos personales contra Laura Ojeda, pues esta última la denunció por supuestamente haber hackeado sus cuentas electrónicas y mensajes del celular. Esto, a partir del supuesto pago a un tercero para que se encargara de interceptar las comunicaciones de Ojeda y de su amiga Génesis Leal.
El juzgado quinto penal del circuito, con función de conocimientos de Barranquilla, confirmó en segunda instancia que Nicolás Petro no será enviado a la cárcel tras la imputación de nuevos cargos por presunta corrupción con contratos de la Gobernación del Atlántico. Según el juzgado, no hay riesgo de que el exdiputado no se presente a las audiencias o de que intente salir del país para huir, pues tomaron en cuenta su comportamiento en los últimos años mientras atiende el proceso por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Ante la decisión tomada, el juez de segunda instancia explicó que no recibió la documentación suficiente por parte del ente acusador en la que sustentaran la documentación con la que pretendían manifestar la autoría en varios de los delitos imputados. Incluso indicó que falta inferencia razonable para justificar que fueron presentados documentos falsos por parte de Petro. Esta audiencia se da como desarrollo a la apelación que el pasado 19 de diciembre presentó la fiscal Lucy Laborde en contra de la decisión del juez de control de garantías Jorge Alberto Ortiz, quien decidió que no era necesario enviar a Nicolás a prisión y que este podía continuar respondiendo al caso en libertad, teniendo en cuenta su buen comportamiento y su voluntad para presentarse. Es de recordar que Petro Burgos fue imputado por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público, tráfico de influencias y peculado por apropiación, tras la solicitud presentada por la Fiscalía, a partir de información obtenida durante la investigación que le adelantaron por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Según el ente acusador, se trata de contratos firmados entre la Gobernación del Atlántico y la Fundación Conciencia Social (Fucoso) para trabajar con adultos mayores durante la pandemia por COVID-19. Uno de estos fue en 2021 y otro en 2022, aunque juntos sumaban más de mil millones de pesos, para la Fiscalía, Petro se habría apropiado de 111 millones de pesos, los cuales recibió de manera fraccionada, en cheques y efectivo.
Con una dura crítica fue reanudada este lunes 27 de abril la audiencia preparatoria de juicio contra Nicolás Petro por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, pues la fiscal Lucy Laborde pidió la palabra para exigir que el proceso judicial continúe desarrollándose de manera presencial, a la vez que cuestionó la veracidad de que el hijo del presidente no pueda realmente trasladarse a Barranquilla a responder a este requerimiento. Por esto, solicitó cinco días de arresto contra Petro Burgos por incumplimiento a las órdenes emitidas por un juez que pedía que estas audiencias se realizaran de manera presencial para evitar inconvenientes técnicos. La crítica la realiza a partir de la exposición de publicaciones compartidas en redes sociales por Laura Ojeda el 28 de octubre, 14, 15 y 28 de diciembre y 12 de enero de 2026 que dieron cuenta de que el exdiputado del Atlántico se encontraba en ciudades como Cartagena y Santa Marta, pese a que al juez le aseguró en repetidas ocasiones que por problemas de seguridad no podía trasladarse de Bogotá a Barranquilla y que, por estar en la lista Clinton, no le vendían tiquetes aéreos. Viajes por el paísIncluso, la Fiscalía afirmó que pudieron confirmar, a través de requerimientos realizados al Club Naval de la Armada Nacional, ubicado en Cartagena, que tuvo seis ingresos al sitio, luego de su inclusión a la lista OFAC, lo que demuestra que sí ha viajado por el país, a pesar de su condición de riesgo. El juez respondió que le dará apertura a este incidente, pero por escrito, no en audiencia. En este sentido, el togado pidió a la Fiscalía que presente toda esta solicitud de manera escrita, para darle traslado a las partes y resolver a través de una resolución. Aseguró que en el término legal, el despacho decidirá si impone medida correccional o lo exonera de la misma.Entre tanto, el juez fijó que el próximo 7 y 8 de mayo será reanudada la audiencia para establecer qué pruebas admitirá y cuáles no en la etapa de juicio.
Este jueves avanzó la audiencia preparatoria de juicio contra Nicolás Petro por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, y con la intervención de la defensa culminó la etapa de apelación a las pruebas admitidas y rechazadas por el juez del caso, Hugo Carbonó.Durante su intervención, el abogado Alejandro Carranza pidió al juez que reconsidere su decisión frente a las pruebas que presentó la defensa en relación con la pasada campaña presidencial y que las admita para su uso en el juicio oral.El juez había considerado que estas pruebas no eran pertinentes, por cuanto el juicio no se trata de la campaña Petro Presidente; sin embargo, la defensa critica que, pese a estos argumentos, el despacho sí aprobó que el ministro del Interior, Armando Benedetti, asista como testigo, siendo que este hablaría justamente de esos temas políticos."Su señoría, usted le admite a la Fiscalía el testimonio del ministro Benedetti, que era el gerente de la agenda de la campaña, para que venga a hablar aquí de si efectivamente había aportes de campañas políticas y demás... Entonces, esa decisión es asimétrica", manifestó Carranza.Carranza también pidió que sean excluidas del juicio todas las pruebas recolectadas durante la captura del hijo del presidente, ocurrida en julio de 2023 en Barranquilla, por considerar que este procedimiento fue ilegítimo ante la vulneración de derechos humanos que fue cometida contra Laura Ojeda, quien tenía ocho meses de embarazo al momento del procedimiento.En aquel momento fueron incautados $25 millones en efectivo, un computador y el celular de Laura Ojeda, el cual, en consecuencia, piden que también sea excluido del juicio como prueba.Tras escuchar todo esto, el juez fijó la continuación de la audiencia para los próximos 27 y 28 de abril, cuando este despacho se pronunciará sobre todas las pruebas apeladas por la Fiscalía y la defensa, de cara al juicio oral.
Una mañana de intervención ininterrumpida ha tenido el abogado Alejandro Carranza, donde durante 3 horas y media ha estado alegando sobre las pruebas que, en su criterio, deben ser excluidas del juicio que está próximo a iniciar contra Nicolás Petro por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.Entre estas, se destaca la solicitud de que sean excluidas del juicio todas las pruebas recolectadas durante la captura del hijo del presidente, ocurrida en julio de 2023 en Barranquilla, por considerar que este procedimiento fue ilegítimo ante la vulneración de derechos humanos que fue cometida contra Laura Ojeda, quien tenía ocho meses de embarazo al momento del procedimiento.El abogado alega que el procedimiento violentó los derechos de Ojeda, siendo que ella fue grabada desnuda en su cama y no fue respetada para que pudiera vestirse. “La filmaron y la humillaron”, dijo Carranza.Pidió al juez Hugo Carbonó que aplicara el enfoque de protección reforzada a mujer embarazada y que no “se premiara” a la Fiscalía al darle validez a lo obtenido durante un procedimiento en el que se habría aplicado constreñimiento.“Como se le pedí en la exclusión, que aplique el enfoque de protección reforzada a la mujer embarazada. Le pido su señoría, el debido proceso y la garantía constitucional. No se puede premiar ni privilegiar a la Fiscalía con esto, no se puede permitir en Colombia el abuso de los derechos humanos para obtener pruebas”, señaló el abogado.En aquel momento fueron incautados $25 millones en efectivo, un computador y el celular de Laura Ojeda, el cual, en consecuencia, piden que también sea excluido del juicio como prueba.Además, el abogado Alejandro Carranza denunció que se perdió la cadena de custodia en el manejo del celular de Daysuris Vásquez, siendo que esta tenía dos celulares al momento de la incautación, pero ella pidió permiso para realizar un traspaso de información antes de entregarlo, lo que habría implicado manipulación en el manejo de la prueba por parte de la testigo, pues ella al final solo entregó un celular de los dos que tenía. Por lo que insiste en que esta prueba sea excluida en el proceso.“Le dice al Fiscal Barahona que va trasladar información de un celular a otro, y que ya le había entregado a la revista Semana. Pregunta esta defensa, ¿dónde quedó la constancia de que el celular no había sido manipulado entre el traslado de la información del celular inicial y la entrega del otro aparato a la Fiscalía?”, manifestó Alejandro Carranza.
Un incendio forestal consumió aproximadamente cuatro hectáreas en el cerro de Cristo Rey, en Cali, durante la tarde de este domingo 13 de julio. La emergencia fue controlada de manera oportuna por los organismos de socorro, evitando que las llamas se propagaran hacia otras zonas del cerro.De acuerdo con Diego Vázquez, coordinador operativo en turno de la Defensa Civil Colombiana, la conflagración fue atendida por dos brigadas forestales, una máquina extintora y dos carrotanques del Cuerpo de Bomberos, con un despliegue de 20 unidades que lograron extinguir el fuego.“Una vez controlada la emergencia, personal de la Defensa Civil llegó al lugar con una camioneta operativa, cuatro voluntarios y un funcionario para adelantar labores de vigilancia forestal. Durante las seis horas siguientes al control del incendio se realizará un monitoreo permanente del terreno con el fin de identificar posibles puntos calientes que puedan reactivar las llamas, especialmente durante la noche”, dijo el coordinador.Vázquez indicó que este es el quinto incendio forestal atendido por la Defensa Civil en menos de una semana. Según explicó, al inicio de la semana la institución respondió a tres emergencias similares en el municipio de Vijes, una en Yumbo y la registrada este domingo en Cali.“Estos son los incendios que normalmente ocurren en esta segunda temporada seca del año o la segunda temporada de menos lluvias, y se da por causa de que la cobertura vegetal se encuentra seca a raíz de la fuerte temporada de calor por las altas temperaturas”, expresó el funcionario.Desde la entidad manifestaron que en la mayoría de los casos, las emergencias son ocasionadas por la acción humana y se hizo un llamado a la ciudadanía para evitar quemas, el uso de elementos pirotécnicos o cualquier acción que pueda generar incendios forestales.
En un nuevo mensaje semanal, el presidente electo, Abelardo De La Espriella, dio nuevos detalles de los planes a implementar en su Gobierno como la reestructuración institucional, además de una nueva integrante del gabinete, el cual aún le faltan cinco ministras por designar.Confirmó la llegada de la ingeniera electricista María Nohemí Arboleda Arango al Ministerio de Minas y Energía. Arboleda, quien actualmente se desempeña como gerente general de XM, operador del Sistema Interconectado Nacional y administrador del Mercado de Energía Mayorista, asumirá el cargo con el objetivo de conformar “un equipo de excelencia técnica para la energía” y brindar tranquilidad a los mercados.Otro elemento nuevo es la creación del Banco Nacional de Talentos, una plataforma que será el banco de hojas de vida más grande del país y buscará modificar los criterios de acceso a cargos públicos.“Ya no más puertas cerradas, ¿quién te recomendó? Ya no más exclusión por región, por origen o por política”, afirmó el presidente electo al referirse al nuevo mecanismo de selección.Reorganización institucionalComo parte de la transformación de la Presidencia, anunció la eliminación de consejerías y agencias que duplican funciones, con el propósito de trasladar sus responsabilidades a ministerios y entidades competentes.La reforma contempla la eliminación de 229 cargos, lo que representaría un ahorro cercano a los 10.000 millones de pesos anuales, recursos que serán destinados a programas dirigidos a los ciudadanos.Entre los cambios está la desaparición de la Consejería para la Reconciliación Nacional, cuyas funciones serán asumidas por los ministerios del Interior, Defensa y Relaciones Exteriores. También se eliminará la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, cuyas competencias pasarán a esas mismas carteras.Asimismo, la Unidad de Implementación del Acuerdo Final dejará de existir como dependencia independiente y sus funciones serán trasladadas al Comisionado Nacional de Seguridad. En ese sentido, De La Espriella afirmó: “Se acaba el comisionado de paz, porque no habrá más procesos de falsa paz en mi Gobierno”, al señalar que su administración dará prioridad a la seguridad.La Consejería Presidencial para las Regiones será transformada en la Gerencia para las Regiones, una instancia con enfoque ejecutivo que tendrá como función coordinar la relación entre el Gobierno nacional y alcaldes y gobernadores, además de hacer seguimiento a los compromisos adquiridos con los territorios.La posesiónEl presidente electo dejó en firme su disposición de juramentarse en una guarnición en el sur del país, a pesar de la oposición que ha mostrado el mandatario saliente, Gustavo Petro, quien asegura que la orden es no permitir el evento en una instalación militar.Lo que sí ha dejado claro el secretario general del Senado de la República, Diego González, es que fuera del capitolio sí se puede realizar el acto de asunción, si así lo aprueba la mayoría de los congresistas, quienes a través de una proposición pueden definir que sea un lugar distinto a la sede del Legislativo.Invitado especialDurante su intervención, De La Espriella también invitó a Luis Felipe Yagüe a su ceremonia de posesión, adulto mayor vendedor de panelas en Florencia, departamento de Caquetá, discriminado y expuesto en redes sociales por un profesor universitario porque apoyó al presidente entrante.Otro de los anuncios centrales fue la reorganización de las comunicaciones del Gobierno. “Este Gobierno centrará y ordenará las comunicaciones”, afirmó el mandatario electo, al señalar que esta área no estará orientada a responder a intereses privados o particulares.El pronunciamiento se da después que en dos ocasiones se han dado opiniones sobre acciones gubernamentales que no corresponden con la posición oficial del Gobierno, como una entrevista donde se anunció la supuesta reglamentación del trabajo y cotización por horas, lo que no corresponde a la realidad.En cuanto a su gira que esta semana incluyó, entre otros el Santuario de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, De La Espriella destacó el acompañamiento del embajador encargado de Estados Unidos durante su visita y señaló que continuará recorriendo las regiones del país para mantener contacto directo con las comunidades.
Un grupo de personas que regresaba a casa tras asistir a una boda sufrió un aparatoso accidente de tránsito que dejó 13 muertos y cinco heridos, luego de que el vehículo en el que se movilizaban quedara atrapado entre dos camiones durante una maniobra que salió mal.La tragedia se registró en la autopista costera del norte, cerca de la aldea de Kiajaran Kulon, en la regencia de Indramayu, Indonesia. Las víctimas habían participado en una ceremonia de matrimonio celebrada en Yakarta y emprendían el viaje de regreso cuando ocurrió el fatal siniestro.De acuerdo con la información entregada por las autoridades, los invitados viajaban en una camioneta de caja abierta. En determinado momento, el conductor decidió disminuir la velocidad con la intención de realizar un giro sobre la carretera, aprovechando un espacio en la vía para cambiar de sentido. Sin embargo, la maniobra terminó desencadenando una cadena de impactos de gran magnitud.El jefe de la Policía de Tránsito local, Undang Syarif Hidayat, explicó que un camión de carga que circulaba en el mismo sentido no alcanzó a detenerse e impactó violentamente la parte trasera de la camioneta. Como consecuencia del choque, el vehículo fue lanzado hacia el carril contrario, donde otro camión terminó embistiéndolo.“El impacto empujó la camioneta hacia el carril contrario, donde fue golpeada de nuevo por otro camión”, señaló el oficial, citado por medios locales. Además, indicó que “la violenta colisión lanzó a más de una docena de personas de la camioneta a la carretera”, una situación que agravó el número de víctimas.Las autoridades precisaron que la camioneta quedó aprisionada entre los dos vehículos de carga pesada y fue arrastrada varios metros. La fuerza del impacto hizo que varias personas murieran en el lugar, mientras otras quedaron con lesiones de consideración.Los equipos de emergencia atendieron a los sobrevivientes y los trasladaron a centros médicos cercanos. De las cinco personas heridas, algunas permanecen en estado grave y reciben atención especializada.Entretanto, la Policía adelanta las investigaciones para establecer con exactitud cómo ocurrió el accidente y determinar las responsabilidades correspondientes. Entre los aspectos que analizan los investigadores se encuentra la maniobra realizada por el conductor de la camioneta y las condiciones en las que se produjo la colisión.El hecho ha causado conmoción entre los habitantes de la región, ya que lo que comenzó como una celebración terminó en una tragedia que enlutó a varias familias. Las autoridades continúan recopilando pruebas para esclarecer todos los detalles de uno de los accidentes más graves registrados recientemente en esa vía.
El presidente electo, Abelardo De La Espriella, anunció la designación de María Nohemí Arboleda Arango como nueva ministra de Minas y Energía. Destacó su trayectoria técnica de más de tres décadas en el sector energético y aseguró que su Gobierno estará integrado por "los colombianos más capaces, honestos y preparados", sin cuotas políticas ni compromisos burocráticos.Al presentar el nombramiento, De La Espriella describió a Arboleda como una profesional que "nunca había estado en política" y resaltó su experiencia en la planeación energética, la operación de sistemas eléctricos de potencia y la administración de mercados de energía.Nacida en Planeta Rica, Córdoba, y formada profesionalmente en Antioquia, Arboleda es ingeniera electricista de la Universidad Nacional. Además, es especialista y magíster en Distribución y Transmisión de Energía de la Universidad Pontificia Bolivariana. También cuenta con formación en gerencia financiera, alta dirección y liderazgo de juntas directivas.Desde 2016 se desempeña como gerente general de XM, operador del Sistema Interconectado Nacional y administrador del Mercado de Energía Mayorista. Anteriormente ocupó diferentes cargos técnicos en XM e ISA, consolidando una trayectoria de más de 30 años en el sector eléctrico colombiano.Su trabajo le ha valido reconocimientos como el Women in Energy y su inclusión entre las 100 mujeres más influyentes de Colombia.Como ministra, tendrá la misión de enfrentar el riesgo de desabastecimiento energético que, según el gobierno electo, heredará la nueva administración; fortalecer la confiabilidad del suministro; impulsar el desarrollo de energías limpias, y crear condiciones que incentiven la inversión en el sector.También liderará estrategias para mejorar la calidad del servicio, promover nuevas fuentes de generación y avanzar en soluciones estructurales que reduzcan el impacto de las tarifas de energía, especialmente en la región Caribe."Es una prioridad para este gobierno mejorar la situación que enfrentan los habitantes de la Costa, donde no solo tienen las tarifas más altas del país, sino también uno de los servicios que requiere soluciones urgentes", aseguró Arboleda tras su designación.La futura ministra explicó que trabajará de manera articulada con los ministerios de Defensa y Ambiente para proteger la infraestructura energética y desarrollar proyectos de exploración y explotación donde la normatividad ambiental lo permita, garantizando la protección de la biodiversidad y de las comunidades.Con este nombramiento, el Gobierno electo reiteró que la política energética estará sustentada en la excelencia técnica, la meritocracia y la capacidad de gestión, con el objetivo de fortalecer la seguridad energética y garantizar un suministro confiable para el país.
Una mujer estadounidense que contrajo matrimonio con más de una docena de hombres en Las Vegas acordó declararse culpable de cargos de bigamia y de fraude, tras cobrarle a sus parejas miles de dólares por casarse con ellos.Jiaying Chen, de 33 años, se declaró culpable de un cargo de bigamia y de un cargo de intento de obtener dinero mediante engaños por un valor de 100.000 dólares o más, según el acuerdo de culpabilidad presentado ante el tribunal del condado de Clark (Nevada) y citado este lunes por el periódico Las Vegas Review-Journal.Entre abril y junio pasado, Chen contrajo matrimonio al menos cinco veces, sin haber tramitado previamente los divorcios.La mujer enfrentaba seis cargos graves de bigamia, así como cargos de falsificación y robo relacionados con la trama iniciada en marzo de 2019 hasta mayo pasado. En ese lapso, Chen presentó 15 solicitudes de licencia de matrimonio ante el registro del condado de Clark. Al menos se emitieron ocho certificados bajo ese nombre.Las autoridades alegan que la acusada también presentó solicitudes de matrimonio utilizando el alias ‘Vicky Liang’, quien supuestamente presentó ocho solicitudes en 2025, de los cuales se expidieron siete certificados.La mujer admitió a la policía de Las Vegas que podía ganar "hasta 20.000 dólares por un matrimonio". No obstante, aclaró que no llegaba a casarse con todos porque “no todos” pagaban, según el rotativo.Chen explicó que solo contraía matrimonio en Las Vegas debido a la facilidad para hacerlo allí.La Fiscalía asegura que Chen tomó unos 138.000 dólares de al menos tres de sus esposos, que habría perdido jugando en uno de los casinos de la ciudad.Las autoridades no han revelado la razón por la que los hombres se casaron con la mujer y si llegaron a convivir con ella.Chen podría enfrentar una pena máxima de 24 años de prisión en la audiencia de sentencia el próximo 20 de agosto.