El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió este jueves tres nuevas licencias generales bajo el régimen de sanciones a Venezuela que flexibilizan de forma limitada operaciones vinculadas a la deuda de la petrolera estatal PDVSA, la aviación civil y las telecomunicaciones, sin modificar el núcleo de las restricciones vigentes.La medida central, publicada como Licencia no.5, autoriza a partir del 4 de agosto de 2026 transacciones relacionadas con el bono 2020 de PDVSA al 8,5 %, incluyendo la provisión de financiamiento y otras operaciones vinculadas a ese instrumento de deuda, aunque sin abrir el acceso general de Venezuela a los mercados financieros internacionales.La medida le permite a PDVSA volver a realizar operaciones vinculadas a ese instrumento de deuda específico, lo que en la práctica abre la posibilidad de participar en transacciones para su compra, venta o reestructuración bajo condiciones autorizadas.El Tesoro precisó que la autorización aplica específicamente a ese bono y no implica una flexibilización amplia del régimen de sanciones sobre la deuda soberana o corporativa venezolana.En paralelo, otra licencia autorizada este jueves permitirá transacciones con la aerolínea estatal Conviasa para el suministro de bienes y servicios necesarios para el mantenimiento, reparación y seguridad de aeronaves, incluyendo repuestos, software, inspecciones técnicas y soporte de aeronavegabilidad.Finalmente, la tercera licencia incluida en el paquete divulgado actualiza y sustituye una licencia anterior para autorizar operaciones vinculadas a telecomunicaciones y servicios postales, permitiendo el intercambio de comunicaciones y el envío de correo y paquetes hacia, desde y dentro de Venezuela, bajo el marco de excepciones limitadas.El Tesoro subrayó que ninguna de las licencias levanta el resto de sanciones económicas, financieras o comerciales sobre el gobierno de Venezuela, y que permanecen prohibidas las transacciones no contempladas expresamente en las autorizaciones emitidas.Desde la captura del expresidente, Nicolás Maduro, en enero pasado, Estados Unidos inició un proceso de flexibilización de permisos y licencias entorno a la explotación y comercialización del petróleo, así como de otros recursos naturales venezolanos, de la mano de la presidenta interina, Delcy Rodríguez.
El Gobierno colombiano entregó un balance de la reciente reunión binacional con Venezuela y destacó avances en temas energéticos, comerciales y de seguridad en la frontera. El ministro de Minas y Energía aseguró que los diálogos podrían abrir nuevas oportunidades para la seguridad energética de ambos países y para el desarrollo de regiones históricamente rezagadas.A través de su cuenta de X, el jefe de la cartera calificó el encuentro como “supremamente exitoso” y señaló que una de las principales apuestas es fortalecer la integración energética entre Colombia y Venezuela.Uno de los proyectos analizados durante la reunión fue la posibilidad de que la empresa ISA Intercolombia lidere inversiones para una nueva interconexión eléctrica entre ambos países a través de La Guajira. Según el ministro, esta región tiene actualmente uno de los mayores potenciales de exportación de energías limpias en Colombia.En esta iniciativa también han manifestado interés en participar compañías públicas como Grupo Energía Bogotá y EPM, que podrían intervenir en la rehabilitación y ampliación de la infraestructura energética entre los dos países.Otro de los temas discutidos fue la posibilidad de reanudar la exportación de energía desde Venezuela hacia Puerto Carreño, en el departamento de Vichada. Según el Gobierno, esta región dejó de recibir electricidad a través de esa interconexión durante el gobierno de Iván Duque, lo que obligó a miles de familias a depender de plantas de generación con diésel, con mayores costos para los usuarios y mayores subsidios del Estado.También se revisó el estado de la interconexión eléctrica San Mateo–Corozo, ubicada en Norte de Santander. De acuerdo con el ministro, esta infraestructura se encuentra operativa y podría servir como respaldo energético para Venezuela durante épocas de sequía, siempre que se concreten los contratos de conexión correspondientes.En materia de gas natural, el ministro explicó que la petrolera estatal venezolana PDVSA manifestó su intención de terminar el contrato vigente con Ecopetrol debido a condiciones comerciales que actualmente no permiten recuperar las inversiones necesarias para rehabilitar el gasoducto Antonio Ricaurte.No obstante, ambas compañías habrían expresado voluntad política para revisar el acuerdo el próximo año, con ajustes en precios y plazos. Para avanzar en ese proceso, el Gobierno colombiano sostendrá una reunión con autoridades de Estados Unidos con el fin de analizar el levantamiento de sanciones que afectan las relaciones comerciales con Venezuela.El ministro aseguró que, aunque el país cuenta con más de 14 proyectos de infraestructura de regasificación, el gas venezolano podría convertirse en una alternativa de corto plazo para garantizar el abastecimiento y reducir costos para el país.Durante el encuentro también se anunció que ya se habilitaron permisos para la importación inicial de gas licuado de petróleo desde Venezuela por Cúcuta. Según el Ministerio, se prevé un volumen de más de 1,2 millones de galones mensuales que beneficiaría a más de 150.000 familias en la zona de frontera.Asimismo, se confirmó la llegada de los primeros 100.000 litros de gas, que ya estarían beneficiando a cerca de 800 hogares, muchos de los cuales aún cocinan con leña.En cuanto a la empresa Monómeros Colombo Venezolanos, el Gobierno colombiano reiteró su interés en adquirir la compañía mediante un esquema público o mixto, una vez se levanten las sanciones internacionales. Mientras tanto, la empresa Gecelca avanza en el proceso de valoración de la compañía.Por su parte, el presidente Gustavo Petro aseguró que la reunión binacional fue exitosa y anunció que ambos países también avanzarán en una agenda de cooperación regional.Entre los temas mencionados por el mandatario están la coordinación militar para combatir el narcotráfico en la frontera, la integración energética y el impulso a la participación de Venezuela y Colombia como miembros plenos del Mercosur.De acuerdo con el Gobierno, estos diálogos buscan fortalecer la cooperación bilateral y convertir la integración energética en una herramienta para impulsar el desarrollo regional y garantizar mayor seguridad energética en ambos países.
Venezuela informó el miércoles que negocia con Estados Unidos la "venta de volúmenes" de crudo, momentos después de que el gobierno de Donald Trump dijera que controlará la comercialización de petróleo venezolano "indefinidamente"."Cursa una negociación con Estados Unidos para la venta de volúmenes de petróleo, en el marco de las relaciones comerciales que existen entre ambos países", indicó en un comunicado la empresa estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa)."Este proceso se desarrolla bajo esquemas similares a los vigentes con empresas internacionales", apuntó la compañía.El secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, dijo más temprano que Washington controlará las ventas de petróleo venezolano "indefinidamente".Trump había anunciado la víspera que el gobierno interino Delcy Rodríguez entregará hasta 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos. Los ingresos serán "controlados" por él, precisó."Las autoridades interinas en Venezuela entregarán entre 30 y 50 MILLONES de barriles de petróleo de alta calidad, sancionado, a Estados Unidos", publicó el republicano en su plataforma Truth Social.Una fuente petrolera dijo bajo anonimato a la AFP que además se prevé el levantamiento de ciertas sanciones en el sector.El presidente estadounidense dijo estar "a cargo" de Venezuela tras una operación militar a gran escala en Caracas y tres estados del país el 3 de enero que devino en la caída del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.Ambos se encuentran en Nueva York, donde enfrentan un juicio por varios cargos, incluido narcotráfico.Sometida a un embargo petrolero de Estados Unidos, Venezuela posee aproximadamente una quinta parte de las reservas mundiales de petróleo, unos 303.000 millones de barriles en su mayor parte de crudos pesados y extrapesados.
El gobierno de Venezuela alertó sobre una guerra que aseguró quiere instaurar EE. UU. en Latinoamérica y el Caribe, aunque subrayó como un "imposible histórico" rendirse en este contexto, en momentos de tensión por el despliegue aeronaval estadounidense en aguas caribeñas, que Nicolás Maduro interpreta como un intento para sacarlo del poder.En un acto por el 47 aniversario del Comando de Defensa Aeroespacial Integral, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, aseguró que Estados Unidos también pretende "nuevamente devolver en sacos, en bolsas negras y en urnas a ciudadanos contribuyentes, jóvenes de la sociedad norteamericana".Sin embargo, el jefe militar dijo que Venezuela sigue "clamando por la paz", aunque subrayó que el país se mantiene en "rebeldía" contra lo que consideró como la "acción nefasta" del "imperialismo norteamericano".Intento de "intimidación" y "violación flagrante"El ministro de Defensa denunció un intento de intimidación por parte de Estados Unidos con el sobrevuelo de aviones de combate F-18, que ocurrió el pasado martes sobre el golfo de Venezuela según reportó el servicio de seguimiento para aviación Flightradar24, que no precisó si las aeronaves cruzaron el espacio aéreo venezolano.Padrino López afirmó que aviones de las fuerzas armadas de Estados Unidos se acercaron a las costas venezolanas y pidió al país norteamericano no equivocarse al afirmar que Venezuela está preparada para la defensa.Además, criticó la confiscación de un buque cargado con crudo venezolano por parte de fuerzas estadounidenses, frente a las costas del país suramericano, lo que a su juicio constituye una "violación flagrante" al derecho internacional, a la libre navegación y el libre comercio.El militar aseguró que el buque "petrolero, mercante, civil" transportaba petróleo venezolano "para otros mercados internacionales" y fue interceptado en el Caribe, "ya saliendo" al océano Atlántico".¿Qué se sabe sobre este buque?El martes, Estados Unidos interceptó el buque petrolero Skipper, que navegaba con falsa bandera, frente a las costas de Venezuela, en una operación conjunta del Departamento de Guerra con la Guardia Costera estadounidense.El buque -sancionado por Washington en 2022- fue incautado por orden de un juez del país norteamericano, debido a sus presuntos vínculos previos con el contrabando de petróleo iraní.En el momento en que fue confiscado, transportaba 1,9 millones de barriles de crudo de la estatal PDVSA, según dijo el gobierno venezolano, que no precisó el país de destino y calificó el decomiso como un "robo descarado".El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este viernes que quiere mantener en secreto sus planes para con el petróleo venezolano."Fórmulas de mentira"Por su parte, Maduro advirtió este viernes que las "fórmulas de mentiras, de presión, de chantaje y amenazas" no funcionarán "jamás" sobre su país."Respect, respect, respect, stupid, los estúpidos del norte que se la pasan opinando y escribiendo en los medios del estúpido norte (Estados Unidos)", añadió.Estados Unidos, que no reconoce la legitimidad de Maduro en Venezuela y lo acusa de liderar el Cartel de los Soles -un supuesto grupo vinculado al narcotráfico-, puso en marcha desde agosto pasado una movilización militar en el Caribe, con el argumento de combatir el tráfico de drogas, pero que el líder chavista interpreta como un intento para sacarlo del poder.Mientras, Venezuela se ha declarado en "permanente movilización" militar en todo su territorio, en respuesta a lo que denuncia como una "amenaza" de invasión de EE. UU., en referencia al despliegue naval, que es el más grande de la historia del país norteamericano desde la primera Guerra del Golfo Pérsico (1990 -1991), según un estudio de expertos del Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS)
Mientras el ministro de Minas, Edwin Palma, insiste en que Colombia comprará gas a Venezuela este mismo año a pesar de los obstáculos, el Gobierno colombiano le dio el ‘alta’ a la sucursal de Pdvsa en Colombia lo que le da vía libre para normalizar todas sus relaciones comerciales en el país.La decisión de la Superindentendencia de Sociedades, del pasado 2 de septiembre, da por terminado el proceso de reorganización empresarial lo que implica que la compañía ya no tiene restricciones para comprar y vender sus activos en el país, para conseguir nuevos socios o para embarcarse en nuevos negocios.“...entiende este Despacho que la sociedad en concurso cumplió con el pago total de las obligaciones pactadas en el acuerdo de reorganización”, señala el auto en el que se tomó la decisión.La compañía estaba en reorganización en parte como consecuencia de la parálisis de sus actividades por cuenta de las sanciones de la OFAC a Venezuela y de la imposibilidad de ejercer sus negocios con normalidad.Las deudas de Pdvsa se pagaron principalmente gracias a plata de Ecopetrol, pues pagó a la compañía unos 15.000 millones de pesos de cuentas pendientes de los acuerdos de mantenimiento y preservación del gasoducto trasnacional Antonio Ricaurte.Mientras tanto el plan de negocios con el que la compañía justificó a la Superintendencia de Sociedades que es una empresa viable y no debía liquidarse es la reactivación del gasoducto y la venta de gas a Colombia, algo en lo que el Gobierno está cada vez más interesado.Tenemos que superar cualquier barrera: minminas defiende importación de gas desde Venezuela"No tiene ningún sentido desde el punto de vista lógico que en Venezuela quemen gas, boten el gas y nosotros necesitándolo. Entonces tenemos que superar cualquier barrera”, dijo el ministro de Minas, Edwin Palma.El jefe de esta cartera asegura que esta movida se puede dar incluso sin que Ecopetrol esté en el negocio, aunque no dio mayores detalles de cuál podría ser la figura para lograrlo.Para el Gobierno existen obstáculos técnicos y están trabajando por superarlos.Actualmente Colombia importa el 17 % del gas que consume y a menos que logre poner en operación el mega proyecto Sirius en 2029 tendrá que importar más del 50 % de su consumo total.¿Qué impide que Colombia le compre gas a Venezuela?En primer lugar las sanciones de la OFAC impiden a Ecopetrol firmar cualquier clase de negocio con el Gobierno Venezolano en general y con Pdvsa en particular. Hay quienes creen que se puede obtener un permiso especial de la OFAC para realizar el negocio de la importación; sin embargo, con la diplomacia estadounidense llamando abiertamente dictador, narcoterrorista y prófugo a Nicolás Maduro, es difícil creer que el Gobierno norteamericano conceda ese tipo de licencia.En segundo lugar, el gasoducto Antonio Ricaurte dejó de utilizarse hace una década y requiere labores de mantenimiento y puesta a punto, en especial en el tramo colombiano.En tercer lugar no es seguro que Venezuela pueda proveer la totalidad del gas que necesita Colombia debido a restricciones de su sistema interno de transporte de gas.
Mientras las utilidades de Ecopetrol caen y la posibilidad de traer gas desde Venezuela es poco clara, Pdvsa Colombia ha estado recibiendo cuantiosos recursos de Ecopetrol y está esperando que la petrolera le pague más de 12.000 millones de pesos adicionales.Según documentos oficiales de Pdvsa Gas Sucursal Colombia, la compañía se capitalizó el año pasado gracias al pago que le hizo Ecopetrol de 15.163 millones de pesos.El concepto de pago fue el “Plan bilateral de contingencias contra derrames de hidrocarburos para la protección de las cuencas hidrográticas y transfronterizas” y según la compañía los recursos fueron incluidos como “Inversión Suplementaria al Capital Asignado (ISCA)” y se están usando para pagar a los acreedores dentro del plan de reorganización.En otras palabras, Pdvsa se capitalizó con ese pago de Ecopetrol cuando se esperaba que lo hiciera con recursos de su casa matriz en Venezuela.A pesar de los pagos del año pasado, Pdvsa considera que las cuentas con Ecopetrol no están saldadas del todo. En los mismos documentos, la sucursal asegura que tras una revisión conjunta llegó a la conclusión de que hay un pendiente a su favor de 2.99 millones de dólares, más de 12.000 millones de pesos al tipo de cambio actual.Con estos recursos, la compañía podría llegar a pagar la última cuota del acuerdo de reorganización y quedar completamente ‘saneada’.Pdvsa le dijo a la supersociedades que no logró abrir una cuenta bancaria propia (por cuenta de las sanciones de Estados Unidos) y entonces “se realizó una apertura de cuenta bancaria a nombre de un tercero parar realizar los pagos de los gastos administrativos generados por la sucursal para el ejercicio de sus funciones y cumplimiento con el acuerdo de reorganización empresarial” y que además cuenta “con dinero en efectivo disponible para atender el pago de los gastos administrativos mínimos”.Pese a los problemas financieros y jurídicos Pdvsa sostiene que es una compañía que puede continuar como negocio en marcha (es decir, que no va a liquidarse) y entre sus argumentos está el contrato con Ecopetrol para iniciar la venta de gas de Venezuela a Colombia que debería reanudarse desde 1 de diciembre de 2025.Sin embargo, desde que comenzaron las sanciones de la OFAC año a año, se suspende el contrato de venta de gas bajo una figura conocida como la estabilización de equipos. La estabilización de equipos hoy va hasta el 30 de noviembre de 2025.En sus últimas declaraciones públicas, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, ha reconocido que no puede avanzar en la reactivación del contrato mientras persistan las sanciones de la OFAC. Por su parte, el ministro de Minas, Edwin Palma, niega que el gobierno esté detrás de la posible reactivación de ese contrato.Escuche el informe completo aquí:
En las oficinas de PDVSA en Colombia el anuncio del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles de 25 % a cualquier país que explote, extraiga o compre petróleo y gas venezolano y a las compañías que lo hagan debió caer como un rayo.Y es que hasta la semana pasada, PDVSA Gas estaba trabajando en el plan de poner a punto el gasoducto Antonio Ricaurte que permitiría a Colombia traer gas desde Venezuela."Actualmente, PDVSA GAS S.A. SUCURSAL COLOMBIA se encuentra en la ejecución de actividades para la rehabilitación del Gasoducto Transcaribeño Antonio Ricaurte Tramo Colombiano y ha cumplido a cabalidad con los pagos y, planes establecidos en el acuerdo de reorganización", dijo la empresa en respuesta a un derecho de petición de Blu Radio en un documento fechado el 20 de marzo.Y es que el elemento central del plan de negocios con el que PDVSA se salvó de la liquidación en Colombia era volver a habilitar el transporte de gas natural entre Colombia y Venezuela.Comprar gas a Venezuela, una idea en la que el Gobierno nacional había mostrado mucho interés. En varias oportunidades el CEO de Ecopetrol, Ricardo Roa, ha dicho que ese gas podría ser una opción atractiva para Colombia, ahora que el país está comprando más gas importado para atender su demanda.Según fuentes del sector, PDVSA había contratado ya una inspección y una ingeniería para evaluar las opciones de reparación del ducto. Sin embargo, con el anuncio del fin de semana la posibilidad de que se realicen esos trabajos quedará en el aire.Si Ecopetrol o cualquier otra compañía privada en Colombia compran venezolano se expondrán no solo a los aranceles, sino a sanciones de la Lista Clinton.
El exministro de Petróleo y presidente de PDVSA Pedro Tellechea fue detenido este domingo junto a sus "más inmediatos colaboradores" por la "comisión de graves delitos que atentan contra los más altos intereses de la nación", informó este lunes la Fiscalía.A través de un comunicado de Instagram, la Fiscalía destacó, entre "las diferentes causas que se le siguen", la "entrega del Sistema de Control y Mando Automatizado, conocido como el cerebro de PDVSA, a una empresa controlada por los Servicios de inteligencia de EE.UU., vulnerando así todos los mecanismos legales" de la soberanía de Venezuela.La Fiscalía no informó, por el momento, qué otras personas fueron capturadas junto al exministro dentro de las acciones que, asegura la institución fiscal, "se han realizado en estricto apego a la ley, con la plena cooperación constitucional del jefe de Estado, en la permanente batalla por la defensa de la integridad institucional del país".Maduro había nombrado a Tellechea presidente de PDVSA en enero de 2023 y, dos meses y medio después, lo designó también como ministro de Petróleo, en sustitución de Tareck El Aissami, que había renunciado en medio de una investigación a una trama de corrupción en la petrolera estatal, que dejó más de medio centenar de detenidos.En agosto de este año fue sustituido en la cartera de Petróleo por la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, y designado ministro de Industrias y Promoción Nacional, un cargo al que renunció la semana pasada, según el propio Tellechea, por motivos de salud.Tras la renuncia del funcionario, quien agradeció al presidente venezolano la "confianza" que había depositado en él para desempeñar los distintos cargos, el mandatario nombró al empresario colombiano Alex Saab -señalado como testaferro de Maduro- ministro de la cartera de Industrias que Tellechea dejó vacante.
En redes sociales, principalmente en mensajes de WhatsApp, está circulando un mensaje que informa una supuesta suspensión en el despacho de gasolina en Venezuela. Incluso, pide que se administre para las cosas más necesarias. PDVSA, la empresa de petróleos de Venezuela, salió al paso y desmintió ese texto.“Esta nota que circula en grupos WhatsApp es completamente falsa. No caigan en estos comentarios fascistas que buscan desestabilizar el país”, afirmó la compañía estatal.>>> Lea también: Cacerolazo en Caracas tras los controvertidos resultados electorales en VenezuelaAdemás, agregó que PDVSA puede garantizar la distribución de combustible a toda Venezuela, “afianzando una vez más el compromiso y deber con todos los sectores productivos, así como transportistas, motorizados y usuarios en general”.Es de recordar que PDVSA (Petróleos de Venezuela, S.A.) es una empresa estatal de Venezuela, que se encarga de la exploración, producción, refinación, transporte y comercialización de petróleo y gas tanto dentro como fuera del país.Y es que en Venezuela se han registrado varias protestas después de que el CNE diera los resultados de las elecciones presidenciales, en las que Maduro habría quedado reelegido.Al menos 11 personas fallecieron, según cuatro organizaciones no gubernamentales. Del total, cinco fueron "asesinadas" en Caracas, dos en el estado Zulia (noroeste), dos en Yaracuy (oeste), una en Aragua (norte) y otra en Táchira (oeste), y dos de ellas eran menores de edad, de 15 y 16 años, indicaron Foro Penal, Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), Provea y Laboratorio de Paz en una rueda de prensa.La coordinadora del Laboratorio de Paz, Lexys Rendón, dijo que registraron un total de 210 "protestas espontáneas" en "todo el país", lo que fue respondido -denunció- con "una actuación represiva por parte del Estado venezolano".
Ecopetrol le pagó más de 15.000 millones de pesos a la sucursal de PDVSA en Colombia, en medio de los preparativos que hace esa empresa venezolana para reparar el gasoducto binacional y vendernos gas el próximo año (Ver imagen).La historia de cómo se hizo el pago es bien interesante.Según documentos conocidos por Blu Radio, primero se hizo corriendo contra el reloj y solicitando permisos de último minuto ante la Superintendencia de Sociedades porque si el pago no entraba antes del 31 de mayo, Ecopetrol habría terminado saltándose las sanciones del gobierno de los Estados Unidos a Venezuela.En segundo lugar, no se pudo hacer con una transferencia común y corriente porque PDVSA no había conseguido que le abrieran una cuenta bancaria. Por esta razón Ecopetrol pagó mediante títulos de depósito judicial en el Banco Agrario y con esa plata PDVSA ha venido pagando varias de las deudas que tiene pendientes en el país.El caso ilustra las dificultades que enfrenta PDVSA para cumplirle al país la expectativa de venderle gas natural desde el próximo año. Por ejemplo, queda la duda de si encontrará la forma legal de traer al país los más de 40 millones de dólares que costará la planta de tratamiento y si lo logrará a tiempo para que el gas llegue cuando se necesita.¿Por qué Ecopetrol le está pagando plata a PDVSA?Ecopetrol quedó con cuentas pendientes de pago a PDVSA por cuenta de las transacciones que se hicieron cuando Colombia le vendió gas a Venezuela, como lo reveló Blu Radio en enero pasado.
Corponor elevó de amarilla a naranja la alerta por el comportamiento de las fuentes hídricas en Norte de Santander. La decisión se produce casi 15 días después de la primera advertencia y responde al mayor riesgo de disminución de los caudales de los ríos Pamplonita y Zulia.Humberto Camacho, director de Corponor, explicó que el cambio representa el paso de la prevención a la acción. “Con la alerta naranja estamos llamados ya a la acción”, señaló, al advertir que las autoridades municipales, la Policía y los organismos de gestión del riesgo deberán reforzar el cumplimiento de las restricciones.Uno de los indicadores que genera mayor preocupación está en el río Zulia. Su caudal medio normalmente se encuentra entre 24.000 y 28.000 litros por segundo, pero actualmente registra entre 13.000 y 14.000 litros por segundo.La autoridad ambiental también advierte sobre el aumento de las captaciones ilegales. “Las nacientes siguen siendo las mismas, la población sigue aumentando y el desvío del recurso hídrico de manera ilegal también sigue creciendo”, explicó Camacho.Ante este panorama, Corponor anunció restricciones temporales sobre el uso del agua y medidas contra las captaciones no autorizadas. También se suspendió el aprovechamiento de material de arrastre en las cuencas de los ríos Zulia y Pamplonita.Para los ciudadanos también hay restricciones: está prohibido llenar piscinas, regar jardines y zonas verdes, lavar vehículos con manguera y utilizar agua para lavar fachadas, andenes y parqueaderos, entre otras actividades no autorizadas.Aunque todavía no se declara una alerta roja, el director de Corponor advierte que el escenario podría acercarse a ese nivel si no se adoptan las medidas necesarias. “Estamos muy cerca si no tomamos las acciones necesarias”, afirmó.En Cúcuta, la disminución del caudal del río Pamplonita ya es visible en diferentes puntos de la ciudad. Mientras permanece activa la alerta naranja, Corponor y las autoridades locales mantienen reuniones para evaluar la evolución de las fuentes hídricas y determinar nuevas acciones durante los próximos días.
El Audi A6 Sportback E-Tron, un carro eléctrico que oficialmente puede recorrer hasta 777 kilómetros con una carga, consiguió llegar a 1.338 kilómetros antes de quedarse sin batería, una distancia cerca de 72 % superior a la homologada, y de paso estableció un nuevo Récord Guinness para un vehículo eléctrico de producción.La hazaña estuvo a cargo del piloto polaco de rally Miko Marczyk, quien inició el recorrido a la 1:55 a. m. del 11 de septiembre. El trayecto lo llevó por ciudades como Cracovia, Sandomierz, Varsovia, Toruń y Grudziądz hasta llegar a Hel, en la costa del mar Báltico. Desde allí emprendió el regreso por buena parte de la misma ruta.El Audi terminó agotando su batería después de más de 45 horas de recorrido, cuando circulaba entre Toruń y Ciechocinek.¿Cómo un carro de 777 km de autonomía llegó a 1.338 km?La diferencia entre la autonomía oficial y la conseguida en carretera se explica principalmente por el nivel de eficiencia alcanzado durante la prueba. Marczyk consiguió un consumo promedio de apenas 7,09 kWh por cada 100 kilómetros, menos de la mitad del consumo combinado oficial del A6 Sportback E-Tron.No se trató de una prueba realizada en una pista cerrada ni de un vehículo transportado durante parte del recorrido. El Audi circuló por vías públicas y enfrentó tráfico normal, incluso durante horas de mayor congestión.Las condiciones tampoco fueron completamente constantes. La temperatura promedio estuvo alrededor de los 15 grados Celsius y llegó a bajar hasta los 7 grados durante el recorrido.Para reducir el consumo, el piloto aprovechó la frenada regenerativa, anticipó las condiciones del tráfico, evitó aceleraciones y frenadas innecesarias y mantuvo los neumáticos con la presión adecuada.La aerodinámica fue clave para gastar menos energíaEl resultado también está relacionado con las características del propio Audi. El A6 Sportback E-Tron tiene un coeficiente aerodinámico de 0,21, uno de los elementos que contribuyen a reducir la resistencia al avance y, por tanto, el consumo energético.El vehículo utiliza además una batería con 94,9 kWh de capacidad neta y cuenta con un sistema de recuperación de energía mediante frenado regenerativo que puede alcanzar hasta 220 kW.Audi asegura que alrededor del 95 % de las frenadas durante el uso cotidiano pueden realizarse mediante recuperación de energía. En una prueba centrada en recorrer la mayor distancia posible, aprovechar este sistema resulta especialmente relevante.El registro conseguido por Marczyk corresponde a la categoría de vehículos eléctricos de producción. El récord general pertenece al prototipo “muc022” del TUfast Eco Team, que recorrió 2.573,79 kilómetros con una sola carga en Alemania en septiembre de 2023.La diferencia está en el tipo de vehículo. Mientras aquel registro fue conseguido por un prototipo desarrollado específicamente para eficiencia, el Audi utilizado por Marczyk es un modelo de producción que realizó el recorrido en carreteras públicas.El piloto polaco ya había conseguido otro récord Guinness en 2025, cuando recorrió 2.831 kilómetros con un Skoda Superb diésel utilizando un solo tanque de combustible
A tres meses de los devastadores terremotos que sacudieron a Venezuela, Amnistía Internacional denunció una grave desatención estatal hacia la población afectada. Valentina Ballesta, directora adjunta de investigación para las Américas del organismo, señaló que, si bien los sismos eran eventos naturales impredecibles, la respuesta gubernamental ha estado marcada por la negligencia institucional. "Lo que sí era controlable y lo que sí estaba bajo la posibilidad de las autoridades en Venezuela de hacerlo diferente era cómo atendía a la población afectada. Estamos hablando de un abandono absoluto por parte de las instituciones", afirmó Ballesta.Incertidumbre, desinformación y la búsqueda de desaparecidosLa representante de Amnistía Internacional enfatizó que el desastre telúrico se sobrepuso a una emergencia humanitaria compleja preexistente, en la que gran parte de los ciudadanos ya carecía de acceso a derechos fundamentales como vivienda, alimentación, agua potable y electricidad. Tras los sismos, lejos de centralizar y coordinar la ayuda, la actuación oficial ha generado desorientación en las víctimas. "Vemos que las autoridades efectivamente hacen lo que saben hacer, que es pues generar confusión; no hay una claridad, no hay una centralidad de dónde deben acudir las personas", detalló la investigadora.Ballesta advirtió que persiste una profunda incógnita sobre cuántas miles de personas continúan desaparecidas en el país y criticó la ausencia de protocolos claros para la identificación y entrega de cadáveres. Las familias se ven obligadas a recorrer morgues improvisadas sufriendo "tres meses de búsqueda, de incertidumbre, de desasosiego", sin recibir respuestas oficiales ni definitivas sobre el paradero de sus seres queridos.Un dilema habitacional: refugios, auxilio familiar o acampar sobre las ruinasFrente a la inacción del Estado, la organización documentó tres formas principales en que las familias intentan sobrellevar la tragedia. Un primer grupo de damnificados acudió a refugios temporales instalados en planteles educativos, donde reina la incertidumbre debido al inicio del nuevo año escolar. Un segundo sector optó por trasladarse a viviendas de familiares, "gestionando sus propias necesidades de manera privada" ante la falta de un plan gubernamental de reparación o subsidio de vivienda.El tercer escenario, considerado por la vocera como profundamente doloroso, involucra a personas que acampan a la intemperie frente a sus casas destruidas o marcadas con riesgo alto en los peritajes sísmicos. Muchos se niegan a abandonar el lugar por temor a perder sus terrenos y pertenencias. Ballesta citó el testimonio de una mujer afectada que reflejaba el drama colectivo: "Bueno, pero es que a mí me van a mandar a dónde, a vivir dónde y mi terreno y mi casita".Riesgo de violaciones a derechos humanos y la respuesta de la diásporaAmnistía Internacional hizo un llamado urgente al gobierno venezolano para que actúe con transparencia y aplique políticas imparciales orientadas a proteger a poblaciones vulnerables, entre ellas niños, adultos mayores y mujeres embarazadas. La vocera alertó que, mientras no se implementen medidas serias, "la población solo va a caer en una espiral de violaciones de derechos humanos en su contra".Finalmente, la investigadora destacó el papel de la población en el exterior, indicando que "las réplicas emocionales y psicológicas del terremoto llegaron a toda la diáspora". Ante el vacío dejado por el Estado, la comunidad venezolana en el extranjero se ha movilizado de manera masiva para enviar asistencia y mitigar el impacto de la catástrofe.
Una profesora fue atacada con un cuchillo dentro de un salón de clases por una de sus estudiantes, en un episodio que quedó registrado por las cámaras de seguridad del colegio. La docente terminó en el piso durante el forcejeo, pero consiguió salir del aula y pedir ayuda pese a las heridas.El caso ocurrió el viernes 11 de septiembre en la escuela pública Dr. Gerson dos Santos Peres, en Cametá, ciudad del estado de Pará, en el noreste de Brasil. La profesora fue identificada como Betânia Almeida Prestes y la agresora es una adolescente que estudiaba en la institución.La escena se desencadenó después de una evaluación académica. Según la información conocida por medios locales, la estudiante había presentado un examen y posteriormente recibió la corrección de la docente. Poco después, cuando ambas permanecían solas en el salón, la menor sacó un cuchillo de caza que llevaba escondido.Las imágenes de seguridad muestran el momento en que la joven se acerca a la profesora y comienza la agresión. Betânia intentó evitar que la atacara y logró bloquear el primer movimiento de la estudiante.La docente también trató de contenerla físicamente y la llevó hasta una de las paredes del aula. Sin embargo, durante el enfrentamiento perdió el equilibrio y terminó en el suelo, donde recibió una herida por la espalda.Aun en esas condiciones, la profesora consiguió continuar con la resistencia hasta encontrar una oportunidad para escapar. Una vez fuera del salón, pidió auxilio y alertó a otros integrantes de la comunidad educativa sobre lo ocurrido.La explicación que entregó la estudianteLa Policía fue llamada al colegio y encontró a la adolescente en las instalaciones. Los agentes procedieron con su detención y posteriormente iniciaron el interrogatorio para establecer qué había provocado la agresión.De acuerdo con los reportes de medios locales, la estudiante aseguró que no existía un motivo concreto detrás del ataque. Su explicación fue que la profesora simplemente “no le caía bien”.Durante las diligencias, además, la adolescente señaló que había arrojado el cuchillo utilizado en la agresión dentro de una caneca de basura de la institución. Los uniformados encontraron el arma en ese lugar y procedieron a incautarla.La menor quedó posteriormente a disposición de los Servicios de Protección Infantil, mientras las autoridades notificaron a su madre y trasladaron a la adolescente a la Comisaría de la Policía Civil de Cametá para continuar con el procedimiento correspondiente.¿Qué pasó con la profesora?Tras conseguir salir del salón, Betânia fue atendida por los servicios médicos y trasladada al Hospital Regional de Cametá. Allí recibió puntos de sutura por las lesiones que sufrió durante el ataque.Según los reportes conocidos sobre el caso, las heridas no fueron consideradas de gravedad. La docente permaneció algunas horas en observación médica antes de continuar con su recuperación.El episodio generó una respuesta de la institución educativa, que expresó públicamente su rechazo a la violencia contra la profesora y manifestó su solidaridad con ella.“Es inaceptable que el ámbito escolar se haya convertido en escenario de semejante violencia”, señaló la escuela en un comunicado.En el mismo pronunciamiento, la institución resaltó el trabajo de Betânia Almeida Prestes como docente y sostuvo que lo ocurrido también representa una preocupación para el resto de los profesores.“La violencia contra la profesora Betânia no es solo contra ella, sino contra todos los docentes que sufrimos violencia en las escuelas de este país”, manifestó el colegio, que cerró su mensaje cuestionando hasta cuándo los profesores tendrán que enfrentar situaciones de violencia e irrespeto dentro de las instituciones educativas.
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió garantizar las condiciones de funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, para que pueda continuar cumpliendo su mandato de investigar graves crímenes del conflicto armado y luchar contra la impunidad.El pronunciamiento se conoció luego de una diligencia en el cementerio San Antonio de Padua, en Pitalito, Huila, donde exjefes de las FARC y máximos responsables de la fuerza pública participaron conjuntamente en labores de búsqueda humanitaria de víctimas del conflicto, como parte del cumplimiento de las sanciones propias impuestas por la JEP.El organismo destacó la participación de las víctimas y reconoció su papel central dentro del proceso de justicia transicional.Asimismo, calificó estas sanciones como un hito histórico para la justicia transicional colombiana y mundial.De acuerdo con el organismo, la implementación de estas medidas combina restricciones efectivas de libertades y derechos, mecanismos de monitoreo y supervisión y proyectos restaurativos orientados a reparar a las víctimas y a las comunidades afectadas por el conflicto.Para la ONU, estas actuaciones muestran la capacidad de la JEP para establecer patrones relacionados con graves crímenes, determinar responsabilidades e imponer sanciones a los máximos responsables.En ese contexto, la organización señaló que, tanto en esta etapa como en las siguientes, es fundamental garantizar las condiciones de funcionamiento de la JEP, con el propósito de que la Jurisdicción pueda cumplir sus objetivos frente a los graves crímenes cometidos durante el conflicto.
