El nuevo Gobierno de transición de Perú, que debe presidir el legislador izquierdista José Balcázar hasta el próximo 28 de julio, anunció este viernes que no tiene programado otorgar gracias presidenciales, ni indultos, un día después que el exgobernante encarcelado Pedro Castillo (2021-2022) presentara una solicitud en ese sentido."Se informa al país que en la agenda de la Presidencia de la República de Perú no se encuentra pendiente ni programado el otorgamiento de gracia alguna, como indultos, a favor de persona procesada o condenada", señaló un comunicado oficial.La Presidencia agregó que hace esa aclaración "con el fin de evitar interpretaciones tergiversadas respecto del mandato constitucional asumido" por Balcázar cuando juró como nuevo presidente de transición, el pasado miércoles, en reemplazo del también legislador derechista José Jerí, quien fue destituido por el Congreso."Nuestra gestión estará exclusivamente orientada a garantizar la seguridad nacional, la realización de elecciones libres, limpias y transparentes, así como la estabilidad económica del país. ¡Nada más!", enfatizó la comunicación difundida por las redes sociales oficiales del Ejecutivo.El expresidente Castillo solicitó este jueves el indulto a Balcázar, quien también es congresista del partido marxista Perú Libre, con el que Castillo ganó las elecciones presidenciales de 2021.La solicitud de indulto fue remitida a la oficina presidencial con la firma de Castillo y tramitada por su exministro de Defensa y abogado, Walter Ayala, "bajo el principio de humanidad" y para honrar "la palabra empeñada" por Balcázar, que antes de ser escogido como gobernante por el Congreso había deslizado la posibilidad de conceder el indulto al exmandatario.En diciembre pasado, Castillo fue condenado a 11 años y 5 meses de cárcel por el delito de rebelión al haber protagonizado un fallido golpe de Estado el 7 de diciembre de 2022, en el que dio un mensaje a la nación ordenando la disolución del Parlamento, la intervención de la Judicatura y un gobierno por decretos.Lo hizo para evitar una eventual destitución por parte del Congreso, tras salir a la luz indicios de presunta corrupción en su Administración que lo involucraban directamente a él.Durante el juicio en su contra, Castillo ha rechazado las acusaciones y se ha declarado víctima de una persecución política, al incidir en que fue detenido cuando todavía ejercía la jefatura del Estado y contaba con la inmunidad del cargo.
El expresidente peruano Pedro Castillo (2021-2022), que cumple una condena a 11 años y 5 meses de cárcel por rebelión al haber intentado sin éxito un golpe de Estado a finales de 2022, solicitó este jueves el indulto al nuevo mandatario interino del país, José Balcázar, congresista del partido marxista Perú Libre, con el que Castillo ganó las elecciones presidenciales de 2021.La solicitud de indulto presidencial, remitida a la oficina presidencial, lleva la firma de Castillo y fue tramitada por su exministro de Defensa y abogado, Walter Ayala, de acuerdo al documento difundido por varios medios nacionales de Perú, que tuvieron acceso al escrito.En su petición, y pese a no contar con una sentencia todavía firme para solicitar esta gracia presidencial, Castillo reclama el indulto "bajo el principio de humanidad" y para honrar " la palabra empeñada" por Balcázar, que antes de ser escogido para dirigir el Gobierno de transición de Perú había deslizado la posibilidad de conceder el indulto al exmandatario."(Balcázar) ha sido nombrado presidente interino con el discurso de que iba a indultar a Pedro Castillo, y lo han escuchado millones de peruanos que votaron por Castillo y muchos congresistas que simpatizan con él", señaló Ayala a periodistas tras dejar la solicitud en el Palacio de Gobierno de Lima."Esta mañana le he escuchado decir que el indulto no está en agenda porque nadie se lo ha pedido. Entonces nosotros lo estamos poniendo en agenda, porque se le ha pedido de manera formal. El país entero lo está mirando en estos momentos, y vamos a ver qué hace", agregó.El abogado aseguró que el indulto presidencial procede en el caso de Castillo pese a no contar con una sentencia firme, ya que no se está solicitando un indulto humanitario por razones de salud, como el recibido en 2017 por el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).En diciembre pasado, Castillo fue condenado a 11 años y 5 meses de cárcel por el delito de rebelión al haber protagonizado un fallido golpe de Estado el 7 de diciembre de 2022, en el que dio un mensaje a la nación ordenando la disolución del Parlamento y la intervención de la Judicatura.El mensaje, brindado con el objetivo de evitar una eventual destitución por parte del Congreso tras salir a la luz indicios de corrupción en su administración que salpicaban directamente al mandatario, no surtió efecto y terminó detenido minutos después, cuando había abandonado el Palacio de Gobierno y se dirigía aparentemente a la Embajada de México, en la que su familia recibió asilo.Desde el inicio del juicio en su contra, Castillo ha rechazado las acusaciones y se ha declarado víctima de una persecución política, al incidir en que fue detenido cuando todavía no había sido destituido por el Parlamento, que además lo sacó del poder sin cumplir con el proceso, al no darle derecho a la defensa ni contar con los votos para hacerlo en un solo día.Balcázar, por su parte, ejercerá la jefatura de Estado hasta el 28 de julio, cuando deberá ceder el mando presidencial al ganador o ganadora de las elecciones presidenciales que ya están convocadas para el próximo 12 de abril, donde el partido de Castillo forma parte de las listas del izquierdista partido Juntos por el Perú (JP), de su exministro Roberto Sánchez.
La tensión en las relaciones entre México y Perú desde la detención y encarcelamiento del izquierdista presidente Pedro Castilo (2021-2022) por su fallido intento de golpe de Estado han terminado por romperse a todo nivel diplomático este lunes con el asilo que, según el Gobierno peruano, ha sido concedido a la ex primera ministra Betssy Chávez en la embajada mexicana.Desde inicios de 2023 ya no había embajadores designados y hasta ahora los tratos se desarrollaban a nivel de encargados de negocios, lo que también se terminará ahora para reducir las relaciones únicamente a nivel consular para asistir a compatriotras en el territorio del otro país. Así fue la escalada de tensión:20227 de diciembre: El presidente peruano Pedro Castillo es detenido cuando se dirigía aparentemente a refugiarse en la Embajada de México al no surtir efecto su mensaje en el que ordenaba cerrar el Congreso e intervenir la Judicatura para gobernar temporalmente mediante decretos.20 de diciembre: El Gobierno de México confirma que concedió asilo diplomático a la familia de Castillo. Perú otorga el salvodoncucto para que viajen a México y expulsa al embajador mexicano en Lima, Pablo Monroy.202317 de febrero: Andrés Manuel López Obrador anuncia su intención de no entregar a Perú la presidencia rotatoria de la Alianza del Pacífico, el mecanismo integrado por Chile, Colombia, México y Perú, al no reconocer la legitimidad de la presidenta Dina Boluarte, sucesora de Castillo, y de su Gobierno.24 de febrero: López Obrador pide "que se libere al presidente (Castillo) que ilegal e injustamente está preso y que se le restituya en su cargo porque fue electo democráticamente".25 de febrero: Boluarte retira al embajador peruano en México, Manuel Gerardo Talavera, por las expresiones de López Obrador.26 de mayo: López Obrador asegura que no quiere mantener relaciones económicas con Perú y llama "usurpadora" a Boluarte.27 de marzo: El gobernante recibe en el Palacio Nacional de México al abogado argentino Guido Croxatto, quien lleva la defensa internacional de Castillo, y le entrega una carta escrita por el expresidente.28 de junio: México acepta entregar la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico a Perú con la intermediación de Chile.29 de junio: López Obrador vuelve a reunirse con Croxatto.202426 de febrero: López Obrador insiste en que México no puede quedarse callado "ante la injusticia que se cometió al destituir a Pedro Castillo".6 de abril: México anuncia la exigencia de visado a peruanos para ingresar a su territorio por turismo o negocios, una medida que Perú anunció que impondría de la misma forma sin que alcanzase a aplicarse.1 de octubre: Claudia Sheinbaum inicia su mandato presidencial en una ceremonia donde no fue invitado Perú, entre otros países con los que México tiene relaciones rotas, como Ecuador.202520 de febrero: Sheinbaum recibe por primera vez a Croxatto.29 de agosto: Sheinbaum recibe por segunda vez a Croxatto, lo que motivó a Perú a presentar una nota de protesta.3 de septiembre: El Tribunal Constitucional de Perú ordena la excarcelación de Betssy Chávez al considerar que fue víctima de una detención arbitraria cuando la Fiscalía solicitó fuera de plazo la prórroga de su prisión preventiva.8 de septiembre: La Comisión de Relaciones Exteriores de Perú declara persona no grata a Sheinbaum.10 de octubre: Sheinbaum dice que Boluarte llegó al poder por un golpe de Estado y, tras su destitución, insiste en que se libere a Castillo y este tenga un juicio justo.3 de noviembre: Perú anuncia la ruptura de las relaciones diplomáticas con México al conocer que ha asilado en su embajada a Betssy Chávez.
La Fiscalía de Perú solicitó 34 años de prisión para el expresidente Pedro Castillo por el fallido autogolpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, informó este viernes el Ministerio Público."El Ministerio Público solicita 34 años de prisión contra Pedro Castillo Terrones por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública. El expresidente es acusado de perpetrar el golpe de Estado el pasado 7 de diciembre de 2022", publicó la Fiscalía en su cuenta en la red social X (antes Twitter).El exmandatario se encuentra recluido desde ese día en cumplimiento de una orden de prisión preventiva de 18 meses y pesa sobre él otra orden de 36 meses de prisión preventiva mientras es investigado por presuntamente haber liderado una red corrupta en el Ejecutivo.Ese 7 de diciembre, Castillo anunció en un mensaje a la nación el cierre del Parlamento, la reorganización del sistema de justicia y la instalación de un Ejecutivo de emergencia que debía gobernar por decreto.Por esa decisión, fue destituido por el Congreso y, posteriormente, arrestado por su propia escolta.La Fiscalía también pidió 25 años de prisión contra la entonces primera ministra, Betssy Chávez, por el delito de rebelión.Chávez se encuentra desde junio del 2022 bajo prisión preventiva por 18 meses de prisión como parte de la investigación por fallido autogolpe de Estado.Igualmente, el Ministerio Público solicitó 25 años de prisión para los exministros de Comercio Exterior Roberto Sánchez Palomino y del Interior Willy Huerta Olivas, así como para los oficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP) Manuel Lozada Morales, Jesús Venero Mellado y Eder Infanzón Gómez.Para el también ex primer minsitro Aníbal Torres solicitó 15 años de pena privativa de la libertad por el delito de rebelión.Le puede interesar:
Un juez peruano ordenó embargar los bienes del expresidente Pedro Castillo y de su ex primer ministro Aníbal Torres hasta por 67 millones de soles (18 millones de dólares o 16,8 millones de euros), en resguardo de la reparación civil solicitada a raíz del fallido golpe de Estado del pasado 7 de diciembre, informó este lunes la Procuraduría General del Estado.En un comunicado, la Procuraduría (defensa del Estado) anunció que el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia declaró fundadas sus solicitudes y que dictaminó el embargo de los bienes de Pedro Castillo y Aníbal Torres, asesor del presidente al momento en que intentó dar un autogolpe de Estado.Agregó que el juez Juan Carlos Checkley ordenó el embargo en forma de inscripción e inhibición de cuatro propiedades del expresidente Castillo (2021-2022), las cuales se encuentran ubicadas en el distrito de Anguía, en la provincia de Chota, en la región norandina de Cajamarca y en el pueblo de Tacabamba.Por su parte, en el caso de Torres se embarga en forma de inscripción e inhibición nueve bienes, de los cuales son ocho inmuebles ubicados en los distritos de San Isidro y Lima Cercado, en la capital de Perú, así como un vehículo.La Procuraduría General del Estado reiteró que ha solicitado una reparación civil de 67 millones de soles (18 millones de dólares o 16,8 millones de euros) por el golpe de Estado que intentó dar Castillo el 7 de diciembre de 2022.Debido a ese caso, Castillo fue imputado por los presuntos delitos de rebelión y conspiración, destituido por el Congreso y recluido en la cárcel de Barbadillo, en el este de Lima.Torres está denunciado como presunto cómplice, dado que se encontraba con el mandatario al momento en que Castillo dirigió el mensaje a la nación con el anuncio del cierre del Congreso y la instalación de un gobierno de emergencia, junto a otros ministros de Estado y la entonces jefa del gabinete Betssy Chávez.Puede ver:
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, fue citada por la Fiscalía de su país para que declare el próximo 31 de mayo en la investigación preliminar abierta por las decenas de muertes que se produjeron durante las protestas antigubernamentales entre diciembre y marzo pasado.La citación fue programada desde las 09.00 hora local (14.00 GMT) del próximo miércoles y fue confirmada hoy por el abogado de Boluarte, Joseph Campos, quien dijo que esperan "con mucha expectativa ese día para efectos de poder hacer la declaración"."Expresamos nuestra vocación de colaboración para cerrar este capítulo que no tiene sentido. No es responsable mantener a la presidenta en una investigación jurídica respecto a esta responsabilidad", indicó Campos a la emisora RPP.La Fiscalía de la Nación (general) anunció el inicio de las pesquisas preliminares el pasado 10 de enero por la presunta comisión de los delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves.La gobernante ya acudió a la sede del Ministerio Público el pasado 7 de marzo, pero no llegó a declarar porque estaba pendiente de la resolución de una tutela de derechos presentada por la Procuraduría, que pidió que se le incluya en la investigación por la declaración del primer ministro, Alberto Otárola.En las pesquisas también se ha incluido al ex primer ministro Pedro Angulo, a los exministros del Interior Víctor Rojas y César Cervantes y al actual ministro de Defensa, Jorge Chávez.Aunque Campos aseguró que Boluarte tiene la intención de responder a la citación, no confirmó si la diligencia se realizará en la sede del Ministerio Público o en el Palacio de Gobierno, una prerrogativa que tiene la gobernante por su alto cargo."Tendremos que determinarlo", comentó antes de recordar que el día de la citación también se realiza reunión semanal del Consejo de Ministros y se ha programado un simulacro nacional de sismo.Las protestas estallaron en Perú tras el fallido golpe de Estado del entonces presidente Pedro Castillo (2021-2022) el 7 de diciembre pasado y continuaron desde enero con movilizaciones y enfrentamientos con las fuerzas del orden en demanda de la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso, el adelanto de las elecciones generales y la convocatoria a una asamblea constituyente.Según diversas fuentes, al menos 49 civiles murieron durante esos enfrentamientos, mientras que las protestas dejaron, en total, 77 fallecidos, ya que otras personas, entre ellas varios haitianos, también fallecieron por acciones como el bloqueo de carreteras.La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó en su último informe la violencia empleada por las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones y aseguró que ha encontrado casos de "ejecuciones extrajudiciales" en Perú.Señaló, además, que la violencia a manos de las fuerzas del orden en la región sureña de Ayacucho debe ser investigada "con un enfoque étnico-racial" y que la situación podría ser considerada como "una masacre", algo que fue rechazado por el Gobierno de Boluarte.La presidenta acusó el pasado 13 de mayo a Castillo de ser el "autor de las más de 60 víctimas" de las protestas, que vinculó con "el narcotráfico y la minería ilegal"."Nosotros ya sabemos, a donde vamos nos manda su piquete Pedro Castillo, financiado por el narcotráfico y financiado por la minería ilegal. No les vamos a hacer caso, nosotros seguimos trabajando", dijo.
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, volvió a acusar este sábado a su predecesor, Pedro Castillo, de ser el "autor de las más de 60 víctimas" de las protestas que sacudieron el país entre diciembre y marzo pasados, y reiteró que el exmandatario está involucrado con "el narcotráfico y la minería ilegal"."Los fallecidos en esa crisis política del primer trimestre de este año, ¿a quien beneficiaban? ¿A este Gobierno de una mujer andina, provinciana, o a Pedro Castillo que había dado el golpe de Estado y mandó a toda esa gente a generar la violencia en el país?", declaró Boluarte durante una actividad oficial en la localidad de Manchay.Seguidamente, la gobernante agregó: "Pues a Pedro Castillo, el asesino sentado en (el penal de) la Diroes (Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional). Es Pedro Castillo el autor de las más de 60 víctimas de esa crisis política, de ese enfrentamiento entre peruanos y peruanos que lamentamos tremendamente".Boluarte aseveró que su Ejecutivo no va a "caer en esa provocación ni en ese juego" y dijo que su gestión sigue "firme, defendiendo la democracia y la institucionalidad" del país."No nos vamos a detener con aquellas provocaciones que ya sabemos que les manda Pedro Castillo y vienen pagados, algunas personas, con dinero ilegal y no son de acá. Nosotros ya sabemos, a donde vamos nos manda su piquete Pedro castillo, financiado por el narcotráfico y financiado por la minería ilegal. No les vamos a hacer caso, nosotros seguimos trabajando", indicó.Durante la crisis, Boluarte y otros funcionarios de su Gobierno afirmaron varias veces, sin pruebas, que las muertes en las protestas se debían a armas de fabricación casera o a armas de fuego y munición introducidas desde Bolivia, algo que ha sido criticado por organizaciones internacionales como Human Rights Watch (HRW).Las protestas antigubernamentales, que estallaron en diciembre de 2022 tras el fallido autogolpe de Castillo, dejaron un saldo de 1.300 heridos y 77 fallecidos, de los cuales 49 murieron en enfrentamientos directos entre los manifestantes y las fuerzas del orden.La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó en su último informe la violencia policial durante las protestas y aseguró que ha encontrado casos de "ejecuciones extrajudiciales".Agregó que la violencia a manos de las fuerzas del orden en la localidad sureña de Ayacucho debe ser investigada "con un enfoque étnico-racial" y que la situación podría ser considerada como "una masacre", algo que fue rechazado por Boluarte. Le puede interesar:
El Gobierno de Perú denunció este miércoles una "nueva e inaceptable injerencia" del presidente colombiano, Gustavo Petro, en asuntos internos, durante su discurso ante la Organización de Estados Americanos (OEA), donde volvió a defender al exmandatario Pedro Castillo, preso desde diciembre por su fallido autogolpe."Canciller (Ana Cecilia) Gervasi: Nueva e inaceptable injerencia de Gustavo Petro en asuntos del Perú, en la OEA y en violación a su carta constitutiva", expresó la titular del Ministerio de Relaciones Exteriores a través de su cuenta oficial de Twitter.Agregó que su "falta a la verdad y el irrespeto a las normas internacionales denotan un falso liderazgo en favor de un golpista y acusado de corrupción", en alusión a Castillo (2021-2022), quien cumple prisión preventiva por dos casos, uno relacionado con su presunto liderazgo de una organización corrupta durante su gestión y por haber intentado, sin éxito, disolver el Parlamento e iniciar un gobierno de excepción.El presidente colombiano, quien en febrero fue declarado como persona non grata por el Congreso peruano, abogó hoy de nuevo por Castillo ante el Consejo Permanente de la OEA, con sede en Washington, y criticó que el exgobernante peruano esté preso "sin sus derechos políticos"."¿Pero no miramos Perú, entonces? ¿No hay allí un presidente preso sin sentencia judicial, sin sus derechos políticos, es decir, en contravía de la Carta Democrática?", se cuestionó."Dice la Carta Democrática que solo una sentencia judicial quita los derechos políticos, ¿entonces por qué le están quitando los derechos políticos al pueblo sin una sentencia?", continuó.Durante su discurso, Petro también propuso rehacer la carta fundacional de la OEA y aseguró que le interesa y está "luchando" por reintegrar a Venezuela en la organización.El mandatario de Colombia, al igual que su homólogo mexicano, Andrés López Obrador, desconoce desde el inicio la Administración de Dina Boluarte, quien asumió la presidencia peruana por sucesión constitucional, tras la destitución de Castillo, de quien era vicepresidenta.En reiteradas ocasiones, el Gobierno de Boluarte ha expresado su rechazo a los "actos de injerencia" de Petro en asuntos internos del país andino, pues el mandatario colombiano criticó en enero el desalojo de cientos de manifestantes en una universidad de Lima y acusó a los policías peruanos de "marchar como nazis" en el contexto de las protestas antigubernamentales que azotaron al país entre diciembre y marzo.
El Ministerio Público de Perú anunció este martes que ha ampliado una investigación contra la presidenta peruana, Dina Boluarte, y el exmandatario Pedro Castillo por el presunto financiamiento prohibido de organizaciones políticas, lavado de activos y organización criminal a raíz de supuestos aportes ilegales en la campaña electoral del 2021.La investigación es seguida por la Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos contra Boluarte, Castillo y el empresario Henry Shimabukuro, que ha declarado ante la prensa haber financiado los viajes y actividades proselitistas de la hoy presidenta durante la campaña de 2021.En esa campaña, Castillo encabezaba la candidatura a la Presidencia de la República en una fórmula junto a Boluarte, que aspiraba a la Vicepresidencia.La presunta comisión de estos delitos se habría producido durante la campaña electoral del partido Perú Libre en el 2021, precisó la Fiscalía en su cuenta de Twitter.Boluarte, que sucedió a Castillo en diciembre del año pasado tras ser destituido por su fallido autogolpe, había rechazado el domingo las acusaciones en su contra y reiteró que eran una "oscura maniobra política que pretende manchar al gobierno constitucional, a la democracia y la institucionalidad, con dichos y sin pruebas"."No ha existido ningún tipo de negociación, pedidos o favores por parte de la señora Dina Boluarte", señaló su despacho a través de Twitter en alusión a las recientes denuncias de haber recibido dinero no declarado de empresarios en la campaña electoral.El último domingo, Maritza Sánchez, una profesora allegada a Castillo, denunció en el programa Cuarto Poder que Shimabukuro, un asesor en la sombra del expresidente, y Eduvigis Beltrán aportaron fuertes sumas de dinero a la campaña de Boluarte para acceder a programas de ayuda con el Estado y obtener a personas cercanas en altos cargos públicos.Sobre estas acusaciones, la Presidencia comentó que "si el señor Shimabukuro ha colaborado o financiado actividades partidarias, lo ha hecho absolutamente de manera personal y sin transar compromiso alguno".Debido a las acusaciones de Shimabukuro, la oposición en el Congreso ha anunciado una moción de destitución contra Boluarte, que puede ser formalizada esta semana durante el pleno.No obstante, la mandataria tuvo que responder el lunes a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en el Palacio de Gobierno por otro caso de presunta corrupción referido a las supuestas irregularidades en la contratación de empresas de su exasesora Grika Asayag.El pasado 1 de marzo, la Fiscalía de la Nación anunció el inicio de investigaciones preliminares por presunto tráfico de influencias contra Asayag, como parte de una investigación abierta por la supuesta comisión del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo contra el ministro de Trabajo, Alfonso Adrianzén, y el presidente del sistema de seguridad social EsSalud, Aurelio Orellana.
El papa Francisco pidió este domingo la "reconciliación y la paz" en Perú, al término del Ángelus dominical celebrado en la plaza San Pedro ante miles de personas."Renuevo las peticiones por la reconciliación y la paz en el Perú. Debemos rezar por el Perú, que está sufriendo tanto", dijo el pontífice tras saludar a los peregrinos de ese país, además de grupos de fieles llegados de Madrid y Pamplona (España).El pontífice argentino se ha referido en anteriores ocasiones a la crisis política y social que atraviesa Perú, país al que pidió, ya en el pasado diciembre, "emprender la vía del diálogo" y "cesar las violencias".Una solicitud que repitió en enero: "Me uno a los obispos peruanos al decir "No a la violencia, venga de donde venga, no más muertes", solicitó entonces el pontífice argentino desde la ventana del Palacio Apostólico.En su discurso de este domingo, el papa volvió a pedir por los pueblos de Ucrania, a causa de la guerra, Turquía y Siria, por el reciente terremoto, y sumó un rezo para el estado de Mississippi (EE.UU.), donde un tornado ha devastado cientos de viviendas y causado, al menos, 26 muertos. Papa Francisco: "Me siento cercano al pueblo ecuatoriano y aseguro mi oración por los difuntos"En días pasados, el papa Francisco expresó su "cercanía" al pueblo de Ecuador tras el terremoto que ha sacudido este país y que se ha saldado con al menos 14 muertos y cuantiosos daños materiales, también en el vecino Perú."Queridos hermanos y hermanas, ayer en Ecuador un terremoto ha causado muchos heridos e ingentes daños. Me siento cercano al pueblo ecuatoriano y aseguro mi oración por los difuntos y todos los que sufren", dijo desde la ventana del Palacio Apostólico tras el rezo del Ángelus dominical.El terremoto, que afectó a la zona fronteriza entre Ecuador y Perú, se ha saldado con 14 muertos en el primer país: doce en la provincia de El Oro y otros dos en Azuay, ambas en el sur.Le puede interesar:
El chance Paisita Día es uno de los juegos de azar más reconocidos en Antioquia y cuenta con miles de apostadores en diferentes regiones de Colombia. Su nombre hace referencia a la cultura paisa y sus sorteos se transmiten por Teleantioquia, lo que permite a los participantes seguir en vivo el anuncio de los resultados oficiales.Número ganador de Paisita Día hoy, lunes 9 de noviembreEl resultado del sorteo de Paisita Día de este lunes 9 de noviembre de 2026 permitirá a los jugadores verificar sus apuestas y comprobar si acertaron las cifras ganadoras.Número ganador: resultado en breve.Dos últimas cifras: resultado en breve.Tres últimas cifras: resultado en breve.La quinta balota: resultado en breve.Desde 2025, los participantes pueden agregar una quinta balota o número adicional a su apuesta. Esta modalidad amplía las posibilidades de obtener premios cuando también se aciertan las demás cifras, de acuerdo con las condiciones del juego.Las apuestas tienen valores que van desde $500 hasta $25.000. Para obtener el premio mayor, el número seleccionado debe coincidir exactamente con el resultado oficial, respetando el orden de las cifras de izquierda a derecha.¿A qué hora juega Paisita Día?El sorteo de Paisita Día se realiza todos los días, con horarios que varían según la jornada:De lunes a sábado: a la 1:00 p. m.Domingos y días festivos: a las 2:00 p. m.Los resultados pueden consultarse después del sorteo a través de los canales autorizados. Además, los participantes tienen la posibilidad de seguir la transmisión en vivo por Teleantioquia.¿Cómo se juega el chance Paisita Día?Este juego cuenta con diferentes modalidades de apuesta. Los premios dependen de la cantidad de cifras acertadas y del orden en el que coincidan con el resultado oficial.Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.Combinado de cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.Combinado de tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.¿Qué documentos se necesitan para reclamar un premio de Paisita Día?Los requisitos para cobrar un premio dependen del monto obtenido. Sin embargo, todos los ganadores deben presentar algunos documentos básicos:Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.Documento de identidad original.Fotocopia legible del documento de identidad.Requisitos adicionales según el valor del premioPremios inferiores a 48 UVT: únicamente se solicitan los documentos básicos.Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos anteriores, el ganador debe diligenciar y presentar el formato SIPLAFT, disponible en los puntos de venta (PDV).Premios superiores a 182 UVT: también se requiere una certificación bancaria a nombre de la persona que diligenció el tiquete, expedida con una vigencia máxima de 30 días. El pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.Para evitar inconvenientes durante el cobro, se recomienda conservar el tiquete en buen estado y verificar las condiciones vigentes con el operador autorizado.
Un bus chocó con un vehículo tipo niñera en el tunel # 6 de la carretera, entre Loboguerrero y el puerto sobre el Pacífico.De manera preliminar se habla de varios fallecidos, entre ellos, el conductor del bus.En desarrollo.
La ley de rescate económico, o ajuste fiscal, contempla un aumento del costo final de la medicina prepagada y una reducción de ese costo para quienes tienen seguros complementarios de salud y otro tipo de pólizas.La medicina prepagada pagaría un IVA del 19 % y los demás planes quedarían excluidos del impuesto, un tratamiento diferencial que ha sido objeto de debate en redes sociales. El IVA a la medicina prepagada es el punto que más reclamos ha generado.¿Por qué se tomó la decisión? Según el Gobierno Nacional, esa decisión tiene que ver con el nivel de ingresos de quienes compran seguros privados de salud, porque solo los más adinerados están accediendo a la medicina prepagada."El 80 % de las personas con medicina prepagada pertenece al 20 % de la población de mayores ingresos, mientras que el 66 % se concentra en el 10 % de mayores ingresos. En contraste, entre quienes adquieren otros planes voluntarios de salud, como pólizas y planes complementarios, solo el 29 % pertenece al 10 % de mayores ingresos", dijo el Ministerio de Hacienda en respuesta a consultas de Blu Radio.En los últimos años, el deterioro del sistema de salud llevó a una verdadera explosión de demanda de seguros privados. Según Acemi, hoy hay cerca de 1,5 millones de personas en Colombia con contratos de medicina prepagada, un 35 % por encima de las cifras registradas hace tres años.El mercado de las pólizas también está creciendo. Al cierre de 2025, 1,8 millones de colombianos tenían contratos con aseguradoras para financiar su atención en salud, según Fasecolda.Las cifras no incluyen una amplia gama de servicios 'plus' o 'complementarios' que son ofrecidos por las propias EPS con el objetivo de dar un acceso preferencial a una lista corta de servicios. Todos ellos verían una reducción del IVA a pagar, que pasaría del 5 % al 0 %.¿Recibe compensación de IVA? Esto es lo que cambiaría para usted con la reformaDesde la pandemia, el Gobierno colombiano está compensando el IVA pagado por los hogares de menores ingresos. Actualmente, unos 700 mil hogares están en el programa de devolución del DPS y reciben por este concepto unos 111 mil pesos cada uno.Con la reforma tributaria, la compensación de IVA desaparece y se crearía el programa EfectIVA, que implica devoluciones para 35 millones de personas. La promesa del Gobierno es que las familias beneficiarias de la compensación que existe hoy (las que van a recibir los giros desde este fin de semana) serán protegidas en la transición."Ningún hogar que actualmente recibe la compensación perderá ese beneficio durante la transición, ni recibirá menos de lo que recibe hoy", explicó el Ministerio de Hacienda.Hay varias diferencias entre el programa actual y EfectIVA. Por ejemplo, el nuevo programa funcionaría por personas y no por familias.Si se aprueba la reforma, el monto máximo de IVA que le van a devolver a una persona equivale a unos 288 mil pesos mensuales y, dependiendo de su nivel de ingresos, esa devolución será total o parcial. Le pueden devolver el 30 %, el 50 % o el 100 % del IVA."La compensación que opera hoy es una transferencia monetaria que estima el IVA pagado por cada hogar a partir de un nivel de consumo calculado. La devolución, en cambio, le regresa a cada persona el IVA que efectivamente pagó", agregó el Gobierno.No hay que perder de vista que en el nuevo sistema la devolución se haría únicamente por compras con factura electrónica.
Las intensas lluvias registradas durante los últimos días en la Alta Guajira han generado dificultades de movilidad y dejado incomunicadas a varias comunidades indígenas, cuyos habitantes enfrentan problemas para acceder a servicios y productos esenciales.La situación ha impedido que algunas familias puedan salir en busca de agua potable, alimentos y medicamentos, así como trasladar a personas enfermas hacia los cascos urbanos de municipios como Uribia y Manaure, para que reciban atención médica. Las crecientes de los arroyos han complicado aún más el panorama en esta zona del departamento.A estas afectaciones se suman las dificultades que enfrentan los transportadores para movilizarse por las trochas. Las malas condiciones del terreno y el aumento de los caudales han obstaculizado el paso de vehículos que llevan alimentos y otros productos hacia diferentes sectores de la región.Habitantes y transportadores manifiestan su preocupación por las consecuencias que puede traer esta situación, especialmente para las comunidades indígenas que dependen del abastecimiento externo para acceder a productos de primera necesidad y servicios básicos.“ Para esta temporada, la situación es muy difícil a los operadores de estos programas del ICBF han tenido pérdidas porque se mojan los productos porque los camiones se llevaran en las trochas y cualquier cantidad de dificultades para llevar los alimentos y también pasa lo mismo con los medicamentos”, dijo Wilberto Teherán, habitante de la Alta Guajira.Ante este panorama, las comunidades hicieron un llamado urgente al Gobierno nacional para que atienda las afectaciones, facilite el acceso a agua a las comunidades y disponga las acciones necesarias para garantizar el suministro del líquido, alimentos, medicamentos y atención médica a las familias damnificadas.
El representante a la Cámara Héctor Chaparro, integrante de la Comisión Tercera y del Partido Liberal, expuso los reparos de su bancada frente a la Ley de rescate económico presentada por el Gobierno nacional. Tras una reunión en Barranquilla con integrantes del Ejecutivo y representantes de diferentes partidos, señaló que existe preocupación por los impuestos propuestos para la canasta familiar, el sector agropecuario y las personas con ingresos superiores a cinco millones de pesos.El congresista reconoció la necesidad de tomar medidas para enfrentar el déficit fiscal, pero advirtió que el proyecto debe tener viabilidad política en el Congreso y contemplar alternativas de recaudo. “La magnitud de la crisis fiscal puede afectar a todos los hogares colombianos”, afirmó.Chaparro indicó que los partidos de gobierno e independientes presentaron sus inquietudes durante el encuentro, en el que participaron el vicepresidente de la República, los ministros de Comercio, Transporte e Interior y el director de la Dian.¿Qué reparos tiene el Partido Liberal frente a la Ley de rescate económico?Uno de los principales puntos de preocupación es el aumento del IVA para productos de la canasta básica y elementos utilizados en el sector agropecuario, como fertilizantes, plaguicidas y distritos de riego. También mencionó los cambios en el impuesto de renta para personas que reciben más de cinco millones de pesos, el incremento de los parafiscales y los posibles efectos de los impuestos a las bebidas alcohólicas sobre las rentas territoriales.El representante recordó que el Gobierno busca reducir una brecha fiscal superior a 90 billones de pesos, por lo que considera necesario revisar las fuentes de financiación. “Es necesario que hoy se trabaje articuladamente entre el Gobierno y el Congreso para buscar una ley que realmente logre generar unas medidas para el ajuste fiscal”, sostuvo.¿Qué opina Héctor Chaparro del IVA a las compras en plataformas digitales?Chaparro también se refirió a la propuesta de eliminar la exclusión del IVA para los envíos urgentes de menos de 200 dólares. La medida implicaría que compras realizadas mediante plataformas como Amazon, Temu y Shein paguen la tarifa general del 19 %.El congresista consideró que el tema debe discutirse en el Legislativo. Explicó que la exclusión comenzó en 2014, antes de la expansión del comercio electrónico, y que actualmente puede generar diferencias entre quienes compran en plataformas digitales y quienes adquieren los mismos productos en establecimientos físicos.“Hay un desnivel en esta cancha”, señaló. Además, mencionó el llamado pitufeo, una práctica que describió como la agrupación de cientos de pedidos de bajo valor en una misma dirección para evitar el pago del impuesto.Sobre las alternativas de recaudo, cuestionó que se plantee reducir el impuesto de renta a las empresas mientras se proponen nuevos cobros para otros sectores. “Tenemos que pensar precisamente en cuáles son los impuestos que realmente vamos a aumentar”, afirmó.Finalmente, anunció que el Partido Liberal presentará en los próximos días una propuesta como bancada de las comisiones económicas para plantear alternativas frente al proyecto del Gobierno.