La Fiscalía de Perú solicitó 34 años de prisión para el expresidente Pedro Castillo por el fallido autogolpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, informó este viernes el Ministerio Público."El Ministerio Público solicita 34 años de prisión contra Pedro Castillo Terrones por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública. El expresidente es acusado de perpetrar el golpe de Estado el pasado 7 de diciembre de 2022", publicó la Fiscalía en su cuenta en la red social X (antes Twitter).El exmandatario se encuentra recluido desde ese día en cumplimiento de una orden de prisión preventiva de 18 meses y pesa sobre él otra orden de 36 meses de prisión preventiva mientras es investigado por presuntamente haber liderado una red corrupta en el Ejecutivo.Ese 7 de diciembre, Castillo anunció en un mensaje a la nación el cierre del Parlamento, la reorganización del sistema de justicia y la instalación de un Ejecutivo de emergencia que debía gobernar por decreto.Por esa decisión, fue destituido por el Congreso y, posteriormente, arrestado por su propia escolta.La Fiscalía también pidió 25 años de prisión contra la entonces primera ministra, Betssy Chávez, por el delito de rebelión.Chávez se encuentra desde junio del 2022 bajo prisión preventiva por 18 meses de prisión como parte de la investigación por fallido autogolpe de Estado.Igualmente, el Ministerio Público solicitó 25 años de prisión para los exministros de Comercio Exterior Roberto Sánchez Palomino y del Interior Willy Huerta Olivas, así como para los oficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP) Manuel Lozada Morales, Jesús Venero Mellado y Eder Infanzón Gómez.Para el también ex primer minsitro Aníbal Torres solicitó 15 años de pena privativa de la libertad por el delito de rebelión.Le puede interesar:
Un juez peruano ordenó embargar los bienes del expresidente Pedro Castillo y de su ex primer ministro Aníbal Torres hasta por 67 millones de soles (18 millones de dólares o 16,8 millones de euros), en resguardo de la reparación civil solicitada a raíz del fallido golpe de Estado del pasado 7 de diciembre, informó este lunes la Procuraduría General del Estado.En un comunicado, la Procuraduría (defensa del Estado) anunció que el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia declaró fundadas sus solicitudes y que dictaminó el embargo de los bienes de Pedro Castillo y Aníbal Torres, asesor del presidente al momento en que intentó dar un autogolpe de Estado.Agregó que el juez Juan Carlos Checkley ordenó el embargo en forma de inscripción e inhibición de cuatro propiedades del expresidente Castillo (2021-2022), las cuales se encuentran ubicadas en el distrito de Anguía, en la provincia de Chota, en la región norandina de Cajamarca y en el pueblo de Tacabamba.Por su parte, en el caso de Torres se embarga en forma de inscripción e inhibición nueve bienes, de los cuales son ocho inmuebles ubicados en los distritos de San Isidro y Lima Cercado, en la capital de Perú, así como un vehículo.La Procuraduría General del Estado reiteró que ha solicitado una reparación civil de 67 millones de soles (18 millones de dólares o 16,8 millones de euros) por el golpe de Estado que intentó dar Castillo el 7 de diciembre de 2022.Debido a ese caso, Castillo fue imputado por los presuntos delitos de rebelión y conspiración, destituido por el Congreso y recluido en la cárcel de Barbadillo, en el este de Lima.Torres está denunciado como presunto cómplice, dado que se encontraba con el mandatario al momento en que Castillo dirigió el mensaje a la nación con el anuncio del cierre del Congreso y la instalación de un gobierno de emergencia, junto a otros ministros de Estado y la entonces jefa del gabinete Betssy Chávez.Puede ver:
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, fue citada por la Fiscalía de su país para que declare el próximo 31 de mayo en la investigación preliminar abierta por las decenas de muertes que se produjeron durante las protestas antigubernamentales entre diciembre y marzo pasado.La citación fue programada desde las 09.00 hora local (14.00 GMT) del próximo miércoles y fue confirmada hoy por el abogado de Boluarte, Joseph Campos, quien dijo que esperan "con mucha expectativa ese día para efectos de poder hacer la declaración"."Expresamos nuestra vocación de colaboración para cerrar este capítulo que no tiene sentido. No es responsable mantener a la presidenta en una investigación jurídica respecto a esta responsabilidad", indicó Campos a la emisora RPP.La Fiscalía de la Nación (general) anunció el inicio de las pesquisas preliminares el pasado 10 de enero por la presunta comisión de los delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves.La gobernante ya acudió a la sede del Ministerio Público el pasado 7 de marzo, pero no llegó a declarar porque estaba pendiente de la resolución de una tutela de derechos presentada por la Procuraduría, que pidió que se le incluya en la investigación por la declaración del primer ministro, Alberto Otárola.En las pesquisas también se ha incluido al ex primer ministro Pedro Angulo, a los exministros del Interior Víctor Rojas y César Cervantes y al actual ministro de Defensa, Jorge Chávez.Aunque Campos aseguró que Boluarte tiene la intención de responder a la citación, no confirmó si la diligencia se realizará en la sede del Ministerio Público o en el Palacio de Gobierno, una prerrogativa que tiene la gobernante por su alto cargo."Tendremos que determinarlo", comentó antes de recordar que el día de la citación también se realiza reunión semanal del Consejo de Ministros y se ha programado un simulacro nacional de sismo.Las protestas estallaron en Perú tras el fallido golpe de Estado del entonces presidente Pedro Castillo (2021-2022) el 7 de diciembre pasado y continuaron desde enero con movilizaciones y enfrentamientos con las fuerzas del orden en demanda de la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso, el adelanto de las elecciones generales y la convocatoria a una asamblea constituyente.Según diversas fuentes, al menos 49 civiles murieron durante esos enfrentamientos, mientras que las protestas dejaron, en total, 77 fallecidos, ya que otras personas, entre ellas varios haitianos, también fallecieron por acciones como el bloqueo de carreteras.La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó en su último informe la violencia empleada por las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones y aseguró que ha encontrado casos de "ejecuciones extrajudiciales" en Perú.Señaló, además, que la violencia a manos de las fuerzas del orden en la región sureña de Ayacucho debe ser investigada "con un enfoque étnico-racial" y que la situación podría ser considerada como "una masacre", algo que fue rechazado por el Gobierno de Boluarte.La presidenta acusó el pasado 13 de mayo a Castillo de ser el "autor de las más de 60 víctimas" de las protestas, que vinculó con "el narcotráfico y la minería ilegal"."Nosotros ya sabemos, a donde vamos nos manda su piquete Pedro Castillo, financiado por el narcotráfico y financiado por la minería ilegal. No les vamos a hacer caso, nosotros seguimos trabajando", dijo.
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, volvió a acusar este sábado a su predecesor, Pedro Castillo, de ser el "autor de las más de 60 víctimas" de las protestas que sacudieron el país entre diciembre y marzo pasados, y reiteró que el exmandatario está involucrado con "el narcotráfico y la minería ilegal"."Los fallecidos en esa crisis política del primer trimestre de este año, ¿a quien beneficiaban? ¿A este Gobierno de una mujer andina, provinciana, o a Pedro Castillo que había dado el golpe de Estado y mandó a toda esa gente a generar la violencia en el país?", declaró Boluarte durante una actividad oficial en la localidad de Manchay.Seguidamente, la gobernante agregó: "Pues a Pedro Castillo, el asesino sentado en (el penal de) la Diroes (Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional). Es Pedro Castillo el autor de las más de 60 víctimas de esa crisis política, de ese enfrentamiento entre peruanos y peruanos que lamentamos tremendamente".Boluarte aseveró que su Ejecutivo no va a "caer en esa provocación ni en ese juego" y dijo que su gestión sigue "firme, defendiendo la democracia y la institucionalidad" del país."No nos vamos a detener con aquellas provocaciones que ya sabemos que les manda Pedro Castillo y vienen pagados, algunas personas, con dinero ilegal y no son de acá. Nosotros ya sabemos, a donde vamos nos manda su piquete Pedro castillo, financiado por el narcotráfico y financiado por la minería ilegal. No les vamos a hacer caso, nosotros seguimos trabajando", indicó.Durante la crisis, Boluarte y otros funcionarios de su Gobierno afirmaron varias veces, sin pruebas, que las muertes en las protestas se debían a armas de fabricación casera o a armas de fuego y munición introducidas desde Bolivia, algo que ha sido criticado por organizaciones internacionales como Human Rights Watch (HRW).Las protestas antigubernamentales, que estallaron en diciembre de 2022 tras el fallido autogolpe de Castillo, dejaron un saldo de 1.300 heridos y 77 fallecidos, de los cuales 49 murieron en enfrentamientos directos entre los manifestantes y las fuerzas del orden.La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó en su último informe la violencia policial durante las protestas y aseguró que ha encontrado casos de "ejecuciones extrajudiciales".Agregó que la violencia a manos de las fuerzas del orden en la localidad sureña de Ayacucho debe ser investigada "con un enfoque étnico-racial" y que la situación podría ser considerada como "una masacre", algo que fue rechazado por Boluarte. Le puede interesar:
El Gobierno de Perú denunció este miércoles una "nueva e inaceptable injerencia" del presidente colombiano, Gustavo Petro, en asuntos internos, durante su discurso ante la Organización de Estados Americanos (OEA), donde volvió a defender al exmandatario Pedro Castillo, preso desde diciembre por su fallido autogolpe."Canciller (Ana Cecilia) Gervasi: Nueva e inaceptable injerencia de Gustavo Petro en asuntos del Perú, en la OEA y en violación a su carta constitutiva", expresó la titular del Ministerio de Relaciones Exteriores a través de su cuenta oficial de Twitter.Agregó que su "falta a la verdad y el irrespeto a las normas internacionales denotan un falso liderazgo en favor de un golpista y acusado de corrupción", en alusión a Castillo (2021-2022), quien cumple prisión preventiva por dos casos, uno relacionado con su presunto liderazgo de una organización corrupta durante su gestión y por haber intentado, sin éxito, disolver el Parlamento e iniciar un gobierno de excepción.El presidente colombiano, quien en febrero fue declarado como persona non grata por el Congreso peruano, abogó hoy de nuevo por Castillo ante el Consejo Permanente de la OEA, con sede en Washington, y criticó que el exgobernante peruano esté preso "sin sus derechos políticos"."¿Pero no miramos Perú, entonces? ¿No hay allí un presidente preso sin sentencia judicial, sin sus derechos políticos, es decir, en contravía de la Carta Democrática?", se cuestionó."Dice la Carta Democrática que solo una sentencia judicial quita los derechos políticos, ¿entonces por qué le están quitando los derechos políticos al pueblo sin una sentencia?", continuó.Durante su discurso, Petro también propuso rehacer la carta fundacional de la OEA y aseguró que le interesa y está "luchando" por reintegrar a Venezuela en la organización.El mandatario de Colombia, al igual que su homólogo mexicano, Andrés López Obrador, desconoce desde el inicio la Administración de Dina Boluarte, quien asumió la presidencia peruana por sucesión constitucional, tras la destitución de Castillo, de quien era vicepresidenta.En reiteradas ocasiones, el Gobierno de Boluarte ha expresado su rechazo a los "actos de injerencia" de Petro en asuntos internos del país andino, pues el mandatario colombiano criticó en enero el desalojo de cientos de manifestantes en una universidad de Lima y acusó a los policías peruanos de "marchar como nazis" en el contexto de las protestas antigubernamentales que azotaron al país entre diciembre y marzo.
El Ministerio Público de Perú anunció este martes que ha ampliado una investigación contra la presidenta peruana, Dina Boluarte, y el exmandatario Pedro Castillo por el presunto financiamiento prohibido de organizaciones políticas, lavado de activos y organización criminal a raíz de supuestos aportes ilegales en la campaña electoral del 2021.La investigación es seguida por la Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos contra Boluarte, Castillo y el empresario Henry Shimabukuro, que ha declarado ante la prensa haber financiado los viajes y actividades proselitistas de la hoy presidenta durante la campaña de 2021.En esa campaña, Castillo encabezaba la candidatura a la Presidencia de la República en una fórmula junto a Boluarte, que aspiraba a la Vicepresidencia.La presunta comisión de estos delitos se habría producido durante la campaña electoral del partido Perú Libre en el 2021, precisó la Fiscalía en su cuenta de Twitter.Boluarte, que sucedió a Castillo en diciembre del año pasado tras ser destituido por su fallido autogolpe, había rechazado el domingo las acusaciones en su contra y reiteró que eran una "oscura maniobra política que pretende manchar al gobierno constitucional, a la democracia y la institucionalidad, con dichos y sin pruebas"."No ha existido ningún tipo de negociación, pedidos o favores por parte de la señora Dina Boluarte", señaló su despacho a través de Twitter en alusión a las recientes denuncias de haber recibido dinero no declarado de empresarios en la campaña electoral.El último domingo, Maritza Sánchez, una profesora allegada a Castillo, denunció en el programa Cuarto Poder que Shimabukuro, un asesor en la sombra del expresidente, y Eduvigis Beltrán aportaron fuertes sumas de dinero a la campaña de Boluarte para acceder a programas de ayuda con el Estado y obtener a personas cercanas en altos cargos públicos.Sobre estas acusaciones, la Presidencia comentó que "si el señor Shimabukuro ha colaborado o financiado actividades partidarias, lo ha hecho absolutamente de manera personal y sin transar compromiso alguno".Debido a las acusaciones de Shimabukuro, la oposición en el Congreso ha anunciado una moción de destitución contra Boluarte, que puede ser formalizada esta semana durante el pleno.No obstante, la mandataria tuvo que responder el lunes a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en el Palacio de Gobierno por otro caso de presunta corrupción referido a las supuestas irregularidades en la contratación de empresas de su exasesora Grika Asayag.El pasado 1 de marzo, la Fiscalía de la Nación anunció el inicio de investigaciones preliminares por presunto tráfico de influencias contra Asayag, como parte de una investigación abierta por la supuesta comisión del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo contra el ministro de Trabajo, Alfonso Adrianzén, y el presidente del sistema de seguridad social EsSalud, Aurelio Orellana.
El papa Francisco pidió este domingo la "reconciliación y la paz" en Perú, al término del Ángelus dominical celebrado en la plaza San Pedro ante miles de personas."Renuevo las peticiones por la reconciliación y la paz en el Perú. Debemos rezar por el Perú, que está sufriendo tanto", dijo el pontífice tras saludar a los peregrinos de ese país, además de grupos de fieles llegados de Madrid y Pamplona (España).El pontífice argentino se ha referido en anteriores ocasiones a la crisis política y social que atraviesa Perú, país al que pidió, ya en el pasado diciembre, "emprender la vía del diálogo" y "cesar las violencias".Una solicitud que repitió en enero: "Me uno a los obispos peruanos al decir "No a la violencia, venga de donde venga, no más muertes", solicitó entonces el pontífice argentino desde la ventana del Palacio Apostólico.En su discurso de este domingo, el papa volvió a pedir por los pueblos de Ucrania, a causa de la guerra, Turquía y Siria, por el reciente terremoto, y sumó un rezo para el estado de Mississippi (EE.UU.), donde un tornado ha devastado cientos de viviendas y causado, al menos, 26 muertos. Papa Francisco: "Me siento cercano al pueblo ecuatoriano y aseguro mi oración por los difuntos"En días pasados, el papa Francisco expresó su "cercanía" al pueblo de Ecuador tras el terremoto que ha sacudido este país y que se ha saldado con al menos 14 muertos y cuantiosos daños materiales, también en el vecino Perú."Queridos hermanos y hermanas, ayer en Ecuador un terremoto ha causado muchos heridos e ingentes daños. Me siento cercano al pueblo ecuatoriano y aseguro mi oración por los difuntos y todos los que sufren", dijo desde la ventana del Palacio Apostólico tras el rezo del Ángelus dominical.El terremoto, que afectó a la zona fronteriza entre Ecuador y Perú, se ha saldado con 14 muertos en el primer país: doce en la provincia de El Oro y otros dos en Azuay, ambas en el sur.Le puede interesar:
El expresidente de Perú Pedro Castillo le envió desde la cárcel una carta al mandatario Colombiano, Gustavo Petro, escrito que dio a conocer el País de España.En el texto, Castillo empezó enviándole todo su apoyo a Petro y expresando su afecto hacia el pueblo colombiano, de igual forma se contó quién será la persona encargada de su defensa.El exmandatario señaló que la persona que estaría frente a su caso, para así llevarlo a instancias internacionales, será el abogado argentino Guido Leonardo Croxatto.La carta le fue entregada a Petro el pasado jueves, 16 de marzo, en una reunión que tuvo con el abogado Croxatto, a quien recibió en la Casa de Nariño, en Bogotá.En la reunión, que duró cerca de una hora y media, según señaló el medio, se charló sobre el proceso que enfrenta el exmandatario de Perú, a quien aún Petro reconoce como presidente legítimo.Entre las acusaciones que empañan a Pedro Castillo, está el de rebelión, delito que implica cerca de dos décadas de cárcel, según señala el País, razón por la que el equipo defensor, liderado por Croxatto, se encargará de llevar el caso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, misma en la que se falló a favor del presidente Petro cuando lo destituyeron de su cargo como alcalde de Bogotá.Esta es la carta de Pedro Castillo al presidente Gustavo Petro:"Estimado hermano presidente de Colombia, Gustavo PetroDesde esta celda lo saludo con toda la fuerza y esperanza de mi pueblo a usted al hermano pueblo colombiano.Luego permítame decirle que la estrategia internacional de mi defensa va a estar liderada por el abogado argentino Guido Leonardo Croxatto a quien le encomiendo esta especial tarea y haga las coordinaciones correspondientes con el equipo y los hermanos de los países en esta justa causa.Un enorme abrazo, mi hermano presidente, mil gracias por su respaldo y solidaridad."
El juez supremo peruano Juan Carlos Checkley impuso este jueves 36 meses de prisión preventiva para el expresidente Pedro Castillo, quien ya se encuentra en prisión por su fallido autogolpe de Estado, mientras es investigado por un caso de corrupción.Durante una audiencia virtual, Checkley dijo que la medida era "idónea" porque "no se trata de un juicio común, sino uno que reviste alta peligrosidad" y explicó que el exmandatario, detenido por 18 meses de prisión preventiva por el autogolpe, ha incurrido en obstaculización de la Justicia mediante el amedrentamiento de testigos, que ha llegado incluso a la misma fiscal general, Patricia Benavides.En tal sentido, el magistrado dijo que Castillo enfrenta una probable pena de 32 años de cárcel por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión.La prisión preventiva contra el exmandatario responde a la presión que ejerció para la designación de un funcionario sin el perfil técnico como gerente general de la estatal Petroperú, así como la cancelación de un concurso internacional para la compra de biodiésel y su adjudicación a una empresa específica.Igualmente, el nombramiento del exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva, prófugo de la justicia, con la supuesta intención de copar ese ministerio con funcionarios afines que faciliten "direccionar los proyectos" de infraestructura, a cargo de esa cartera.De la misma forma, el juez citó los dos millones de soles (medio millón de dólares) que la empresaria Karelim López dijo haber entregado a Castillo, a través de sus asesores en Palacio de Gobierno, para ser favorecida con una adjudicación de obras públicas.Checkley afirmó que "Castillo tuvo una participación clave" en estas "conductas ilícitas".Respecto al peligro de fuga y arraigo de Castillo, el juez supremo precisó que la detención del expresidente, en diciembre pasado, se produjo "cuando pretendía asilarse en la embajada de México", lo cual fue corroborado por las declaraciones públicas del embajador en Lima y del propio presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.La esposa y los dos hijos menores de Castillo fueron recibidos por López Obrador y asilados por ese país, horas después del fallido golpe de Estado.Sobre el arraigo, el magistrado recordó que Castillo no tiene domicilio real actual y que no se puede considerar al penal de Barbadillo, donde está recluido desde diciembre, como su domicilio actual, como pidió su abogado.Castillo niega amputacionesEn la diligencia anterior, del pasado martes, Castillo negó "rotunda y categóricamente" que sea autor y forme parte de una organización criminal conformada durante su Gobierno (2021-2022), tal como lo acusó la Fiscalía al argumentar su pedido de 36 meses de prisión preventiva en su contra."Niego rotunda y categóricamente que soy autor y forme parte de una red criminal, el único delito que he cometido es servir a mi país como presidente de la República", señaló Castillo en una audiencia virtual convocada por el juez Checkley."No he cometido ningún delito, señor juez, el Perú sabe, el pueblo sabe, que hoy en día quienes han hecho la acusación constitucional también en todo caso serían parte de esta presunta organización criminal, porque pasaron en su mayoría en las oficinas del despacho presidencial", señaló.Rechazó que la petición fiscal se sustente en un posible peligro de fuga cuando, según dijo, se encuentra "en un penal de alta seguridad" y que no tiene arraigo familiar, ya que su esposa y sus hijos están asilados en México."Acá no hay peligro de fuga, mi arraigo domiciliario hoy es este lugar (la prisión)", reiteró antes de decirle al juez que "tiene que demostrar que está del lado del pueblo no del lado de los enemigos".El Ministerio Público también ha solicitado 36 meses de prisión pereventiva para los exministros de Transportes y Vivienda Juan Silva Villegas y Geiner Alvarado López, respectivamente.Silva, quien está prófugo de la Justicia desde el año pasado, es acusado del delito de organización criminal y colusión simple, mientras que Alvarado es señalado como presunto autor del delito de organización criminal.Le puede interesar:
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, acudirá en forma presencial a la Fiscalía para rendir su testimonio en la investigación por genocidio abierta en su contra, a raíz de los 70 decesos en las manifestaciones de protesta hasta la fecha, según informó su abogada este domingo a un medio local. La citación cursada a Boluarte por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, es para el martes 7 de marzo en forma presencial, a diferencia de la solicitud de la Presidencia de la República que planteó hacerlo en forma virtual."La decisión de la doctora (Boluarte) de participar en la diligencia de la Fiscalía siempre ha sido positiva y con toda la voluntad de querer coadyuvar en la averiguación de la verdad y de la investigación en concreto", declaró la abogada Kelly Montenegro al diario El Comercio. La letrada añadió que "el tema es que si la Fiscalía indica que la diligencia va a ser de manera presencial, pues irá de manera presencial". Montenegro aseguró que "nunca ha habido intención de querer, digamos, entorpecer u obstaculizar el trabajo que realiza la Fiscalía de la Nación. Jamás". En ese sentido, adelantó que este domingo tendrá una reunión de coordinación con la mandataria sobre el tema de su notificación ante la Fiscalía. Consultada el viernes en una rueda de prensa, Boluarte respondió que estaría asistiendo "con sumo agrado" cuando la Fiscalía la notifique de la diligencia.La Fiscalía de la Nación abrió una investigación preliminar contra la jefa de Estado en enero pasado por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves debido a los decesos y heridos por las protestas antigubernamentales desde diciembre último en varias regiones del país.En la investigación preliminar están incluidos el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola; su antecesor Pedro Angulo; el ministro de Defensa, Jorge Chávez, y los exministros Víctor Rojas y César Cervantes.Las protestas sociales estallaron en Perú tras el fallido golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022 y continuaron desde enero y los meses siguientes con una serie de movilizaciones y enfrentamientos con las fuerzas del orden en demanda de la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso, el adelanto de las elecciones generales y la convocatoria a una asamblea constituyente.Según la Defensoría del Pueblo, 48 personas murieron durante enfrentamientos con las fuerzas del orden, mientras que un policía perdió la vida tras ser quemado vivo y otras 11 personas debido a los bloqueos de carreteras por manifestantes. La presidenta Boluarte confirmó otro fallecimiento por estas mismas causas, el de un paciente que necesitaba llegar a Lima pero quedó retenido en los bloqueos, y Unicef informó del deceso de un bebé nonato, además de la muerte de una mujer en la norteña región de La Libertad, reportada por la Policía. El primer ministro, Alberto Otárola, confirmó el 19 de enero pasado el fallecimiento de cuatro ciudadanos haitianos y días más tarde la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) elevó la cifra a siete ciudadanos de ese país que quedaron varados, expuestos a adversidades climáticas y limitado acceso a servicios básicos. Le puede interesar:
En las últimas horas, miembros del CTI de la Fiscalía capturaron en fragancia cuatro, presuntos, miembros del Clan del Golfo; organización criminal que sería la responsable de los más recientes hechos extorsivos en Cesar y Magdalena, que han tenido como objetivo principal a los comerciantes, empresarios y propietarios de fincas ganaderas y/o productoras de estos departamentos.Se trata de Jhonis José Cárdenas Estrada, alias La Máquina; y Diego Alejandro Ramírez, alias Pablo, posibles cabecillas de la organización en la región; y Yulis Mercedes Corrales Buelvas, alias La Enfermera y Ever Luis Hernández Conde.Lea también: Clan del Golfo pide a Petro solicitar levantar órdenes de captura de sus cabecillasAl momento de su captura, a los judicializados se les incautó dos armas de fuego, ocho proveedores para fusil, 43 cartuchos, cuatro motocicletas, una memoria USB, ocho panfletos alusivos a la organización delictiva, cerca 200 váuchers de consignaciones y otros documentos que dan cuenta de las amenazas y exigencias de dinero a comerciantes y finqueros de Cesar y Magdalena.El Fiscal del caso afirmó que alias Pablo, sería, al parecer, el encargado de trasladarse a otros departamentos, como Antioquia y Córdoba, para reclutar jóvenes para el componente armado del grupo ilegal.Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los capturados los delitos de concierto para delinquir con fines de extorsión; y fabricación, tráfico, porte, tenencia de armas de fuego, accesorios partes o municiones. Los investigados no aceptaron los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.Con la captura de estos presuntos extorsionistas, las autoridades continúan fortaleciendo las acciones en contra de los grupos que se dedican a estas actividades ilícitas, que cada vez más llenan de temor a la población, quienes están bajo la zozobra de ser las próximas víctimas de las mal llamadas 'vacunas'.Es así, como la Fiscalía invitó a denunciar a toda aquella persona que sea objeto de llamadas ó mensajes amenazantes para poder dar con el paradero de los responsables de estos hechos.
John Ferney Cano, quien asesinó al urólogo Juan Guillermo Aristizábal en una clínica de Medellín, escribió un libro en el que contó detalles de lo que había pasado con el médico y la motivación que encontró para cometer el atroz crimen. "Para aquellos que vilmente fueron dañados por la circuncisión, los invito a compartir mi historia para que muchos otros sepan los riesgos a los que se enfrentan. Yo no lo sabía… No sabía que estaban haciendo una cirugía que no aliviaría absolutamente nada, que por el contrario agravaría mi situación", escribió el asesino. Lea también: Luego de asesinato de urólogo en Medellín, agremiación médica denuncia grave panorama¿Qué es la circuncisión?La circuncisión es un procedimiento quirúrgico que consiste en la eliminación parcial o total del prepucio, el pliegue de piel que cubre la punta del pene. Se realiza por motivos religiosos, culturales o médicos.Según detalle Mayo Clinic, una entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, se realiza por motivos religiosos, culturales o médicos. En algunas religiones, como el judaísmo y el islam, la circuncisión se considera un requisito religioso para los hombres.Entre los motivos médicos la circuncisión puede reducir el riesgo de ciertas infecciones, como la fimosis, la parafimosis y las infecciones de transmisión sexual (ITS). También puede facilitar la higiene del pene.Riesgos de la circuncisión:La circuncisión es un procedimiento quirúrgico y, por lo tanto, conlleva algunos riesgos, como sangrado, infección y dolor.En raras ocasiones, pueden producirse complicaciones más graves, como daño a los nervios o al pene.¿Qué escribió el asesino sobre su circuncisión?El extenso relato de John Ferney detalla que desde hacía nueve años venía sintiendo un dolor en la parte superior de su pene por lo que acudió desde hace tres al consultorio del urólogo Aristizábal, donde aseguró que este le practicó una cirugía que no necesitaba.Cano escribió que cuando estuvo en revisión con el médico Aristizábal él le retrae el prepucio de su pene y agrega que tiene un hongo, "y que si me lo quiero quitar me tengo que hacer la circuncisión". "Salgo de ese consultorio pensando el por qué yo no sabía eso de la balanitis, me había hecho esa maldita circuncisión por un tal hongo y no había salido en el resultado de patología, había estropeado mi pene con esa espantosa cirugía y no había aliviado absolutamente nada", escribió el hombre. Incluso en ese libro tiene un capítulo dedicado al médico Juan Guillermo Aristizábal Vásquez a quien tildó de traidor. Nueve días después del dramático episodio, Marcela Cano, hermana de John Ferney decidió romper el silencio y contar la versión de los hechos a Blu Radio, pero esta vez del lado del victimario y el terror que vivía."Los que lo conocimos podemos dar fe de que nunca nos hubiera cruzado por la cabeza que fuera a hacer algo así. En algún momento, sí llegó a decir que: 'esta no se la paso', pero uno no pensaba que él con su forma de ser llegara a cometer algo así, no", relató.
El capítulo 20 del Desafío 2024 dejó a todos impactados con la expulsión de Beba de la competencia, un momento sin duda sorprendente. Fue Andrea Serna quien comunicó la noticia a los demás competidores, quienes se encontraban desconcertados ante lo sucedido.Lo más llamativo fue que solo Alpha estaba al tanto de la infracción de Beba a las reglas, mientras que los demás equipos no tenían conocimiento de su actitud. A pesar de ello, todos coincidieron en que su comportamiento no fue apropiado para la competencia.Las palabras que molestaron a todosDurante su conversación con la presentadora, Beba expresó frente a sus compañeros y contrincantes que tenía la intención de estar en el Desafío 2024, mencionando que esta era su primera oportunidad, a diferencia de otros participantes que llevaban años intentándolo. Sus palabras generaron molestia entre los presentes, e incluso Anamar le sugirió que guardara silencio, pues estaba desatendiendo sus palabras.¿Por qué expulsaron a Beba del Desafío XX? Andrea Serna dio la noticia“Santiago ha intentado nueve años seguidos, este es mi primer intento y ni siquiera porque yo lo busqué, la oportunidad me buscó a mí”, indicó Beba frente a sus compañeros.Tras la salida de Beba de la Ciudadela, el resto de los participantes expresaron su indignación ante la afirmación de la joven, pues muchos consideraron que esta oportunidad es algo que anhelan y valoran enormemente.
La Fiscalía General de la Nación confirmó que por la contundencia del material probatorio un juez de control de garantías envió a prisión al ciudadano estadounidense Brandon Seth Wood. El extranjero de 50 años fue capturado por Policía Metropolitana del Valle de Aburrá la noche del 25 de abril cuando fue hallado con una menor de 15 años en una vivienda de la comuna Aranjuez.El reporte preliminar entregado por las autoridades indica que, al parecer, el hombre contactó a la joven por redes sociales para que sostuvieran relaciones sexuales a cambio de dinero. Además, cuando encontraron al americano con la menor de 15 años se evidenció que también le habría ofrecido sustancias estupefacientes a la víctima.Por estos hechos, Wood sería presuntamente responsable de los delitos de demanda de explotación sexual comercial con persona menor de edad y suministro de drogas a menor de 18 años.La niña fue dejada a disposición de una comisaría de familia del sector para el restablecimiento de sus derechos, mientras que el capturado no aceptó los delitos imputados por un fiscal.
La Estación de Guardacostas de Santa Marta rescató a cinco extranjeros que se encontraban a bordo de un velero con banderas de Malta, la embarcación responde al nombre de “Lady of the Seas”, la cual presentó daños en una de sus velas, tal cual como reportaron sus tripulantes, quienes avisaron a las autoridades que el combustible se les había agotado, por lo que no podían llegar a su destino, ni a tierra firme.De inmediato, los guardacostas activaron el protocolo de atención para estos casos, por lo que dispuso de dos embarcaciones rápidas para poder llegar hasta el punto en donde presuntamente se encontraban los cinco extranjeros.El capitán de Corbeta Wilmer Carvajal Cabeza, comandante de la Estación de Guardacostas de Santa Marta, explicó que los uniformados encontraron a “Lady of the Seas”, aproximadamente, a 22 kilómetros al oeste de la capital del Magdalena. Al ser hallada, las autoridades procedieron con la rutina de inspección y verificación de la embarcación, esta fue conducida junto a sus tripulantes al muelle de la Marina Internacional de Santa Marta, donde quedaron fuera de peligro y a disposición de funcionarios de Migración Colombia.Capturados 5 integrantes del Clan del Golfo en Magdalena"Cabe destacar que gracias a que la embarcación “Lady of the Seas” informó de forma oportuna la novedad presentada, fue posible atender la emergencia sin mayores contratiempos, esto teniendo en cuenta que el tiempo que transcurre desde que se presenta una emergencia hasta que se reporta a las autoridades tiene un impacto significativo en la efectividad de las operaciones de búsqueda y rescate en el mar, debido a que las condiciones climáticas cambian de forma constante en este tipo de escenarios y a que por la acción de las, corrientes y mareas las embarcaciones sin gobierno pueden derivar varios kilómetros en pocas horas, dificultando su ubicación, más aun cuando no cuentan con equipos de comunicación o localización", aseguraron los guardacostas en un comunicado a la opinión pública.Cuatro de los extranjeros rescatados son franceses y uno es irlandés.