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El nuevo Gobierno de transición de Perú, que debe presidir el legislador izquierdista José Balcázar hasta el próximo 28 de julio, anunció este viernes que no tiene programado otorgar gracias presidenciales, ni indultos, un día después que el exgobernante encarcelado Pedro Castillo (2021-2022) presentara una solicitud en ese sentido.
"Se informa al país que en la agenda de la Presidencia de la República de Perú no se encuentra pendiente ni programado el otorgamiento de gracia alguna, como indultos, a favor de persona procesada o condenada", señaló un comunicado oficial.
La Presidencia agregó que hace esa aclaración "con el fin de evitar interpretaciones tergiversadas respecto del mandato constitucional asumido" por Balcázar cuando juró como nuevo presidente de transición, el pasado miércoles, en reemplazo del también legislador derechista José Jerí, quien fue destituido por el Congreso.
"Nuestra gestión estará exclusivamente orientada a garantizar la seguridad nacional, la realización de elecciones libres, limpias y transparentes, así como la estabilidad económica del país. ¡Nada más!", enfatizó la comunicación difundida por las redes sociales oficiales del Ejecutivo.
El expresidente Castillo solicitó este jueves el indulto a Balcázar, quien también es congresista del partido marxista Perú Libre, con el que Castillo ganó las elecciones presidenciales de 2021.
La solicitud de indulto fue remitida a la oficina presidencial con la firma de Castillo y tramitada por su exministro de Defensa y abogado, Walter Ayala, "bajo el principio de humanidad" y para honrar "la palabra empeñada" por Balcázar, que antes de ser escogido como gobernante por el Congreso había deslizado la posibilidad de conceder el indulto al exmandatario.
En diciembre pasado, Castillo fue condenado a 11 años y 5 meses de cárcel por el delito de rebelión al haber protagonizado un fallido golpe de Estado el 7 de diciembre de 2022, en el que dio un mensaje a la nación ordenando la disolución del Parlamento, la intervención de la Judicatura y un gobierno por decretos.
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Lo hizo para evitar una eventual destitución por parte del Congreso, tras salir a la luz indicios de presunta corrupción en su Administración que lo involucraban directamente a él.
Durante el juicio en su contra, Castillo ha rechazado las acusaciones y se ha declarado víctima de una persecución política, al incidir en que fue detenido cuando todavía ejercía la jefatura del Estado y contaba con la inmunidad del cargo.
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