La reconstrucción de Piojó, después de la tragedia que causó la ola invernal de 2022, todavía es una tarea pendiente en este municipio del Atlántico, donde decenas de viviendas y el cementerio colapsaron por un deslizamiento de tierras.Para avanzar en la materia, la Gobernación de Atlántico anunció que ya están disponibles el lote, los diseños y la financiación necesaria para reubicar el camposanto, y que ahora la administración departamental iniciará el proceso de contratación para llevar a cabo la construcción del nuevo cementerio.“Esta es una noticia que Piojó estaba esperando desde aquella tragedia de noviembre de 2022. Hoy tenemos el lote, los diseños y la financiación, y ahora vamos a iniciar el proceso de contratación para hacer realidad este nuevo lugar de memoria para las familias”, afirmó el gobernador Eduardo Verano.Le puede interesar: Comienza traslado de restos de difuntos del cementerio de Piojó afectados por deslizamientosLos habitantes de Piojó destacan el anuncio, pues reconocen que ya no tienen ni dónde enterrar a sus muertos. Cada vez que alguien fallece, les toca improvisar para sepultarlo en las pocas tumbas que se mantienen en pie en este cementerio.Sin embargo, los damnificados lamentan que, a punto de cumplirse cuatro años de la tragedia, aún no han recibido las viviendas que les prometió el anterior Gobierno. Mireya Alonso, una de las afectadas, cuenta que a muchos como ella les tocó reconstruir sus casas en la misma zona de riesgo ante el incumplimiento y, a raíz de eso, les quitaron los subsidios de arriendo."Vamos a tener cuatro años de estar damnificados y tenemos más de dos años que nos quitaron los subsidios. Ahora es que estoy escuchando que van a reubicar el cementerio, pero de las casas no han dicho nada. Hemos luchado, hemos hecho, mejor dicho, hasta emprendimientos, lo que tenemos ha sido por nuestros propios medios, porque no recibimos ayuda de nadie", expresó Alonso.El anterior Gobierno, durante varias visitas al municipio, anunció un proyecto de reasentamiento que prometía “la construcción de 249 casas en el menor tiempo posible para cumplir con las expectativas de la comunidad”; sin embargo, el mandato de Petro terminó sin una solución de vivienda para los afectados.
Alrededor de 70 casas inundadas en los municipios de Juan de Acosta, Luruaco y Piojó dejaron las intensas lluvias registradas en el Atlántico, siendo los corregimientos de Hibácharo y Arroyo de Piedra unas de las poblaciones más afectadas por el desbordamiento de arroyos.En Hibácharo, corregimiento de Piojó, la comunidad advierte que está al borde de una emergencia sanitaria por las inundaciones que no solo afectan unas 25 viviendas, sino también el cementerio local.Leonard Pacheco, presidente de la Junta Central de Acción Comunal de Hibácharo, cuenta que en el cementerio el agua superó el metro de altura, inundó las bóvedas y estas tumbas ahora drenan hacia las casas y terminan en la Ciénaga del Totumo, donde realizan las actividades de pesca para consumo local."En una de las calles principales de la población, el agua que sale del cementerio entra a todas estas casas ocasionando también inundaciones. Entonces, esto puede ocasionar un tema de salud pública, una contaminación porque, además de eso, el agua drena para la Ciénaga del Totumo y esta es una despensa que tenemos nosotros", explicó.La comunidad de Piojó afirma que, desde el trágico deslizamiento de tierras que hubo en 2022, ya no tiene dónde enterrar a sus muertos, pues esa vez se derrumbó el cementerio principal y ahora el camposanto de Hibácharo también está a punto de colapsar.Al respecto, el subsecretario de Gestión del Riesgo del Atlántico, Nelson Oquendo, reconoció que la situación requiere atención urgente y que en esto ya trabaja con la Alcaldía de Piojó."Esa es la temática que hoy se tiene y por eso debemos darle celeridad a esta situación. Estamos a la espera del informe que nos suministre el municipio de Piojó y pues, desde la Subsecretaría, estamos prestos para dar toda la atención, prestar todo el servicio que se necesita", dijo Oquendo.Oquendo agregó que las lluvias de este fin de semana también inundaron a por lo menos 29 viviendas en el corregimiento de Arroyo de Piedra, jurisdicción de Luruaco, y otras 20 casas en el municipio de Juan de Acosta también quedaron anegadas por el desbordamiento del arroyo El Tigre. Advirtió, no obstante, que las cifras podrían aumentar, pues este apenas es un balance preliminar de la situación.Vale decir que las lluvias continuarán esta semana, con pronósticos fuertes especialmente para Barranquilla.Precisamente, para evitar nuevas emergencias, la Concesión Autopistas del Caribe informó que su equipo realiza trabajos de limpieza en el canal lateral del arroyo que atraviesa el corregimiento de Arroyo de Piedra, a la altura del PR 56+200 de La Cordialidad, en jurisdicción del municipio de Luruaco, donde se busca “mitigar los efectos de las fuertes lluvias y mantener la vía en condiciones seguras para todos”.
Los damnificados por un deslizamiento de tierras en Piojó (Atlántico) denuncian que hace siete meses no reciben un peso del Gobierno para pagar sus arriendos, pese a que este se comprometió a subsidiar estos recursos, mientras construye las viviendas donde serán reubicados.Mireya Alonso hace parte de las 249 familias afectadas por aquella tragedia invernal de noviembre de 2022 y asegura que desde febrero están a la espera de que el Gobierno pague los arriendos de las viviendas donde están hospedados de manera temporal, temiendo que en cualquier momento les pidan desalojar y queden de nuevo en la calle.Alonso critica que las autoridades locales y nacionales prometieron ponerse al día con los pagos en mayo y que la misma promesa se repitió en julio pasado por parte del director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, durante una visita que hizo en aquella ocasión a Piojó. Ahora, casi a mediados de septiembre, todavía no reciben los subsidios."No sé qué es lo que está pasando, solo escuchamos mentiras, nos dicen que hoy pagan, luego que será mañana o pasado, también dicen que tienen problemas, que tenemos que devolver los papeles y así pasa el tiempo", manifestó."Nosotros debemos prácticamente hasta el pelo de la cabeza y nadie nos responde por nada. Vamos a la alcaldía y lo que hacen es echarnos mentira, la UNGRD nos está diciendo también mentiras y a la hora del té no tenemos ni casas ni nada", agregó.El Gobierno también prometió construir una ciudadela para reubicar a estas 249 familias que perdieron sus viviendas, pero algunos damnificados incluso han muerto antes de poder tener nuevamente una casa propia.Mireya cuenta que esto fue lo que pasó con su vecino, Víctor Campo Ruiz, quien murió a sus 64 años sin recibir la vivienda que tanto le prometieron."Él estaba enfermo, pero todos los días pensaba: 'ay Dios mío, cuándo nos irán a pagar los arriendos, cuándo nos irán a decir algo'. Realmente yo pienso que él no se murió por la enfermedad, sino por la tristeza", recordó.
Las lluvias registradas recientemente en el Atlántico cayeron acompañadas de intensas ráfagas de viento que causaron destrozos en diferentes sectores del municipio de Piojó, donde los organismos de socorro ya han identificado afectaciones en decenas de viviendas y caída de árboles en las principales vías de acceso y salida de la población.El vendaval arrancó los tejados de las casas y, según el censo preliminar, dejó sin techo a por lo menos 40 casas del municipio. La cifra de damnificados, no obstante, podría aumentar cuando las autoridades finalicen el recorrido y la evaluación de los daños.El reporte lo entrega Nelson Oquendo, subsecretario de Gestión del Riesgo del Atlántico y quien, además, confirmó que la emergencia no dejó personas lesionadas."Por ahora solo tenemos información de daños materiales, que en mayor medida fueron cubiertas afectadas. De acuerdo con las imágenes que nos han llegado, una casa fue destechada en su totalidad y las otras perdieron entre dos y tres láminas", detalló el funcionario.Tras el vendaval también estuvo bloqueada la vía que comunica a Piojó con el corregimiento de Aguas Vivas por la caída de árboles sobre la carretera; sin embargo, poco a poco se ha logrado remover los troncos y ramas para habilitar el paso vehicular en esta zona.Teniendo en cuenta que apenas se avecina la segunda temporada de lluvias del año, las autoridades insisten a la comunidad que revisen el estado de los techos, refuercen las cubiertas y mantengan limpios los canales de drenaje para evitar emergencias durante los aguaceros.
El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Carrillo, no escondió su preocupación por el proyecto de reubicación de las 249 familias de Piojó que perdieron sus casas por un deslizamiento de tierras ocurrido en noviembre de 2022 en este municipio costero del Atlántico.A comienzos de este año, la UNGRD confirmó que para entonces ya habían sido adquiridas y pagadas las primeras 14 hectáreas de un lote escogido para este reasentamiento, el cual suma 65 hectáreas. Sin embargo, este viernes el director Carrillo sostuvo que es necesario comprar más terreno para lograr este objetivo de la mejor manera."Creo que Piojó es una oportunidad excelente para hacer un proyecto de reasentamiento integral, donde se le entregue a los campesinos proyectos productivos, pero no solamente alrededor de lo agropecuario, porque este municipio también tiene un enorme potencial turístico", dijo.Carrillo no especificó cuántas hectáreas más se necesitan para esta reubicación integral, no obstante, aseguró que el antiguo dueño del lote escogido está dispuesto a vender otra parte de esa misma finca, lo que permitiría “hacer un proceso más tranquilo y más expedito”.El director de la UNGRD tampoco precisó el monto de los recursos adicionales que implicaría esta nueva compra, pero adelantó que buscarán garantizar esos dineros en el Presupuesto General de la Nación 2025.Vale destacar que en enero pasado, la UNGRD indicó que para la compra de las tierras en Piojó se destinaron $8.000 millones y que todo el proceso de reasentamiento requerirá de unos $200.000 millones, en coordinación con instancias gubernamentales del Estado más la Alcaldía y la Gobernación.
Un equipo de investigadores estadounidenses ha descubierto que los piojos que afectan al cuerpo humano (distintos a los de la cabeza) contribuyen de forma más potente de lo que se pensaba a la transmisión de la bacteria causante de la peste.El hallazgo, recogido este martes en la revista Plos Biology, ha sido llevado a cabo por investigadores del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, en el estado de Montana, y muestra que la influencia de estos piojos en pandemias pasadas puede ser más importante de lo que se creía hasta ahora.La bacteria ‘Yersinia pestis’ ha sido responsable de numerosas pandemias de peste a lo largo de la historia, como la peste negra que diezmó a la población europa en la Edad Media.El Sol alcanzó su máximo pico de actividad, ¿en qué nos afecta?Hasta ahora se pensaba que las ratas y las pulgas, a través de las picaduras, eran los principales vectores de transmisión a humanos, pero los autores de esta investigación han visto que las picaduras de los piojos del cuerpo humano pueden tener también un papel muy relevante en la transmisión del patógeno causante de la peste.Para ello, llevaron a cabo una serie de experimentos de laboratorio en los que alimentaron a los piojos de muestras de sangre que contenían la bacteria 'Yersinia pestis'.Posteriormente, los colocaron en una membrana artificial, que simulaba la piel humana caliente, para comprobar el potencial de transmisión en un entorno de laboratorio.Se registró la tormenta solar más potente en dos décadas, ¿cómo afecta a la Tierra?El experimento mostró cómo la bacteria 'Yersinia pestis' puede infectar un par de glándulas salivales que se encuentran en los piojos del cuerpo, conocidas como glándulas de Pawlowsky, haciendo que la transmisión del patógeno de la peste a los personas, a través de la picadura, fuera más potente."Hemos descubierto que los piojos del cuerpo humano son mejores transmisores de Yersinia pestis de lo que se pensaba y que podrían haber desempeñado un papel en brotes de peste anteriores", subraya uno de los autores, David Bland, investigador del citado centro.
En el corregimiento de Hibacharo, jurisdicción del municipio de Piojó, Atlántico, las fiestas del patrono, el Niño Jesús de Praga, no salieron bien este fin de semana, pues, en medio de un concierto realizado en la plaza principal, el cual fue patrocinado por la alcaldía municipal, terminaron en una trifulca que dejó a tres civiles y un policía herido con objetos contundentes.La situación se dio durante la noche del sábado, luego de que los asistentes al concierto terminaran lanzándose botellas y otros elementos.El coronel John Urrea, comandante de la Policía del Atlántico, señaló que, ante esta situación, fue necesaria la intervención de las patrullas que brindaban seguridad al evento, pero también fueron atacadas.Asesinan a tres personas en medio de las fiestas patronales de Morales, sur de Bolívar“El evento estaba pensado para el disfrute y goce de la comunidad, pero en medio de la riña campal entre los asistentes obligó a la intervención de varios uniformados dispuestos para el servicio, pero la comunidad procede a increpar a los uniformados y lanzar objetos contundentes contra ellos. Producto de estos hubo varios heridas, entre ellos un policía que tiene un golpe en la ceja”, informó el oficial.La pelea se fue a la calle, donde ciudadanos grabaron las escenas que rápidamente fueron difundidas en redes sociales.Ante la magnitud de los enfrentamientos, la alcaldía del municipio de Piojó se vio obligada a decretar toque de queda y ley seca hasta las 6 de la mañana de este lunes 29 de abril.Aunque la restricción ya fue levantada, la Policía hizo una invitación a la tolerancia y el respeto, sobre todo cuando lo que se estaba celebrando era una fiesta patronal.“Ante lo sucedido en este evento debimos realizar un consejo extraordinario de seguridad. Gracias a las medidas que se tomaron no se registraron nuevos enfrentamientos en esta población”, dijo el oficial que además informó que no hubo capturas.Autoridades informaron que, en medio del festejo, se reportaron un total de 25 riñas atendidas y daños que superan los $50 millones de pesos.
El director de la UNGRD, Olmedo López, anunció que pidió la renuncia protocolaria a todos los directivos de la entidad, que integran 11 funcionarios, ante la serie de irregularidades que se han presentando desde el pasado mes de mayo.Olmedo López radicó este 19 diciembre ante la Fiscalía una denuncia penal en contra de su asesor Pedro Andrés Rodríguez Melo y otros funcionarios que estarían ocultándole información y cometiendo actos de corrupción.En el documento presentado al ente investigador, el director enfatiza que no recibió notificación alguna acerca de una reunión para la cual había sido invitado con el vicecontralor actuante, Carlos Mario Zuluaga. La finalidad de dicho encuentro era evaluar la complicada situación en Piojó, Atlántico.“El vicecontralor, con funciones de contralor, envió una invitación para acompañarlo el día 23 de noviembre a Piojó. La comunicación llegó a la entidad, más no al director”, dijo Olmedo López.Además, el director de la unidad se refirió a un segundo episodio donde pudo existir irregularidades por parte de sus funcionarios que involucra nuevamente a la Contraloría, por lo cual pidió la renuncia de todos los directivos de la entidad y a otros funcionarios los removió de sus cargos.“El día de la reunión con el señor vicecontralor se me acomodó la agenda para ir a otro territorio, cuestión por la que no asistí a la convocatoria de la Contraloría General de la República. Dejando de presente que al parecer desde el despacho de dirección algunos funcionarios o contratistas, retuvieron correspondencia oficial o la desviaron hacia otros destinatarios; situación que ha sido reiterada en otras ocasiones y que me han impedido atender oportunamente los requerimientos de la CGR”, añadió.Luego de que no se diera dicho encuentro, la Contraloría ordenó la suspensión provisional del director general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo de Jesús López Martínez, a causa de la falta de respuestas sobre la intervención de la entidad para la reconstrucción de Mocoa, en Putumayo, y Piojó, Atlántico.Le puede interesar:
El vice contralor, Carlos Mario Zuluaga, dialogó este 18 de diciembre, con representantes de diferentes comunidades de los territorios donde hay intervención directa de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y/o del Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD), acordando la instalación de un Especial Seguimiento Permanente a la gestión integral de esta Unidad.Desde el ente de control destacaron que van a centrar este seguimiento en las obras de Caregato en La Mojana, viviendas en Achí (Bolívar), Puente Juanchito en Cali, así como los Programas de reconstrucción de Mocoa y Piojó.En las últimas semanas varias comunidades en diálogo con Blu radio han cuestionado que no se han materializado las promesas hechas por la Unidad para reubicar a las 249 familias en Piojó, Atlántico que perdieron sus casas por un movimiento de tierra en noviembre de 2022.Situación similar a las comunidades en La Mojana, subregión que llevaba meses esperando a que arribara la maquinaria que prometió la UNGRD para adelantar las obras de cierre del chorro de Caregato, por donde se viene filtrando el río Cauca hace más de dos años, manteniendo bajo el agua a más de 300 mil personas.Cabe recalcar que el pasado 5 de diciembre La Contraloría ordenó la suspensión provisional del director general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo de Jesús López Martínez, a causa de la falta de respuestas sobre la intervención de la entidad para la reconstrucción de Mocoa, en Putumayo, y Piojó, Atlántico.Le puede interesar:
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) anunció la entrega de 54.3 hectáreas adicionales para la construcción de una ciudadela en el predio Guayabal de Piojó, donde se reubicarán a las 249 familias damnificadas por deslizamiento de tierras en este municipio del Atlántico."Esta es una muestra más del compromiso del Gobierno del Cambio con las comunidades afectadas por los desastres. No solo les estamos brindando una solución habitacional digna y segura, sino también un espacio donde puedan acceder a servicios de educación, salud, desarrollo y esparcimiento, fundamentales para el bienestar de las personas", afirmó el director de la UNGRD, Olmedo López Martínez.Esta entrega se suma a las 14.5 hectáreas que el Gobierno había anunciado en septiembre pasado, para un total de 68.8 hectáreas disponibles para la reconstrucción; sin embargo, los afectados piden más que anuncios, pues critican que un año después de la tragedia aún no se ha levantado la primera pala para iniciar las obras y, peor aún, hace cinco meses no les giran el dinero que les prometieron para pagar los arriendos temporales."No nos han dado nada, ni el bono de 500.000 pesos que nos habían dicho ni la plata de los arriendos nos lo han pagado. Así como vamos, seguiremos en el aire. Estamos en pleno diciembre y todos los damnificados sin un peso", expresó Mireya Alonso, una de las afectadas.La UNGRD afirma que “desde el momento del desastre ha respaldado la recuperación con acciones concretas, tales como la distribución de kits de asistencia alimentaria, la implementación del programa de ollas comunitarias y la subvenciones económicas de arriendo temporal a los damnificados”, pero en este último punto difieren los damnificados.Le puede interesar:
¡Mucho cuidado! Autoridades en Medellín alertan a comerciantes por suplantación de funcionarios y cobros indebidos. Aseguran que ninguna persona puede cobrar dinero por agilizar procesos o realizar visitas.Sobre la alertaLa Alcaldía de Medellín lanzó una alerta dirigida a comerciantes, propietarios y administradores de establecimientos abiertos al público ante posibles casos de suplantación de servidores públicos y falsos inspectores sanitarios que estarían realizando cobros indebidos.Es por esta razón que la Administración Distrital recordó que ningún funcionario está autorizado para solicitar dinero o beneficios económicos a cambio de realizar visitas, entregar conceptos favorables o agilizar trámites.La subsecretaria Administrativa y Financiera de la Secretaría de Salud, María Rivera, indicó que la advertencia se relaciona con las labores de inspección, vigilancia y control sanitario que adelantan las autoridades en diferentes zonas de la ciudad.“En Medellín, hacemos un llamado a los comerciantes y propietarios de establecimientos abiertos al público, recuerden que ningún funcionario está autorizado para solicitar dinero, dádivas o beneficios económicos a cambio de visitas sanitarias, conceptos, trámites o para evitar medidas sanitarias”, dijo.Ante una visita, la recomendación de la Alcaldía de Medellín es que los comerciantes soliciten la identificación del funcionario y verifiquen su nombre, cargo y entidad. Además, pidió desconfiar de personas que prometan evitar sanciones o gestionar visitas a cambio de dinero.Las autoridades en la capital de Antioquia hizo un llamado a los comerciantes para mantenerse atentos frente a posibles intentos de engaño y verificar siempre la identidad de quienes se presenten como funcionarios encargados de realizar controles sanitarios.
Ya son 32 los cuerpos recuperados en el Cementerio Universal de Medellín, en un proceso humanitario realizado a nivel regional que, además, ha permitido hallar a más de 100 personas con vida y entregar más de 200 cuerpos recuperados a sus familias.Tras culminar su quinta fase de intervención en el Jardín Cementerio Universal de Medellín, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas recuperó 14 cuerpos de personas reportadas como desaparecidas, sumando un total de 32 recuperaciones en este camposanto desde el año 2020.Las labores recientes permitieron intervenir igual número de bóvedas en las galerías Mausoleo Municipal, Coonaltef, Ferroviarios y Aspenjudas.Este sitio de interés forense ha sido históricamente el principal punto de inhumación de cuerpos no identificados y no reclamados en la ciudad, albergando a víctimas de desaparición procedentes, tanto de zonas urbanas del Valle de Aburrá como de áreas rurales de Antioquia, incluidas personas en situación de vulnerabilidad, habitantes de calle y víctimas del conflicto armado vinculadas a los ríos Medellín, Porce y Cauca.“Históricamente, este sitio o este camposanto ha sido un epicentro para la inhumación de cuerpos de no solo el Valle de Aburrá, sino de todo noroccidente. A la fecha, en el marco de nuestra investigación humanitaria, ha realizado un total de cinco fases de intervención desde el 2020 a la fecha y hemos recuperado un total de 32 cuerpos”, aseveró.A nivel regional, la Unidad de Búsqueda registra un universo de más de 33.000 personas dadas por desaparecidas en el noroccidente del país que comprende los departamentos de Antioquia, Caldas y Chocó, apoyadas por 19 Planes Regionales y un registro de 9.712 personas buscadoras. En esta demarcación, la labor humanitaria ha permitido hallar a 122 personas con vida y recuperar 1.628 cuerpos, de los cuales 224 han sido entregados dignamente a sus familias.“Tenemos aproximadamente un universo de más de 33,000 personas dadas por desaparecidas. A la fecha hemos recuperado más de 1,600 cuerpos. Tenemos un resultado de 122 personas encontradas con vida y hemos realizado 124 entregas dignas”, puntualizó.En el panorama nacional, la entidad ha logrado ubicar un total de 5.721 cuerpos y a 633 personas con vida, consolidando procesos de investigación extrajudiciales que buscan dar respuesta a las familias que continúan buscando a sus seres queridos en el país.
Volkswagen llamó a revisión más de 2,8 millones de vehículos VW y Audi en todo el mundo por un riesgo de "ruptura de los tornillos" de la dirección, informó este viernes la agencia alemana del automóvil (KBA) en un comunicado.El problema puede provocar una "ruptura de los tornillos", lo que puede "acarrear un fallo de la dirección", precisó KBA.En concreto, la medida afecta a 2,16 millones de vehículos de VW y a 700.000 de la marca Audi. De todos ellos, un tercio se encuentran en Alemania.Cuáles son los carros VW y Audi llamados a revisiónEn el caso de VW, los cinco modelos -Golf, Golf Variant, Tiguan, Touran et Caddy- fueron fabricados entre 2013 y 2024. En cuanto a Audi, se trata de modelos Q3 fabricados de 2017 a 2024."Estamos retirando de forma preventiva los vehículos afectados, sin que haya habido daños corporales", dijo a la AFP un portavoz del grupo, que indicó que se había detectado "un fenómeno de corrosión en el tornillo".Según él, el peligro "no es tan grave como para inmovilizar el vehículo" inmediatamente y dijo que los particulares pueden acudir al concesionario al volante del vehículo, "conduciendo". Allí, les proporcionarán nuevos tornillos más resistentes a la corrosión, precisó.Un nuevo revés para el primer fabricante de vehículos europeo, que a principios de septiembre alcanzó un acuerdo con los sindicatos para suprimir hasta 100.000 puestos de trabajo de aquí a 2030.
Fue judicializado Daniel Felipe Duque Duque, señalado de utilizar diferentes perfiles en redes sociales y líneas telefónicas para acosar, amenazar, hostigar y suplantar a 21 personas en los municipios de Sabaneta y Envigado, Antioquia.De acuerdo con la investigación, las víctimas identificadas hasta el momento son 20 mujeres y un hombre. La Fiscalía documentó los casos y recopiló elementos materiales probatorios con los que señala a Duque Duque como responsable de este patrón de comportamiento.Uno de los casos corresponde a una mujer que denunció haber sido contactada a través de más de 500 perfiles creados, presuntamente, para asediarla. La Fiscalía también señala que el investigado habría creado centenares de cuentas para enviar mensajes injuriosos y degradantes, así como contenidos sexuales y relacionados con violencia de género dirigidos contra mujeres de una comunidad educativa y psicólogas.La investigación también documenta presuntas suplantaciones de las víctimas mediante perfiles falsos. A través de esas cuentas, el señalado habría contactado a familiares y personas conocidas de las víctimas y realizado publicaciones en las que las difamaba y les atribuía participación en hechos delictivos.Otra de las prácticas que hacen parte de los casos documentados consistía, de acuerdo con la Fiscalía, en divulgar los números telefónicos de algunas de las personas afectadas para que fueran incluidos en grupos de mensajería instantánea en los que circulaba contenido sexual. A partir de esta situación, algunas víctimas habrían comenzado a recibir mensajes provenientes de otros países.Entre los casos también se encuentra el de un joven que, según la investigación, habría sido hostigado y constreñido desde los 15 años para que entregara números telefónicos de mujeres e información relacionada con reuniones y fiestas.Otras personas denunciaron llamadas durante la noche y la madrugada, además del envío de imágenes de armas cortopunzantes acompañadas de amenazas de muerte.Con los elementos recopilados durante la investigación, la Fiscalía obtuvo la orden de captura contra Duque Duque. La detención fue materializada por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, en un inmueble ubicado en Envigado.Durante el procedimiento fueron incautados celulares, cartuchos calibre 9 milímetros y 26 armas cortopunzantes, entre otros elementos que quedaron a disposición de las autoridades.Fue imputado por los delitos de acoso sexual, constreñimiento ilegal, amenazas, hostigamiento agravado, calumnia e injuria agravadas, acceso abusivo a sistema informático y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios partes o municiones y enviado a la carcel.
El Ministerio de Justicia impugnó el fallo del Juzgado Segundo Administrativo de Mocoa que suspendió el plan piloto de aspersión aérea con glufosinato de amonio en Putumayo. El recurso fue presentado por Linda Gisselle Suárez Villamizar, directora (e) de Política de Drogas y Actividades Relacionadas del Ministerio de Justicia, y secretaria Técnica del Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE)En el recurso, el Gobierno sostiene que el juez aplicó de manera amplia el principio de precaución, sin establecer de forma concreta la gravedad, probabilidad y nivel de riesgo que justificarían la suspensión.También cuestiona el uso de jurisprudencia relacionada con el programa de aspersión con glifosato. Según el Ministerio, decisiones como la T-236 de 2017, el Auto 387 de 2019 y la SU-545 de 2023 corresponden a situaciones específicas del uso con ese herbicida y no pueden trasladarse automáticamente al nuevo plan piloto experimental, limitado y temporal en el que se buscan determinar el alcance del uso de glufosinato de amonio.“La Resolución 007 de 2026 no dispuso la reanudación general del PECIG ni adoptó un nuevo programa nacional de aspersión aérea. Por el contrario, configuró una fase experimental, controlada, limitada, temporal y evaluable, cuya finalidad es generar evidencia específica acerca de eficacia, precisión, deriva, riesgos e impactos y suficiencia de las medidas de manejo, y precisó expresamente que el piloto “no equivale a la reanudación, adopción o autorización definitiva de un programa de alcance general o nacional”. La diferencia es jurídicamente determinante”, se puede leer en el documento.Otro de los argumentos es que el fallo habría confundido requisitos que todavía están en trámite con incumplimientos. El Ministerio sostiene que en la resolución que establecía el plan piloto en el Putumayo queda claro que mientras no se cumplan las condiciones ambientales, sanitarias, técnicas y operativas previstas en la ley, no puede comenzar las aspersiones aéreas.También se cuestiona que la sentencia haya presumido posibles afectaciones a comunidades o territorios sin identificar de manera concreta cuáles resultarían afectados. Incluso en el documento, el Ejecutivo deja claro que de 40.565 hectáreas con cultivos de coca identificados en el departamento de Putumayo, quedaron excluídas del plan piloto 35.164 hectáreas, quedando susceptibles de intervención 5.401 hectáreas y de las cuales el plan piloto sólo busca abarcar un máximo de 1.000 hectáreas.Finalmente, el Gobierno considera que la tutela no era procedente porque el piloto aún no había comenzado y, según su argumentación, no se acreditó una amenaza cierta e inminente ni un perjuicio irremediable. Además, recuerda que existen otros mecanismos judiciales, como la acción popular; los medios de control ante la jurisdicción contencioso-administrativa; y las medidas cautelares que pueden adoptarse incluso con carácter urgente.Por eso, el documento solicita a la juez Ana Pilar Vidal Uribe revocar la sentencia y declarar improcedentes las acciones de tutela acumuladas; o de no hacerlo revocar el amparo concedido. Además se pide que se precise en detalle cuáles son los requisitos que deben cumplirse de “manera expresa, concreta y verificable” y bajo qué condiciones podría levantarse la suspensión.
