Promigas y su filial Surtigas entregaron en la capital del Atlántico el proyecto fotovoltaico de la empresa industrial CostAcero, una apuesta que busca seguir avanzando en la generación de energías limpias con el montaje de paneles solares en 1.100 metros cuadrados de cubierta que reemplazará el 89% de la energía que consume la compañía.“Hoy la energía solar no solo representa una alternativa sostenible, sino una decisión estratégica para la competitividad empresarial. En Costacero ya generamos cerca del 60% de la energía que consumimos con paneles solares, logrando ahorros superiores al 16%, y nuestra meta es alcanzar el 90% de cobertura con energía limpia para seguir fortaleciendo nuestra eficiencia y nuestro compromiso con el medio ambiente”, afirmó a los medios de comunicación Pablo Riviera, gerente general de CostAcero.De acuerdo a lo informado por la compañía, la iniciativa deja a CostAcero con una potencia instalada de 133 kilovatios pico y 199.520 kilovatios hora al año.Con su entrada en operación, se dejarán de emitir 98 toneladas de CO2 al año, lo equivalente a sembrar 4.685 árboles.“En Promigas entendemos la transición energética como una suma de soluciones. El gas natural y la energía solar se complementan para que la industria del país sea más competitiva y limpia. Proyectos como este confirman que ese camino es viable y beneficia a todos”, señaló Jaime García, Gerente de Soluciones Energéticas y BI ( E) de Promigas.Con este proyecto, Surtigas reafirma su apuesta por las energías renovables como complemento del gas natural en la transición energética del país. La compañía ha desarrollado soluciones solares que permiten a las industrias de la región acceder a tarifas de energía más competitivas y reducir sus emisiones, con el respaldo de su casa matriz, Promigas.“Cada proyecto como el de CostAcero demuestra que la agregación energética es una realidad en el Caribe colombiano. Las empresas de la región están produciendo energía limpia, bajando costos y reduciendo emisiones al mismo tiempo, y para nosotros es un orgullo acompañarlas en ese camino”, expresó Jackeline Puente Alvarado, Gerente General de Surtigas.
En el marco de la agenda de la COP16, Promigas presentó los resultados de la segunda edición del Índice Multidimensional de Pobreza Energética (IMPE) con datos 2023. El informe reveló que 8,4 millones de personas, equivalentes al 16,1 % de la población, aún enfrentan pobreza energética, lo que resalta las desigualdades en el acceso y la calidad de los servicios de energía eléctrica en diferentes regiones del país. Sin embargo, el análisis también destaca un avance positivo: en el último año, 314.510 personas superaron esta condición, al pasar la pobreza energética del 16,9 % en 2022 al 16,1 % en 2023. “Este camino recorrido con el IMPE nos ha permitido identificar dónde están las mayores brechas en materia de pobreza energética y cómo podemos actuar para reducirlas. Nuestra meta no es solo conectar hogares con energía, sino asegurar que esa energía se transforme en bien-estar para las personas. En un año marcado por vientos a favor y en contra, el reto es conectar la ‘última milla’ para lograr un desarrollo energético justo y sostenible; por eso con el IMPE hicimos zoom y, además del análisis departamental, incluimos una medición a nivel municipal, convirtiéndolo en una caja de herramientas para la toma de decisiones en PRO de reducir la pobreza energética en los territorios más vulnerables”, indicó Juan Manuel Rojas, presidente de Promigas. El logro más destacado del último año fue la mejora global en el acceso a internet de los hogares: la privación de este servicio se redujo del 38,3 % a 33,8 % de la población.
Desde la Cumbre de Petróleo, Gas y Energía, que se llevó a cabo en Cartagena, Ecopetrol y Promigas anunciaron un acuerdo para reconvertir la infraestructura del oleoducto central, que hoy se utiliza para el transporte de petróleo, en un gasoducto que mejore el tiempo de transporte de gas natural entre la Costa Caribe y el interior del país.El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, detalló que, con esta reconversión, que podría ser una realidad en el segundo semestre de 2026, se podrían mover inicialmente entre 150 y 180 millones de pies cúbicos día de gas, con una máxima de 445 millones pies cúbicos día.“La posibilidad de mover moléculas de gas a través del oleoducto central, este es un activo que estaba el país en mora de cerrar ese gran anillo que permita la interconexión de gas entre los dos mercados el de la Costa y el interior, también con una ubicación estratégica para el departamento de Antioquia que todos saben demandan gas natural para su crecimiento y su economía”, sostuvo.Por su parte, el presidente de Promigas, Juan Manuel Rojas, señaló que este acuerdo, además de impactar a los usuarios de gas natural en el centro del país, beneficiaría la transición energética.“Actualmente esas moléculas tienen que salir desde Córdoba, ir hasta La Guajira, y bajar hasta el centro país. Con este acuerdo estamos recortando esa distancia significante, mejorando no solamente la confiabilidad en todo el sistema energético y de gas, sino que, a la que ves, favoreciendo de manera importante a los usuarios a quienes específicamente a los hogares, a las industrias y a los comercios, pues al cerrar el circuito estamos recortando sustancialmente el tiempo que recorre la molécula de gas para Antioquia, por ejemplo, y esto debería facilitar la penetración de gas y, por lo tanto, la reconversión de industrias en el centro del país, beneficiando la transición energética sacando el carbón de la matriz y metiendo gas naturales que emite muchas menos emisiones de CO2 y gas particulado”, explicó.Este proyecto de reconversión señaló que tiene una ventana de inversiones entre 150 y 200 hasta 1.000 millones de dólares. Además, la infraestructura podría utilizarse para mover el gas importado que se recibe en la Costa Caribe y en el futuro la producción de gas desde los campos costa afuera en el Mar Caribe.
La era del gas barato en Colombia está llegando a su fin, ya que después de 50 años el país tendrá que importar gas natural para atender la demanda básica de hogares y empresas, algo que no había ocurrido hasta el momento.Según los cálculos del Informe de Gas de Promigas, entre mayor sea la cantidad de gas importado y menos se planeen las compras, más subirá la factura a los usuarios finales.Por ejemplo, si la mitad del gas natural que llegará a los hogares fuera importado, los usuarios tendrían que pagar un 23 % más en la factura mensual.Según Ecopetrol, la cantidad de gas importado en el sistema el próximo año será del 12 %, pero año a año la cantidad de gas importado necesario aumentará hasta que entren en operación los proyectos de gas natural de La Guajira.Algunas ciudades se verían más afectadas que otras. Por ejemplo, no se espera que el gas suba en Barranquilla, ni siquiera con las importaciones; en Cali, la factura podría incluso bajar si se importa gas a través de Buenaventura. Sin embargo, en Bogotá el panorama es diferente."Cuando se revisa en los distintos escenarios propuestos la variación del costo en la facturación mensual de los usuarios de Bogotá, producto de un mix de suministro nacional y GNL importado por Cartagena, se perciben en los usuarios residenciales de los distintos estratos variaciones que oscilan entre $3.000 y $13.000. Esta variación alcanza hasta $256.000 en los usuarios comerciales y $13.881.000 en los usuarios industriales", indica el documento.El incremento en el costo del gas también dependerá de los contratos que firme la industria y de la planeación. Si los contratos son a largo plazo, el impacto en la factura puede reducirse. Por ello, desde Promigas piden al Gobierno que establezca medidas para que las compañías puedan comercializar ese gas."De no contratar GNL a largo plazo y recurrir al mercado spot, los incrementos podrían llegar al 32 %. En un escenario donde el GNL sea la única fuente de suministro y se adquiera exclusivamente en el mercado spot, el aumento en la factura del usuario residencial podría acercarse al 40 %", señaló Promigas.Actualmente, la industria espera que el gobierno adopte un decreto que permita la comercialización del gas importado en medio de la dificultad para firmar contratos garantizados de gas para el próximo año. Según cálculos de Naturgas, las necesidades de contratación alcanzan los 120 GBTUD, pero solo hay 43 GBTUD disponibles.El Gobierno y la industria instalaron en las últimas semanas un Puesto de Mando Unificado para monitorear el suministro de gas el próximo año.
Desde la planta de regasificación de Cartagena, el presidente de Promigas, Juan Manuel Rojas, se refirió a la situación energética por la que atravesaría el país por cuenta del Fenómeno del Niño y por desabastecimiento de gas. De acuerdo con el ejecutivo, es necesario que se desarrollen los proyectos de exploración con miras al 2030, pues para esa fecha se acabarían las reservas de gas que tiene Colombia."Necesitamos como país que a Ecopetrol y a Petrogas le vayan muy bien en el proyecto de Uchuva 2 porque este podría aportar las moléculas que nos podrían hacer falta a partir de ese año. Esos problemas se resuelven hoy. Vemos que es muy importante resolver esos problemas estructurales para que Uchuva entre a tiempo", dijo Rojas.Cabe recordar que ese proyecto podría abastecer la demanda energética del 60 % del país, pues al día se podrían extraer alrededor de 450 millones de pies cúbicos de gas (Colombia consume 800 en promedio). Sin embargo, actualmente se encuentra frenado a causa de una tutela que argumentaba falta de consulta hacia la comunidad de Taganga.¿Qué necesitaría Colombia para evitar una crisis energética?"Nosotros deberíamos tener distintas fuentes de suministro en energía eléctrica, de suministro y de gas natural de varios orígenes (...). Más desarrollo de proyectos de exploración a nivel interno para tener mayores suministros: puede ser gas de Venezuela; puede ser de Estados Unidos, importado por la regasificadora de SPEC; puede ser de Trinidad y Tobago; puede ser del Pacífico, si se hace la regasificadora que venga de Catar y de Australia", dijo el presidente de Promigas, Juan Manuel Rojas.Para el ejecutivo, el hecho de que el país cuente con distintas fuentes de suministro, el más beneficiado será el consumidor y la demanda, pues habría competencia entre las opciones. "Cuando no tienes esas fuentes operas con sistemas al margen, donde hay muy poco margen de error. Se te llega a caer un campo por un problema operativo y entonces se compromete la demanda", aseguró.¿Cómo va la regasificadora de Cartagena?Actualmente, el país cuenta con la terminal de regasificación SPEC LNG, una planta, ubicada a pocos kilómetros de la isla Barú de Cartagena, que recibe millones de pies cúbicos al día en gas. Para Juan Manuel Rojas, esta es una de las soluciones ante la coyuntura del desabastecimiento. "Hemos recibido a la fecha 42 barcos metaneros que traen gas importado. Lo trae el grupo térmico y en algunos momentos ese gas ha sido fundamental para atender el 60 % de la demanda térmica del país. El próximo año, con un año seco como el que hemos tenido este, y con los embalses que no se están recuperando como preveíamos, esta planta de regasificación va a ser un seguro energético del país", aseguró.En cuanto a la posibilidad de una segunda terminal ubicada en Buenaventura, el ejecutivo aseguró que la regasificadora del Pacífico sería fundamental para el país. "Es un tema que tenemos que resolver como país hoy, el suroccidente y el centro del país deberían tener mayor confiabilidad y no depender de los flujos que vienen del norte", aseguró.En últimas, desde Promigas hicieron un llamado al Gobierno nacional para que retome nuevos contratos de exploración y así evitar una crisis en los próximos años, pues, según ellos, la transición es necesaria, pero hay que hacerla con responsabilidad.
En medio de la alertas por el posible desabastecimiento de gas natural que podría enfrentar el país en los próximos años, la Creg aprobó un nuevo proyecto de transporte de gas que permitirá establecer una interconexión bidireccional entre Barranquilla y la estación de Promigas ubicada en Ballena, en Manaure, con el fin de avanzar en la sostenibilidad energética de Colombia. Así lo relevó la empresa Promigas, la cual indicó que esto permitirá habilitar el transporte de 170 Millones de Pies Cúbicos Diarios (MPCD) de gas, desde las fuentes ubicadas en la Costa Caribe Colombiana hasta el la estación transportadora de gas ubicada en Manaure (Guajira), donde hay un punto de interconexión del sistema de transporte de Promigas con el del interior del país. Este proyecto contará con una inversión que supera los $330.000 millones de pesos y el objetivo es que sea puesto en marcha, de acuerdo con los plazos establecidos por el Ministerio de Minas y Energía y la Unidad de Planeación Minero Energética, hacia agosto de 2027, es decir, en tres años. “En estos momentos donde el país habla sobre la coyuntura en materia de desabastecimiento de gas natural y las soluciones requeridas en términos de política pública, regulación e institucionalidad, es una muy buena noticia la aprobación por parte de la CREG de proyectos estratégicos como este para la sostenibilidad energética de Colombia” afirmó Juan Manuel Rojas, presidente de Promigas, a través de un comunicado entregado por la compañía. Promigas es una empresa dedicada a la gestión del mercado del gas natural en Colombia y Perú, la cual completa 47 años trabajando en el campo del transporte y la distribución de gas natural; a lo que suma también el trabajo en la regasificación de GNL, en la distribución de energía eléctrica y en servicios integrados para la industria.
Mediante un comunicado de prensa, Promigas rechazó la decisión de la empresa CNE Oil and Gas S.A.S. (Canacol) de "terminar de manera unilateral los acuerdos celebrados entre las dos compañías para la expansión de la infraestructura de transporte de gas natural, desde sus campos de producción ubicados en Jobo, en el departamento de Córdoba, hasta Cartagena y Barranquilla, con una capacidad de 100 millones de pies cúbicos diarios, Mpcd".Según Promigas, "dio pleno cumplimiento a las etapas necesarias y acordadas por las partes para lograr la puesta en funcionamiento de la infraestructura de la expansión de gas requerida por Canacol, capacidad de transporte que se encuentra disponible desde el 1 de marzo de 2020".Ante esta situación, Promigas anunció que emprenderá acciones legales contra Canacol.“Atendiendo conceptos de los asesores legales, la decisión de terminación unilateral por parte de Canacol, aduciendo que no se ha iniciado la etapa de construcción y puesta en marcha de la expansión, es contraria a derecho y se constituye en un incumplimiento de los acuerdos celebrados. Por tanto, Promigas ejercerá las acciones legales necesarias en la defensa de sus derechos y en el resarcimiento de los perjuicios causados, sin limitarse al cobro de las penalidades previstas”, se lee en el comunicado.La inversión de Promigas en esta obra, que entró en operación en marzo pasado, asciende a 650.000 millones de pesos y abarca dos estaciones compresoras y más de 200 kilómetros de gasoducto a lo largo de la costa."Canacol viene utilizando anticipadamente la nueva capacidad de transporte desde el segundo semestre de 2019 y conforme al reporte de la sociedad matriz Canacol Energy de fecha 13 de agosto de 2020, las ventas contractuales realizadas de gas natural y gas natural licuado incrementaron 26% y 46% a 152,2 mpcd y 176,9 mpcd para los tres y seis meses terminados el 30 de junio, señalando que el aumento se debe principalmente a la finalización de la expansión del gasoducto de 100 MMscfpd a finales del tercer trimestre de 2019”, agregó la compañía.
Promigas, la compañía colombiana que se dedica al transporte y distribución de gas natural y electricidad, reportó un crecimiento del 32% de utilidad neta frente al mismo período del año anterior y un incremento de la acción del 52% en lo corrido del año.Sobre el debut de Promigas en el mercado internacional de capitales con una emisión de bonos por US$ 400 millones de dólares, en conjunto con su filial peruana Gases del Pacífico, se informó que obtuvo una demanda récord del mercado, que alcanzó US$ 2,6 mil millones (billones en nomenclatura anglosajona), más de 6 veces la meta planteada por la organización.Lea también: Eric Flesch Santoro es el nuevo presidente de Promigas“Nuestra incursión en los mercados internacionales y la excelente acogida que este tuvo hacia nuestros bonos, representan un hito histórico en los 45 años de trayectoria de la compañía y abre un nuevo capítulo en nuestras estrategias de financiación que nos motiva a incrementar nuestra presencia en dicho mercado, especialmente si consideramos el crecimiento que estarán teniendo nuestras operaciones en Perú durante el 2020”, afirmó Eric Flesch, presidente de Promigas.En el reciente informe se destacó que la compañía cuenta con calificaciones grado de inversión internacionales BBB - por Fitch desde hace 9 años y Baa3 por Moody’s, obtenida recientemente para la emisión de bonos internacional.Promigas informó que han puesto en marcha la ampliación de la capacidad de transporte con el nuevo Gasoducto Jobo-Majaguas cuya construcción inició en enero de 2019 y cuenta con una longitud de 85 km.Lea también: Promigas inauguró proyecto para llevar gas natural a siete ciudades de PerúEste proyecto forma parte de la ampliación de la red existente de transporte de gas natural en 100 millones de pies cúbicos (Mpcd), el cual permitirá incorporar las nuevas reservas de gas desde los campos de Sucre y Córdoba.Val resaltar que según informa la compañía, esta capacidad adicional de transporte de combustible representa un 30% de la demanda actual de toda la costa.Finalmente, se destacó la firma del contrato de concesión del sistema transporte y distribución de gas natural en la región de Piura en Perú, para hogares, comercios, industrias y estaciones de servicio. El proyecto que será ejecutado por Gasnorp (Gases del Norte del Perú) contará con una inversión de US$230 millones de dólares.
Cerca de 9.5 millones de hogares en Colombia usan gas natural para cocinar, pero actualmente se tiene reservas para menos de una década. Ante la situación, el presidente de Promigas, Eric Flesh, aseguró que el país no se quedará sin el líquido inflamable.Lea también: Promigas oficializa su interés por operar servicio de energía en la costa ("El país no se va a quedar sin gas. Pensemos el peor de los escenarios: nos quedamos sin autosuficiencia, pero siempre la opción va a ser importarlo", aseguró Flesh.Entre las opciones del país para garantizar el abastecimiento está el desarrollo de pozos en el mar, la importación, la compra de gas a Venezuela y el fracking.Si se desarrollan los yacimientos no convencionales usando fracking, las reservas del país podrían superar los 30 años. Sin embargo, la técnica está suspendida por cuenta de una decisión del Consejo de Estado.Por su parte, la opción de comprar gas a Venezuela está prácticamente descartada por el momento porque, aunque existe un gasoducto, no hay canales de comunicación con ese país.La opción de la importación es una de las más avanzadas. El país ya tiene una planta de regasificación en Cartagena y podría construir otra en Buenaventura. La diferencia es que el gas importado tendrá un mayor costo frente al que podría obtenerse vía fracking.Finalmente, el desarrollo de pozos off shore está en marcha, pero aún no hay suficiente información sobre esas reservas.Entérese con el equipo de BLU Radio sobre las noticias de Colombia y sus regiones, los acontecimientos más relevantes e información sobre los hechos que son noticia, llevados a ustedes por un grupo de periodistas, analistas y líderes de opinión.
El gasoducto subfluvial más largo de América Latina fue construido en el canal del Dique. La obra, cuya extensión alcanza los 3.4 kilómetros y se ubica a 110 metros de profundidad, fue realizada en solo seis meses por la empresa barranquillera Promigas, como parte de la línea de conducción que va desde Jobo a Cartagena.Si bien existen tuberías por encima del canal del Dique, la compañía debió hacer este cruce subfluvial en Bolívar desde el corregimiento de Correa (en Marialabaja) hasta la población de Rocha (en el municipio de Arjona), para cumplir con los requerimientos ambientales.El gasoducto de Jobo- Cartagena se suma al que va desde la capital de Bolívar hasta Barranquilla. Esto, como parte de los proyectos ejecutados para ampliar la red existente de transporte de gas natural en 100 millones de pies cúbicos.Lea también: Buses en Barranquilla usarán gas natural vehicularDe esta manera, ambas ciudades quedan conectadas con los campos de Sucre y Córdoba, según explicó el presidente de la compañía, Eric Flesch.En los trabajos del tramo subfluvial se invirtieron 72.000 millones de pesos y se generaron 230 empleos directos con mano de obra contratada en su mayoría en la región Caribe.
La situación en el departamento de Risaralda es sumamente crítica tras el reciente movimiento telúrico. El gobernador del departamento, Juan Diego Patiño, calificó las horas posteriores al sismo como un escenario devastador que afecta no solo a la capital, Pereira, sino a la totalidad de los 14 municipios de la región, con especial gravedad en el municipio vecino de Dosquebradas. Las afectaciones incluyen colapsos residenciales, daños severos en sedes institucionales y una saturación sin precedentes de la red hospitalaria.Devastación sin distinción de estratos y colapso institucionalA diferencia de otras emergencias, los daños estructurales se registraron de manera generalizada en toda la escala socioeconómica, debido a la antigüedad de las construcciones y a los nulos refuerzos aplicados tras el histórico terremoto de 1999.Al respecto, el gobernador Patiño detalló el impacto en las zonas residenciales: "Todo todos los estratos socioeconómicos, le quiero decir, incluso el estrato 6 de Pereira, que hablamos de los barrios Álamos, Pinares, tuvo colapso de estructuras completas y los barrios también populares". El mandatario también describió la destrucción de fachadas y viviendas enteras en sectores populares como la comuna Cuba y Perla del Sur.La magnitud del sismo no dio tregua a las sedes de gobierno, obligando a la evacuación inmediata de los funcionarios públicos. El mandatario relató que "infraestructuras como la gobernación de Risaralda, en este momento se encuentra eh impedido el el acceso a la gente. Nosotros tenemos que desde el primer día tuvimos que sacar a toda la gente y estamos atendiendo la administración departamental en entidades descentralizadas".Asimismo, la infraestructura de la Alcaldía de Pereira sufrió daños estructurales significativos.Alerta roja en la red hospitalaria y parálisis de serviciosLa emergencia sanitaria es uno de los frentes más complejos. El municipio de Dos Quebradas, habitado por más de 200,000 personas, reporta ya más de ocho fallecidos, cientos de heridos atendidos en el Hospital Santa Mónica y la pérdida total de servicios esenciales como gas, agua y electricidad en gran parte del territorio durante las primeras 24 horas. Para evitar un colapso inminente de la capacidad médica regional, la administración departamental ha tenido que tomar medidas de choque: "Hemos tenido en el municipio de Pereira que evacuar dos infraestructuras hospitalarias privadas... Estamos con alerta roja hospitalaria atendiendo solamente... urgencias vitales en los hospitales públicos y privados de todo el departamento de Risaralda".A raíz de esto, todos los procedimientos médicos programados han sido suspendidos temporalmente.Búsqueda implacable de sobrevivientesA pesar de las dificultades operativas y las réplicas, la prioridad absoluta sigue concentrada en rescatar a las personas atrapadas bajo los escombros. Equipos especializados de rescate de los cuerpos de bomberos de Bogotá, Envigado y otras regiones se han movilizado hacia el departamento. "En este momento hay un despliegue de más de 400 hombres y mujeres que están rescatando vidas todavía", destacó Patiño, compartiendo un mensaje de esperanza tras el rescate con vida de Daniela Largo, una joven de 32 años extraída de los escombros en Pereira al finalizar la jornada previa.
En medio de la compleja situación que viven miles de personas en varias regiones del país tras el fuerte terremoto, los paisas han dicho presentes con donaciones monetarias y físicas que ayudarán a miles de familias que hoy lo necesitan más que nunca.Uno de los anuncios más recientes es un concierto solidario que se hará en La Macarena y en donde el valor de la boleta, que la podrá adquirir en la página web de la Corporación Presentes, irá a los más necesitados en Chocó, Valle del Cauca y el Eje Cafetero.Entre los artistas invitados están Luis Alfonso, Pipe Bueno, Felipe Peláez, Kapo, Andy Rivera, Pasabordo, Heberth Vargas y muchos más. Además, harán presencia diferentes influencers como Westcol o Pelicanger, entre otros.Pero hablando de ayudas, una de las opciones que más facilidades le da a las personas es a través de la Corporación Presentes en donde se pueden hacer transferencias usadas para ayudar a los más afectados.“Nuevamente hago ese llamado a la solidaridad. Gracias a todas las personas que se han activado alrededor de la campaña Colombia se levanta. Nuestra plataforma de donaciones individuales ya superó las 5000 donaciones de personas naturales. Esto es un número récord en nuestra historia además de 60 campañas de solidaridad. Sobre las cifras hasta este momento la directora Ana Cristina Moreno.Hay que mencionar que en Medellín hay decenas de puestos de recolección dispuestos en diferentes partes de la ciudad como lo son las bibliotecas públicas en donde llegan alimentos y kits de aseo para enviar a Quibdó, Pereira, Manizales o Cali.El director de Cáritas Arquidiocesana de Medellín, Edwin Ruiz, le pidió a la ciudadanía ponerse la mano en el corazón para poder recoger las ayudas humanitarias que terminarán beneficiando a miles de personas necesitadas.
En la noche de este martes 11 de agosto, el presidente Abelardo De La Espriella firmó el decreto 1171 de 2026, declarando oficialmente la Situación de Desastre de Carácter Nacional tras el potente sismo de magnitud 7.4 que sacudió al país el pasado 10 de agosto.La medida busca activar un régimen especial para atender la emergencia que, según informes técnicos, ha superado la capacidad de respuesta de las administraciones locales y departamentales.“En este momento, aquí, en la sede de la UNGRD en Bogotá, estoy firmando el decreto a través del cual se declara el desastre de carácter nacional. Me encuentro acompañado por el secretario jurídico de la Presidencia y el señor ministro de Hacienda. Este instrumento jurídico nos va a permitir atender la tragedia de la mejor manera”, dijo el presidente De La Espriella en un video publicado en sus redes sociales.Con este decreto, el Gobierno podrá adoptar diferentes medidas entre las que está la redistribución de partidas presupuestales, adoptar un plan de acción, canalizar recursos mediante la subcuenta SISMO 2026, realizar contratación directa para la rehabilitación y reconstrucción, habilitar medidas de protección a usuarios del sistema financiero, permitiendo alivios en créditos y suspensión de procesos ejecutivos para los damnificados registrados, entre otros.
El padre Napoleón García, conocido afectuosamente como el padre “Napo”, compartió en Mañanas Blu un balance de las primeras 48 horas tras el terremoto que sacudió al Chocó. "Fue un momento estremecedor y de esas circunstancias únicas que tal vez solo se presentan en una ocasión”, destacó el religioso en Blu radio.Víctimas y destrucción materialEl párroco confirmó que, hasta el momento, se reportan 14 víctimas mortales en el departamento: 11 en Quibdó y tres en el municipio de Unión Panamericana. No obstante, advirtió que la cifra podría aumentar.Le puede interesar: Sobreocupación supera el 245% tras temblor: agente Hospital San Francisco de Asis en Quibdó"Se espera que haya todavía de pronto una media docena de cuerpos entre los restos y escombros que no se han terminado de mover”, afirmó García. Sobre los daños estructurales, el párroco señaló que el colapso más grave fue un edificio de cuatro pisos en el barrio Medrano, el cual presentaba una “construcción muy deficiente"."Fue un lugar al que le fueron añadiendo pisos y habitaciones, no resistió”, relató. El sacerdote fue enfático en que gran parte del problema radica en que “la vivienda popular no sigue normas técnicas"."La hacen albañiles, maestros de obras, sin suficiente formación técnica”, lo que provocó que decenas de casas en barrios humildes se desplomaran totalmente.Una crisis silenciosa: La salud mentalMás allá de los escombros, al padre García le preocupa la “gran afectación mental y psicológica” de los sobrevivientes. Según su relato, el nerviosismo persiste debido a las réplicas: "Una gran cantidad todavía en los barrios populares no entran a dormir en sus casas, duermen afuera, porque temen lo peor”, dijo.El vicario lamentó la falta de preparación para atender este trauma:"Tal vez no existen, en primer lugar en nuestra gente, en Chocó y en Colombia en general, mucha tradición de atención profesional para la salud mental”, dijo. Ayudas y coordinaciónActualmente, la atención se centraliza a través del Puesto de Mando Unificado y la Pastoral Social. El párroco confirmó que los heridos graves han sido trasladados a Medellín y que se están recibiendo donaciones de alimentos no perecederos, colchonetas e insumos médicos. Asimismo, mencionó que esperan los recursos anunciados por el Vaticano: “estoy seguro de que la Conferencia Episcopal enviará algunos de sus recursos a Chocó”.Finalmente, hizo un llamado a la solidaridad nacional, destacando que lo que la gente necesita con más prontitud para recuperar sus hogares son materiales de construcción.Escuche la entrevista:
El Juzgado Primero Administrativo de Bucaramanga admitió una acción de tutela en contra el Acuducto Metropolitano de Bucaramanga y la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), por el incremento de las tarifas del servicio de acueducto que comenzará a reflejarse en los recibos de los usuarios en los próximos meses.La acción judicial cuestiona la legalidad y proporcionalidad del aumento y sostiene que el ajuste podría afectar derechos fundamentales como el debido proceso, la igualdad, la dignidad humana, el mínimo vital y el acceso a un servicio esencial como el agua potable.Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con el incremento del componente de consumo, que, de acuerdo con la información presentada en la tutela, alcanza cerca del 37 %, mientras que el aumento promedio proyectado en la factura sería del 25,2 %. El proceso también cuestiona que los usuarios terminen asumiendo costos que, según el accionante, estarían relacionados con gastos administrativos y de funcionamiento de la empresa.La tutela además señala que el aumento podría resultar desproporcionado frente a los ingresos de los hogares y advierte sobre una eventual afectación al mínimo vital, particularmente en familias con menores ingresos.¿Por qué aumentará el agua en Bucaramanga?El Acueducto Metropolitano de Bucaramanga ha explicado que el incremento no corresponde a una decisión unilateral de la empresa ni de la administración local, sino a la aplicación del nuevo marco tarifario establecido por la CRA mediante la Resolución 1032 de 2026.El gerente del Acueducto, Juan Carlos Suárez, ha señalado que la nueva metodología busca reconocer inversiones realizadas por la empresa que, bajo el esquema tarifario anterior, no habían sido remuneradas completamente a través de las tarifas. Según la información entregada por la entidad, el Acueducto invirtió cerca de 380.000 millones de pesos, de los cuales aproximadamente 110.000 millones habían sido cubiertos mediante tarifa.La empresa proyecta que el nuevo marco tarifario genere un incremento promedio de 25,2 %. Sin embargo, el aumento será aplicado de manera gradual entre septiembre de 2026 y febrero de 2027 para evitar que el impacto llegue de una sola vez a los hogares.Según el Acueducto, mientras el cargo fijo tendrá una reducción del 22,6 %, el componente asociado al consumo tendrá un incremento del 37 %. Al combinar ambos factores se obtiene el aumento promedio proyectado en la factura.Ahora será el juez quien deberá analizar los argumentos presentados en la tutela y determinar si existe una vulneración de derechos fundamentales con la aplicación del nuevo esquema tarifario. La admisión de la acción no significa que el incremento haya sido suspendido ni que el juez haya determinado que sea ilegal.Por ahora, los usuarios deberán esperar el avance del proceso judicial mientras el nuevo esquema tarifario continúa con su aplicación gradual, salvo que dentro del trámite de la tutela se adopte alguna medida que modifique o suspenda su implementación.
