La situación política de Perú se encuentra en un punto crítico tras la destitución de la Presidencia de Dina Boluarte y la posesión del nuevo presidente José Gerí. En entrevista con Blu Radio, el expresidente del Consejo de Ministros Pedro Cateriano aseguró que el país atraviesa “la etapa más inestable de su historia republicana” y que, detrás de esta crisis, existe una “alianza siniestra” entre los sectores más radicales de la derecha y de la izquierda.“Elegir de manera irresponsable a una dupla como Castillo y Boluarte, avalada por un partido marxista leninista que no cree en la democracia nos ha puesto en esta situación, y esa es la penosa y vergonzosa realidad”, señaló, refiriéndose a los gobiernos de José Pedro Castillo, quien fue destituido del cargo, y Dina Boluarte, quien lo sucedió y tampoco completó su periodo presidencial. De acuerdo con el exfuncionario, desde hace tres años existe en el Congreso peruano una coalición entre el fujimorismo (derecha) y el movimiento de Vladimir Cerrón (izquierda), que —pese a haberse presentado como enemigos irreconciliables— “han privilegiado sus intereses personales, políticos y partidarios y han dejado de lado el interés nacional”.Grave deterioro a la seguridad ciudadanaCateriano advirtió que, además del caos político, el país enfrenta un "grave deterioro en materia de seguridad ciudadana". Y es que solo en el primer semestre del año se registraron 161 homicidios, cifra superior a la totalidad de 2024, mientras que también aumentaron las extorsiones y ataques armados, lo que evidencia la expansión de economías ilegales como la minería ilícita.“Hace años advertí al Congreso que la principal amenaza para el país era la minería ilegal. Y con la inacción de el inepto gobierno de Castillo y Boluarte, la minería ilegal ha avanzado lamentablemente en el país y esto ha traído como consecuencia el también el el el nivel delincuencial que nunca hemos tenido”, dijo.¿Una economía estable pese al caos político?Uno de los aspectos más llamativos, según Cateriano, es que Perú ha mantenido relativa estabilidad económica pese a los constantes cambios presidenciales. El exministro le atribuyó ese fenómeno al manejo prudente del Banco Central de Reserva de Perú, que "ha actuado con independencia y responsabilidad".“El Banco Central de Reserva ha estado manejado por un funcionario competente, responsable, que no es demagogo y ha defendido la estabilidad monetaria del país con preceptos que son fundamentales. No gastar más de lo que se tiene, no endeudarse, no ser populista", aseveró.Para Cateriano, el contexto económico internacional ha permitido que se aumenten los precios de los minerales en el país. Pese a que "la izquierda ha boicoteado la actividad minera en el Perú y ha permitido el avance de la minería ilegal", esta misma ha generado recursos económicos para Perú, lo que califica como una "tentación populista".Una democracia vulneradaEl ex primer ministro calificó el proceso de destitución de Dina Boluarte como una violación al debido proceso. "En cualquier democracia, el debido proceso y el derecho de defensa son fundamentales”, pero aseguró que Boluarte "era indefendible desde el punto de vista político y penal" y que "usó la mentira como forma de gobierno de manera permanente". Finalmente, Cateriano puntualizó que la inestabilidad institucional ha tenido efectos directos sobre la gestión pública, teniendo como resultado hospitales en abandono, servicios básicos deficientes y una alta rotación ministerial que impide ejecutar políticas sostenidas.“El Perú tiene tres millones y medio de compatriotas no tienen agua potable. Sin embargo, las 50 empresas públicas que tenemos están ahí, son botines políticos. Y en ese aspecto hay un atraso. Pagamos las consecuencias de esta inestabilidad”, argumentando que el "gobierno vulnera permanentemente el orden democrático y constitucional", y que esa es "la razón fundamental por la cual los jóvenes en el Perú hoy protestan". Escuche la entrevista completa aquí:
Al menos 17 heridos y alrededor de 1.500 turistas afectados dejan las protestas que mantienen bloqueada la vía ferroviaria por donde transitan los trenes que llegan a Machu Picchu, informó este martes Werner Salcedo, gobernador regional de Cusco, departamento del sur de Perú en donde se encuentra la ciudadela inca.“Hemos solicitado hace dos o tres semanas la instalación de una mesa porque se veía venir este problema, y hoy ya recién, que tenemos 17 heridos, se establece”, expresó a medios locales Salcedo, que confirmó que finalmente se reunirá con el alcalde provincial y todos los alcaldes distritales, en una mesa de diálogo este martes a las 15:00 hora local (22:00 GMT).La reunión, confirmó al medio RPP, se dará en la sede del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MIncetur), para tratar no solo la situación de las empresas de autobuses, también la venta de boletos y la gestión completa del santuario que arrastra desde hace días una situación social convulsa en torno al santuario.La paralización del servicio ferroviario entre las poblaciones de Ollantaytambo y Machu Picchu Pueblo, que es la principal forma de llegada de la mayoría de turistas que visitan Machu Picchu, ha hecho que más de 1.300 turistas nacionales y extranjeros fueran evacuados a Ollantaytambo, y otros 200 permanezcan a la espera, a menos que se camine varias horas por los raíles hasta la zona más cercana donde pueden entrar vehículos.Además, el jefe de la Región Policial de Cusco, Julio César Becerra Cámara, informó que la vía ferroviaria se había visto afectadas, presentando una "extraña excavación bajo los rieles", por lo que el servicio de trenes para evacuar este último grupo se veía, por el momento, impedido.Bloqueos, evacuaciones y heridosLa vía fue escenario en la noche del lunes de un enfrentamiento entre la Policía Nacional y manifestantes que dejó en ese momento al menos diez heridos, según reportó la agencia oficial Andina, después de que los agentes trataran de liberar las vías para evacuar a los turistas que se encontraban atrapados debido al parón.La empresa de Ferrocarril Trasandino S.A., concesionario de la vía férrea, autorizó el traslado de los visitantes de manera excepcional para movilizar a los pasajeros atrapados en Machu Picchu Pueblo, conocido popularmente como Aguas Calientes, hasta Ollantaytambo, pese a que este servicio había sido cesado temporalmente.Sin embargo, esta maniobra fue interrumpida por grupos de manifestantes que solicitan la llegada de los nuevos autobuses que deben realizar el transporte de turistas desde Machu Picchu Pueblo hasta la zona arqueológica de la ciudadela inca.Las unidades pertenecientes a la empresa Inversiones Sumaq Ayllu San Antonio de Torontoy debían haber iniciado su servicio desde el 5 de septiembre, cuando venció la concesión que tenían los autobuses de la compañía Consettur, que ha operado este servicio desde hace 30 años.Sin embargo, el transporte de los autobuses quedó suspendido el lunes después de que los vagones que debían transportarlos sufrieron presuntamente un sabotaje con el corte de cables como los frenos y otros implementos.En su demanda, los participantes de la protesta exigen además el retiro de los autobuses, Consettur, y que continúan operando a falta de que Perú Rail, encargada del transporte de autobuses de una zona a otra, traiga la nueva flota.Estas protestas suceden además el supuesto ataque deliberado en las unidades de Perú Rail que estaban destinadas a trasladar esta nueva flota de autobuses.
Perú anunció este lunes que evalúa suspender temporalmente las visitas a Machu Picchu, tras cuatro días de protestas de pobladores contra la "privatización" de la venta de entradas a esta ciudadela inca patrimonio cultural de la Humanidad.Según la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, los líderes de la movilización plantearon el cierre por seguridad, ante la falta de diálogo para levantar la medida que incluye el cierre de comercios, marchas y bloqueos en la vía férrea."Vamos a evaluar los pedidos que hace este colectivo, que entre ellos es cerrar la llapta (ciudadela). Eso sería doloroso para todos, pero lo vamos a evaluar", dijo Urteaga al canal estatal.El fin de semana fueron evacuados en tren más de 1.200 turistas nacionales y extranjeros que quedaron atrapados en las protestas, algunos de los cuales no lograron ingresar al complejo prehispánico.La policía organizó y resguardó su salida, tras los bloqueos viales.El servicio de tren, principal medio de transporte en el sitio, está suspendido desde el viernes.La ministra de Cultura añadió que el gobierno solo dialogará si se levanta la "huelga" que deja pérdidas diarias por un millón de soles (unos 263 mil dólares).La protesta fue organizada por colectivos del distrito de Machu Picchu Pueblo, en el departamento de Cusco, en rechazo a la decisión del ministerio de Cultura de contratar a un intermediario privado para que gestione la venta en línea de los ingresos.El gobierno había alegado en principio problemas con su plataforma, pero este lunes denunció un foco de corrupción en la gestión de los boletos que cedía para su venta en ventanilla.Se vienen "haciendo todos los esfuerzos por romper con una mafia que ha venido ilegalmente mal utilizando el tema de las entradas y no vamos a dar un paso atrás en la necesidad de cambiar este modelo de corrupción", dijo el jefe de gabinete, Alberto Otálora.El ministerio de Cultura contrató a la empresa peruana Joinnus para que venda por internet los ingresos a Machu Picchu y la red de caminos incas.Sin embargo, comerciantes y operadores turísticos se oponen al nuevo sistema, que comenzó a funcionar hace nueve días, por considerar que es el primer paso hacia la privatización del lugar.La ciudadela recibe en promedio unos 4.500 visitantes por día. Bajo el nuevo esquema de operación, el gobierno reservó unos 1.000 boletos diarios para su venta directa en el Centro Cultural de Machu Picchu Pueblo.Hace un año, las autoridades cerraron el ingreso al complejo turístico por 25 días, a raíz de protestas contra la destitución del encarcelado expresidente Pedro Castillo, tras su fallido intento de disolver el Congreso.Patrimonio Cultural de la Humanidad desde 1983, Machu Picchu, ubicado a 130 kilómetros de la ciudad de Cusco y a 2.438 metros de altura, fue construido en el siglo XV por orden del emperador inca Pachacútec (1438-1470).
El acceso en tren a Machu Picchu está cerrado debido al paro indefinido que pobladores y operadores de turismo han convocado por la venta digital de entradas a la ciudadela inca, informó en un comunicado la empresa Ferrocarril Transandino, que es concesionaria de dicha vía de tren.Tanto Perú Rail como Inca Rail, las dos únicas compañías que ofrecen el trayecto desde la ciudad de Ollantaytambo al propio pueblo de Machu Picchu, han suspendido la venta de tiquetes y los viajes programados para este viernes 26 de enero.Medios locales informaron de la incertidumbre de visitantes nacionales e internacionales que ya tenían el pasaje o lo querían adquirir, puesto que los paros convocados son indefinidos.Las protestas comenzaron este jueves, 25 de enero, y por la noche, estas acabaron con ciertos episodios violentos, puesto que la Policía despejó las protestas con gas lacrimógeno y hubo enfrentamientos entre manifestantes y agentes que dejaron varios heridos."Rechazamos toma de vías férreas por parte de manifestantes que bloquearon salida de trenes de Santuario de Machu Picchu. Si bien vías fueron liberadas, enfrentamientos dejaron varios policías heridos. Recalcamos que todo reclamo debe ser canalizado por el diálogo", indicó la Defensoría del Pueblo en la red social X.Añadió que el derecho a la protesta "no faculta a manifestantes a impedir el libre tránsito ni a afectar los derechos de otras personas" e hizo un llamado a la calma.También reiteró su pedido para que se agoten todos los esfuerzos para llegar a acuerdos por la vía del diálogo.Grupos de pobladores y de operadores turísticos de Machu Picchu iniciaron este jueves un paro indefinido de protestas por venta digital de entradas a la ciudadela inca, en lo que consideran una terciarización del servicio por parte del Ministerio de Cultura.El colectivo popular Machu Picchu convocó a partir de las 00.00 horas manifestaciones contra la ministra de Cultura peruana, Leslie Urteaga, quien anunció el cambio de venta de todas las entradas diarias al monumento a otra página web, que, según ha dicho, no cobra ningún tipo de comisión.Medios locales mostraron imágenes de una protesta en la plaza de Armas de Cuzco, y también pequeñas marchas en las vías de tren y en el propio pueblo de Machu Picchu, donde parten los autobuses para acceder al monumento y donde se concentran los pobladores descontentos con esta medida."Privatizar la venta de boletos para Machu Picchu favoreciendo a la empresas privada Joinnus que cobrará 3,9 % por cada boleto vendido haciendo al año una ganancia de 12 millones de soles (3,1 millones de dólares) promedio al año, mientras que Machu Picchu solo tiene promedio 3 millones de soles para el mantenimiento", reza el comunicado de dicho colectivo popular.Sin embargo, el Ministerio de Cultura ha negado que se esté privatizando el servicio y ha detallado que solo pagará el alquiler de la plataforma para la compra de boletas que fue diseñado por la empresa y negó que los turistas paguen una comisión a la compañía.
La fiscal de la Nación de Perú, Patricia Benavides, anunció que denunció en el Congreso a la presidenta Dina Boluarte y el primer ministro, Alberto Otárola, por cuatro muertes en las protestas antigubernamentales de 2022 y 2023, al replicar a una investigación abierta en su contra por la supuesta conformación de una red criminal en el Ministerio Público."Informo que he formulado una denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra los ciudadanos Dina Boluarte y Luis Alberto Otárola", dijo en una declaración en la que aseguró que la investigación abierta en su contra "tienen como propósito" amedrentarla para que no continúe su "lucha contra la impunidad".También contra los tres exministros de Interior que ocuparon la cartera durante la ola de protestas, César Cervanes, Víctor Rojas y Vicente Romero. A los cinco los denuncia por la presunta comisión de delito de homicidio calificado.Este lunes se llevó a cabo la operación "Valquiria V", a cargo del Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del poder (Eficcop), que acusa a Benavides de ser la cabeza de una red criminal de tráfico de influencias.Como parte de este operativo, detuvo al que era hasta ayer el gerente central del Despacho de la Fiscalía, Jaime Villanueva.Benavides afirmó en su mensaje que esta investigación es "un ataque premeditado" de quienes se oponen a su labor."Esta madrugada, el Ministerio Público ha sido objeto de un ataque premeditado de quienes se oponen a la labor que la ley nos encarga: luchar contra la impunidad y la corrupción orquestada en las más altas esferas del poder", dijo Benavides.La fiscal indicó que la institución que dirige tiene a cargo casos de máxima relevancia con personas que van a intentar utilizar su poder para "obstruir la justicia"."Las últimas horas son una demostración de quienes no quieren ser investigados y tienen aún la capacidad de ejercer represalias contra la institución que represento. Con este acto torpe que pretende desestabilizar la independencia y autonomía del Ministerio Público utilizando para tal deleznable propósito el mecanismo de utilizar a algunos fiscales", señaló en el pronunciamiento.También anunció que continuará investigando a altos funcionarios responsables de las "trágicas muertes que ocurrieron entre diciembre de 2022 y marzo de 2023" en las protestas, así como otros "casos emblemáticos"."Hoy es un día difícil, pero fundamental es la lucha contra la impunidad, contra la corrupción y contra los poderosos que no quieren que en nuestro país se haga justicia", dijo al añadir que no teme a las represalias que puedan seguirse tomando contra su persona.El pasado 24 de octubre, la Fiscalía extendió por ocho meses adicionales la investigación por las muertes en las protestas.Por ese caso, Boluarte acudió a declarar a la Fiscalía el pasado 27 de septiembre, cuando ratificó las explicaciones que ya dio en junio pasado sobre las decenas de muertes que se produjeron durante las manifestaciones antigubernamentales desarrolladas de diciembre a marzo pasado en su país y pidió que se cierre la investigación que se sigue en su contra.La mandataria fue citada como parte de la investigación preliminar abierta contra ella y otras altas autoridades de su gobierno por la presunta comisión de los delitos de genocidio, homicidio calificado y abuso de autoridad, a raíz de la muerte de 77 personas en las movilizaciones, 49 de ellas en enfrentamientos directos con las fuerzas de seguridad. Le podría interesar:
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, fue citada por la Fiscalía de su país para que declare el próximo 31 de mayo en la investigación preliminar abierta por las decenas de muertes que se produjeron durante las protestas antigubernamentales entre diciembre y marzo pasado.La citación fue programada desde las 09.00 hora local (14.00 GMT) del próximo miércoles y fue confirmada hoy por el abogado de Boluarte, Joseph Campos, quien dijo que esperan "con mucha expectativa ese día para efectos de poder hacer la declaración"."Expresamos nuestra vocación de colaboración para cerrar este capítulo que no tiene sentido. No es responsable mantener a la presidenta en una investigación jurídica respecto a esta responsabilidad", indicó Campos a la emisora RPP.La Fiscalía de la Nación (general) anunció el inicio de las pesquisas preliminares el pasado 10 de enero por la presunta comisión de los delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves.La gobernante ya acudió a la sede del Ministerio Público el pasado 7 de marzo, pero no llegó a declarar porque estaba pendiente de la resolución de una tutela de derechos presentada por la Procuraduría, que pidió que se le incluya en la investigación por la declaración del primer ministro, Alberto Otárola.En las pesquisas también se ha incluido al ex primer ministro Pedro Angulo, a los exministros del Interior Víctor Rojas y César Cervantes y al actual ministro de Defensa, Jorge Chávez.Aunque Campos aseguró que Boluarte tiene la intención de responder a la citación, no confirmó si la diligencia se realizará en la sede del Ministerio Público o en el Palacio de Gobierno, una prerrogativa que tiene la gobernante por su alto cargo."Tendremos que determinarlo", comentó antes de recordar que el día de la citación también se realiza reunión semanal del Consejo de Ministros y se ha programado un simulacro nacional de sismo.Las protestas estallaron en Perú tras el fallido golpe de Estado del entonces presidente Pedro Castillo (2021-2022) el 7 de diciembre pasado y continuaron desde enero con movilizaciones y enfrentamientos con las fuerzas del orden en demanda de la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso, el adelanto de las elecciones generales y la convocatoria a una asamblea constituyente.Según diversas fuentes, al menos 49 civiles murieron durante esos enfrentamientos, mientras que las protestas dejaron, en total, 77 fallecidos, ya que otras personas, entre ellas varios haitianos, también fallecieron por acciones como el bloqueo de carreteras.La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó en su último informe la violencia empleada por las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones y aseguró que ha encontrado casos de "ejecuciones extrajudiciales" en Perú.Señaló, además, que la violencia a manos de las fuerzas del orden en la región sureña de Ayacucho debe ser investigada "con un enfoque étnico-racial" y que la situación podría ser considerada como "una masacre", algo que fue rechazado por el Gobierno de Boluarte.La presidenta acusó el pasado 13 de mayo a Castillo de ser el "autor de las más de 60 víctimas" de las protestas, que vinculó con "el narcotráfico y la minería ilegal"."Nosotros ya sabemos, a donde vamos nos manda su piquete Pedro Castillo, financiado por el narcotráfico y financiado por la minería ilegal. No les vamos a hacer caso, nosotros seguimos trabajando", dijo.
El Ministerio Público de Perú anunció este martes que ha ampliado una investigación contra la presidenta peruana, Dina Boluarte, y el exmandatario Pedro Castillo por el presunto financiamiento prohibido de organizaciones políticas, lavado de activos y organización criminal a raíz de supuestos aportes ilegales en la campaña electoral del 2021.La investigación es seguida por la Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos contra Boluarte, Castillo y el empresario Henry Shimabukuro, que ha declarado ante la prensa haber financiado los viajes y actividades proselitistas de la hoy presidenta durante la campaña de 2021.En esa campaña, Castillo encabezaba la candidatura a la Presidencia de la República en una fórmula junto a Boluarte, que aspiraba a la Vicepresidencia.La presunta comisión de estos delitos se habría producido durante la campaña electoral del partido Perú Libre en el 2021, precisó la Fiscalía en su cuenta de Twitter.Boluarte, que sucedió a Castillo en diciembre del año pasado tras ser destituido por su fallido autogolpe, había rechazado el domingo las acusaciones en su contra y reiteró que eran una "oscura maniobra política que pretende manchar al gobierno constitucional, a la democracia y la institucionalidad, con dichos y sin pruebas"."No ha existido ningún tipo de negociación, pedidos o favores por parte de la señora Dina Boluarte", señaló su despacho a través de Twitter en alusión a las recientes denuncias de haber recibido dinero no declarado de empresarios en la campaña electoral.El último domingo, Maritza Sánchez, una profesora allegada a Castillo, denunció en el programa Cuarto Poder que Shimabukuro, un asesor en la sombra del expresidente, y Eduvigis Beltrán aportaron fuertes sumas de dinero a la campaña de Boluarte para acceder a programas de ayuda con el Estado y obtener a personas cercanas en altos cargos públicos.Sobre estas acusaciones, la Presidencia comentó que "si el señor Shimabukuro ha colaborado o financiado actividades partidarias, lo ha hecho absolutamente de manera personal y sin transar compromiso alguno".Debido a las acusaciones de Shimabukuro, la oposición en el Congreso ha anunciado una moción de destitución contra Boluarte, que puede ser formalizada esta semana durante el pleno.No obstante, la mandataria tuvo que responder el lunes a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en el Palacio de Gobierno por otro caso de presunta corrupción referido a las supuestas irregularidades en la contratación de empresas de su exasesora Grika Asayag.El pasado 1 de marzo, la Fiscalía de la Nación anunció el inicio de investigaciones preliminares por presunto tráfico de influencias contra Asayag, como parte de una investigación abierta por la supuesta comisión del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo contra el ministro de Trabajo, Alfonso Adrianzén, y el presidente del sistema de seguridad social EsSalud, Aurelio Orellana.
El papa Francisco pidió este domingo la "reconciliación y la paz" en Perú, al término del Ángelus dominical celebrado en la plaza San Pedro ante miles de personas."Renuevo las peticiones por la reconciliación y la paz en el Perú. Debemos rezar por el Perú, que está sufriendo tanto", dijo el pontífice tras saludar a los peregrinos de ese país, además de grupos de fieles llegados de Madrid y Pamplona (España).El pontífice argentino se ha referido en anteriores ocasiones a la crisis política y social que atraviesa Perú, país al que pidió, ya en el pasado diciembre, "emprender la vía del diálogo" y "cesar las violencias".Una solicitud que repitió en enero: "Me uno a los obispos peruanos al decir "No a la violencia, venga de donde venga, no más muertes", solicitó entonces el pontífice argentino desde la ventana del Palacio Apostólico.En su discurso de este domingo, el papa volvió a pedir por los pueblos de Ucrania, a causa de la guerra, Turquía y Siria, por el reciente terremoto, y sumó un rezo para el estado de Mississippi (EE.UU.), donde un tornado ha devastado cientos de viviendas y causado, al menos, 26 muertos. Papa Francisco: "Me siento cercano al pueblo ecuatoriano y aseguro mi oración por los difuntos"En días pasados, el papa Francisco expresó su "cercanía" al pueblo de Ecuador tras el terremoto que ha sacudido este país y que se ha saldado con al menos 14 muertos y cuantiosos daños materiales, también en el vecino Perú."Queridos hermanos y hermanas, ayer en Ecuador un terremoto ha causado muchos heridos e ingentes daños. Me siento cercano al pueblo ecuatoriano y aseguro mi oración por los difuntos y todos los que sufren", dijo desde la ventana del Palacio Apostólico tras el rezo del Ángelus dominical.El terremoto, que afectó a la zona fronteriza entre Ecuador y Perú, se ha saldado con 14 muertos en el primer país: doce en la provincia de El Oro y otros dos en Azuay, ambas en el sur.Le puede interesar:
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, acudirá en forma presencial a la Fiscalía para rendir su testimonio en la investigación por genocidio abierta en su contra, a raíz de los 70 decesos en las manifestaciones de protesta hasta la fecha, según informó su abogada este domingo a un medio local. La citación cursada a Boluarte por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, es para el martes 7 de marzo en forma presencial, a diferencia de la solicitud de la Presidencia de la República que planteó hacerlo en forma virtual."La decisión de la doctora (Boluarte) de participar en la diligencia de la Fiscalía siempre ha sido positiva y con toda la voluntad de querer coadyuvar en la averiguación de la verdad y de la investigación en concreto", declaró la abogada Kelly Montenegro al diario El Comercio. La letrada añadió que "el tema es que si la Fiscalía indica que la diligencia va a ser de manera presencial, pues irá de manera presencial". Montenegro aseguró que "nunca ha habido intención de querer, digamos, entorpecer u obstaculizar el trabajo que realiza la Fiscalía de la Nación. Jamás". En ese sentido, adelantó que este domingo tendrá una reunión de coordinación con la mandataria sobre el tema de su notificación ante la Fiscalía. Consultada el viernes en una rueda de prensa, Boluarte respondió que estaría asistiendo "con sumo agrado" cuando la Fiscalía la notifique de la diligencia.La Fiscalía de la Nación abrió una investigación preliminar contra la jefa de Estado en enero pasado por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves debido a los decesos y heridos por las protestas antigubernamentales desde diciembre último en varias regiones del país.En la investigación preliminar están incluidos el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola; su antecesor Pedro Angulo; el ministro de Defensa, Jorge Chávez, y los exministros Víctor Rojas y César Cervantes.Las protestas sociales estallaron en Perú tras el fallido golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022 y continuaron desde enero y los meses siguientes con una serie de movilizaciones y enfrentamientos con las fuerzas del orden en demanda de la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso, el adelanto de las elecciones generales y la convocatoria a una asamblea constituyente.Según la Defensoría del Pueblo, 48 personas murieron durante enfrentamientos con las fuerzas del orden, mientras que un policía perdió la vida tras ser quemado vivo y otras 11 personas debido a los bloqueos de carreteras por manifestantes. La presidenta Boluarte confirmó otro fallecimiento por estas mismas causas, el de un paciente que necesitaba llegar a Lima pero quedó retenido en los bloqueos, y Unicef informó del deceso de un bebé nonato, además de la muerte de una mujer en la norteña región de La Libertad, reportada por la Policía. El primer ministro, Alberto Otárola, confirmó el 19 de enero pasado el fallecimiento de cuatro ciudadanos haitianos y días más tarde la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) elevó la cifra a siete ciudadanos de ese país que quedaron varados, expuestos a adversidades climáticas y limitado acceso a servicios básicos. Le puede interesar:
El número de heridos en las protestas antigubernamentales de este sábado en la ciudad peruana de Juli (sur) subieron a 16, incluido un adolescente, en una jornada donde los manifestantes atacaron y quemaron la comisaría de la Policía Nacional de Perú (PNP) en esa localidad.La población de Juli reaccionó a la decisión de la Policía de dispersarlos con gases lacrimógenos lanzados desde helicópteros y un grupo se dirigió a la comisaría para atacarla con piedras y prenderle fuego.El Ejército también salió a las calles a controlar a los manifestantes, pero los militares fueron rodeados en una villa y atacados por algunos grupos.La Defensoría del Pueblo informó este sábado de que había verificado 16 heridos, diez civiles y seis militares, a raíz de los enfrentamientos entre pobladores y las fuerzas del orden por el incendio de la comisaría.La región de Puno, en la que se encuentra Juli, mantiene los bloqueos de caminos y paros de actividades desde enero pasado en que sus pobladores salieron a las calles a exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y una dura represión provocó la muerte de 18 personas en la vecina ciudad de Juliaca.Esta semana una delegación de sus pobladores llegó a Lima para insistir en la demanda de elecciones generales anticipadas, pero un grupo de mujeres con sus pequeños hijos cargados en brazos fueron reprimidas por la policía con gases lacrimógenos, lo que enervó a sus paisanos.DEFENSORÍA PIDE CALMALa Defensoría hizo un "llamado urgente a la calma y la no violencia en Juli" y añadió que corresponde a la Fiscalía investigar los hechos de violencia ocurridos este sábado y las causas de las lesiones ocasionadas a los heridos.Por su parte, la Red de Salud de Chucuito, en Puno, detalló que siete de los heridos son atendidos en el hospital Rafael Ortiz Ravines de Juli, entre los cuales hay un menor de 13 años por intoxicación por gas lacrimógeno, y un hombre de 48 años con herida de bala en el brazo derecho.El alcalde provincial de Chucuito-Juli, Víctor Raúl Anchapuri, pidió al gobierno y las fuerzas armadas y policiales a no reprimir a su pueblo, y "no utilizar armas de fuego u otros objetos que puedan herir a la población que se encuentra en pie de lucha", según un comunicado compartido en las redes sociales.Le puede interesar: 'Titulares Deportivos'
Una seguidilla de temblores se registró durante la mañana de este jueves 24 de septiembre en el departamento del Tolima, donde el Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó dos movimientos sísmicos con pocos minutos de diferencia.El primero ocurrió a las 11:40 de la mañana y tuvo una magnitud de 3.4. De acuerdo con el reporte, el evento tuvo una profundidad superficial y fue localizado en Chaparral, Tolima.Cinco minutos después, a las 11:46 de la mañana, se presentó un segundo movimiento, esta vez de magnitud 4.1. El SGC también estableció una profundidad superficial para este sismo, cuyo punto de referencia fue Chaparral.Dos temblores en pocos minutosEl segundo movimiento fue percibido en diferentes ciudades del país. Según el Servicio Geológico Colombiano, el temblor de magnitud 4.1 se sintió en Armenia, Ibagué, Cali, Neiva y Pereira, entre otros puntos.El evento tuvo como referencia el municipio de Chaparral y ocurrió a 14 kilómetros de Roncesvalles, en el departamento del Tolima. El SGC ubicó el movimiento en una latitud de 3.88 y una longitud de -75.61.La cercanía en el tiempo entre ambos eventos llamó la atención, pues los dos fueron registrados en la misma zona de referencia y con una diferencia de apenas seis minutos.Colombia registra actividad sísmica de manera frecuente debido a su ubicación geológica. Por ello, el Servicio Geológico Colombiano realiza seguimiento permanente a los movimientos que se presentan en diferentes regiones del territorio nacional.Hasta el momento, la información suministrada corresponde a los reportes disponibles sobre estos dos eventos registrados durante la mañana de este jueves en el Tolima.
Amazonas registra la mayor tasa de evasión de la revisión tecnomecánica en Colombia: durante 2026, el 96,95 % de los vehículos del departamento no ha cumplido con esta revisión obligatoria, según las cifras del informe sobre el estado del parque automotor nacional.El dato significa que casi 97 de cada 100 vehículos en esta región aparecen como evasores de la tecnomecánica. Amazonas encabeza así un listado en el que también aparecen otros departamentos con niveles de incumplimiento superiores al 90 %.Guainía registra una evasión del 93,79 %, concentrada en Inírida, mientras que Vichada alcanza el 93,42 %, con el incumplimiento concentrado en Puerto Carreño.¿Cuántos vehículos evaden la tecnomecánica en Colombia?El caso de Amazonas hace parte de un problema que se extiende por todo el país. Colombia tiene actualmente 22.161.912 vehículos matriculados, de los cuales más de 10 millones evaden la RTMyEC.A esa cifra se suman más de 3 millones de vehículos que todavía no están obligados a realizar la revisión, debido a su reciente matrícula o a las exenciones contempladas en la normativa.Durante el primer semestre de 2026, la tasa nacional de evasión llegó al 55,98 %, manteniéndose por encima del 50 % durante los últimos cinco años.La falta de renovación acumulada en ese periodo corresponde a 5.927.092 vehículos particulares, 192.871 de servicio público, 69.532 oficiales y 992 diplomáticos.¿En qué otras zonas hay altos niveles de evasión?El incumplimiento no se limita a los departamentos con menor cantidad de vehículos. A nivel municipal también aparecen cifras elevadas.Aguachica registra una evasión del 90,93 %, mientras que La Dorada llega al 74,48 %. Estos datos muestran que los mayores niveles de incumplimiento también se presentan en municipios ubicados sobre corredores de circulación importantes.En contraste, Bogotá concentra el mayor número de inspecciones realizadas durante 2026, con 747.140 revisiones. De ese total, 663.252 correspondieron a vehículos particulares, 77.172 a transporte público, 6.715 a vehículos oficiales y una a servicio diplomático.Más de la mitad de las motos rechazadas no supera la revisiónEl informe también muestra diferencias según el tipo de vehículo que llega a los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA).Las motocicletas son el grupo con mayor cantidad de inspecciones rechazadas en lo corrido de 2026, con 167.170 unidades que no superaron la revisión.Por departamentos, el Archipiélago de San Andrés y Providencia presenta el mayor porcentaje de revisiones rechazadas, con 51,83 %. Le siguen Chocó, con 31,42 %, y Arauca, con 26,39 %.La evasión de la tecnomecánica supera el 50 % en ColombiaAunque el panorama mantiene niveles elevados de incumplimiento, el número de vehículos certificados aumentó durante el último año. En el primer semestre de 2026 hubo 3.810.725 vehículos con la tecnomecánica al día, frente a 3.629.782 durante el mismo periodo de 2025.Esto representa un incremento de 180.943 vehículos certificados, equivalente a cerca del 5 %.El país cuenta actualmente con una red de 930 líneas de inspección para motocicletas, 432 para vehículos livianos, 294 mixtas y 13 exclusivas para vehículos pesados. Sin embargo, la capacidad instalada permanece ampliamente subutilizada
El Gobierno de Estados Unidos se opuso formalmente a la solicitud de libertad bajo fianza presentada por la defensa de Cilia Flores, esposa del despuesto presidente venezolano Nicolás Maduro, al considerar que existe un riesgo de fuga "extremo" y que representa un "peligro para el público", según documentos judiciales presentados en las últimas horas.En un memorando presentado ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, los fiscales federales solicitaron al juez que desestime la moción de la defensa para conceder a Flores la libertad previa al inicio del proceso judicial que enfrenta junto a Maduro.La Fiscalía argumentó que ningún tipo de fianza garantizaría adecuadamente la comparecencia de Flores ante los tribunales y destacó sus recursos, conexiones internacionales y la gravedad de las acusaciones formuladas en su contra.Destacó también la capacidad que seguiría teniendo el entorno de Flores para ejercer violencia o intimidar a posibles testigos, tanto en Venezuela como en el extranjero, mediante redes estatales y grupos irregulares organizados.La defensa de Flores, de 69 años, pidió a principios de mes que fuera trasladada a una residencia privada en Nueva York y sometida a un régimen de arresto domiciliario, con guardias armados las 24 horas, una pulsera de localización, visitas restringidas y llamadas telefónicas intervenidas.Flores asegura que necesita un complejo tratamiento cardíaco y que la cárcel federal en la que permanece recluida desde el 3 de enero, cuando fue capturada junto a Maduro por fuerzas especiales estadounidenses, no reúne las condiciones necesarias para su recuperación.El juicio conjunto contra Flores y Maduro está previsto que comience el 1 de junio de 2027. Ambos enfrentan cargos que incluyen conspiración para la importación de cocaína y posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, en el marco de una trama de narcoterrorismo y corrupción que, según la acusación, abarca más de dos décadas.De ser declarada culpable, Flores se enfrenta a una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión y a un máximo de cadena perpetua.
La vivienda turística en Medellín se ha consolidado como una industria que mueve cerca de $76.000 millones mensuales, en medio del crecimiento de las rentas cortas y el alojamiento para visitantes.En Antioquia hay más de 15.143 propiedades listadas, cifra que representa cerca del 22 % de la oferta nacional, según cálculos de Confecámaras con base en datos del Registro Nacional de Turismo (RNT).Ante este panorama, la ciudad enfrenta el reto de lograr que el crecimiento de la oferta esté acompañado por mayores niveles de formalización, profesionalización y estándares para la operación de los alojamientos turísticos.Por tercera ocasión, la Asociación Colombiana de Prestadores de Servicios Turísticos (ASOHOST) y la Secretaría de Turismo y Entretenimiento de Medellín lanzarán el programa INN Host Medellín.La iniciativa ofrece formación gratuita para 150 prestadores de servicios turísticos que, en conjunto, podrían representar más de 1.000 Registros Nacionales de Turismo activos. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 30 de septiembre.Los interesados deberán contar con un RNT vigente y desarrollar actividades relacionadas con vivienda turística, rentas cortas u oficinas de representación turística en Medellín. El programa comenzará el próximo 13 de octubre.Juan Camilo Vargas, director de ASOHOST, señaló que Medellín atraviesa una transformación en este sector y destacó la necesidad de avanzar en la profesionalización de quienes participan en el mercado de vivienda turística.“Medellín es hoy uno de los mercados más dinámicos del país en vivienda turística, pero ese crecimiento exige más profesionalización y mejores estándares de operación”, afirmó Vargas.El programa contempla capacitación en el marco regulatorio de la vivienda turística en Colombia, aspectos fiscales y contables, preparación de propiedades, tecnologías avanzadas e inteligencia artificial aplicada a la gestión de alojamientos.También incluye formación en finanzas estratégicas para proyectos de alojamiento y herramientas orientadas a mejorar la operación y la rentabilidad de los establecimientos turísticos.Entre los beneficios para los participantes están el acceso durante un año a una plataforma de aprendizaje, un manual digital interactivo, certificaciones impresas y tecnologías para la gestión de rentas cortas.La formación también contempla herramientas como un PMS, un channel manager, una plataforma de experiencias turísticas con inteligencia artificial y el Sello Vivienda Turística Responsable.Este distintivo busca acreditar ante autoridades, plataformas digitales e inversionistas el cumplimiento legal de los operadores que hacen parte de la iniciativa.Desde ASOHOST señalaron que la profesionalización también busca prevenir problemas asociados con la informalidad, las malas prácticas, la convivencia y la pérdida de confianza en el sector.En materia de rentabilidad, las estimaciones ubican el retorno neto entre el 8 % y el 12 % en zonas de alta demanda como El Poblado, específicamente Provenza.En estos sectores, los ingresos brutos mensuales por unidad pueden alcanzar los $16 millones, mientras que en zonas como Laureles-Estadio las rentabilidades netas estimadas están entre el 6 % y el 9 %.La dinámica de este mercado también ha impulsado la expansión del modelo hacia otros municipios del Valle de Aburrá, como Envigado y Sabaneta, y más recientemente hacia diferentes sectores del Oriente antioqueño.El crecimiento de la vivienda turística se suma al comportamiento del turismo en Medellín. Durante 2025, la ciudad registró cerca de $4 billones en gasto turístico medido mediante transacciones con tarjeta.De acuerdo con la Alcaldía de Medellín, esas operaciones representaron alrededor de 16 millones de transacciones. Debido a que Credibanco procesa aproximadamente el 45 % de los pagos con tarjeta, el Distrito estimó que el gasto turístico total podría acercarse a $9 billones.La cifra estimada no incluye los pagos realizados en efectivo, por lo que el impacto económico del turismo en la ciudad sería mayor al registrado mediante las transacciones con tarjeta.Para ASOHOST, la profesionalización es clave para que la industria de vivienda turística continúe creciendo con responsabilidad y mejores estándares de servicio.El proceso busca que los prestadores conozcan la normativa, cumplan sus obligaciones, mejoren la atención a los huéspedes, incorporen tecnología y gestionen de manera más eficiente sus ingresos.La iniciativa plantea además la necesidad de diferenciar entre los operadores que cumplen las reglas y aquellas prácticas que pueden generar impactos negativos en la convivencia, el mercado inmobiliario o la seguridad.En ese contexto, ASOHOST considera que la profesionalización de los actores de la vivienda turística es una de las principales herramientas para acompañar el crecimiento de esta industria en Medellín y Antioquia.
La Corte Suprema de Justicia puso un nuevo límite a la forma en que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) tramita los procesos judiciales de protección al consumidor. La Sala de Casación Civil, Agraria y Rural determinó que la entidad debe admitir obligatoriamente el llamamiento en garantía cuando una de las partes lo solicite y se cumplan los requisitos legales.En términos sencillos, el llamamiento en garantía permite que una persona o empresa demandada vincule al mismo proceso a un tercero que podría tener responsabilidad en el problema. Por ejemplo, si un consumidor demanda a una compañía por una falla y esta considera que el daño fue causado por uno de sus proveedores, puede pedir que ese proveedor participe en el mismo juicio y, si corresponde, responda directamente o reembolse el dinero que la empresa tenga que pagar.La Corte señaló que los procesos de protección al consumidor que adelanta la SIC en ejercicio de funciones judiciales deben seguir las mismas reglas procesales que aplican ante los jueces ordinarios. Esto significa que la condición de autoridad administrativa de la SIC no puede convertirse en una razón para limitar las herramientas de defensa que tienen las partes dentro de un proceso judicial.El pronunciamiento también cuestiona la práctica de la SIC y de algunos tribunales que habían rechazado esta figura o restringido su utilización casi exclusivamente a casos relacionados con el sector turístico. Para la Corte, no es jurídicamente válido establecer mediante interpretaciones limitaciones o trabas que no están contempladas expresamente en la ley.Puntualmente, el alto tribunal le exige a la SIC aplicar de manera rigurosa el artículo 24 del Código General del Proceso, norma que establece las reglas para el ejercicio de funciones jurisdiccionales por parte de determinadas autoridades. La Corte busca garantizar que las partes tengan las mismas oportunidades para defenderse, presentar pruebas y ejercer sus derechos, independientemente de que el proceso sea tramitado ante la SIC o ante un juez.El caso que llevó a esta decisión surgió por una tutela presentada por dos empresas constructoras y una sociedad fiduciaria, demandadas ante la SIC por supuestas fallas relacionadas con un inmueble. Las compañías pidieron que fuera vinculada al proceso la empresa encargada de elaborar el estudio de suelos de la obra, pero esa solicitud fue negada.La Corte Suprema protegió entonces su derecho de defensa y ordenó al Tribunal Superior emitir una nueva decisión en la que estudie la vinculación de esa empresa. Con este pronunciamiento, el alto tribunal deja establecido que las posibles responsabilidades entre los distintos integrantes de una cadena de consumo pueden discutirse dentro del mismo expediente, bajo las garantías procesales previstas por la ley.Para los consumidores y ciudadanos, la decisión no elimina ni reduce la responsabilidad que tienen los productores y proveedores frente a sus clientes. La responsabilidad solidaria que establece la ley se mantiene. Es decir, cuando corresponda, el consumidor podrá continuar reclamando frente a los responsables de la cadena de producción o comercialización, aunque durante el proceso se incorpore a otros actores que puedan tener responsabilidades internas.Para las empresas, proveedores, fabricantes, contratistas y demás integrantes de la cadena comercial, el fallo representa la posibilidad de discutir dentro de un mismo proceso quién debe asumir finalmente las consecuencias económicas de una eventual condena. Esto puede evitar que una empresa tenga que iniciar posteriormente otro pleito para intentar recuperar de un proveedor o contratista el dinero que tuvo que pagar al consumidor.
