La situación política de Perú se encuentra en un punto crítico tras la destitución de la Presidencia de Dina Boluarte y la posesión del nuevo presidente José Gerí. En entrevista con Blu Radio, el expresidente del Consejo de Ministros Pedro Cateriano aseguró que el país atraviesa “la etapa más inestable de su historia republicana” y que, detrás de esta crisis, existe una “alianza siniestra” entre los sectores más radicales de la derecha y de la izquierda.“Elegir de manera irresponsable a una dupla como Castillo y Boluarte, avalada por un partido marxista leninista que no cree en la democracia nos ha puesto en esta situación, y esa es la penosa y vergonzosa realidad”, señaló, refiriéndose a los gobiernos de José Pedro Castillo, quien fue destituido del cargo, y Dina Boluarte, quien lo sucedió y tampoco completó su periodo presidencial. De acuerdo con el exfuncionario, desde hace tres años existe en el Congreso peruano una coalición entre el fujimorismo (derecha) y el movimiento de Vladimir Cerrón (izquierda), que —pese a haberse presentado como enemigos irreconciliables— “han privilegiado sus intereses personales, políticos y partidarios y han dejado de lado el interés nacional”.Grave deterioro a la seguridad ciudadanaCateriano advirtió que, además del caos político, el país enfrenta un "grave deterioro en materia de seguridad ciudadana". Y es que solo en el primer semestre del año se registraron 161 homicidios, cifra superior a la totalidad de 2024, mientras que también aumentaron las extorsiones y ataques armados, lo que evidencia la expansión de economías ilegales como la minería ilícita.“Hace años advertí al Congreso que la principal amenaza para el país era la minería ilegal. Y con la inacción de el inepto gobierno de Castillo y Boluarte, la minería ilegal ha avanzado lamentablemente en el país y esto ha traído como consecuencia el también el el el nivel delincuencial que nunca hemos tenido”, dijo.¿Una economía estable pese al caos político?Uno de los aspectos más llamativos, según Cateriano, es que Perú ha mantenido relativa estabilidad económica pese a los constantes cambios presidenciales. El exministro le atribuyó ese fenómeno al manejo prudente del Banco Central de Reserva de Perú, que "ha actuado con independencia y responsabilidad".“El Banco Central de Reserva ha estado manejado por un funcionario competente, responsable, que no es demagogo y ha defendido la estabilidad monetaria del país con preceptos que son fundamentales. No gastar más de lo que se tiene, no endeudarse, no ser populista", aseveró.Para Cateriano, el contexto económico internacional ha permitido que se aumenten los precios de los minerales en el país. Pese a que "la izquierda ha boicoteado la actividad minera en el Perú y ha permitido el avance de la minería ilegal", esta misma ha generado recursos económicos para Perú, lo que califica como una "tentación populista".Una democracia vulneradaEl ex primer ministro calificó el proceso de destitución de Dina Boluarte como una violación al debido proceso. "En cualquier democracia, el debido proceso y el derecho de defensa son fundamentales”, pero aseguró que Boluarte "era indefendible desde el punto de vista político y penal" y que "usó la mentira como forma de gobierno de manera permanente". Finalmente, Cateriano puntualizó que la inestabilidad institucional ha tenido efectos directos sobre la gestión pública, teniendo como resultado hospitales en abandono, servicios básicos deficientes y una alta rotación ministerial que impide ejecutar políticas sostenidas.“El Perú tiene tres millones y medio de compatriotas no tienen agua potable. Sin embargo, las 50 empresas públicas que tenemos están ahí, son botines políticos. Y en ese aspecto hay un atraso. Pagamos las consecuencias de esta inestabilidad”, argumentando que el "gobierno vulnera permanentemente el orden democrático y constitucional", y que esa es "la razón fundamental por la cual los jóvenes en el Perú hoy protestan". Escuche la entrevista completa aquí:
Al menos 17 heridos y alrededor de 1.500 turistas afectados dejan las protestas que mantienen bloqueada la vía ferroviaria por donde transitan los trenes que llegan a Machu Picchu, informó este martes Werner Salcedo, gobernador regional de Cusco, departamento del sur de Perú en donde se encuentra la ciudadela inca.“Hemos solicitado hace dos o tres semanas la instalación de una mesa porque se veía venir este problema, y hoy ya recién, que tenemos 17 heridos, se establece”, expresó a medios locales Salcedo, que confirmó que finalmente se reunirá con el alcalde provincial y todos los alcaldes distritales, en una mesa de diálogo este martes a las 15:00 hora local (22:00 GMT).La reunión, confirmó al medio RPP, se dará en la sede del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MIncetur), para tratar no solo la situación de las empresas de autobuses, también la venta de boletos y la gestión completa del santuario que arrastra desde hace días una situación social convulsa en torno al santuario.La paralización del servicio ferroviario entre las poblaciones de Ollantaytambo y Machu Picchu Pueblo, que es la principal forma de llegada de la mayoría de turistas que visitan Machu Picchu, ha hecho que más de 1.300 turistas nacionales y extranjeros fueran evacuados a Ollantaytambo, y otros 200 permanezcan a la espera, a menos que se camine varias horas por los raíles hasta la zona más cercana donde pueden entrar vehículos.Además, el jefe de la Región Policial de Cusco, Julio César Becerra Cámara, informó que la vía ferroviaria se había visto afectadas, presentando una "extraña excavación bajo los rieles", por lo que el servicio de trenes para evacuar este último grupo se veía, por el momento, impedido.Bloqueos, evacuaciones y heridosLa vía fue escenario en la noche del lunes de un enfrentamiento entre la Policía Nacional y manifestantes que dejó en ese momento al menos diez heridos, según reportó la agencia oficial Andina, después de que los agentes trataran de liberar las vías para evacuar a los turistas que se encontraban atrapados debido al parón.La empresa de Ferrocarril Trasandino S.A., concesionario de la vía férrea, autorizó el traslado de los visitantes de manera excepcional para movilizar a los pasajeros atrapados en Machu Picchu Pueblo, conocido popularmente como Aguas Calientes, hasta Ollantaytambo, pese a que este servicio había sido cesado temporalmente.Sin embargo, esta maniobra fue interrumpida por grupos de manifestantes que solicitan la llegada de los nuevos autobuses que deben realizar el transporte de turistas desde Machu Picchu Pueblo hasta la zona arqueológica de la ciudadela inca.Las unidades pertenecientes a la empresa Inversiones Sumaq Ayllu San Antonio de Torontoy debían haber iniciado su servicio desde el 5 de septiembre, cuando venció la concesión que tenían los autobuses de la compañía Consettur, que ha operado este servicio desde hace 30 años.Sin embargo, el transporte de los autobuses quedó suspendido el lunes después de que los vagones que debían transportarlos sufrieron presuntamente un sabotaje con el corte de cables como los frenos y otros implementos.En su demanda, los participantes de la protesta exigen además el retiro de los autobuses, Consettur, y que continúan operando a falta de que Perú Rail, encargada del transporte de autobuses de una zona a otra, traiga la nueva flota.Estas protestas suceden además el supuesto ataque deliberado en las unidades de Perú Rail que estaban destinadas a trasladar esta nueva flota de autobuses.
Perú anunció este lunes que evalúa suspender temporalmente las visitas a Machu Picchu, tras cuatro días de protestas de pobladores contra la "privatización" de la venta de entradas a esta ciudadela inca patrimonio cultural de la Humanidad.Según la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, los líderes de la movilización plantearon el cierre por seguridad, ante la falta de diálogo para levantar la medida que incluye el cierre de comercios, marchas y bloqueos en la vía férrea."Vamos a evaluar los pedidos que hace este colectivo, que entre ellos es cerrar la llapta (ciudadela). Eso sería doloroso para todos, pero lo vamos a evaluar", dijo Urteaga al canal estatal.El fin de semana fueron evacuados en tren más de 1.200 turistas nacionales y extranjeros que quedaron atrapados en las protestas, algunos de los cuales no lograron ingresar al complejo prehispánico.La policía organizó y resguardó su salida, tras los bloqueos viales.El servicio de tren, principal medio de transporte en el sitio, está suspendido desde el viernes.La ministra de Cultura añadió que el gobierno solo dialogará si se levanta la "huelga" que deja pérdidas diarias por un millón de soles (unos 263 mil dólares).La protesta fue organizada por colectivos del distrito de Machu Picchu Pueblo, en el departamento de Cusco, en rechazo a la decisión del ministerio de Cultura de contratar a un intermediario privado para que gestione la venta en línea de los ingresos.El gobierno había alegado en principio problemas con su plataforma, pero este lunes denunció un foco de corrupción en la gestión de los boletos que cedía para su venta en ventanilla.Se vienen "haciendo todos los esfuerzos por romper con una mafia que ha venido ilegalmente mal utilizando el tema de las entradas y no vamos a dar un paso atrás en la necesidad de cambiar este modelo de corrupción", dijo el jefe de gabinete, Alberto Otálora.El ministerio de Cultura contrató a la empresa peruana Joinnus para que venda por internet los ingresos a Machu Picchu y la red de caminos incas.Sin embargo, comerciantes y operadores turísticos se oponen al nuevo sistema, que comenzó a funcionar hace nueve días, por considerar que es el primer paso hacia la privatización del lugar.La ciudadela recibe en promedio unos 4.500 visitantes por día. Bajo el nuevo esquema de operación, el gobierno reservó unos 1.000 boletos diarios para su venta directa en el Centro Cultural de Machu Picchu Pueblo.Hace un año, las autoridades cerraron el ingreso al complejo turístico por 25 días, a raíz de protestas contra la destitución del encarcelado expresidente Pedro Castillo, tras su fallido intento de disolver el Congreso.Patrimonio Cultural de la Humanidad desde 1983, Machu Picchu, ubicado a 130 kilómetros de la ciudad de Cusco y a 2.438 metros de altura, fue construido en el siglo XV por orden del emperador inca Pachacútec (1438-1470).
El acceso en tren a Machu Picchu está cerrado debido al paro indefinido que pobladores y operadores de turismo han convocado por la venta digital de entradas a la ciudadela inca, informó en un comunicado la empresa Ferrocarril Transandino, que es concesionaria de dicha vía de tren.Tanto Perú Rail como Inca Rail, las dos únicas compañías que ofrecen el trayecto desde la ciudad de Ollantaytambo al propio pueblo de Machu Picchu, han suspendido la venta de tiquetes y los viajes programados para este viernes 26 de enero.Medios locales informaron de la incertidumbre de visitantes nacionales e internacionales que ya tenían el pasaje o lo querían adquirir, puesto que los paros convocados son indefinidos.Las protestas comenzaron este jueves, 25 de enero, y por la noche, estas acabaron con ciertos episodios violentos, puesto que la Policía despejó las protestas con gas lacrimógeno y hubo enfrentamientos entre manifestantes y agentes que dejaron varios heridos."Rechazamos toma de vías férreas por parte de manifestantes que bloquearon salida de trenes de Santuario de Machu Picchu. Si bien vías fueron liberadas, enfrentamientos dejaron varios policías heridos. Recalcamos que todo reclamo debe ser canalizado por el diálogo", indicó la Defensoría del Pueblo en la red social X.Añadió que el derecho a la protesta "no faculta a manifestantes a impedir el libre tránsito ni a afectar los derechos de otras personas" e hizo un llamado a la calma.También reiteró su pedido para que se agoten todos los esfuerzos para llegar a acuerdos por la vía del diálogo.Grupos de pobladores y de operadores turísticos de Machu Picchu iniciaron este jueves un paro indefinido de protestas por venta digital de entradas a la ciudadela inca, en lo que consideran una terciarización del servicio por parte del Ministerio de Cultura.El colectivo popular Machu Picchu convocó a partir de las 00.00 horas manifestaciones contra la ministra de Cultura peruana, Leslie Urteaga, quien anunció el cambio de venta de todas las entradas diarias al monumento a otra página web, que, según ha dicho, no cobra ningún tipo de comisión.Medios locales mostraron imágenes de una protesta en la plaza de Armas de Cuzco, y también pequeñas marchas en las vías de tren y en el propio pueblo de Machu Picchu, donde parten los autobuses para acceder al monumento y donde se concentran los pobladores descontentos con esta medida."Privatizar la venta de boletos para Machu Picchu favoreciendo a la empresas privada Joinnus que cobrará 3,9 % por cada boleto vendido haciendo al año una ganancia de 12 millones de soles (3,1 millones de dólares) promedio al año, mientras que Machu Picchu solo tiene promedio 3 millones de soles para el mantenimiento", reza el comunicado de dicho colectivo popular.Sin embargo, el Ministerio de Cultura ha negado que se esté privatizando el servicio y ha detallado que solo pagará el alquiler de la plataforma para la compra de boletas que fue diseñado por la empresa y negó que los turistas paguen una comisión a la compañía.
La fiscal de la Nación de Perú, Patricia Benavides, anunció que denunció en el Congreso a la presidenta Dina Boluarte y el primer ministro, Alberto Otárola, por cuatro muertes en las protestas antigubernamentales de 2022 y 2023, al replicar a una investigación abierta en su contra por la supuesta conformación de una red criminal en el Ministerio Público."Informo que he formulado una denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra los ciudadanos Dina Boluarte y Luis Alberto Otárola", dijo en una declaración en la que aseguró que la investigación abierta en su contra "tienen como propósito" amedrentarla para que no continúe su "lucha contra la impunidad".También contra los tres exministros de Interior que ocuparon la cartera durante la ola de protestas, César Cervanes, Víctor Rojas y Vicente Romero. A los cinco los denuncia por la presunta comisión de delito de homicidio calificado.Este lunes se llevó a cabo la operación "Valquiria V", a cargo del Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del poder (Eficcop), que acusa a Benavides de ser la cabeza de una red criminal de tráfico de influencias.Como parte de este operativo, detuvo al que era hasta ayer el gerente central del Despacho de la Fiscalía, Jaime Villanueva.Benavides afirmó en su mensaje que esta investigación es "un ataque premeditado" de quienes se oponen a su labor."Esta madrugada, el Ministerio Público ha sido objeto de un ataque premeditado de quienes se oponen a la labor que la ley nos encarga: luchar contra la impunidad y la corrupción orquestada en las más altas esferas del poder", dijo Benavides.La fiscal indicó que la institución que dirige tiene a cargo casos de máxima relevancia con personas que van a intentar utilizar su poder para "obstruir la justicia"."Las últimas horas son una demostración de quienes no quieren ser investigados y tienen aún la capacidad de ejercer represalias contra la institución que represento. Con este acto torpe que pretende desestabilizar la independencia y autonomía del Ministerio Público utilizando para tal deleznable propósito el mecanismo de utilizar a algunos fiscales", señaló en el pronunciamiento.También anunció que continuará investigando a altos funcionarios responsables de las "trágicas muertes que ocurrieron entre diciembre de 2022 y marzo de 2023" en las protestas, así como otros "casos emblemáticos"."Hoy es un día difícil, pero fundamental es la lucha contra la impunidad, contra la corrupción y contra los poderosos que no quieren que en nuestro país se haga justicia", dijo al añadir que no teme a las represalias que puedan seguirse tomando contra su persona.El pasado 24 de octubre, la Fiscalía extendió por ocho meses adicionales la investigación por las muertes en las protestas.Por ese caso, Boluarte acudió a declarar a la Fiscalía el pasado 27 de septiembre, cuando ratificó las explicaciones que ya dio en junio pasado sobre las decenas de muertes que se produjeron durante las manifestaciones antigubernamentales desarrolladas de diciembre a marzo pasado en su país y pidió que se cierre la investigación que se sigue en su contra.La mandataria fue citada como parte de la investigación preliminar abierta contra ella y otras altas autoridades de su gobierno por la presunta comisión de los delitos de genocidio, homicidio calificado y abuso de autoridad, a raíz de la muerte de 77 personas en las movilizaciones, 49 de ellas en enfrentamientos directos con las fuerzas de seguridad. Le podría interesar:
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, fue citada por la Fiscalía de su país para que declare el próximo 31 de mayo en la investigación preliminar abierta por las decenas de muertes que se produjeron durante las protestas antigubernamentales entre diciembre y marzo pasado.La citación fue programada desde las 09.00 hora local (14.00 GMT) del próximo miércoles y fue confirmada hoy por el abogado de Boluarte, Joseph Campos, quien dijo que esperan "con mucha expectativa ese día para efectos de poder hacer la declaración"."Expresamos nuestra vocación de colaboración para cerrar este capítulo que no tiene sentido. No es responsable mantener a la presidenta en una investigación jurídica respecto a esta responsabilidad", indicó Campos a la emisora RPP.La Fiscalía de la Nación (general) anunció el inicio de las pesquisas preliminares el pasado 10 de enero por la presunta comisión de los delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves.La gobernante ya acudió a la sede del Ministerio Público el pasado 7 de marzo, pero no llegó a declarar porque estaba pendiente de la resolución de una tutela de derechos presentada por la Procuraduría, que pidió que se le incluya en la investigación por la declaración del primer ministro, Alberto Otárola.En las pesquisas también se ha incluido al ex primer ministro Pedro Angulo, a los exministros del Interior Víctor Rojas y César Cervantes y al actual ministro de Defensa, Jorge Chávez.Aunque Campos aseguró que Boluarte tiene la intención de responder a la citación, no confirmó si la diligencia se realizará en la sede del Ministerio Público o en el Palacio de Gobierno, una prerrogativa que tiene la gobernante por su alto cargo."Tendremos que determinarlo", comentó antes de recordar que el día de la citación también se realiza reunión semanal del Consejo de Ministros y se ha programado un simulacro nacional de sismo.Las protestas estallaron en Perú tras el fallido golpe de Estado del entonces presidente Pedro Castillo (2021-2022) el 7 de diciembre pasado y continuaron desde enero con movilizaciones y enfrentamientos con las fuerzas del orden en demanda de la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso, el adelanto de las elecciones generales y la convocatoria a una asamblea constituyente.Según diversas fuentes, al menos 49 civiles murieron durante esos enfrentamientos, mientras que las protestas dejaron, en total, 77 fallecidos, ya que otras personas, entre ellas varios haitianos, también fallecieron por acciones como el bloqueo de carreteras.La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó en su último informe la violencia empleada por las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones y aseguró que ha encontrado casos de "ejecuciones extrajudiciales" en Perú.Señaló, además, que la violencia a manos de las fuerzas del orden en la región sureña de Ayacucho debe ser investigada "con un enfoque étnico-racial" y que la situación podría ser considerada como "una masacre", algo que fue rechazado por el Gobierno de Boluarte.La presidenta acusó el pasado 13 de mayo a Castillo de ser el "autor de las más de 60 víctimas" de las protestas, que vinculó con "el narcotráfico y la minería ilegal"."Nosotros ya sabemos, a donde vamos nos manda su piquete Pedro Castillo, financiado por el narcotráfico y financiado por la minería ilegal. No les vamos a hacer caso, nosotros seguimos trabajando", dijo.
El Ministerio Público de Perú anunció este martes que ha ampliado una investigación contra la presidenta peruana, Dina Boluarte, y el exmandatario Pedro Castillo por el presunto financiamiento prohibido de organizaciones políticas, lavado de activos y organización criminal a raíz de supuestos aportes ilegales en la campaña electoral del 2021.La investigación es seguida por la Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos contra Boluarte, Castillo y el empresario Henry Shimabukuro, que ha declarado ante la prensa haber financiado los viajes y actividades proselitistas de la hoy presidenta durante la campaña de 2021.En esa campaña, Castillo encabezaba la candidatura a la Presidencia de la República en una fórmula junto a Boluarte, que aspiraba a la Vicepresidencia.La presunta comisión de estos delitos se habría producido durante la campaña electoral del partido Perú Libre en el 2021, precisó la Fiscalía en su cuenta de Twitter.Boluarte, que sucedió a Castillo en diciembre del año pasado tras ser destituido por su fallido autogolpe, había rechazado el domingo las acusaciones en su contra y reiteró que eran una "oscura maniobra política que pretende manchar al gobierno constitucional, a la democracia y la institucionalidad, con dichos y sin pruebas"."No ha existido ningún tipo de negociación, pedidos o favores por parte de la señora Dina Boluarte", señaló su despacho a través de Twitter en alusión a las recientes denuncias de haber recibido dinero no declarado de empresarios en la campaña electoral.El último domingo, Maritza Sánchez, una profesora allegada a Castillo, denunció en el programa Cuarto Poder que Shimabukuro, un asesor en la sombra del expresidente, y Eduvigis Beltrán aportaron fuertes sumas de dinero a la campaña de Boluarte para acceder a programas de ayuda con el Estado y obtener a personas cercanas en altos cargos públicos.Sobre estas acusaciones, la Presidencia comentó que "si el señor Shimabukuro ha colaborado o financiado actividades partidarias, lo ha hecho absolutamente de manera personal y sin transar compromiso alguno".Debido a las acusaciones de Shimabukuro, la oposición en el Congreso ha anunciado una moción de destitución contra Boluarte, que puede ser formalizada esta semana durante el pleno.No obstante, la mandataria tuvo que responder el lunes a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en el Palacio de Gobierno por otro caso de presunta corrupción referido a las supuestas irregularidades en la contratación de empresas de su exasesora Grika Asayag.El pasado 1 de marzo, la Fiscalía de la Nación anunció el inicio de investigaciones preliminares por presunto tráfico de influencias contra Asayag, como parte de una investigación abierta por la supuesta comisión del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo contra el ministro de Trabajo, Alfonso Adrianzén, y el presidente del sistema de seguridad social EsSalud, Aurelio Orellana.
El papa Francisco pidió este domingo la "reconciliación y la paz" en Perú, al término del Ángelus dominical celebrado en la plaza San Pedro ante miles de personas."Renuevo las peticiones por la reconciliación y la paz en el Perú. Debemos rezar por el Perú, que está sufriendo tanto", dijo el pontífice tras saludar a los peregrinos de ese país, además de grupos de fieles llegados de Madrid y Pamplona (España).El pontífice argentino se ha referido en anteriores ocasiones a la crisis política y social que atraviesa Perú, país al que pidió, ya en el pasado diciembre, "emprender la vía del diálogo" y "cesar las violencias".Una solicitud que repitió en enero: "Me uno a los obispos peruanos al decir "No a la violencia, venga de donde venga, no más muertes", solicitó entonces el pontífice argentino desde la ventana del Palacio Apostólico.En su discurso de este domingo, el papa volvió a pedir por los pueblos de Ucrania, a causa de la guerra, Turquía y Siria, por el reciente terremoto, y sumó un rezo para el estado de Mississippi (EE.UU.), donde un tornado ha devastado cientos de viviendas y causado, al menos, 26 muertos. Papa Francisco: "Me siento cercano al pueblo ecuatoriano y aseguro mi oración por los difuntos"En días pasados, el papa Francisco expresó su "cercanía" al pueblo de Ecuador tras el terremoto que ha sacudido este país y que se ha saldado con al menos 14 muertos y cuantiosos daños materiales, también en el vecino Perú."Queridos hermanos y hermanas, ayer en Ecuador un terremoto ha causado muchos heridos e ingentes daños. Me siento cercano al pueblo ecuatoriano y aseguro mi oración por los difuntos y todos los que sufren", dijo desde la ventana del Palacio Apostólico tras el rezo del Ángelus dominical.El terremoto, que afectó a la zona fronteriza entre Ecuador y Perú, se ha saldado con 14 muertos en el primer país: doce en la provincia de El Oro y otros dos en Azuay, ambas en el sur.Le puede interesar:
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, acudirá en forma presencial a la Fiscalía para rendir su testimonio en la investigación por genocidio abierta en su contra, a raíz de los 70 decesos en las manifestaciones de protesta hasta la fecha, según informó su abogada este domingo a un medio local. La citación cursada a Boluarte por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, es para el martes 7 de marzo en forma presencial, a diferencia de la solicitud de la Presidencia de la República que planteó hacerlo en forma virtual."La decisión de la doctora (Boluarte) de participar en la diligencia de la Fiscalía siempre ha sido positiva y con toda la voluntad de querer coadyuvar en la averiguación de la verdad y de la investigación en concreto", declaró la abogada Kelly Montenegro al diario El Comercio. La letrada añadió que "el tema es que si la Fiscalía indica que la diligencia va a ser de manera presencial, pues irá de manera presencial". Montenegro aseguró que "nunca ha habido intención de querer, digamos, entorpecer u obstaculizar el trabajo que realiza la Fiscalía de la Nación. Jamás". En ese sentido, adelantó que este domingo tendrá una reunión de coordinación con la mandataria sobre el tema de su notificación ante la Fiscalía. Consultada el viernes en una rueda de prensa, Boluarte respondió que estaría asistiendo "con sumo agrado" cuando la Fiscalía la notifique de la diligencia.La Fiscalía de la Nación abrió una investigación preliminar contra la jefa de Estado en enero pasado por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves debido a los decesos y heridos por las protestas antigubernamentales desde diciembre último en varias regiones del país.En la investigación preliminar están incluidos el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola; su antecesor Pedro Angulo; el ministro de Defensa, Jorge Chávez, y los exministros Víctor Rojas y César Cervantes.Las protestas sociales estallaron en Perú tras el fallido golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022 y continuaron desde enero y los meses siguientes con una serie de movilizaciones y enfrentamientos con las fuerzas del orden en demanda de la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso, el adelanto de las elecciones generales y la convocatoria a una asamblea constituyente.Según la Defensoría del Pueblo, 48 personas murieron durante enfrentamientos con las fuerzas del orden, mientras que un policía perdió la vida tras ser quemado vivo y otras 11 personas debido a los bloqueos de carreteras por manifestantes. La presidenta Boluarte confirmó otro fallecimiento por estas mismas causas, el de un paciente que necesitaba llegar a Lima pero quedó retenido en los bloqueos, y Unicef informó del deceso de un bebé nonato, además de la muerte de una mujer en la norteña región de La Libertad, reportada por la Policía. El primer ministro, Alberto Otárola, confirmó el 19 de enero pasado el fallecimiento de cuatro ciudadanos haitianos y días más tarde la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) elevó la cifra a siete ciudadanos de ese país que quedaron varados, expuestos a adversidades climáticas y limitado acceso a servicios básicos. Le puede interesar:
El número de heridos en las protestas antigubernamentales de este sábado en la ciudad peruana de Juli (sur) subieron a 16, incluido un adolescente, en una jornada donde los manifestantes atacaron y quemaron la comisaría de la Policía Nacional de Perú (PNP) en esa localidad.La población de Juli reaccionó a la decisión de la Policía de dispersarlos con gases lacrimógenos lanzados desde helicópteros y un grupo se dirigió a la comisaría para atacarla con piedras y prenderle fuego.El Ejército también salió a las calles a controlar a los manifestantes, pero los militares fueron rodeados en una villa y atacados por algunos grupos.La Defensoría del Pueblo informó este sábado de que había verificado 16 heridos, diez civiles y seis militares, a raíz de los enfrentamientos entre pobladores y las fuerzas del orden por el incendio de la comisaría.La región de Puno, en la que se encuentra Juli, mantiene los bloqueos de caminos y paros de actividades desde enero pasado en que sus pobladores salieron a las calles a exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y una dura represión provocó la muerte de 18 personas en la vecina ciudad de Juliaca.Esta semana una delegación de sus pobladores llegó a Lima para insistir en la demanda de elecciones generales anticipadas, pero un grupo de mujeres con sus pequeños hijos cargados en brazos fueron reprimidas por la policía con gases lacrimógenos, lo que enervó a sus paisanos.DEFENSORÍA PIDE CALMALa Defensoría hizo un "llamado urgente a la calma y la no violencia en Juli" y añadió que corresponde a la Fiscalía investigar los hechos de violencia ocurridos este sábado y las causas de las lesiones ocasionadas a los heridos.Por su parte, la Red de Salud de Chucuito, en Puno, detalló que siete de los heridos son atendidos en el hospital Rafael Ortiz Ravines de Juli, entre los cuales hay un menor de 13 años por intoxicación por gas lacrimógeno, y un hombre de 48 años con herida de bala en el brazo derecho.El alcalde provincial de Chucuito-Juli, Víctor Raúl Anchapuri, pidió al gobierno y las fuerzas armadas y policiales a no reprimir a su pueblo, y "no utilizar armas de fuego u otros objetos que puedan herir a la población que se encuentra en pie de lucha", según un comunicado compartido en las redes sociales.Le puede interesar: 'Titulares Deportivos'
Un terremoto de magnitud 6,7 sacudió este viernes una región del sudeste asiático, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), menos de tres semanas después de que un fuerte sismo en la misma zona dejara más de 80 muertos.El temblor ocurrió en el sur de Filipinas a las 7:42 p. m. (11:42 GMT), a una profundidad de 65,7 kilómetros y a aproximadamente 21 kilómetros al suroeste de la localidad de Sarangani, en la isla de Mindanao, según el USGS.Por el momento no se emitieron alertas de tsunami.
El reciente terremoto registrado en Venezuela volvió a poner sobre la mesa la importancia de estar preparados ante un eventual movimiento sísmico de gran magnitud. En Santander, uno de los departamentos con mayor actividad sísmica del país, las autoridades aseguran que existen planes de contingencia y protocolos de respuesta para atender este tipo de emergencias.El director de Gestión del Riesgo de Santander, Eduard Sánchez, explicó que el departamento mantiene una coordinación permanente con las entidades técnicas, organismos operativos y de socorro para monitorear los diferentes fenómenos naturales que pueden presentarse en el territorio."Tenemos canales de comunicación muy importantes con todas las entidades técnicas y de socorro. Hemos analizado cada uno de los eventos naturales a los que somos vulnerables y para cada uno contamos con planes de contingencia y estrategias de respuesta", indicó el funcionario.Sánchez señaló que una de las principales tareas ha sido fortalecer la preparación de las comunidades mediante acciones preventivas como la identificación de rutas de evacuación, la revisión del estado de las viviendas y la promoción de medidas para reducir riesgos dentro de los hogares.Entre las recomendaciones, destacó la importancia de asegurar objetos que puedan desprenderse durante un sismo, conocer los lugares más seguros dentro de las viviendas y mantener un plan familiar de emergencia para saber cómo actuar en caso de un movimiento telúrico.El director recordó además que cada año se realiza el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias, un ejercicio que permite capacitar a la ciudadanía y fortalecer la capacidad de reacción de las instituciones frente a este tipo de eventos."El simulacro nos permite trabajar directamente con las comunidades para que conozcan cómo actuar cuando ocurre una emergencia y tengan presentes las medidas de autoprotección", afirmó.Uno de los aspectos que, según las autoridades, brinda mayor tranquilidad es el cumplimiento de las normas de sismorresistencia en las construcciones más recientes, especialmente en el área metropolitana de Bucaramanga.Sánchez explicó que la frecuente actividad sísmica registrada en el sector de la Mesa de Los Santos ha permitido fortalecer la cultura de la prevención y el cumplimiento de los estándares técnicos en las edificaciones."Afortunadamente, los procesos constructivos cumplen hoy con la normatividad de sismorresistencia. En Santander, especialmente en la Mesa de Los Santos, los movimientos sísmicos son frecuentes, pero no hemos tenido afectaciones significativas. Esto demuestra la responsabilidad que ha existido en la construcción de edificios y viviendas bajo los requisitos técnicos establecidos", manifestó.El funcionario concluyó que, aunque el departamento mantiene un buen nivel de preparación, especialmente en el área metropolitana, la reducción del riesgo también depende de que la ciudadanía conozca los protocolos de evacuación, participe en los simulacros y adopte medidas preventivas dentro de sus hogares, debido a que Santander continúa siendo una de las regiones con mayor actividad sísmica del país.
Justo el día en el que Abelardo de la Espriella recibía su credencial como presidente electo de Colombia, las disidencias de alias 'Calarcá' enviaron su primer mensaje al mandatario que tan solo minutos antes les había dado un ultimátum para someterse a la justicia colombiana."A todos los ilegales disponen de un mes para organizar su sometimiento al estado de derecho. En mi gobierno no habrá ofertas generosas ni concesiones inaceptables", insistió el mandatario electo.En la Troncal de Occidente el Frente 36 de las disidencias de alias 'Calarcá' instaló varios artefactos explosivos en la vía que comunica a Medellín con la Costa Caribe, ocasionando el cierre por más de 12 horas de este importante tramo a nivel nacional.Tras la llegada de la Fuerza Pública al sector La Paulina del municipio de Valdivia y cuando las autoridades hacían la detonación controlada de uno de los elementos, comenzó el hostigamiento a los expertos que buscaban habilitar el corredor vial.Una vez acabó el ataque armado y los uniformados pudieron seguir con sus labores, la Troncal de Occidente fue habilitada ante la presencia masiva del Ejército Nacional que sigue alerta ante cualquier novedad en la vía."Fueron desactivados dos cilindros, los cuales habían sido colocados en la vía. Asimismo, se desactivaron dos artefactos explosivos más, los cuales estaban ubicados como trampas, donde podían haber caído la población civil y el personal que en este momento se encontraba desarrollando el procedimiento", manifestó el brigadier general Eduardo Arias, comandante de la Séptima División.Sin embargo, una vez con la situación normalizada en el Norte antioqueño llamó la atención un mensaje pintada en el suelo con pintura roja, “no comemos de Tigre ni de paramilitares”, en un mensaje directo al presidente electo, Abelardo De La Espriella.Ante la expectativa por la respuesta del mandatario electo, que ha promulgado su lucha frontal contra los grupos ilegales, la zozobra y el temor se apoderan nuevamente de Valdivia y sus alrededores en donde se ha vuelto repetitivo los ataques armados en este importante sector para la movilidad de la región.
Los terremotos que sacudieron el norte de Venezuela continúan dejando un saldo cada vez más devastador. La presidenta Delcy Rodríguez confirmó este viernes que la cifra de fallecidos ascendió a 589 personas, mientras que 2.980 personas resultaron heridas. La mandataria también destacó que los organismos de socorro han logrado rescatar con vida a decenas de sobrevivientes atrapados entre los escombros."Debemos informar que lamentablemente ya tenemos 589 personas fallecidas y 2.980 personas heridas, pero también hemos rescatado con vida decenas de personas, que nos causa alegría que puedan dar ese abrazo a su familia y a los seres queridos", declaró Rodríguez durante un balance oficial. Asimismo, indicó que desde los sismos se han registrado 214 réplicas, evidencia de que la actividad sísmica continúa en el territorio venezolano. "Este proceso de liberación de fuerzas sísmicas se está dando en las últimas horas", agregó.Ante la magnitud de la tragedia, la comunidad internacional ha intensificado su apoyo. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA) anunció que equipos internacionales de búsqueda y rescate de al menos 17 países se encuentran movilizándose hacia Venezuela para colaborar en la localización de sobrevivientes y la atención de la emergencia."La prioridad absoluta es llevar esos equipos de búsqueda y rescate al lugar", afirmó en Ginebra el portavoz de OCHA, Jens Laerke. El funcionario calificó los terremotos como "una de las cosas más devastadoras que pueden ocurrirle a cualquier país" y destacó la rapidez con la que ha reaccionado el sistema humanitario internacional. "Lo que estamos viendo ahora es una movilización internacional en su mejor versión. Todo el sistema humanitario se está moviendo muy rápido y a gran escala", aseguró.Los sismos de magnitud 7,2 y 7,5, registrados el miércoles, provocaron el colapso de decenas de edificaciones, especialmente en La Guaira, ciudad costera cercana a Caracas, donde se concentra gran parte de los daños. Las autoridades continúan evaluando la magnitud de la destrucción mientras avanzan las labores de remoción de escombros y búsqueda de personas desaparecidas.Hasta el momento se han desplegado 25 equipos especializados, entre ellos 17 unidades nacionales de búsqueda y rescate urbano y varios equipos de respuesta médica de emergencia, que en conjunto suman alrededor de 1.000 rescatistas.De acuerdo con la ONU, ya se encuentran operando en Venezuela equipos procedentes de Chile, Colombia, El Salvador, Italia, México, Suiza y Estados Unidos, mientras que brigadas de Reino Unido, República Checa, Ecuador, Francia, Alemania, Jordania, Países Bajos, Catar y España también se dirigen al país para reforzar las labores de rescate y asistencia humanitaria.
El estado costero de La Guaira, puerta de entrada a Venezuela, enfrenta una de sus horas más oscuras tras un sismo que ha dejado imágenes desoladoras de edificios prácticamente destruidos que "se cayeron como castillos de Naipes".En medio de esta tragedia, las autoridades han declarado el estado de emergencia en las parroquias de Caraballeda y Catia La Mar, las zonas que requieren mayor atención inmediata.Operaciones de rescate y esperanzaAndrés Goncalvez, secretario de seguridad de La Guaira, informó que las labores de búsqueda no se han detenido y que la prioridad absoluta es localizar a personas atrapadas bajo las estructuras colapsadas. Según Goncalvez, el esfuerzo ha dado frutos: "Ayer... más de cinco personas ahí, gracias a Dios, rescatadas con vida".Pese a los testimonios desgarradores de familias que escuchan gritos bajo las toneladas de concreto, el funcionario enfatizó que "son lo último que se pierde, la esperanza". Respuesta gubernamental y apoyo internacionalDesde la noche del domingo, el gobierno nacional ordenó la instalación de puestos de comando y el despliegue de cuerpos de bomberos y paramédicos de diversos estados del país. La fase de recuperación ha comenzado con la llegada de más de 150 máquinas amarillas destinadas al despeje de vialidad y remoción de escombros. La tragedia también ha convocado la solidaridad extranjera. "Ayer entramos en la fase de recuperación, ya llegaron los primeros apoyos internacionales de la República Dominicana, varios rescatistas", señaló el secretario de seguridad, añadiendo que otros países se están sumando a la labor de colaboración. Restablecimiento de servicios y logísticaEl impacto en la infraestructura ha sido severo, afectando incluso al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar. Durante la noche, una comitiva de altos funcionarios supervisó las "obras nocturnas reparando la pista del aeropuerto" para garantizar su operatividad. Paralelamente, se trabaja en el restablecimiento de la energía eléctrica en zonas como Macuto y en la distribución de suministros básicos. "Hoy también estamos recibiendo por Ministerio de Alimentación, camiones de alimentación, comida para brindarle todo el apoyo a nuestro estado", confirmó Goncalvez, quien destacó la resiliencia y solidaridad típica de la cultura venezolana ante la magnitud de la catástrofe. Aunque todavía no existe un balance definitivo de víctimas, se estima que la cifra de personas afectadas podría superar las 70,000 en toda la región.Escuche aquí la entrevista:
