La situación política de Perú se encuentra en un punto crítico tras la destitución de la Presidencia de Dina Boluarte y la posesión del nuevo presidente José Gerí. En entrevista con Blu Radio, el expresidente del Consejo de Ministros Pedro Cateriano aseguró que el país atraviesa “la etapa más inestable de su historia republicana” y que, detrás de esta crisis, existe una “alianza siniestra” entre los sectores más radicales de la derecha y de la izquierda.“Elegir de manera irresponsable a una dupla como Castillo y Boluarte, avalada por un partido marxista leninista que no cree en la democracia nos ha puesto en esta situación, y esa es la penosa y vergonzosa realidad”, señaló, refiriéndose a los gobiernos de José Pedro Castillo, quien fue destituido del cargo, y Dina Boluarte, quien lo sucedió y tampoco completó su periodo presidencial. De acuerdo con el exfuncionario, desde hace tres años existe en el Congreso peruano una coalición entre el fujimorismo (derecha) y el movimiento de Vladimir Cerrón (izquierda), que —pese a haberse presentado como enemigos irreconciliables— “han privilegiado sus intereses personales, políticos y partidarios y han dejado de lado el interés nacional”.Grave deterioro a la seguridad ciudadanaCateriano advirtió que, además del caos político, el país enfrenta un "grave deterioro en materia de seguridad ciudadana". Y es que solo en el primer semestre del año se registraron 161 homicidios, cifra superior a la totalidad de 2024, mientras que también aumentaron las extorsiones y ataques armados, lo que evidencia la expansión de economías ilegales como la minería ilícita.“Hace años advertí al Congreso que la principal amenaza para el país era la minería ilegal. Y con la inacción de el inepto gobierno de Castillo y Boluarte, la minería ilegal ha avanzado lamentablemente en el país y esto ha traído como consecuencia el también el el el nivel delincuencial que nunca hemos tenido”, dijo.¿Una economía estable pese al caos político?Uno de los aspectos más llamativos, según Cateriano, es que Perú ha mantenido relativa estabilidad económica pese a los constantes cambios presidenciales. El exministro le atribuyó ese fenómeno al manejo prudente del Banco Central de Reserva de Perú, que "ha actuado con independencia y responsabilidad".“El Banco Central de Reserva ha estado manejado por un funcionario competente, responsable, que no es demagogo y ha defendido la estabilidad monetaria del país con preceptos que son fundamentales. No gastar más de lo que se tiene, no endeudarse, no ser populista", aseveró.Para Cateriano, el contexto económico internacional ha permitido que se aumenten los precios de los minerales en el país. Pese a que "la izquierda ha boicoteado la actividad minera en el Perú y ha permitido el avance de la minería ilegal", esta misma ha generado recursos económicos para Perú, lo que califica como una "tentación populista".Una democracia vulneradaEl ex primer ministro calificó el proceso de destitución de Dina Boluarte como una violación al debido proceso. "En cualquier democracia, el debido proceso y el derecho de defensa son fundamentales”, pero aseguró que Boluarte "era indefendible desde el punto de vista político y penal" y que "usó la mentira como forma de gobierno de manera permanente". Finalmente, Cateriano puntualizó que la inestabilidad institucional ha tenido efectos directos sobre la gestión pública, teniendo como resultado hospitales en abandono, servicios básicos deficientes y una alta rotación ministerial que impide ejecutar políticas sostenidas.“El Perú tiene tres millones y medio de compatriotas no tienen agua potable. Sin embargo, las 50 empresas públicas que tenemos están ahí, son botines políticos. Y en ese aspecto hay un atraso. Pagamos las consecuencias de esta inestabilidad”, argumentando que el "gobierno vulnera permanentemente el orden democrático y constitucional", y que esa es "la razón fundamental por la cual los jóvenes en el Perú hoy protestan". Escuche la entrevista completa aquí:
Al menos 17 heridos y alrededor de 1.500 turistas afectados dejan las protestas que mantienen bloqueada la vía ferroviaria por donde transitan los trenes que llegan a Machu Picchu, informó este martes Werner Salcedo, gobernador regional de Cusco, departamento del sur de Perú en donde se encuentra la ciudadela inca.“Hemos solicitado hace dos o tres semanas la instalación de una mesa porque se veía venir este problema, y hoy ya recién, que tenemos 17 heridos, se establece”, expresó a medios locales Salcedo, que confirmó que finalmente se reunirá con el alcalde provincial y todos los alcaldes distritales, en una mesa de diálogo este martes a las 15:00 hora local (22:00 GMT).La reunión, confirmó al medio RPP, se dará en la sede del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MIncetur), para tratar no solo la situación de las empresas de autobuses, también la venta de boletos y la gestión completa del santuario que arrastra desde hace días una situación social convulsa en torno al santuario.La paralización del servicio ferroviario entre las poblaciones de Ollantaytambo y Machu Picchu Pueblo, que es la principal forma de llegada de la mayoría de turistas que visitan Machu Picchu, ha hecho que más de 1.300 turistas nacionales y extranjeros fueran evacuados a Ollantaytambo, y otros 200 permanezcan a la espera, a menos que se camine varias horas por los raíles hasta la zona más cercana donde pueden entrar vehículos.Además, el jefe de la Región Policial de Cusco, Julio César Becerra Cámara, informó que la vía ferroviaria se había visto afectadas, presentando una "extraña excavación bajo los rieles", por lo que el servicio de trenes para evacuar este último grupo se veía, por el momento, impedido.Bloqueos, evacuaciones y heridosLa vía fue escenario en la noche del lunes de un enfrentamiento entre la Policía Nacional y manifestantes que dejó en ese momento al menos diez heridos, según reportó la agencia oficial Andina, después de que los agentes trataran de liberar las vías para evacuar a los turistas que se encontraban atrapados debido al parón.La empresa de Ferrocarril Trasandino S.A., concesionario de la vía férrea, autorizó el traslado de los visitantes de manera excepcional para movilizar a los pasajeros atrapados en Machu Picchu Pueblo, conocido popularmente como Aguas Calientes, hasta Ollantaytambo, pese a que este servicio había sido cesado temporalmente.Sin embargo, esta maniobra fue interrumpida por grupos de manifestantes que solicitan la llegada de los nuevos autobuses que deben realizar el transporte de turistas desde Machu Picchu Pueblo hasta la zona arqueológica de la ciudadela inca.Las unidades pertenecientes a la empresa Inversiones Sumaq Ayllu San Antonio de Torontoy debían haber iniciado su servicio desde el 5 de septiembre, cuando venció la concesión que tenían los autobuses de la compañía Consettur, que ha operado este servicio desde hace 30 años.Sin embargo, el transporte de los autobuses quedó suspendido el lunes después de que los vagones que debían transportarlos sufrieron presuntamente un sabotaje con el corte de cables como los frenos y otros implementos.En su demanda, los participantes de la protesta exigen además el retiro de los autobuses, Consettur, y que continúan operando a falta de que Perú Rail, encargada del transporte de autobuses de una zona a otra, traiga la nueva flota.Estas protestas suceden además el supuesto ataque deliberado en las unidades de Perú Rail que estaban destinadas a trasladar esta nueva flota de autobuses.
Perú anunció este lunes que evalúa suspender temporalmente las visitas a Machu Picchu, tras cuatro días de protestas de pobladores contra la "privatización" de la venta de entradas a esta ciudadela inca patrimonio cultural de la Humanidad.Según la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, los líderes de la movilización plantearon el cierre por seguridad, ante la falta de diálogo para levantar la medida que incluye el cierre de comercios, marchas y bloqueos en la vía férrea."Vamos a evaluar los pedidos que hace este colectivo, que entre ellos es cerrar la llapta (ciudadela). Eso sería doloroso para todos, pero lo vamos a evaluar", dijo Urteaga al canal estatal.El fin de semana fueron evacuados en tren más de 1.200 turistas nacionales y extranjeros que quedaron atrapados en las protestas, algunos de los cuales no lograron ingresar al complejo prehispánico.La policía organizó y resguardó su salida, tras los bloqueos viales.El servicio de tren, principal medio de transporte en el sitio, está suspendido desde el viernes.La ministra de Cultura añadió que el gobierno solo dialogará si se levanta la "huelga" que deja pérdidas diarias por un millón de soles (unos 263 mil dólares).La protesta fue organizada por colectivos del distrito de Machu Picchu Pueblo, en el departamento de Cusco, en rechazo a la decisión del ministerio de Cultura de contratar a un intermediario privado para que gestione la venta en línea de los ingresos.El gobierno había alegado en principio problemas con su plataforma, pero este lunes denunció un foco de corrupción en la gestión de los boletos que cedía para su venta en ventanilla.Se vienen "haciendo todos los esfuerzos por romper con una mafia que ha venido ilegalmente mal utilizando el tema de las entradas y no vamos a dar un paso atrás en la necesidad de cambiar este modelo de corrupción", dijo el jefe de gabinete, Alberto Otálora.El ministerio de Cultura contrató a la empresa peruana Joinnus para que venda por internet los ingresos a Machu Picchu y la red de caminos incas.Sin embargo, comerciantes y operadores turísticos se oponen al nuevo sistema, que comenzó a funcionar hace nueve días, por considerar que es el primer paso hacia la privatización del lugar.La ciudadela recibe en promedio unos 4.500 visitantes por día. Bajo el nuevo esquema de operación, el gobierno reservó unos 1.000 boletos diarios para su venta directa en el Centro Cultural de Machu Picchu Pueblo.Hace un año, las autoridades cerraron el ingreso al complejo turístico por 25 días, a raíz de protestas contra la destitución del encarcelado expresidente Pedro Castillo, tras su fallido intento de disolver el Congreso.Patrimonio Cultural de la Humanidad desde 1983, Machu Picchu, ubicado a 130 kilómetros de la ciudad de Cusco y a 2.438 metros de altura, fue construido en el siglo XV por orden del emperador inca Pachacútec (1438-1470).
El acceso en tren a Machu Picchu está cerrado debido al paro indefinido que pobladores y operadores de turismo han convocado por la venta digital de entradas a la ciudadela inca, informó en un comunicado la empresa Ferrocarril Transandino, que es concesionaria de dicha vía de tren.Tanto Perú Rail como Inca Rail, las dos únicas compañías que ofrecen el trayecto desde la ciudad de Ollantaytambo al propio pueblo de Machu Picchu, han suspendido la venta de tiquetes y los viajes programados para este viernes 26 de enero.Medios locales informaron de la incertidumbre de visitantes nacionales e internacionales que ya tenían el pasaje o lo querían adquirir, puesto que los paros convocados son indefinidos.Las protestas comenzaron este jueves, 25 de enero, y por la noche, estas acabaron con ciertos episodios violentos, puesto que la Policía despejó las protestas con gas lacrimógeno y hubo enfrentamientos entre manifestantes y agentes que dejaron varios heridos."Rechazamos toma de vías férreas por parte de manifestantes que bloquearon salida de trenes de Santuario de Machu Picchu. Si bien vías fueron liberadas, enfrentamientos dejaron varios policías heridos. Recalcamos que todo reclamo debe ser canalizado por el diálogo", indicó la Defensoría del Pueblo en la red social X.Añadió que el derecho a la protesta "no faculta a manifestantes a impedir el libre tránsito ni a afectar los derechos de otras personas" e hizo un llamado a la calma.También reiteró su pedido para que se agoten todos los esfuerzos para llegar a acuerdos por la vía del diálogo.Grupos de pobladores y de operadores turísticos de Machu Picchu iniciaron este jueves un paro indefinido de protestas por venta digital de entradas a la ciudadela inca, en lo que consideran una terciarización del servicio por parte del Ministerio de Cultura.El colectivo popular Machu Picchu convocó a partir de las 00.00 horas manifestaciones contra la ministra de Cultura peruana, Leslie Urteaga, quien anunció el cambio de venta de todas las entradas diarias al monumento a otra página web, que, según ha dicho, no cobra ningún tipo de comisión.Medios locales mostraron imágenes de una protesta en la plaza de Armas de Cuzco, y también pequeñas marchas en las vías de tren y en el propio pueblo de Machu Picchu, donde parten los autobuses para acceder al monumento y donde se concentran los pobladores descontentos con esta medida."Privatizar la venta de boletos para Machu Picchu favoreciendo a la empresas privada Joinnus que cobrará 3,9 % por cada boleto vendido haciendo al año una ganancia de 12 millones de soles (3,1 millones de dólares) promedio al año, mientras que Machu Picchu solo tiene promedio 3 millones de soles para el mantenimiento", reza el comunicado de dicho colectivo popular.Sin embargo, el Ministerio de Cultura ha negado que se esté privatizando el servicio y ha detallado que solo pagará el alquiler de la plataforma para la compra de boletas que fue diseñado por la empresa y negó que los turistas paguen una comisión a la compañía.
La fiscal de la Nación de Perú, Patricia Benavides, anunció que denunció en el Congreso a la presidenta Dina Boluarte y el primer ministro, Alberto Otárola, por cuatro muertes en las protestas antigubernamentales de 2022 y 2023, al replicar a una investigación abierta en su contra por la supuesta conformación de una red criminal en el Ministerio Público."Informo que he formulado una denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra los ciudadanos Dina Boluarte y Luis Alberto Otárola", dijo en una declaración en la que aseguró que la investigación abierta en su contra "tienen como propósito" amedrentarla para que no continúe su "lucha contra la impunidad".También contra los tres exministros de Interior que ocuparon la cartera durante la ola de protestas, César Cervanes, Víctor Rojas y Vicente Romero. A los cinco los denuncia por la presunta comisión de delito de homicidio calificado.Este lunes se llevó a cabo la operación "Valquiria V", a cargo del Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del poder (Eficcop), que acusa a Benavides de ser la cabeza de una red criminal de tráfico de influencias.Como parte de este operativo, detuvo al que era hasta ayer el gerente central del Despacho de la Fiscalía, Jaime Villanueva.Benavides afirmó en su mensaje que esta investigación es "un ataque premeditado" de quienes se oponen a su labor."Esta madrugada, el Ministerio Público ha sido objeto de un ataque premeditado de quienes se oponen a la labor que la ley nos encarga: luchar contra la impunidad y la corrupción orquestada en las más altas esferas del poder", dijo Benavides.La fiscal indicó que la institución que dirige tiene a cargo casos de máxima relevancia con personas que van a intentar utilizar su poder para "obstruir la justicia"."Las últimas horas son una demostración de quienes no quieren ser investigados y tienen aún la capacidad de ejercer represalias contra la institución que represento. Con este acto torpe que pretende desestabilizar la independencia y autonomía del Ministerio Público utilizando para tal deleznable propósito el mecanismo de utilizar a algunos fiscales", señaló en el pronunciamiento.También anunció que continuará investigando a altos funcionarios responsables de las "trágicas muertes que ocurrieron entre diciembre de 2022 y marzo de 2023" en las protestas, así como otros "casos emblemáticos"."Hoy es un día difícil, pero fundamental es la lucha contra la impunidad, contra la corrupción y contra los poderosos que no quieren que en nuestro país se haga justicia", dijo al añadir que no teme a las represalias que puedan seguirse tomando contra su persona.El pasado 24 de octubre, la Fiscalía extendió por ocho meses adicionales la investigación por las muertes en las protestas.Por ese caso, Boluarte acudió a declarar a la Fiscalía el pasado 27 de septiembre, cuando ratificó las explicaciones que ya dio en junio pasado sobre las decenas de muertes que se produjeron durante las manifestaciones antigubernamentales desarrolladas de diciembre a marzo pasado en su país y pidió que se cierre la investigación que se sigue en su contra.La mandataria fue citada como parte de la investigación preliminar abierta contra ella y otras altas autoridades de su gobierno por la presunta comisión de los delitos de genocidio, homicidio calificado y abuso de autoridad, a raíz de la muerte de 77 personas en las movilizaciones, 49 de ellas en enfrentamientos directos con las fuerzas de seguridad. Le podría interesar:
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, fue citada por la Fiscalía de su país para que declare el próximo 31 de mayo en la investigación preliminar abierta por las decenas de muertes que se produjeron durante las protestas antigubernamentales entre diciembre y marzo pasado.La citación fue programada desde las 09.00 hora local (14.00 GMT) del próximo miércoles y fue confirmada hoy por el abogado de Boluarte, Joseph Campos, quien dijo que esperan "con mucha expectativa ese día para efectos de poder hacer la declaración"."Expresamos nuestra vocación de colaboración para cerrar este capítulo que no tiene sentido. No es responsable mantener a la presidenta en una investigación jurídica respecto a esta responsabilidad", indicó Campos a la emisora RPP.La Fiscalía de la Nación (general) anunció el inicio de las pesquisas preliminares el pasado 10 de enero por la presunta comisión de los delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves.La gobernante ya acudió a la sede del Ministerio Público el pasado 7 de marzo, pero no llegó a declarar porque estaba pendiente de la resolución de una tutela de derechos presentada por la Procuraduría, que pidió que se le incluya en la investigación por la declaración del primer ministro, Alberto Otárola.En las pesquisas también se ha incluido al ex primer ministro Pedro Angulo, a los exministros del Interior Víctor Rojas y César Cervantes y al actual ministro de Defensa, Jorge Chávez.Aunque Campos aseguró que Boluarte tiene la intención de responder a la citación, no confirmó si la diligencia se realizará en la sede del Ministerio Público o en el Palacio de Gobierno, una prerrogativa que tiene la gobernante por su alto cargo."Tendremos que determinarlo", comentó antes de recordar que el día de la citación también se realiza reunión semanal del Consejo de Ministros y se ha programado un simulacro nacional de sismo.Las protestas estallaron en Perú tras el fallido golpe de Estado del entonces presidente Pedro Castillo (2021-2022) el 7 de diciembre pasado y continuaron desde enero con movilizaciones y enfrentamientos con las fuerzas del orden en demanda de la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso, el adelanto de las elecciones generales y la convocatoria a una asamblea constituyente.Según diversas fuentes, al menos 49 civiles murieron durante esos enfrentamientos, mientras que las protestas dejaron, en total, 77 fallecidos, ya que otras personas, entre ellas varios haitianos, también fallecieron por acciones como el bloqueo de carreteras.La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó en su último informe la violencia empleada por las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones y aseguró que ha encontrado casos de "ejecuciones extrajudiciales" en Perú.Señaló, además, que la violencia a manos de las fuerzas del orden en la región sureña de Ayacucho debe ser investigada "con un enfoque étnico-racial" y que la situación podría ser considerada como "una masacre", algo que fue rechazado por el Gobierno de Boluarte.La presidenta acusó el pasado 13 de mayo a Castillo de ser el "autor de las más de 60 víctimas" de las protestas, que vinculó con "el narcotráfico y la minería ilegal"."Nosotros ya sabemos, a donde vamos nos manda su piquete Pedro Castillo, financiado por el narcotráfico y financiado por la minería ilegal. No les vamos a hacer caso, nosotros seguimos trabajando", dijo.
El Ministerio Público de Perú anunció este martes que ha ampliado una investigación contra la presidenta peruana, Dina Boluarte, y el exmandatario Pedro Castillo por el presunto financiamiento prohibido de organizaciones políticas, lavado de activos y organización criminal a raíz de supuestos aportes ilegales en la campaña electoral del 2021.La investigación es seguida por la Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos contra Boluarte, Castillo y el empresario Henry Shimabukuro, que ha declarado ante la prensa haber financiado los viajes y actividades proselitistas de la hoy presidenta durante la campaña de 2021.En esa campaña, Castillo encabezaba la candidatura a la Presidencia de la República en una fórmula junto a Boluarte, que aspiraba a la Vicepresidencia.La presunta comisión de estos delitos se habría producido durante la campaña electoral del partido Perú Libre en el 2021, precisó la Fiscalía en su cuenta de Twitter.Boluarte, que sucedió a Castillo en diciembre del año pasado tras ser destituido por su fallido autogolpe, había rechazado el domingo las acusaciones en su contra y reiteró que eran una "oscura maniobra política que pretende manchar al gobierno constitucional, a la democracia y la institucionalidad, con dichos y sin pruebas"."No ha existido ningún tipo de negociación, pedidos o favores por parte de la señora Dina Boluarte", señaló su despacho a través de Twitter en alusión a las recientes denuncias de haber recibido dinero no declarado de empresarios en la campaña electoral.El último domingo, Maritza Sánchez, una profesora allegada a Castillo, denunció en el programa Cuarto Poder que Shimabukuro, un asesor en la sombra del expresidente, y Eduvigis Beltrán aportaron fuertes sumas de dinero a la campaña de Boluarte para acceder a programas de ayuda con el Estado y obtener a personas cercanas en altos cargos públicos.Sobre estas acusaciones, la Presidencia comentó que "si el señor Shimabukuro ha colaborado o financiado actividades partidarias, lo ha hecho absolutamente de manera personal y sin transar compromiso alguno".Debido a las acusaciones de Shimabukuro, la oposición en el Congreso ha anunciado una moción de destitución contra Boluarte, que puede ser formalizada esta semana durante el pleno.No obstante, la mandataria tuvo que responder el lunes a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en el Palacio de Gobierno por otro caso de presunta corrupción referido a las supuestas irregularidades en la contratación de empresas de su exasesora Grika Asayag.El pasado 1 de marzo, la Fiscalía de la Nación anunció el inicio de investigaciones preliminares por presunto tráfico de influencias contra Asayag, como parte de una investigación abierta por la supuesta comisión del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo contra el ministro de Trabajo, Alfonso Adrianzén, y el presidente del sistema de seguridad social EsSalud, Aurelio Orellana.
El papa Francisco pidió este domingo la "reconciliación y la paz" en Perú, al término del Ángelus dominical celebrado en la plaza San Pedro ante miles de personas."Renuevo las peticiones por la reconciliación y la paz en el Perú. Debemos rezar por el Perú, que está sufriendo tanto", dijo el pontífice tras saludar a los peregrinos de ese país, además de grupos de fieles llegados de Madrid y Pamplona (España).El pontífice argentino se ha referido en anteriores ocasiones a la crisis política y social que atraviesa Perú, país al que pidió, ya en el pasado diciembre, "emprender la vía del diálogo" y "cesar las violencias".Una solicitud que repitió en enero: "Me uno a los obispos peruanos al decir "No a la violencia, venga de donde venga, no más muertes", solicitó entonces el pontífice argentino desde la ventana del Palacio Apostólico.En su discurso de este domingo, el papa volvió a pedir por los pueblos de Ucrania, a causa de la guerra, Turquía y Siria, por el reciente terremoto, y sumó un rezo para el estado de Mississippi (EE.UU.), donde un tornado ha devastado cientos de viviendas y causado, al menos, 26 muertos. Papa Francisco: "Me siento cercano al pueblo ecuatoriano y aseguro mi oración por los difuntos"En días pasados, el papa Francisco expresó su "cercanía" al pueblo de Ecuador tras el terremoto que ha sacudido este país y que se ha saldado con al menos 14 muertos y cuantiosos daños materiales, también en el vecino Perú."Queridos hermanos y hermanas, ayer en Ecuador un terremoto ha causado muchos heridos e ingentes daños. Me siento cercano al pueblo ecuatoriano y aseguro mi oración por los difuntos y todos los que sufren", dijo desde la ventana del Palacio Apostólico tras el rezo del Ángelus dominical.El terremoto, que afectó a la zona fronteriza entre Ecuador y Perú, se ha saldado con 14 muertos en el primer país: doce en la provincia de El Oro y otros dos en Azuay, ambas en el sur.Le puede interesar:
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, acudirá en forma presencial a la Fiscalía para rendir su testimonio en la investigación por genocidio abierta en su contra, a raíz de los 70 decesos en las manifestaciones de protesta hasta la fecha, según informó su abogada este domingo a un medio local. La citación cursada a Boluarte por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, es para el martes 7 de marzo en forma presencial, a diferencia de la solicitud de la Presidencia de la República que planteó hacerlo en forma virtual."La decisión de la doctora (Boluarte) de participar en la diligencia de la Fiscalía siempre ha sido positiva y con toda la voluntad de querer coadyuvar en la averiguación de la verdad y de la investigación en concreto", declaró la abogada Kelly Montenegro al diario El Comercio. La letrada añadió que "el tema es que si la Fiscalía indica que la diligencia va a ser de manera presencial, pues irá de manera presencial". Montenegro aseguró que "nunca ha habido intención de querer, digamos, entorpecer u obstaculizar el trabajo que realiza la Fiscalía de la Nación. Jamás". En ese sentido, adelantó que este domingo tendrá una reunión de coordinación con la mandataria sobre el tema de su notificación ante la Fiscalía. Consultada el viernes en una rueda de prensa, Boluarte respondió que estaría asistiendo "con sumo agrado" cuando la Fiscalía la notifique de la diligencia.La Fiscalía de la Nación abrió una investigación preliminar contra la jefa de Estado en enero pasado por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves debido a los decesos y heridos por las protestas antigubernamentales desde diciembre último en varias regiones del país.En la investigación preliminar están incluidos el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola; su antecesor Pedro Angulo; el ministro de Defensa, Jorge Chávez, y los exministros Víctor Rojas y César Cervantes.Las protestas sociales estallaron en Perú tras el fallido golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022 y continuaron desde enero y los meses siguientes con una serie de movilizaciones y enfrentamientos con las fuerzas del orden en demanda de la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso, el adelanto de las elecciones generales y la convocatoria a una asamblea constituyente.Según la Defensoría del Pueblo, 48 personas murieron durante enfrentamientos con las fuerzas del orden, mientras que un policía perdió la vida tras ser quemado vivo y otras 11 personas debido a los bloqueos de carreteras por manifestantes. La presidenta Boluarte confirmó otro fallecimiento por estas mismas causas, el de un paciente que necesitaba llegar a Lima pero quedó retenido en los bloqueos, y Unicef informó del deceso de un bebé nonato, además de la muerte de una mujer en la norteña región de La Libertad, reportada por la Policía. El primer ministro, Alberto Otárola, confirmó el 19 de enero pasado el fallecimiento de cuatro ciudadanos haitianos y días más tarde la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) elevó la cifra a siete ciudadanos de ese país que quedaron varados, expuestos a adversidades climáticas y limitado acceso a servicios básicos. Le puede interesar:
El número de heridos en las protestas antigubernamentales de este sábado en la ciudad peruana de Juli (sur) subieron a 16, incluido un adolescente, en una jornada donde los manifestantes atacaron y quemaron la comisaría de la Policía Nacional de Perú (PNP) en esa localidad.La población de Juli reaccionó a la decisión de la Policía de dispersarlos con gases lacrimógenos lanzados desde helicópteros y un grupo se dirigió a la comisaría para atacarla con piedras y prenderle fuego.El Ejército también salió a las calles a controlar a los manifestantes, pero los militares fueron rodeados en una villa y atacados por algunos grupos.La Defensoría del Pueblo informó este sábado de que había verificado 16 heridos, diez civiles y seis militares, a raíz de los enfrentamientos entre pobladores y las fuerzas del orden por el incendio de la comisaría.La región de Puno, en la que se encuentra Juli, mantiene los bloqueos de caminos y paros de actividades desde enero pasado en que sus pobladores salieron a las calles a exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y una dura represión provocó la muerte de 18 personas en la vecina ciudad de Juliaca.Esta semana una delegación de sus pobladores llegó a Lima para insistir en la demanda de elecciones generales anticipadas, pero un grupo de mujeres con sus pequeños hijos cargados en brazos fueron reprimidas por la policía con gases lacrimógenos, lo que enervó a sus paisanos.DEFENSORÍA PIDE CALMALa Defensoría hizo un "llamado urgente a la calma y la no violencia en Juli" y añadió que corresponde a la Fiscalía investigar los hechos de violencia ocurridos este sábado y las causas de las lesiones ocasionadas a los heridos.Por su parte, la Red de Salud de Chucuito, en Puno, detalló que siete de los heridos son atendidos en el hospital Rafael Ortiz Ravines de Juli, entre los cuales hay un menor de 13 años por intoxicación por gas lacrimógeno, y un hombre de 48 años con herida de bala en el brazo derecho.El alcalde provincial de Chucuito-Juli, Víctor Raúl Anchapuri, pidió al gobierno y las fuerzas armadas y policiales a no reprimir a su pueblo, y "no utilizar armas de fuego u otros objetos que puedan herir a la población que se encuentra en pie de lucha", según un comunicado compartido en las redes sociales.Le puede interesar: 'Titulares Deportivos'
Las prioridades de los trabajadores al momento de elegir y permanecer en un empleo han cambiado. Aunque el salario y la estabilidad continúan siendo factores importantes, cada vez cobran más relevancia las condiciones que permiten mantener un equilibrio entre la vida personal y profesional.Según datos de Wellhub, el 86 % de los colaboradores considera que el bienestar laboral es tan importante como la remuneración económica. Esta cifra refleja una transformación en las expectativas de los empleados, quienes también buscan sentirse escuchados, reconocidos y respaldados por las organizaciones.Esta nueva dinámica se relaciona con el denominado contrato emocional, un vínculo que se construye a partir de las expectativas de los trabajadores y las experiencias que tienen dentro de una empresa.Lina Reyes, administradora de Desarrollo Empresarial Integral de Compensar, señala que esta relación depende de la coherencia entre lo que promete una compañía y lo que realmente ofrece, especialmente en aspectos como el liderazgo, la comunicación y la conciliación entre la vida laboral y personal.El agotamiento laboral preocupa a las empresasUno de los principales desafíos para las organizaciones es prevenir el burnout o agotamiento laboral. Una encuesta de miCVideal, realizada a más de 1.200 personas, encontró que el 88 % de los trabajadores se siente desgastado y que uno de cada cinco piensa diariamente en dejar su empleo.Entre las señales de alerta están la dificultad para recuperarse después del descanso, los problemas de concentración, el aislamiento, el aumento de errores y las alteraciones del sueño. Estas manifestaciones deben evaluarse integralmente y no constituyen por sí solas un diagnóstico médico.De acuerdo con Reyes, las empresas deben prestar atención no solo a las ausencias, sino también a la desconexión emocional y al presentismo, situaciones que pueden afectar el desempeño y el ambiente laboral.¿Qué pueden hacer las organizaciones?Las encuestas, entrevistas y grupos focales permiten identificar las necesidades de los equipos y evaluar si las estrategias de bienestar están funcionando. Estos procesos deben garantizar la privacidad y el manejo responsable de la información.En Colombia, Compensar ofrece el programa de Desarrollo Empresarial Integral, que incluye charlas, talleres y estrategias para acompañar a las empresas en la prevención y gestión del burnout.El bienestar dejó de ser un beneficio complementario y se convirtió en un aspecto relevante para fortalecer el compromiso, prevenir el agotamiento y favorecer la permanencia del talento humano.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, identificó el desarrollo territorial integral como una de las principales deudas del Estado con las víctimas del conflicto armado, al referirse a los resultados y desafíos del Acuerdo Final de Paz firmado con las antiguas FARC. Durante una entrevista en Sala de Prensa Blu, la funcionaria reconoció avances en la implementación, pero advirtió que los esfuerzos institucionales han sido insuficientes para transformar las condiciones de los territorios más afectados por la violencia.Marín explicó que el punto 1 del Acuerdo de Paz contemplaba los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), diseñados para reducir las brechas entre las zonas urbanas y rurales. Se trata de 16 regiones que agrupan 170 municipios priorizados por sus altos índices de pobreza, violencia y presencia de cultivos de uso ilícito.Aunque destacó la disminución de la pobreza multidimensional en estas zonas y algunos avances en el Catastro Multipropósito, advirtió que persisten importantes retrasos. “Para mí, igualdad territorial es superar esa brecha entre ciudad y ruralidad”, afirmó.La ausencia de una presencia integral del EstadoLa defensora coincidió en que la llegada del Estado a los territorios ha sido insuficiente y señaló que esta situación ha favorecido la persistencia de la violencia y el ingreso de nuevos grupos armados.Al referirse al Cauca, departamento que visitó recientemente, recordó que entre 2017 y 2019 hubo años de relativa paz. Por eso, aclaró que la situación actual no puede atribuirse directamente al Acuerdo de Paz, aunque sí relacionó el incumplimiento de sus compromisos territoriales con factores que han contribuido al agravamiento de la violencia.Las FARC y su deuda con las víctimasSobre la responsabilidad de los antiguos integrantes de las FARC, Marín reconoció que la mayoría del antiguo secretariado dejó las armas y compareció ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Sin embargo, insistió en que deben demostrar mayor respeto por las víctimas y la justicia.“Ellos tienen que mostrarse más respetuosos de las víctimas, del dolor de las víctimas y de la justicia”, manifestó.Las sanciones de la JEP, otro desafío del acuerdoFinalmente, cuestionó que las sanciones restaurativas pierdan su carácter restrictivo. Según explicó, estas deben incluir limitaciones efectivas de derechos y supervisión.“Lo mínimo es que usen brazalete, lo mínimo es que tengan unos horarios, lo mínimo es que no puedan salir del país”, concluyó, al insistir en que el cumplimiento de las sanciones será determinante para responder a las víctimas del conflicto armado.Escuche la entrevista completa acá:
La Navidad es una de las temporadas del año que más viajeros moviliza en diferentes partes del mundo. Durante diciembre, ciudades y destinos turísticos adaptan sus espacios para recibir a visitantes con mercados tradicionales, espectáculos de luces, actividades culturales y celebraciones que reflejan sus costumbres.En ese contexto, la revista internacional Time Out publicó una selección de los 22 mejores lugares del mundo para pasar Navidad en 2026, una clasificación que reúne destinos de Europa, América, Asia, África y Oceanía. Entre los lugares recomendados hay ciudades reconocidas por sus celebraciones tradicionales y otras que ofrecen alternativas para quienes prefieren pasar las fiestas en climas cálidos.La publicación destaca que la experiencia navideña cambia dependiendo del destino. Mientras algunas ciudades ofrecen paisajes cubiertos de nieve y mercados tradicionales, otras permiten disfrutar de las celebraciones al aire libre, en playas o en lugares con temperaturas más elevadas.El primer puesto de la clasificación es para Nueva York, Estados Unidos, que durante diciembre se convierte en uno de los principales referentes de la Navidad. La ciudad se caracteriza por las decoraciones de la Quinta Avenida, el árbol del Rockefeller Center y los mercados que reciben a miles de visitantes.En el segundo lugar aparece Londres, Reino Unido, donde las iluminaciones, los mercados navideños y las actividades especiales hacen parte de la programación de diciembre. Le sigue Laponia, Finlandia, uno de los destinos más asociados con estas festividades por albergar la aldea de Papá Noel, en Rovaniemi.El cuarto puesto es para Copenhague, Dinamarca, que se distingue por sus celebraciones tradicionales, las bebidas calientes y los espacios decorados con iluminación navideña. En la quinta posición está Edimburgo, Escocia, cuyos mercados y actividades culturales atraen a turistas durante la temporada.Zagreb, Croacia, ocupa el sexto lugar, con una programación que incluye mercados, música en vivo y decoraciones en sus principales espacios públicos. En el séptimo puesto está Reikiavik, Islandia, donde una de las tradiciones más particulares es la de los 13 Yule Lads, personajes del folclore local que dejan regalos en los zapatos de los niños.La octava posición corresponde a Brujas, Bélgica, reconocida por sus construcciones medievales, canales y mercados navideños. Sídney, Australia, aparece en el noveno lugar como una alternativa para quienes prefieren celebrar las fiestas durante el verano, con actividades al aire libre y encuentros en las playas.El décimo destino recomendado es Nuuk, Groenlandia, donde los paisajes árticos, la nieve y las posibilidades de observar auroras boreales hacen parte de la experiencia. La clasificación continúa con Viena, Austria; Praga, República Checa; y Núremberg, Alemania, tres ciudades europeas reconocidas por sus tradiciones y mercados navideños.En los siguientes puestos aparecen Funchal, Portugal; Colmar, Francia; Nueva Orleans, Estados Unidos; Tokio, Japón; Singapur; Ciudad del Cabo, Sudáfrica; Marrakech, Marruecos, y Phuket, Tailandia. Estos destinos ofrecen distintas experiencias, desde celebraciones culturales y recorridos urbanos hasta alternativas de descanso en lugares de clima cálido.El puesto 22 corresponde a Ciudad de Guatemala, Guatemala, que se convierte en el único destino de Latinoamérica incluido en la selección de Time Out. Su presencia destaca entre una clasificación en la que predominan las ciudades europeas y los destinos reconocidos por sus celebraciones durante el invierno."Cada año, el 7 de diciembre, el país celebra la Quema del Diablo, iniciando la temporada navideña exactamente a las 6 p.m. quemando figuras de diablos y piñatas de papel maché rojas. La idea es limpiar las casas de los malos espíritus del año antes de que llegue la Navidad", deataca Time Out de la ciudad guatemalteca.Destinos para pasar Navidad sin temperaturas bajasLa selección también incluye lugares para quienes buscan una experiencia diferente a la tradicional Navidad de invierno. Sídney, por ejemplo, coincide con la temporada de verano en diciembre, por lo que los visitantes pueden disfrutar de las playas y de actividades al aire libre durante las celebraciones.Una alternativa es Ciudad del Cabo, Sudáfrica, que ocupa el puesto 19 de la clasificación. Sus playas, viñedos y condiciones climáticas durante diciembre permiten disfrutar de una temporada navideña con temperaturas más cálidas.Con esta selección, Time Out reúne alternativas para distintos tipos de viajeros y presupuestos. Desde los mercados navideños de Europa hasta los destinos tropicales de Asia, Oceanía y África, la lista ofrece opciones para quienes planean viajar durante las celebraciones de diciembre de 2026.
La escalada de violencia y las afectaciones del terremoto mantienen al Cauca frente a importantes desafíos, mientras sus sectores productivos buscan abrirse camino en los mercados internacionales. Ana Fernanda Muñoz Otoya, presidenta de la Cámara de Comercio del departamento, expuso las necesidades de la región y destacó su capacidad exportadora, en entrevista en Sala de Prensa Blu.Violencia en el Cauca: piden mayor presencia del EstadoMuñoz Otoya manifestó su preocupación por los recientes ataques contra la población civil y advirtió que la situación de orden público está afectando la imagen del departamento. Sin embargo, insistió en que la respuesta institucional no puede limitarse al despliegue de la fuerza pública.“Yo creo que cuando hablamos hace como tres o cuatro meses les decía que el departamento del Cauca necesita presencia estatal, no solamente presencia de fuerza pública. Si pasa algo en Totoró, que llegue la fuerza pública, pero que al mismo tiempo llegue el ICBF y todas las entidades que evitan que haya reclutamiento de niños”, explicó.La dirigente gremial también solicitó al Gobierno nacional realizar un consejo de seguridad en el departamento y atender las necesidades de sus municipios.Terremoto del 10 de agosto: 336 establecimientos educativos afectadosOtro de los problemas que señaló es el impacto del terremoto en la infraestructura regional. Según las cifras que presentó, 336 establecimientos educativos necesitan ser reconstruidos y 26 centros de salud resultaron afectados. Además, estimó que la recuperación del departamento requiere cerca de 800.000 millones de pesos.“Nosotros en el departamento del Cauca tuvimos afectaciones. Afortunadamente no tuvimos muertos, pero tenemos 336 establecimientos educativos afectados para derrumbar, para reconstruir. Tenemos 26 establecimientos de salud afectados, aparte de viviendas y todo esto”, precisó.Muñoz Otoya cuestionó que estas consecuencias hayan recibido poca visibilidad y señaló que la atención pública suele concentrarse en los hechos de violencia.Exportaciones del Cauca: café, panela y chocolate llegan al exteriorPese a las dificultades, la presidenta de la Cámara de Comercio destacó la diversidad productiva de la región. Según explicó, el Cauca ocupa el séptimo lugar entre los departamentos con mayor diversidad de canasta exportadora y comercializa 167 productos en distintos mercados internacionales.Entre los ejemplos mencionó la panela orgánica producida por resguardos indígenas de Caloto, las exportaciones de café y la producción de chocolate en Argelia. Sobre este último caso, contó que una muestra local obtuvo el reconocimiento de una experta internacional y permitió concretar una venta. “Un comprador inglés que trajimos gracias al apoyo de ProColombia les compró 100 kilos de chocolate a mis empresarios de Argelia, Cauca. Yo sé que 100 kilos no son muchos, pero 100 kilos para Argelia es el universo”, destacó.También resaltó que pequeños productores cafeteros se asocian para exportar y que el café de reincorporados de las FARC, provenientes de El Tambo, llega a la sala VIP de El Corte Inglés, en Madrid.Muñoz Otoya resumió en tres pilares las medidas que considera necesarias: presencia integral del Estado, inversión estratégica y beneficios tributarios para atraer empresas y fortalecer a los negocios locales.“Si logramos que el Cauca tenga Estado y seguridad, inversión estratégica, vías, energía eléctrica y, además, les doy beneficios tributarios, yo traigo inversión al departamento y hago que nuestros empresarios, que se la han jugado toda la vida, puedan salir adelante”, concluyó.Escuche la entrevista completa aquí:
La primera gira del papa León XIV por América Latina tiene un significado que va más allá de su agenda religiosa. El recorrido de 11 días por Uruguay, Argentina y Perú representa un acercamiento del pontífice a una región con la que mantiene vínculos personales, especialmente por su trayectoria misionera en territorio peruano, pero también una oportunidad para transmitir mensajes sobre reconciliación, igualdad y atención a las poblaciones más vulnerables.Néstor Pongutá, periodista especializado en el Vaticano, explicó en entrevista en Sala de Prensa que esta visita tiene un componente especial para el pontífice, quien llegó a Perú en 1985 como misionero agustino y fue obispo de Chiclayo entre 2015 y 2023. Aunque nació en Estados Unidos, ese país latinoamericano ocupa un lugar importante en su historia personal y religiosa.La influencia del papa León XIV y su capacidad de convocatoriaUno de los aspectos que ha llamado la atención durante el recorrido es la respuesta de los fieles, incluso en países donde el catolicismo no tiene una presencia mayoritaria. En Uruguay, por ejemplo, según explicó el periodista, se agotaron en menos de 48 horas las 60.000 entradas disponibles para el encuentro del pontífice con los jóvenes.Para Pongutá, la capacidad de convocatoria de León XIV no depende necesariamente de un carisma similar al de su antecesor, el papa Francisco, sino de su experiencia de vida y cercanía con las comunidades.La gira también ha estado marcada por su dimensión política y diplomática. En Argentina, su llegada estuvo precedida por diferencias relacionadas con el protocolo que pretendía implementar el presidente Javier Milei para recibirlo. Desde el Vaticano se mantuvo el procedimiento establecido, evitando que el encuentro se convirtiera en un escenario de protagonismo político.Los mensajes que León XIV busca llevar a América LatinaMás allá de las concentraciones multitudinarias, el periodista destacó que el propósito del viaje está relacionado con los principios del Evangelio: promover la reconciliación, la igualdad y mejores condiciones de vida para las personas más necesitadas.En Argentina, el pontífice también tiene previstas visitas a una institución dedicada a la atención de personas con discapacidad y a una cárcel, en línea con el interés que manifestó Francisco por acompañar a quienes viven situaciones de vulnerabilidad.“Un papa no mueve ejércitos, no mueve sanciones económicas, no mueve inversiones, pero mueve conciencias. Y esa es la gran influencia que tiene un pontífice”, afirmó Pongutá.Finalmente, el recorrido por Perú tendrá un significado particular, especialmente durante su paso por Chiclayo, donde vivió varios años y ejerció como obispo. Allí se espera una de las mayores concentraciones de la gira, con una asistencia estimada de 1,5 millones de personas.Así, León XIV busca consolidar su propio estilo de liderazgo, sin desligarse del camino trazado por Francisco. Como concluyó el periodista, se trata de un pontificado que continúa algunos de los objetivos de su antecesor, pero con otra manera de acercarse a los fieles.
