La Fiscalía de Ecuador acusó formalmente a siete personas como presuntos autores intelectuales del asesinato del candidato presidencial y periodista Fernando Villavicencio, ocurrido en agosto de 2023, cuando salía de un mitin de campaña en Quito.Entre los señalados se encuentra José Serrano, quien fue ministro del Interior durante el gobierno del expresidente Rafael Correa. Según la Fiscalía, Serrano habría entregado información sensible a la organización criminal ‘Los Lobos’ sobre los movimientos de Villavicencio antes del crimen.La acusación también involucra a Xavier Jordán, señalado de financiar y planificar el asesinato; al exasambleísta correísta Ronny Aleaga, quien presuntamente coordinó acciones para concretar el homicidio; y a Wilmer Chavarría, alias ‘Pipo’, máximo líder de Los Lobos, quien habría participado en la planificación del crimen a cambio de un millón de dólares. La Fiscalía solicitó que Jordán, Serrano, Aleaga y Chavarría sean declarados prófugos. Los cuatro se encuentran fuera de Ecuador: Jordán y Serrano en Estados Unidos, Aleaga en Venezuela y Chavarría en España.Para ellos, el ente acusador pidió que Interpol emita difusiones rojas con el propósito de facilitar su captura y que se inicien los respectivos procesos de extradición ante la Corte Nacional de Justicia de Ecuador.La audiencia se reanudará este domingo 9 de agosto, a las 9:00 de la mañana, con la intervención de las acusaciones particulares.En el caso de los otros siete procesados, la Fiscalía solicitó mantener la prisión preventiva, además de las medidas para impedir la disposición de sus bienes y retener sus cuentas en el sistema financiero nacional. También pidió mantener las medidas de protección para las víctimas.Durante la audiencia, la fiscal Ana Hidalgo expuso los señalamientos contra cada uno de los presuntos autores mediatos y solicitó al juez emitir el auto de llamamiento a juicio.Villavicencio, reconocido por sus investigaciones periodísticas sobre corrupción, fue asesinado a tiros el 9 de agosto de 2023, cuando salía de un acto de campaña en Quito, días antes de las elecciones presidenciales.Por el crimen, cinco personas ya fueron condenadas a penas de hasta 34 años de prisión como autores materiales. El presunto autor de los disparos murió durante el enfrentamiento con los escoltas del candidato, mientras que seis ciudadanos colombianos señalados de estar vinculados al asesinato fueron asesinados posteriormente en prisión.
El capo ecuatoriano de la droga Wilmer Chavarría (Pipo), máximo líder de Los Lobos, la banda criminal más grande y poderosa de Ecuador, negó este miércoles ser el autor del asesinato en 2023 del candidato presidencial Fernando Villavicencio y acusó al actual presidente, Daniel Noboa, de ordenarlo. Chavarría hizo estas declaraciones en dependencias de la Fiscalía de Zaragoza (España), en una comparecencia solicitada por la Fiscalía ecuatoriana a la que el narco ha asistido acompañado de su abogado y custodiado por tres policías españoles y cuatro miembros de los cuerpos policiales especiales.Según dijeron a EFE fuentes de la defensa de Pipo, que espera en la prisión de Zuera la resolución del proceso de extradición iniciado por Ecuador, el detenido respondió a las preguntas de la fiscal de la Unidad de Cooperación Internacional y de su letrado, pero se negó a contestar a las tres preguntas remitidas por el ministerio público del país andino. El detenido afirmó que una persona cercana a John Reimberg, ministro del Interior de su país, le había manifestado que el crimen fue ordenado por el actual presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, ante el temor de que Villavicencio ganara las elecciones. Según el narco, encarcelado en España, reclamado desde Ecuador como líder de uno de los grupos de narcotraficantes más peligrosos de Sudamérica e implicado en más de cuatrocientos asesinatos, la intención tanto de Noboa como de Reimberg es "engañar" a las autoridades de España para que estas accedan a extraditarle a Ecuador o a EEUU. Consideró que su extradición a Ecuador supondría su muerte y que si fuera finalmente a Estados Unidos, que ha iniciado un proceso para reclamarlo a su vez por narcotráfico, la intención de sus autoridades es que declare en contra del expresidente Rafael Correa, a quien ha negado conocer.Chavarría también dijo que Reimberg le amenazó a través de un emisario cuando estaba detenido en Málaga y que en la sala donde recibió las amenazas había cámaras de seguridad que se podrían consultar. Añadió que la intención del ministro y de Noboa es "sacarle de circulación", al verlo como un competidor en el mercado del narcotráfico, donde, dijo, el presidente "está jugando un papel importante". Agregó que la única razón por la que ha aceptado declarar hoy es porque tiene plena confianza en las autoridades españolas y en que estas no permitirán que desaparezca la grabación de su declaración hoy en la Fiscalía, donde acusa a Noboa del asesinato de Villavicencio.Recientemente, la Fiscalía de Ecuador imputó a Pipo como presunto participante en la planificación del asesinato, que, de acuerdo al Ministerio Público, tiene como supuestos autores intelectuales a un grupo de empresarios vinculados a tramas de corrupción que perseguía Villavicencio y al exministro correísta José Serrano.El candidato presidencial, conocido por sus denuncias de casos de corrupción contra el Gobierno de Correa y para desenmascarar a organizaciones criminales, fue acribillado el 9 de agosto de 2023 a la salida de un mitin en el norte de Quito por un grupo de siete sicarios colombianos. Hasta el momento solo hay cinco condenados como autores materiales del asesinato, ya que la mayoría fueron asesinados en la cárcel antes de que declarasen ante las autoridades. Pipo fue detenido en noviembre de 2025 en el aeropuerto de Málaga, el mismo día que en Ecuador se celebraba un referéndum clave para Noboa. El detenido había vivido hasta ese momento entre Dubai y la Costa de Sol, desde donde manejaba su organización dedicada al narcotráfico, la minería ilegal de oro y las extorsiones, oculto tras siete identidades distintas y después de falsificar su muerte en Ecuador durante la pandemia y someterse a varias operación estéticas en el rostro para tratar de dificultar su identificación.
En el contexto actual de Ecuador, la inestabilidad política es un tema que preocupa a muchos ciudadanos y analistas. Andrea Suárez, experta en asuntos públicos y crisis, explicó en Mañanas Blu que, aunque el país ha experimentado catorce años de estabilidad, la situación actual se origina en el contexto de las elecciones extraordinarias provocadas por la muerte cruzada del presidente Guillermo Lasso.El Legado de Rafael CorreaDurante una década, el liderazgo de Rafael Correa proporcionó una base de estabilidad; sin embargo, su figura polarizante sigue influyendo en el panorama político. Aunque el correísmo cuenta con un cálculo de entre el 25% y el 28% del electorado que aún lo apoya, la figura de Correa limita la capacidad de expansión hacia nuevos votantes, especialmente entre las generaciones más jóvenes que no vivieron sus años de gobierno."Esta elección viene de un escenario inédito, pero en realidad en el país hemos tenido ya catorce años de estabilidad, precisamente 10 de ellos de la mano del Gobierno de Rafael Correa, que estuvo en el poder durante toda una década y después sucesor con quien tuvo una ruptura Lenin Moreno, que también completó su periodo electoral estas elecciones, que son extraordinarias porque provienen de un escenario originado en la muerte cruzada, que es el botón rojo que activó Guillermo Lasso y que no le permitió culminar su periodo presidencial"Intención de voto y prediccionesFrente a las elecciones de 2024, las encuestas indican que el presidente Daniel Noboa podría lograr la reelección en la primera vuelta. Sin embargo, Andrea Suárez advierte que nada está decidido hasta contar los votos. En la actualidad, Noboa opera con un enfoque claro hacia la reelección, lo que indica que sus decisiones políticas están alineadas con esta meta.Desafíos del nuevo presidenteEl nuevo presidente enfrentará una serie de desafíos significativos. Primero, la seguridad es un tema candente, con niveles de criminalidad que persisten. Noboa ya ha propuesto reformas en este ámbito, incluyendo la militarización de puertos y fronteras.“La seguridad sigue siendo la temática de mayor preocupación para los ciudadanos”, Andrea Suárez.Otros retos incluyen la sostenibilidad energética, dado que el país enfrenta riesgos de cortes de electricidad y la necesidad de garantizar un suministro constante. Finalmente, la economía también está en la agenda, especialmente ante las nuevas condiciones respecto a las remesas y la política migratoria del presidente Trump en Estados Unidos.Relaciones internacionales en juegoLas relaciones diplomáticas con Colombia también dependerán del resultado electoral. Con el posible regreso de Luisa González, se anticipa un acercamiento más fuerte entre ambos países, en comparación con los roces que han caracterizado la presidencia de Noboa. La postura frente al gobierno de Trump será determinante en este sentido.Finalmente, las elecciones de Ecuador en 2024 no solo definirán el futuro político inmediato del país, sino que también tendrán implicaciones de larga duración en diversas áreas, desde la seguridad hasta la economía y las relaciones internacionales. Mientras la expectativa crece, el país se encuentra en un cruce crítico de caminos, y el próximo presidente tendrá la tarea monumental de navegar estos desafíos complejos.
El expresidente de Ecuador Rafael Correa (2007-2017) exclamó este miércoles que "no hay derecho" a que el Gobierno de Estados Unidos le prohíba el ingreso a su territorio tanto a él como a su familia directa, una restricción que también se ha aplicado a su exvicepresidente Jorge Glas, actualmente en la cárcel.A través de un mensaje en redes sociales, Correa revindicó una vez más su inocencia frente a la condena de ocho años de prisión e inhabilitación política que le fue impuesta en 2020 por cohecho en el caso 'Sobornos 2012-2016', donde tanto él como varios de sus colaboradores fueron condenados por la financiación irregular de Alianza País, el movimiento político oficialista en ese momento."La maldad humana... obvian que nadie en el mundo ha aceptado la sentencia por 'influjo psíquico' y que cinco países han dado asilo político a los involucrados en el Caso Sobornos. Meten hasta a mi familia ¡No hay derecho!", expresó Correa, quien siempre cuestiona que en la sentencia donde se le condenó se le atribuyese 'influjo psíquico' sobre los demás involucrados.El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, dijo en un comunicado que Correa y Glas "no son elegibles para entrar en Estados Unidos debido a su participación en significativos actos de corrupción durante su mandato".De acuerdo con la administración de Joe Biden, el exmandatario ecuatoriano y su 'número dos' abusaron de sus cargos públicos "al aceptar sobornos a cambio de otorgar contratos gubernamentales favorables".La Embajada de Estados Unidos en Ecuador precisó en un comunicado posterior que la prohibición de ingreso a su territorio impuesta a Correa y Glas también se extiende a sus familiares más cercano.En el caso de Correa, la prohibición también abarca a su esposa de nacionalidad belga, Anne Malherbe, y a sus hijos mayores de edad Sofía, Anne Dominique y Rafael.Para Glas, la restricción se aplicará también a su esposa, Cinthia Díaz, y al hijo de ambos, Jorge Glas Díaz.Correa, quien gobernó de 2007 a 2017 como uno de los referentes de la izquierda latinoamericana, reside desde el fin de su mandato en Bélgica, que le concedió asilo político en 2022, antes de que la Corte Nacional de Justicia de Ecuador solicitase su extradición.Por su parte, Glas, que fue uno de los hombres fuertes del Gobierno de Correa, fue detenido el pasado 5 de abril en el asalto de las fuerzas de seguridad ecuatorianas a la Embajada de México en Quito, donde este había llegado en diciembre de 2023 para pedir asilo diplomático, condición que se le concedió horas antes de su detención por el Gobierno mexicano.Sobre Glas pesaba entonces una orden de captura e ingreso en prisión preventiva por el caso de las obras de reconstrucción posteriores al fuerte terremoto de 2016, donde está imputado por presunto peculado (malversación de fondos públicos).El exvicepresidente, que al igual que Correa se declara una víctima de 'lawfare' y persecución política, también debía terminar de cumplir una pena de ocho años de cárcel por dos condenas por corrupción impuestas en 2017 por asociación ilícita en el marco del caso Odebrecht y en 2020 por cohecho en el caso Sobornos.Glas fue inicialmente encarcelado en 2017 y salió de prisión en 2022 gracias a una polémica resolución judicial de un juez que la semana pasada fue condenado por prevaricación en la tramitación de la resolución que permitió al exvicepresidente recuperar la libertad.
La ministra de Trabajo de Ecuador, Ivonne Núñez, anunció el jueves que ha presentado una demanda ante la Fiscalía contra el expresidente socialista Rafael Correa por "traición a la patria", además solicitó la suspensión de sus cuentas en redes sociales.Según el Gobierno, Núñez, quien también es exjueza y ahora actúa como abogada, presentó la demanda en medio de una crisis diplomática entre Ecuador y México debido a la detención de Jorge Glas, exvicepresidente de Correa, durante un asalto policial a la embajada mexicana en Quito.Núñez pidió a la Fiscalía que investigue al exmandatario (2007-2017) por el supuesto delito de traición a la patria, el cual puede ser sancionado con hasta 13 años de prisión.Correa, quien reside en Bélgica desde que dejó el cargo, ha criticado fuertemente al Gobierno actual de Daniel Noboa y la incursión en la sede diplomática.En su denuncia pública, Núñez argumentó que Correa ha insinuado que la crisis podría desembocar en un conflicto armado.Glas, quien enfrenta una orden de prisión por corrupción, se encuentra detenido en una cárcel de máxima seguridad en Guayaquil. Tras el asalto a la embajada, México rompió relaciones diplomáticas con Ecuador.Correa, muy activo en redes sociales, ha lanzado frecuentes críticas contra el gobierno de Noboa y ha compartido información sobre la detención de Glas, incluyendo el anuncio de un supuesto intento de suicidio en prisión.Núñez también solicitó a la Fiscalía que se suspendan las cuentas de Correa en las redes sociales con el fin de evitar la continuación de este presunto delito de traición a la patria."Existen personas que han exagerado la situación y han difundido mensajes que generan preocupación entre las tropas y la población civil", señaló en su denuncia.Por su parte, Correa respondió en redes sociales: "No sean RIDÍCULOS. El único que ha traicionado a la Patria y puesto en peligro la seguridad del Estado se llama Daniel Noboa".El asalto a la embajada mexicana ha sido condenado por una treintena de países y organismos internacionales.Glas, condenado a ocho años de cárcel por otros casos de corrupción, se había refugiado en la embajada en medio de una investigación por presunto peculado en el manejo de fondos para la reconstrucción de poblados afectados por un terremoto en 2016. Ecuador considera "ilícito" el asilo otorgado por México.El exvicepresidente cumplió cinco años de su pena antes de ser puesto en libertad condicional gracias a una medida cautelar que le obliga a presentarse periódicamente ante las autoridades.En uno de los juicios, fue condenado junto a Correa, quien fue juzgado en ausencia y tiene una orden de captura en su contra.
El exvicepresidente de Ecuador Jorge Glas, durante el gobierno de Rafael Correa, detenido el pasado viernes tras una irrupción policial en la Embajada de México, en Quito, fue recluido nuevamente en la cárcel tras haberse recuperado en un hospital de una descompensación que un parte policial atribuye a una posible sobredosis de medicamentos y que las autoridades penitenciarias relacionan con su negativa a ingerir alimentos.El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI), la agencia penitenciaria del Estado, indicó sin más detalles que "acaba de ingresar al Centro de Privación de Libertad" de La Roca, la cárcel de máxima seguridad del país.La situación en Ecuador ha generado gran controversia y preocupación a nivel internacional debido al ingreso a la embajada mexicana en Quito y la captura de Jorge Glas. La situación ha sido considerada como una clara violación de las normas de asilo y diplomáticas establecidas en la Convención de Caracas de 1954 y la Convención de Viena de 1961. Las imágenes de la policía ecuatoriana sacando a Glas de la embajada han dado la vuelta al mundo y han generado polémica por la forma en que se llevó a cabo esta acción. En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, el expresidente de Ecuador Rafael Correa, se refirió a la captura de su exvicepresidente y la calificó como "persecución política". Glas fue vicepresidente durante el mandato de Correa entre el año 2013 y 2017, quien dijo que en el vecino país ocurre una barbarie: "la barbarie está implementada en Ecuador desde hace siete años. Imagínense lo que nos han hecho a nosotros. En estos casos forjados monta para perseguirnos y para lograr con la persecución jurídica lo que no han logrado en las urnas", dijo.Y agregó, "en estos casos forjados monta para perseguirnos y para lograr con la persecución jurídica lo que no han logrado en las urnas. Cualquier calificativo se queda corto frente a la atrocidad que han cometido".La embajada mexicana es considerada territorio mexicano y, por lo tanto, goza de extraterritorialidad, lo que significa que está fuera del alcance de las autoridades del país en el que se encuentra. El expresidente Rafael Correa pidió a la comunidad internacional que ejerza presión sobre el gobierno ecuatoriano para que se respeten las normas de asilo y se otorgue un salvoconducto a Glas. La polémica en torno a este incidente ha llevado a que se cuestione la situación política en Ecuador y la opinión pública ha mostrado su descontento con la forma en que el presidente Noboa ha manejado esta crisis. Además, se ha solicitado la intervención de organismos internacionales como la OEA y el Parlamento Europeo para que condenen esta acción y se exija el respeto a los derechos humanos. Cabe recordar que Glas, había ingresado en la Embajada de México en Quito en diciembre pasado, pidió asilo al Estado mexicano, que se lo concedió el pasado viernes, y horas después el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ordenó el asalto policial a la sede diplomática para detenerlo, lo que provocó la ruptura de relaciones por parte de México.Escuche aquí la entrevista en Mañanas Blu:
El expresidente de Ecuador Rafael Correa (2007-2017) recordó que, "pese a las diferencias ideológicas", como presidente mantuvo "una muy buena relación" con el exgobernante chileno Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022), que este martes falleció en un accidente de helicóptero.En un mensaje publicado en la red social X, Correa manifestó su sorpresa por la noticia del fallecimiento de Piñera y aseguró que no olvidará jamás la "sincera preocupación" del entonces presidente de Chile por la revuelta policial ocurrida en Ecuador el 30 de septiembre de 2010, uno de los momentos más tensos de su mandato presidencial."Pese a nuestras diferencias ideológicas, siempre mantuvimos una muy buena relación como presidentes, y jamás olvidaré su sincera preocupación el 30 de septiembre de 2010. Un abrazo a su esposa e hijos. Descanse en paz", escribió Correa.Unos minutos antes se había pronunciado también el expresidente ecuatoriano Guillermo Lasso (2021-2023), quien lamentó la partida de "su amigo", al que definió como "un gran hombre, leal con los principios del mundo democrático".Piñera murió este martes al estrellarse el helicóptero que al parecer pilotaba sobre el Lago Rengo, en el sur de Chile, informó su oficina, en un accidente donde también resultaron heridas otras tres personas que, según medios chilenos, son familiares del expresidente.
El expresidente de Ecuador Rafael Correa habló en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, sobre la situación de guerra que se vive en ese país fronterizo con Colombia. Insistió en que la responsabilidad recae en los gobiernos de Lenin Moreno y del actual presidente, Daniel Noboa.“Esa es la mediocridad: buscar a quien echarle la culpa por el fracaso de ellos mismos por su negligencia”, dijo Correa ante la pregunta de si toda la crisis de orden público en Ecuador se originó durante su Gobierno, sobre todo, por la salida de la base militar estadounidense de Manta en 2009.“Cuando sale la base de Manta teníamos 17 homicidios por cada 100.000 habitantes, acabamos en 5.8, solo tenía tasa más baja Chile. (…) Hoy son 42 homicidios por cada 100.000 y estamos entre los 5 más violentos del mundo y resulta que es porque salió la base de manta en 2009”, destacó.Según Correa, las decisiones del anterior Gobierno, al eliminar varios ministerios, fueron algunas de las razones que originaron la crisis de seguridad.Además, el expresidente les respondió a aquellos que también señalan que la crisis en Ecuador nació por “el pacto que hizo con las mafias” durante su Gobierno.“Que me digan qué pacto he hecho con las mafias. ¿Saben a qué se refieren? A la pacificación de pandillas urbanas en 2009, pacificación que dio la vuelta al mundo como ejemplo”, agregó.En cuanto al reciente anuncio del presidente Daniel Noboa de deportar presos extranjeros, es decir casi 1.500 a Colombia, Correa reveló que en su administración trató de hacerlo, pero no lo logró; sin embargo, reiteró que no es la forma como lo está haciendo el actual mandatario."Sin crisis intentamos hacerlo, (…) pero lo que está contestando el presidente Noboa es una grosería frente a la propuesta de Colombia, así que pido disculpas, no es la forma de contestar. (…) Es algo que en el mediano plazo hay que hacer. Lo intentamos hacer”, añadió.
El exmandatario ecuatoriano Rafael Correa ofreció este lunes todo su apoyo al presidente Daniel Noboa, ante la jornada de terror que ha vivido el país por parte de grupos criminales que han incendiado vehículos, secuestrado agentes y hasta ocupado con armas un canal de televisión."Todo el apoyo presidente" Noboa, escribió Correa en su cuenta de la red X (antes Twitter) y aseguró que "el crimen organizado le ha declarado la guerra al Estado".El exmandatario, que reside en Bélgica desde que terminó su mandato de una década en 2017, exclamó que en esta guerra contra el crimen organizado "el Estado debe salir triunfador"."Es hora de la unidad nacional", añadió en su mensaje Correa, quien es requerido por la justicia de su país al haber sido condenado en casos de corrupción, que él niega.Correa (2007-2017), además, lidera desde el exterior el movimiento Revolución Ciudadana, el grupo más numeroso en la Asamblea Nacional (Parlamento) y que mantiene un acuerdo legislativo coyuntural con el oficialismo.El exmandatario pidió a Noboa que "reemplace con personal civil o policías retirados a los miles de policías que absurdamente están en puestos burocráticos y envíelos a la calle".Y repitió que en esta cruzada contra la delincuencia y el crimen organizado "la Patria triunfará".El Gobierno del presidente Noboa declaró la noche de este lunes un estado de excepción en todo el país por sesenta días, que incluye un toque de queda desde las 06.00 de la madrugada.Además, este martes declaró en un decreto un "conflicto armado interno" en el país por el accionar de grupos de delincuencia organizada a los que identificó como "terroristas".Vea también
La Cancillería de México confirmó este domingo que Jorge Glas se encuentra protegido en calidad de huésped en la embajada de México en Quito y analizará su solicitud de asilo político si así lo manifiesta el exvicepresidente de Ecuador durante el Gobierno de Rafael Correa (2017-2022).En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE o Cancillería) del Gobierno mexicano, detalló que Glas se presentó en la embajada mexicana en Quito para solicitar su ingreso y salvaguarda, ya que expresó temor por su seguridad y libertad personal.La dependencia mexicana precisó que se le permitió el acceso al exvicepresidente ecuatoriano, “de conformidad con el marco jurídico mexicano en materia de protección internacional a personas, con los protocolos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para este tipo de casos, y con el principio pro persona consagrado en el artículo 1 de la Constitución (mexicana)”.Además, la Cancillería mexicana afirmó que, en caso de que Glas formalice una solicitud de asilo político, el Gobierno de México la analizará detenidamente y recabará la información necesaria para proceder como corresponda.Esto con base en los tratados internacionales pertinentes de los que México y Ecuador son parte y con el derecho internacional consuetudinario en la materia, refirió la SRE.Asimismo, aseguró que el Gobierno de México y embajada en Ecuador están en la mejor disposición de mantener el diálogo y colaboración con las autoridades ecuatorianas para allegarse de toda la información necesaria sobre la situación de Jorge David Glas”.Por su parte, el Gobierno de Ecuador solicitó a la Embajada mexicana en Ecuador que pida a Glas abandonar su delegación diplomática para que pueda ser detenido por la Policía ecuatoriana, en cumplimiento a una investigación fiscal.La Cancillería ecuatoriana, en un comunicado, publicó el contenido de una nota enviada a la Embajada de México, donde Glas había acudido en medio de la orden de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, para que la Policía lo ubique, localice, inmovilice y traslade hasta la sede del Ministerio Público en Quito.Vea también
Una celebración por el inicio de una nueva etapa terminó con enfrentamientos entre familiares, vajilla rota y la intervención de la Guardia Civil. Una discusión entre los recién casados habría desencadenado una serie de altercados durante el banquete, en medio de versiones sobre una supuesta infidelidad y una posible ruptura.Los hechos ocurrieron durante una boda celebrada en Gomesende, en Ourense, España. La celebración terminó con varios invitados enfrentados y con la presencia de las autoridades, después de que la situación escalara hasta el punto de que parte de la vajilla y la cristalería del lugar resultaran dañadas.En las horas posteriores al matrimonio comenzaron a circular diferentes versiones sobre lo ocurrido. Una de ellas apuntaba a una supuesta infidelidad de la novia con un trabajador encargado de la organización del evento, mientras que también se habló de una posible separación de la pareja tras la celebración.Sin embargo, los propios recién casados salieron posteriormente a desmentir parte de esas informaciones. En declaraciones recogidas por La Región, el novio aseguró que continúa junto a su esposa y negó que ella le haya sido infiel.De acuerdo con la reconstrucción difundida por Efe y La Región, el conflicto habría comenzado durante la celebración por una discusión relacionada con 40.000 euros.Según esas versiones, la novia habría reclamado al novio dicha cantidad, que estaría relacionada con el dinero recibido como regalos de los invitados y con un supuesto acuerdo previo entre ambos. Él, de acuerdo con esa reconstrucción, se habría negado a entregarle el dinero.La discusión habría involucrado posteriormente a familiares de los dos recién casados. El enfrentamiento fue aumentando de intensidad hasta trasladarse al espacio donde se desarrollaba el banquete, donde se registraron gritos, agresiones y tirones de pelo, según las informaciones publicadas.La situación llegó a tal punto que los responsables del establecimiento solicitaron la presencia de la Guardia Civil. Durante el altercado también resultaron rotos elementos de la vajilla y la cristalería.El novio niega la supuesta infidelidadUno de los detalles que más repercusión generó después de la boda fue una versión según la cual la novia habría acudido a los baños junto a un joven que trabajaba en la organización del evento y habría mantenido allí un encuentro íntimo.La información fue difundida posteriormente por distintos medios y programas de televisión como una posible explicación del conflicto y de la supuesta separación de los recién casados.No obstante, esa versión es rechazada por la pareja. El novio defendió públicamente a su esposa y aseguró que nunca existió una infidelidad."Mi mujer y yo no nos separamos en ningún momento", afirmó en el mensaje recogido por La Región, donde también negó que existiera un acuerdo entre ambos por 40.000 euros relacionado con la boda.El recién casado sí reconoció que durante la celebración hubo enfrentamientos, aunque presentó una explicación diferente sobre el origen de las peleas.Según el relato del novio, uno de los primeros altercados ocurrió después de que su hermana, quien estaría enferma, le tapara la boca a su esposa mientras esta hablaba. El hermano de la novia habría reaccionado ante ese gesto y la situación terminó desencadenando una pelea.Posteriormente habría ocurrido otro enfrentamiento, que el propio recién casado calificó como "más gorda". En este caso, dos invitadas se habrían agarrado del pelo en las inmediaciones del recinto.El novio también rechazó las versiones que hablaban de una ruptura inmediata después de la boda. En su mensaje, sostuvo que él y su esposa permanecen juntos y cuestionó a quienes, según afirma, intentaron perjudicarlos."Nunca dejaré que se manche el nombre de nuestras familias", aseguró.La pareja sostiene actualmente que continúa unida y que ambos se encuentran viviendo en A Coruña, donde están trabajando. De esta manera, los recién casados dieron su propia versión de una celebración que terminó rodeada de versiones contradictorias sobre una supuesta infidelidad, una pelea familiar y una eventual ruptura que ellos niegan.
El Juzgado 804 Transitorio de Familia de Bogotá concedió una acción de tutela y ordenó al presidente Abelardo De La Espriella abstenerse, en ejercicio de sus funciones, de participar en actos religiosos que impliquen adhesión o identificación del Estado con una confesión determinada.La decisión fue adoptada al resolver una tutela presentada por el ciudadano Julio Jair Mizger Díaz, quien alegó la vulneración de sus derechos a la libertad de conciencia, la libertad de cultos y el principio de laicidad del Estado.El caso se originó por los hechos ocurridos el 29 de agosto en la Plaza de Bolívar, durante la denominada “Gran velatón por las víctimas del terremoto”, convocada por el Gobierno Nacional para recaudar ayudas tras el sismo del 10 de agosto. Según el accionante, durante el evento se realizaron actos propios de la religión católica que excluyeron a otras confesiones y a personas no creyentes.En la tutela se afirmó que el presidente participó en la “coronación de una estatua de la Virgen de Fátima” y que, además, habría entregado la Nación a Cristo. El ciudadano sostuvo que el evento fue convocado y difundido a través de canales oficiales del Estado, lo que le otorgó un carácter institucional.El juez estudió ambos aspectos por separado. Tras revisar el material audiovisual, concluyó que la participación del mandatario en la imposición de una corona a la imagen religiosa excedió los límites de neutralidad que exige la Constitución a las autoridades públicas.En el fallo se señala que “el principio de neutralidad religiosa exige que las autoridades públicas se abstengan de identificarse o realizar actos oficiales de adhesión, incluso simbólicos, a una determinada religión o confesión”. El juez agregó que, aunque el evento tenía una finalidad pública relacionada con la solidaridad hacia las víctimas del terremoto, “la actuación específica del señor Presidente desbordó dicha finalidad”.La decisión también precisa que el mandatario no actuó en una esfera estrictamente personal, sino en su calidad de jefe de Estado y durante un evento oficial. Por ello, el juzgado consideró que la participación presidencial proyectó una adhesión simbólica del Estado a una confesión religiosa determinada.En contraste, el despacho concluyó que no se acreditó que el presidente hubiera pronunciado la frase sobre la entrega de la Nación a Cristo. Al revisar el video, determinó que esa expresión fue realizada por otra persona y no podía ser atribuida al mandatario.El juez negó otras solicitudes del accionante, entre ellas una reparación simbólica mediante una declaración pública y el envío de copias a la Procuraduría para una eventual investigación disciplinaria.La providencia es de primera instancia y puede ser impugnada.
Un joven sobrevivió a una fuerte descarga eléctrica cuando, presuntamente, intentaba hurtar cables en el sector del retorno de Viveros, en la vía hacia el retén, en Barrancabermeja. El hombre quedó atrapado entre una maraña de cables, con quemaduras visibles en diferentes partes del cuerpo y una posible fractura en una de sus piernas.De acuerdo con versiones conocidas en el lugar, dos personas habrían subido a un poste para intentar apoderarse de varios cables. Sin embargo, tras producirse la primera descarga eléctrica, una de ellas habría logrado escapar, mientras que su compañero quedó atrapado entre los conductores.El joven permaneció durante varios minutos en el lugar, expuesto a las consecuencias de la descarga y con lesiones de consideración. La gravedad de las posibles afectaciones internas deberá ser determinada por los profesionales de la salud.Unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barrancabermeja acudieron al sitio y, mediante el uso de una escalera, lograron llegar hasta el hombre, liberarlo de los cables y descenderlo en una camilla.Posteriormente, fue trasladado al Hospital Regional del Magdalena Medio, donde quedó bajo atención médica para establecer la gravedad de las quemaduras y determinar si presenta lesiones internas como consecuencia de la descarga eléctrica.Por ahora, se presume que el incidente involucró una línea de media tensión. Sin embargo, las autoridades y la Electrificadora de Santander responsable del servicio deberán establecer la magnitud exacta de la energía involucrada y las circunstancias en las que se produjo el accidente.El caso vuelve a poner en evidencia los riesgos de manipular redes eléctricas sin las condiciones de seguridad necesarias, especialmente cuando se trata de infraestructura de media tensión en Santander.
Más de 100 kilos de material explosivo fueron encontrados en las últimas horas en zona rural de Charta, Santander, en medio de las operaciones que adelantan las autoridades contra estructuras armadas ilegales en el departamento.El hallazgo fue informado por el secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, quien explicó que tropas de la Quinta Brigada del Ejército localizaron el material y adelantan el procedimiento de incautación, además de las investigaciones para establecer su procedencia y posible uso.De acuerdo con las primeras informaciones entregadas por las autoridades, los explosivos pertenecerían, al parecer, a una estructura del ELN que tiene presencia en la región.“Ante la ofensiva contra las estructuras criminales ubicaron unos explosivos que están en proceso de incautación en este momento y haciendo ese respectivo proceso de investigación”, explicó Hernández.El funcionario señaló que en el procedimiento participan diferentes componentes de las autoridades y que se realizará el respectivo acompañamiento institucional mientras avanzan las investigaciones.Este nuevo operativo ocurre pocas semanas después de otro importante hallazgo registrado en Charta. El pasado 3 de septiembre, tropas de la Quinta Brigada, en coordinación con la Policía y con apoyo del FBI, localizaron un depósito ilegal en la vereda Ovejera, donde fueron encontrados 250 kilos de explosivo R1.Según las autoridades, ese material pertenecía al Frente de Guerra Nororiental del ELN y estaba oculto cerca de una institución educativa. Por el riesgo que representaba para la comunidad, los explosivos fueron destruidos de manera controlada.En ese momento, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, señaló que con la operación se evitó que el material pudiera ser utilizado contra la población civil, la Fuerza Pública o infraestructura estratégica. También indicó que los explosivos podrían haber sido destinados a actividades relacionadas con minería ilegal.Con el nuevo hallazgo, las autoridades mantienen las operaciones en esta zona del departamento.
En una camilla, con el rostro desencajado, Maricarmen se despide de su hogar. Esta madrileña de 87 años desahuciada el miércoles se ha convertido en símbolo de la crisis del encarecimiento de la vivienda en España.Después de varios años de lucha judicial, esta jubilada perdió la batalla frente a la agencia inmobiliaria que compró el piso que ella ocupaba desde hacía 70 años en el acomodado barrio del Retiro y le subió el alquiler un 275%, hasta los 2.650 euros mensuales.Maricarmen, que se desplaza en silla de ruedas por problemas de movilidad, se vio obligada a abandonar su vivienda, lo que provocó una ola de indignación a nivel nacional."¡Maricarmen, no estás sola!", coreaban decenas de manifestantes congregados frente a su domicilio mientras la octogenaria era llevada a una ambulancia.Explosión de los preciosSu caso ilustra la crisis de la vivienda en España, donde los precios se han disparado y la oferta se ha reducido, en parte por los alquileres turísticos de corta duración, como Airbnb, y los fondos "buitre".En diez años, el precio medio del metro cuadrado en alquiler en el país casi se ha duplicado, alcanzando los 15,1 euros/m² en agosto, según el portal inmobiliario Idealista. Para la compra el precio ronda los 2.355 euros, es decir un 50% más en una década, según cifras oficiales.Madrid encabezó en 2025 y 2026 la clasificación mundial de la red Barnes sobre las ciudades más cotizadas para el sector inmobiliario de lujo. El número de viviendas sociales es tan reducido que algunas se adjudican por sorteo."En Madrid y Barcelona ya casi no quedan pisos por menos de 700 €/mes. El mercado de alquiler empieza en cerca de 1.000 €/mes, lo que precisa de unos ingresos de al menos 2.000 €/mes netos y un importante ahorro para afrontar varios meses de fianza", denuncia la organización de consumidores OCU en un estudio publicado este miércoles."Es muy indignante, ¿no?" Los españoles, sobre todo los jóvenes, están sobrepasados y acusan al gobierno del presidente socialista Pedro Sánchez y a las autoridades de la Comunidad de Madrid, gobernada por la derecha (Partido Popular, PP).En España, un país muy descentralizado, las autoridades regionales tienen competencia en materia de política de vivienda a nivel local, lo que alimenta las críticas a la oposición conservadora."Creo que es muy indignante, ¿no?", afirmó Pedro Sánchez en rueda de prensa en Nueva York antes de su discurso en la Asamblea General de la ONU."Ver a responsables políticos que (...) con dinero público se permiten el lujo de comprarse áticos con 200 metros de terraza y sin embargo no son capaces de mover un dedo por personas que necesitan de la ayuda de lo público", añadió, apuntando a la presidenta conservadora de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.La izquierda acusa a Ayuso desde hace meses de haber comprado, con fondos públicos, un lujoso ático en el centro de la capital para su uso personal. Ella lo niega.El miércoles por la noche miles de personas se manifestaron simbólicamente bajo las ventanas de la vivienda de Maricarmen, pero también en Barcelona y Oviedo.El jueves, Díaz Ayuso contraatacó recalcando que el desahucio fue "por orden judicial" y acusó al gobierno central de no haber cambiado la ley en los ocho años que lleva en el poder.Gobierno y oposición en ascuas"En un contexto de inflación, de pérdida de poder adquisitivo (...) esta situación no ayuda a ninguno de los partidos", estima Guillermo Fernández Vázquez, profesor en la universidad Carlos III de Madrid."Al PP le viene muy mal (...) que se siga hablando del ático de Ayuso y, además, que se siga hablando con indignación" y al gobierno también "va a pasarle factura" porque "revelan una impotencia enorme", añade.A pocos meses de las elecciones legislativas, Pedro Sánchez prometió presentar de urgencia un nuevo texto en el Parlamento.Pero sin mayoría y debilitado por múltiples casos judiciales, el jefe del gobierno sigue bajo la presión de la oposición y de sus aliados, como el partido de izquierda radical Sumar, que llama a congelar los alquileres.
