El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció una orden de captura contra el expresidente de PDVSA Rafael Ramírez por su supuesta responsabilidad en el desfalco de la petrolera venezolana.En entrevista con BLU Radio, Ramírez manifestó que, contrario a las recomendaciones de Hugo Chávez, Nicolás Maduro decidió gobernar solo y no en equipo. “En la última reunión con el presidente Chávez estábamos seis. Lo que nadie dijo era que Nicolás iba a gobernar solo. Lo que todo el mundo entendía, y creo que fue lo que Chávez dijo, era que íbamos a gobernar como un equipo. (…) La realidad es que todos los que estuvimos con el gobierno de Chávez estamos fuera”, expresó.De otro lado, Ramírez dijo que las decisiones en su contra no frenarán sus intenciones de llegar al Palacio de Miraflores.“Creo que hay que participar con las elecciones. Voy a intentar ser un candidato del chavismo porque estoy en mi derecho. Creo tener elementos para superar en esta crisis. Nos estamos ahogando en un vaso de agua”, enfatizó. Además, manifestó que está listo para responder a las acusaciones, a las que calificó de “falsas y sin fundamento”. “Son infundadas. Son acusaciones que las enmarco en una persecución política en mi contra por el hecho que he expresado mi desacuerdo en la forma cómo se ha manejado el país”, dijo.Ramírez renunció en diciembre como representante de Venezuela en la ONU, después de que el mandatario y figuras de su entorno lo acusaran de corrupción en su mandato al frente de PDVSA.
Un total de 13 incendios forestales permanecen activos en Colombia, mientras que otros dos se encuentran bajo control, según el balance entregado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) con corte a las 07:00 horas del 6 de septiembre de 2026.Las emergencias se concentran en los departamentos de Tolima, Cauca, Vichada y Norte de Santander, donde cuerpos de bomberos, la Defensa Civil, la Policía Nacional y el Ejército Nacional adelantan labores de sofocación.Tolima y Cauca, los departamentos con mayor afectaciónDe acuerdo con el reporte oficial del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD), el departamento del Tolima registra emergencias activas en Cunday (veredas Páramo y California), Ortega (vereda Llano de Olaya y sector Yucalabaja), Coyaima (vereda Totarco) y Natagaima (vereda Palm alta).Para atender los focos en Tolima, las autoridades instalaron un Puesto de Mando Unificado (PMU) en el CENOP y han dispuesto de apoyo aéreo mediante helicópteros UH-60 de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) y la Avión del Ejército (AVIPO). Adicionalmente, la UNGRD mantiene cuatro carrotanques en el territorio.En el departamento del Cauca se reportan seis focos activos en Argelia (vereda Cristales Alto), Timbío (sector Puerto Llave), Totoró (vereda Palace), La Vega (vereda Ventikadero), Piendamó (sector Alto Grande) y La Sierra (vereda El Llano).Otros focos activos y conflagraciones controladasEl balance del SNGRD indica que también hay incendios en desarrollo en Puerto Carreño, Vichada (inspección Cusu arito), y en Ábrego, Norte de Santander (vereda Berlín), los cuales son atendidos por brigadas forestales y la Defensa Civil.Por otro lado, los equipos de socorro lograron controlar dos emergencias en el Tolima:Carmen de Apicalá: Cerro Las Mercedes, con intervención de Bomberos de Bogotá, Carmen de Apicalá, Alpujarra, Ponalsar y el Ejército.Suárez: Veredas Sinaí parte alta, Cañaveral Cubacol y Agua Blanca, donde se controlaron tres focos.
Después de varios días de búsqueda y tras la activación de una Alerta Rosa, la Policía encontró con vida a María Elena Ariza Rocha, de 70 años, quien había sido reportada como desaparecida en Bucaramanga desde el pasado 28 de agosto.La mujer fue ubicada durante las labores de intervención y control que adelantaban uniformados de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) en una zona boscosa ubicada debajo del Puente de La Novena, en el sector del barrio El Mutis.De acuerdo con la información entregada por la Policía, las características físicas de la adulta mayor coincidían con las registradas en el reporte de desaparición, por lo que los uniformados procedieron a verificar su identidad.Una vez confirmaron que se trataba de María Elena Ariza Rocha, se activó la atención correspondiente y se dio aviso a sus familiares.Al momento de ser localizada, la mujer presentaba signos de deshidratación, por lo que fue trasladada al Hospital del Norte, donde quedó bajo valoración médica y le practicaron los exámenes correspondientes.La noticia representa un alivio para sus familiares, quienes durante más de una semana participaron en la búsqueda y solicitaron ayuda para establecer su paradero.La información inicial sobre su desaparición señalaba que María Elena había sido vista por última vez el 28 de agosto en Bucaramanga. Para facilitar su identificación, las autoridades habían divulgado características físicas como su estatura, contextura, color de cabello y ojos, además de dos tatuajes en la región orbitaria y una antigua fractura en el tobillo izquierdo.Por ahora, no se conocen públicamente las circunstancias que rodearon su desaparición ni qué ocurrió durante los días en los que permaneció fuera de contacto con sus familiares.Las autoridades deberán establecer las condiciones en las que la mujer llegó hasta la zona donde fue encontrada y reconstruir lo ocurrido desde el momento en que se reportó su desaparición.El hallazgo se produjo en medio de las acciones de vigilancia e intervención que desarrolla la Policía en sectores priorizados de Bucaramanga, dentro de la estrategia de prevención y lucha contra el homicidio.La mujer finalmente pudo reencontrarse con sus familiares y permanece bajo atención médica mientras se conoce más información sobre su estado de salud y las circunstancias de su desaparición.
Los cuerpos de Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’, así como el de su pareja sentimental, 'La Bebecita', y los dos escoltas que lo acompañaban el viernes 4 de septiembre cuando fueron dados de baja en un operativo de las autoridades en la ciudad de Riohacha, fueron entregados a sus familiares en la sede de Medicina Legal, en Barranquilla.Los cuerpos fueron trasladados a una casa funeraria de la ciudad, para luego, a altas horas del sábado, tomar rumbo a la capital de La Guajira, donde llegaron en la madrugada de este domingo para ser sepultados.Con total hermetismo por parte de sus familiares, los cuerpos de alias ‘Naín’ o ‘Bendito Menor’ y de Rosa Angélica Tarazona, alias ‘La Bebecita’, así como los de los dos hombres que los acompañaban la noche de su muerte, identificados por las autoridades con los alias de ‘El Tío’ y ‘Casiloco’, salieron de las instalaciones de la Regional Norte de Medicina Legal con rumbo a la Funeraria Capillas De La Fe, en el centro histórico de Barranquilla.A eso de las 2:30 de la tarde se dio la salida de los cadáveres en un carro fúnebre. Afuera de las instalaciones de Medicina Legal varios de sus familiares y allegados aguardaban el momento en medio de lamentos y llanto.También se conoció que los cuerpos de alias ‘Naín’ y ‘La Bebecita’ llegaron en la madrugada de este domingo a la capital de La Guajira, donde los esperaban sus familiares.Asimismo, las autoridades realizaron un consejo extraordinario de seguridad para blindar a la ciudad de Riohacha ante cualquier evento que pueda alterar el orden público.Este viernes alias Naín fue dado de baja en un operativo de la Dijín cuando se encontraba en una lujosa vivienda del barrio Los Olivos, cerca del aeropuerto Almirante Padilla, donde se produjo un enfrentamiento con los uniformados que participaron en la operación.El presidente Abelardo De La Espriella informó el mismo viernes en la mañana que en el marco de la 'Operación Centinela de la Patria', un trabajo conjunto entre la Policía Nacional y la Fiscalía General, agentes de la Dijín denominados 'Los Lobos', abatió al 'Bendito Menor', cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, o ‘Los Pachencas’, con influencia en La Guajira y el Magdalena.Naín Andrés Pérez Toncel era requerido por las autoridades con una circular Roja de Interpol, además de cinco órdenes de captura por homicidio agravado, secuestro, extorsión y concierto para delinquir agravado. Se le señala de estar detrás de varias masacres y se caracterizaba por revelar en redes su accionar delictivo.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, se refirió a las imágenes del presidente Abelardo De La Espriella caminando entre cuerpos de personas muertas durante la operación Azarías, desarrollada en el Guaviare contra estructuras de alias 'Iván Mordisco'.De acuerdo con el reporte oficial citado por la Defensoría, durante la operación murieron 23 integrantes de esas estructuras armadas, entre ellos algunos de sus mandos. Según Medicina Legal, dos de las personas fallecidas eran menores de edad.Marín recordó que Colombia lleva décadas enfrentando distintos ciclos de conflicto armado y criminalidad organizada, pero cuestionó que un mandatario aparezca entre los cuerpos de personas muertas y que esas imágenes puedan interpretarse como una demostración de orgullo por los resultados militares.Marín señaló que el Estado tiene el deber de proteger a la población y enfrentar, dentro de la Constitución y el derecho internacional humanitario, a los grupos armados responsables de graves violaciones a los derechos humanos.Sin embargo, aclaró que su cuestionamiento no está dirigido contra las operaciones legítimas de la fuerza pública, sino contra la manera en que el Estado ejerce el poder y comunica sus resultados.“Esta reflexión no desconoce ese deber ni cuestiona por sí mismas las operaciones legítimas de la fuerza pública. Se refiere más bien a algo distinto, a la manera como el Estado ejerce el poder y comunica sus resultados”, explicó Marín.La defensora recordó que la Constitución establece que el derecho a la vida es un derecho fundamental de aplicación inmediata y que no puede ser suspendido ni siquiera durante los estados de excepción.No obstante, explicó que el derecho a la vida no es absoluto y que el ordenamiento jurídico contempla determinadas situaciones en las que puede producirse la muerte de una persona, como la legítima defensa o la baja de combatientes en situaciones de conflicto armado, de acuerdo con las normas del derecho internacional humanitario.Sostuvo también que la privación de la vida no puede ser arbitraria y debe responder a criterios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad.“El DIH parte del mismo principio. Incluso en la guerra existen límites. Los muertos deben ser respetados y tratados dignamente”, señaló la defensora.Marín reconoció que las acciones militares en las que pueden perder la vida integrantes de grupos armados están permitidas en determinadas circunstancias y pueden ser necesarias para proteger a la población. Sin embargo, insistió en que esas muertes no deben convertirse en un mecanismo de exaltación.¿Página que mide las bajas?Otro de los puntos planteados por la defensora fue la existencia de un portal denominado “Las Bajas del Tigre”, que, según indicó, no ha sido confirmado como una página oficial y en el que se registran muertos y otros resultados operacionales desde la posesión del actual presidente de la República.Marín pidió especial cautela frente a este tipo de indicadores y recordó el antecedente de la política de resultados basada en bajas en combate, que estuvo relacionada con los llamados falsos positivos, crímenes que actualmente son juzgados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).La defensora aclaró que no está planteando que los cuerpos de las personas muertas durante la operación Azarías respondan a esa lógica. Sin embargo, invitó a utilizar indicadores más amplios para evaluar la seguridad.“No planteamos con esto que los cuerpos en tulas de la operación Azarías atiendan esa lógica, pero sí invitamos a tener indicadores más comprensivos de lo que significa la seguridad, que se mide en derechos garantizados y en vidas salvadas, especialmente para la población civil sometida a la acción de grupos criminales”, agregó.Marín también se refirió a la manera en que históricamente los actores armados han utilizado los cuerpos, la humillación y el miedo para enviar mensajes de dominio y terror.Según la defensora, Colombia conoce las consecuencias de la deshumanización en medio del conflicto y ese lenguaje no debería ser adoptado por las instituciones estatales.“La humanidad aprendió después de guerras y violencias extremas que deshumanizar al adversario termina también deshumanizando a quien ejerce el poder. Colombia conoce demasiado bien esta historia”, recordó.En ese sentido, sostuvo que la acción militar del Estado es un deber y destacó el trabajo de los integrantes de la Fuerza Pública que arriesgan su vida para proteger a la población. Aun así, afirmó que debe prevalecer la acción de la justicia.“Ese lenguaje de quienes prefieren la muerte a la vida no puede convertirse en el lenguaje del Estado”, sostuvo Marín.La defensora cuestionó además que los cuerpos de las personas muertas sean utilizados como parte de una declaración pública o como una forma de exhibir autoridad.“No deberíamos normalizar que los cuerpos de las personas muertas hagan parte de la escenografía en una declaración pública ni que la muerte se convierta en una forma de exhibir autoridad”, afirmó.Finalmente, Marín señaló que el poder del Estado también se expresa a través de los símbolos y las imágenes que transmite a la sociedad.“Cada gesto y cada imagen difundida desde una institución pública comunican algo sobre lo que es el Estado y sobre los valores que defiende”, manifestó la defensora. Según agregó, cuando el poder estatal utiliza esos símbolos para transmitir espectáculo o humillación, puede terminar debilitando su propia legitimidad.La defensora declaro que es precisamente frente a quienes son considerados adversarios cuando el Estado debe demostrar que la dignidad humana es un principio que debe defenderse en todo tiempo y lugar.“El Estado no necesita parecerse a quienes combate para demostrar su fortaleza. Su autoridad se afirma cuando enfrenta con decisión a quienes amenazan a la población, pero conserva los límites que imponen la Constitución, la ley y sobre todo la humanidad”, concluyó Marín.
Un ataque armado se registró contra la subestación de Policía de El Carmelo, en el municipio de Cajibío, Cauca. Las comunidades permanecen refugiadas ante la intensidad de los disparos y la presencia de drones que estarían lanzando artefactos explosivos. La situación ha generado temor entre los habitantes del sector, quienes han optado por permanecer dentro de sus viviendas como medida de protección ante los disparos y las explosiones.Videos registrados por habitantes de la zona y difundidos durante los primeros momentos del ataque muestran lo que serían varios drones sobrevolando el área. En las imágenes se observa cómo algunos de estos aparatos estarían dejando caer artefactos explosivos en inmediaciones de la zona afectada.La presencia de estos dispositivos ha incrementado la preocupación de la comunidad, debido a que los ataques con drones se han convertido en una de las modalidades utilizadas por grupos armados para atacar posiciones de la fuerza pública en diferentes zonas del departamento.Hasta el momento, no existe información oficial confirmada sobre personas heridas o fallecidas como consecuencia de estos ataques. Tampoco se ha establecido con precisión la magnitud de los daños materiales ocasionados en la subestación de Policía, la base militar o en viviendas y otras estructuras cercanas.Las autoridades se encuentran desplegando acciones en la zona con el objetivo de responder a los ataques y garantizar la seguridad de la población civil. Sin embargo, habitantes de estas comunidades han manifestado la necesidad de contar con un mayor respaldo de la Fuerza Pública, tanto por vía terrestre como aérea, ante la intensidad de la situación.
