Bogotá puso en marcha este 28 de abril una subasta de derechos de construcción con la que recaudó $41.987 millones destinados a la protección ambiental. El mecanismo busca financiar la adquisición y restauración de predios en la Reserva Thomas van der Hammen, uno de los ecosistemas estratégicos más importantes para la ciudad.De acuerdo con la alcaldía, la subasta se basó en la emisión anticipada de Certificados de Derechos de Construcción, un instrumento contemplado en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), que permite vincular el crecimiento urbano con la conservación ambiental.En la primera jornada, cinco empresas del sector inmobiliario adquirieron más de 200.000 certificados a un precio de corte de $205.000 cada uno. Es decir, esta Transferencia de Derechos de Construcción y Desarrollo permite que los propietarios de predios ubicados en zonas ambientales estratégicas cedan sus terrenos al Distrito (de manera voluntaria o mediante compra) a cambio de certificados que pueden ser utilizados o vendidos para desarrollar proyectos en zonas habilitadas de la ciudad.En la práctica, los constructores compran derechos adicionales de edificación y esos recursos se invierten en proteger ecosistemas.La Alcaldía además habilitó 25,09 hectáreas en zonas centrales estratégicas, como la Zona Industrial de Bogotá (ZIBo), para nuevos proyectos de vivienda, incluyendo vivienda de interés social. Según la administración, esto podría facilitar que más ciudadanos accedan a viviendas mejor ubicadas, cerca de empleo y transporte, reduciendo tiempos de desplazamiento.Primer predio entregado a la ciudadHoras después de la subasta, la Secretaría Distrital de Ambiente anunció la entrega del primer predio dentro de la Reserva Thomas van der Hammen mediante este mecanismo.Se trata de un terreno de 9,64 hectáreas, conocido como Koralia I, que fue transferido voluntariamente al Distrito por su propietario. A cambio, recibió más de 26.000 certificados de construcción, incluyendo un incentivo por acogerse al instrumento en su primer año de vigencia.Este predio, ubicado en una zona clave de la reserva, presenta condiciones de deterioro, por lo que será objeto de procesos de restauración ecológica, según destacó la secretaría.Actualmente, el 95 % de la Reserva Thomas van der Hammen está en manos privadas y solo una pequeña fracción ha sido restaurada en más de una década. Por ahora, la alcaldía manifestó que hay al menos 25 propietarios interesados en transferir predios que sumarían cerca de 190 hectáreas adicionales.
El primer ministro de Ambiente que tuvo Colombia, Manuel Rodríguez Becerra, en 1993, respaldó la postura y las decisiones de la actual ministra Susana Muhamad sobre la protección de la reserva Thomas Van Der Hammen, en relación con la ampliación de la avenida Boyacá y por la que se creó una discusión entre el presidente Gustavo Petro y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.Y es que la ministra Muhamad demandó ante el Consejo de Estado la licencia que otorgó la CAR para la ampliación de dicha avenida, por considerar que causaría un daño irremediable a la reserva Thomas Van Der Hammen.>>> Lea también: Galán a Petro por Av.Boyacá: "Discusión sobre Van Der Hammen debe ir más allá de un trino"Mañanas Blu 10AM conversó con el exministro Becerra, quien está en la COP16 en Cali, sobre este tema. Hubo un respaldo hacia la ministra y se reiteró la importancia de proteger este espacio natural.“El ministro de Ambiente Juan Mayer fue quien ordenó la creación de la reserva Thomas Van Der Hammen. Y en un momento dado, el alcalde Enrique Peñalosa demandó ante el Consejo de Estado la decisión de Juan Mayer, alegando la extralimitación de funciones y el Consejo de Estado falló en contra de la demanda de Peñaloza, lo que muestra que la ministra Muhamad está actuando en forma coherente”, dijo Becerra en Mañanas Blu 10AM.El exfuncionario también insistió en que “la Sabana de Bogotá tiene en la Ley 99 una prioridad nacional, en el artículo 61, y al tener una prioridad nacional de protección y restauración, es natural que el Ministerio del Medio Ambiente pueda intervenir una mala decisión de este alcalde, que es el de construir la Avenida Boyacá, haciendo un enorme daño”, agregó.
En medio de la controversia por la ampliación de la Avenida Boyacá en Bogotá, el alcalde Carlos Fernando Galán aclara las implicaciones de esta obra sobre la reserva Van der Hammen y subraya que el debate debe ir más allá de una postura simplificada en redes sociales. La obra, autorizada bajo una licencia ambiental, busca mejorar la movilidad sin comprometer el medioambiente, según el alcalde.La Avenida Boyacá ha sido una arteria planeada para Bogotá desde hace más de 60 años. Su ampliación en el tramo norte, que incluye el cruce por la reserva Van der Hammen, fue contemplada en la administración de Gustavo Petro como alcalde en 2013, dentro de su propuesta de Plan de Ordenamiento Territorial (POT), bajo el nombre de Avenida Lou Murtra. Según Galán, Petro y la entonces alcaldesa encargada, Susana Muhamad, defendieron la necesidad de esa vía. Sin embargo, ahora el presidente Petro y la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, cuestionan la ampliación, argumentando que afectaría el ecosistema de la reserva.En entrevista con Blu Radio, Galán expuso que la ampliación no tiene el impacto negativo que se le atribuye y que, además, se han considerado medidas de compensación ambiental. “La licencia se tramitó cumpliendo todos los criterios de ley. Implica la sustracción de cerca de 20 hectáreas de las 1,395 que tiene la Van der Hammen y no afecta el bosque de Las Mercedes”, explicó el alcalde. Asimismo, detalló que la obra incluye pasos especiales para la fauna y la preservación de conexiones hídricas, además de una compensación de 120 hectáreas destinadas a restauración.Restauración de la reserva Van der HammenGalán puntualizó que, a pesar de los años de discusión en torno a la Van der Hammen, la mayoría de los terrenos en la reserva siguen siendo privados, con un avance mínimo en su restauración. Con el objetivo de hacer públicos estos terrenos, Bogotá ha implementado un mecanismo de “transferencia de derechos de construcción”, mediante el cual los dueños pueden ceder sus terrenos en la reserva a cambio de derechos de edificabilidad en otras zonas de la ciudad. “Vamos a arrancar con 60 hectáreas este año, y la proyección es llegar a 2,300 hectáreas que se harán públicas para restaurarlas, no para construirlas”, detalló Galán, subrayando que su administración está comprometida con la restauración y protección de la reserva.Galán también adelantó que Bogotá contará con un proyecto en colaboración con el Fondo Verde del Clima, que proporcionará $90 millones para invertir en la cuenca media y alta del río Bogotá, junto con otros $24,000 millones de fondos locales. Este proyecto se enfocará en la restauración de 5,000 hectáreas y en la reconversión de prácticas productivas en 10,500 hectáreas, trabajando con familias campesinas para reducir el impacto ambiental en la región.“Esta discusión no se debe dar de manera limitada, con un trino, sino a fondo sobre lo que se está haciendo verdaderamente para preservar la estructura ecológica de Bogotá”, enfatizó el alcalde Galán.En cuanto a la zona de Lagos de Torca, un proyecto de desarrollo urbano ubicado al norte de Bogotá, Galán señaló que la ampliación de la Avenida Boyacá es fundamental para su viabilidad. Este proyecto, que incluye cerca de 800 hectáreas de terreno, requiere infraestructura vial para garantizar su desarrollo ordenado. “La Avenida Boyacá es una carga que deben asumir quienes desarrollan Lagos de Torca, no es solo un proyecto particular, sino una necesidad para Bogotá. Más de 20,000 viviendas de interés social y prioritario se construirán en esta área, y necesitamos garantizar un desarrollo organizado”, aseguró Galán.Para el alcalde, un desarrollo bien planificado liderado por el Estado es la mejor forma de evitar el crecimiento desordenado de la ciudad y el surgimiento de asentamientos ilegales, una problemática que ha afectado históricamente las zonas de Usme, Ciudad Bolívar y Rafael Uribe Uribe. “Un desarrollo mal planeado afecta los recursos hídricos y promueve invasiones ilegales. Este proyecto de ampliación busca precisamente proteger los corredores hídricos y el espacio público, evitando que el crecimiento urbano se dé de manera no controlada”, argumentó.“Yo creo que nos quieren encasillar en una discusión diciendo que unos quieren construir una vía para destruir una reserva y otros quieren protegerla. Eso es equivocado. Todos queremos trabajar para proteger el medio ambiente. La pregunta es cómo”, aseveró Galán.Posturas enfrentadas: impacto ambiental vs. necesidad de infraestructuraMientras que la ministra Muhamad alerta sobre el riesgo que representa la obra para la sabana de Bogotá en el contexto del cambio climático, Galán defiende que el impacto ambiental sería mayor si no se realiza la ampliación. Según el alcalde, no realizar esta obra incentivaría el crecimiento descontrolado de la ciudad en zonas vulnerables y afectaría a los ecosistemas de manera indirecta.“El peor impacto sería dejar que el desarrollo urbano se dé sin regulación, promoviendo asentamientos que terminan afectando las fuentes hídricas”, comentó Galán, en referencia a zonas de alto valor ambiental como los Cerros Orientales y los corredores hídricos en el borde norte de la ciudad.Galán cerró su intervención llamando a que el Gobierno nacional y las autoridades locales trabajen juntos en una discusión a fondo, basada en datos y análisis técnicos, para alcanzar soluciones viables que beneficien tanto al medioambiente como al desarrollo de la ciudad. En su opinión, el Estado debe tomar un rol activo en la planificación urbana para evitar que el crecimiento de Bogotá ocurra de manera caótica.“Tenemos en espíritu el mismo objetivo: preservar el medioambiente y garantizar que el desarrollo sea sostenible. Pero creemos que es el Estado quien debe liderar, organizar y proteger, para que no sean los ilegales quienes terminen ocupando estas zonas de forma desordenada”, concluyó Galán.
La ampliación de la avenida Boyacá en Bogotá ha generado una intensa controversia debido a su impacto ambiental y a la confrontación política que ha suscitado entre el presidente Gustavo Petro y el alcalde de la capital, Carlos Fernando Galán.Este proyecto, cuya ejecución se ubica en el tramo que va desde la calle 183 hasta la avenida Guaymaral (calle 235), para conectar con la autopista Norte, promete una mejora significativa en la infraestructura vial de la ciudad. Sin embargo, la licencia ambiental que permite su desarrollo fue objeto de una demanda por parte del Ministerio de Ambiente, que busca anular esta aprobación por parte de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR).Características de la ampliación de la avenida BoyacáLa ampliación de la avenida Boyacá cubrirá un tramo de 4,9 km en el norte de Bogotá y se desarrollará en una franja de terreno de 69 metros de ancho, con variaciones que van de 79 a 300 metros en algunas intersecciones.La extensión incluye un área vial total de 44,54 hectáreas. Para su desarrollo, la obra requerirá la intervención de 20,87 hectáreas de la reserva Thomas Van Der Hammen, lo cual ha sido el principal punto de discordia.Por eso, la CAR, que otorgó la licencia ambiental para esta ampliación, estableció medidas compensatorias que buscan minimizar el impacto ambiental de la obra. Entre estas medidas se encuentran:La restauración de 62,49 hectáreas adicionales en la misma zona de la reserva como compensación ambiental.La plantación de más de 12,500 árboles en áreas afectadas y en zonas aledañas, con el fin de preservar la conectividad ecológica en la región.La implementación de un plan de recuperación para el humedal Torca Guaymaral.Petro vs. GalánEl proyecto ha desatado un intercambio de opiniones entre Gustavo Petro y Carlos Fernando Galán, con posturas opuestas sobre la gestión ambiental en Bogotá. Petro ha expresado su preocupación por el impacto de la obra sobre la reserva Thomas Van Der Hammen, argumentando que esta zona es esencial para el suministro de agua en la ciudad. El presidente señaló que en una ciudad que enfrenta desafíos hídricos graves, urbanizar la reserva es una amenaza para la sostenibilidad ecológica. Petro enfatizó que los árboles centenarios de la reserva, así como la biodiversidad local, están en riesgo, al tiempo que reafirmó que “es más importante el agua que el cemento y el carro”.Por su parte, Galán defendió el proyecto de ampliación de la avenida Boyacá, subrayando que la intervención afectará solo 20 hectáreas de las 1.395 de la reserva. Además, aseguró que el proyecto no solo no compromete los recursos naturales, sino que prevé un aumento de la restauración ambiental en la zona, con cerca de 120 hectáreas destinadas a la conservación. El alcalde también destacó la creación de pasos para fauna y la protección de la conectividad hídrica, argumentando que esta expansión es parte de un desarrollo urbano bien planeado, necesario para controlar el crecimiento desbordado de Bogotá y su periferia.
La ampliación de la Avenida Boyacá en Bogotá ha desatado un nuevo enfrentamiento entre el presidente Gustavo Petro y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. En un cruce de trinos, ambos líderes se han manifestado en torno al impacto ambiental de esta obra sobre la reserva forestal Thomas Van Der Hammen, un proyecto que el Gobierno nacional busca frenar.En su primer trino, Petro expresó su preocupación por la afectación de la reserva forestal, un área que, según el mandatario, es crucial para garantizar el agua en una ciudad que enfrenta graves desafíos hídricos. “En una ciudad que se queda sin agua, cómo se puede pensar en destruir la Reserva Forestal Thomas Van Der Hammen”, señaló Petro, advirtiendo sobre los riesgos de urbanizar esta zona protegida.Galán respondió a Petro, asegurando que la obra de ampliación de la Avenida Boyacá no destruirá la reserva. Según el alcalde, de las 1.395 hectáreas de la reserva solo se utilizarán 20, y esta intervención será compensada con cerca de 120 hectáreas adicionales destinadas a restauración y conservación ambiental. Galán subrayó la inclusión de pasos para fauna y conexión hídrica en el proyecto, argumentando que la expansión vial no compromete los recursos naturales de la ciudad. “El camino para contener el crecimiento desbordado en la sabana de Bogotá es un desarrollo urbano bien planeado”, añadió.>>> Lea también: Consejo de Estado revisará demanda para anular licencia ambiental de Av. Boyacá en BogotáEl intercambio de opiniones continuó con un segundo trino de Petro, quien describió el valor ecológico de la reserva y del “Bosque de Las Mercedes”, un área de vegetación nativa que alberga especies centenarias. Petro aseguró que urbanizar la reserva implicaría la desaparición de árboles con más de 200 años, poniendo en riesgo la estabilidad hídrica de la capital. “Hoy la primera necesidad de Bogotá se llama agua… Es más importante el agua que el cemento y el carro”, afirmó Petro, recalcando que la urbanización de estos espacios iría en detrimento del desarrollo sostenible.Galán respondió nuevamente destacando los esfuerzos de su administración por aumentar la restauración en la reserva, un aspecto que, según él, había quedado rezagado desde su declaración en 2011. El alcalde enfatizó que el 95.6 % de la reserva aún está en manos de propietarios privados y que solo un 3 % ha sido restaurado. Para abordar esta situación, la Alcaldía lanzó el mecanismo de Transferencia de Derechos de Construcción, una estrategia que permite que los propietarios de predios de alto valor ambiental puedan transferir voluntariamente sus terrenos a la Secretaría de Ambiente a cambio de beneficios en áreas urbanizables de la ciudad, especialmente para la construcción de Vivienda de Interés Social.Este intercambio fue catalizado por la reciente demanda de la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, contra la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), lo cual, según Galán, representa una “intromisión del Gobierno Nacional en decisiones que Bogotá ya ha definido”. Para el alcalde, esta acción judicial es un intento del Gobierno para bloquear una obra que considera estratégica para la movilidad en la ciudad.
La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) expidió una resolución de 330 páginas, en la que le da vida a uno de los proyectos viales más polémicos que se han discutido en la ciudad; se trata de la licencia ambiental que permite la ampliación de la Avenida Boyacá desde la calle 170 hasta la 125, tomando una fracción de la reserva forestal Thomas Van der Hammen.Esta decisión parte de un insumo, una audiencia pública que se llevó a cabo hace tres meses en la Escuela de Ingenieros, en la que la CAR escuchó a todas las partes involucradas en el proyecto. La resolución determina que la ampliación de la Av. Boyacá tendrá cinco kilómetros.Además, tomará 44 hectáreas de la reserva Van der Hammen y tendrá cuatro carriles, dos en el sentido norte-sur y dos sur-norte.“(…) Realizó la revisión de información preliminar de la solicitud de licencia ambiental del proyecto determinando que la información presentada se encuentra completa, por lo que se recomienda continuar con el trámite de solicitud de licencia ambiental”, dice el documento.Cabe recordar que hace unos meses, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, había hecho llamado para que se respetara el Plan de Manejo Ambiental definido en 2014 y se adelantara el estudio respectivo de alternativas que garantizaran la movilidad con un uso racional del suelo y sin fragmentar más este ecosistema estratégico de la ciudad.“Garantizar los derechos a la participación no es frenar a Bogotá, garantizar los derechos es que Bogotá avance y por eso hemos solicitado audiencia pública. Lo que nosotros estamos diciendo es que debe respetarse el plan de manejo ambiental y buscar una alternativa que no termine generando una autopista de 12 carriles, fragmentando aún más la reserva Thomas Van Der Hammen que, recuerden, tiene importancia regional para garantizar la estabilidad climática de la ciudad”, fueron las palabras de la ministra Muhamad.Conéctese a la señal en vivo de Blu Radio:
El juzgado 4 administrativo de Bogotá declaró este jueves, 14 de diciembre, como nulos los artículos 21 y 129 del decreto 088 de 2017 del proyecto Lagos de Torca de la Alcaldía Mayor. Dichas iniciativas permitían que se pudiera urbanizar en el área entre la Autopista Norte y la franja de conexión ambiental, que conecta la Van Der Hammen y los cerros orientales.La demanda en contra de este articulado la interpuso María Fernanda Rojas, concejal de Alianza Verde, en 2019. Ella argumentó que en el proyecto Lagos de Torca, al permitir nuevos desarrollos urbanísticos en la franja de conexión ambiental AP-2, se violaba las resoluciones 475 y 621 de 2000 del entonces Ministerio de Medio Ambiente; además el POT de Bogotá y la ley 388 de 1997.Sin embargo, cabe aclarar, que pese a esto el proyecto Lagos de Torca no va a parar, pues la obra contempla la expansión del norte de Bogotá por lo que dicha solución solo recae en la conexión ambiental. Por lo que el Distrito y sus promotores deberán replantear lo que se haga para conectar, restaurar y proteger los sistemas hídricos y corredores biológicos de la capital.Según el juez, el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá vigente al momento de expedir el acto demandado señaló que todas las áreas comprendidas dentro del Sistema de Áreas Protegidas del Distrito Capital constituyen suelo de protección, y la prioridad es la preservación y conservación de la zona, por lo que, tienen restringida la posibilidad de urbanizarse en ese tramo.Además, la decisión señaló que el Ministerio de Ambiente determinó que la zona coincidente entre la Autopista Norte; la franja de conexión y protección ambiental del norte conservaría la denominación de suelo urbano, pero simultáneamente, constituirían un área protegida, denominada AP-2.Esta es la sentencia del juzgadoLe puede interesar
En medio de la polémica que ha suscitado el futuro de la ampliación de la avenida Boyacá en Bogotá, en la que la alcaldesa Claudia López criticó al presidente Petro luego de que se opusiera al proyecto, la ministra de ambiente, Susana Muhammad, respaldó la idea del primer mandatario de que la construcción tendría consecuencias ambientales.“Hay alternativas. Lo que el Ministerio dice es: garanticen el derecho a la participación, sean serios en la publicación de los estudios, dónde están los estudios de tránsito, por qué no se hizo un diagnóstico de alternativas y por qué la primera opción es pasar por encima de la reserva”, dijo.La ministra fue enfática en decir que la ampliación de la avenida Boyacá con 12 carriles causaría una fragmentación irremediable de la Reserva Thomas Van Der Hammen.Muhamad también dijo que la ciudadanía tiene el derecho de tener un debate informado, poniendo todos los elementos sobre la mesa porque está en juego una reserva regional, que necesita una franja continua de conexión entre el río Bogotá y los cerros orientales para garantizar la estabilidad climática de la sabana.“Como rectora del Sistema Nacional Ambiental, con funciones de vigilancia y control sobre las corporaciones, lo que queremos es ponerle foco y luz a la transparencia y las decisiones técnicas”, afirmó.Muhamad aseguró que en los últimos años se han perdido 36.000 hectáreas de suelo agroecológico.Trabajo conjunto por la sabanaLa Asamblea Ambiental de la Sabana de Bogotá, que se adelantó hoy en el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, convocó a diferentes actores de la región para construir una hoja de ruta para la protección y conservación de este ecosistema clave.Vea también
El presidente Gustavo Petro le respondió a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, sobre la ampliación en la avenida Boyacá, en el norte de la ciudad, y que afectaría la reserva Thomas Van der Hammen. El mandatario destacó que acabar con los árboles es “sabotear la vida”.En su cuenta de X, el presidente Petro le respondió a la alcaldesa López que “a nadie se le ocurre que impedir que se acabe una reserva forestal sea saboteo”. Señaló que, por el contrario, “quienes acaban las reservas forestales y los árboles sabotean la vida”.Y es que, según la alcaldesa, cuando Petro fue alcalde de Bogotá contemplaba en su POT la ampliación de la Boyacá y en esa época “no le pareció que fragmentaba la reserva”, pero “hoy en época electoral le parece que sí”.López, además, afirmó que la extensión de la Boyacá y la autonorte se harán con los más altos estándares ambientales y, en vez de fragmentar la reserva, restaurará la conexión hídrica y ecosistémica entre los cerros orientales.Pero esto que dijo la alcaldesa Claudia López fue, precisamente, como respuesta a otro trino del presidente Petro en el que manifestó: “Si prolongan la avenida Boyacá a través de la reserva forestal del norte que este gobierno piensa consolidar, acaban la reserva forestas Tbomas Van der Hammen: la reserva forestal del norte. Los árboles producen oxígeno, y eso es fundamental para sostener la vida”.Por lo que la alcaldesa destacó que el trino, además de todo, muestra también una intención de parar el proyecto del Regiotram Norte.“Y con el mismo argumento, supuestamente ambientalista, pero infundado, podrían parar también la ampliación de la autonorte. Es decir, esas tres decisiones nacionales bloquearían del todo el ingreso por el norte de quienes vivimos en la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca y, además, bloquearía el ingreso económico del país a la ciudad, región que le aporta un tercio del PIB a Colombia”, enfatizó Claudia López.Puede ver:
No se sustraerán 14 vías de la reserva como estaba planeado en anteriores administraciones distritales en Bogotá, sino cuatro que, según la alcaldesa Claudia López, son las siguientes: la avenida Boyacá y las que la alimentan: la Suba - Cota, Arrayanes y Corpas, corredores que dice la mandataria ya están acordados con la comunidad.¿Qué van a hacer?Se van a sacar las 20 hectáreas de la reserva Van der Hammen y el acuerdo es, según la alcaldesa, reponer al 3x1; es decir, que se sustraen 20 hectáreas y se tienen que comprar y reforestar 62 hectáreas para compensarlas.¿Qué sigue después de la sustracción?Sigue el trámite de la licencia ambiental para poder hacer, destacó la alcaldesa, con los mayores estándares ambientales, el diseño de la futura avenida Boyacá, con pasos de fauna, que preserve la conexión hídrica y la conexión ecosistémica.Para esto, mencionó López, habrá audiencia y otros mecanismos de garantías para la ciudadanía en el trámite de la licencia ambiental.“Contempla pasos de fauna e hídricos para mejorar la función ecológica existente. La vía contribuirá a mejorar la calidad de vida de los habitantes de Bogotá y preservar la Estructura Ecológica Principal, ya que incluye un ambicioso plan para que el borde norte cuente, por primera vez, con el manejo adecuado de las aguas lluvias y residuales, que en este momento se vierten a los cuerpos hídricos y vallados de la zona”, indicó Claudia López.La alcaldesa invitó “a cada bogotano que pone un tweet sobre la reserva Van der Hammen” a que se ponga botas y vaya a la reserva a ver cómo se ha protegido y cómo se protegió el bosque que hubiera sido arrasado por la ALO norte, proyecto que finalmente no se dio.“Nos comprometimos a que la ALO no se haría, pero sí la Boyacá, y estamos cumpliendo lo que dijimos y acordamos en campaña y lo que está en el POT”, agregó López.La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, indicó, por su parte, que no quedaron satisfechos con las respuestas de la CAR, sobre dar luz verde al proyecto en la Van der Hammen, por lo que están ya solicitando una audiencia pública ambiental sobre la licencia ambiental otorgada para tratar los temas con la comunidad.Dijo, además, que desde el ministerio se pidió una comisión para que se escuchara a la comunidad, pero que fue negado desde el consejo directivo de la CAR, por lo que es posible que apelen la decisión. “Lo importante es que no hubo participación de la ciudadanía”.Al cuestionamiento de que si esta posición del ministerio es política, la ministra indicó que “su misión es que cumpla con todos los requisitos ambientales”; y agregó: “Voy a estar muy atenta al trámite, ya las interpretaciones políticas de la alcaldesa se las dejo a ella”.Puede ver:
Una celebración por el inicio de una nueva etapa terminó con enfrentamientos entre familiares, vajilla rota y la intervención de la Guardia Civil. Una discusión entre los recién casados habría desencadenado una serie de altercados durante el banquete, en medio de versiones sobre una supuesta infidelidad y una posible ruptura.Los hechos ocurrieron durante una boda celebrada en Gomesende, en Ourense, España. La celebración terminó con varios invitados enfrentados y con la presencia de las autoridades, después de que la situación escalara hasta el punto de que parte de la vajilla y la cristalería del lugar resultaran dañadas.En las horas posteriores al matrimonio comenzaron a circular diferentes versiones sobre lo ocurrido. Una de ellas apuntaba a una supuesta infidelidad de la novia con un trabajador encargado de la organización del evento, mientras que también se habló de una posible separación de la pareja tras la celebración.Sin embargo, los propios recién casados salieron posteriormente a desmentir parte de esas informaciones. En declaraciones recogidas por La Región, el novio aseguró que continúa junto a su esposa y negó que ella le haya sido infiel.De acuerdo con la reconstrucción difundida por Efe y La Región, el conflicto habría comenzado durante la celebración por una discusión relacionada con 40.000 euros.Según esas versiones, la novia habría reclamado al novio dicha cantidad, que estaría relacionada con el dinero recibido como regalos de los invitados y con un supuesto acuerdo previo entre ambos. Él, de acuerdo con esa reconstrucción, se habría negado a entregarle el dinero.La discusión habría involucrado posteriormente a familiares de los dos recién casados. El enfrentamiento fue aumentando de intensidad hasta trasladarse al espacio donde se desarrollaba el banquete, donde se registraron gritos, agresiones y tirones de pelo, según las informaciones publicadas.La situación llegó a tal punto que los responsables del establecimiento solicitaron la presencia de la Guardia Civil. Durante el altercado también resultaron rotos elementos de la vajilla y la cristalería.El novio niega la supuesta infidelidadUno de los detalles que más repercusión generó después de la boda fue una versión según la cual la novia habría acudido a los baños junto a un joven que trabajaba en la organización del evento y habría mantenido allí un encuentro íntimo.La información fue difundida posteriormente por distintos medios y programas de televisión como una posible explicación del conflicto y de la supuesta separación de los recién casados.No obstante, esa versión es rechazada por la pareja. El novio defendió públicamente a su esposa y aseguró que nunca existió una infidelidad."Mi mujer y yo no nos separamos en ningún momento", afirmó en el mensaje recogido por La Región, donde también negó que existiera un acuerdo entre ambos por 40.000 euros relacionado con la boda.El recién casado sí reconoció que durante la celebración hubo enfrentamientos, aunque presentó una explicación diferente sobre el origen de las peleas.Según el relato del novio, uno de los primeros altercados ocurrió después de que su hermana, quien estaría enferma, le tapara la boca a su esposa mientras esta hablaba. El hermano de la novia habría reaccionado ante ese gesto y la situación terminó desencadenando una pelea.Posteriormente habría ocurrido otro enfrentamiento, que el propio recién casado calificó como "más gorda". En este caso, dos invitadas se habrían agarrado del pelo en las inmediaciones del recinto.El novio también rechazó las versiones que hablaban de una ruptura inmediata después de la boda. En su mensaje, sostuvo que él y su esposa permanecen juntos y cuestionó a quienes, según afirma, intentaron perjudicarlos."Nunca dejaré que se manche el nombre de nuestras familias", aseguró.La pareja sostiene actualmente que continúa unida y que ambos se encuentran viviendo en A Coruña, donde están trabajando. De esta manera, los recién casados dieron su propia versión de una celebración que terminó rodeada de versiones contradictorias sobre una supuesta infidelidad, una pelea familiar y una eventual ruptura que ellos niegan.
El Juzgado 804 Transitorio de Familia de Bogotá concedió una acción de tutela y ordenó al presidente Abelardo De La Espriella abstenerse, en ejercicio de sus funciones, de participar en actos religiosos que impliquen adhesión o identificación del Estado con una confesión determinada.La decisión fue adoptada al resolver una tutela presentada por el ciudadano Julio Jair Mizger Díaz, quien alegó la vulneración de sus derechos a la libertad de conciencia, la libertad de cultos y el principio de laicidad del Estado.El caso se originó por los hechos ocurridos el 29 de agosto en la Plaza de Bolívar, durante la denominada “Gran velatón por las víctimas del terremoto”, convocada por el Gobierno Nacional para recaudar ayudas tras el sismo del 10 de agosto. Según el accionante, durante el evento se realizaron actos propios de la religión católica que excluyeron a otras confesiones y a personas no creyentes.En la tutela se afirmó que el presidente participó en la “coronación de una estatua de la Virgen de Fátima” y que, además, habría entregado la Nación a Cristo. El ciudadano sostuvo que el evento fue convocado y difundido a través de canales oficiales del Estado, lo que le otorgó un carácter institucional.El juez estudió ambos aspectos por separado. Tras revisar el material audiovisual, concluyó que la participación del mandatario en la imposición de una corona a la imagen religiosa excedió los límites de neutralidad que exige la Constitución a las autoridades públicas.En el fallo se señala que “el principio de neutralidad religiosa exige que las autoridades públicas se abstengan de identificarse o realizar actos oficiales de adhesión, incluso simbólicos, a una determinada religión o confesión”. El juez agregó que, aunque el evento tenía una finalidad pública relacionada con la solidaridad hacia las víctimas del terremoto, “la actuación específica del señor Presidente desbordó dicha finalidad”.La decisión también precisa que el mandatario no actuó en una esfera estrictamente personal, sino en su calidad de jefe de Estado y durante un evento oficial. Por ello, el juzgado consideró que la participación presidencial proyectó una adhesión simbólica del Estado a una confesión religiosa determinada.En contraste, el despacho concluyó que no se acreditó que el presidente hubiera pronunciado la frase sobre la entrega de la Nación a Cristo. Al revisar el video, determinó que esa expresión fue realizada por otra persona y no podía ser atribuida al mandatario.El juez negó otras solicitudes del accionante, entre ellas una reparación simbólica mediante una declaración pública y el envío de copias a la Procuraduría para una eventual investigación disciplinaria.La providencia es de primera instancia y puede ser impugnada.
Un joven sobrevivió a una fuerte descarga eléctrica cuando, presuntamente, intentaba hurtar cables en el sector del retorno de Viveros, en la vía hacia el retén, en Barrancabermeja. El hombre quedó atrapado entre una maraña de cables, con quemaduras visibles en diferentes partes del cuerpo y una posible fractura en una de sus piernas.De acuerdo con versiones conocidas en el lugar, dos personas habrían subido a un poste para intentar apoderarse de varios cables. Sin embargo, tras producirse la primera descarga eléctrica, una de ellas habría logrado escapar, mientras que su compañero quedó atrapado entre los conductores.El joven permaneció durante varios minutos en el lugar, expuesto a las consecuencias de la descarga y con lesiones de consideración. La gravedad de las posibles afectaciones internas deberá ser determinada por los profesionales de la salud.Unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barrancabermeja acudieron al sitio y, mediante el uso de una escalera, lograron llegar hasta el hombre, liberarlo de los cables y descenderlo en una camilla.Posteriormente, fue trasladado al Hospital Regional del Magdalena Medio, donde quedó bajo atención médica para establecer la gravedad de las quemaduras y determinar si presenta lesiones internas como consecuencia de la descarga eléctrica.Por ahora, se presume que el incidente involucró una línea de media tensión. Sin embargo, las autoridades y la Electrificadora de Santander responsable del servicio deberán establecer la magnitud exacta de la energía involucrada y las circunstancias en las que se produjo el accidente.El caso vuelve a poner en evidencia los riesgos de manipular redes eléctricas sin las condiciones de seguridad necesarias, especialmente cuando se trata de infraestructura de media tensión en Santander.
Más de 100 kilos de material explosivo fueron encontrados en las últimas horas en zona rural de Charta, Santander, en medio de las operaciones que adelantan las autoridades contra estructuras armadas ilegales en el departamento.El hallazgo fue informado por el secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, quien explicó que tropas de la Quinta Brigada del Ejército localizaron el material y adelantan el procedimiento de incautación, además de las investigaciones para establecer su procedencia y posible uso.De acuerdo con las primeras informaciones entregadas por las autoridades, los explosivos pertenecerían, al parecer, a una estructura del ELN que tiene presencia en la región.“Ante la ofensiva contra las estructuras criminales ubicaron unos explosivos que están en proceso de incautación en este momento y haciendo ese respectivo proceso de investigación”, explicó Hernández.El funcionario señaló que en el procedimiento participan diferentes componentes de las autoridades y que se realizará el respectivo acompañamiento institucional mientras avanzan las investigaciones.Este nuevo operativo ocurre pocas semanas después de otro importante hallazgo registrado en Charta. El pasado 3 de septiembre, tropas de la Quinta Brigada, en coordinación con la Policía y con apoyo del FBI, localizaron un depósito ilegal en la vereda Ovejera, donde fueron encontrados 250 kilos de explosivo R1.Según las autoridades, ese material pertenecía al Frente de Guerra Nororiental del ELN y estaba oculto cerca de una institución educativa. Por el riesgo que representaba para la comunidad, los explosivos fueron destruidos de manera controlada.En ese momento, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, señaló que con la operación se evitó que el material pudiera ser utilizado contra la población civil, la Fuerza Pública o infraestructura estratégica. También indicó que los explosivos podrían haber sido destinados a actividades relacionadas con minería ilegal.Con el nuevo hallazgo, las autoridades mantienen las operaciones en esta zona del departamento.
En una camilla, con el rostro desencajado, Maricarmen se despide de su hogar. Esta madrileña de 87 años desahuciada el miércoles se ha convertido en símbolo de la crisis del encarecimiento de la vivienda en España.Después de varios años de lucha judicial, esta jubilada perdió la batalla frente a la agencia inmobiliaria que compró el piso que ella ocupaba desde hacía 70 años en el acomodado barrio del Retiro y le subió el alquiler un 275%, hasta los 2.650 euros mensuales.Maricarmen, que se desplaza en silla de ruedas por problemas de movilidad, se vio obligada a abandonar su vivienda, lo que provocó una ola de indignación a nivel nacional."¡Maricarmen, no estás sola!", coreaban decenas de manifestantes congregados frente a su domicilio mientras la octogenaria era llevada a una ambulancia.Explosión de los preciosSu caso ilustra la crisis de la vivienda en España, donde los precios se han disparado y la oferta se ha reducido, en parte por los alquileres turísticos de corta duración, como Airbnb, y los fondos "buitre".En diez años, el precio medio del metro cuadrado en alquiler en el país casi se ha duplicado, alcanzando los 15,1 euros/m² en agosto, según el portal inmobiliario Idealista. Para la compra el precio ronda los 2.355 euros, es decir un 50% más en una década, según cifras oficiales.Madrid encabezó en 2025 y 2026 la clasificación mundial de la red Barnes sobre las ciudades más cotizadas para el sector inmobiliario de lujo. El número de viviendas sociales es tan reducido que algunas se adjudican por sorteo."En Madrid y Barcelona ya casi no quedan pisos por menos de 700 €/mes. El mercado de alquiler empieza en cerca de 1.000 €/mes, lo que precisa de unos ingresos de al menos 2.000 €/mes netos y un importante ahorro para afrontar varios meses de fianza", denuncia la organización de consumidores OCU en un estudio publicado este miércoles."Es muy indignante, ¿no?" Los españoles, sobre todo los jóvenes, están sobrepasados y acusan al gobierno del presidente socialista Pedro Sánchez y a las autoridades de la Comunidad de Madrid, gobernada por la derecha (Partido Popular, PP).En España, un país muy descentralizado, las autoridades regionales tienen competencia en materia de política de vivienda a nivel local, lo que alimenta las críticas a la oposición conservadora."Creo que es muy indignante, ¿no?", afirmó Pedro Sánchez en rueda de prensa en Nueva York antes de su discurso en la Asamblea General de la ONU."Ver a responsables políticos que (...) con dinero público se permiten el lujo de comprarse áticos con 200 metros de terraza y sin embargo no son capaces de mover un dedo por personas que necesitan de la ayuda de lo público", añadió, apuntando a la presidenta conservadora de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.La izquierda acusa a Ayuso desde hace meses de haber comprado, con fondos públicos, un lujoso ático en el centro de la capital para su uso personal. Ella lo niega.El miércoles por la noche miles de personas se manifestaron simbólicamente bajo las ventanas de la vivienda de Maricarmen, pero también en Barcelona y Oviedo.El jueves, Díaz Ayuso contraatacó recalcando que el desahucio fue "por orden judicial" y acusó al gobierno central de no haber cambiado la ley en los ocho años que lleva en el poder.Gobierno y oposición en ascuas"En un contexto de inflación, de pérdida de poder adquisitivo (...) esta situación no ayuda a ninguno de los partidos", estima Guillermo Fernández Vázquez, profesor en la universidad Carlos III de Madrid."Al PP le viene muy mal (...) que se siga hablando del ático de Ayuso y, además, que se siga hablando con indignación" y al gobierno también "va a pasarle factura" porque "revelan una impotencia enorme", añade.A pocos meses de las elecciones legislativas, Pedro Sánchez prometió presentar de urgencia un nuevo texto en el Parlamento.Pero sin mayoría y debilitado por múltiples casos judiciales, el jefe del gobierno sigue bajo la presión de la oposición y de sus aliados, como el partido de izquierda radical Sumar, que llama a congelar los alquileres.