Robinson Zapata, quien es el nuevo entrenador de arqueros de divisiones menores de Santa Fe, habló sobre cómo ha vivido esa transición luego estar en las canchas por 22 años."Creo que ha llegado el momento. Dentro de los estudios el curso de entrenador había un punto muy importante que se llamaba el día después refiriéndose a esa etapa previa de dejar de ser jugador que es lo que más cuesta y costaba de decir adiós al fútbol. Basado en esto, en la experiencia y charlas con exjugadores, pude ir recopilando y asimilando que hoy en día me dieron tranquilidad de tomar la decisión", contó Robinson en Blog Deportivo.¿Cómo se ha sentido con la decisión?"El común denominador de las charlas con compañeros es que por un tiempo hay un poco de desazón. En mi caso no fue así, creo que la pandemia ayudó mucho al pasar tiempo en familia y hacer todo con mucho tiempo hizo que empezara a cuestionarme y a pensar de que ya era el momento. Mentalmente lo venía trabajando, pero empecé a sentir que ya era el momento", contó el hoy entrenador.¿Cómo se dio la oportunidad con Santa Fe?"Me enteré que esta posibilidad venia planeándose un tiempo atrás. Me manifestaron que, cuando terminé contrato con Jaguares ellos me respetan ese espacio porque no sabían si mi decisión era seguir jugando o no. Se dio en el momento adecuado", contó Zapata.¿Qué le diría a los muchachos al empezar entrenamientos?"Yo a los muchachos les diría que hay dos cosas fundamentales y es el carácter. Lo del arquero es trabajo, no hay espacio para cansancio, para bajar la cabeza, es trabajo y superación día a día", afirmó.Escuche aquí la entrevista completa:
Los cuatro guardametas (tres de ellos argentinos) disputaron instancias finales de torneos internacionales durante este año y lideran la votación para ganar este premio, de acuerdo al diario uruguayo. El colombiano Zapata tuvo un rendimiento notable con Santa Fe en la campaña que llevó al equipo capitalino a consagrarse en la Copa Sudamericana recibiendo tan solo cinco anotaciones en el torneo continental. El próximo 31 de diciembre se conocerá el ganador de este galardón.
Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, reveló detalles de su reciente viaje a los Estados Unidos, donde sostuvo reuniones de alto nivel con agencias federales como el FBI y Homeland Security Investigations (HSI).El mandatario local entregó pruebas contundentes sobre una presunta red de corrupción transnacional que operó durante la administración anterior, señalando directamente lo que describe como una estructura criminal organizada.Entre los nombres clave de este entramado resalta el de Sebastián Ortega, una pieza fundamental vinculada al proceso judicial de Miguel Quintero, hermano del exalcalde Daniel Quintero.Entramado de corrupción y la conexión con Estados UnidosEl alcalde de Medellín fue tajante al describir la gravedad de los hallazgos que presentó ante la justicia estadounidense: "Yo no tengo duda que son una estructura criminal, pero además quien lo dijo fue la Fiscalía... que lo que crearon fue una GDO, un grupo de delincuencia organizado para robarse a Medellín".Durante sus reuniones con el grupo del FBI encargado de combatir la corrupción internacional —el mismo equipo que lideró investigaciones históricas como el caso Odebrecht y el FIFA Gate— Gutiérrez entregó nombres, direcciones y registros de empresas presuntamente utilizadas para desviar recursos públicos hacia el estado de Florida.Según el alcalde, se trataría de operaciones de blanqueo de capitales y testaferrato que ahora están bajo la mira de la justicia de los Estados Unidos.El perfil de OrtegaEn el centro de estas denuncias figura Sebastián Ortega, quien fue imputado de cargos el mismo día en que el alcalde se encontraba en las oficinas del FBI. "Ese nombre, ese nombre ya relacionado ya también en otros expedientes. Esa persona, por ejemplo, tiene propiedad en Miami y gran parte del tiempo se la pasa allá y eso lo saben ya las autoridades de los Estados Unidos", declaró Gutiérrez.Ortega es hijo del excongresista William de Jesús Ortega, un barón político con su fortín electoral en el municipio de Bello, al norte del Valle de Aburrá. Desde allí ha mantenido una estrecha relación de alianza política con Miguel Quintero.A nivel judicial, Ortega es señalado como un enlace fundamental en múltiples escándalos. No solo está involucrado en el expediente del Área Metropolitana, sino que juega un papel central en el caso de Afinia, filial de Empresas Públicas de Medellín (EPM).Según las denuncias y testigos del proceso, en este caso "habrían pagado 5 millones de dólares al alcalde Quintero solo por cambiar la gerente".El nombre de Sebastián Ortega ha aparecido también en las auditorías forenses de Ecopetrol. Gutiérrez denunció una sistemática reincorporación de exfuncionarios de la alcaldía de Daniel Quintero en altos cargos del Gobierno Nacional y la estatal petrolera, señalando que la misma estructura que saqueó a Medellín estuvo operando en Ecopetrol.Adicionalmente, se investiga el desvío de dineros mediante una empresa comercializadora de oro registrada en Miami, de propiedad de un aliado cercano a la anterior administración.El alcalde denunció una preocupante anomalía financiera en esta compañía privada: "¿cómo me explicas que durante el gobierno de Quintero te muestra ingresos por 150.000 millones de pesos, pero apenas llego yo al gobierno registra ingresos por cero pesos?". El caso involucra el rastreo de flujos de dinero en efectivo, transacciones de oro y criptomonedas.
En menos de 24 horas fueron incautadas cerca de tres toneladas de marihuana en Bello y La Pintada. Solo en el municipio del Valle de Aburrá se hallaron 2.5 toneladas del estupefaciente y se capturó a una persona.El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, informó un certero golpe al narcotráfico en Bello, Antioquia, donde el Ejército Nacional logró la captura en flagrancia de una persona y la incautación de 2.500 kilogramos de marihuana y un vehículo utilizado para su transporte.Según el mandatario, la estructura criminal responsable del tráfico del estupefaciente por las calles del Valle de Aburrá está en proceso de establecerse, dejando en claro que, “el narcotráfico es el peor cáncer de Colombia y lo vamos a combatir sin descanso.No fue el único golpeUn cargamento de 428 kilogramos de marihuana fue incautado por la Policía Nacional en el municipio de La Pintada, cuando era transportado bajo la modalidad conocida como 'kamikaze', utilizada por redes delincuenciales para evadir los controles de las autoridades.El coronel Luis Muñoz, comandante de la Policía Antioquia, indicó que el procedimiento se desarrolló durante actividades de registro y control adelantadas por la Seccional de Tránsito y Transporte en la vía Cauyá - La Pintada, en el sector Chirapoto.“Aquí se presenta la incautación de 482 kg de marihuana. Eso venía en 858 paquetes que fueron hallados al interior de un vehículo. Este cargamento está avaluado en aproximadamente 168 millones de pesos”, dijo.Las primeras verificaciones permitieron establecer que la droga era movilizada bajo la modalidad 'kamikaze', una práctica utilizada por estructuras dedicadas al tráfico de estupefacientes, que consiste en emplear vehículos para transportar grandes cantidades de droga a alta velocidad con el propósito de evadir los controles.Además, durante la inspección se estableció que las placas que portaba el automóvil no correspondían con sus sistemas de identificación originales, situación que también es materia de investigación.
La Fiscalía General de la Nación radicó la solicitud de audiencia de formulación de imputación contra Laura Sarabia, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y exembajadora de Colombia en Reino Unido, dentro de la investigación relacionada con las interceptaciones realizadas a su exniñera Marelbys Meza y a Fabiola Perea, así como con el procedimiento de polígrafo practicado a Meza.De acuerdo con la solicitud conocida dentro del proceso, Sarabia será llamada a imputación como presunta responsable de los delitos de abuso de función pública y constreñimiento ilegal agravado. Sin embargo, la representación de víctimas considera que en la imputación debería incluirse otra conducta: peculado por uso, un delito por el cual un servidor público usa de manera indebida, o permite que otros usen, bienes del Estado para fines ajenos al servicio oficial. El abogado Wilson Pulido, representante de víctimas dentro de los procesos relacionados con las interceptaciones y seguimientos a Marelbys Meza, aseguró que, desde su perspectiva, la Fiscalía estaría dejando por fuera una conducta que considera relevante dentro de los hechos investigados y que según su cercanía en el proceso, estaba previsto en la imputación proyectada.“Desde la representación de víctimas debidamente reconocida en los procesos que giran en torno a las interceptaciones ilegales, seguimientos indebidos a la ciudadana Meza, en la cual se engañó a una fiscal de la República y a varios jueces, queremos hacer un llamado a la opinión pública por lo siguiente. Tenemos conocimiento por los medios de comunicación que a la ciudadana Laura Sarabia va a ser llamada a imputación por unos delitos. A juicio de la representación de víctimas, especialmente en la que yo represento, consideramos que se está dejando por fuera el delito más grave, el peculado por uso”, afirmó Pulido.El abogado sostuvo que, para la representación de víctimas, existen elementos que deberían ser analizados por la Fiscalía frente a esta conducta y pidió que el ente investigador permita la participación de las víctimas en esta etapa del proceso. “Es claro para la representación de víctimas que ese delito probablemente se cometió. Queremos que la Fiscalía General de la Nación haga contacto con la representación de víctimas. Hasta el día de hoy, no hemos tenido ninguna llamada, ningún acercamiento por parte de la Fiscalía General de la Nación, y menos por la delegada ante la Corte Suprema de Justicia que lleva el caso”, señaló.Pulido también hizo referencia al cambio de fiscal que estaba al frente de algunos de los procesos relacionados con las interceptaciones. Según explicó, la fiscal que llevaba el caso en Bogotá fue retirada y trasladada a otro departamento, mientras que el funcionario que asumió posteriormente tampoco se habría comunicado con la representación de víctimas.“La fiscal que tenía el caso en Bogotá, de varios procesos, fue retirada del caso y trasladada a otro departamento. Pero el nuevo fiscal que continuó con los casos tampoco se ha comunicado con nosotros, y en este caso importante, en contra de la ciudadana Laura Sarabia, menos se ha hecho comunicación”, aseguró. La representación de víctimas sostiene que su intención es aportar elementos y argumentos para que la Fiscalía evalúe la inclusión del peculado por uso dentro de la imputación que será presentada contra Sarabia. El abogado insistió en que las víctimas deben tener participación dentro de la actuación penal.“Le pedimos a la Fiscalía General de la Nación que nos escuche. Nosotros tenemos mucho para aportar y, sobre todo, que nos garantice esa verdad, esa justicia y esa reparación que es la que perseguimos”, dijo Pulido.
María Consuelo Córdoba tiene 67 años y lleva más de dos décadas enfrentando las consecuencias de un ataque con ácido que, según su relato, le cambió la vida para siempre. Hoy, después de pasar por decenas de procedimientos médicos y vivir en condiciones precarias, asegura que está cansada de sufrir y contempla la posibilidad de solicitar la eutanasia.La mujer, de origen chocoano, fue víctima del ataque hace más de 20 años. De acuerdo con su testimonio, quien era su esposo llegó una noche hasta su habitación, abrió la puerta y le lanzó un recipiente completo de ácido sobre el cuerpo.Las quemaduras afectaron diferentes partes de su cuerpo, entre ellas el rostro, el cuello, el pecho y la espalda. Desde entonces, María Consuelo ha tenido que someterse a 87 cirugías estéticas en un intento por recuperar parte de las condiciones que tenía antes de la agresión.Sin embargo, asegura que los médicos le han manifestado que ya no hay más procedimientos que puedan realizar para mejorar su situación.“Dos veces me tiró toda esa caneca de ácido en la carita y parte del cuerpo. Aquí hasta el ombligo estoy quemada”, relató María Consuelo al recordar el ataque que sufrió en diálogo con Blu Radio.La difícil situación que enfrentaLas secuelas de la agresión no solo están relacionadas con las heridas físicas. María Consuelo perdió uno de sus ojos y actualmente necesita una venda en el rostro, dos tubos en la nariz para poder respirar y un bastón para desplazarse.A diario sale de su vivienda, ubicada en el barrio El Remanso, en Puente Aranda, para pedir ayuda económica en las calles de Bogotá. Según contó, debe reunir dinero para pagar cerca de 600.000 pesos mensuales por la habitación en la que vive y también para poder cubrir sus necesidades básicas.Su situación económica y la ausencia de una red familiar en la capital han profundizado las dificultades que enfrenta. De su exesposo, asegura que solo sabe que estaría en la costa y que tiene una nueva familia. Mientras tanto, cuenta que su hija vive en Suiza y que tampoco tiene otros hijos o familiares cercanos que puedan acompañarla en Bogotá.María Consuelo también recordó que permaneció durante cerca de dos años hospitalizada en Bolivia, una etapa que, según sus palabras, atravesó prácticamente sola.El encuentro con el papa Francisco que la hizo cambiar de decisiónEn medio de esta historia hay un episodio que, según María Consuelo, influyó en que no tomara antes la decisión de recurrir a la eutanasia.La mujer aseguró que tuvo la oportunidad de encontrarse personalmente con el papa Francisco durante la visita que el pontífice hizo a Colombia en 2017. Según su relato, en ese encuentro le contó parte de su historia y recibió una petición que, durante años, decidió respetar.María Consuelo asegura que desde entonces ha intentado continuar con su vida pese al dolor y las dificultades. Sin embargo, actualmente sostiene que se encuentra agotada por las condiciones en las que vive y por las consecuencias que todavía enfrenta después del ataque.Su principal petición, según explicó, es encontrar ayuda que le permita vivir con tranquilidad y sin tener que salir diariamente a las calles a pedir dinero. Pero si esa ayuda no llega, asegura que contempla la eutanasia como una alternativa para poner fin a los años de sufrimiento.
Tras el devastador sismo que sacudió al país, un evento de tal magnitud que, según reportes, liberó una energía equivalente a "más de 100 bombas atómicas", el presidente de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), Guillermo Herrera, entregó en Mañanas Blu, un balance detallado de su recorrido por las zonas más afectadas en Cali, Pereira, Manizales y Armenia.A pesar de los severos daños materiales reportados, el líder gremial destacó que las normativas técnicas salvaron miles de vidas.¿Cómo funciona realmente la norma de sismorresistencia?Uno de los puntos clave abordados por Herrera fue la pedagogía sobre el alcance real de las normas de construcción en el país. El directivo aclaró que el propósito de las exigencias técnicas no es evitar cualquier tipo de afectación física en las estructuras, sino salvaguardar la integridad de las personas.Al respecto, el presidente de Camacol explicó detalladamente el comportamiento esperado de una edificación bajo el código nacional: "El código tiene unos objetivos importantes que buscan reducir al mínimo la pérdida de vidas y el daño del patrimonio". Herrera precisó que, según la intensidad del movimiento, existen tres escenarios previstos por la norma: "para un temblor suave, pues dice el código, no debe haber daños. Para un temblor moderado, no. Los daños deben ser menores en elementos no estructurales. Pero para un temblor como el que tuvimos el 10 de agosto, la norma espera que las estructuras resistan. Ahora, las estructuras pueden tener daños, pero deben evitar el colapso". El balance técnico tras la tragedia es altamente positivo en términos de cumplimiento normativo: "Las edificaciones que se construyeron cumpliendo con los códigos realmente no tuvieron colapso", enfatizó Herrera, contrastando este comportamiento con el de las construcciones más antiguas de cinco y seis pisos, que concentraron los daños más severos.El drama habitacional de la clase media y la urgencia de nuevas políticasLa emergencia ha dejado al descubierto un vacío institucional para atender a los estratos medios y altos, que representan entre el 70% y el 80% de las aproximadamente 15,000 viviendas afectadas solo en Cali.Entre los damnificados se encuentran profesionales independientes y jubilados que, por su nivel de ingresos, no aplican a los subsidios tradicionales del Estado pero carecen del capital para recuperar sus patrimonios.En Cali, por ejemplo, se estima que más de 5,000 de estas viviendas dañadas pertenecían a adultos mayores.Ante esta realidad, Herrera advirtió que la oferta institucional vigente es insuficiente: "esta política, esa política convencional no va a ser suficiente para atender esta tragedia". Por ello, propuso flexibilizar las líneas de financiación estatales: "las modalidades de subsidio tienen que ajustarse a las necesidades de los daños", permitiendo el acceso a créditos subsidiados para hogares de ingresos medios.Como solución urbana innovadora, Camacol planteó aprovechar la "edificabilidad" para costear la reconstrucción. La propuesta consiste en permitir que edificios afectados puedan construir alturas adicionales, siempre que se cumpla con la capacidad de servicios públicos y sismoresistencia : "Si usted está en un edificio de tres o cuatro pisos, de pronto le pueden dar otros dos o tres pisos más y las ventas de esos pisos adicionales le puede ayudar a esos estratos de clase media, por ejemplo, a financiar parte de lo que perdieron".Límites financieros y solidaridad del gremioFrente a la petición del presidente de la República, Abelardo De La Espriella, para que las constructoras renuncien a sus utilidades en las obras de reconstrucción, Herrera pidió comprender las difíciles condiciones financieras del sector, caracterizadas por altos niveles de endeudamiento y baja liquidez.No obstante, el dirigente gremial recalcó que la solidaridad del sector privado ya está en marcha. En Cali, grandes constructoras de la región estructuraron un primer paquete de bonos solidarios por 21,000 millones de pesos para que las familias afectadas puedan financiar las cuotas iniciales de viviendas nuevas ya terminadas.Escuche aquí la entrevista:
