En un giro jurídico que sacude el panorama económico del país, el Consejo de Estado decidió este viernes suspender de manera provisional el decreto mediante el cual el Gobierno Nacional había fijado el incremento del salario mínimo para el año 2026. La medida responde a una serie de demandas interpuestas por sectores gremiales y expertos constitucionalistas, quienes cuestionaron la viabilidad financiera de un ajuste que alcanzó el 23,7%.La providencia del alto tribunal es clara: el Ejecutivo dispone de un plazo máximo de ocho días para emitir un nuevo lineamiento legal. Según el fallo, el tribunal ordenó al Gobierno que emita "un decreto transitorio que determine el porcentaje de aumento del salario mínimo para 2026 y el valor total correspondiente, el cual regirá hasta que se profiera decisión de fondo en el proceso".Este es el decreto que suspende el salario mínimoEl origen de la controversia: Un aumento sin precedentesEl pasado 30 de diciembre, ante la falta de consenso en la mesa de concertación de políticas salariales, el presidente Gustavo Petro anunció por decreto el que se denominó como "salario mínimo vital". Este ajuste situó la remuneración básica en dos millones de pesos (aproximadamente 546 dólares), incluyendo el auxilio de transporte.Sin embargo, las cifras presentadas por el Gobierno distaron considerablemente de las propuestas iniciales en la negociación tripartita:Empresarios: Ofrecían un incremento cercano al 7%.Centrales Obreras: Aspiraban a un 16%.Gobierno Nacional: Decretó finalmente el 23,7%.Este porcentaje no solo superó las expectativas de los sindicatos, sino que encendió las alarmas en el sector privado y en organismos de control, debido al riesgo de una espiral inflacionaria.Impacto y argumentos jurídicosLa decisión del Consejo de Estado se fundamenta en el alto impacto económico que conlleva una medida de esta magnitud. En Colombia, el salario mínimo no es solo la base del ingreso para cerca de 2,3 millones de trabajadores (el 10% de la población activa); es también una unidad de medida.Analistas advierten que un incremento desproporcionado impacta directamente en:Seguridad Social: Los aportes de salud y pensión están indexados al mínimo.Copagos de Salud: Los costos de servicios médicos para los usuarios aumentan proporcionalmente.Costos Laborales: La presión sobre las pequeñas y medianas empresas (Pymes) podría desincentivar la formalidad.Desde diversos sectores se ha criticado que el aumento podría terminar "corroyendo el ingreso de los trabajadores" al disparar los precios de bienes y servicios básicos, anulando el poder adquisitivo ganado en el papel.¿Qué sigue ahora?A partir de la notificación, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Hacienda deberán coordinar la redacción del decreto transitorio solicitado por el tribunal. Este nuevo documento deberá equilibrar las aspiraciones sociales del Gobierno con la estabilidad macroeconómica exigida por el marco jurídico colombiano. Mientras tanto, el país queda a la espera de una decisión de fondo que determine si el ambicioso incremento del 23,7% tiene sustento legal o si deberá ajustarse a una realidad económica más conservadora.
El Gobierno nacional y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) acordaron respaldar la sustitución y erradicación voluntaria de 30.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca en Nariño y Putumayo, durante una reunión extraordinaria realizada el 11 y 12 de febrero en Inda Zabaleta y Tumaco (Nariño).De acuerdo con el acta suscrita el 12 de febrero, las partes acogieron el llamado del presidente de la República para avanzar en la meta de sustituir 15.000 hectáreas en Nariño y 15.000 en Putumayo. En el documento señalan que la iniciativa busca contribuir a la “dignificación de la vida” mediante el fortalecimiento de movimientos sociales, étnicos y campesinos vinculados a la economía cocalera.Las delegaciones también afirmaron que respaldarán y apoyarán rel inicio de las Asambleas del Resguardo Indígena de Inda Zabaleta, previstas desde el 14 de febrero, en las que se definirán las condiciones para avanzar en la sustitución voluntaria en coordinación con las autoridades propias del territorio.La CNEB manifestó que respetará las decisiones comunitarias relacionadas con la protección ambiental, la no deforestación y la no resiembra de cultivos ilícitos. Asimismo, se comprometió a no interferir en el programa Renhacemos, liderado por la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (DSCI), y a contribuir al cumplimiento de la meta acordada.Según lo pactado, la verificación de los avances se realizará el 31 de marzo de 2026 por parte de la DSCI, en coordinación con un organismo internacional y con acompañamiento de la Mesa de Diálogos.Finalmente, las delegaciones informaron que el séptimo ciclo de diálogos se realizará los días 11, 12 y 13 de marzo en el corregimiento de Llorente, en Tumaco, mientras que las subcomisiones preparatorias se reunirán en Bogotá el 26 y 27 de febrero.
En medio de la emergencia por lluvias en Urabá, autoridades confirman casi 20 casos de dengue solo en el municipio de Necoclí. Aumentan medidas de vigilancia epidemiológica.Pérdidas en viviendas, cultivos y vías no es lo único que por estos días genera preocupación en el Urabá antioqueño durante la crisis generada por las lluvias.Con la disminución en los niveles de aguas, pero también al mismo tiempo la falta de medidas de salubridad, los riesgos por brotes de diferentes enfermedades aumentan y en medio de la llegada de miles de vacunas y toldillos, se siguen reportando casos.Según Amparo Sabogal, coordinadora de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud de Antioquia, ya son 19 los casos de dengue identificados solo en el municipio de Necoclí.Por eso, la funcionaria indicó que ya se implementan medidas especiales para contener una situación mucho más compleja en la localidad."Entre las actividades que se han venido realizando se han entregado toldillos, también se va a iniciar una búsqueda activa comunitaria de sintomáticos, se está haciendo también el análisis para cuando sea necesario realizar una fumigación en el municipio si se requiere", indicó la funcionaria.Las zonas inundadas favorecen el brote de dengue porque el agua acumulada genera condiciones ideales para la proliferación de vectores de esta enfermedad. Además, el aumento de la humedad y las temperaturas cálidas prolongan la vida del mosquito transmisor y aceleran su ciclo reproductivo.
El Ministerio de Educación Nacional expresó su rechazo frente al incidente ocurrido en la vereda Miramonte, donde María Guerrero y sus hijos estudiantes de la Institución Educativa Horacio Olave Velandia, resultaron heridos por la activación de una mina antipersonal.Según informó la entidad, los menores, de 9 y 10 años, cursan tercero y cuarto grado. Tras conocer el caso, el Ministerio notificó a la Acción Integral Contra Minas Antipersonal (AICMA) para activar la ruta de atención a víctimas e inició gestiones para adelantar capacitaciones sobre el riesgo de minas dirigidas a la comunidad.El Ministerio reiteró la obligación de respetar el Derecho Internacional Humanitario, que otorga protección a las escuelas y a los espacios habilitados para la enseñanza en contextos de emergencia, al considerarlos bienes civiles. Señaló que la instalación de minas antipersonal en entornos escolares y en sus vías de acceso vulnera la vida y el derecho a la educación.La entidad indicó que, en el marco de la Política de Gestión Integral del Riesgo Escolar (GIRE), adelanta acciones interinstitucionales para garantizar la continuidad del servicio educativo en condiciones de seguridad. También hizo un llamado a la comunidad educativa para organizar acciones de prevención y estrategias de educación sobre el riesgo de minas, con apoyo del Ministerio.Finalmente, el Ministerio afirmó que la prestación del servicio educativo requiere entornos seguros y reiteró su compromiso de promover medidas que protejan los caminos de acceso a las escuelas.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) abrió un nuevo punto de atención en Bucaramanga con el propósito de fortalecer su presencia en Santander y acercar los servicios electorales a la ciudadanía, partidos y movimientos políticos.La sede, que ya está en funcionamiento desde el 9 de febrero de 2026, está ubicada en la carrera 36 #48-116, en el edificio Color Working, oficinas 14, 15 y 19. El horario de atención es de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.De acuerdo con la entidad, este espacio fue diseñado para brindar atención directa, orientación y acompañamiento a ciudadanos, organizaciones políticas, movimientos y candidatos, permitiendo resolver dudas, recibir información clara y hacer seguimiento a temas relacionados con la participación política y los procesos electorales.Entre los servicios que prestará la nueva sede se encuentran la orientación sobre derechos y deberes políticos; información y acompañamiento en procesos electorales, campañas y normatividad vigente; recepción de inquietudes, solicitudes y denuncias relacionadas con el régimen electoral; así como capacitaciones y jornadas de orientación para partidos y movimientos sobre organización y financiación de campañas.“En ese entendido, la sede física cumple con los requisitos y criterios establecidos en la Constitución Política y las leyes que regulan el acceso al voto y las garantías de las agrupaciones políticas. Nuestro rol como enlaces territoriales es acompañar, apoyar y orientar a las agrupaciones en el uso de la plataforma de postulación y acreditación”, señaló Sergio Hernández Moreno, apoyo en territorio Santander para la plataforma del CNE.Además de la atención presencial, el Consejo Nacional Electoral informó que mantiene habilitada su plataforma digital, a través de la cual los ciudadanos pueden realizar trámites, consultas y acceder a información oficial desde cualquier lugar.
