Un nuevo hecho de inseguridad ocurrió en horas de la tarde de este 9 de agosto en el centro de Bogotá. De acuerdo con la Policía Nacional, dos personas en motocicleta, un hombre y una mujer, atentaron contra un comerciante del San Andresito de la 38, localidad de Puente Aranda."Es agredida una persona con arma de fuego, este último se defiende y desarma a quien lo estaba agrediendo", dijo el coronel William Lara, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Bogotá. Tras esto, y en un acto de defensa, el comerciante dispara contra uno de los presuntos delincuentes, quien termina muerto."Invitamos a todos los colombianos para que nos ayuden a suministrar información oportuna, antes de que se generen este tipo de eventos, para garantizar con ello la integridad y la vida de todos", concluyó el coronel Lara.Frente a los motivos de este hecho criminal, las autoridades afirmaron que aún están investigándolos. Por fortuna, la víctima resultó con dos heridas leves y se encuentra en un centro hospitalario.En imágenes que se viralizaron en redes sociales se puede ver cómo otros comerciantes y transeúntes agredieron a los presuntos delincuentes.Por su parte, la mujer, que es de nacionalidad extranjera, será judicializada por intento de homicidio y porte, tenencia y tráfico de arma de fuego.
La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a once integrantes de una poderosa red que, según la entidad, se encargaban de la extracción, transporte, almacenamiento, compra, venta y distribución de mercancías de contrabando en el país, específicamente cigarrillos. Las ganancias de estas acitividades delictivas llegan a los 200 millones de pesos, actividad que vienen desarrollando desde el mes de enero de 2020 a la fecha.Los once integrantes de esta banda son: Yesid Morales Reyes, Gonzalo Rodríguez Rodríguez, Rito Antonio Ariza, Javier Calderón Moreno alias ‘Pechi’, James Escobar, Anderson Morales, Luis Fernando Galeano, Edgar Giovanny Molina alias ‘Pirulo o Firulai’, Fredy Ignacio Quintana, José Arbey Ángel, José Alexander Moncada Malaver y Leinis Prada Moreno alias ‘Xiomara’.Según la Fiscalía, los miembros de esta supuesta organización criminal son trabajadores de la industria de transporte terrestre que han sido o son conductores de vehículos de carga e, incluso, cuentan con empresas transportadoras, lo que les facilita el desplazamiento de estas mercancías de contrabando a lo largo y ancho de las carreteras colombianas.Asimismo, según el escrito de acusación, la Fiscalía ha logrado verificar que la organización cuenta con depósitos en Santa Marta y Barranquilla para almacenar los cigarrillos que presuntamente han entrado irregularmente a Colombia, para luego distribuirlos desde Bogotá a diversos lugares del país. Incluso según la investigación, distribuían grandes cantidades de cigarrillos de contrabando a San Andresito en Bogotá.La Fiscalía, a su vez, ha podido identificar un sofisticado esquema de financiación, distribución y falsificación detrás de este presunto actuar delictivo, en donde supuestamente Yesid Morales Reyes, Gonzalo Rodríguez Rodríguez y Rito Antonio Ariza invierten grandes cantidades de dinero en cigarrillos de contrabando, mercancía que negocian directamente en Panamá, Aruba o Maicao en la Guajira.Estás personas, según la Fiscalía, se asocian entre ellos y otras personas con el fin de comprar permanentemente contenedores con capacidad para más de mil cajas de cigarrillos, luego las funciones de distribución son efectuadas supuestamente por Geovanny Escobar y Luis Fernando Galeano, quienes son las personas de confianza de los financiadores, encargándose de ocultar y transportar los cigarrillos de contrabando en los vehículos mezclándolos con otras mercancías u ocultándolos con “tapas” de otras mercancías.La Fiscalía logró establecer que supuestamente el señor José Arbey Ángel se dedica a alterar o a falsificar documentos como manifiestos de carga, sellos de contenedores y otros documentos necesarios para el tránsito del vehículo de carga a través de los distintos controles de las autoridades terrestres.La investigación de la Fiscalía logró concluir que las actividades de esta presunta organización criminal se servían también de la participación de Anderson de Jesús Morales Mora y Edgar Giovanny Molina alias ‘Pirulo o Firulai’.Por último, la Fiscalía logró identificar la supuesta participación de Leinis Prada Moreno alias “Xiomara”, persona que se supuestamente se dedicaba a la compra y distribución de cigarrillos de contrabando en la frontera entre Colombia y Ecuador, extrayendo las mercancías de contrabando de manera fraudulenta por trochas clandestinas a Ecuador y entregándolas en este país.Durante la audiencia, el Juez especializado de Bogotá no estuvo de acuerdo con la negociación realizada con los imputados, por lo que negó el preacuerdo y citó para audiencia de acusación que será el 5 de diciembre de 2023.Le puede interesar:
La Gobernación del Archipiélago de San Andrés y Providencia anunció la congelación en el costo de la tarjeta de turismo para atraer visitantes como una medida de choque ante el alza del precio de los tiquetes aéreos anunciados por el Gobierno Nacional. De 130.000 turistas al mes que estaba visitando en promedio el archipiélago de San Andrés y Providencia, han pasado a un promedio de 95.000 en los últimos tres meses. La reducción es de casi un 25% menos, lo que está golpeando la economía del departamento que vive en torno al turismo.Los motivos, según explica Juan Enrique Archbold, secretario de Turismo de San Andrés, son varios. El primero de ellos tiene que ver con la disponibilidad de sillas en las aerolíneas para llegar a la isla, pues según afirma, pasaron de tener casi 1.000 vuelos al mes a 700, es decir, 300 vuelos menos con personas llegando a la isla. Esto, aunado al aumento del precio del dólar y el incremento en el costo de los tiquetes aéreos.Archbold dice que por estas razones han propuesto que la tarifa de la tarjeta de turismo, impuesto que se cobra a quienes ingresan a la isla, el cual desde inicios del 2023 está tasado en 139.000 pesos, se reduzca al del año anterior y quede congelado en 124.000 pesos. Con esta medida buscan incentivar la llegada de aquellos turistas que están viendo más atractivo otros destinos como Cancún.La reducción será implementada una vez la asamblea departamental analice el proyecto de ordenanza y sea votado de manera favorable para emitir una nueva resolución con el precio del año 2022.Le puede interesar este contenido:
Con puños, patadas y palos, comerciantes y transeúntes del sector de San Andresito de San José, cerca del centro de Bogotá, le propinaron una brutal golpiza a un señalado ladrón y hasta quemaron la motocicleta en la que se transportaba.En varios videos quedó registrado el momento a momento de la “paloterapia”. En ellos, se evidencia cómo la comunidad, enfurecida, arremete contra la integridad de un delincuente. A su vez, agentes de la Policía intentan intervenir, pero no logran controlar a la turba que buscaba justicia por mano propia.Después de agreder brutalmente al señalado ladrón, la misma comunidad la emprendió contra la motocicleta en la que se transportaba.En la grabación se ve cómo varios hombres golpean la moto de color azul que ya estaba en el suelo, hasta que deciden prenderle fuego con lo que se presume es gasolina.Noticia en desarrollo...
La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por ocho años a la exgobernadora de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Aury Socorro Guerrero Bowie (2012-2015), por no contar con la interventoría para garantizar la correcta ejecución de un contrato.De acuerdo con la investigación, entre agosto y octubre de 2012, todo el 2013 y gran parte de los años 2014 y 2015, no se contrató la interventoría de un convenio celebrado en 2012 con la IPS Universidad de Antioquia.Según el Ministerio Público, la exgobernadora no adelantó oportunamente los procesos de contratación o designación de la interventoría técnica, administrativa y financiera del Contrato 540 de 2012, celebrado con la IPS Universidad de Antioquia para la "operación asistencial y logística de la red pública hospitalaria del departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina".El organismo de control disciplinario también sancionó a los exsecretarios de Salud Martínez Pérez y May Salcedo, quienes durante su permanencia en el cargo no adelantaron el proceso de contratación de la interventoría.Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca por qué el expresidente Uribe sigue sonando en esta campaña presidencial:
Este mediodía el centro de Bogotá se vio sacudido por fuertes enfrentamientos entre miembros del Esmad y un grupo de comerciantes del sector de San Andresito, en inmediaciones de la Plaza España. Los choques se desataron tras un intento de allanamiento de la Policía en operativos anticontrabando en el sector San José, comprendido entre las calles 8 y 10 con las carreras 19 y 24. Los desmanes en el centro de Bogotá generan fuertes trancones en el sector de la Sabana y el Ricaurte, de acuerdo con el sistema de información del tráfico de Waze.
El juez 27 garantías de Bogotá envió a la cárcel al mayor Andrés Alberto Salazar Barrero, excomandante del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Metropolitana de Bogotá y a los patrulleros Fabián Mauricio Castillo Bernal y Erwin Stid Quintero Acosta, como presuntos responsables del secuestro y robo a un comerciante de San Andresito de Bogotá. Sobre los hechos, los acusados se declararon inocentes.Según la fiscal del caso, el 19 de enero de este año, el comerciante de San Andresito habló con un amigo suyo para que recogiera 800 millones de pesos en un centro comercial del centro de Bogotá, con los cuales pagaría una hipoteca.En ese momento, al parecer, fue abordado por los patrulleros capturados, quienes le dijeron que el dinero eran producto del narcotráfico y que debían llevarlo a la Sijin. Sin embargo, después de un recorrido en automóvil, en el que estuvo, supuestamente, el mayor Salazar, lo hicieron bajar del auto y se llevaron el dinero.El juez creyó en la hipótesis de la Fiscalía y envió a la cárcel La Picota a los uniformados, quienes deberán demostrar su supuesta inocencia tras las rejas.
BLU Radio conoció en primicia que desde la mañana de este martes la Fiscalía adelanta un operativo contra por lo menos seis policías que estarían involucrados en un millonario robo a un comerciante de San Andresito, en Bogotá. Uno de los capturados es un mayor activo de la institución.Según fuentes de BLU Radio, la Fiscalía realiza el operativo con el fin de capturar y desmantelar una empresa criminal que estaría integrada por un mayor de la Policía en servicio activo y otros policías retirados.Los hechos ocurrieron el 19 de enero de 2021, cuando los uniformados le habrían robado cerca de $800 millones de pesos a un comerciante de San Andresito. Según la denuncia, estos hombres vestían prendas de uso oficial, hicieron subir al comerciante a una camioneta Toyota particular, le quitaron el dinero, el celular y después de dos horas de tenerlo secuestrado lo abandonaron al occidente de la ciudad.En tiempo récord, la Fiscalía logró concluir la investigación y determinar la presunta responsabilidad de los uniformados que estarían involucrados en los hechos. Este miércoles iniciarán las audiencias de legalización de capturas, imputación de cargos y de medida de aseguramiento.
Albeiro Camacho, presidente de la Federación de San Andresitos, aseguró que adelantarán las protestas debido a la difícil situación que están afrontando por cuenta de las cuarentenas estrictas de Bogotá. Dijo que necesitan urgentemente que la alcaldesa los escuche para no quebrar definitivamente.“Estamos haciendo unas marchas donde el mensaje es a la alcaldesa mayor de que está tomando unas medidas que no están teniendo en cuenta a los pequeños comerciantes, las marchas se están haciendo con los elementos de bioseguridad”, señaló.Según Camacho, en el 42 por ciento de los centros comerciales donde hay San Andresitos, el 35% de los locales se encuentran vacíos. “Tenemos que reaccionar porque lo que están haciendo es quebrar a más de 1.500.000 pequeños empresarios”, dijo. Camacho recalcó que no entienden por qué hay una nueva restricción, teniendo en cuenta que han sido “muy responsables y han trabajado a menos del 30 por cientos de ocupación en los centros comerciales, manteniendo la distancia y todos los protocolos”. Escuche la entrevista completa en el audio adjunto.
La fiscal que investiga el caso de la oficina de cobro que operaba en Cali, Medellín, Cartagena, Santa Marta, Barranquilla y Pitalito, pero que se manejaba desde el San Andresito de La 38 en pleno centro de la capital del país, acaba de recibir la noticia de su traslado a Villavicencio “por necesidad del servicio”. En otras palabras, porque necesitan a una fiscal en esa ciudad.Sin embargo, sus superiores le informaron a la funcionaria judicial que desde Villavicencio podrá continuar con este proceso, para evitar que se venzan los términos y que los capturados queden en libertad en noviembre si no se ha iniciado el juicio, pues se cumple un año desde que los enviaron a la cárcel.Vea también: La oficina de sicariato de Bogotá al servicio de esmeralderos pedidos en extradiciónNo obstante, el miedo que tienen las víctimas del proceso es que la fiscal llegará a una nueva ciudad, con unos nuevos procesos que deberá asumir y, además, deberá trasladarse durante horas de una ciudad a la otra para cumplir con las audiencias del proceso contra los integrantes de esta temida oficina de cobro. Por ejemplo, cuando inicia el juicio los jueces generalmente programan las audiencias todos los días de la semana hasta que se acabe esa etapa probatoria, entonces, ¿cómo hará una fiscal con sede en Villavicencio para presentarse todos los días en Bogotá? ¿Tendría la fiscalía que prestarle transporte permanente y pagarle hotel para que pueda comparecer sin interrupciones? Y, ¿qué pasaría si en ese lapso le programan audiencias en Villavicencio? Esas son algunas de las preguntas que tienen las víctimas.“No se puede seguir utilizando técnicas y tácticas sucias, de vieja guardia, donde a los investigadores los trasladan, a los fiscales los trasladan, donde los cambian de cargo para poder ellos comprar tiempo y salirse con las suyas. Cabe anotar que el que está liderando ese grupo de abogados es Álvaro Escobar Gil, un exfiscal de alto nivel que tiene un hermano magistrado. Está utilizando esas técnicas sucias para poder sabotear el proceso. Cabe anotar que el que si algo me llega a pasar a mí o mi familia, responsabilizo al Estado colombiano”, dijo Miguel Ángel Ruiz, líder de las víctimas de esa organización criminal.Fuentes de la Fiscalía respondieron que el traslado se debe a que simplemente necesitan un fiscal en Villavicencio y que eso no afectará el proceso."El traslado se genera, en necesario, en virtud a que hay una fiscal en Villavicencio que debe ser cambiada de despacho, esto, con base en evaluación del programa de protección. La fiscal de Bogotá asumirá el despacho de la Fiscal amenazada, No existe posibilidad de vencimiento de términos ya que las audiencias del caso de San Andresito La 38 se han desarrollado normalmente", comunicó el ente investigador.Caso de alto impactoEste es un caso de alto impacto porque la organización tenía tentáculos en varias ciudades capitales del país. Algunos de sus cabecillas, parecer, eran esmeralderos y tenían alianzas con la temida Oficina de Envigado.De acuerdo con las investigaciones, los procesados ordenaban la ejecución de homicidios contra diferentes empresarios y comerciantes de esmeraldas, para consolidarse y mantener el control de las minas de Maripí y Coscuez, en Boyacá, pero también se les atribuyen hurtos, desplazamiento forzado y todo, coordinado desde la capital del país.El proceso y sus cabecillasen noviembre de 2018, la Fiscalía y la Dijin de la Policía capturaron a 21 personas que harían parte la oficina de cobro que se manejaba desde el San Andresito La 38.BLU Radio conoció el dossier de la estructura en donde deja claro cuál era el papel de los cuatro jefes más importantes de la organización.Conozca más: Los cuatro 'duros' de la oficina de cobro que delinquía desde San Andresito de la 38Aparece como cabecilla de la organización ‘Esmeralderos’ Yerson Esteban Triana Rincón, hijo del esmeraldero Horacio Triana pedido en extradición por narcotráfico Estados Unidos. Según el documento “heredó el imperio esmeraldero del Clan Rincón, ordenó la ejecución de homicidios a diferentes empresarios y comerciantes de esmeraldas, para consolidarse y mantener el control de las minas de Maripí y Cascués es del departamento de Boyacá”.Aparecen como cabecilla de la organización San Andresito alias ‘Juano’ quien, según el documento, “había coordinado la ejecución de actividades criminales de la oficina de cobro de San Andresito, ordenando la ejecución de homicidios, hurtos, desplazamiento forzado y demás delitos”.Como tercero en la línea de mando aparece alias ‘Zarco’, quién sería el financiero y el enlace con la Oficina de Envigado. Éste sería el responsable de la ejecución de ajustes de cuentas mediante la modalidad de secuestro en ciudades como Medellín, Barranquilla y Santa Marta.Finalmente, aparece como cabecilla, el jefe financiero de Los Esmeralderos, Álvaro Mujica, quien sería otro comerciante de gemas de Boyacá, aliado con Yerson Triana para el despojo de tierras en Bogotá y, además, la financiación de organizaciones criminales.Escuche el audio adjunto:
El HIC Instituto Cardiovascular de la Fundación Cardiovascular de Colombia (FCV), ubicado en Floridablanca, Santander, alcanzó un hito en su trayectoria médica al realizar su trasplante de corazón número 300. El procedimiento se llevó a cabo a un joven de 28 años que permaneció cerca de tres meses en lista de espera para recibir un órgano compatible.Se trata de Juan Andrés Rondón Ochoa, un enfermero profesional oriundo de Tunja, Boyacá, quien fue diagnosticado con una cardiopatía dilatada de probable origen genético. Su trasplante fue exitoso y, tras completar su recuperación hospitalaria, recibió el alta médica para continuar con un proceso de rehabilitación cardíaca y controles especializados.La intervención requirió una operación logística para garantizar que el corazón llegara a tiempo. Mientras el paciente se dirigía al hospital, un equipo médico de la institución se desplazó en un avión ambulancia hasta Barranquilla para recoger el órgano y trasladarlo a Santander.Cada trayecto aéreo tomó aproximadamente 40 minutos, a lo que se sumó el desplazamiento terrestre entre los aeropuertos y el centro médico. La aeronave propia de la institución permitió agilizar el transporte, mientras el equipo quirúrgico preparaba las condiciones para realizar la cirugía.“El tiempo es un factor determinante, porque el corazón debe mantenerse en condiciones adecuadas durante las 4 a 6 horas que tenemos para preservarlo antes del trasplante. En el caso de Juan, todo se cumplió dentro de ese margen y pudimos realizar el procedimiento”, explicó el doctor Gustavo Prieto, jefe de Cirugía Cardiovascular del HIC Instituto Cardiovascular.Una enfermedad que cambió sus planes de vidaLa historia de Juan Andrés comenzó en noviembre de 2025, cuando empezó a experimentar dificultades para respirar. Una noche, la falta de aire le impidió dormir y decidió acudir a urgencias en Tunja. Hasta entonces, llevaba una vida normal y desconocía que padecía una enfermedad cardíaca.Tras la primera valoración, fue remitido a Bogotá y posteriormente al HIC Instituto Cardiovascular, donde permaneció hospitalizado durante varias semanas. Los estudios médicos confirmaron una cardiopatía dilatada de probable origen genético y, meses después, recibió la noticia de que necesitaba un trasplante de corazón.Pese al diagnóstico, el joven asegura que enfrentó el proceso con optimismo y encontró apoyo en su familia y en el equipo médico especializado en falla cardíaca.“Quiero buscarle la razón, el propósito a esta segunda oportunidad y cuidarme, ser responsable. Gracias a quienes me ayudaron a recuperar mi salud, a mi familia y a la familia del donante, cuya decisión hizo posible que recibiera este corazón”, manifestó.Ahora, además de cumplir con el tratamiento y los controles médicos permanentes, Juan Andrés proyecta orientar su carrera profesional hacia la gestión de instituciones de salud y la docencia. El proceso también ha significado un cambio para su esposa, quien decidió trasladarse con él a Santander y encontró en el hospital la posibilidad de continuar ejerciendo su profesión como enfermera.Más de dos décadas de experiencia en trasplantesDe acuerdo con la Fundación Cardiovascular de Colombia, el HIC Instituto Cardiovascular realiza trasplantes cardíacos desde 2004. Con el procedimiento número 300, la institución completa 68 trasplantes pediátricos y 232 en adultos.El centro médico es, según la FCV, la única institución de la Regional 4 - que comprende Santander, Arauca, Norte de Santander y Cesar - con capacidad para realizar trasplantes de corazón.La cifra representa más de dos décadas de trabajo de equipos especializados en la valoración de pacientes, su preparación para la cirugía, la intervención y el seguimiento posterior.Sin embargo, la institución también señaló que estos procedimientos dependen de la disponibilidad de órganos para donación. “Si no hay donantes, no hay manera de tratar a estos pacientes”, recordó el doctor Gustavo Prieto.En el caso de Juan Andrés, la decisión de una familia de donar permitió que un corazón recorriera cientos de kilómetros y llegara a Santander para darle una nueva oportunidad de vida.
Tras varias horas de enfrentamientos en zona rural de Yarumal, el Ejército confirmó que dos presuntos integrantes de las disidencias del frente 36, facción Calarcá, fueron abatidos durante una operación adelantada por soldados del Batallón de Infantería número 10 Coronel Atanasio Girardot, adscrito a la Cuarta Brigada.De acuerdo con el reporte militar, los señalados miembros del grupo guerrillero estarían vinculados con presuntas actividades de constreñimiento a la población civil, amenazas y cobros extorsivos en los municipios de Yarumal, San Andrés de Cuerquia, Toledo y Briceño.El teniente coronel, Fredy Arboleda, comandante al frente del operativo, expuso que los abatidos eran escoltas de alias Arboleda, cabecilla, antiguo hombre de confianza de alias 'Primo Gay'."Estos sujetos harían parte de la comisión de seguridad de alias 'Arboleda', quien inicialmente habría pertenecido a la Estructura 36, facción 'Calarcá' y, posteriormente, siguiendo los pasos de alias 'Primo Gay', habría pasado integral las filas del Clan del Golfo", aseguró el uniformado.Las autoridades señalaron que esta estructura criminal mantendría una alianza delictiva con la subestructura Luis Hernando Rozo Bertel del Clan del Golfo, con presencia en el Norte de Antioquia. Durante el procedimiento, las tropas incautaron un fusil, una pistola, proveedores y municiones de diferentes calibres. El material quedó a disposición de las autoridades competentes.Vale la pena mencionar que el operativo se adelantó junto con la SIJÍN de la Policía Antioquia, la Fiscalía Especializada número 75 y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), a través del grupo GICCO. Finalmente, el Ejército indicó que continuará desarrollando operaciones militares contra estas estructuras armadas en Antioquia.
El exdiputado venezolano Rosmit Mantilla, que estuvo detenido dos años y medio en el Helicoide, describió en Mañanas Blu las torturas que, según su testimonio, presenció en las cárceles del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) durante el gobierno de Nicolás Maduro. Habló un día después de que se conociera la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, que incluye relatos de torturas contra opositores venezolanos y ciudadanos estadounidenses.Mantilla, activista por los derechos de la comunidad LGBTI, fue elegido diputado en 2015 y hoy vive exiliado en París. Dijo que recibe la acusación con alivio: “Sentimos sosiego las víctimas porque se comienza a hacer justicia con todas las atrocidades que cometió la dictadura”. Añadió que esa justicia les ha negado hasta el momento la Corte Penal Internacional, pese a años de documentación.Detenido sin acceso al expedienteEl exlegislador relató que fue capturado el 2 de mayo de 2014 y liberado en noviembre de 2016. Según dijo, en ese tiempo nunca tuvo derecho a una audiencia justa: "Nunca tuve acceso al expediente, a las pruebas”.Recordó que estuvo a punto de morir por una infección estomacal que obligó a operarlo de emergencia, con agentes del SEBIN dentro del quirófano tomándole fotos y grabándolo. Su libertad, precisó, fue condicionada: debía presentarse cada 15 días ante los tribunales por dos procesos y, en cada visita, los jueces le advertían que podía ser devuelto a prisión si así lo ordenaban.Sobre el motivo de su detención, contó que el fiscal le dijo que le habían ordenado imputarle los mismos delitos que a Leopoldo López, como terrorismo, destrozo de edificio público y asociación para delinquir. Mantilla señaló que la fiscal general de entonces era Luisa Ortega Díaz.“Eso es política de Estado”Mantilla aclaró que él no fue torturado físicamente, sino de forma psicológica, pero dijo que sí presenció los abusos contra otros presos. Describió violaciones con objetos contundentes, electrocuciones en los genitales, personas encerradas en cajas selladas con clavos durante días y detenidos a quienes les arrancaron las uñas con alicates.Según su relato, ocurrían de noche: “Los sacaban de sus celdas y los torturaban toda la noche”. Por la mañana, cuando se abrían las rejas, los encontraban en el piso, “completamente medio inconscientes, otros bañados en sangre”. Calificó esas prácticas como sistemáticas: “Eso es sistemático, eso es política de Estado para el chavismo”.Mantilla mencionó el caso de un preso común acusado del asesinato del diputado oficialista Robert Serra, quien, según le contó, estuvo 14 días bajo tortura para que declarara que la derecha había ordenado el crimen.La Tumba, otra sede del SEBINEl exdiputado explicó que La Tumba no estaba en el Helicoide, sino en otra sede del SEBIN en el centro de Caracas, en un edificio que había sido un banco. Según dijo, la bóveda fue convertida en siete celdas con luz blanca permanente y aire acondicionado a temperaturas que quemaban la piel. Aclaró que no estuvo recluido allí, pero que un compañero suyo, Lorenzo, le contó que los presos sabían que era de día por el ruido del metro que pasaba por encima.Lo que recoge la acusación en Nueva YorkDurante el programa, el periodista Juan Camilo Merlano explicó que varios casos de la acusación habían sido documentados antes por la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU, pero que los testimonios de estadounidenses detenidos bajo el gobierno de Maduro aportan detalles nuevos. El documento identifica a tres víctimas como Víctima 7, 8 y 9. Entre los relatos figuran privación de alimentos, inyecciones que causaban convulsiones, golpizas con lesiones permanentes y descargas eléctricas. Estos testimonios son los que recoge la acusación y no han sido verificados de forma independiente por este medio.Delcy Rodríguez y el poder en VenezuelaMantilla señaló que, al leer la acusación, notó la ausencia de Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Maduro, a quien atribuyó la responsabilidad del SEBIN entre 2018 y 2021, hasta que un decreto transfirió esas competencias al Ministerio del Interior. Aclaró que no coincidió con ella en su periodo de detención. “Habría que ver hasta dónde va a llegar la inmunidad que le ofrece Washington”, afirmó.Advirtió además que el problema no se limita a Maduro: “Ellos simplemente fueron los últimos gerentes de esa desgracia, pero fueron 27 años de monstruosidades”. Afirmó que otros señalados por violaciones de derechos humanos siguen en el poder o en libertad, entre ellos Diosdado Cabello, a quien acusó de haber practicado la desaparición forzada. Esas afirmaciones corresponden al entrevistado.Exilio y denunciaMantilla salió de Venezuela en 2017 por la presión de las presentaciones semanales ante los tribunales y los rumores de una posible recaptura. Desde entonces trabaja por los presos políticos y denuncia lo ocurrido. Contó que en Europa tuvo que enfrentar el “romanticismo de la Revolución Bolivariana” y explicar que el asunto “no es un tema de izquierda y derecha, sino es un tema de derechos humanos”.Sobre sus excompañeros de prisión, dijo que algunos nunca superaron lo vivido y otros se dedican, como él, a contarlo. “Nuestro trabajo es contar todo lo que pasa y lo que sigue pasando en Venezuela”, concluyó.
El Juzgado Primero Penal del Circuito de Socorro, Santander, condenó a seis personas por delitos relacionados con la contratación pública y el manejo de recursos del municipio de San Gil. Entre los sentenciados se encuentran los exalcaldes Ariel Fernando Rojas Rodríguez y Jesús David Flórez Roncancio, así como el concejal Urbano Ballesteros Rangel.De acuerdo con la decisión judicial, Rojas Rodríguez y Flórez Roncancio fueron condenados a 66 meses de prisión, equivalentes a cinco años y medio, por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. También recibieron una inhabilitación para ejercer derechos y funciones públicas por 80 meses y una multa de 68,66 salarios mínimos legales mensuales vigentes.Por su parte, Urbano Ballesteros Rangel fue condenado a 80 meses de prisión, es decir, seis años y ocho meses, por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público. Además, deberá pagar una multa de $51.676.917 y quedó inhabilitado para ejercer derechos y funciones públicas durante el mismo periodo de la pena.En el mismo proceso, Rosaura Bayona Vargas, Jhon Heyneman Amézquita Artunduaga y Edison Rangel Guerrero fueron condenados a 74 meses de prisión, equivalentes a seis años y dos meses, por el delito de peculado por apropiación. Cada uno recibió, además, una inhabilitación para ejercer funciones públicas por el mismo término y una multa de $51.676.917, correspondiente al valor de los recursos apropiados.El proceso se originó por un contrato suscrito entre la Alcaldía de San Gil y la fundación Fundasander por un valor cercano a los 130 millones de pesos. El convenio tenía como objetivo suministrar alimentación durante un mes a un grupo de uniformados que cumplirían labores específicas en el municipio.Sin embargo, según la investigación adelantada por las autoridades, las supuestas raciones alimentarias no habrían sido entregadas en las condiciones contratadas. Además, se estableció que varios de los policías que aparecían como beneficiarios no estaban prestando servicio en San Gil durante ese periodo. Algunos se encontraban de vacaciones e incluso otros ya estaban pensionados.La decisión judicial también incluyó absoluciones por algunos de los cargos. Ariel Fernando Rojas Rodríguez fue absuelto del delito de peculado por apropiación, mientras que Rosaura Bayona Vargas y Edison Rangel Guerrero fueron absueltos del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.Adicionalmente, el juzgado declaró prescrita y extinguida la acción penal por algunos delitos de falsedad documental. En el caso de Bayona Vargas, la decisión cobijó los delitos de falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público. Para Jhon Heyneman Amézquita Artunduaga y Edison Rangel Guerrero, la prescripción se declaró por falsedad en documento privado.El juzgado negó a los sentenciados la suspensión de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria. Sin embargo, dispuso que permanezcan en libertad de manera provisional hasta que la sentencia quede en firme.Una vez la decisión quede ejecutoriada, se emitirán las órdenes de captura para que los condenados sean trasladados al centro penitenciario que determine el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).Frente a la reparación económica de los perjuicios ocasionados al municipio, el despacho judicial aplazó la decisión hasta que se adelante el incidente de reparación integral solicitado por los representantes de las víctimas.Contra la sentencia procede el recurso de apelación.
Al menos 85 civiles han muerto y otros 346 han resultado heridos en ataques rusos en Ucrania desde el pasado lunes, según dijo este jueves el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, quien advirtió de que los ataques deliberados contra civiles pueden constituir crímenes de guerra.La denuncia de Türk se produjo después de que al menos 30 civiles murieran y otros 18 resultaran heridos hoy en Kramatorsk, en la región de Donetsk, cuando dos autobuses de transporte público fueron alcanzados por un ataque ruso.El ataque se produjo un día después de una oleada de bombardeos rusos contra distintas zonas de Ucrania que causó decenas de muerto, incluidos cinco niños, según las autoridades ucranianas."Estoy consternado por la ola de ataques que está matando a civiles en toda Ucrania durante los últimos cuatro días", afirmó Türk, quien calificó de "reprobable" la escala y la forma de los ataques, con personas muertas o heridas en autobuses, en sus viviendas y en sus lugares de trabajo.El alto comisionado señaló además que numerosos puntos de Ucrania han quedado a oscuras tras una serie de ataques de largo alcance contra subestaciones eléctricas y plantas de generación, en un momento en que el país ya afronta cortes de emergencia y programados.Türk advirtió de que la situación energética puede agravarse con la llegada de temperaturas más bajas y días más cortos, que previsiblemente aumentarán la demanda de electricidad.El responsable de derechos humanos de la ONU expresó asimismo su "profunda preocupación" por los informes sobre ataques ucranianos que han causado muertos y heridos entre civiles en territorios ocupados por Rusia y en Rusia, y recordó que la protección de la población civil se aplica a todas las partes del conflicto.El alto comisionado reclamó que las presuntas violaciones sean investigadas y que quienes resulten responsables rindan cuentas.
