La Personería de Medellín formuló cargos contra médico de la red pública de salud de la ciudad por presunto acoso sexual y laboral a una de sus colegas y estudiante. Según la entidad, el ahora investigado habría tenido acercamientos con la intención de besarla, abrazarla de forma intempestiva. Como gravísima a título de dolo fue calificada por parte del Ministerio Público en primera instancia el proceder de Luis Fernando Herrera Pinto, un médico que ahora está bajo la lupa de la Personería de Medellín por un supuesto caso de acoso sexual y laboral contra una de sus colegas.Según la Personería, los hechos ocurrieron cuando Pinto prestaba sus servicios a la ESE Metrosalud, la red pública de la ciudad, y habría tenido conductas de hostigamiento y asedio, abordajes de connotación sexual hacia la víctima que se desempeñaba como médica interna y recibía clases por parte de él.Según detalló Yenny Serna, personera delegada, entre las posibles acciones se encuentran preguntas del médico a la mujer sobre su vida íntima, indagando si tenía pareja, realizando acercamientos con la intención de besarla, abrazarla de forma intempestiva por la espalda, así como también realizar comentarios sobre su apariencia física.“Se formuló un cargo único, ya que con su actuar el funcionario pudo haber incurrido en una falta disciplinaria al despregar conductas constitutivas del tipo penal de acoso sexual”, dijo. Serna también informó que el proceso disciplinario será remitido al área de Decisión Disciplinaria, con el fin de que se surta todo el trámite de juzgamiento respetando el debido proceso de las partes implicadas y finalmente determinar si hubo o no por parte del investigado algún de tipo de conducta ilegal.
Tras un consejo de Seguridad en el Suroeste de Antioquia, la Gobernación duplicó la recompensa por los cabecillas del Clan del Golfo y La Terraza en esta subregión. Esclarecimientos de homicidios en una de las zonas más violentas del departamento no alcanza ni el 15%, según el gobernador Andrés Julián Rendón.Autoridades en Antioquia siguen implementando estrategias para afrontar el complejo panorama de orden público en el Suroeste del departamento, una de las subregiones más golpeadas por la violencia en los últimos meses.Durante 2025 se registraron más de 260 homicidios y en el caso de algunas localidades como Andes y Jardín triplicaron sus registros en comparación con 2024. Esto ha producido un seguimiento constante por parte de la institucionalidad y se ha materializado en acciones como un reciente consejo de seguridad del que participaron los municipios de Andes, Betania, Ciudad Bolívar, Hispania y Jardín.Entre las conclusiones más importantes del encuentro, el gobernador Andrés Julián Rendón anunció el aumento de 200 a 500 millones de pesos tanto por alias ‘Soldado’ como alias ‘Barcelona’, señalados cabecillas del Clan del Golfo y La Terraza, respectivamente, grupos criminales en confrontación constante por el control del territorio y las rentas ilícitas.“Hasta 200 millones de pesos por los secuaces de el guajiro que están delinquiendo acá, alias el perdido, alias silvestre y también por alias 'Mateo' y Cartagena que están afectando mucho la tranquilidad de los pobladores de Andes y de Jardín”, dijo el mandatario seccional.El mandatario insistió que en esta subregión también se requiere mayor acompañamiento por diferentes entidades implicadas en la investigación criminal, pues el porcentaje en el esclarecimiento de homicidios es mínimo teniendo en cuenta la cantidad de casos.“Se necesita no solo arreciar la capacidad operativa de la fuerza pública en esta zona del departamento, sino también la disuasión judicial. El esclarecimiento de las muertes violentas no llega ni a 15 de cada 100 y eso es una cifra muy baja porque aquí estamos combatiendo criminales que están muy ricos por cuenta del microtráfico”, aseveró.Según información previamente entregada por las autoridades en el departamento, alias ‘Soldado’ y ‘Barcelona’ se les vincula con la coordinación de homicidios, violencia y control de rutas del narcotráfico en la subregión.
Siguen las dificultades para las acciones de la fuerza pública en el municipio de Briceño. Comunidades instrumentalizadas por las disidencias de las Farc impidieron la detonación de al menos dos artefactos explosivos ubicados en zonas de tránsito rurales.La influencia de los grupos armados sobre poblaciones rurales en varias zonas de Antioquia siguen generando dificultades para la fuerza pública a la hora de ejecutar operativos o seguir avanzando en la presencia y consolidación del territorio.El caso más reciente se registró en el municipio de Briceño y fue denunciado por la Séptima División del Ejército. Allí, en la vereda El Roblal, tropas del Batallón de Artillería de Campaña N.º 4 ubicaron un artefacto explosivo improvisado instalado por el frente 36 de las disidencias de las Farc en un camino de uso frecuente por campesinos y menores de edad de la zona.Sin embargo, la detonación de este elemento puso en alerta a miembros del grupo armado quienes habrían coaccionado a la comunidad para evitar que los soldados continuarán con la inspección de al menos otros dos objetos identificados en la misma área que también serían explosivos y representaban una grave amenaza para la seguridad de la población.Según versiones oficiales, habitantes de la vereda llegaron hasta donde estaban los militares para tratar de entablar un diálogo, pero además advertirles que en caso de seguir avanzando en su camino iban a ser atacados por el grupo armado.Precisamente, la instrumentalización de civiles por parte de estructuras ilegales ya había sido un tema denunciado, incluso por altos mandos militares en la región, como una de las principales dificultades para la continuidad de acciones ofensivas por parte de la fuerza pública. Esto manifestó el general Carlos Eduardo Caycedo, comandante de la Cuarta Brigada.“Si los bandidos del Gador 36 son capturados o algo por el estilo, deben salir ustedes a hacer una zonada y quitárselo, que fue lo que efectivamente nos pasó en el en el corregimiento de Travesías. Habíamos capturado dos personas muy cercanas a a la estructura del Gador 36 y fueron arrebatados por la población”, relató el alto oficial.Desde el Ejército rechazaron este tipo de acciones por parte del grupo ilegal y aseguraron que si bien no contrariaron la solicitud realizada por la comunidad, mantienen el despliegue de tropas para evitar que el registro de acciones violentas como confrontaciones que han generado en los últimos meses episodios de confinamientos y desplazamientos masivos.
La senadora Aída Quilcué, reconocida líder indígena y miembro del Pacto Histórico, confirmó que sus captores se identificaron como integrantes de la columna Dagoberto Ramos, una de las principales estructuras disidentes de las FARC en el suroccidente del país. El hecho ocurrió el pasado martes en una zona rural del páramo de Totoró, departamento del Cauca, cuando Quilcué se desplazaba desde La Plata (Huila) hacia Popayán junto a su esquema de seguridad.El vehículo de la congresista fue interceptado hacia la 1:30 de la tarde por un grupo de hombres armados con fusiles, quienes la obligaron a descender del carro y la condujeron a un área boscosa de difícil acceso. “Nos encañonaron, eran bastantes, nos descendieron del carro y de ahí pues ya nos llevaron caminando montaña abajo”, relató Quilcué en diálogo con Néstor Morales en Mañanas Blu.La senadora, que hace parte de la Comisión de Derechos Humanos del Senado y es una figura histórica del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), narró con serenidad cómo se mantuvo firme ante sus captores. “Yo les dije: no voy a caminar más. Si me van a hacer algo, lo pueden hacer aquí”, recordó. Según explicó, tras más de dos horas de tensión, los hombres comenzaron a retirarse del lugar, aparentemente presionados por la reacción de la Guardia Indígena y de la Fuerza Pública.“Era un secuestro dirigido”Durante la entrevista, Quilcué afirmó que el grupo portaba radioteléfonos y mantenía comunicación constante con otros hombres apostados en la zona, lo que indica que se trató de una acción planificada. “Decían por radioteléfono: ‘ya los tenemos, ya estamos aquí’, eso indica que era un secuestro dirigido”, expresó la senadora.La propia congresista reconoció que su esquema de protección fue clave para mantener la calma, aunque admitió que el operativo de rescate se facilitó por la reacción comunitaria. “La acción generalizada de la Guardia Indígena fue la que ayudó, junto a las acciones de la Fuerza Pública”, sostuvo.La columna Dagoberto Ramos, señalada por las autoridades como una de las más violentas disidencias del Estado Mayor Central (EMC) liderado por alias Iván Mordisco, mantiene presencia en los municipios de Toribío, Caldono, Inzá y Totoró, zonas donde en los últimos meses se han registrado múltiples ataques, secuestros y hostigamientos a la población civil.Otro secuestro agravó la tensión en la regiónEl rapto de Quilcué coincidió con el secuestro, pocas horas después, del alcalde de Morales (Cauca), Óscar Guachetá, quien fue liberado tras una operación del Ejército Nacional. Ambos hechos, ocurridos con menos de 24 horas de diferencia, aumentaron la preocupación por el deterioro del orden público en el departamento.El alcalde Guachetá relató que fue intimidado y golpeado por sus captores: “Nos encañonaron, nos golpearon en el rostro y nos despojaron de los celulares y de la camioneta”, dijo tras recuperar la libertad. Las autoridades atribuyen ambos hechos a las mismas estructuras armadas que controlan corredores estratégicos del norte y oriente del Cauca.
La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) de EEUU suspendió anoche todos los vuelos hacia y desde el Aeropuerto Internacional de El Paso (Texas) durante 10 días por "razones especiales de seguridad".Según informó en un comunicado este miércoles la propia FAA, la restricción entró en vigor a las 23:30 h (hora local) del martes y se mantendrá hasta las 23:30 h (hora local) del 20 de febrero.La restricción abarca un área de 16 kilómetros alrededor de El Paso e incluye a la comunidad vecina de Santa Teresa, en Nuevo México, pero no afecta a las aeronaves que vuelen por encima de los 5.500 metros, según los avisos de la FAA.El organismo de aviación no detalló las razones por las que se ha tomado esta decisión."Todos los vuelos hacia y desde El Paso están suspendidos, incluyendo vuelos comerciales, de carga y de aviación general", indicaron los responsables del aeropuerto de la ciudad texana en las redes sociales."La FAA ha emitido una restricción de vuelo que suspende todos los vuelos hacia y desde El Paso desde el 10 de febrero a las 23:30 (MST) hasta el 20 de febrero a las 23:30 (MST). Los viajeros deben contactar a sus aerolíneas para obtener la información más actualizada sobre el estado de sus vuelos", precisa el mensaje.El aeropuerto indicó en un comunicado que la restricción se había emitido con poca antelación y que estaba a la espera de directrices adicionales de la FAA, según The New York Times.El diario neoyorquino recuerda que El Paso, entre las 25 ciudades más pobladas del país según el censo de 2020, presta servicio a una amplia franja del oeste de Texas y el este de Nuevo México.Según un informe mensual de actividad aérea emitido por el aeropuerto, alrededor de 3,5 millones de viajeros hasta noviembre de 2025 habían pasado por el aeropuerto, que ofrece servicio directo a importantes centros de conexiones como Los Ángeles, Denver, Houston y Atlanta, precisa el Times.
