Luego de participar en la competencia semifinal de natación en clavados de los Juegos Olímpicos, los colombianos Sebastián Morales y Daniel Restrepo, no lograron avanzar a la final por las medallas tras su buena jornada del domingo. Primero, Sebastián Morales logró una calificación de 73.10 con un gran salto pero luego bajó su rendimiento, pues su puntaje fue de 68.25 y luego de 45.60 debido a una mala entrada al agua. Su puntuación final fue de 324.95 puntos. Por otro lado, a Daniela Restrepo tampoco le fue bien en esta competición. En el primer salto, el colombiano logró un puntaje de 61.20 debido a una mala entrada al agua, y luego obtuvo una calificación de 19.25, continuó con 66.30 y terminó con un 69.00. Su puntaje final fue de 329.30 puntos.Este total de puntaje de los dos colombianos, no fue suficiente para clasificar a las finales de los clavados que se llevará a cabp el martes 3 de agosto con 12 competidores, donde China se perfila para ganar la medalla de oro.
El clavadista mexicano Rommel Pacheco avanzó este lunes segundo a la semifinal de la prueba de trampolín de 3 metros de los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro, con su compatriota Diego Rodríguez y el colombiano Sebastián Morales también en la próxima etapa. Pacheco cerró sus seis clavados con una puntuación de 488,25, casi 10 puntos por detrás del líder, el chino Cao Yuan, bronce en la prueba sincronizada del trampolín. Morales avanza quinto (447,05) y Rodríguez octavo (430,70) a la semifinal que se realiza este martes de mañana.
Una alerta sobre posibles irregularidades en la contratación pública y sus efectos sobre la competencia empresarial fue puesta sobre la mesa por tres organizaciones de Santander, que decidieron expresar públicamente su respaldo a la denuncia penal que el presidente Abelardo De La Espriella instauró ante la Fiscalía General de la Nación por el caso de contratación de la Alcaldía de Barrancabermeja con Foncolombia.Se trata de la Fundación Participar, la Sociedad Santandereana de Ingenieros (SSI) y la Sociedad Colombiana de Arquitectos, Regional Santander, cuyos representantes firmaron una comunicación dirigida al mandatario, fechada el 20 de noviembre de 2026, en la que reconocen su actuación y plantean la necesidad de incorporar medidas contra estas prácticas en el Plan Nacional de Desarrollo.Félix Jaime Lasprilla, presidente de la Fundación Participar, explicó que las organizaciones consideraron necesario pronunciarse ante lo que califican como una situación preocupante para la transparencia en la contratación pública.“Consideramos necesario manifestarle al presidente un reconocimiento por su denuncia penal que hizo ante la Fiscalía por la situación incontrovertible de corrupción que hay en Barranca”, señaló Lasprilla.El dirigente agregó que, ante la falta de pronunciamientos de otras instituciones, decidieron fijar una posición e invitar a otras organizaciones sociales y gremiales, incluido el Comité de Gremios, a pronunciarse sobre el tema.Uno de los puntos más contundentes según Lasprilla, es que "estarían limitando la participación de ingenieros independientes y empresas interesadas en presentar ofertas".El presidente de Participar aseguró que cuando los procesos se realizan a través de lo que denomina ‘contrataderos’, muchos profesionales y empresas desisten de participar porque consideran que los contratos ya tendrían un oferente previamente seleccionado.“Ya saben de antemano que hay un negociado, que hay un arreglo. Entonces, no le botan tiempo ni hacen un gasto económico, de talento o de personal, porque ya cuando se están haciendo contratos a través de un contratadero, ya se sabe de antemano que hay un ungido, que hay un preseleccionado”, manifestó.Según Lasprilla, esta situación no solamente afectaría a los profesionales de Santander, sino que sería una práctica que se habría presentado en otros municipios del departamento y del país.En la comunicación enviada al presidente, las organizaciones sostienen que el caso de Barrancabermeja no debe entenderse como un hecho aislado.Aseguran que, desde la Fundación Participar y las organizaciones profesionales que suscriben la carta, han conocido cientos de casos similares en los que empresas de economía mixta o compañías industriales y comerciales del Estado, amparadas en regímenes especiales de contratación, restringirían la libre concurrencia en los procesos de selección.Como sustento de sus preocupaciones, mencionan un estudio elaborado por el ingeniero Rodrigo Fernández, integrante de la Fundación Participar y de la Sociedad Santandereana de Ingenieros, publicado en la revista Anales de la Ingeniería, edición 962, página 18.De acuerdo con lo expuesto en la carta, el estudio examinó 200 procesos convocados por entidades de régimen especial similares a Foncolombia. Según sus resultados, habría una prevalencia de únicos oferentes y, en aquellos procesos donde se presentó pluralidad de participantes, se identificaron situaciones que, a juicio de los autores, ameritan revisión por parte de las autoridades competentes.
El hallazgo de una cabeza humana dentro de una bolsa de basura en California llevó a las autoridades a resolver un caso de asesinato que permaneció sin identificar durante cuatro años. La investigación permitió establecer que la víctima era Paul Wesley Fitzmaurice Jr., un hombre de 73 años, cuya muerte habría sido ocultada por su esposa y su hija, quienes fueron detenidas en noviembre de 2026.El caso comenzó el 28 de septiembre de 2022, cuando una residente que paseaba a su perro encontró restos humanos en el área de Todd Valley, en Foresthill, al norte de California. La Oficina del Sheriff del Condado de Placer recibió el reporte y, debido al estado en que se encontraba la cabeza, inicialmente no logró establecer la identidad de la víctima.Los investigadores adelantaron análisis forenses y enviaron los restos a la Universidad Estatal de California, en Chico. Posteriormente, recurrieron a pruebas de ADN y genealogía genética para reconstruir los vínculos familiares y determinar quién era el hombre.¿Cómo identificaron al hombre encontrado en una bolsa de basura?En enero de 2024, el ADN fue incorporado a un proceso de análisis genético que permitió encontrar posibles familiares de la víctima. Los detectives contactaron a parientes lejanos y obtuvieron muestras que ayudaron a confirmar que se trataba de Paul Wesley Fitzmaurice Jr.Durante las pesquisas, las autoridades establecieron que el hombre vivía en Citrus Heights, en la misma casa que su esposa y su hija, antes de su muerte. Sin embargo, nunca había sido reportado como desaparecido.Los investigadores también descubrieron que las dos mujeres habrían mantenido ante familiares y amigos la versión de que Paul seguía con vida, aunque ya había sido asesinado.¿De qué acusan a la esposa y a la hija de Paul Fitzmaurice?El martes 17 de noviembre de 2026, detectives ejecutaron una orden de registro en la vivienda familiar y detuvieron a Georgia 'Gwenn' Fitzmaurice, de 75 años, y Mary Fitzmaurice, de 45.La hija fue acusada de asesinar a su padre y quedó ingresada en la cárcel de South Placer. Su madre, por su parte, enfrenta cargos por presunta complicidad en el crimen y por ayudar a deshacerse de los restos de Paul.El sheriff Wayne Woo señaló que, según la investigación, ambas habrían sostenido que Paul tenía problemas de consumo de sustancias, se había aislado y desaparecía durante días, pero que regresaba a la casa periódicamente.Además, las autoridades indicaron que las mujeres habrían seguido cobrando los beneficios del Seguro Social y la pensión de Paul. La investigación continúa y las autoridades no han revelado qué habría motivado el asesinato.
De cara al inicio de la temporada decembrina, se conoció una denuncia sobre el incremento de los cobros extorsivos en Medellín bajo la modalidad denominada por los grupos delincuenciales como "aguinaldo navideño".De acuerdo con los reportes revelados desde el Concejo Distrital, estructuras armadas están exigiendo pagos extraordinarios de hasta 2'500.000 pesos a los establecimientos comerciales, sumados a las cuotas periódicas que ya afectan a miles de hogares y negocios en la ciudad.La alerta fue expuesta públicamente por el concejal Andrés Tobón, quien señaló que durante las últimas semanas ha recibido múltiples reportes ciudadanos sobre estas exigencias económicas asociadas a las festividades de fin de año.Según detalló el corporado, en el sector limítrofe entre la comuna 12 (La América) y la comuna 13 (San Javier), integrantes de la estructura criminal conocida como La Agonía estarían exigiendo el pago de 2,5 millones de pesos a cada comercio bajo el argumento de financiar actividades comunitarias en diciembre."Nos informa, por ejemplo, en un sector muy conocido, El Límite, en la Comuna 12 y la Comuna 13, entre la América y San Javier, la estructura criminal de La Agonía está cobrando a los establecimientos un aguinaldo, dicen ellos, del valor de 2.5 millones de pesos supuestamente para las actividades dirigidas a la comunidad, dicen estos desgraciados", afirmó el corporado.El reporte conocido sobre este fenómeno indica que, más allá de los cobros extraordinarios de temporada, la extorsión afecta de manera permanente a cerca de 150.000 hogares y establecimientos comerciales en Medellín. Bajo el concepto de la llamada "cuota de seguridad", los cobros regulares comienzan desde los 2.000 pesos semanales en las viviendas residenciales y alcanzan hasta los 50.000 pesos diarios en el caso de los locales comerciales.Durante su intervención en la corporación, el concejal Andrés Tobón pidió acciones concretas frente a esta modalidad delictiva que suele intensificarse con la llegada de diciembre, mientras las autoridades mantienen habilitadas las líneas de atención del Gaula para recibir las denuncias de los comerciantes y residentes afectados en las distintas comunas de la capital antioqueña.
La crisis humanitaria en el Catatumbo, en Norte de Santander, continúa generando preocupación. La Defensoría del Pueblo advirtió sobre el deterioro de las condiciones de seguridad para la población civil y denunció nuevas intimidaciones contra sus equipos, que adelantan labores de acompañamiento y atención en los territorios afectados por el conflicto armado.De acuerdo con la entidad, las comunidades siguen enfrentando ataques con drones, enfrentamientos entre grupos armados, secuestros y desplazamientos forzados, situaciones que afectan sus derechos fundamentales y limitan la movilidad en diferentes municipios de la región.A este panorama se suma la situación de los funcionarios encargados de desarrollar las misiones humanitarias. La Defensoría denunció que sus equipos han sido objeto de interceptaciones, amenazas e intimidaciones por parte del ELN mientras adelantaban labores en terreno. Incluso, en algunas ocasiones, los integrantes de estas misiones habrían recibido advertencias sobre las condiciones en las que podían movilizarse.La institución también manifestó preocupación por los señalamientos difundidos por el frente 33 contra la Defensoría del Pueblo, las personerías municipales y otras entidades que trabajan en la protección de las comunidades, especialmente en el municipio de Tibú.La gravedad de la situación quedó reflejada en el balance presentado por la Defensoría del Pueblo. Entre el 12 y el 21 de noviembre se documentaron al menos 17 nuevos hechos de violencia en el Catatumbo.Según el reporte, estos acontecimientos dejaron cinco personas muertas, cuatro de ellas integrantes de la fuerza pública y una civil, además de 17 heridos, entre los que se encuentran cinco militares y 12 civiles. También se reportó el secuestro de dos mujeres, quienes posteriormente fueron liberadas.Entre los hechos documentados se encuentran ataques con explosivos lanzados desde drones contra viviendas, instalaciones y zonas rurales de municipios como Tibú, El Tarra y Sardinata.Uno de los episodios ocurrió el 20 de noviembre, cuando un ataque con explosivos contra una vivienda en la vereda Kilómetro 77, en El Tarra, dejó herida a una niña de dos años. Ese mismo día, en Tibú, otros ataques con drones provocaron lesiones a dos personas y la muerte de un civil. Además, 27 familias, integradas por 57 personas, se desplazaron hacia el casco urbano del municipio.Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado a los grupos armados ilegales para que respeten la misión humanitaria y se abstengan de realizar señalamientos, amenazas o acciones de intimidación contra quienes trabajan en la protección de la población.La entidad insistió en que las labores humanitarias se desarrollan bajo principios de independencia, neutralidad e imparcialidad, y que las intimidaciones ponen en riesgo a sus funcionarios y dificultan la atención de las comunidades que necesitan acompañamiento.
Someterse a un trasplante capilar implica más que elegir una clínica y comparar precios. Antes de realizarse la cirugía, el paciente debe verificar la formación del profesional, las condiciones del establecimiento, los riesgos del procedimiento y los controles posteriores, aspectos que pueden influir en su salud y en el resultado de la intervención.Nicole Saaibi Nisimblat, directora médica de Medicapilar, advierte que una consulta debe priorizar la información clínica y no la venta del procedimiento. Por eso, cuando la atención comienza con descuentos y ofertas, pero no incluye explicaciones sobre las técnicas, los riesgos y las condiciones del paciente, recomienda detenerse y buscar una segunda opinión.¿Qué debe verificar antes de elegir una clínica para un trasplante capilar?Una de las primeras recomendaciones es revisar las credenciales del médico y la habilitación del establecimiento donde se realizará la cirugía. Antes de contratar el servicio, el paciente debe comprobar:Que las acreditaciones de la clínica estén visibles.Que el establecimiento tenga vigente su habilitación.Que el médico esté inscrito en el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud (ReTHUS).Que el profesional cuente con la formación y las certificaciones correspondientes para realizar este tipo de intervenciones.Que exista claridad sobre quién realizará cada etapa de la cirugía.La consulta previa también debe incluir una revisión de los antecedentes y la historia clínica del paciente, además de un examen con tricoscopio para identificar las causas de la caída del cabello y evaluar tanto las condiciones del cabello como la zona donante.No todas las personas con pérdida capilar son candidatas a esta cirugía. Algunas formas de alopecia no responden favorablemente al trasplante, por lo que identificar el origen de la caída es un paso necesario antes de recomendar la intervención.¿Qué riesgos tiene un trasplante capilar y qué debe preguntar?En la técnica FUE, el médico debe tener participación durante las diferentes etapas del procedimiento, incluida la extracción de folículos, el diseño, la anestesia y la supervisión de la intervención. Por eso, el paciente debe preguntar quién realizará cada tarea y si el profesional estará presente durante la cirugía.Entre las posibles complicaciones están el sangrado, las infecciones, las dificultades de cicatrización, la pérdida de folículos y los resultados diferentes a los esperados. También pueden aparecer molestias durante la aplicación de la anestesia.Una extracción excesiva de la zona donante o una distribución inadecuada de los folículos puede dejar cicatrices, generar una apariencia artificial o afectar la dirección del crecimiento del cabello.Antes de firmar el consentimiento informado, el paciente debe recibir las órdenes de laboratorio, las recomendaciones pre y posoperatorias, la información sobre medicamentos, los riesgos de la cirugía y un contacto de emergencia con los signos de alarma.Las fotografías de antes y después también deben revisarse con criterio, buscando casos de personas con características similares y sin basar la decisión únicamente en las imágenes promocionales de las clínicas.La decisión de realizarse un trasplante capilar debe partir de una evaluación médica individual y de información transparente, no únicamente de las ofertas comerciales.