La crisis humanitaria en el Catatumbo, en Norte de Santander, continúa generando preocupación. La Defensoría del Pueblo advirtió sobre el deterioro de las condiciones de seguridad para la población civil y denunció nuevas intimidaciones contra sus equipos, que adelantan labores de acompañamiento y atención en los territorios afectados por el conflicto armado.
De acuerdo con la entidad, las comunidades siguen enfrentando ataques con drones, enfrentamientos entre grupos armados, secuestros y desplazamientos forzados, situaciones que afectan sus derechos fundamentales y limitan la movilidad en diferentes municipios de la región.
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A este panorama se suma la situación de los funcionarios encargados de desarrollar las misiones humanitarias. La Defensoría denunció que sus equipos han sido objeto de interceptaciones, amenazas e intimidaciones por parte del ELN mientras adelantaban labores en terreno. Incluso, en algunas ocasiones, los integrantes de estas misiones habrían recibido advertencias sobre las condiciones en las que podían movilizarse.
La institución también manifestó preocupación por los señalamientos difundidos por el frente 33 contra la Defensoría del Pueblo, las personerías municipales y otras entidades que trabajan en la protección de las comunidades, especialmente en el municipio de Tibú.
La situación humanitaria en el Catatumbo continúa agravándose. Los ataques con drones cargados de explosivos, los enfrentamientos armados, secuestros y desplazamientos están afectando la vida y los derechos de las comunidades.
— Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) November 22, 2026
A esta grave situación se suman las intimidaciones y… pic.twitter.com/ZJB5gCk2nA
La gravedad de la situación quedó reflejada en el balance presentado por la Defensoría del Pueblo. Entre el 12 y el 21 de noviembre se documentaron al menos 17 nuevos hechos de violencia en el Catatumbo.
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Según el reporte, estos acontecimientos dejaron cinco personas muertas, cuatro de ellas integrantes de la fuerza pública y una civil, además de 17 heridos, entre los que se encuentran cinco militares y 12 civiles. También se reportó el secuestro de dos mujeres, quienes posteriormente fueron liberadas.
Entre los hechos documentados se encuentran ataques con explosivos lanzados desde drones contra viviendas, instalaciones y zonas rurales de municipios como Tibú, El Tarra y Sardinata.
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Uno de los episodios ocurrió el 20 de noviembre, cuando un ataque con explosivos contra una vivienda en la vereda Kilómetro 77, en El Tarra, dejó herida a una niña de dos años.
Ese mismo día, en Tibú, otros ataques con drones provocaron lesiones a dos personas y la muerte de un civil. Además, 27 familias, integradas por 57 personas, se desplazaron hacia el casco urbano del municipio.
Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado a los grupos armados ilegales para que respeten la misión humanitaria y se abstengan de realizar señalamientos, amenazas o acciones de intimidación contra quienes trabajan en la protección de la población.
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La entidad insistió en que las labores humanitarias se desarrollan bajo principios de independencia, neutralidad e imparcialidad, y que las intimidaciones ponen en riesgo a sus funcionarios y dificultan la atención de las comunidades que necesitan acompañamiento.