La recuperación del Catatumbo, en Norte de Santander, representa uno de los principales desafíos de seguridad para el Gobierno, en medio de la violencia de los grupos armados ilegales y la disputa por el control territorial. Aunque las operaciones militares buscan debilitar a estas estructuras, persisten interrogantes sobre la capacidad del Estado para consolidar su presencia en la región.
Durante una entrevista en Mañanas Blu, de Blu Radio, el abogado y experto en asuntos de conflicto Kenny Sanguino explicó que los bombardeos y las operaciones de la Fuerza Pública pueden contribuir al control militar, pero no garantizan por sí solos el control territorial. Según el analista, la recuperación de esta zona también depende del fortalecimiento institucional y de una presencia estatal sostenida.
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Control militar y control territorial: ¿cuál es la diferencia?
Sanguino señaló que los bombardeos han sido utilizados por diferentes gobiernos con resultados variables y recordó que esta estrategia hizo parte de las promesas de campaña del presidente. Sin embargo, advirtió que estas operaciones también evidencian las dificultades para obtener información completa sobre lo que ocurre en determinadas zonas.
"El control militar es necesario para lo que viene después, pero el control territorial no se basa exclusivamente en la fuerza", explicó el experto al referirse a los alcances de las operaciones militares en el Catatumbo.
Para Sanguino, el principal interrogante es si la estrategia del Ministerio de Defensa contempla una segunda fase que permita consolidar la presencia del Estado más allá de las acciones de la Fuerza Pública. De lo contrario, las operaciones podrían lograr avances militares sin resolver las condiciones que facilitan el dominio de los grupos armados ilegales.
El abogado recordó que en Colombia se han registrado intervenciones militares en territorios afectados por el conflicto, pero advirtió que mantener el control sobre esas zonas depende de otros factores. Entre ellos están la capacidad institucional, la atención a las comunidades y la continuidad de las acciones estatales.
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Presencia institucional, otro desafío para el Gobierno
El experto consideró que la recuperación del Catatumbo exige que las instituciones estatales lleguen a territorios donde la presencia del Estado ha sido limitada durante años o décadas. En algunas zonas, explicó, la actuación estatal ha estado concentrada en la Fuerza Pública, mientras otras han permanecido al margen de una presencia institucional suficiente.
"Las instituciones son necesarias y son el punto más importante", sostuvo Sanguino, quien insistió en que el control territorial requiere una estrategia de largo plazo y no únicamente intervenciones militares.
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De acuerdo con el analista, uno de los riesgos para este tipo de estrategias es la premura de los gobiernos por obtener resultados. La consolidación territorial requiere continuidad y acciones que permitan fortalecer las instituciones, más allá de los avances operacionales de las Fuerzas Militares y la Policía.
La ruptura entre el ELN y las disidencias de las FARC
Sanguino también explicó que la escalada de violencia en el Catatumbo está relacionada con la ruptura de los acuerdos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC. Según su análisis, ambos grupos mantenían pactos que les permitían repartirse áreas de influencia en la región.
El experto situó esa ruptura el 16 de enero del año anterior y señaló que, tras el quiebre de esos acuerdos, el ELN habría buscado convertirse en el actor hegemónico no solo en Norte de Santander, sino también en la frontera colombo-venezolana.
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"Eso implicaría que quería ser el único grupo que controla esa región", explicó Sanguino al describir los intereses que, según su análisis, están detrás de la disputa armada en el Catatumbo.
El abogado agregó que los enfrentamientos también estuvieron relacionados con la movilización de combatientes desde otras regiones. De acuerdo con información que, según indicó, se ha conocido, algunos integrantes del ELN habrían llegado desde Arauca, Venezuela, el sur del Cesar y el Magdalena Medio.
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El control de los grupos armados sobre la población civil
Más allá de los enfrentamientos, Sanguino advirtió que el dominio de los grupos armados ilegales se extiende a múltiples aspectos de la vida cotidiana de las comunidades. Entre las prácticas mencionadas están la revisión de teléfonos celulares, las restricciones a la movilidad, los confinamientos y las amenazas contra líderes de las juntas de acción comunal.
Según explicó, los controles pueden afectar a quienes se desplazan entre municipios como Tibú, Cúcuta, El Tarra y Ocaña. Los grupos armados, señaló, pueden revisar los celulares de los viajeros para buscar información o contactos relacionados con sus adversarios.
El experto también indicó que algunas comunidades terminan recurriendo a estos grupos para resolver conflictos relacionados con linderos, propiedades o problemas familiares. Esta situación refleja, según su análisis, el grado de injerencia que han alcanzado las estructuras armadas en territorios donde las instituciones tienen una presencia limitada.
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Restricciones a los alimentos y debilitamiento de las juntas comunales
Sanguino aseguró que el control cotidiano se ha intensificado desde el año pasado, principalmente por parte del ELN, aunque también señaló la participación de las disidencias de las FARC. Entre las restricciones mencionó las relacionadas con la compra y distribución de alimentos, los desplazamientos entre veredas y los horarios de confinamiento.
El abogado advirtió, además, sobre las formas de control que estos grupos ejercen sobre niños, niñas y adolescentes. Estas prácticas, explicó, hacen parte de una dinámica de sometimiento que afecta distintos ámbitos de la vida de la población civil.
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El impacto también alcanza a las organizaciones comunitarias. Según Sanguino, las presiones de los grupos armados han afectado las elecciones de las juntas de acción comunal y debilitado la representación de sus integrantes.