A esta hora integrantes del Colegio Bolivia IED de Bogotá, junto a padres de familia, llevan a cabo una protesta frente a las instalaciones de la Secretaría de Educación, sobre la calle 26.La comunidad educativa y los padres de familia están sumamente preocupada por cuenta de un nuevo memorando de la Secretaría de Educación, que, cierra la posibilidad de matrícula para estudiantes nuevos a partir del próximo año-2026.El Colegio Bolivia IED de Bogotá que tiene 48 años al servicio de los niños, se ha convertido en una alternativa educativa para aquellos menores que tienen discapacidad intelectual. En ese sentido, el colegio atiende a estudiantes con condiciones asociadas, multi-uso, provenientes de procesos de aula regular con antecedentes de inclusión fallidos, instituciones de protección, fundaciones o situaciones de desescolarización.Para poder entregar una educación apta para los niños con estas condiciones, el equipo está compuesto por un grupo interdisciplinario conformado por directivos docentes, docentes de aula, educadores especiales, docentes de área, además de un equipo de apoyo compuesto por Trabajo Social, Psicología, fonoaudiología, terapia ocupacional y orientación.Los padres de los menores que asisten a la institución están preocupados por cuenta de este cierre de matrículas anunciado el pasado mes de octubre; temen que sus hijos deban volver a las aulas regulares, en donde muchos no se han podido adaptar por el ritmo educativo y entorno social.Actualmente, la ciudad cuenta con 12 colegios que ofrecen aulas de apoyo, que educan a niños con las discapacidades anteriormente mencionadas, sin embargo, el Colegio Bolivia es el único que cuenta con e 100 % de los estudiantes con estas condiciones especiales.A esta preocupación se suma el traslado discrecional del rector de la institución, John Pablo Ardila; desde las afueras de la Secretaría de Educación en Bogotá, piden que escuchen a la comunidad y no haya más persecución ni represalias contra integrantes de la comunidad educativa.La concejal Heidy Sánchez, alertó también en el Concejo sobre traslado, que ha calificado como arbitrario: “Grave lo que ocurre en el Colegio Bolivia IED: el traslado arbitrario de su rector, defensor de la educación inclusiva, es una represalia inaceptable y parte de un patrón de intimidación de la Secretaría de Educación contra quienes protegen a sus comunidades. A esto se suma que la Secretaría ni siquiera realizó la tradicional fiesta de cierre para las y los docentes, evidenciando su falta de reconocimiento a una labor esencial. Exigimos respeto, garantías y diálogo real”.La ADE-Asociación Distrital de trabajadores y trabajadoras de la Educación, también rechazó a través de sus redes sociales por medio de un comunicado, el traslado del rector: “Este acto arbitrario no solo desconoce su compromiso con los estudiantes y la protección del modelo pedagógico del colegio, sino que pone en riesgo la estabilidad institucional y el proyecto educativo que hemos construido con esfuerzo y dedicación”.Colegio Bolivia IEDLa institución es reconocida por su trayectoria en la educación de estudiantes con discapacidad intelectual. Además ha recibido distinciones como el Galardón a la Excelencia (2004-2005), la Orden Civil al mérito "Ciudad de Bogotá", además de un reconocimiento del Concejo de Bogotá en 2024 por sus 47 años de servicio.Actualmente, el Colegio Bolivia atiende a 440 estudiantes desde el grado primero hasta el grado once, en las jornadas mañana y tarde. Cuenta con un currículo adaptado, que flexibiliza tiempos, espacios y planes de estudio para favorecer el acceso y permanencia educativa.
Dora Liliana García Echeverry, madre de un menor de 12 años, denunció ante la Secretaría de Educación de Bucaramanga, la Personería, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Fiscalía un presunto caso de bullying que estaría afectando a su hijo en una institución educativa de la ciudad. La mujer aseguró que recurrió a todas las entidades competentes buscando una respuesta efectiva y medidas que garanticen la protección del menor.La secretaria de Educación, Elsa Jeannethe Encinales Mora, señaló que el caso está siendo atendido de manera prioritaria. “Estamos tomando acciones frente al caso de bullying. Hemos activado los protocolos de atención, reafirmando nuestro compromiso con promover entornos seguros para nuestros estudiantes”, afirmó la funcionaria.La madre del estudiante, Dora Liliana García, relató que las agresiones empezaron desde comienzos del 2025, pero que las directivas del colegio minimizaron los hechos.“Desde principio de año empezó a ser objeto de agresiones. Yo puse la queja correspondiente al coordinador y me dijeron que eso no era agresión ni violencia, que solo era un juego”, explicó la madre.Según el testimonio, el pasado 7 de noviembre el niño tuvo que ser trasladado de urgencia a un centro médico tras presentar visión borrosa, mareo y vómito, luego de que un compañero le diera una patada en la espalda mientras otro menor le golpeaba la cabeza contra el piso, supuestamente en medio de “un juego”.El diagnóstico médico señaló una afectación en la zona cerebral, lo que obligó a hospitalizarlo durante la semana de recuperación académica. Debido a los episodios de violencia y a su estado de salud, el menor perdió el año escolar por el descenso en su rendimiento.
Un nuevo caso de acoso escolar en Bucaramanga genera indignación. La familia de un niño de 12 años denunció que su hijo lleva todo el año siendo víctima de agresiones físicas y psicológicas dentro de un colegio oficial, situación que habría sido ignorada por directivos y que terminó con el menor hospitalizado por un trauma cerebral.La madre del estudiante, Dora Liliana García Echeverry, relató que las agresiones empezaron desde comienzos del 2025, pero que las directivas del colegio minimizaron los hechos.“Desde principio de año empezó a ser objeto de agresiones. Yo puse la queja correspondiente al coordinador y me dijeron que eso no era agresión ni violencia, que solo era un juego”, explicó la madre.Según el testimonio, el pasado 7 de noviembre el niño tuvo que ser trasladado de urgencia a un centro médico tras presentar visión borrosa, mareo y vómito, luego de que un compañero le diera una patada en la espalda mientras otro menor le golpeaba la cabeza contra el piso, supuestamente en medio de “un juego”.El diagnóstico médico señaló una afectación en la zona cerebral, lo que obligó a hospitalizarlo durante la semana de recuperación académica. Debido a los episodios de violencia y a su estado de salud, el menor perdió el año escolar por el descenso en su rendimiento.Dora Liliana afirmó que el colegio solo convocó una mesa de trabajo en todo el año, en la que se comprometieron a evitar nuevas agresiones, pero nada cambió.“Fue mentira. Las agresiones se volvieron más frecuentes. No veo una respuesta que busque preservar la vida de mi hijo. La psicóloga del colegio me dijo que, según entendí, el culpable era él por no defenderse. Siento que son responsables de lo que le ha pasado”, añadió.La madre ya interpuso denuncias ante la Secretaría de Educación, la Personería, el Bienestar Familiar y la Fiscalía, buscando una respuesta efectiva.Ante la denuncia, la Secretaría de Educación de Bucaramanga confirmó que se conformó una mesa institucional para evaluar las acciones de prevención y verificar el cumplimiento de la ruta de convivencia escolar.La secretaria de Educación, Elsa Jeannethe Encinales Mora, aseguró que el caso está siendo atendido “estamos tomando acciones frente al caso de bullying. Hemos activado los protocolos de atención, reafirmando nuestro compromiso con promover entornos seguros para nuestros estudiantes”, afirmó.Según la madre, la única solución que el colegio le ofreció fue trasladar al estudiante a otra institución, pese a que la familia insiste en que el problema es la falta de control, prevención y sanción frente a las agresiones reiteradas.El caso genera preocupación entre los organismos de control y revive el debate sobre la eficacia de los protocolos de convivencia escolar en Bucaramanga.
Mientras crecía la preocupación por un posible paro de maestros, la Alcaldía de Bucaramanga convocó a los sindicatos de educadores para analizar sus quejas frente a los traslados y evaluaciones de ascenso, buscando soluciones que evitaran una suspensión de clases.El alcalde encargado de Bucaramanga, Eduard Sánchez, confirmó que se evitó un paro de profesores en la ciudad“Llegamos a unos acuerdos importantes con los representantes de los educadores. Pudimos escuchar sus inquietudes sobre traslados de docentes, situaciones específicas que requieren análisis, y temas relacionados con la atención en salud física y mental”, explicó el mandatario local.Sánchez señaló, además, que se revisarán las fechas de algunos periodos de prueba y beneficios especiales para los maestros. “Estamos considerando ajustes en fechas como el Día del Cumpleaños y el Día de la Familia, para que los docentes puedan disfrutar de estos espacios con sus seres queridos”, añadió.El alcalde encargado también aseguró que se revisarán los actos administrativos relacionados con los traslados de profesores. “Si encontramos decisiones que no estén ajustadas a la ley, se tomarán las acciones correspondientes o se revocarán”, enfatizó.Por su parte, Johana Luna, presidenta y negociadora del Sindicato de Profesionales de la Educación en Colombia (SIPRECOL), pidió respetar la labor docente“Queremos darle las gracias al alcalde por acceder a revisar los actos administrativos de los docentes trasladados recientemente. Consideramos que algunos se hicieron de manera irregular, y esperamos que esto siente un precedente para que no vuelva a ocurrir”.Tras el encuentro, la alcaldía y los sindicatos se comprometieron a mantener mesas de trabajo permanentes para fortalecer el diálogo y garantizar el normal desarrollo de las clases, así como el bienestar del personal docente en la ciudad.Se garantiza el desarrollo de las clases en los diferentes colegios públicos de Bucaramanga.
Cada día, miles de niños y jóvenes recorren largos trayectos para llegar a sus colegios en Bogotá. Para muchos de ellos, el costo del transporte se vuelve una barrera que pone en riesgo su continuidad escolar. Por eso, desde hace varios años, la Secretaría de Educación del Distrito (SED) implementó el subsidio de transporte escolar, una ayuda económica que hoy se ha convertido en un apoyo esencial para las familias de bajos recursos.Solo en lo corrido de este año, más de 19.000 estudiantes de colegios oficiales se han beneficiado de este programa, que busca garantizar que ningún alumno deje de asistir a clases por falta de dinero para el transporte.Ahora, la SED anunció el inicio del tercer ciclo de pagos de 2025, con una inversión de $6.733 millones, dirigidos a quienes reciben el beneficio a través de los medios de pagos autorizados por el Distrito. De igual manera, indicó que el objetivo de esta ayuda es "asegurar el acceso y permanencia en el sistema educativo oficial, fortaleciendo la igualdad de oportunidades y el bienestar de la comunidad estudiantil".Fechas para reclamar subsidio de transporte en BogotáLos beneficiarios deben tener en cuenta que el pago del subsidio de transporte se hace por medio de dos modalidades, DaviPlata y TuLlave. Las fechas estipuladas por la Secretaría de Educación son las siguientes:Por DaviPlata: disponible hasta el 29 de octubre de 2025.Por tarjeta TuLlave: recargas habilitadas del 7 al 21 de octubre de 2025 en taquillas de TransMilenio o SITP.Además, es importante recordar que padres, madres o acudientes del beneficiario deben mantener actualizados los datos del estudiante en el Sistema integrado de Matrículas (Simat), especialmente datos como la cédula, nombre y número celular del acudiente responsable, ya que con estos la entidad envía las notificaciones del pago.Paso a paso para redimir el subsidio de transporteSi el pago llega por DaviPlata se debe seguir este proceso:Esperar el mensaje de texto de confirmación en el número registrado.Ingresar a la app o al sitio web.Verificar el saldo disponible.Retirar el dinero en cajeros Davivienda, oficinas o corresponsales.Guardar el comprobante.Si el pago llega por tarjeta TuLlave:Una vez recibido el mensaje, acudir a una taquilla de TransMilenio o SITP.Presentar la tarjeta TuLlave personalizada a nombre del estudiante.Solicitar la activación del subsidio y confirmar el saldo antes de retirarse.La SED también recordó a los beneficiarios que reciben el pago del subsidio por esta modalidad que "posteriormente se realizará un segundo abono que tendrá vigencia por los 15 días restantes, completando así los 30 días calendario. Las fechas del segundo abono serán informadas a partir al 21 de octubre".Requisitos para ser acceder al subsidio de transporte escolar en BogotáAquellos que desean acceder al subsidio de transporte escolar deben cumplir con estos requisitos estipulados por la entidad:Estar matriculado en un colegio oficial para el calendario escolar 2025 y tener los datos actualizados.Residir en Bogotá.Vivir en una UPZ que tenga déficit de cupos escolares para el grado que cursa o habitar en las zonas rurales de la ciudad.Hacer parte de la jornada diurna. En la jornada nocturna de los colegios urbanos solo podrán acceder al beneficio de subsidio de transporte los estudiantes con discapacidad. En el caso de los estudiantes de la localidad de Sumapaz y zonas rurales sí podrán acceder a rutas escolares en todas las jornadas: diurnas, nocturnas y fines de semana.Ser estudiante de un colegio con matrícula oficial, desde grado pre-jardín hasta grado 11°, incluidos aquellos en procesos de aceleración del aprendizaje.Ser menor de 19 años, con excepción de estudiantes con discapacidad.Distancia: que el lugar de vivienda se encuentre a más de 1 kilómetro de recorrido peatonal del colegio para estudiantes de preescolar (prejardín, jardín y transición) y aquellos con discapacidad. Para los estudiantes de los grados de primero de primaria en adelante, la distancia debe ser mayor a 2 kilómetros de recorrido peatonal.
Mediante un video institucional, en las redes sociales de la Alcaldía de Bucaramanga, Martha Cecilia Guarín Lizcano, secretaria de Educación, confirmó su renuncia y se despidió con un mensaje.“Expresarles mi gratitud, hoy me despido como secretaria de Educación de Bucaramanga de haber podido lograr la construcción del plan de desarrollo y cumplir muchas de sus metas que hoy nos posicionan como una de las ciudades más importantes. Les pido que sigamos luchando de la mano por la educación de Bucaramanga, de Santander y del país”. La salida de la funcionaria ocurre en paralelo con la situación jurídica que enfrenta el alcalde Beltrán, tras un fallo del Consejo de Estado que podría dejarlo por fuera de su cargo.Martha Guarín, quien permaneció 21 meses en la administración municipal, es abogada y magíster en Derecho, con más de 23 años de experiencia en el sector público. Su hoja de vida registra cinco años de trayectoria en el ámbito educativo como docente y líder en investigación, experiencia que respaldó su gestión frente a la Secretaría.De igual manera afirmó que aún quedan retos por cumplir “aún quedan muchas brechas pendientes por cerrar. Envío un abrazo fraterno desde mi corazón y recordemos que Bucaramanga con educación avanza, no retrocede”.En su lugar fue designada Alix Cecilia Chinchilla Rueda, quien se venía desempeñando como subsecretaria de Educación. La Alcaldía aseguró que la transición se realizó de manera inmediata para garantizar la continuidad de los programas y la atención escolar en la ciudad. Por ahora se desconocen las causas de su renuncia al cargo
La Secretaría de Educación de Bogotá llegó a un acuerdo con la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación (ADE), luego de que la asociación realizara un cese de actividades desde el pasado lunes 15 de septiembre hasta el viernes 19.La asamblea permanente, realizada durante una semana, se dio en el marco del descontento del magisterio por el descuento del salario que venía haciéndoles el Distrito desde junio, por participar en protestas durante la jornada escolar, lo que generó descontento.El acuerdo establece tres puntos fundamentales que, según la Secretaría de Educación y el sindicato de maestros, tienen como base el reconocimiento de los niños, niñas y jóvenes de instituciones educativas públicas.La secretaria de Educación, Isabel Segovia, explicó que, bajo este panorama, el tiempo de clases que perdieron los estudiantes será restablecido.“Se repondrá el tiempo escolar de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes por las actividades pedagógicas no realizadas durante las movilizaciones”, indicó Segovia.Asimismo, la presidenta de la ADE, Aura Nelly Daza, aseguró que los dineros descontados por el Distrito serán devueltos a los docentes.“Se realizará la devolución de los dineros descontados a los docentes por su participación en las movilizaciones de marzo, abril, junio y julio”, comunicó.Finalmente, dentro del acuerdo se reconoce que, así como los estudiantes tienen derecho a su educación, los profesores también podrán ejercer las movilizaciones y protestas por sus derechos de forma segura y sin represalias.De acuerdo con ambas entidades, este acuerdo se logró por la disposición de las partes para alcanzar mejores condiciones, tanto para los maestros como para los estudiantes.
Luego de tres días de suspensión de clases, la Institución Educativa El Pórtico, sede A, en Rionegro (Santander), reanudará este jueves 11 de septiembre sus actividades académicas tras las intervenciones que se adelantan en la planta física.El colegio, que atiende a 305 estudiantes desde preescolar hasta undécimo grado, fue cerrado el pasado lunes 8 de septiembre por orden de la Secretaría de Salud Departamental, luego de que una visita técnica evidenciara fallas de salubridad en la cocina escolar y en las baterías sanitarias.El secretario de Educación de Santander, Nicolás Ordóñez, explicó que, luego de una reunión con la Alcaldía de Rionegro, Gestión del Riesgo y la comunidad educativa, se acordó iniciar de inmediato los trabajos de mantenimiento en la cocina y la recuperación de los baños, lo que permitirá restablecer el servicio educativo.La suspensión de clases afectó principalmente a estudiantes de veredas alejadas como Missiguay, Villapaz, Berlín, La Pradera, La Java, Guayana y Valparaíso, quienes suelen levantarse desde las 2:30 de la mañana para llegar al colegio. La interrupción del Programa de Alimentación Escolar (PAE) también generó inconformidad, pues muchos dependen de la ración caliente que se sirve en el plantel para garantizar su permanencia escolar.“La situación del Pórtico es muy difícil, pero no es la única. Tenemos más de 2.100 sedes educativas en condiciones críticas. Estamos trabajando con recursos muy limitados, por eso hemos solicitado apoyo al Gobierno Nacional y a los municipios”, señaló el funcionario.La crisis puso en evidencia las dificultades de infraestructura que enfrentan varios colegios del departamento.En el municipio de Pinchote también se conocieron denuncias de goterase inundaciones en el megacolegio lo que impidió el cumplimiento de la jornada escolar en esta institución pública Pedro Santos.Al respecto el secretario de Educación de Santander, Nicolás Ordoñez, señalo que la Alcaldía de Pinchote, responsable de la obra activará las pólizas de garantía de la obra.“Se notificó de forma urgente al contratista responsable de la obra para que active las pólizas y resuelva los daños. La Alcaldía mostró voluntad para atender la situación y ya se inició la intervención”, señaló Ordóñez.El secretario indicó que gestiona con el Gobierno Nacional recursos para invertir en colegios de Santander que presentan graves problemas de infraestructura.
Hasta el próximo 30 de septiembre de 2025, la Secretaría de Educación de Bucaramanga abrió el proceso de inscripción para la asignación de cupos escolares en instituciones educativas oficiales de la ciudad, correspondientes a la vigencia académica 2026.La secretaria de Educación, Martha Cecilia Guarín, explicó que los padres de familia deben consultar la disponibilidad de cupos en la página web de la entidad, donde está publicado el listado detallado por institución educativa.“Es importante que los padres tengan en cuenta que en algunos colegios el número de cupos es limitado, debido a que la cobertura en ciertos cursos ya está completa. Generalmente recibimos mayor demanda en colegios como San José de La Salle, Gabriela Mistral, la Escuela Normal Superior, entre otros, pero también existen opciones en otras instituciones educativas oficiales que cuentan con vacantes”, señaló Guarín.La funcionaria recordó que, desde el año pasado, se abrió la posibilidad de inscribir estudiantes en educación inicial, en grados prejardín y jardín, con cerca de 200 niños matriculados. Para 2026 se espera ampliar esta oferta, de manera que los padres puedan acceder a la educación oficial desde las primeras etapas escolares.De acuerdo con el cronograma, los resultados de la primera fase de asignación de cupos estarán disponibles a partir del 14 de noviembre de 2025. Posteriormente, los acudientes deberán realizar la matrícula directamente en el colegio asignado para formalizar el ingreso del estudiante.
Joven fue asesinado con un machete al interior de un colegio en Medellín. Según la Policía Metropolitana, los hechos ocurrieron en medio de la celebración de la antioqueñidad, donde varios hombres ingresaron por las rejas al plantel educativo generando una riña en las instalaciones.La nueva víctima de la violencia en el departamento fue identificada como Jhonny Palomeque Martínez, de 22 años. Este fue atacado brutalmente en el centro educativo Antonio Derka, ubicado en el barrio Santo Domingo, en la comuna 1- Popular.Según el reporte de las autoridades, la situación se reportó en medio de la celebración por la antioqueñidad, donde un grupo de hombres ingresaron por las rejas del plantel educativo, generando una riña con machete donde se vieron involucradas varias personas.El hombre herido fue trasladado por un vigilante en un vehículo institucional hacia la Unidad Intermedia, donde falleció debido a la gravedad de las heridas. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer lo más pronto posible este hecho y así dar con el paradero de los responsables.Según el último reporte del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia, este año ya van 223 homicidios, de los cuales 57 casos ocurrieron por hechos de intolerancia. Es de anotar que uno de los elementos más utilizados en los homicidios, son las armas blancas, con 79 casos. De igual manera, 14 casos han ocurrido solo en la comuna 1-Popular, donde con este homicidio, la escalada violenta ya alcanza un incremento del 75 %.
Una celebración por el inicio de una nueva etapa terminó con enfrentamientos entre familiares, vajilla rota y la intervención de la Guardia Civil. Una discusión entre los recién casados habría desencadenado una serie de altercados durante el banquete, en medio de versiones sobre una supuesta infidelidad y una posible ruptura.Los hechos ocurrieron durante una boda celebrada en Gomesende, en Ourense, España. La celebración terminó con varios invitados enfrentados y con la presencia de las autoridades, después de que la situación escalara hasta el punto de que parte de la vajilla y la cristalería del lugar resultaran dañadas.En las horas posteriores al matrimonio comenzaron a circular diferentes versiones sobre lo ocurrido. Una de ellas apuntaba a una supuesta infidelidad de la novia con un trabajador encargado de la organización del evento, mientras que también se habló de una posible separación de la pareja tras la celebración.Sin embargo, los propios recién casados salieron posteriormente a desmentir parte de esas informaciones. En declaraciones recogidas por La Región, el novio aseguró que continúa junto a su esposa y negó que ella le haya sido infiel.De acuerdo con la reconstrucción difundida por Efe y La Región, el conflicto habría comenzado durante la celebración por una discusión relacionada con 40.000 euros.Según esas versiones, la novia habría reclamado al novio dicha cantidad, que estaría relacionada con el dinero recibido como regalos de los invitados y con un supuesto acuerdo previo entre ambos. Él, de acuerdo con esa reconstrucción, se habría negado a entregarle el dinero.La discusión habría involucrado posteriormente a familiares de los dos recién casados. El enfrentamiento fue aumentando de intensidad hasta trasladarse al espacio donde se desarrollaba el banquete, donde se registraron gritos, agresiones y tirones de pelo, según las informaciones publicadas.La situación llegó a tal punto que los responsables del establecimiento solicitaron la presencia de la Guardia Civil. Durante el altercado también resultaron rotos elementos de la vajilla y la cristalería.El novio niega la supuesta infidelidadUno de los detalles que más repercusión generó después de la boda fue una versión según la cual la novia habría acudido a los baños junto a un joven que trabajaba en la organización del evento y habría mantenido allí un encuentro íntimo.La información fue difundida posteriormente por distintos medios y programas de televisión como una posible explicación del conflicto y de la supuesta separación de los recién casados.No obstante, esa versión es rechazada por la pareja. El novio defendió públicamente a su esposa y aseguró que nunca existió una infidelidad."Mi mujer y yo no nos separamos en ningún momento", afirmó en el mensaje recogido por La Región, donde también negó que existiera un acuerdo entre ambos por 40.000 euros relacionado con la boda.El recién casado sí reconoció que durante la celebración hubo enfrentamientos, aunque presentó una explicación diferente sobre el origen de las peleas.Según el relato del novio, uno de los primeros altercados ocurrió después de que su hermana, quien estaría enferma, le tapara la boca a su esposa mientras esta hablaba. El hermano de la novia habría reaccionado ante ese gesto y la situación terminó desencadenando una pelea.Posteriormente habría ocurrido otro enfrentamiento, que el propio recién casado calificó como "más gorda". En este caso, dos invitadas se habrían agarrado del pelo en las inmediaciones del recinto.El novio también rechazó las versiones que hablaban de una ruptura inmediata después de la boda. En su mensaje, sostuvo que él y su esposa permanecen juntos y cuestionó a quienes, según afirma, intentaron perjudicarlos."Nunca dejaré que se manche el nombre de nuestras familias", aseguró.La pareja sostiene actualmente que continúa unida y que ambos se encuentran viviendo en A Coruña, donde están trabajando. De esta manera, los recién casados dieron su propia versión de una celebración que terminó rodeada de versiones contradictorias sobre una supuesta infidelidad, una pelea familiar y una eventual ruptura que ellos niegan.
El Juzgado 804 Transitorio de Familia de Bogotá concedió una acción de tutela y ordenó al presidente Abelardo De La Espriella abstenerse, en ejercicio de sus funciones, de participar en actos religiosos que impliquen adhesión o identificación del Estado con una confesión determinada.La decisión fue adoptada al resolver una tutela presentada por el ciudadano Julio Jair Mizger Díaz, quien alegó la vulneración de sus derechos a la libertad de conciencia, la libertad de cultos y el principio de laicidad del Estado.El caso se originó por los hechos ocurridos el 29 de agosto en la Plaza de Bolívar, durante la denominada “Gran velatón por las víctimas del terremoto”, convocada por el Gobierno Nacional para recaudar ayudas tras el sismo del 10 de agosto. Según el accionante, durante el evento se realizaron actos propios de la religión católica que excluyeron a otras confesiones y a personas no creyentes.En la tutela se afirmó que el presidente participó en la “coronación de una estatua de la Virgen de Fátima” y que, además, habría entregado la Nación a Cristo. El ciudadano sostuvo que el evento fue convocado y difundido a través de canales oficiales del Estado, lo que le otorgó un carácter institucional.El juez estudió ambos aspectos por separado. Tras revisar el material audiovisual, concluyó que la participación del mandatario en la imposición de una corona a la imagen religiosa excedió los límites de neutralidad que exige la Constitución a las autoridades públicas.En el fallo se señala que “el principio de neutralidad religiosa exige que las autoridades públicas se abstengan de identificarse o realizar actos oficiales de adhesión, incluso simbólicos, a una determinada religión o confesión”. El juez agregó que, aunque el evento tenía una finalidad pública relacionada con la solidaridad hacia las víctimas del terremoto, “la actuación específica del señor Presidente desbordó dicha finalidad”.La decisión también precisa que el mandatario no actuó en una esfera estrictamente personal, sino en su calidad de jefe de Estado y durante un evento oficial. Por ello, el juzgado consideró que la participación presidencial proyectó una adhesión simbólica del Estado a una confesión religiosa determinada.En contraste, el despacho concluyó que no se acreditó que el presidente hubiera pronunciado la frase sobre la entrega de la Nación a Cristo. Al revisar el video, determinó que esa expresión fue realizada por otra persona y no podía ser atribuida al mandatario.El juez negó otras solicitudes del accionante, entre ellas una reparación simbólica mediante una declaración pública y el envío de copias a la Procuraduría para una eventual investigación disciplinaria.La providencia es de primera instancia y puede ser impugnada.
Un joven sobrevivió a una fuerte descarga eléctrica cuando, presuntamente, intentaba hurtar cables en el sector del retorno de Viveros, en la vía hacia el retén, en Barrancabermeja. El hombre quedó atrapado entre una maraña de cables, con quemaduras visibles en diferentes partes del cuerpo y una posible fractura en una de sus piernas.De acuerdo con versiones conocidas en el lugar, dos personas habrían subido a un poste para intentar apoderarse de varios cables. Sin embargo, tras producirse la primera descarga eléctrica, una de ellas habría logrado escapar, mientras que su compañero quedó atrapado entre los conductores.El joven permaneció durante varios minutos en el lugar, expuesto a las consecuencias de la descarga y con lesiones de consideración. La gravedad de las posibles afectaciones internas deberá ser determinada por los profesionales de la salud.Unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barrancabermeja acudieron al sitio y, mediante el uso de una escalera, lograron llegar hasta el hombre, liberarlo de los cables y descenderlo en una camilla.Posteriormente, fue trasladado al Hospital Regional del Magdalena Medio, donde quedó bajo atención médica para establecer la gravedad de las quemaduras y determinar si presenta lesiones internas como consecuencia de la descarga eléctrica.Por ahora, se presume que el incidente involucró una línea de media tensión. Sin embargo, las autoridades y la Electrificadora de Santander responsable del servicio deberán establecer la magnitud exacta de la energía involucrada y las circunstancias en las que se produjo el accidente.El caso vuelve a poner en evidencia los riesgos de manipular redes eléctricas sin las condiciones de seguridad necesarias, especialmente cuando se trata de infraestructura de media tensión en Santander.
Más de 100 kilos de material explosivo fueron encontrados en las últimas horas en zona rural de Charta, Santander, en medio de las operaciones que adelantan las autoridades contra estructuras armadas ilegales en el departamento.El hallazgo fue informado por el secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, quien explicó que tropas de la Quinta Brigada del Ejército localizaron el material y adelantan el procedimiento de incautación, además de las investigaciones para establecer su procedencia y posible uso.De acuerdo con las primeras informaciones entregadas por las autoridades, los explosivos pertenecerían, al parecer, a una estructura del ELN que tiene presencia en la región.“Ante la ofensiva contra las estructuras criminales ubicaron unos explosivos que están en proceso de incautación en este momento y haciendo ese respectivo proceso de investigación”, explicó Hernández.El funcionario señaló que en el procedimiento participan diferentes componentes de las autoridades y que se realizará el respectivo acompañamiento institucional mientras avanzan las investigaciones.Este nuevo operativo ocurre pocas semanas después de otro importante hallazgo registrado en Charta. El pasado 3 de septiembre, tropas de la Quinta Brigada, en coordinación con la Policía y con apoyo del FBI, localizaron un depósito ilegal en la vereda Ovejera, donde fueron encontrados 250 kilos de explosivo R1.Según las autoridades, ese material pertenecía al Frente de Guerra Nororiental del ELN y estaba oculto cerca de una institución educativa. Por el riesgo que representaba para la comunidad, los explosivos fueron destruidos de manera controlada.En ese momento, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, señaló que con la operación se evitó que el material pudiera ser utilizado contra la población civil, la Fuerza Pública o infraestructura estratégica. También indicó que los explosivos podrían haber sido destinados a actividades relacionadas con minería ilegal.Con el nuevo hallazgo, las autoridades mantienen las operaciones en esta zona del departamento.
En una camilla, con el rostro desencajado, Maricarmen se despide de su hogar. Esta madrileña de 87 años desahuciada el miércoles se ha convertido en símbolo de la crisis del encarecimiento de la vivienda en España.Después de varios años de lucha judicial, esta jubilada perdió la batalla frente a la agencia inmobiliaria que compró el piso que ella ocupaba desde hacía 70 años en el acomodado barrio del Retiro y le subió el alquiler un 275%, hasta los 2.650 euros mensuales.Maricarmen, que se desplaza en silla de ruedas por problemas de movilidad, se vio obligada a abandonar su vivienda, lo que provocó una ola de indignación a nivel nacional."¡Maricarmen, no estás sola!", coreaban decenas de manifestantes congregados frente a su domicilio mientras la octogenaria era llevada a una ambulancia.Explosión de los preciosSu caso ilustra la crisis de la vivienda en España, donde los precios se han disparado y la oferta se ha reducido, en parte por los alquileres turísticos de corta duración, como Airbnb, y los fondos "buitre".En diez años, el precio medio del metro cuadrado en alquiler en el país casi se ha duplicado, alcanzando los 15,1 euros/m² en agosto, según el portal inmobiliario Idealista. Para la compra el precio ronda los 2.355 euros, es decir un 50% más en una década, según cifras oficiales.Madrid encabezó en 2025 y 2026 la clasificación mundial de la red Barnes sobre las ciudades más cotizadas para el sector inmobiliario de lujo. El número de viviendas sociales es tan reducido que algunas se adjudican por sorteo."En Madrid y Barcelona ya casi no quedan pisos por menos de 700 €/mes. El mercado de alquiler empieza en cerca de 1.000 €/mes, lo que precisa de unos ingresos de al menos 2.000 €/mes netos y un importante ahorro para afrontar varios meses de fianza", denuncia la organización de consumidores OCU en un estudio publicado este miércoles."Es muy indignante, ¿no?" Los españoles, sobre todo los jóvenes, están sobrepasados y acusan al gobierno del presidente socialista Pedro Sánchez y a las autoridades de la Comunidad de Madrid, gobernada por la derecha (Partido Popular, PP).En España, un país muy descentralizado, las autoridades regionales tienen competencia en materia de política de vivienda a nivel local, lo que alimenta las críticas a la oposición conservadora."Creo que es muy indignante, ¿no?", afirmó Pedro Sánchez en rueda de prensa en Nueva York antes de su discurso en la Asamblea General de la ONU."Ver a responsables políticos que (...) con dinero público se permiten el lujo de comprarse áticos con 200 metros de terraza y sin embargo no son capaces de mover un dedo por personas que necesitan de la ayuda de lo público", añadió, apuntando a la presidenta conservadora de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.La izquierda acusa a Ayuso desde hace meses de haber comprado, con fondos públicos, un lujoso ático en el centro de la capital para su uso personal. Ella lo niega.El miércoles por la noche miles de personas se manifestaron simbólicamente bajo las ventanas de la vivienda de Maricarmen, pero también en Barcelona y Oviedo.El jueves, Díaz Ayuso contraatacó recalcando que el desahucio fue "por orden judicial" y acusó al gobierno central de no haber cambiado la ley en los ocho años que lleva en el poder.Gobierno y oposición en ascuas"En un contexto de inflación, de pérdida de poder adquisitivo (...) esta situación no ayuda a ninguno de los partidos", estima Guillermo Fernández Vázquez, profesor en la universidad Carlos III de Madrid."Al PP le viene muy mal (...) que se siga hablando del ático de Ayuso y, además, que se siga hablando con indignación" y al gobierno también "va a pasarle factura" porque "revelan una impotencia enorme", añade.A pocos meses de las elecciones legislativas, Pedro Sánchez prometió presentar de urgencia un nuevo texto en el Parlamento.Pero sin mayoría y debilitado por múltiples casos judiciales, el jefe del gobierno sigue bajo la presión de la oposición y de sus aliados, como el partido de izquierda radical Sumar, que llama a congelar los alquileres.