El entrenador del Bolonia Sinisa Mihajlovic, que lucha desde 2019 contra una leucemia, anunció este sábado que será de nuevo hospitalizado a causa de un riesgo de recaída."Mi remisión después del trasplante (de médula en octubre de 2019) fue formidable, pero desgraciadamente, estas enfermedades son traicioneras (...). Los últimos análisis revelaron un riesgo de recaída", explicó el serbio durante una conferencia de prensa."Para evitarla, deberé realizar un recorrido terapéutico", añadió.El antiguo internacional yugoslavo, excelso lanzador de faltas que militó entre otros en el Lazio y en la Sampdoria, ingresará la próxima semana en el hospital Sant'Orsola de Bolonia.El técnico había anunciado a mediados de 2019 que padecía leucemia.Llegado en enero de 2019 al Bolonia, enderezó el rumbo de un equipo en una situación comprometida, logrando sacarlo del descenso y llevándolo al 10º puesto.El Bolonia finalizó 12º las dos siguientes temporadas, posición que ocupa actualmente en la Serie A a ocho fechas de su conclusión.Le puede interesar: El 'Man', con Alberto Linero
"El AC Milan comunica la destitución de Sinisa Mihajlovic como entrenador. A él va un sentido agradecimiento por la actividad hasta aquí desarrollada con empeño y seriedad", explicó el club. "La dirección técnica del equipo se confía, hasta el final de la actual temporada, a Christian Brocchi, al que el Milan desea un buen trabajo", añade en el comunicado. El presidente del Milan, Silvio Berlusconi se reunió ayer en su casa de Arcore (en las afueras de Milan) con el consejero delegado, Adriano Galliani y Christian Brocchi y tomó la decisión de la destitución de Mihajlovic. El entrenador serbio, que nunca tuvo el total apoyo del presidente, dirigió al Milan en 37 partidos y pagó los decepcionantes resultados de las últimas cinco jornadas, en las que solo consiguió dos puntos. Christian Brocchi, anterior jugador del Milan, lleva tres años trabajando como técnico en la sección juvenil de los milaneses y destacó por su propuesta táctica y por los buenos resultados conseguidos en esta campaña, en la que está protagonizando una óptima segunda vuelta.
El debate vicepresidencial organizado este jueves 14 de mayo por Mañanas Blu 10:30 y Meridiano Blu, de Blu Radio dejó fuertes críticas para los candidatos que no asistieron. Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial de la senadora Paloma Valencia, lanzó una fuerte pulla contra el abogado y candidato presidencial Abelardo De La Espriella por recientes comentarios de tono sexual hechos en un programa radial.Durante su intervención, Oviedo cuestionó el ambiente político y social que, según él, sigue marcado por el machismo y la polarización. Sin mencionarlo inicialmente de forma directa, el exdirector del Dane terminó enviando un mensaje que muchos interpretaron como una respuesta a las declaraciones de De La Espriella en el programa Piso 8, donde el jurista vinculó su popularidad entre mujeres con el tamaño de sus genitales e incluso invitó a una reportera a acercarse a una fotografía suya en la que, según él, se resaltaba esa parte de su cuerpo.“Yo inicio con una pregunta: ¿en qué Colombia queremos vivir en los próximos años?”, comenzó diciendo Oviedo ante los demás candidatos y la audiencia del debate. En su discurso, el aspirante aseguró que el país no puede seguir atrapado entre “populismos de extrema izquierda y extrema derecha”, ni repetir “los mismos errores” basados en el miedo y las promesas imposibles.Sin embargo, el momento más contundente llegó en la parte final de su intervención, cuando habló del proyecto político que impulsa junto a Paloma Valencia.“La Colombia en la que queremos vivir, Paloma y Oviedo, es esa Colombia no del que la tenga más grande, sino una Colombia más grande”, afirmó Oviedo, en una frase que rápidamente generó reacciones en redes sociales y entre los asistentes al debate.El candidato agregó que el país necesita aprender “a sumar, incluso en la diferencia”, así como escuchar y reconocer los derechos de las mujeres “desde la niñez hasta la vejez”. Además, advirtió que Colombia podría dirigirse hacia “un destino pobre, violento, viejo, informal y machista” si no cambia el rumbo político y social.En otro momento de su intervención, Oviedo defendió la alianza política que conformó con Paloma Valencia, luego de semanas de cuestionamientos y diferencias públicas entre ambos sectores. Según explicó, el hecho de que puedan debatir y reconocer sus desacuerdos demuestra que existe disposición para construir consensos.“Preferimos ver a Paloma y Oviedo peleando durante dos meses en lugar de reconocer que aquí estamos hablando de frente de nuestras diferencias para construir un mejor futuro”, señaló.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, se pronunció sobre las recientes denuncias de grupos al margen de la ley que estarían presionando a la comunidad para que voten por un candidato a la Presidencia. “Eso no es verdad. No pueden estar diciendo eso, aquí los grupos armados han estado repelidos por la fuerza pública. Antes de las elecciones del ocho de marzo decían que había alerta por 300 municipios y no pasó nada, algunas veces es más bulla electoral que la verdad”, respondió el jefe de la cartera política.Sus declaraciones se dieron al término de una reunión en Casa de Nariño con observadores nacionales e internacionales. El ministro dijo que fue positiva y sobre la ausencia del registrador Hernán Penagos señaló que no fue él quien hizo la convocatoria y desconoce si decidió no ir o no fue invitado.Agregó que durante este encuentro el presidente expresó su preocupación sobre que el software se está mostrando, pero no se puede auditar. “Parece que alguna de estas personas de observación extranjera tienen el punto de vista tecnológico entonces realmente podrán hacer esta auditoría”, agregó.Al encuentro asistieron siete organizaciones nacionales y una internacional, para lo cual registran 309 observadores acreditados. Estuvo también José Antonio de Gabriel, jefe adjunto de la misión de observación electoral de la Unión Europea. Por parte del Gobierno nacional asistió el jefe de despacho, la directora del Dapre y el presidente Gustavo Petro, al igual que el presidente del CNE, Cristian Quiroz.Esta reunión se da luego de que se conociera la carta del magistrado del Consejo Nacional Electoral, Álvaro Hernán Prada, al ministro del Interior, Armando Benedetti, en la que advierte sobre graves riesgos de seguridad y falta de garantías para el proceso electoral en Colombia. Prada también alertó sobre la ausencia de un cronograma para las sesiones de los Comités de Garantías Electorales, en los que se reúnen partidos y entidades para coordinar respuestas institucionales en materia de seguridad.
Crece la preocupación en el municipio de La Estrella, sur del Valle de Aburrá, tras la denuncia de amenazas de muerte contra el líder comunitario Alejandro Rivas, presuntamente por su participación política y su respaldo a la campaña presidencial integrante del Pacto Histórico de Iván Cepeda Castro y Aída Quilcué.Sobre la denunciaSegún la denuncia, una de las intimidaciones fue publicada en redes sociales desde un perfil que, al parecer, no sería falso. “Alejandro Rivas, te estoy respirando en la nuca por getón”, se lee en uno de los mensajes difundidos públicamente.A esto se suma otro mensaje de mayor gravedad recibido directamente por el líder político, en el que se le declara como “objetivo militar” y se le da un ultimátum para abandonar el sector de Tablaza, en La Estrella. En el texto también se advierte que conocen su ubicación y se incluyen amenazas explícitas contra su vida, lo que encendió las alertas entre organizaciones políticas y sociales del departamento.La denuncia fue respaldada por el movimiento Los Verdes Progresistas, que rechazó de manera categórica los hechos y advirtió que este tipo de intimidaciones representan un ataque directo no solo contra Alejandro Rivas, sino también contra las garantías democráticas y el derecho a la participación política en el país. El diputado Juan David Muñoz lamentó las intimidaciones contra este líder y pidió que sea tomado en serio lo que le está ocurriendo."Le amenazan diciéndole que, además de asesinarlo a él, le van a sacar las tripas a su perro. Todo el mundo conoce la dinámica de Alejandro y su perro en el en el sector. Hay mucho detalle en la amenaza, y dicen, además, todos los petristas, h*s y un montón de otros adjetivos son objetivo militar en el municipio de La Estrella", indicó.Un llamado a FiscalíaLa colectividad hizo un llamado urgente a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo para que investiguen el origen de las amenazas y adopten medidas inmediatas de protección para el líder social y su familia."En este momento hay una situación difícil en materia de orden público. El ejercicio electoral requiere de mayores garantías, y en esa medida solicito no solo al Gobierno nacional por medio del Ministerio del Interior, a la Fuerza Pública, también a la Gobernación de Antioquia, que tiene una dirección encargada de acompañar los protocolos de protección a los líderes sociales amenazados, para que se activen todos los protocolos necesarios", expuso en el recinto de la Asamblea de Antioquia.Muñoz pidió a los políticos de derecha, especialmente del Centro Democrático, que tengan responsabilidad política en los micrófonos, con el lenguaje, pues en otras ocasiones han relacionado a quienes militan a la izquierda con la primera línea, lo que a su juicio es causante de la violencia.Quien también se pronunció rechazando la situación del líder Rivas fue la senadora electa por el Pacto Histórico, Kamelia Zuluaga.
Cali volvió a ser escenario de hechos violentos que mantienen en alerta a las autoridades y generan preocupación entre la ciudadanía.El caso más reciente ocurrió en el sector del Boulevard del Oriente, donde dos mujeres fueron asesinadas. De acuerdo con información preliminar, el presunto agresor habría sostenido una discusión con una de las víctimas minutos antes del ataque. Posteriormente, les disparó en repetidas ocasiones, causándoles la muerte en el lugar de los hechos.Tras este crimen, el secretario de Seguridad de Cali anunció una recompensa de hasta 20 millones de pesos para quien suministre información que permita identificar y capturar al responsable."La Administración Distrital reitera la recompensa de hasta 20 millones de peros por información que permita capturar al responsable de cualquier homicidio que ocurra en Cali. Este caso ya esta siendo investigado por las autoridades, se están analizando cámaras de seguridad en la zona", dijo el secretario de Seguridad de Cali, Javier Garcés. Hasta el momento en la ciudad de Cali se han registrado mas de 390 homicidios durante este año, cifra que va en aumento y alertan a las autoridades.
El mecanismo internacional de expertos independientes de la Organización de Naciones Unidas para promover la justicia e igualdad raciales en la aplicación de la ley presentó los resultados preliminares de su visita a Colombia, en la que recorrió distintas ciudades para documentar denuncias relacionadas con racismo sistémico, perfilamiento racial y uso excesivo de la fuerza contra comunidades afrodescendientes.La misión, que analiza el impacto de las prácticas policiales y el acceso a la justicia, concluyó que en el país persiste un “racismo estructural, sistémico e histórico”, que continúa generando desigualdades, violencia y exclusión.Víctor Rodríguez, integrante de la comisión, aseguró que durante la visita pudieron constatar que el racismo en Colombia “está incrustado en la estructura social” y advirtió que las comunidades afrodescendientes siguen enfrentando discriminación en distintos ámbitos, especialmente en el sistema de justicia y en las actuaciones policiales.“En Colombia efectivamente hay racismo estructural, hay racismo sistémico. Es un racismo incrustado en la estructura social, muchas veces inconsciente, pero normalizado, naturalizado e invisibilizado”, señaló Rodríguez.Entre los hallazgos expuestos por la misión, se encuentran denuncias sobre perfilamiento racial en diferentes ciudades, donde jóvenes afrodescendientes aseguraron ser objeto frecuente de requisas, comparendos y detenciones injustificadas.La comisión también recibió testimonios de familias que denunciaron presuntos casos de uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de Policía, así como demoras e impunidad en las investigaciones judiciales.Uno de los puntos más delicados identificados por la comisión fue la situación en Chocó y particularmente en Quibdó, donde la misión aseguró haber encontrado vacíos institucionales y una presencia insuficiente del Estado y de la fuerza pública en varias zonas del territorio.“Esos vacíos han sido cubiertos por grupos armados ilegales al margen de la ley, donde la policía no interviene, donde la policía no está, y donde la población queda en un fuego cruzado. Este es un tema alarmante, es un tema que el estado tiene que atender como una prioridad, es un tema donde estas personas están en en un limbo total, y a veces ni se sabe cuáles son esos, digamos, grupos ilegales para poderlos identificar, porque proliferan cada vez más, y a veces ni se sabe quiénes son los que actúan, quiénes son los que controlan”, afirmó Rodríguez.En Cartagena, los integrantes de la comisión alertaron sobre procesos de segregación urbana y desplazamiento de comunidades afrodescendientes hacia zonas periféricas, además de prácticas discriminatorias en espacios turísticos y comerciales.La comisión también expresó preocupación por las condiciones encontradas en centros de detención transitoria visitados durante su recorrido. Los expertos señalaron que muchas personas permanecen en condiciones “infrahumanas”, pese a no haber sido condenadas.“Llama la atención que la Corte Constitucional se ha manifestado sobre el estado de inexequibilidad de esos centros transitorios, y que no haya habido un un cumplimiento integral de esas resoluciones. Discúlpenme, pero las personas privadas de la libertad no son responsables de sufrir esas condiciones carcelarias producto de lagunas procesales, normativas o institucionales, no resueltas todavía, lo que vendría en responsabilidad internacional”, agregó Rodríguez.Finalmente, entre las recomendaciones preliminares, la misión pidió fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas frente al perfilamiento racial y el uso excesivo de la fuerza, mejorar los sistemas de recopilación de datos sobre violencia racial, e insistieron en atender con urgencia la situación de las personas privadas de la libertad en centros de detención transitoria.Los expertos también insistieron en la necesidad de no reducir la capacidad ni el presupuesto de la Defensoría, al considerar que es una de las pocas instituciones con presencia y acceso a territorios apartados donde las comunidades siguen enfrentando graves riesgos de violencia y abandono estatal.
