La construcción del Malecón del Río Magdalena, tramo 1, permanece en medio de retrasos y ajustes técnicos que han impedido avanzar al ritmo esperado, pese a que el proyecto quedó financiado y estructurado desde 2023, cuando el alcalde de Barrancabermeja era Alfonso Eljach, Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con el tiempo transcurrido para actualizar los estudios y diseños. Después de cerca de dos años, la administración de Jhonatan Vásquez entregó al Departamento Nacional de Planeación los estudios y diseños el 18 de febrero de 2025, con el propósito de avanzar en el proceso de ajuste y reactivación del proyecto.Sin embargo, desde entonces, habría transcurrido aproximadamente un año y medio sin que se concrete la reactivación definitiva de los recursos de regalías, situación que mantiene en espera una obra considerada estratégica para la recuperación del frente ribereño de Barrancabermeja.De acuerdo con la ficha de asistencia técnica del DNP fechada el 13 de mayo de 2026, la cual fue conocida por Blu Radio, fueron identificados aspectos que debían ser ajustados dentro del proyecto y registrados correctamente en el aplicativo SUIFP-SGR, plataforma utilizada para el seguimiento de los proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías.El proyecto contempla una inversión cercana a $28.000 millones, mientras que se plantea una adición aproximada de $8.000 millones, equivalente a cerca del 20 % del valor inicial, según la información suministrada.La documentación del DNP advierte que las modificaciones deben estar debidamente sustentadas y que, bajo las condiciones establecidas para este tipo de proyectos, los ajustes pueden estar sujetos a los límites previstos en la normativa del Sistema General de Regalías.Uno de los puntos que estaría generando mayores dificultades está relacionado con las condiciones actuales del río Magdalena.Durante una reunión de asistencia técnica quedaron como compromisos la reformulación de los diseños correspondientes a aproximadamente 60 metros de tabla estancado en el sector del Hotel Pipatón, debido a los cambios registrados en el cauce del río.La propia ficha señala que los diseños inicialmente entregados presentan diferencias frente a las condiciones actuales del afluente, por lo que la actualización podría modificar algunos componentes del proyecto.Además, dentro de los compromisos adquiridos aparece la necesidad de avanzar en la entrega al SENA de la administración de la Escuela de Gastronomía, otro de los componentes relacionados con el proyecto.¿Por qué no se ha terminado el Malecón?El proyecto enfrenta así una combinación de retrasos administrativos, ajustes en estudios y diseños, cambios en las condiciones del río y trámites ante el Sistema General de Regalías.El alcalde de Barrancabermeja, Jhonatan Vásquez, deberá completar los ajustes solicitados, actualizar la información en el SUIFP-SGR y cumplir los compromisos establecidos con el DNP para buscar el levantamiento de la suspensión de los recursos y permitir que la obra pueda continuar.A principios de 2024, la secretaria de Infraestructura de Barrancabermeja, Johana Paola Santos, afirmó que las obras avanzaban de acuerdo con el proyecto financiado dejado por la anterior administración. Hoy estas obras están paralizadas por errores y ajustes que debe hacer el gobierno de Jhonatan Vásquez. "También los retrasos en está importante obra se debe a las demandas judiciales que interpuso en su momento el abogado Leonardo Granados, quién es hoy el secretario de Ambiente de Barrancabermeja. Son errores 'políticos', que está pagando la ciudad", dijo un reconocido veedor social del Puerto Petrolero. El Malecón del Río Magdalena es uno de los proyectos de infraestructura más importantes para Barrancabermeja, tanto por su impacto urbanístico como por su potencial turístico y de recuperación del espacio público sobre la ribera del río.
La Contraloría General de la República (CGR) resolvió dar por terminada, a partir del 1 de septiembre de 2026, la vinculación de 349 servidores que hacen parte de la planta global de duración temporal creada para la vigilancia y el control fiscal de los recursos del Sistema General de Regalías (SGR).La decisión fue adoptada ante la situación presupuestal del SGR cuya sostenibilidad financiera “enfrenta riesgos debido a un recaudo por debajo de lo previsto, el bloqueo de apropiaciones y la disminución en la capacidad de inversión en los territorios, comprometiendo proyectos, obras y servicios”, según lo había advertido la CGR desde el pasado 3 de agosto.Según el documento, bajo estas condiciones no resulta financieramente procedente mantener la permanencia de los servidores que actualmente ocupan los empleos de esta planta temporal, creada mediante el Decreto Ley 2651 de 2022.La entidad también explica que están dadas las circunstancias previstas en el parágrafo del artículo 2 de ese decreto, según el cual la permanencia de los servidores está sujeta al comportamiento efectivo del recaudo de las regalías.La planta temporal continuará vigenteAunque la Contraloría ordenó terminar las vinculaciones de los 349 servidores desde el 1 de septiembre, la decisión no implica la desaparición inmediata de la planta global de duración temporal.La Contraloría también deja claro que la salida de los servidores no significa la suspensión ni la terminación de las funciones constitucionales y legales que tiene la entidad para vigilar y ejercer control fiscal sobre los recursos del Sistema General de Regalías.Esas funciones continuarán desarrollándose de acuerdo con la organización de la entidad, la distribución de sus competencias y los recursos institucionales disponibles.
Ante el riesgo de no garantizar la continuidad de 22 proyectos de inversión por 291.000 millones de pesos en la costa, la Procuraduría General de la Nación pidió a la Asociación Regional de Municipios del Caribe (Aremca) nombrar un representante legal y volver a ser operativos administrativamente.Según la delegada para el Seguimiento a los Recursos del Sistema General de Regalías, con corte al 15 de junio, 19 de esos proyectos continuaban en ejecución mientras que los otros tres permanecían sin iniciar su proceso contractual.Ante esta situación, la Procuraduría informó que envió una comunicación a los 13 alcaldes que integran la máxima autoridad de esa Asociación, para que “adopten con carácter urgente, las decisiones que garanticen su continuidad operativa.La Asociación Regional de Municipios del Caribe, Aremca, agrupa a 13 municipios en Bolívar, Atlántico y Magdalena de tercera y sexta categoría. Fue creada en 1995 como Asociación de Municipios del Bajo Magdalena (Asobamag), pero en 2003 se empezó a llamar Aremca.La Procuraduría también requirió al Departamento Nacional de Planeación para que en su calidad de administrador del Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control del Sistema General de Regalías informe las actuaciones adelantadas frente a la situación institucional y administrativa de Aremca, “para garantizar que se continúe con la ejecución de los proyectos”.Cárcel y condenas a miembros de AremcaHay que recordar que en junio de este año un juez de control de garantías de Bogotá dictó medida de aseguramiento en centro carcelario a nueve presuntos miembros de Aremca, por su supuesta participación en un entramado de corrupción entre los años 2020 y 2026.Entre los procesados están Gustavo Bolaño Pastrana, exrepresentante legal de Aremca; Emilia María Álvarez Guerrero y Dayana Ramos Guerrero, representante legal y tesorera de la asociación, entre otros.Según la Fiscalía, desde Aremca, las nueve personas señaladas, al parecer direccionaron y ejecutaron irregularmente contratos por cerca de 496.000 millones de pesos.Así mismo, en abril de este año, la Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad general por 15 años a la directora ejecutiva de Aremca, Emilia Álvarez Guerrero, “por las irregularidades presentadas en la ejecución de un proyecto de inversión y adjudicación del contrato para el mejoramiento de vías rurales priorizadas del departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, financiado con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) por un valor superior a los 30.400 millones de pesos”.En fallo de primera instancia, el Ministerio Público estableció que presuntamente “Álvarez Guerrero a comienzos de 2022 adjudicó y suscribió el contrato de obra mediante la modalidad de invitación pública, con lo que desconoció que la selección del contratista debía realizarse a través de una licitación pública y adoptando los pliegos tipo establecidos para tal fin, por tratarse, Aremca, de una entidad estatal a la que le aplica el Estatuto General de Contratación Pública y de un proyecto de inversión financiado con recursos del SGR”.
Alejandro Lyons recuperó su libertad tras haber cumplido la pena impuesta por el caso de corrupción con el manejo de las regalías cuando fue gobernador de Córdoba entre 2012 y 2015.Lyons permanecía en la cárcel La Picota de Bogotá cumpliendo una condena de más de cinco años de cárcel emitida por la Corte Suprema de Justicia, quien determinó que había liderado una red ilegal que se apropió de millonarios recursos de las regalías departamentales.Su nombre además estuvo ligado al llamado “cartel de la hemofilia”, un escándalo que afectó gravemente las finanzas de Córdoba y que involucró contratos fraudulentos y pagos irregulares dentro del sistema de salud.Cabe recordar que parte del proceso judicial ocurrió en Estados Unidos, país al que viajó y donde colaboró con las autoridades como testigo protegido, colaboración que además fue clave para revelar información relacionada con el “cartel de la toga”, otro gran escándalo de corrupción judicial en Colombia, donde estuvieron vinculados magistrados y funcionarios acusados de manipular procesos judiciales a cambio de sobornos.Aunque Lyons ya quedó en libertad por el cumplimiento de la condena principal, sigue vinculado a otras investigaciones también con temas de corrupción administrativa.
El Departamento Nacional de Planeación destacó los avances alcanzados en la investigación que permitió destapar un nuevo entramado de corrupción relacionado con el manejo de recursos del Sistema General de Regalías, luego de que la Fiscalía General de la Nación confirmara la captura de nueve personas señaladas de direccionar contratos financiados con estos recursos.De acuerdo con información entregada por el DNP y la Subdirección del Sistema General de Regalías, desde agosto de 2024 se habían advertido posibles irregularidades en múltiples proyectos financiados con recursos públicos. La entidad señaló que “oficiamos a la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación, la información sobre 2.094 proyectos con plazos de ejecución vencida y/o contratos suspendidos, después del seguimiento y la revisión exhaustivas por parte de nuestros equipos técnicos en los que se advirtieron presuntas irregularidades en la ejecución de los recursos por parte de entidades ejecutoras”.Según el reporte oficial, además del análisis de estos proyectos, también se puso en conocimiento de los organismos de control información relacionada con iniciativas que evidenciaban fallas durante su ejecución. En ese sentido, el DNP precisó que “junto a esta información también se puso en conocimiento de dichas autoridades el reporte de 146 proyectos visitados que presentaban irregularidades. Entre esta información, se presentó el caso de la Asociación Regional de Municipios del Caribe (AREMCA)”, organización que posteriormente quedó vinculada en las investigaciones por presuntos actos de corrupción.Como parte de las medidas adoptadas para fortalecer el control y la transparencia en el manejo de recursos públicos, el Sistema General de Regalías anunció nuevas herramientas de seguimiento. La entidad indicó que “lanzó, a finales de 2025, la Nueva Metodología de Medición del Índice de Gestión de Proyectos de Regalías (IGPR), una metodología que mide el desempeño de los ejecutores y fortalece la transparencia en la ejecución de proyectos financiados con recursos del sistema, bajo el análisis y verificación de la información entregada por las entidades”. Asimismo, informó que se encuentra en desarrollo un servicio integrado de atención a usuarios que permita eliminar intermediaciones y garantizar mayor transparencia en el acceso a las convocatorias del sistema.Estos avances institucionales coinciden con las recientes actuaciones judiciales adelantadas por la Fiscalía, que revelaron la existencia de un entramado de corrupción que utilizaba la figura de esquemas asociativos de municipios para direccionar contratos financiados con recursos del Sistema General de Regalías. Las diligencias fueron ejecutadas por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación en los municipios de Arauca, Barranquilla y Cantagallo, donde fueron capturadas nueve personas señaladas de participar en las actividades ilícitas.De acuerdo con las investigaciones, los capturados habrían articulado acciones para que la Asociación Regional de Municipios del Caribe fuera designada como ejecutora de proyectos financiados con regalías por parte de alcaldías y gobernaciones. Una vez obtenida la autorización, presuntamente direccionaban los contratos para favorecer intereses específicos. Según los hallazgos, se habrían direccionado 101 proyectos por una cuantía superior a 496.000 millones de pesos.
La Contraloría General de la República lanzó una alerta sobre las debilidades estructurales en la planeación, ejecución y control del Sistema General de Regalías (SGR), que siguen limitando su impacto en el desarrollo territorial del país, pese al volumen histórico de recursos invertidos en la última década.Durante el foro “La paradoja de las regalías”, el contralor Carlos Hernán Rodríguez Becerra señaló que, desde 2012, se han aprobado casi 11.000 proyectos financiados con más de 26,5 billones de pesos en varias regiones del país, pero los resultados sociales no reflejan la magnitud de la inversión."En lugar de financiar proyectos integrales que transformen la calidad educativa, como redes completas de colegios, formación docente, conectividad digital o sistemas de alimentación escolar, los recursos de regalías suelen dividirse en múltiples proyectos de bajo presupuesto y alcance limitado”, explicó Rodríguez.De acuerdo con la Contraloría, el 86 % de los proyectos financiados con regalías no supera los 5.000 millones de pesos, lo que en educación se traduce en intervenciones aisladas: construcción de aulas sueltas, pequeñas dotaciones, reparaciones parciales o programas piloto sin continuidad.El resultado, explicó Rodríguez, es que se invierten miles de millones sin lograr cambios estructurales en cobertura, calidad o permanencia escolar, especialmente en municipios de categorías 5 y 6, que concentran cerca del 90 % del país y tienen capacidades técnicas muy limitadas.Entre 2022 y 2025, la Contraloría auditó 1.804 proyectos por más de 34.5 billones de pesos, con hallazgos por deficiencias en planeación, retrasos y falta de articulación con los planes de desarrollo. Se identificaron más de 1.900 hallazgos administrativos, muchos con connotación fiscal, disciplinaria y penal.Como resultado de estas auditorías, se han recuperado más de 122.000 millones de pesos y se han rescatado 184 obras por un valor superior a 2.8 billones de pesos a través de la estrategia “Salvando Obras”.“Hablar del Sistema General de Regalías es hablar del desarrollo territorial del país, pero también reconocer que los resultados siguen siendo insuficientes frente a las necesidades reales de las comunidades”, concluyó Rodríguez.El contralor insistió en que los recursos del subsuelo no pueden seguir diluyéndose en proyectos sin impacto y pidió cambios estructurales en la forma de planificar, ejecutar y controlar las regalías. Entre las recomendaciones se incluyen un presupuesto por programas, mayor priorización basada en evidencia de brechas sociales y fortalecimiento del seguimiento y evaluación de resultados.
Alcaldes de varios municipios de Santander, entre ellos Néstor Delgado, mandatario de Florián, encendieron las alarmas por el recorte en los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) que debe girar el Gobierno Nacional, una medida que, aseguran, pone en riesgo la planeación financiera, la ejecución de obras y el cumplimiento de los planes de desarrollo en los territorios.Según explicó el alcalde Delgado, estos recursos son fundamentales para el funcionamiento de los municipios, especialmente los de cuarta, quinta y sexta categoría, que dependen en gran parte de las transferencias nacionales.“Este recorte del Sistema General de Participaciones afecta la planeación del municipio y la ejecución del Plan de Desarrollo. Nosotros subsistimos con esos recursos y hoy nos ponen en una situación muy difícil”, señaló.El mandatario local advirtió que la situación se agrava por el incremento en los costos institucionales, como el aumento en el número de concejales y los gastos asociados al funcionamiento del Concejo Municipal.“Sin tener en cuenta estas dificultades, hoy nos llevan casi a la quiebra. Es una decisión arbitraria por el déficit fiscal del Gobierno Nacional y nos obliga a hacer cambios y a tratar de sobrellevar esta situación”, agregó.De acuerdo con los alcaldes, tras diálogos con el Gobierno Nacional se les informó que los giros del SGP ya no llegarán desde el inicio del año, como venía ocurriendo, sino que serán enviados en diferentes meses. Además, el recorte se aplicará durante los 11 meses restantes del año, lo que genera incertidumbre sobre la continuidad de programas sociales, inversión en infraestructura y prestación de servicios esenciales.En Santander, la afectación sería masiva. 80 municipios son de sexta categoría y dos de quinta categoría, lo que los convierte en los más vulnerables frente a esta reducción de recursos. En total, se estima que 80 municipios del departamento resultarían damnificados por la pérdida de casi el 50 % de los recursos del SGP, según advirtieron autoridades locales.La preocupación también fue expresada por la Alcaldía de Charta, que mediante un comunicado oficial manifestó su “profunda preocupación” por la reducción de los recursos del SGP asignados al municipio.Además, la Alcaldía de Charta advirtió que, pese al recorte, los municipios deberán asumir nuevas y mayores responsabilidades institucionales, entre ellas el incremento de inspectores de Policía, el fortalecimiento de las comisarías de familia y un mayor presupuesto para las personerías municipales, lo que incrementa aún más la presión financiera sobre las administraciones locales.El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, calificó como una “falta gravísima” la reducción en los giros del SGP y advirtió que la decisión podría generar protestas de alcaldes de diferentes regiones del país.“Gravísimo, los alcaldes han ido a mi despacho, les han reducido el 50 % de los recursos a los municipios de sexta categoría, genera un problema gravísimo. Esperamos que lo solucionen y que esto no tenga un tinte político. Entonces, si lo solucionamos porque vienen las elecciones del 8 de marzo, eso sería gravísimo”, afirmó el mandatario departamental.Díaz Mateus insistió en que la reducción del SGP compromete la gobernabilidad local, la continuidad de programas sociales y la prestación de servicios básicos, especialmente en los municipios más pequeños del departamento.
La Contraloría General de la República advirtió sobre la baja ejecución de los recursos del Sistema General de Regalías (SGR) destinados a los pueblos indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras (NARP), así como al pueblo Rrom. De acuerdo con un informe del organismo de control, más de $1,5 billones asignados para el bienio 2025-2026 están en riesgo de no ser ejecutados.Según la Dirección de Estudios Intersectoriales de Políticas Públicas Focalizadas y el Grupo Interno de Trabajo de Vigilancia y Control Fiscal de Regalías, en los años 2021-2022 se asignaron $357.920 millones sin que se ejecutara el dinero. En el bienio siguiente, 2023-2024, se destinaron $1 billón, pero solo se ejecutó el 17%. Para los años 2025-2026, el monto asignado asciende a $1,5 billones, con una ejecución acumulada que, por ahora, alcanza el 10%.También se identificó que, desde 2021, las comunidades NARP no han ejecutado un solo proyecto, mientras que el pueblo Rrom y los pueblos indígenas concentran la mayor parte de la ejecución. “Los pueblos indígenas han ejecutado $239.976 millones en 33 proyectos a lo largo de tres bienios. Por su parte, el pueblo Rrom ha ejecutado $91.812 millones en 20 proyectos, pese a representar solo el 0,006% de la población nacional”.La Contraloría advirtió además sobre concentraciones contractuales y geográficas que podrían estar afectando la equidad del sistema. Algunos proyectos se ubican en territorios con mayores capacidades institucionales, dejando por fuera comunidades con altos niveles de pobreza y necesidades básicas insatisfechas. En el caso del pueblo Rrom, incluso se identificó un proyecto ejecutado en el Chocó, donde no hay presencia de esta comunidad.Aunque para el bienio actual las comunidades NARP muestran un leve avance del 84% en su presupuesto administrativo, aún no han aprobado proyectos de inversión, lo que evidencia debilidades en planeación y gestión.Ante este panorama, la Contraloría recomendó revisar los mecanismos de focalización para asegurar que los recursos lleguen a los territorios más rezagados y fortalecer los procesos de planeación participativa con las comunidades étnicas. El organismo insistió en que los recursos deben ser una herramienta para cerrar brechas históricas, promover la inclusión étnica y garantizar la autonomía de los pueblos, bajo principios de equidad, eficiencia y transparencia.
A pesar de las millonarias inversiones realizadas en distintas regiones del país, una reciente alerta de la Contraloría General de la República reveló que muchas obras públicas siguen inconclusas o no se han iniciado, afectando gravemente el desarrollo regional. El informe evidencia una preocupante ineficiencia en la ejecución de proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR).Según el organismo de control, durante el último periodo se destinaron más de 7 billones de pesos al sector transporte, seguido por sectores clave como salud, educación, ambiente y minas. Sin embargo, el avance físico y funcional de estas obras no guarda proporción con las inversiones realizadas. De hecho, más del 50 % de los departamentos concentran la mayoría de sus recursos en infraestructura vial, sin resultados tangibles en desarrollo económico o social.Además, la Contraloría identificó 125 proyectos que no cumplen con los criterios permitidos por el SGR, entre ellos contratos para alimentación y transporte escolar, servicios considerados recurrentes y, por tanto, prohibidos para ser financiados con regalías. Estas iniciativas representan un uso indebido de recursos por un valor superior a 1,1 billones de pesos.Uno de los problemas más graves señalados en el informe es la débil capacidad institucional de municipios de categorías 5 y 6, que carecen de equipos técnicos capacitados para formular, contratar y ejecutar proyectos de manera adecuada. En muchos casos, no existen estudios previos ni diagnósticos que justifiquen las obras, lo que genera retrasos, sobrecostos y, en algunos casos, paralización indefinida de las iniciativas.También se evidenció una preocupante falta de articulación entre el SGR y el Sistema General de Participaciones (SGP), lo que ha derivado en duplicidades, inversiones mal focalizadas y descoordinación entre entidades territoriales y el Gobierno nacional.“Estos hallazgos reflejan que el país no solo enfrenta un problema de corrupción, sino una profunda debilidad en la planeación y gestión del desarrollo regional. Hay miles de millones comprometidos en obras que no han cumplido su propósito social”, señaló el contralor general, Carlos Mario Zuluaga.La situación ha encendido las alarmas en el Congreso y en el Departamento Nacional de Planeación, donde se analizan medidas para reforzar el control y la asistencia técnica a los municipios, especialmente en las zonas más apartadas.Mientras tanto, las comunidades siguen esperando la terminación de carreteras, hospitales y colegios prometidos, y el país acumula una larga lista de obras inconclusas que comprometen su desarrollo y profundizan la brecha entre regiones.
El decreto 0131 de 2025 que tumbó la Corte Constitucional buscaba agilizar la inversión en la región para responder a la emergencia y mejorar las condiciones sociales y ecológicas en el Catatumbo por medio de la financiación de proyectos con recursos del Sistema General de Regalías, incluyendo la Asignación para la Inversión Regional (40 %).Lo llamativo de la decisión de la Sala Plena de tumbar este decreto es porque no se cumplió la norma que exige la firma del presidente de la República y de todos los ministros del despacho.En este caso, dos de los firmantes no ejercían legalmente el cargo de ministro al momento de la firma como por ejemplo el exministro de Comercio Luis Carlos Reyes, quien firmó el documento mientras se hallaba en permiso remunerado, periodo en el que su cargo era ejercido por una ministra encargada.Además del vicio formal, la Corte concluyó que gran parte del contenido del decreto no estaba respaldado por la Sentencia C-148 de 2025, que revisó la constitucionalidad del decreto que declaró la conmoción interior.“El decreto legislativo no fue firmado por todos los ministros del despacho, en concreto, la Corte encontró que dos de las personas que firmaron el decreto carecían de la competencia constitucional y legal para estos efectos, por cuanto no se encontraban en ejercicio del empleo de ministro del despacho”, señaló la Corte en su decisión.En esa ocasión, el alto tribunal señaló que los problemas estructurales en el Catatumbo —como la pobreza o los daños ambientales del conflicto armado— no justificaban medidas extraordinarias por no evidenciar un agravamiento súbito.La Corte aclaró que los proyectos de inversión relacionados con la implementación del Acuerdo de Paz en municipios PDET sí contaban con respaldo constitucional, por su vínculo con la superación de la crisis humanitaria y el retorno de víctimas.Pese a la declaratoria de inexequibilidad, la Corte estableció que los proyectos de inversión ya seleccionados y en ejecución no se verán afectados. La decisión solo tendrá efectos hacia el futuro.Sin embargo, el vicio formal en la firma del decreto afectó todo su contenido, incluso estas disposiciones.
La resequedad en la piel no siempre aparece de manera repentina. En algunos casos, comienza con señales que pueden pasar desapercibidas, como una sensación de tirantez después del baño, una textura diferente al tocar brazos o piernas o pequeñas zonas blanquecinas que aparecen sobre la superficie.Uno de los hábitos que puede favorecer que esta situación se mantenga es esperar a que la piel esté visiblemente seca para empezar a hidratarla. El cuidado corporal, al igual que ocurre con el rostro, requiere constancia y no debería limitarse a los momentos en que aparecen molestias.Las condiciones del entorno también pueden influir. En Colombia, las autoridades meteorológicas han advertido durante 2026 sobre el fortalecimiento de las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño, escenario que puede estar acompañado de temperaturas elevadas y cambios en la humedad ambiental.En ese contexto, la piel puede enfrentarse a condiciones que favorecen una mayor pérdida de agua, especialmente si a esto se suman exposición al sol, viento, contaminación, frío o hábitos inadecuados de hidratación.Estas son las señales que pueden advertir resequedadLa piel cumple una función de protección frente al ambiente y cuenta con una barrera que ayuda a conservar la humedad. Cuando esta función se altera, pueden aparecer diferentes manifestaciones que no necesariamente comienzan con una molestia intensa.Melissa Kallmann, directora médica de Bayer de Consumer Health para la Región Andina, explicó que existen varias señales a las que se debe prestar atención.Entre ellas mencionó la sensación de tirantez, la aspereza, las pequeñas líneas que pueden hacerse visibles sobre la piel, la descamación fina, la picazón y el enrojecimiento.Reconocer estos cambios permite prestar atención al estado de la piel antes de que la resequedad se vuelva más evidente.El cuidado corporal no termina en la duchaUna rutina de cuidado de la piel no tiene que concentrarse exclusivamente en el rostro. Las piernas, brazos, manos, espalda y demás zonas del cuerpo también están expuestas diariamente a factores externos.Después de la limpieza, uno de los momentos clave es la hidratación. Incorporar de manera habitual un producto corporal con propiedades hidratantes puede ayudar a mantener la piel y su barrera en mejores condiciones.La recomendación cobra especial importancia cuando existen factores ambientales que pueden favorecer la pérdida de agua. En lugar de aplicar productos únicamente cuando la piel ya está áspera o descamada, la hidratación puede convertirse en un paso habitual de la rutina.Este cambio también explica por qué el concepto de bodycare ha comenzado a ganar espacio: se trata de llevar al resto del cuerpo algunos de los hábitos que durante años estuvieron asociados principalmente al skincare facial.¿Qué pasa después de hacer ejercicio?El entrenamiento es otro momento que requiere atención. La actividad física puede aumentar la sudoración y, cuando se realiza al aire libre, también implica una exposición adicional al sol y a las condiciones del ambiente.Por ello, después de practicar deporte conviene realizar la limpieza corporal y continuar con la hidratación. También es importante prestar atención a las zonas que estuvieron expuestas directamente al sol y utilizar protección solar cuando corresponda.Permanecer durante mucho tiempo con ropa deportiva húmeda por el sudor tampoco es una práctica recomendable dentro de una rutina de cuidado corporal. Cambiarse y limpiar la piel después de entrenar permite retomar las condiciones habituales de higiene e hidratación.La hidratación de la piel no depende únicamente de las cremas o productos utilizados externamente. Mantener una adecuada ingesta de agua y una alimentación equilibrada forma parte del cuidado general del organismo.Además del ambiente y los hábitos diarios, existen otros factores relacionados con la aparición de piel seca, entre ellos el envejecimiento, algunas enfermedades y las dietas restrictivas.Por esta razón, una rutina de cuidado corporal debe entenderse como un conjunto de hábitos y no como la aplicación ocasional de un producto.Ingredientes que puede revisar al elegir un productoLa formulación también puede ser un aspecto importante al momento de escoger productos para la piel. Entre los ingredientes utilizados en productos destinados a la hidratación corporal se encuentran la glicerina, las ceramidas, la manteca de karité, el aceite de argán y la provitamina B5.Estos componentes pueden contribuir a la humectación y al mantenimiento de la función de la barrera cutánea, dependiendo de la formulación específica.También es posible revisar el etiquetado y optar por alternativas sin colorantes ni fragancias si se busca limitar la exposición a estos componentes, particularmente en pieles que pueden ser susceptibles a irritaciones.El cuidado de la piel corporal, finalmente, no tiene que convertirse en una rutina complicada. La limpieza adecuada, la hidratación constante, la protección frente al sol y la atención a los cambios que presenta la piel son medidas que pueden incorporarse al día a día y adaptarse a las necesidades de cada persona.
La Corte Constitucional tomó una decisión que modifica las reglas sobre el uso de animales de tracción con fines turísticos en Colombia. La Sala Plena declaró inexequible la expresión “turísticas”, contenida en la Ley 2138 de 2021, norma que establece medidas para la sustitución de vehículos de tracción animal en el país.La decisión elimina la excepción que permitía mantener vehículos de tracción animal destinados a actividades turísticas por fuera del mandato general de sustitución.De acuerdo con la Corte, permitir esta práctica vulneraba el artículo 79 de la Constitución Política, relacionado con el derecho a un ambiente sano, al considerar que el uso de animales en este tipo de actividades puede implicar su sometimiento a un sufrimiento innecesario.El alto tribunal concluyó, además, que la recreación turística no constituye un límite constitucionalmente admisible al deber de protección de los animales y que la excepción establecida en la legislación no superaba un juicio intermedio de proporcionalidad.La determinación también fue extendida, mediante la integración de la unidad normativa, al artículo 10 de la Ley 2138 de 2021 y al parágrafo 1 del artículo 98 de la Ley 769 de 2002.Sin embargo, la Corte estableció un periodo de transición de seis meses, a partir de la notificación de la sentencia, antes de que produzca plenamente sus efectos. Durante ese tiempo, las entidades territoriales deberán iniciar los programas de sustitución en el ámbito turístico y adoptar medidas de reconversión laboral para las personas que dependan económicamente de estas actividades.La Corte enfatizó que la decisión debe implementarse teniendo en cuenta a las personas cuyo sustento depende actualmente de los vehículos de tracción animal utilizados con fines turísticos.La determinación quedó consignada en la Sentencia C-310 de 2026, con ponencia del magistrado Héctor Alfonso Carvajal Londoño. Los magistrados Carlos Camargo Assis y Miguel Polo Rosero presentaron aclaraciones de voto.
Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este miércoles, 23 de septiembre de 2026:El temor sigue afectando la actividad comercial en Santa Marta pese al refuerzo de la fuerza pública. La mayoría de establecimientos del Mercado Público y del centro permanecen cerrados, mientras comerciantes y ciudadanos reclaman mayores garantías para retomar sus actividades.Un bus de Copetran que cubría la ruta entre Barrancabermeja y Santa Marta sufrió un accidente en el sur del Cesar que dejó tres personas muertas y 12 heridas. El vehículo terminó volcado entre Aguachica y San Martín y las personas lesionadas fueron trasladadas a diferentes centros asistenciales. Entre los fallecidos se encuentra uno de los conductores.El incendio que afecta el Santuario de Flora y Fauna de Iguaque ya supera las 1.340 hectáreas afectadas. Bomberos, organismos de socorro, fuerza pública y habitantes de la región continúan trabajando en las zonas de difícil acceso, con el apoyo de seis aeronaves que realizan descargas constantes para tratar de controlar las llamas.La sequía provocada por el fenómeno de El Niño comenzó a golpear el precio de los alimentos en varias regiones del país. En Corabastos se reportaron incrementos en productos como papa, mazorca, plátano y limón, mientras en Medellín, Barranquilla y Santander comerciantes también advierten una reducción en el abastecimiento y mayores precios. En Santander, algunos alimentos registraban alzas de hasta el 100 %.Bogotá puso en marcha en el aeropuerto El Dorado la estrategia “En Bogotá Ninguna Vida Tiene Precio” para prevenir la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes y la trata de personas. Más de 14 entidades participan en la iniciativa, que busca capacitar a trabajadores del aeropuerto, hoteles, guías, taxistas y otros actores del turismo para reconocer señales de alerta y activar las rutas de atención. Ante un posible caso, las autoridades recordaron que se puede acudir a la línea 141 del ICBF o al 123 de la Policía.Escuche el programa completo aquí:
El Ministerio de Ambiente anunció tres acciones inmediatas para acelerar la implementación del Plan de Manejo y Control de Hipopótamos en Colombia, ante la expansión de esta especie invasora y los riesgos que representa para las comunidades, los ecosistemas y la biodiversidad.Las medidas fueron acordadas durante una mesa interinstitucional en la que participaron autoridades ambientales y territoriales, organismos de gestión del riesgo y entidades científicas. El objetivo es fortalecer la respuesta del Estado y llevar las acciones directamente a las zonas donde se registra la presencia de estos animales. La primera medida anunciada desde el Ministerio de Ambiente consiste en ampliar las fuentes de financiación y las capacidades disponibles para ejecutar las acciones contempladas en el Plan de Manejo.Para esto, la entidad anunció reuniones con el sector privado y otros actores que puedan aportar recursos, conocimiento y capacidades técnicas y operativas.La segunda acción busca ampliar la respuesta institucional; para esto, el Gobierno identificará y vinculará nuevas entidades nacionales y territoriales que, de acuerdo con sus competencias, puedan contribuir a atender los impactos y riesgos relacionados con la presencia de los hipopótamos.La tercera medida estará enfocada en mejorar el seguimiento de los animales, por lo que el Gobierno pondrá a disposición de las comunidades y las autoridades una aplicación para reportar avistamientos y otros eventos relacionados con hipopótamos. La información permitirá conocer mejor dónde están los animales, cómo se movilizan y cuáles son las zonas donde se presentan mayores riesgos. Con estos datos, las autoridades esperan mejorar la toma de decisiones y orientar las medidas de manejo.Cabe destacar que el Ministerio aclaró que estas nuevas acciones no reemplazan las medidas que ya están contempladas en el Plan de Manejo. El propósito es acelerar su implementación y fortalecer las capacidades necesarias para ejecutarlo de manera sostenida en los territorios.
El partido En Marcha tomó distancia del Pacto Histórico y cuestionó la citación a una moción de censura contra el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora López, promovida por congresistas del petrismo.En un comunicado, la colectividad calificó la iniciativa como “inoportuna e inconveniente”, aunque reconoció la importancia del debate de control político tras la muerte de menores de edad en un bombardeo de las Fuerzas Militares contra campamentos de las disidencias de las Farc de alias Calarcá. “Es válido el debate de control político como consecuencia de la lamentable muerte de menores de edad, causada por el bombardeo de las fuerzas militares a campamentos de los grupos armados ilegales que rechazaron las posibilidades de paz y deben ser enfrentados por el Estado con todas las capacidades institucionales”, señaló En Marcha.Sin embargo, el partido cuestionó que se recurra a la moción de censura contra un ministro que lleva menos de 50 días en el cargo.“Aplicar la figura de la moción de censura a un Ministro que no cumple aún 50 días en sus funciones es una mala señal del Estado en su conjunto a los grupos criminales”, afirmó la colectividad.En Marcha también hizo un llamado al Ministerio de Defensa y a las Fuerzas Militares para fortalecer los procesos de inteligencia antes de tomar decisiones relacionadas con operaciones de esta naturaleza.“Solicitamos a Mindefensa y a las Fuerzas Militares una inteligencia precisa y eficiente antes de tomar decisiones de esta naturaleza”, indicó.El partido del exministro Juan Fernando Cristo aseguró que mantendrá vigilancia sobre las operaciones contra las estructuras armadas ilegales y pidió que estas se desarrollen bajo las normas del Derecho Internacional Humanitario y con respeto por los derechos humanos.Otro aspecto que dejaron claro es su posición que seguirá igual frente al gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, al asegurar que estarán “vigilantes de que la necesaria ofensiva contra las estructuras armadas ilegales se adelante con pleno respeto a las normas del Derecho Internacional Humanitario y los derechos humanos”.