Alejandro Lyons recuperó su libertad tras haber cumplido la pena impuesta por el caso de corrupción con el manejo de las regalías cuando fue gobernador de Córdoba entre 2012 y 2015.Lyons permanecía en la cárcel La Picota de Bogotá cumpliendo una condena de más de cinco años de cárcel emitida por la Corte Suprema de Justicia, quien determinó que había liderado una red ilegal que se apropió de millonarios recursos de las regalías departamentales.Su nombre además estuvo ligado al llamado “cartel de la hemofilia”, un escándalo que afectó gravemente las finanzas de Córdoba y que involucró contratos fraudulentos y pagos irregulares dentro del sistema de salud.Cabe recordar que parte del proceso judicial ocurrió en Estados Unidos, país al que viajó y donde colaboró con las autoridades como testigo protegido, colaboración que además fue clave para revelar información relacionada con el “cartel de la toga”, otro gran escándalo de corrupción judicial en Colombia, donde estuvieron vinculados magistrados y funcionarios acusados de manipular procesos judiciales a cambio de sobornos.Aunque Lyons ya quedó en libertad por el cumplimiento de la condena principal, sigue vinculado a otras investigaciones también con temas de corrupción administrativa.
El Departamento Nacional de Planeación destacó los avances alcanzados en la investigación que permitió destapar un nuevo entramado de corrupción relacionado con el manejo de recursos del Sistema General de Regalías, luego de que la Fiscalía General de la Nación confirmara la captura de nueve personas señaladas de direccionar contratos financiados con estos recursos.De acuerdo con información entregada por el DNP y la Subdirección del Sistema General de Regalías, desde agosto de 2024 se habían advertido posibles irregularidades en múltiples proyectos financiados con recursos públicos. La entidad señaló que “oficiamos a la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación, la información sobre 2.094 proyectos con plazos de ejecución vencida y/o contratos suspendidos, después del seguimiento y la revisión exhaustivas por parte de nuestros equipos técnicos en los que se advirtieron presuntas irregularidades en la ejecución de los recursos por parte de entidades ejecutoras”.Según el reporte oficial, además del análisis de estos proyectos, también se puso en conocimiento de los organismos de control información relacionada con iniciativas que evidenciaban fallas durante su ejecución. En ese sentido, el DNP precisó que “junto a esta información también se puso en conocimiento de dichas autoridades el reporte de 146 proyectos visitados que presentaban irregularidades. Entre esta información, se presentó el caso de la Asociación Regional de Municipios del Caribe (AREMCA)”, organización que posteriormente quedó vinculada en las investigaciones por presuntos actos de corrupción.Como parte de las medidas adoptadas para fortalecer el control y la transparencia en el manejo de recursos públicos, el Sistema General de Regalías anunció nuevas herramientas de seguimiento. La entidad indicó que “lanzó, a finales de 2025, la Nueva Metodología de Medición del Índice de Gestión de Proyectos de Regalías (IGPR), una metodología que mide el desempeño de los ejecutores y fortalece la transparencia en la ejecución de proyectos financiados con recursos del sistema, bajo el análisis y verificación de la información entregada por las entidades”. Asimismo, informó que se encuentra en desarrollo un servicio integrado de atención a usuarios que permita eliminar intermediaciones y garantizar mayor transparencia en el acceso a las convocatorias del sistema.Estos avances institucionales coinciden con las recientes actuaciones judiciales adelantadas por la Fiscalía, que revelaron la existencia de un entramado de corrupción que utilizaba la figura de esquemas asociativos de municipios para direccionar contratos financiados con recursos del Sistema General de Regalías. Las diligencias fueron ejecutadas por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación en los municipios de Arauca, Barranquilla y Cantagallo, donde fueron capturadas nueve personas señaladas de participar en las actividades ilícitas.De acuerdo con las investigaciones, los capturados habrían articulado acciones para que la Asociación Regional de Municipios del Caribe fuera designada como ejecutora de proyectos financiados con regalías por parte de alcaldías y gobernaciones. Una vez obtenida la autorización, presuntamente direccionaban los contratos para favorecer intereses específicos. Según los hallazgos, se habrían direccionado 101 proyectos por una cuantía superior a 496.000 millones de pesos.
La Contraloría General de la República lanzó una alerta sobre las debilidades estructurales en la planeación, ejecución y control del Sistema General de Regalías (SGR), que siguen limitando su impacto en el desarrollo territorial del país, pese al volumen histórico de recursos invertidos en la última década.Durante el foro “La paradoja de las regalías”, el contralor Carlos Hernán Rodríguez Becerra señaló que, desde 2012, se han aprobado casi 11.000 proyectos financiados con más de 26,5 billones de pesos en varias regiones del país, pero los resultados sociales no reflejan la magnitud de la inversión."En lugar de financiar proyectos integrales que transformen la calidad educativa, como redes completas de colegios, formación docente, conectividad digital o sistemas de alimentación escolar, los recursos de regalías suelen dividirse en múltiples proyectos de bajo presupuesto y alcance limitado”, explicó Rodríguez.De acuerdo con la Contraloría, el 86 % de los proyectos financiados con regalías no supera los 5.000 millones de pesos, lo que en educación se traduce en intervenciones aisladas: construcción de aulas sueltas, pequeñas dotaciones, reparaciones parciales o programas piloto sin continuidad.El resultado, explicó Rodríguez, es que se invierten miles de millones sin lograr cambios estructurales en cobertura, calidad o permanencia escolar, especialmente en municipios de categorías 5 y 6, que concentran cerca del 90 % del país y tienen capacidades técnicas muy limitadas.Entre 2022 y 2025, la Contraloría auditó 1.804 proyectos por más de 34.5 billones de pesos, con hallazgos por deficiencias en planeación, retrasos y falta de articulación con los planes de desarrollo. Se identificaron más de 1.900 hallazgos administrativos, muchos con connotación fiscal, disciplinaria y penal.Como resultado de estas auditorías, se han recuperado más de 122.000 millones de pesos y se han rescatado 184 obras por un valor superior a 2.8 billones de pesos a través de la estrategia “Salvando Obras”.“Hablar del Sistema General de Regalías es hablar del desarrollo territorial del país, pero también reconocer que los resultados siguen siendo insuficientes frente a las necesidades reales de las comunidades”, concluyó Rodríguez.El contralor insistió en que los recursos del subsuelo no pueden seguir diluyéndose en proyectos sin impacto y pidió cambios estructurales en la forma de planificar, ejecutar y controlar las regalías. Entre las recomendaciones se incluyen un presupuesto por programas, mayor priorización basada en evidencia de brechas sociales y fortalecimiento del seguimiento y evaluación de resultados.
Alcaldes de varios municipios de Santander, entre ellos Néstor Delgado, mandatario de Florián, encendieron las alarmas por el recorte en los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) que debe girar el Gobierno Nacional, una medida que, aseguran, pone en riesgo la planeación financiera, la ejecución de obras y el cumplimiento de los planes de desarrollo en los territorios.Según explicó el alcalde Delgado, estos recursos son fundamentales para el funcionamiento de los municipios, especialmente los de cuarta, quinta y sexta categoría, que dependen en gran parte de las transferencias nacionales.“Este recorte del Sistema General de Participaciones afecta la planeación del municipio y la ejecución del Plan de Desarrollo. Nosotros subsistimos con esos recursos y hoy nos ponen en una situación muy difícil”, señaló.El mandatario local advirtió que la situación se agrava por el incremento en los costos institucionales, como el aumento en el número de concejales y los gastos asociados al funcionamiento del Concejo Municipal.“Sin tener en cuenta estas dificultades, hoy nos llevan casi a la quiebra. Es una decisión arbitraria por el déficit fiscal del Gobierno Nacional y nos obliga a hacer cambios y a tratar de sobrellevar esta situación”, agregó.De acuerdo con los alcaldes, tras diálogos con el Gobierno Nacional se les informó que los giros del SGP ya no llegarán desde el inicio del año, como venía ocurriendo, sino que serán enviados en diferentes meses. Además, el recorte se aplicará durante los 11 meses restantes del año, lo que genera incertidumbre sobre la continuidad de programas sociales, inversión en infraestructura y prestación de servicios esenciales.En Santander, la afectación sería masiva. 80 municipios son de sexta categoría y dos de quinta categoría, lo que los convierte en los más vulnerables frente a esta reducción de recursos. En total, se estima que 80 municipios del departamento resultarían damnificados por la pérdida de casi el 50 % de los recursos del SGP, según advirtieron autoridades locales.La preocupación también fue expresada por la Alcaldía de Charta, que mediante un comunicado oficial manifestó su “profunda preocupación” por la reducción de los recursos del SGP asignados al municipio.Además, la Alcaldía de Charta advirtió que, pese al recorte, los municipios deberán asumir nuevas y mayores responsabilidades institucionales, entre ellas el incremento de inspectores de Policía, el fortalecimiento de las comisarías de familia y un mayor presupuesto para las personerías municipales, lo que incrementa aún más la presión financiera sobre las administraciones locales.El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, calificó como una “falta gravísima” la reducción en los giros del SGP y advirtió que la decisión podría generar protestas de alcaldes de diferentes regiones del país.“Gravísimo, los alcaldes han ido a mi despacho, les han reducido el 50 % de los recursos a los municipios de sexta categoría, genera un problema gravísimo. Esperamos que lo solucionen y que esto no tenga un tinte político. Entonces, si lo solucionamos porque vienen las elecciones del 8 de marzo, eso sería gravísimo”, afirmó el mandatario departamental.Díaz Mateus insistió en que la reducción del SGP compromete la gobernabilidad local, la continuidad de programas sociales y la prestación de servicios básicos, especialmente en los municipios más pequeños del departamento.
La Contraloría General de la República advirtió sobre la baja ejecución de los recursos del Sistema General de Regalías (SGR) destinados a los pueblos indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras (NARP), así como al pueblo Rrom. De acuerdo con un informe del organismo de control, más de $1,5 billones asignados para el bienio 2025-2026 están en riesgo de no ser ejecutados.Según la Dirección de Estudios Intersectoriales de Políticas Públicas Focalizadas y el Grupo Interno de Trabajo de Vigilancia y Control Fiscal de Regalías, en los años 2021-2022 se asignaron $357.920 millones sin que se ejecutara el dinero. En el bienio siguiente, 2023-2024, se destinaron $1 billón, pero solo se ejecutó el 17%. Para los años 2025-2026, el monto asignado asciende a $1,5 billones, con una ejecución acumulada que, por ahora, alcanza el 10%.También se identificó que, desde 2021, las comunidades NARP no han ejecutado un solo proyecto, mientras que el pueblo Rrom y los pueblos indígenas concentran la mayor parte de la ejecución. “Los pueblos indígenas han ejecutado $239.976 millones en 33 proyectos a lo largo de tres bienios. Por su parte, el pueblo Rrom ha ejecutado $91.812 millones en 20 proyectos, pese a representar solo el 0,006% de la población nacional”.La Contraloría advirtió además sobre concentraciones contractuales y geográficas que podrían estar afectando la equidad del sistema. Algunos proyectos se ubican en territorios con mayores capacidades institucionales, dejando por fuera comunidades con altos niveles de pobreza y necesidades básicas insatisfechas. En el caso del pueblo Rrom, incluso se identificó un proyecto ejecutado en el Chocó, donde no hay presencia de esta comunidad.Aunque para el bienio actual las comunidades NARP muestran un leve avance del 84% en su presupuesto administrativo, aún no han aprobado proyectos de inversión, lo que evidencia debilidades en planeación y gestión.Ante este panorama, la Contraloría recomendó revisar los mecanismos de focalización para asegurar que los recursos lleguen a los territorios más rezagados y fortalecer los procesos de planeación participativa con las comunidades étnicas. El organismo insistió en que los recursos deben ser una herramienta para cerrar brechas históricas, promover la inclusión étnica y garantizar la autonomía de los pueblos, bajo principios de equidad, eficiencia y transparencia.
A pesar de las millonarias inversiones realizadas en distintas regiones del país, una reciente alerta de la Contraloría General de la República reveló que muchas obras públicas siguen inconclusas o no se han iniciado, afectando gravemente el desarrollo regional. El informe evidencia una preocupante ineficiencia en la ejecución de proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR).Según el organismo de control, durante el último periodo se destinaron más de 7 billones de pesos al sector transporte, seguido por sectores clave como salud, educación, ambiente y minas. Sin embargo, el avance físico y funcional de estas obras no guarda proporción con las inversiones realizadas. De hecho, más del 50 % de los departamentos concentran la mayoría de sus recursos en infraestructura vial, sin resultados tangibles en desarrollo económico o social.Además, la Contraloría identificó 125 proyectos que no cumplen con los criterios permitidos por el SGR, entre ellos contratos para alimentación y transporte escolar, servicios considerados recurrentes y, por tanto, prohibidos para ser financiados con regalías. Estas iniciativas representan un uso indebido de recursos por un valor superior a 1,1 billones de pesos.Uno de los problemas más graves señalados en el informe es la débil capacidad institucional de municipios de categorías 5 y 6, que carecen de equipos técnicos capacitados para formular, contratar y ejecutar proyectos de manera adecuada. En muchos casos, no existen estudios previos ni diagnósticos que justifiquen las obras, lo que genera retrasos, sobrecostos y, en algunos casos, paralización indefinida de las iniciativas.También se evidenció una preocupante falta de articulación entre el SGR y el Sistema General de Participaciones (SGP), lo que ha derivado en duplicidades, inversiones mal focalizadas y descoordinación entre entidades territoriales y el Gobierno nacional.“Estos hallazgos reflejan que el país no solo enfrenta un problema de corrupción, sino una profunda debilidad en la planeación y gestión del desarrollo regional. Hay miles de millones comprometidos en obras que no han cumplido su propósito social”, señaló el contralor general, Carlos Mario Zuluaga.La situación ha encendido las alarmas en el Congreso y en el Departamento Nacional de Planeación, donde se analizan medidas para reforzar el control y la asistencia técnica a los municipios, especialmente en las zonas más apartadas.Mientras tanto, las comunidades siguen esperando la terminación de carreteras, hospitales y colegios prometidos, y el país acumula una larga lista de obras inconclusas que comprometen su desarrollo y profundizan la brecha entre regiones.
El decreto 0131 de 2025 que tumbó la Corte Constitucional buscaba agilizar la inversión en la región para responder a la emergencia y mejorar las condiciones sociales y ecológicas en el Catatumbo por medio de la financiación de proyectos con recursos del Sistema General de Regalías, incluyendo la Asignación para la Inversión Regional (40 %).Lo llamativo de la decisión de la Sala Plena de tumbar este decreto es porque no se cumplió la norma que exige la firma del presidente de la República y de todos los ministros del despacho.En este caso, dos de los firmantes no ejercían legalmente el cargo de ministro al momento de la firma como por ejemplo el exministro de Comercio Luis Carlos Reyes, quien firmó el documento mientras se hallaba en permiso remunerado, periodo en el que su cargo era ejercido por una ministra encargada.Además del vicio formal, la Corte concluyó que gran parte del contenido del decreto no estaba respaldado por la Sentencia C-148 de 2025, que revisó la constitucionalidad del decreto que declaró la conmoción interior.“El decreto legislativo no fue firmado por todos los ministros del despacho, en concreto, la Corte encontró que dos de las personas que firmaron el decreto carecían de la competencia constitucional y legal para estos efectos, por cuanto no se encontraban en ejercicio del empleo de ministro del despacho”, señaló la Corte en su decisión.En esa ocasión, el alto tribunal señaló que los problemas estructurales en el Catatumbo —como la pobreza o los daños ambientales del conflicto armado— no justificaban medidas extraordinarias por no evidenciar un agravamiento súbito.La Corte aclaró que los proyectos de inversión relacionados con la implementación del Acuerdo de Paz en municipios PDET sí contaban con respaldo constitucional, por su vínculo con la superación de la crisis humanitaria y el retorno de víctimas.Pese a la declaratoria de inexequibilidad, la Corte estableció que los proyectos de inversión ya seleccionados y en ejecución no se verán afectados. La decisión solo tendrá efectos hacia el futuro.Sin embargo, el vicio formal en la firma del decreto afectó todo su contenido, incluso estas disposiciones.
Luego de que las comisiones conjuntas de Senado y Cámara aprobaran este proyecto, este martes la plenaria de la Cámara de Representantes dio el visto bueno al presupuesto del Sistema General de Regalías (SGR) para el periodo 2025-2026. Sin embargo, presenta una reducción de 4 billones de pesos respecto al presupuesto anterior.El proyecto busca establecer la distribución y gestión de recursos destinados a las regiones y sectores clave del país.Según el Gobierno nacional, este presupuesto contribuirá a la reactivación económica de las regiones al otorgarles a los mandatarios locales herramientas para controlar e invertir sus recursos en proyectos que apoyen a las comunidades. Los recursos aprobados provendrán en un 82,5 % de los ingresos corrientes del SGR, es decir, de la explotación de hidrocarburos y minerales. El porcentaje restante corresponderá a los rendimientos financieros.>>> Lea también: Denuncian incumplimiento en mantenimiento de helicópteros MI-17De acuerdo con el calendario, el Congreso tiene hasta el 5 de diciembre para aprobar esta ley; de lo contrario, se regirá por el proyecto presentado por el Gobierno nacional, incluyendo las modificaciones introducidas durante los debates.La representante María Fernanda Carrascal afirmó que el presupuesto general de regalías contribuirá a la reducción de la desigualdad regional.“Transición energética y sostenibilidad ambiental, dirigiendo recursos a programas ambientales de desarrollo sostenible. Implementación del Acuerdo Final de Paz. Desarrollo de comunidades étnicas, ciencia y tecnología. Generación de empleo y proyectos de emprendimiento”, aseguró.Por otro lado, congresistas del Centro Democrático manifestaron su preocupación tras la aprobación. “Acabamos de aprobar el Presupuesto Bienal de Regalías y quedan preocupaciones por la reducción para las regiones. En el caso de mi departamento, Antioquia, este es el golpe que suma a la reducción del Presupuesto General de la Nación (2,2 billones de pesos)”, dijo el representante Hernán Cadavid.A eso se le suma que, representantes como Alejandro Ocampo mostraron indignación luego de que no se aprobara una propuesta que buscaba otorgar más transparencia y combatir la corrupción.“De no creer: el ministerio de hacienda de nuestro gobierno no avaló mi propuesta de asignarle recursos a la Fiscalía General de la Nación para perseguir los corruptos que se roban la plata de las regalías en Colombia y, obvio, un sector grande de la clase política tampoco; porque nunca van a querer que se acabe la corrupción”, aseguró.Los defensores de esta ley aseguran que, con la implementación de este presupuesto, se espera un fortalecimiento en la autonomía de las entidades departamentales y municipales, así como un gran apoyo a las comunidades étnicas.
Desde el Congreso de la República, gobernadores de distintas regiones del país buscan resolver la ineficiencia en la utilización de los recursos del Sistema General de Regalías. Con esta iniciativa se busca que los departamentos, distritos y municipios, tengan mayor participación en los recursos del Sistema General de Regalías. En pocas palabras, para gestionar sus propios destinos, promoviendo, según ellos, un desarrollo local más equitativo y sostenible."La Asociación Nacional de Departamentos ha impulsado una batería de proyectos de ley y de acto legislativo que pretende descentralizar los recursos, como fue el compromiso de la Constitución Política de Colombia. Lo que ha venido ocurriendo desde 1991 es que cada día tienen más competencia los departamentos y menos recursos, y prueba de ello es el Sistema General de Regalías, que centralizó los recursos”, dijo el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya."Se crean unos fondos nacionales que no se ejecutan, los recursos de medio ambiente, de ciencia y tecnología están ahí congelados, el otro año, solo de recursos de medio ambiente van a tener 5.5 billones de pesos. Ese fondo, que no se ejecuta y las regiones de Colombia necesitando proteger los páramos, los bosques, las selvas, los ecosistemas estratégicos, los humedales, entonces, lo que queremos es que esos recursos se manejen desde las regiones y que puedan ser ejecutados de acuerdo a las necesidades de los territorios de manera más eficiente”, agregó.Con esta iniciativa, las entidades territoriales tendrán más herramientas y recursos para impulsar el desarrollo local, mejorando así la calidad de vida de sus habitantes.El proyecto, puntualmente, quiere modificar los artículos 332, 360 y 361 de la Constitución Política de 1991 para fortalecer constitucionalmente los principios de Descentralización y Autonomía territorial en la gestión y ejecución de los recursos del Sistema General de Regalías, que les permita a las entidades territoriales atender sus propias necesidades sociales, económicas y ambientales, asegurando una distribución más equitativa y eficiente de los recursos públicos.Precisamente, se espera la descentralización de la asignación de paz con manejo autónomo de recursos por las entidades territoriales.Por otro lado, se espera la recuperación de la asignación de Ciencia, Tecnología e Innovación, con Manejo Autónomo y ampliando la destinación y política de inversión, además de la recuperación de los recursos de funcionamiento para las entidades territoriales para aumentar la capacidad instalada en el cumplimiento de las funciones y obligaciones que le impone el SGR.
En medio de la segunda semana de la COP16 que se desarrolla en Cali, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, reconoció en diálogo con Meridiano Blu que el presidente Gustavo Petro "está cumpliendo" con su proyecto de darle más recurso a las regiones y agregó que su expectativa es que, con esta iniciativa, se pueda comenzar a recibir en los departamentos lo que está estipulado en la Constitución."El presidente Petro había dicho en febrero que sí. Y en ese momento él está apoyando el proyecto. Está cumpliendo, esa es la solicitud que le hemos hecho a los congresistas que nos apoyan en eso", explicó la gobernadora del Valle, quien reiteró la necesidad "de un fondo fuerte" de presupuesto para invertir en los departamentos.Esta declaración de la gobernadora del Valle se da el mismo día en el que se definirá el futuro, precisamente, del Sistema General de Participaciones, buscando darle mayor autonomía presupuestal a los departamentos del país como, resaltó la mandataria regional, está establecido en la Constitución."(En la Constitución dice) que se debería dar a las regiones el 47 % del Sistema General de Participaciones. Sin embargo, en este momento, nos dan el 20 %. Entonces nosotros lo que estamos pidiendo es que se llegue hasta la Constitución de una manera, no de una vez, si escalonada, pero que nos vuelvan a reconocer esos recursos", explicó Dilian Francisca Toro, agregando que esto alivianaría las cargas, pues a los departamentos, dice, les "han generado muchísimas competencias, pero sin recursos"."(Actualmente) tenemos que utilizar las regalías para poder darle la alimentación escolar, que es más importante que cualquier cosa, a los niños. Entonces estas son cosas que nosotros, si nos aumentan (los recursos), esas competencias que nos han dado sin recursos van a mejorar", continuó la gobernadora, antes de concluir que es "consciente" de que si ese aumento se materializa, las mismas regiona irán asumiendo las competencias, pues "para eso tenemos descentralización administrativa".
En una operación conjunta adelantada por la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación fue capturada en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, en Rionegro (Antioquia), Ingrid Paola Ávila Hernández, alias 'La Patrona', señalada como una de las principales articuladoras de las finanzas ilegales del Clan del Golfo.La mujer, quien era requerida por los delitos de concierto para delinquir y lavado de activos, sería hermana de alias 'Chiquito Malo', máximo cabecilla de esta organización criminal, y habría cumplido un papel estratégico durante más de diez años dentro de la estructura, administrando recursos obtenidos mediante actividades ilícitas como el narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal.De acuerdo con las investigaciones, alias 'La Patrona' estaría encargada de implementar mecanismos para dar apariencia de legalidad a dineros provenientes de actividades criminales, permitiendo fortalecer la capacidad económica y operativa de esta organización.Su captura representa una afectación directa contra uno de los principales soportes del Clan del Golfo: sus redes financieras y de lavado de activos. Las autoridades destacan que este resultado debilita la administración de recursos ilegales y los mecanismos utilizados para infiltrar economías legales.La operación hace parte de la ofensiva permanente del Gobierno Nacional contra las estructuras criminales, enfocada en afectar sus componentes armados, logísticos, financieros y narcotraficantes.Durante la actual administración, cerca del 50 % de las afectaciones contra grupos armados organizados ilegales han estado dirigidas contra esta estructura, con aproximadamente 8.300 integrantes neutralizados entre capturados, sometidos y abatidos.La fuerza pública continuará desarrollando operaciones de alto impacto contra los principales cabecillas y redes de apoyo de las organizaciones criminales, con el objetivo de proteger la seguridad de los colombianos y desarticular las capacidades que permiten su funcionamiento.La captura de alias 'La Patrona' reafirma el mensaje institucional de que quienes financian, facilitan o fortalecen las economías criminales serán perseguidos por las autoridades y deberán responder ante la justicia.
Cerca de 4.000 millones de pesos costará reparar los daños ocasionados a las cámaras de fotomultas y otros elementos de seguridad vial que fueron vandalizados durante los disturbios registrados la noche del domingo en Cali, tras la segunda vuelta presidencial.La cifra fue entregada por el alcalde Alejandro Eder, quien aseguró que en las próximas horas la Alcaldía divulgará un cartel con los rostros de los presuntos responsables de los ataques contra las cámaras de fotodetección."No vamos a tolerar nada de vandalismo en nuestra ciudad. Todos serán multados, todos van a recibir cargos penales o demandas penales y vamos a dar con los responsables, porque los daños que le costaron a Cali ascienden a 4.000 millones de pesos. Entonces nosotros vamos a trabajar rápidamente para capturarlos. Pero, repito, tenemos una bolsa de recompensas de hasta 200 millones de pesos para dar con los responsables del vandalismo del domingo en la noche", dijo el mandatario.De acuerdo con la gerente de Enruta, Diana Carolina Reina, entidad encargada de la operación y administración del sistema de fotodetección, el balance técnico estableció que fueron vandalizados 17 equipos de seguridad vial y ciudadana. Además de las cámaras, también fueron destruidos y hurtados otros elementos."Muchos de estos puntos fueron hurtados, como por ejemplo los postes, las ménsulas, los cajones, las mismas cámaras y los elementos de señalización vertical, por lo cual estamos terminando de hacer el análisis. Esto tiene un proceso de reclamación ante la aseguradora para poder determinar el plazo en que estos elementos se van a poder volver a instalar", manifestó Reina.La funcionaria explicó que el costo de los daños no solo incluye la reposición de los equipos, sino también su instalación, recalibración y la obtención de nuevos permisos ante la Agencia Nacional de Seguridad Vial para que puedan volver a operar.
El primer partido de los dieciseisavos del Mundial 2026 quedó definido tras el cierre de las jornadas de los Grupos A, B y C. Esta fase de eliminación directa se disputará entre el domingo 28 de junio y el viernes 3 de julio en distintas sedes norteamericanas.¿Cuál es el primer partido confirmado de dieciseisavos?La selección de Sudáfrica se aseguró la segunda plaza del Grupo A tras vencer por 1-0 a Corea del Sur. Con este resultado, el conjunto africano sumó 4 puntos y avanzó de ronda por primera vez en sus cuatro apariciones mundialistas. Su rival en la siguiente fase será Canadá, que clasificó como segunda del Grupo B con 4 unidades, a pesar de caer 2-1 ante Suiza. El compromiso entre sudafricanos y canadienses se disputará el domingo 28 de junio en la sede de Los Ángeles.¿Cuándo juegan México, Brasil y Suiza en el Mundial 2026?México finalizó como líder invicto del Grupo A con 9 puntos al golear 0-3 a la República Checa. El equipo de Javier ‘Vasco’ Aguirre jugará el martes 30 de junio ante uno de los mejores terceros de las zonas C, E, F, H o I.Por su parte, Brasil lideró el Grupo C con 7 unidades tras derrotar 0-3 a Escocia, y jugará el lunes 29 de junio en Houston ante el segundo del Grupo F. En esa misma fecha, Marruecos (segundo del C) se medirá al primero del F en Monterrey. Finalmente, Suiza, que lideró el Grupo B con 7 puntos, se enfrentará el viernes 3 de julio en Vancouver a uno de los mejores terceros de los grupos E, F, G, I o J.¿Qué selecciones quedaron eliminadas o en vilo?Catar, dirigida por Julen Lopetegui, quedó eliminada al perder 3-1 contra Bosnia-Herzegovina y terminar en el fondo del Grupo B de la Copa del Mundo. Igual suerte corrieron Haití y República Checa. En contraste, las selecciones de Corea del Sur (3 puntos, -1 en diferencia de goles), Escocia (3 puntos, -3) y Bosnia (4 puntos, -1) finalizaron terceras en sus respectivos cuartetos y dependen del desarrollo de las demás llaves para definir si acceden a los octavos de final.
El alcalde Carlos Fernando Galán firmó el Decreto 229 de 2026, con el cual se ponen en marcha las denominadas Ondas Metropolitanas, una estrategia de planeación urbana que busca reorganizar el crecimiento de la capital en función del sistema de transporte masivo del metro de Bogotá, que se espera entre en funcionamiento a inicio del 2028.La medida establece la delimitación de 13 Áreas de Integración Multimodal (AIM) y sus respectivos Proyectos de Renovación Urbana para la Movilidad Sostenible (PRUMS), ubicados alrededor de estaciones clave de la Línea 1 del Metro, entre ellas las estaciones 1 a 11, 15 y 16. Se espera que estas zonas sean focos de transformación urbana en un horizonte de 20 años.El decreto, sustentado en el Plan de Ordenamiento Territorial, adopta además 26 planos oficiales que definen los perímetros de intervención. Con ello, se habilita la aplicación de un instrumento de planeación que permitiría intervenir de manera directa el entorno del sistema metroferroviario.En la práctica, el modelo que plantea el decreto contempla la construcción de andenes ampliados y seguros, ciclovías, conexiones con otros sistemas de transporte como TransMilenio, y la promoción de desarrollos inmobiliarios que integren vivienda y actividad económica.El gerente de la Empresa Metro de Bogotá, Leonidas Narváez, explicó que el objetivo es consolidar una ciudad de proximidad, en la que los ciudadanos puedan acceder a servicios básicos y transporte en distancias cortas, bajo el concepto de la “ciudad de 5 minutos”.Incentivos urbanísticos y gestión del sueloEl decreto también introduce cambios en la gestión del suelo urbano. Los proyectos que se desarrollen en estas áreas podrán acceder a incentivos urbanísticos, especialmente aquellos que involucren la totalidad de una manzana, y tendrán la posibilidad de tramitar licencias de construcción directamente ante las curadurías urbanas.A cambio, los desarrolladores deberán realizar aportes asociados a la gestión del operador urbano, en este caso la Empresa Metro de Bogotá, que actuará como entidad encargada de la coordinación de estos procesos.Además, se establecen obligaciones urbanísticas relacionadas con la cesión de espacio público, el mejoramiento de la infraestructura de transporte y mecanismos de compensación económica que serán reinvertidos en el entorno del sistema metro.El decreto tiene una vigencia de 20 años y se articula con el modelo de ordenamiento territorial vigente. En palabras del alcalde Carlos Fernando Galán, la estrategia representa la construcción de una nueva Bogotá alrededor del metro, donde el sistema no solo será un medio de transporte, sino el eje estructurante del desarrollo urbano de la ciudad.
Tras el fuerte movimiento telúrico registrado en la tarde de hoy en Venezuela, el sector aeronáutico colombiano reaccionó de manera inmediata para salvaguardar la seguridad del espacio aéreo y mitigar el impacto en los planes de viaje de miles de usuarios. La emergencia provocó interrupciones severas en los sistemas de control y las comunicaciones de la Región de Información de Vuelo (FIR) de Maiquetía, forzando una intervención conjunta de los dos países.Por una parte, la Aeronáutica Civil de Colombia desplegó un plan de apoyo técnico prioritario que incluye la coordinación de operaciones de tránsito aéreo y desvíos seguros a través de las FIR de Bogotá y Barranquilla. Además, para mantener la fluidez de la información crítica internacional, la Aerocivil asumió temporalmente desde Colombia la emisión y difusión de los Avisos a los Aviadores (NOTAM) correspondientes a la zona afectada en el vecino país. La entidad mantendrá un monitoreo constante y comunicación directa con las autoridades venezolanas hasta normalizar las operaciones.En la misma línea, LATAM Airlines Colombia anunció un paquete de flexibilidades comerciales en solidaridad con las comunidades afectadas. Los pasajeros que tengan tiquetes programados para viajar entre el 25 de junio y el 1 de julio de 2026 podrán optar por tres alternativas sin cobros adicionales: el cambio de fecha de viaje (hasta siete días después del itinerario original), la devolución total del dinero del boleto sin penalidades o el cambio de ruta con destino final hacia la ciudad de Cúcuta.Ambas entidades recomendaron a los viajeros mantenerse informados a través de los canales oficiales, verificar el estado de sus vuelos antes de salir de casa y priorizar el uso de la web oficial de la aerolínea o su aplicación móvil para autogestionar de forma ágil sus cambios.
