¿Qué implica la decisión del Gobierno de frenar sus propios gastos?

El Gobierno le puso el freno de mano al gasto en medio del desplome del recaudo de impuestos y la decisión de la Corte Constitucional de no darle más plazo para cumplir con la sentencia sobre regalías.La decisión afecta unos 296.7 billones en gasto total, de los cuales 50.1 billones son inversiones. Los sectores más afectados son inclusión social y transporte.Desde la tarde del 5 de junio, todas las entidades se encontraron con las cuentas bloqueadas y sin poder acceder a nuevos certificados de disponibilidad presupuestal. Es decir, no pudieron iniciar nuevos procesos de contratación ni proyectos que no estuvieran ya andando previamente.En la práctica, las entidades que no madrugaron a ejecutar su presupuesto hoy están en riesgo de perder la porción que no se han gastado y tendrán que esperar la decisión definitiva del Gobierno sobre qué se congela y qué no.El Ministerio de Hacienda anunció un bloqueo temporal y parcial de todas las apropiaciones sin comprometer. Estamos hablando de 296.7 billones, de los cuales 50.1 billones corresponden al presupuesto de inversión. Inclusión social y transporte son los más afectados.¿El Gobierno está paralizado con el freno de gasto?El bloqueo está frenando el gasto de las entidades hacia adelante para darle al Gobierno la posibilidad de hacer un recorte 'ordenado' en lugar de que se dé una carrera entre entidades por ver quién gasta antes.Por ejemplo, para el caso del Ministerio de las TIC, la entidad tenía 400.000 millones de pesos sin comprometer y hoy no puede acceder a ellos.Lo esperable es que el Gobierno reactive el pago de deudas y los gastos de funcionamiento porque son gastos generalmente inflexibles y atados a compromisos legales. Usualmente, la damnificada en todos los recortes al presupuesto es la inversión y, en este caso, las partidas en riesgo suman unos 50 billones de pesos.Hay varios sectores con enormes porciones del presupuesto de inversión sin comprometer. La columna de la derecha en la imagen muestra entonces la plata que está bloqueada y en riesgo.La peor parte del bloqueo se la lleva el sector de inclusión social con 10.6 billones y el de transporte con 4.5 billones.¿Qué viene tras el anuncio de bloqueo al presupuesto del Gobierno?El Ministerio de Hacienda asegura que está preparando un decreto de aplazamiento del presupuesto.Es decir, que no está planteando un recorte, sino una congelación de gastos que podrían reactivarse si el panorama mejora.El decreto además le permitirá que sea el Gobierno central el que decida dónde se recorta y no que se desate una carrera entre entidades para ver cuál de todas gasta más rápido y se queda con el botín."Protocolización de la medida de congelamiento de apropiaciones ante el Confis y el Consejo de Ministros (paso que avanza a buen ritmo y del cual el presidente de la República y el Consejo de Ministros están enterados) y el congelamiento de las partidas que sean incorporadas en el decreto de aplazamiento", expresó el Ministerio de Hacienda en su comunicado."La decisión del Ministerio de Hacienda y Crédito Público no afecta el normal funcionamiento del Estado ni compromete el cumplimiento de sus obligaciones presupuestales ni contractuales", agregó la entidad.¿Cómo terminamos en esto?El recorte al presupuesto era un anuncio esperado por todos los analistas debido a la muy difícil situación fiscal del Gobierno.En febrero, el Gobierno había hablado de recortes a los gastos por 16.7 billones en octubre, pero en abril se desplomó el recaudo de impuestos en más de un 40 % y los depósitos del Gobierno en su cuenta del Banco de la República se desplomaron. La Corte Constitucional negó la petición del gobierno para darle un plazo a su sentencia sobre regalías y eso cuesta unos 6.7 billones más.El Gobierno espera que el recaudo de impuestos mejore y se puedan ir liberando recursos otra vez. Sin embargo, es poco probable que se logre una recuperación completa, ya que el recaudo está afectado por el bajo crecimiento de la economía.Además, las cuentas actualmente incluyen 10 billones de pesos por arbitramento de litigios y es claro que esos recursos no se van a recaudar, pues nunca se aprobó la ley que buscaba crear el proceso de arbitraje.