Eduardo Noriega, delegado de la Colombia Humana ante el Pacto Histórico, insistió en que se tomaron “todas las previsiones para evitar” infiltración de dineros ilegales a la campaña del presidente Gustavo Petro del 2022. Sus declaraciones se dan luego del informe de Noticias Caracol que reveló el nombre de algunas personas, incluyendo el del narcotraficante alias ‘Sobrino’, que habrían apoyado la campaña en Casanare.Según dijo en diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, había información antes de la primera vuelta de un supuesto plan de narcos para infiltrar la campaña, lo cual se evitó “a tiempo”. Noriega aseguró que, para ese momento, los directivos de Colombia Humana “conocieron de la intención” de dichas personas en Casanare de “permear” la campaña y se generaron las alarmas.“Desde el comienzo que fuimos advertidos se trató de evitar y se evitó, en efecto, que estas personas ingresaran a la campaña o que tuvieran cargos directivos o de responsabilidad al interior de ella, hasta el punto de que se expidió una resolución suspendiendo una asamblea municipal que se debía realizar para integrar el cuerpo directivo de la Colombia Humana en Casanare”, explicó.Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp aquí:👉🏻 bit.ly/42ZQznFDicha asamblea se canceló, según dijo, porque sabían que esas personas “se iban a postular e iban a tratar de tomarse las directivas del partido”. Cabe recordar que, según el informe de Noticias Caracol, el condenado narcotraficante Juan Carlos López, alias 'Sobrino', y su esposa Sandra Navarro habrían intentado aportar dinero; Navarro contestó que no dieron “un peso” para la campaña de Petro.“Desde el comienzo de la campaña de Gustavo Petro, antes de primera vuelta, teníamos noticias del interés de estas personas de infiltrar la campaña y eso se evitó, justamente, nombrando un enlace desde la ciudad de Bogotá, que era la doctora Sonia Bernal, persona muy reconocida en el Casanare; fue tres veces diputada, una persona conocida por su conducta intachable”, recalcó Noriega.Sonia Bernal fue la coordinadora de la campaña del presidente Petro en Casanare en 2022 y hoy su nombre está en medio de la polémica por la financiación en esa región. A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, Bernal aclaró que la “dirección política y electoral” de dicho proceso estuvo “exclusivamente” bajo su responsabilidad.Vea la entrevista completa en Mañanas Blu, con Néstor Morales:Le puede interesar:
“Esas personas jamás formaron parte de las directivas” de la Colombia Humana y se evitó financiación ilegal, así respondió Eduardo Noriega de la Hoz, delegado de la Colombia Humana ante el Pacto Histórico, a la investigación de Noticias Caracol sobre alias el ‘Sobrino’ y su esposa, Sandra Navarro, quienes, presuntamente, habrían aportado dinero a la campaña presidencial del 2022 en el Casanare.En entrevista con Noticias Caracol, Noriega aseguró que “se evitó de manera contundente” ese “daño a la campaña”, es decir, que dineros ilegales entraran. Según dijo, hubo unas alertas y los directivos asignados en los departamentos, en este caso Sonia Bernal, intervinieron para que dichos recursos de narcotraficantes no se infiltraran.“Fue una alerta temprana oportuna sobre la intención de algunas personas de permear, de intervenir la campaña de Colombia Humana y los directivos a nivel nacional y, también local, en el Casanare y Yopal intervinieron para evitar que esto ocurriera”, señaló.Sobre los varios nombres que se mencionan en el informe y que, incluso, aparecen en documentos de la Colombia Humana, Noriega aseguró que se trató solo de un acta de suspensión de una asamblea, pero que no fueron directivos de campaña. Asimismo, aseguró que no era un documento oficial.“Esas personas jamás formaron parte de las directivas o de la combinación de Colombia Humana a nivel regional, la responsable era la doctora Sonia Bernal, como ella misma lo ha expresado en un comunicado público”, insistió.Cabe recordar que en las últimas horas Bernal emitió un comunicado a través de sus redes sociales en el que aclaró que la “dirección política y electoral” de dicho proceso en Casanare estuvo “exclusivamente” bajo su responsabilidad.La investigación reveló también que hubo un evento de campaña de Petro que se llevó a cabo en la casa de Juan Carlos López, alias 'Sobrino'. Ante esto, Eduardo Noriega contestó que “eso corresponde a un evento en una zona marginal de Casanare” y que “no hay evidencia” de que asistieran personas de la Colombia Humana que ejerciera algún tipo de coordinación o autoridad” en el movimiento.“Se quiere hacer ver que se violaron los topes o ingresaron dineros del narcotráfico a la campaña y eso no ocurrió y, si los señores hicieron aportes, tendrán que explicar a quién le entregaron esos aportes y en qué se usaron”, aseveró.Según añadió, existe un documento oficial de la Colombia Humana en el que sí están los nombres de aquellas personas asignadas para representar el movimiento en las regiones y que, recalcó, en este no están las personas señaladas, como la esposa del ‘Sobrino’.
La Fiscalía llamó a juicio a cinco personas investigadas por su presunta participación en los hechos de tortura ocurridos antes de la muerte de Juan Felipe Rincón, hijo del exdirector de la Policía Nacional, general William Rincón.Los procesados son Andrés Camilo Sotelo Torres, Katherine Sotelo Torres, Yeimy Tatiana Vega, Juan Sebastián Ávila y Solangie Trujillo.Los delitos atribuidos, de acuerdo con la participación señalada por la Fiscalía, incluyen tortura, soborno en actuación penal, uso de menores en la comisión de delitos y ocultamiento de material probatorio. De manera paralela, se avanza en una posible negociación judicial por parte de uno de los procesados.La investigación de la Fiscalía establece que los hechos se habrían iniciado a través de un engaño digital que comenzó en TikTok y continuó en Instagram mediante perfiles falsos. Bajo esta hipótesis, Juan Felipe Rincón fue llevado el 24 de noviembre de 2024 hasta un inmueble ubicado en el barrio Quiroga, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, en Bogotá.Para llegar hasta el lugar habría sido utilizada una menor identificada como S.V.B.R., quien, según el ente investigador, fue inducida al consumo de estupefacientes e instrumentalizada para el desarrollo del plan.La Fiscalía sostiene que la agresión habría sido planeada a partir de señalamientos realizados por Katherine Andrea Sotelo Torres, quien acusó al joven de haber sostenido conversaciones con su hija de 10 años. De acuerdo con la investigación, estos señalamientos no habían sido verificados.Una vez Rincón llegó al inmueble, habría sido atacado físicamente. La Fiscalía señala que la agresión comenzó con Sotelo Torres y posteriormente fue continuada por otros participantes. El joven sufrió lesiones en diferentes partes del cuerpo, entre ellas la cabeza, la espalda y las extremidades.Durante los hechos también intervino el escolta de Rincón. En medio de la situación se produjo un disparo que impactó al joven en el tórax y le causó la muerte en el lugar.Después de estos hechos, la investigación estableció que el teléfono celular de la víctima habría sido ocultado en Ciudad Bolívar. Según la hipótesis de la Fiscalía, el dispositivo fue envuelto en papel aluminio con el propósito de bloquear su señal de rastreo.La responsabilidad relacionada con el disparo que produjo la muerte de Juan Felipe Rincón continúa siendo objeto de investigación. La Fiscalía busca establecer las circunstancias en las que se produjo el impacto y determinar quién accionó el arma.
Blu Radio conoció que el Ministerio de Ambiente considera inconveniente la aprobación del proyecto de ley que busca regular la hidrólisis alcalina como un servicio funerario para la disposición final de cadáveres.En un concepto enviado al Congreso, la cartera advierte que la iniciativa presenta deficiencias jurídicas, técnicas e institucionales, pues plantea obligaciones que ya están contempladas en las normas ambientales vigentes y no establece con claridad las responsabilidades de las autoridades nacionales, territoriales, sanitarias y ambientales.Uno de los principales cuestionamientos tiene que ver con los controles sobre el uso del agua, los vertimientos y el manejo de sustancias químicas, aspectos que, según el Ministerio, ya cuentan con regulación. Por eso, considera que el proyecto podría generar duplicidad de funciones y dificultades para determinar qué entidades deben ejercer la vigilancia y el seguimiento de esta actividad.También advierte que la iniciativa asigna nuevas responsabilidades a las autoridades ambientales regionales sin establecer si cuentan con los recursos técnicos, administrativos y financieros necesarios para asumirlas.Otro de los reparos está relacionado con la creación de una denominada licencia individual para cada cadáver, una figura que, según el Ministerio, no corresponde a una licencia ambiental y cuyo alcance no está suficientemente definido.Este pronunciamiento representa un cambio frente a la postura que había tenido la cartera durante el Gobierno anterior. En ese momento, el Ministerio de Ambiente se declaró no competente para emitir un concepto de conveniencia sobre una iniciativa similar y se limitó a formular recomendaciones relacionadas con el cumplimiento de las normas ambientales.Ahora, bajo la administración de Abelardo de la Espriella, la cartera solicita al Congreso no aprobar el proyecto en su redacción actual.La iniciativa, conocida como Ley Despedida Ecológica, busca incorporar la hidrólisis alcalina, un procedimiento que utiliza agua, sustancias alcalinas, altas temperaturas y presión para acelerar la descomposición de los cuerpos, como una alternativa a la cremación y la inhumación.El proyecto está pendiente de segundo debate en la plenaria del Senado.
La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, se pronunció tras la publicación del informe periodístico de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol relacionado con presuntas irregularidades en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). En comunicación con el medio televisivo, la titular del ente acusador desmintió categóricamente haber sostenido reuniones con Carlos Andrés Oyola Tovar y entregó detalles de las verificaciones realizadas en las bitácoras oficiales de la entidad.¿Qué dijo la fiscal Luz Adriana Camargo sobre las supuestas reuniones con Carlos Oyola?De acuerdo con las precisiones entregadas por Camargo, en los libros de control y registros de ingresos al despacho de la Fiscalía General no figura ningún encuentro presencial o virtual con Carlos Oyola. La funcionaria enfatizó que la ausencia de contactos se encuentra plenamente respaldada por la trazabilidad institucional de las visitas de su despacho.Asimismo, la titular de la Fiscalía confirmó que las revisiones de seguridad se extendieron a las dependencias de la segunda línea de mando de la entidad. Según explicó la fiscal general, en las planillas del vicefiscal general de la Nación, Gilberto Guerrero, también se constató que no ha existido reunión o atención alguna a Oyola Tovar.La aclaración de la jefa del organismo acusador se da en el marco de la revelación de un documento de empalme de 26 páginas elaborado en julio de 2026 sobre la DNI. En dicho informe se exponen presuntas irregularidades vinculadas a la gestión del organismo de inteligencia, incluyendo señalamientos sobre seguimientos a esquemas de protección y compras tecnológicas.¿Qué hallaron en los registros de visitas del Búnker de la Fiscalía en Bogotá?A pesar de descartar los despachos de la alta dirección, la fiscal Camargo confirmó que la revisión a las bases de datos de la sede central de la entidad en la capital arrojó el ingreso del ciudadano al inmueble institucional. De acuerdo con la información oficial, Carlos Andrés Oyola Tovar estuvo en las instalaciones del Búnker de la Fiscalía en Bogotá el 22 de agosto de 2023.La funcionaria aclaró que la fecha del registro corresponde a siete meses antes de que ella asumiera formalmente el cargo como fiscal general de la Nación. Adicionalmente, Camargo señaló que en las comprobaciones preliminares no se ha podido determinar a qué dependencia o funcionario específico estuvo dirigida dicha visita, ni cuál fue el motivo de su presencia en la sede judicial en 2023.
Las personas con diabetes tipo 2 podrían reducir hasta en un 53 % el riesgo de sufrir eventos cardiovasculares graves si reciben un tratamiento que controle varios factores de riesgo y no solamente los niveles de azúcar en la sangre.Así lo evidencian los resultados de estudios sobre el abordaje integral de esta enfermedad, que también han identificado una reducción cercana al 65 % en la progresión del daño renal cuando se interviene de manera simultánea sobre diferentes condiciones de salud.La recomendación cobra relevancia si se tiene en cuenta que, según la Federación Internacional de Diabetes, cerca del 90 % de las personas diagnosticadas con diabetes tienen el tipo 2, una enfermedad que aumenta el riesgo de sufrir infartos, accidentes cerebrovasculares y complicaciones en los riñones.Uno de los principales problemas es que estas afectaciones pueden avanzar durante años sin presentar síntomas evidentes. Por eso, una persona puede sentirse bien y, al mismo tiempo, tener alteraciones en su presión arterial, colesterol o función renal que todavía no han sido identificadas.El estudio Steno-2 también encontró beneficios de este enfoque. En su seguimiento a largo plazo, los pacientes que recibieron una intervención intensiva sobre varios factores de riesgo tuvieron una supervivencia mediana cercana a ocho años mayor frente a quienes recibieron un tratamiento convencional.Esto significa que el manejo de la diabetes no debería limitarse a medir la glucosa. También requiere revisar periódicamente la presión arterial, el colesterol, los triglicéridos, el peso corporal y el funcionamiento de los riñones.En el marco del Mes de la Diabetes, Giovanni Colucci, líder de Asuntos Médicos en Servier, planteó cinco preguntas que los pacientes pueden llevar a sus consultas médicas para ampliar el seguimiento de la enfermedad: cómo está su riesgo cardiovascular, cómo están funcionando sus riñones, qué indicadores deben vigilar además de la glucosa, si están identificando a tiempo posibles complicaciones y qué cambios en sus hábitos pueden ayudar a proteger su salud a futuro.Dentro de estas revisiones también se encuentran los controles de la visión, la sensibilidad en los pies y el funcionamiento de los nervios, debido a que la diabetes puede afectar diferentes partes del organismo.La recomendación es que los pacientes mantengan controles periódicos y conversen con sus médicos sobre la alimentación, la actividad física y el cumplimiento de los tratamientos, con el propósito de identificar riesgos antes de que se conviertan en complicaciones.
La emergencia por las fuertes lluvias mantiene en dificultades a las comunidades rurales de Simacota, Santander. El colapso total de la banca en una vía de la vereda San Pascual dejó sin vía terciaria este sector del municipio.La situación no es aislada. De acuerdo con Diana Jiménez Gutiérrez, secretaria de Gobierno de Simacota, las afectaciones en la movilidad se extienden a siete veredas de la región, lo que tiene en declibe la economía de diferentes campesinos que vienen sorteando trayectos en pésimas condiciones.Considerando que el municipio es el tercero más grande de Santander, la situación es lamentable y se busca el apoyo del Gobierno Departamental para revisar y actuar de manera oportuna en los puntos donde se registran fallas geológicas.Uno de los puntos más afectados es la vereda El Guamo, donde cerca de 200 familias tienen dificultades para transportar y comercializar sus productos, por lo que varios agricultores ya adviertes de pérdidas económicas a falta de vías.En San Pascual, el desplome de la banca dejó interrumpido el tránsito y complicó las actividades cotidianas de los habitantes, especialmente el transporte de la producción agrícola y el desplazamiento de los estudiantes.La secretaria de Gobierno explicó que la Administración Municipal ha intentado atender las emergencias con recursos propios y maquinaria; sin embargo, la intensidad y continuidad de las precipitaciones superaron la capacidad de respuesta del municipio.Ante la magnitud de los daños, durante un comité extraordinario de gestión del riesgo fue declarada la calamidad pública, con el propósito de fortalecer la atención de las emergencias y avanzar en las acciones necesarias para recuperar la movilidad en las zonas rurales.Mientras tanto, las comunidades esperan una intervención urgente de las autoridades departamentales y los organismos competentes para recuperar el paso y evitar que las afectaciones a las vías sigan golpeando la economía y las condiciones de vida de las familias campesinas.Las lluvias también han provocado emergencias en otros municipios de Santander, donde las autoridades mantienen el seguimiento a las afectaciones ocasionadas por la temporada invernal.
