El secretario de Salud de La Guajira, Stevenson Marulanda, indicó que esto solo hace referencia a una muestra pequeña del drama que se vive en todo el departamento. “Nuestra gobernadora rescató 16 niños, que son de una misma familia, los hospitalizamos anoche, esto es una muestra piloto, pero si usted interviene toda La Guajira no sé cuántos tendremos que hospitalizar”, dijo Marulanda. El funcionario señaló que son cerca de 500 mil indígenas wayúu los que padecen de esta condición en el departamento y agregó que autoridades de La Guajira viajarán a reunirse con el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, para solicitar ayuda urgente que permita mitigar los efectos de la sequía.
Un nuevo giro judicial se registró en la investigación por los casos de envenenamiento con talio en Bogotá. De acuerdo con información conocida por Blu Radio, y revelada en primicia por la directora de Los Informantes, María Elvira Arango, la familia de Alicia Graham radicó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra Juan de Bedout Vargas por su presunta responsabilidad en el homicidio de quien fuera su esposa, ocurrido el 17 de agosto de 2021.¿Por qué denunciaron a Juan de Bedout por la muerte de Alicia Graham?La acción judicial fue presentada a través del abogado penalista David Espinosa Acuña y vincula a De Bedout Vargas —padre de una de las menores que falleció posteriormente tras ingerir frambuesas contaminadas con talio en su residencia— con una presunta intoxicación progresiva y sistemática contra su entonces cónyuge.Según se lee en el texto de la denuncia conocido por los medios, el trabajo investigativo de los denunciantes permitió inferir que De Bedout estaría relacionado tanto con el presunto envenenamiento como con la manipulación para encubrir las verdaderas causas del deceso. Durante años, el fallecimiento en la Fundación Santa Fe de Bogotá fue presentado como una muerte natural derivada de un cáncer terminal, lo que llevó a que el cuerpo fuera cremado sin que las autoridades adelantaran necropsia o pesquisas judiciales.Un fiscal de la Unidad de Vida asumió el expediente para determinar si el ciudadano tuvo participación en estos hechos, que anteceden a la investigación contra Zulma Guzmán Castro, mujer que sostuvo una relación extramatrimonial con De Bedout y permanece detenida en Londres a la espera de extradición por el envío de las frutas envenenadas.¿Cuáles son las pruebas de la familia de Alicia Graham contra Juan de Bedout?El acervo probatorio entregado a la Fiscalía incluye documentos médicos, entrevistas, chats y audios que cuestionan el manejo clínico del caso previo al deceso de Graham.De acuerdo con el documento radicado por la defensa de las víctimas, los elementos recolectados se centran en los siguientes hallazgos técnicos: el resultado de laboratorio oculto y cambio de especialista.Y es que una muestra de orina analizada por el laboratorio Labintox el 3 de agosto de 2021 arrojó una concentración de 672,9 microgramos por litro de talio, nivel considerado por expertos como de alta toxicidad. Aunque el reporte fue enviado a la clínica el 14 de agosto, tres días antes del fallecimiento, no figura en la historia clínica entregada a los familiares.Además, registros de conversaciones por chat entre Juan de Bedout y personal médico muestran que el hombre solicitó relevar a la doctora internista que había ordenado las pruebas toxicológicas el 1 de agosto, argumentando que la profesional insistía en "seguir con la teoría del talio". Tras el cambio de médico tratante, la paciente falleció días después.Con la radicación formal de esta denuncia, Juan de Bedout pasa de figurar exclusivamente en calidad de víctima en el expediente de las menores a ser sujeto de investigación penal por parte de la Fiscalía. Entre tanto, el proceso de imputación de cargos en el caso de Zulma Guzmán en Colombia fue aplazado hasta 2027.
En el barrio Villa Cecilia, del municipio de Soledad, justo en el tradicional sector conocido como la ‘Torre del Pescado’, sicarios acabaron con la vida de una mujer de 34 años identificada como Estefany Paola Barraza.La mujer fue atacada a tiros cuando salía de una tienda del sector con su hija de 3 años agarrada de la mano.Testigos aseguran que dos criminales en una motocicleta se le acercaron a Estefany y, sin decir una sola palabra, le dispararon en la cabeza. La mujer cayó en plena vía y su hijo de 11 años, quien estaba a unos cuántos metros, corrió a auxiliarla. Estefany Paola fue llevada a la Clínica de la Policía, donde médicos confirmaron que ingresó sin signos vitales.Van nueve asesinatos de mujeres en lo que va de noviembre Con este caso, ya son nueve las mujeres asesinadas durante los primeros 11 días de noviembre en Barranquilla y los municipios del área metropolitana.El asesinato de Estefany ocurrió poco después de que autoridades culminaran un consejo de seguridad con enfoque de género en donde la secretaria de la mujer del Atlántico, María Lourdes Dávila, indicó con preocupación que los asesinatos de mujeres han sobrepasado las cifras del año anterior."Vemos que los homicidios han subido en un 86%. Son 66 los homicidios de las mujeres en el departamento del Atlántico. 33% tiene que ver con mujeres que están desempeñando un rol activo dentro de actividades al margen de la ley. Asimismo, también hay un porcentaje de mujeres que han sido instrumentalizadas por ser pareja o por ser las madres de miembros de dichos grupos delincuenciales", expresó Dávila.En el consejo de seguridad se tomaron algunas medidas, como la creación de un observatorio de violencia contra la mujer, el cual estará a cargo de Medicina Legal, detalló la lideresa social Alejandra Moreno."Se establecieron unos compromisos. El primero es establecer y darle cumplimiento al sexto punto de la ordenanza que dice que se debe conformar un observatorio de seguimiento a violencia contra la mujer, teniendo en cuenta que cada institución está manejando una estadística distinta. Allí se definió establecer ese observatorio y como responsable que de Doma Medicina Legal para articular con las otras instituciones". dijo Moreno. La lideresa expresó que también fue acogida su propuesta de capacitar a los funcionarios de la ruta de atención, teniendo en cuenta que recientemente llegaron nuevos funcionarios a instituciones como la Fiscalía y Medicina Legal.
Entre 12.000 y 18.000 habitantes de la parte alta de la comuna 3, Manrique Oriental, en Medellín, quedaron incomunicados tras una socavación que provocó la pérdida de la banca en la carrera 24 con calle 72, destruyendo el corredor vial que conecta a los barrios La Honda y La Cruz. La emergencia obligó al cierre total de la carretera y las labores para recuperar la movilidad tardarían al menos tres semanas, sujetas a las condiciones climáticas de la ciudad.De acuerdo con los reportes técnicos de la Secretaría de Infraestructura Física y los testimonios de la comunidad, el problema se originó en un lote privado contiguo a la vía, cercano al parqueadero de la empresa de transporte Cootracovi, donde se adelantaban obras para construir un muro de contención. Desde finales de octubre ya se había advertido el desprendimiento del material de soporte por estas intervenciones; sin embargo, las lluvias aceleraron la erosión del terreno hasta provocar el colapso de la calzada en los últimos días.Ante el agravamiento del daño, la Secretaría de Infraestructura Física remitió una comunicación oficial a la Secretaría de Gestión y Control Territorial solicitando inspección, vigilancia y la evaluación de responsabilidades por las obras ejecutadas en el predio privado. El caso también fue puesto en conocimiento del Dagrd y de la Inspección de Policía de Manrique para adelantar las medidas de mitigación de riesgos y exigir la reposición de la malla vial afectada.Mientras se ejecutan los trabajos técnicos durante las próximas tres semanas para estabilizar el terreno y reconstruir la banca, en el sector se contempla la implementación de transbordos en el transporte público para garantizar el desplazamiento de los residentes de ambos barrios.
Desde hace varias semanas, la comunidad del sur de Cali ha denunciado fallas en los semáforos de este sector de la ciudad, los cuales están generando dificultades en la movilidad principalmente en horas pico.Ante las constantes quejas de los conductores, Blu Radio consultó a Diana reina, gerente de ENRUTA, para conocer cuál es el causante de estas dificultades. La funcionaria explicó que en el sur de Cali se están presentando hay dos situaciones que impiden el buen funcionamiento de los semáforos:En primer lugar están los reiterados hechos de vandalismo, que dejan fuera de servicio intersecciones completas. Y en segundo, el fallido proyecto de semaforización inteligente. Varios dispositivos están aún cubiertos con este contrato que está en proceso de liquidación, por lo cual no pueden ser intervenidos fácilmente."Son en este momento 24 intersecciones, la mayoría están entre la comuna 22, comuna 17. Por ejemplo este fin de semana que hubo tantas lluvias en la ciudad, son intersecciones que salen de operación y que lamentablemente se hace muy difícil que la Secretaría de Movilidad las pueda intervenir. Estos son los semáforos como los ubicados en la calle 16 con carrera 85, mejor dicho todos los de la calle 16 desde la carrera 98", señaló la gerente.En cuanto al vandalismo, en las últimas dos semanas se han reportado cerca de 20 casos de la ciudad, donde varias intersecciones semafóricas quedan completamente averiadas, por lo que ya está dispuesto un equipo en terreno que busca restablecer el funcionamiento de los mismos"Tenemos un equipo dedicado al mantenimiento de los semáforos de la ciudad, son alrededor de 60 funcionarios que de manera permanente están atendiendo los llamados. También hemos encontrado que el vandalismo a los semáforos de Cali es sistemático y constante, para eso estamos desarrollando unas cajas con los controladores antivandalismo, que ya estamos en proceso de ir instalándolos", señaló el alcalde Alejandro Eder.Actualmente de las más de 490 intersecciones semafóricas de Cali, hay 14 que reportan daños mayores y están fuera de servicio. Son 24 las intersecciones que estaban incluidas en el fallido proyecto de semaforización inteligente de la ciudad, las cuales no pueden ser intervenidas con facilidad.
Inmigrantes de México, Colombia y Ecuador figuran entre la víctimas del edificio derrumbado en Nueva York, que se ha cobrado la vida de al menos ocho personas y ha dejado al menos 18 heridos, según explicó este jueves el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani."Quiero tomarme un momento para recordar a aquellos que hemos perdido de manera tan insensata. Estos eran nuestros amigos y nuestros vecinos, padres e hijos, familias jóvenes que construían sus vidas en nuestra ciudad, e inmigrantes de México, Colombia, Ecuador, Trinidad y más allá", declaró Mamdani en una rueda de prensa a un bloque del suceso, en el distrito de Brooklyn.El inmueble, ubicado en el barrio de Flatbush, conocido como el 'pequeño Caribe', se vino abajo alrededor de las 16:00 hora local (21:00 GMT) del pasado domingo 8 de noviembre con varios residentes en su interior y colapsó en un edificio en construcción adyacente, atrapando a varias personas que se encontraban en él.Entre las víctimas mortales figura José Luis Caguana, un ecuatoriano de 26 años que trabajaba en la obra y cuya muerte fue confirmada por su hermano, Carlos Caguana, a medios locales. El joven llevaba unos seis años en Estados Unidos, tenía una esposa embarazada y un hijo pequeño.Según explicó, seis de los fallecidos murieron en el lugar de los hechos y dos de ellos en el hospital. La gran mayoría de los heridos siguen hospitalizados aunque permanecen estables. Cuatro de ellos eran bomberos. Uno de los ingresados se encuentra en estado crítico.Mamdani aseguró que los equipos de bomberos llegaron en menos de un minuto desde la llamada al número de emergencias. Se han trasladado 250 bomberos y efectivos de emergencias médicas.La jefa del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY), Lillian Bonsignore, sostuvo que el operativo sigue en fase de búsqueda y rescate, aunque avanzó que las lluvias están complicando las labores.Mamdani insistió en que una tragedia como esta exige "una investigación exhaustiva y minuciosa que abarque tanto la obra como el edificio que se derrumbó"."Si hay alguien o alguna entidad que opere en esta ciudad y que sea responsable de lo que sucedió, los haremos plenamente responsables", aseveró. El Departamento de Edificios de la ciudad ya se ha puesto a recabar información.Por su parte, el comisario del Departamento, Ahmed Tigani, explicó que la obra del edificio contiguo al que se derrumbó contaba con "licencia vigente hasta 2029".
