La familia dueña de los Supermercados Supercundi y Merkandrea, investigados por supuestamente lavar millonarios activos de la extinta guerrilla de las Farc, entró a la justicia transicional como víctima de secuestro en medio del conflicto armado.El pasado 24 de mayo, la Sala de Reconocimiento y Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz aceptó a Luis Alirio Mora Urrea como víctima directa de la extinta guerrilla de las Farc por su secuestro en 1999.Así mismo, aceptó a sus hermanos Norberto, Uriel y Edna Yaneth Mora Urrea porque fueron víctimas de extorsión cuando Luis Alirio estaba en cautiverio.La JEP tuvo en cuenta versiones de exfarc que rinden cuenta sobre el secuestro de Luis Alirio, así como las pruebas que existen en la Fiscalía sobre su secuestro (una de ellas, un reporte médico de una herida de bala que tenía Luis Alirio antes de ser liberado) y la certificación de la Cruz Roja Internacional cuando le brindó la asistencia al momento de su liberación.Lea también: Hermanos Mora Urrea, presuntos testaferros de Farc, quedan de nuevo en libertadEn diálogo con BLU Radio, Alejandro Carranza, abogado de Luis Alirio Mora Urrea, confirmó que ya fueron notificados por la JEP y agregó que ahora solicitarán la verdad del secuestro ante el sistema de justicia transicional.“Queremos saber por qué lo torturaron, establecer quién fue el que le disparó en el intento de fuga, por qué no lo auxiliaron con el disparo que le metieron, por qué tuvieron que amarrarlo al árbol y dejarlo al lado de una cascada con la que tuvo un desgaste mental y emocional tremendo que hoy en día ha ocasionado crisis emocionales en Alirio”, precisó Carranza.Así mismo, confirmó que están a la espera de una fecha para que Alirio se presente ante la Sala de Reconocimiento y cuente toda la verdad dentro del caso.Frente a la investigación que hay contra los hermanos por lavado de activos, Carranza explicó que la Fiscalía tendrá que evaluar si el proceso de lavado de activos sí tiene una fuente legal.Agrega que “va a haber una discusión procesal en búsqueda de la verdad porque la Fiscalía General de la Nación montó ese caso en contra de la familia. Hay una cosa muy particular y es que el supuesto testigo fue ubicado por Herbin Hoyos”.Según Carranza, con la aceptación de la JEP se demuestra que “hasta ahí llegó el montaje que quieren hacer contra la paz”.
Fuentes diplomáticas de la embajada confirmaron a Blu Radio que Norberto Mora Urrea, dueño de Supercundi y acusado por la Fiscalía de lavar dineros de las Farc a través de ese supermercado, hizo una solicitud de asilo en ese país pero que, contrario a lo que dice su defensa, aún no se le ha otorgado. Norberto no estuvo en la audiencia en la que un juez les otorgó la libertad a sus hermanos Luis Alirio, y Uriel Mora Urrea, socios de los Merkandrea, también señalados de ser presuntamente testaferros de las Farc. Por eso, tomó la decisión de buscar que las autoridades de otro país lo protegieran. Ver también: Investigan a exdirectora de extinción de dominio de Fiscalía por caso Supercundi Los tres hermanos fueron llamados a juicio por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, cargos que negaron desde el principio. El Tribunal Superior de Bogotá remitió el proceso de los hermanos Mora Urrea a la Justicia Especial para la Paz, para que sea ese tribunal el que los juzgue.
BLU Radio conoció que España le concedió asilo político a Norberto Mora Urrea, dueño de Supercundi y acusado por la Fiscalía de lavar dineros de las Farc, a través de los supermercados Supercundi.Vea también: Investigan a exdirectora de extinción de dominio de Fiscalía por caso Supercundi Norberto Mora Urrea no estuvo en la audiencia en la que un juez le otorgó la libertad a sus hermanos Luis Alirio, y Uriel Mora Urrea, socios de los Merkandrea, también señalados de ser presuntamente testaferros de las Farc. Por eso, tomó la decisión de buscar que las autoridades de otro país lo protegieran.Los tres hermanos fueron llamados a juicio por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, cargos que negaron desde el principio. El Tribunal Superior de Bogotá remitió el proceso de los hermanos Mora Urrea a la Justicia Especial para la Paz, para que sea ese tribunal el que los juzgue.Escuche este informe:
El pasado 16 de mayo Alejandro Carranza, abogado de la familia Mora Urrea puso una queja en la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura contra Andrea Malagón, exdirectora de extinción dominio de la Fiscalía, porque según el togado, le hizo un daño irreparable a los Mora Urrea indicando que eran testaferros de las Farc, vulnerando así la presunción de inocencia.Vea también: "Remiten a la JEP proceso contra familia Mora Urrea, socios de SupercundiLa entidad citó para este miércoles al abogado para que ratifique esos hechos que puso en conocimiento y que ya son producto de investigación.“Indicando que la familia Mora era testaferro de las Farc, de alias Romaña; indicando que las incautaciones y los bienes equivalían a más de 650.000 millones de pesos; indicando los supermercados eran del frente 53 de las Farc; indicando que se le había aplicado extinción de dominio a los bienes de la familia, antes de que los integrantes de la familia fueran puestos a disposición de un juez”, dijo Carranza.El abogado, además, aseguró que la exfiscal “promovió los desmanes de la población contra los supermercados en varias zonas del país (Bogotá, Facatativá y Melgar)”.“Ella promovió, propició de manera indirecta esos desmanes por los que la población en diferentes partes del país se tomaron los supermercados. La población salió a atacar los supermercados y a quedarse con todos los objetos porque entendieron que los bienes eran de las Farc y eso tiene como origen las palabras de Malagón”, le dijo a Blu Radio.El abogado aseguró que la familia espera que se le aplique la máxima sanción posible a la exfiscal, que es la pérdida de la tarjeta profesional “por orquestar un falso positivo judicial”.Blu Radio contactó a Malagón quien aseguró que no ha sido notificada de ninguna investigación en su contra.
El Tribunal Superior de Bogotá le dio la razón al Juzgado Quinto Especializado y estableció que el proceso por lavado de activos contra los hermanos Luis Alirio, Edna, Uriel y Norberto Mora Urrea, socios de Supercundi y supuestos testaferros de las FARC, pasará a la Jurisdicción Especial para la paz.Vea también Caso Supercundi: llaman a juicio a los hermanos Mora UrreaHoy compulsó el proceso al Tribunal de Paz y ahora el futuro del proceso lo deberán definir los magistrados del mismo. La familia, además de ser tercera en el conflicto armado, ha recalcado que uno de ellos, Luis Alirio, fue víctima de secuestro por parte de las FARC.Hay que recordar que, según la Fiscalía, los hermanos Mora Urrea, se habrían prestado para lavar activos de la exguerrilla, de los supermercados Supercundi y Merkandrea. De esta manera, supuestamente, habrían generado un patrimonio injustificado.
Blu Radio conoció la carta con la que Luis Alirio Mora Urrea, a nombre suyo y de su familia, le pide a la JEP que permita su vinculación voluntaria a esa justicia transitoria como tercero del conflicto armado.“Por presuntos hechos ocurridos con anterioridad al 1 de diciembre de 2016 y en los que, según la fiscalía, fueron presuntamente cometidos por el suscrito y su grupo familiar en favorecimiento del en otrora grupo armado ilegal FARC”, dice la misiva fechada este 3 de agosto.Con esta carta, Alejandro Carranza, abogado de los Mora Urrea, logró que este mismo lunes no se realizara la audiencia de acusación que le daba inicio formal al juicio y que el juez decidiera enviar copias del proceso al Tribunal Superior de Bogotá para que este, a su vez, decida el futuro del caso, es decir, si se queda en la justicia ordinaria o si va a la JEP.Por ahora, el documento dice que acepta la solicitud para revisión, lo cual no quiere decir que la aprueba.“Hemos solicitado en varias oportunidades a la JEP para que reciban el caso de Luis Alirio Mora Urrea, para que sea atendida la petición que se ha hecho en torno de que fue víctima de un secuestro y tortura por parte del frente 22 de las Farc, en el año 99. La primera petición se hizo en marzo de este año y hoy hemos reiterado esa petición”, dijo Carranza.Hay que recordar que la Fiscalía los pretende acusar por el delito de lavado de activos pues, según sus investigaciones, lavaron miles de millones de pesos de las extintas Farc, específicamente, del frente que comandaba alias ‘Romaña’, a través de sus supermercados Súpercundi y Merckandrea.
Un juez de garantías otorgó, por segunda vez, libertad a los hermanos Uriel y Luis Alirio Mora Urrea, presuntos testaferros de las Farc.Esto a pesar de que se habían entregado el pasado viernes en el búnker de la Fiscalía para cumplir una orden de captura que había en su contra y que, desde ese momento, fueron enviaron tras las rejas.Este lunes, el juez consideró que no representan un peligro para la sociedad y que han comparecido al proceso, por lo que no hay riesgo de fuga.Así las cosas, los Mora Urrea, que están siendo investigados por lavado activos y enriquecimiento ilícito de particulares por, supuestamente, lavar dineros de la extinta guerrilla a través de sus supermercados Supercundi y Merkandrea, podrán continuar su proceso en libertad.
Teniendo en cuenta que, la semana pasada, el juzgado 28 de conocimiento de Bogotá revocó la libertad de los hermanos Uriel, Norberto y Alirio Mora Urrea, investigados por supuestamente ser testaferros de la extinta Farc y que a la fecha ninguno se ha entregado a las autoridades, hoy la Fiscalía evalúa solicitar a la Interpol circular roja. Los tres hermanos quedaron en libertad en abril de este año porque un juez en primera instancia aseguró que la Fiscalía no había argumentado cuál era el riesgo de fuga en este caso.Vea también: Revocan libertad a hermanos Mora Urrea, investigados por lavar activos de Farc Los tres capturados ya fueron llamados a juicio por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, pues, según el ente acusador, a través de sus supermercados Supercundi y Mekandrea, lavaron dineros del narcotráfico del extinto grupo guerrillero. Los hermanos, por su parte, siempre han dicho que se trata de un falso positivo judicial y que son inocentes y víctimas de las Farc.
En los juzgados de Paloquemao, en Bogotá, el juez 28 de conocimiento revocó la libertad a Uriel, Alirio y Norberto Mora Urrea, investigados por presuntamente lavar activos de las Farc a través de supermercados Supercundi y Merkandrea, que son de su propiedad. Así las cosas, la única que queda en libertad es Edna, una de sus hermanas.Uno de los argumentos del juez es que no existían elementos nuevos para decretar la libertad y que, si bien algunos elementos probatorios de la defensa servían para atacar la inferencia razonable del delito de lavado de activos, supuestamente, no servían para revocar la medida de aseguramiento.En abril, un juez de garantías los había dejado en libertad con el argumento de que la Fiscalía no había presentado pruebas suficientes de que los capturados podrían obstruir el proceso en libertad. Vea aquí: Caso Supercundi: llaman a juicio a los hermanos Mora UrreaEn ese momento la Fiscalía apeló y hoy un juez de conocimiento le dio la razón. Con esa decisión los hermanos deberán demostrar su supuesta inocencia, pero tras las rejas. Según el ente acusador, la familia Mora Urrea tuvo una relación estrecha con alias ‘Romaña’ y a partir de ahí inició el lavado de activos. Además, los fiscales aseguran que los hermanos tienen un patrimonio que asciende los 650.000 millones de pesos y que no está debidamente justificado. Por su parte, la defensa de la familia dice que todo se trata de un falso positivo de la Fiscalía.
La Fiscalía General de la Nación informó que radicó el escrito de acusación contra los hermanos Norberto, Luis Alirio, Uriel y Edna Yaneth Mora Urrea, investigados por su presunta responsabilidad en los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Lo cual quiere decir que son llamados formalmente a juicio. “El ente investigador cuenta con nuevas e importantes evidencias recopiladas a través de diferentes labores investigativas las cuales reafirman la tesis expuesta en las audiencias de imputación, respecto a la presunta responsabilidad de los hermanos Mora Urrea en actividades de blanqueo de capitales de público conocimiento”, dice la Fiscalía en un comunicado. Las evidencias del proceso serán expuestas ante un juez de conocimiento que llevará el caso hasta el final del juicio donde deberá decidir si los encuentra culpables o no de lavar, supuestamente, activos de las Farc a través de sus supermercados Supercundi y Merkandrea.
Durante cerca de cinco horas, más de 530 silleteros y silleteras de Santa Elena llevaron sobre sus espaldas esas enormes composiciones florales por un recorrido de más de 2.4 kilómetros que arrancó pasadas las 2 de la tarde en una jornada en la que la tradición, el trabajo campesino y la creatividad volvieron a convertirse en protagonistas para emocionar a los miles de asistentes propios y foráneos que llegaron a la capital antioqueña para vivir una de sus más importantes tradiciones.La edición de este año también dejó nombres propios: John Jairo Grajales Gómez, de la vereda El Porvenir, se quedó con el título de ganador absoluto del desfile con su silleta tradicional. También había obtenido este mismo premio en 2019."No tengo palabras, demasiado emocionado. Es una labor, es una tradición que la llevo en el corazón por ser. En homenajeado con estos galardones, y bendito dios, a nuestro señor, a los jurados, a todo mundo que está viendo la labor que uno hace. No es fácil, son siete, ocho meses de trabajar duro para poder producir esta silleta y sacarla en la ciudad de Medellín", manifestó Grajales.GanadoresEn otras categorías los ganadores fueron Mateo Londoño Ospina, de la vereda San Ignacio, en la Comercial; en la Monumental el galardón fue para David Santiago Grisales Gómez, de la vereda Piedra Gorda. Mientras tanto, la mejor propuesta en Emblemática correspondió a Juan Gabriel Velásquez Grajales, también de El Porvenir, y de ese mismo lugar del corregimiento, Víctor Julio Ruiz se destacó en la categoría Artística; Isabela Londoño Grajales, de la vereda El Cerro, obtuvo reconocimiento en la categoría Infantil e Isabela Grajales Grajales, de la vereda Piedra Gorda, en Junior.El principal evento de la Feria contó con por segunda vez en la historia de un presidente de la República. Abelardo de la Espriella estuvo acompañado de su familia, del vicepresidente José Manuel Restrepo, el alcalde Federico Gutiérrez y el gobernador Andrés Julián Rendón."Feliz de estar aquí en Medellín, en este desfile, en esta feria, que es patrimonio de Colombia, pero tenemos que hacerlo patrimonio de la humanidad, y ese es el compromiso", apuntó el jefe de Estado. Por su parte, el vicepresidente Restrepo habló sobre la elección de Medellín para la primera visita oficial de los nuevos mandatarios."Lo que significa enderrama económica para el municipio, para el departamento, en quien se dedica al jardín, en quien hace la silleta, en quienes traen las flores de otros territorios de Colombia. Vincula el país alrededor de las flores. Y las flores, ¿ustedes saben lo que significa incluso en tradición exportadora de Colombia?", aseguró. El vicepresidente Restrepo también destacó que el Desfile de Silleteros es un evento que, además de estar muy arraigado a la tradición antioqueña, es un ícono del país en el mundo."De Colombia, de Antioquia, de Medellín, que hay que acompañar, porque estos estos, estas silletas y los silleteros representan, además, mire la hermosura de lo que significa esta tierra, de lo que tiene Colombia también para mostrarle al mundo. Y tenemos que acompañarlo, esto es una tradición cultural de enorme importancia para el país", expuso Restrepo.Según el alcalde Federico Gutiérrez, durante los 10 días de Feria, la ciudad alcanzó una ocupación hotelera superior al 80% y una derrama económica superior a 60 millones de dólares.
La memoria de Johan Sebastián Durán Guerrero, el joven bumangués de 25 años que murió tras recibir varios disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), empieza a quedar plasmada en las calles de Biddeford, Maine.Dos artistas locales comenzaron a pintar un mural en el centro de esta ciudad para homenajear al colombiano, quien murió el pasado 13 de julio durante un procedimiento de agentes de inmigración. La obra está ubicada en el número 5 de Alfred Street y muestra a Johan junto a su pequeña hija.El mural fue autorizado tanto por los propietarios del edificio como por el negocio que funciona en el lugar, Stem & Vine. Su propietaria, Brianne Emhiser, aseguró que se siente honrada de que la fachada de su establecimiento sea el espacio escogido para mantener viva la memoria del joven colombiano.De acuerdo con los artistas, la obra estaría terminada aproximadamente en las próximas 48 horas.El homenaje se suma a las distintas expresiones de duelo que han surgido en Biddeford desde la muerte de Johan. En los días posteriores al tiroteo, residentes levantaron memoriales improvisados en el sitio donde ocurrió el hecho, mientras familiares, amigos y organizaciones defensoras de los migrantes han reclamado respuestas sobre las circunstancias de su muerte.Johan Sebastián Durán Guerrero había llegado a Estados Unidos en busca de oportunidades y se había establecido en Biddeford junto con su familia. Era padre de una niña de tres años y, según organizaciones de apoyo a migrantes, contaba con autorización para trabajar y un número de Seguro Social.El 13 de julio, Johan salió de su vivienda en un vehículo cuando fue interceptado por agentes de ICE. La versión oficial sostiene que el joven intentó escapar y que habría dirigido el automóvil hacia uno de los funcionarios, quien entonces disparó al considerar que existía una amenaza para su seguridad.Sin embargo, el caso ha estado rodeado de cuestionamientos. El senador independiente Angus King afirmó que, de acuerdo con información del Departamento de Seguridad Nacional, Johan no era el objetivo de la operación. Además, se ha señalado que los agentes involucrados no portaban cámaras corporales. La Fiscalía General de Maine mantiene abierta la investigación y el funcionario que disparó fue puesto en licencia administrativa.Videos de cámaras de seguridad y testimonios de personas que estaban en el sector también han generado interrogantes frente a la versión oficial. Medios estadounidenses han reportado que el agente identificado como David Brouillette disparó contra Johan y que posteriormente surgieron antecedentes sobre el comportamiento violento del funcionario, información que ahora también hace parte del escrutinio público sobre el caso.La muerte del joven bumangués provocó además una fuerte reacción en Biddeford. Su compañera, Karolina Rojas Álvarez, describió a Johan como un hombre trabajador, dedicado a su familia y con sueños por cumplir. Durante una declaración pública, recordó especialmente el vínculo que tenía con su hija de tresEl alcalde de Biddeford, Liam LaFountain, también ha reclamado una investigación transparente y ha insistido en que Johan era parte de la comunidad. En una proclamación presentada ante el Concejo Municipal, pidió justicia y rendición de cuentas por su muerte y expresó solidaridad con la familia y con los habitantes migrantes de la ciudad.Ahora, mientras avanza la investigación en Estados Unidos, el rostro de Johan quedará plasmado en un muro de Biddeford. Una imagen junto a su hija que busca convertir el dolor de una comunidad en memoria y recordar la historia del joven colombiano que salió de Bucaramanga buscando un mejor futuro y terminó muriendo durante un operativo de inmigración.
Luego de una semana pedagógica por la rotación de los nuevos dígitos, este lunes 10 de agosto comenzará a regir el periodo sancionatorio del pico y placa para vehículos particulares y motocicletas.La disposición, producto de un estudio técnico de acuerdo al número de registros y vehículos activos, seguirá teniendo como base el último dígito de la placa para carros particulares, mientras que para las motocicletas de dos y cuatro tiempos se determina por el primer dígito de la placa.De igual manera seguirá, rigiendo de manera continua entre las 5:00 de la mañana y las 8:00 de la noche, así:Lunes: 5 y 8Martes: 1 y 4Miércoles: 0 y 2Jueves: 3 y 6Viernes: 7 y 9Con estos dígitos funcionará la medida hasta el 27 de enero de 2027.Continúan como vías exentas de la medida la vía Las Palmas, vía 4.1 occidente antioqueño, conexión de la avenida 33 entre la autopista sur y la avenida Las Palmas, calle 10 entre el Eje vial del Río y la terminal del sur y los corregimientos; además de la autopista Sur y avenida Regional, excepto en el municipio de Bello, donde la restricción rige en todas las vías, según las autoridades locales con el fin de descongestionar la glorieta de Niquía."La entidad invita a la ciudadanía a consultar previamente las placas con restricción, verificar los horarios y planear sus desplazamientos con anticipación. Desde la secretaría reiteramos que esta medida busca mejorar la movilidad en la ciudad", manifestó el secretario de Movilidad de Medellín, Pablo Ruiz.Vale la pena recordar que el pico y placa busca sacar cerca de 200.000 vehículos diariamente de circulación en la subregión, a pesar de la identificación de una saturación en la vías de entre el 100 y el 170%. Según esta dependencia de la Alcaldía de Medellín hay días en los que esa tarea es más difícil, por la cantidad de motos y carros que hay matriculados con ciertos dígitos: 0,1 y 5.
A menos de 48 horas de haberse posesionado como presidente, Abelardo De La Espriella anunció las primeras afectaciones a grupos armados que delinquen en Antioquia tras los resultados reportados por la fuerza pública en las subregiones de Urabá y el Nordeste.Tras su asistencia al tradicional Desfile de Silleteros que cerró la Feria de las Flores en Medellín, antes de dejar la capital antioqueña el mandatario anunció que en medio de combates con tropas de la Décima Cuarta Brigada fueron abatidos dos integrantes del Clan del Golfo en la vereda Liberia del municipio de Anorí.La operación, según el presidente, también permitió la incautación de seis fusiles y abundante material de guerra e intendencia.Los hombres, entre ellos uno de sus cabecillas en la zona, hacían parte de la subestructura Jorge Mario Valle y eran señalados de diferentes acciones terroristas en contra de la población civil, pero también de la fuerza pública."Esta comisión terrorista a la que se le propinó este duro golpe es la misma que en el año 2024 había asesinado a cuatro de nuestros valientes soldados que adelantaban operaciones en esa región del departamento",dijo el mandatario.De la Espriella también aseguró que en otras acciones desplegadas en el Urabá antioqueño, en el municipio de Necoclí, fueron capturados cuatro presuntos integrantes de la subestructura Gabriel Poveda Ramos del mismo grupo ilegal dedicados al narcotráfico y al componente financiero.En las operaciones desarrolladas por parte de la Armada y la Décima Séptima Brigada, los uniformados incautaron armas de fuego, municiones y material de interés para las labores de inteligencia militar.
La senadora María Clara Posada solicitó a la ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, ordenar una auditoría forense a Colpensiones para revisar el manejo de los recursos de la entidad durante los últimos cuatro años.La congresista argumenta que existen numerosas denuncias sobre presuntas irregularidades en materia de contratación y consideró necesario establecer cómo fueron ejecutados los recursos públicos. “El país necesita saber cómo ejecutaron los recursos públicos”, afirmó.Entre los hechos que cuestiona, Posada menciona la presunta contratación del principal financiador del Pacto Histórico y aseguró que en junio se destinaron 25.300 millones de pesos para garantizar hasta octubre la contratación de una nómina paralela de 1.000 trabajadores temporales.También reprocha la ejecución de 238.587 millones de pesos para el cambio del data center, proceso que, según indicó, estuvo relacionado con fallas en la prestación del servicio durante junio y julio.A esto sumó un gasto de 87.621 millones de pesos en publicidad y señaló que no se han publicado las facturas correspondientes a los viajes de los directivos de la entidad.Colpensiones cuenta con un presupuesto anual de 75,6 billones de pesos, por lo que la senadora insiste en que su administración debe estar sometida a criterios de transparencia y control.Posada pide que la nueva administración de la entidad comience con un “corte de cuentas claro” que permita establecer qué ocurrió con los recursos públicos y cómo fueron utilizados durante los últimos años.
