El presidente Abelardo De La Espriella no tendrá que ofrecer nuevas disculpas públicas por las manifestaciones religiosas realizadas durante su posesión presidencial del pasado 7 de agosto, luego de que la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Bogotá revocara la decisión de primera instancia que había ordenado al mandatario y al presidente del Senado, Honorio Henríquez, emitirlas. Vale recordar que la controversia se originó en una tutela presentada por un ciudadano que alegó una vulneración de sus derechos a la libertad de conciencia y de cultos.El caso se remonta a la ceremonia de posesión realizada en Cali, donde se incluyó un espacio de “invocación y alabanza” con la participación de representantes de distintas confesiones religiosas. Entre ellos estuvieron el rabino David Michaan, el pastor Eduardo Cañas Estrada y el entonces presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Francisco Múnera. También hubo otros elementos de carácter religioso durante el acto. Estos hechos llevaron al Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá a concluir, en primera instancia, que se había afectado el principio de neutralidad religiosa del Estado y a ordenar las disculpas públicas.La decisión de segunda instancia modificó ese escenario y dejó sin efecto la obligación de disculparse que había sido impuesta tanto a De La Espriella como al presidente del Congreso. De acuerdo con la información conocida sobre el fallo, el magistrado Manuel Eduardo Serrano aclaró su voto y sostuvo que una acción de tutela no puede obligar a un funcionario público a renunciar a sus propias creencias religiosas, retractarse de ellas o pedir disculpas por profesarlas. También cuestionó que se ordenara expedir una directiva presidencial sobre neutralidad religiosa, al considerar que ese deber ya está establecido directamente en la Constitución.Por su parte, la magistrada Marleny Rueda Olarte compartió el sentido de la decisión, aunque planteó una diferencia respecto de la forma de resolver el caso. Según la información conocida, consideró que la tutela debía declararse improcedente en lugar de negar las pretensiones.La controversia ya había generado una actuación pública por parte del mandatario. El pasado 30 de agosto, De La Espriella ofreció disculpas en una alocución presidencial en cumplimiento del fallo de primera instancia, aunque en esa intervención también defendió su derecho a profesar públicamente su fe católica y reiteró su compromiso con la libertad religiosa. Al cierre de ese mensaje expresó: “¡Que viva Cristo Rey!”.Con el fallo del Tribunal Superior de Bogotá, las órdenes de primera instancia relacionadas específicamente con las disculpas por la ceremonia del 7 de agosto quedan revocadas. El expediente, no obstante, podría llegar eventualmente a la Corte Constitucional si es seleccionado para revisión.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó al presidente Gustavo Petro rectificar en un plazo máximo de tres días las afirmaciones que realizó a través de sus redes sociales sobre un supuesto fraude electoral en las elecciones de 2014, 2022 y 2026. La decisión judicial se da en el marco de una demanda en la que se argumentó que las declaraciones del mandatario vulneraron o pusieron en grave riesgo derechos e intereses colectivos relacionados con la moralidad administrativa, la seguridad jurídica y la transparencia del proceso electoral.De acuerdo con los argumentos expuestos en la demanda, las manifestaciones públicas del jefe de Estado habrían afectado la confianza legítima en las instituciones democráticas, al anunciar presuntos actos de corrupción o fraude electoral sin que existiera sustento técnico, probatorio ni institucional que respaldara tales afirmaciones. En ese contexto, el tribunal analizó el contenido de los mensajes difundidos por el presidente y concluyó que estos no cumplieron con el estándar de veracidad exigido para pronunciamientos de carácter público que puedan afectar la confianza en el sistema electoral.En su pronunciamiento, el tribunal advirtió que las afirmaciones realizadas por el mandatario sobre la confiabilidad de la Organización Electoral resultan complejas, debido a que se basaron en una interpretación que modificó el sentido de una decisión judicial previa. Según el fallo, el Consejo de Estado no afirmó que hubiera fraude en las elecciones de 2014 ni indicó que el software electoral presentara fallas de seguridad informática que lo hicieran vulnerable. Tampoco estableció que la Registraduría estuviera obligada a adquirir un software específico para los escrutinios.El tribunal también recordó que, en relación con las elecciones para Senado de 2022, existe una sentencia judicial ejecutoriada del 23 de enero de 2023 que ratificó que no se presentó fraude electoral en dichos comicios. En consecuencia, señaló que las afirmaciones realizadas por el presidente carecen de fundamento tanto respecto a las elecciones de 2014 como a las de 2022, así como frente a los señalamientos relacionados con los comicios de 2026 y los mensajes difundidos el pasado 8 de marzo.De acuerdo con el análisis judicial, los mensajes emitidos por el presidente en los que sostuvo que en elecciones pasadas y en las que actualmente se desarrollan se han presentado fraudes, o que el sistema electoral colombiano presenta debilidades en el procesamiento de datos que lo hacen vulnerable o poco confiable, no cumplieron con los requisitos de veracidad exigidos por la normativa vigente. Por esta razón, el tribunal concluyó que procede la orden de rectificación, con el fin de proteger la confianza en el sistema democrático y garantizar la transparencia y seguridad jurídica del proceso electoral en el país.
La representación de víctimas en el caso por el homicidio del menor Juan José Correa Guerrero manifestó su preocupación ante la posibilidad de que dos de los acusados por este crimen puedan quedar en libertad por vencimiento de términos, en medio de demoras judiciales que han impedido el avance del proceso. Los señalados son Luis Franklin Castro Aroca y Juan David Navas Tovar, enfrentan cargos por la muerte del joven en hechos ocurridos el 12 de abril de 2025 en Soacha.De acuerdo con la investigación, el crimen ocurrió luego de que la víctima reclamara a los tres presuntos responsables el pago de 6.000 pesos correspondientes a la venta de vasos de mazamorra, situación que habría derivado en el ataque que terminó con la muerte del menor. Desde entonces, el caso avanza en etapa judicial, pero enfrenta retrasos que influyen en la libertad por vencimiento de términos de dos de los procesados.El abogado representante de las víctimas, Juan Manuel Castellanos, explicó que la situación se originó por la falta de respuesta a un recurso de apelación sobre el decreto probatorio de la audiencia preparatoria presentado por las defensas, lo que ha impedido continuar con el desarrollo del juicio oral. Según indicó, este recurso fue interpuesto desde el 8 de octubre de 2025 y, pese al paso de varios meses, aún no ha sido resuelto por el Tribunal Superior de Cundinamarca.En relación con este retraso, el abogado señaló que se solicitó formalmente al Tribunal acelerar el trámite mediante un impulso procesal. Sin embargo, la respuesta recibida por parte del Tribunal indicó que existía una acumulación de procesos pendientes que impedía atender de manera inmediata este caso. Según detalló el representante de las víctimas, “se obtuvo como respuesta por parte del tribunal que se estaba resolviendo los recursos de apelación de los años 2023 y 2024. Es decir, que todavía el recurso de apelación del decreto probatorio de este caso, que es del año 2025, pues difícilmente estaba en lista y en turno”.El abogado agregó que, hasta el momento, el recurso continúa sin respuesta, lo que mantiene suspendido el avance del proceso judicial, por lo cual se radicará un nuevo recurso para solicitar acelerar la respuesta del Tribunal. Ante este panorama, existe la posibilidad de que se configure el vencimiento de términos que permitiría la libertad de los dos acusados, situación que genera preocupación entre los familiares de la víctima y su representación legal. El abogado manifestó que el riesgo de una eventual fuga es un escenario que no se descarta, dadas las circunstancias del caso y la gravedad de los hechos investigados.En ese sentido expresó su cuestionamiento al señalar que “en este momento, y tengo que decirlo abiertamente, me genera una gran preocupación que estas 2 personas queden en libertad, pues toda vez que las pruebas son netamente objetivas para la representación de víctimas es clara la responsabilidad penal y, lamentablemente, por demoras y trámites administrativos, estas personas van a recobrar la libertad y seguramente por la pena, pues se van a fugar del país”.Frente a esta situación, la representación de víctimas hizo un llamado a la judicatura para que se agilice la resolución del recurso de apelación pendiente y se permita continuar con el juicio oral.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca (TAC) convocó para el próximo 13 de marzo a las 8:30 de la mañana una audiencia pública para analizar la solicitud de medida cautelar presentada por la Procuraduría General de la Nación frente a los pronunciamientos del presidente Gustavo Petro sobre el sistema electoral de 2026.La petición del Ministerio Público busca que, mientras se resuelve de fondo una acción popular, presentada por el abogado Ramiro Bejarano Guzmán, se adopte una medida preventiva para proteger el derecho colectivo al adecuado funcionamiento del servicio electoral.En concreto, la Procuraduría pidió que el presidente Gustavo Petro se abstenga de hacer afirmaciones en discursos, intervenciones públicas o redes sociales que puedan generar dudas sobre la transparencia del proceso electoral si no están respaldadas por pruebas verificadas.Es importante destacar que, en una providencia del 5 de marzo, el tribunal decidió no tramitar la solicitud como una medida cautelar de urgencia, sino darle el procedimiento ordinario, al considerar que la relevancia del tema requiere escuchar a las partes y analizar con mayor profundidad cada uno de los argumentos y las pruebas presentadas.Por esa razón, el Tribunal ordenó notificar a las partes del proceso, entre ellas la Presidencia de la República, para que se pronuncien en un plazo de cinco días.Además, el TAC citó a una audiencia pública virtual en la que participarán autoridades electorales, organismos de control y expertos, entre ellos a la directora de la Misión de Observación Electoral, Alejandra Barrios; a Miroslav Jenca, director de la MOE de la Unión Europea, y a Leonel Fernández, director de la MOE de la Organización de Estados Americanos, con el fin de analizar las garantías del sistema electoral y la solicitud de medida cautelar.La decisión se da en medio de la polémica por las declaraciones del presidente Petro, quien ha expresado en varias ocasiones dudas sobre el software electoral, los kits de votación y posibles irregularidades en el proceso electoral de cara a las elecciones del próximo domingo 8 de marzo.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la nulidad de los fallos disciplinarios que habían ordenado la destitución y el retiro del comandante de la Policía Danny Arley Castaño Infante por hechos ocurridos durante el estallido social en 2021, cuando se desempeñaba como comandante de la estación de Policía El Sosiego, en el municipio de Madrid, Cundinamarca. El uniformado había sido sancionado por presuntamente no haber prestado auxilio, de manera dolosa, a Elvis Alfredo Vivas López, quien llegó herido a la estación policial y falleció días después.De acuerdo con el análisis del proceso, el policía manifestó que en ningún momento vio a Vivas López mientras permaneció en las instalaciones de la estación, por lo que no habría tenido la posibilidad de brindarle asistencia. En el expediente se describe que “la existencia de las manifestaciones ocurridas en el Municipio de Madrid Cundinamarca y los diferentes altercados ocurridos en el peaje Corzo y en la Estación de Policía el Sosiego, donde por temas de desorden público fue necesario llamar apoyo del grupo ESMAD, generándose con ello, diversas confrontaciones, al punto que resultara herido de gravedad el señor Elvis Alfredo Vivas López quien días después producto de dichas lesiones falleció”.Al evaluar las pruebas, el tribunal concluyó que no existe certeza de que el entonces comandante de la estación hubiera tenido contacto directo con la víctima durante los hechos. En la decisión se señala que “de los diferentes elementos probatorios no se tiene certeza de que el señor intendente Castaño Infante haya tenido contacto con el causante Elvis Alfredo Vivas”. El fallo también reconoce que, si bien el comandante de una estación tiene responsabilidades sobre la seguridad y la atención de personas dentro de las instalaciones, es necesario considerar el contexto en el que ocurrieron los hechos.En ese sentido, el tribunal resaltó que las circunstancias de orden público en ese momento eran complejas. Según el análisis judicial, “no se desconoce que el demandante era el comandante de la Estación de Policía el Sosiego para la fecha de los hechos (…) tampoco puede desconocerse las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon los hechos materia de examen según el caudal probatorio recopilado, comoquiera, que estaban frente a una asonada, con entrada y salida de cuadrillas del ESMAD, con la intervención de un mando de más jerarquía como lo fue el coronel Solano, con un personal aturdido y sorprendido”.El tribunal también consideró que las condiciones en las que se desarrollaron los disturbios generaban incertidumbre sobre si el comandante pudo advertir la presencia de una persona herida dentro de la estación. En el fallo se concluye que “las circunstancias de modo, tiempo y lugar que fueron constatadas en las diferentes pruebas, generan una duda razonable de que el comandante de la estación no se hubiera percatado de la presencia de un herido dentro de la estación”.Además, dentro de las pruebas analizadas se tuvo en cuenta la declaración de varios testigos, quienes aseguraron que la víctima permaneció en la estación por un tiempo limitado de 20 minutos y fue llevado a un hospital por sus amigos, sin acompañamiento de funcionarios.Con base en estas consideraciones, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca determinó que no se contaba con elementos suficientes para mantener la responsabilidad disciplinaria que había derivado en la destitución del uniformado, por lo que decidió anular los fallos que ordenaron su retiro de la institución y ordenó reintegrar al funcionario, junto al pago de salarios y prestaciones sociales dejados de devengar desde su retiro del servicio.
Al conocerse la posesión de Nelly Mogollón como nueva directora ejecutiva de la CRA, en su hoja de vida quedó consignada la sanción a la que fue acreedora, junto a seis funcionarios más, por el esquema de basuras de la alcaldía de Gustavo Petro en Bogotá. Cabe resaltar, que la multa impuesta fue por 97.654 millones de pesos.Entre tanto, el Tribunal Superior de Cundinamarca, para la fecha del 4 de junio del 2020, emitió la respuesta de la sentencia en segunda instancia, en la que se aceptó la apelación de la demandante en el mes de marzo del 2018, en la que se negaron las pretensiones de la demanda. Cabe resaltar que la Superintendencia de Industria y Comercio impuso la sanción en el 2018 por el escándalo de recolección de basuras en el 2013 en la capital. Ante esto, la Contraloría señaló que la sanción se justificaba bajo la violación de libertad de competencia y concurrencia en la implementación del nuevo esquema de aseo para Bogotá.Dentro de las consideraciones tomadas por el Tribunal, se emitió la decisión de revocar la sentencia en primera instancia del 29 de marzo del 2018; declarar la nulidad parcial de la Resolución No. 25036 de 21/04/2014 emanada del Superintendente de Industria y Comercio Ad hoc, mediante la sanción a Nely Mogollón Montañez, a pagar una multa de $160.160.000, equivalente a doscientos sesenta salarios mínimos mensuales legales vigentes (260 SMMLV). En tercer lugar, se dio la orden de terminar el proceso de cobro de la sanción impuesta y la devolución del expediente al juzgado de origen.
La Cancillería de Colombia apeló la decisión del Tribunal Superior de Cundinamarca que suspendió a Andrés Hernández, cónsul de Colombia en México, por incumplir las reglas de la carrera diplomática. En el recurso argumentan que no hay pruebas suficientes para sacar al funcionario de su cargo.El pasado 25 de octubre el Tribunal Superior de Cundinamarca había admitido una demanda de Unidiplo, sindicato de la cancillería, contra la designación de Andrés Hernández, cónsul de Colombia en México quien recientemente ha estado en el centro de la noticia por denuncias en su contra por estafa y acoso laboral.En medio de estos escándalos se conoció recientemente que el Tribunal superior de Cundinamarca consideró que la Cancillería se saltó las normas al nombrar a Hernández, pues no revisó si había funcionarios de carrera que cumplieran las condiciones para asumir el cargo y tuvieran interés en asumirlo. Por tales motivos suspendieron provisionalmente el decreto con el que fue nombrado hasta que se realice el proceso judicial.Luego de esto, la Cancillería interpuso un recurso de apelación argumentando que no existen pruebas suficientes y que las que están teniendo en cuenta están desactualizadas y descontextualizadas.“La providencia de suspensión provisional no cuenta con las pruebas suficientes sobre la situación administrativa de los funcionarios de carrera diplomática y consular citados en el auto, como quiera que, solo hizo referencia al Oficio del 19 de febrero de 2024 y a las actas de posesión, sin tener otros parámetros sobre el desarrollo de la prestación del servicio en la planta externa en cumplimiento del lapso de alternación, es decir, sus situaciones particulares y concretas para el 2 de agosto de 2024”, se lee en el documento.El cónsul Andrés Hernández es uno de los hombres más cercanos al presidente Gustavo Petro, pues lo acompañó como jefe de comunicaciones de campaña y asesor de su UTL. A pesar de que su gestión ha estado marcada por escándalos, el mandatario lo ha mantenido en su cargo.
Luego de estudiar una demanda que llegó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, expresando la inconformidad por las placas instaladas en diferentes sedes de la Fiscalía General de la Nación exaltando la gestión del exfiscal Francisco Barbosa, esta instancia judicial decidió ordenarle a la actual administración que dichas placas sean removidas en los próximos 10 días.“Retirar las placas destinadas a recordar la gestión del señor Francisco Barbosa Delgado, como fiscal general de la nación que se encuentren en las sedes, direcciones o búnker de la entidad, en un plazo de diez (10) diez días siguientes a la notificación de esta providencia”, dice el fallo.Los demandantes manifestaron que cada una de las placas tenía la intención de exaltar las labores de Barbosa, por lo que plantean que no hubo transparencia e imparcialidad de esa administración sobre la ejecución de obras públicas a cargo de la entidad.“En las placas se hace alusión que durante la administración del exfiscal Barbosa se “gestionó y puso en funcionamiento obras de mejora en distintas seccionales”, evidenciando que la intención de estas “no es otra que recordar las actividades que en su momento ejerció el funcionario cuando se encontraba en el referido cargo”.Sobre este asunto, ya la Fiscalía se había pronunciado en el pasado tras conocer las intenciones que tenían los demandantes; en esa oportunidad, sostuvieron que la información contenida en los elementos solicitados a retirar no constituía un homenaje o exaltación a personas, sino que brindaba una información útil sobre la gestión realizada por la Fiscalía.“La entidad en el término previsto para tal fin suscribió contestación de demanda manifestando su oposición a las pretensiones de la misma, argumentando en primera medida que la acción de cumplimiento tiene como objetivo garantizar la obediencia de normas con fuerza material de ley o actos administrativos por parte de la autoridad correspondiente”, respondió la Fiscalía.Le puede interesar:
Un nuevo intento del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso de quedar en libertad que no sale a su favor. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca emitió una respuesta a una solicitud de sus abogados solicitando que se le otorgara su libertad transitoria, condicionada y anticipada por medio de un habeas corpus.No obstante, este tribunal determinó que no se podía entregar ese beneficio, ya que no hay pruebas que señalen que se están violando las garantías de Mancuso Gómez.“Declarar la carencia actual de objeto por hecho superado dentro de la acción constitucional de habeas corpus formulada por el señor Salvatore Mancuso”, dice el tribunal.Actualmente, Mancuso Gómez se encuentra privado de la libertad en la cárcel La Picota de Bogotá e incomunicado y aislado. Cabe recordar que el pasado martes 16 de abril fue la misma JEP la que también le negó la libertad por el momento.“La concesión de la libertad transitoria, condicionada y anticipada, como lo ha dicho la misma sección de apelación, es un beneficio para construir confianza y no un derecho automático, en la medida en que su otorgamiento se encuentra estrictamente condicionada al cumplimiento del interesado con las obligaciones en el marco del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), pues no es posible el otorgamiento de beneficios incondicionales o automáticos en tanto de lo que se trata es de garantizar los derechos de las víctimas. Es decir, como beneficio que es, la JEP analiza unos requisitos y lo puede otorgar o no; y en el presente asunto, además de los previstos legalmente, se tienen los establecidos en el Auto 1633 de 2024”, señala la JEP en la decisión.Según manifiesta, ha estado privado de su libertad por más de 17 años y 8 meses, desde la fecha de internación en un centro de reclusión en agosto de 2006, por decisión voluntaria de él, al entregarse a las autoridades colombianas, legalizando su captura el 1 de diciembre de 2006 en el establecimiento carcelario La Paz de Itagüí.El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso fue nombrado gestor de paz por el presidente Gustavo Petro, en un intento de comenzar unos diálogos con el Clan del Golfo, de momento frustrados.
Este martes 2 de abril, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se pronunció sobre las demandas de nulidad que llegaron a esa jurisdicción sobre recientes nombramientos del presidente Gustavo Petro como el de Armando Benedetti a la embajada de la FAO en Italia y el de Cielo Rusinque en la Superintendencia de Industria y Comercio.En el caso de la superintendente Rusinque, el tribunal admitió estudiar el caso luego de que el ciudadano Miguel Ángel Martínez presentara ese recurso de nulidad por dos razones: la estrecha relación con el presidente Gustavo Petro y la falta de requisitos en la SIC para llegar al cargo.“Vulnera los requisitos que se encuentran en la ley y en las normas reglamentarias, así como también el principio de igualdad y adicionalmente, se configura una manifiesta desviación de poder por parte del Gobierno nacional”, afirmó el demandante.Por otra parte, esta jurisdicción no admitió el mismo recurso que interpuso el senador Jota Pe Hernández en el nombramiento de Benedetti en la embajada de ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) de quien había regresado al Gobierno tras su polémica salida de la embajada de Venezuela.Hernández explicó que, supuestamente, el funcionario diplomático no cumple con los requisitos para dicho cargo, y además no es funcionario de carrera diplomática.Tras el análisis jurídico, el Tribunal determinó que en la demanda no se relacionó la dirección electrónica donde el embajador demandando puede ser notificado de la acción en su contra ni tampoco la de las autoridades que intervinieron en la expedición del acto en cuestión."Igualmente, no dio cumplimiento a lo señalado en el numeral 8 ibídem, consistente en que el demandante, al presentar la demanda, simultáneamente, deberá enviar por medio electrónico copia de ella y de sus anexos a los demandados, por lo que la demanda", dijo el tribunal.
La educación está cambiando y, con ella, los espacios donde se desarrolla el aprendizaje. Las aulas tradicionales comienzan a dar paso a ambientes flexibles que integran tecnología, creatividad y trabajo colaborativo, con el propósito de responder a las necesidades de las nuevas generaciones.Un ejemplo de esta transformación es el Colegio Santa María, que inauguró el pasado 16 de junio The Ignite Building, una construcción que articula arquitectura, innovación tecnológica y nuevas metodologías pedagógicas.La propuesta busca superar los modelos de enseñanza centrados en clases convencionales y asignaturas independientes. Para ello, adopta un enfoque socioconstructivista basado en el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), que promueve la investigación, la experimentación y la solución de problemas reales.El edificio dispone de aulas flexibles, zonas de encuentro y laboratorios que permiten desarrollar actividades individuales y grupales. La metodología busca fortalecer seis competencias: pensamiento crítico, creatividad, comunicación, colaboración, ciudadanía global y sostenibilidad, y autonomía.“Invertir en espacios para aprender es invertir en el futuro. Las nuevas generaciones necesitan ambientes que les permitan experimentar, crear, colaborar y desarrollar las competencias que les exigirá un mundo en constante transformación”, afirmó Hernando Rojas Leguízamo, rector del Colegio Santa María.Entre sus instalaciones se encuentran laboratorios de Química, Física y Biología, dotados con cámaras de flujo laminar, incubadoras, autoclaves y microscopios de nueva generación.También cuenta con cinco Makerspaces especializados en diseño, innovación, realidad virtual, inteligencia artificial, programación y robótica. Estos espacios incorporan herramientas como impresoras 3D, cortadoras láser, Arduino, Python y kits de Lego, que pueden utilizarse en proyectos de diferentes asignaturas.Otro punto destacado es el Ágora, un espacio con graderías que funciona como anfiteatro abierto y puede adaptarse para asambleas, debates, actividades grupales o zonas de descanso.La construcción también incorpora criterios bioclimáticos para favorecer la iluminación natural, la ventilación y el confort térmico y acústico. Sus jardines, zonas verdes y puntos de hidratación complementan la apuesta por el bienestar de las estudiantes.The Ignite Building es una de las intervenciones del Plan Maestro de Infraestructura, que también incluye la remodelación de los bloques 6 y 7, la renovación del Centro Francisco Spinelli y la intervención de los parques escolares.La estrategia contempla, además, iniciativas de sostenibilidad como el aprovechamiento de aguas lluvias y la incorporación de energía solar.Esta evolución refleja un cambio en la manera de entender la educación, en la que los espacios físicos, la tecnología y las metodologías de enseñanza deben avanzar de forma conjunta.
El ministro de Defensa, el general (r) Jorge Mora, respondió, por medio de un mensaje en la red social X, al expresidente Gustavo Petro, quien cuestionó, por ese mismo medio, que no se hayan comprado sistemas antidrones para proteger a las Fuerzas Militares, pese a que, según afirmó, se habían dejado los recursos para esa adquisición.El pronunciamiento del expresidente se produjo después del ataque terrorista con drones cargados de explosivos contra las instalaciones del Cantón Militar de Santa Rosa, en el sur de Bolívar, que dejó tres soldados asesinados y ocho heridos de gravedad. Frente a estos señalamientos, el ministro Mora aseguró que los registros oficiales desmienten que hubiera recursos apropiados para comprar los sistemas antidrones en 2026 o que se hubiera cancelado un contrato. “Los $800.000 millones de la primera fase nunca fueron apropiados ni recibidos para 2026. Confundir anuncios con disponibilidad presupuestal no convierte una expectativa en realidad financiera”, aseguró Mora.El ministro también indicó que, al asumir la administración, no existía un proceso contractual o precontractual por 6,2 billones de pesos.Mora también se refirió a las visitas realizadas por el exministro y la exviceministra de Estrategia y Planeación a países como India, República Checa, Turquía, Catar, Reino Unido y Estados Unidos. Sobre estas, señaló que “fueron exploraciones comerciales que no culminaron en un contrato”. Además, sostuvo que las ofertas de empresas extranjeras no cumplían con los requisitos de integración técnica e interoperabilidad exigidos por las Fuerzas Militares. El jefe de la cartera de Defensa afirmó que las dificultades vienen de años atrás: “Las deficiencias de planeación anteriores impidieron consolidar la capacidad desde 2023, cuando grupos ilegales intensificaron el uso de drones”. Sin embargo, aseguró que actualmente la Fuerza Pública adelanta procesos de compra con presupuesto ordinario, impulsa la producción propia de estos sistemas y prepara un documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) para garantizar su financiación.
Las prioridades de los trabajadores al momento de elegir y permanecer en un empleo han cambiado. Aunque el salario y la estabilidad continúan siendo factores importantes, cada vez cobran más relevancia las condiciones que permiten mantener un equilibrio entre la vida personal y profesional.Según datos de Wellhub, el 86 % de los colaboradores considera que el bienestar laboral es tan importante como la remuneración económica. Esta cifra refleja una transformación en las expectativas de los empleados, quienes también buscan sentirse escuchados, reconocidos y respaldados por las organizaciones.Esta nueva dinámica se relaciona con el denominado contrato emocional, un vínculo que se construye a partir de las expectativas de los trabajadores y las experiencias que tienen dentro de una empresa.Lina Reyes, administradora de Desarrollo Empresarial Integral de Compensar, señala que esta relación depende de la coherencia entre lo que promete una compañía y lo que realmente ofrece, especialmente en aspectos como el liderazgo, la comunicación y la conciliación entre la vida laboral y personal.El agotamiento laboral preocupa a las empresasUno de los principales desafíos para las organizaciones es prevenir el burnout o agotamiento laboral. Una encuesta de miCVideal, realizada a más de 1.200 personas, encontró que el 88 % de los trabajadores se siente desgastado y que uno de cada cinco piensa diariamente en dejar su empleo.Entre las señales de alerta están la dificultad para recuperarse después del descanso, los problemas de concentración, el aislamiento, el aumento de errores y las alteraciones del sueño. Estas manifestaciones deben evaluarse integralmente y no constituyen por sí solas un diagnóstico médico.De acuerdo con Reyes, las empresas deben prestar atención no solo a las ausencias, sino también a la desconexión emocional y al presentismo, situaciones que pueden afectar el desempeño y el ambiente laboral.¿Qué pueden hacer las organizaciones?Las encuestas, entrevistas y grupos focales permiten identificar las necesidades de los equipos y evaluar si las estrategias de bienestar están funcionando. Estos procesos deben garantizar la privacidad y el manejo responsable de la información.En Colombia, Compensar ofrece el programa de Desarrollo Empresarial Integral, que incluye charlas, talleres y estrategias para acompañar a las empresas en la prevención y gestión del burnout.El bienestar dejó de ser un beneficio complementario y se convirtió en un aspecto relevante para fortalecer el compromiso, prevenir el agotamiento y favorecer la permanencia del talento humano.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, identificó el desarrollo territorial integral como una de las principales deudas del Estado con las víctimas del conflicto armado, al referirse a los resultados y desafíos del Acuerdo Final de Paz firmado con las antiguas FARC. Durante una entrevista en Sala de Prensa Blu, la funcionaria reconoció avances en la implementación, pero advirtió que los esfuerzos institucionales han sido insuficientes para transformar las condiciones de los territorios más afectados por la violencia.Marín explicó que el punto 1 del Acuerdo de Paz contemplaba los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), diseñados para reducir las brechas entre las zonas urbanas y rurales. Se trata de 16 regiones que agrupan 170 municipios priorizados por sus altos índices de pobreza, violencia y presencia de cultivos de uso ilícito.Aunque destacó la disminución de la pobreza multidimensional en estas zonas y algunos avances en el Catastro Multipropósito, advirtió que persisten importantes retrasos. “Para mí, igualdad territorial es superar esa brecha entre ciudad y ruralidad”, afirmó.La ausencia de una presencia integral del EstadoLa defensora coincidió en que la llegada del Estado a los territorios ha sido insuficiente y señaló que esta situación ha favorecido la persistencia de la violencia y el ingreso de nuevos grupos armados.Al referirse al Cauca, departamento que visitó recientemente, recordó que entre 2017 y 2019 hubo años de relativa paz. Por eso, aclaró que la situación actual no puede atribuirse directamente al Acuerdo de Paz, aunque sí relacionó el incumplimiento de sus compromisos territoriales con factores que han contribuido al agravamiento de la violencia.Las FARC y su deuda con las víctimasSobre la responsabilidad de los antiguos integrantes de las FARC, Marín reconoció que la mayoría del antiguo secretariado dejó las armas y compareció ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Sin embargo, insistió en que deben demostrar mayor respeto por las víctimas y la justicia.“Ellos tienen que mostrarse más respetuosos de las víctimas, del dolor de las víctimas y de la justicia”, manifestó.Las sanciones de la JEP, otro desafío del acuerdoFinalmente, cuestionó que las sanciones restaurativas pierdan su carácter restrictivo. Según explicó, estas deben incluir limitaciones efectivas de derechos y supervisión.“Lo mínimo es que usen brazalete, lo mínimo es que tengan unos horarios, lo mínimo es que no puedan salir del país”, concluyó, al insistir en que el cumplimiento de las sanciones será determinante para responder a las víctimas del conflicto armado.Escuche la entrevista completa acá:
La Navidad es una de las temporadas del año que más viajeros moviliza en diferentes partes del mundo. Durante diciembre, ciudades y destinos turísticos adaptan sus espacios para recibir a visitantes con mercados tradicionales, espectáculos de luces, actividades culturales y celebraciones que reflejan sus costumbres.En ese contexto, la revista internacional Time Out publicó una selección de los 22 mejores lugares del mundo para pasar Navidad en 2026, una clasificación que reúne destinos de Europa, América, Asia, África y Oceanía. Entre los lugares recomendados hay ciudades reconocidas por sus celebraciones tradicionales y otras que ofrecen alternativas para quienes prefieren pasar las fiestas en climas cálidos.La publicación destaca que la experiencia navideña cambia dependiendo del destino. Mientras algunas ciudades ofrecen paisajes cubiertos de nieve y mercados tradicionales, otras permiten disfrutar de las celebraciones al aire libre, en playas o en lugares con temperaturas más elevadas.El primer puesto de la clasificación es para Nueva York, Estados Unidos, que durante diciembre se convierte en uno de los principales referentes de la Navidad. La ciudad se caracteriza por las decoraciones de la Quinta Avenida, el árbol del Rockefeller Center y los mercados que reciben a miles de visitantes.En el segundo lugar aparece Londres, Reino Unido, donde las iluminaciones, los mercados navideños y las actividades especiales hacen parte de la programación de diciembre. Le sigue Laponia, Finlandia, uno de los destinos más asociados con estas festividades por albergar la aldea de Papá Noel, en Rovaniemi.El cuarto puesto es para Copenhague, Dinamarca, que se distingue por sus celebraciones tradicionales, las bebidas calientes y los espacios decorados con iluminación navideña. En la quinta posición está Edimburgo, Escocia, cuyos mercados y actividades culturales atraen a turistas durante la temporada.Zagreb, Croacia, ocupa el sexto lugar, con una programación que incluye mercados, música en vivo y decoraciones en sus principales espacios públicos. En el séptimo puesto está Reikiavik, Islandia, donde una de las tradiciones más particulares es la de los 13 Yule Lads, personajes del folclore local que dejan regalos en los zapatos de los niños.La octava posición corresponde a Brujas, Bélgica, reconocida por sus construcciones medievales, canales y mercados navideños. Sídney, Australia, aparece en el noveno lugar como una alternativa para quienes prefieren celebrar las fiestas durante el verano, con actividades al aire libre y encuentros en las playas.El décimo destino recomendado es Nuuk, Groenlandia, donde los paisajes árticos, la nieve y las posibilidades de observar auroras boreales hacen parte de la experiencia. La clasificación continúa con Viena, Austria; Praga, República Checa; y Núremberg, Alemania, tres ciudades europeas reconocidas por sus tradiciones y mercados navideños.En los siguientes puestos aparecen Funchal, Portugal; Colmar, Francia; Nueva Orleans, Estados Unidos; Tokio, Japón; Singapur; Ciudad del Cabo, Sudáfrica; Marrakech, Marruecos, y Phuket, Tailandia. Estos destinos ofrecen distintas experiencias, desde celebraciones culturales y recorridos urbanos hasta alternativas de descanso en lugares de clima cálido.El puesto 22 corresponde a Ciudad de Guatemala, Guatemala, que se convierte en el único destino de Latinoamérica incluido en la selección de Time Out. Su presencia destaca entre una clasificación en la que predominan las ciudades europeas y los destinos reconocidos por sus celebraciones durante el invierno."Cada año, el 7 de diciembre, el país celebra la Quema del Diablo, iniciando la temporada navideña exactamente a las 6 p.m. quemando figuras de diablos y piñatas de papel maché rojas. La idea es limpiar las casas de los malos espíritus del año antes de que llegue la Navidad", deataca Time Out de la ciudad guatemalteca.Destinos para pasar Navidad sin temperaturas bajasLa selección también incluye lugares para quienes buscan una experiencia diferente a la tradicional Navidad de invierno. Sídney, por ejemplo, coincide con la temporada de verano en diciembre, por lo que los visitantes pueden disfrutar de las playas y de actividades al aire libre durante las celebraciones.Una alternativa es Ciudad del Cabo, Sudáfrica, que ocupa el puesto 19 de la clasificación. Sus playas, viñedos y condiciones climáticas durante diciembre permiten disfrutar de una temporada navideña con temperaturas más cálidas.Con esta selección, Time Out reúne alternativas para distintos tipos de viajeros y presupuestos. Desde los mercados navideños de Europa hasta los destinos tropicales de Asia, Oceanía y África, la lista ofrece opciones para quienes planean viajar durante las celebraciones de diciembre de 2026.