El Cementerio Central de Bogotá es uno de los lugares más representativos de la historia de la capital, pues alberga mausoleos, esculturas y monumentos que hacen parte del patrimonio cultural de la ciudad. Además de su valor histórico, el lugar continúa funcionando como espacio funerario, por lo que las actividades que se realizan allí deben cumplir con condiciones específicas de seguridad.En este contexto, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) anunció que no autoriza la realización de ‘La noche de las ánimas’, un evento que había sido promocionado para el próximo 31 de octubre y que contemplaba recorridos nocturnos y experiencias relacionadas con investigaciones paranormales.¿Por qué la UAESP no autorizó ‘La noche de las ánimas’?La entidad explicó que la decisión se tomó después de evaluar diferentes aspectos relacionados con la seguridad de los visitantes, la conservación del patrimonio histórico, los derechos de propiedad privada y las condiciones contractuales que regulan la administración del cementerio.Uno de los puntos que preocupa a la UAESP es el estado de algunos sectores de la infraestructura. Por esta razón, solicitó al Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) una evaluación para identificar las afectaciones existentes y establecer las medidas necesarias para su manejo.La entidad explicó que el hecho de que el Cementerio Central siga prestando sus servicios funerarios no significa que todas sus áreas estén habilitadas para realizar eventos. Por eso, actividades como los recorridos nocturnos deben cumplir con condiciones específicas de seguridad y protección del lugar.Ante esta situación, la UAESP solicitó a Inversiones Montesacro S.A.S., empresa concesionaria encargada de administrar el lugar, que no autorice ni facilite la realización de la actividad y que comunique la decisión a sus organizadores.Cementerio Central: patrimonio históricoEl Cementerio Central fue declarado Monumento Nacional mediante el Decreto 2390 de 1984. Sus mausoleos, esculturas, monumentos y elementos arquitectónicos forman parte del patrimonio histórico y cultural de Bogotá.Por esta razón, la UAESP señaló que cualquier actividad que se desarrolle en el lugar debe respetar su función funeraria, su significado histórico y la memoria de las personas sepultadas, así como los sentimientos y derechos de sus familiares.Otro de los aspectos que genera preocupación son las versiones sobre posibles recorridos por mausoleos de propiedad privada. La entidad advirtió que estos espacios no pueden utilizarse sin el consentimiento de sus propietarios y sin cumplir los requisitos legales correspondientes.¿Qué pasará con los que compraron entradas para el evento?La UAESP aclaró que no asumirá responsabilidades jurídicas ni económicas por los compromisos comerciales que los organizadores, patrocinadores u otros terceros hayan adquirido en relación con una actividad que no cuenta con su autorización.Por lo tanto, quienes hayan comprado entradas o realizado pagos deben dirigirse a los organizadores para consultar las condiciones aplicables a sus compras. La entidad no anunció un mecanismo de reembolso ni informó detalles sobre la devolución del dinero.Finalmente, la UAESP precisó que esta decisión no significa que estén prohibidas todas las actividades culturales o de apropiación social del patrimonio funerario. Las propuestas futuras podrán ser evaluadas siempre que cumplan las condiciones de seguridad, protección patrimonial, respeto por la propiedad privada y los requisitos legales y contractuales vigentes.
En lo corrido de 2026, Bogotá ha retirado de sus calles 192.477 toneladas de escombros y residuos voluminosos, entre muebles, colchones, madera, camas, sofás, tejas y otros elementos de gran tamaño abandonados en el espacio público.Según la Alcaldía de Bogotá, esta cantidad de residuos equivale a llenar más de 21.000 volquetas, que posteriormente tuvieron que ser trasladadas hasta el relleno sanitario para realizar su correcta disposición.A esta cifra se suman 111.044 llantas abandonadas que fueron recogidas durante el mismo periodo por los equipos de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) y Aguas de Bogotá.Las entidades mantienen una operación durante las 24 horas, los siete días de la semana, con recorridos por diferentes sectores de la capital para identificar y atender puntos donde se acumulan este tipo de residuos.Julio fue el mes con la mayor cantidad de residuos retirados en el transcurso de este año, con 30.864 toneladas, convirtiéndose hasta ahora en el registro mensual más alto, mientras que en lo que se lleva del mes de agosto ya fueron recogidas más de 17.000 llantas.El Distrito advirtió que abandonar escombros y elementos de gran tamaño en calles, parques, andenes y zonas verdes deteriora el espacio público y puede generar nuevos puntos críticos de acumulación.¿Cómo solicitar la recolección de escombros en Bogotá?Los ciudadanos que necesiten deshacerse de muebles, colchones, madera, escombros u otros residuos grandes pueden solicitar su recolección con un operador autorizado a través de la Línea 110.También pueden llevar estos elementos gratuitamente a los Ecopuntos habilitados en las diferentes localidades de Bogotá, cuya programación cambia dependiendo del sector de la ciudad y se puede encontrar en www.aseobogota.gov.coLa alcaldía reiteró que estos mecanismos buscan evitar que los residuos terminen abandonados en el espacio público y reducir la aparición de nuevos puntos críticos en la capital.
Más de 33.000 toneladas de escombros han sido recogidas hasta la fecha en Cali, tras el colapso de edificaciones registrado durante la emergencia. Diego Hau, director de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) de la Alcaldía de Cali, explicó cómo se realiza la recolección, disposición y aprovechamiento de estos residuos.“Tenemos más de 33,000 toneladas de escombros que se han recogido hasta la fecha”, señaló Hau, quien advirtió que la cantidad podría aumentar debido a que “son más de 200 edificaciones que se han identificado que tienen riesgo de colapso”.Ante esta situación, la Alcaldía de Cali, con participación del sector privado y otros actores, triplicó su capacidad para recibir los residuos de demolición. Según el funcionario, fueron habilitadas tres estaciones de acopio temporales en diferentes zonas de la ciudad para facilitar la recolección.¿A dónde van los escombros de Cali?Hau explicó que existen dos alternativas para la disposición de estos materiales. Una parte es trasladada a un relleno autorizado por la autoridad ambiental del Cauca, ubicado en Puerto Tejada. Sin embargo, el objetivo principal es aprovechar los residuos de demolición.“Esos materiales, esos escombros se pueden triturar. Y se vuelve un material granulado”, explicó el director. Agregó que este material puede utilizarse para fabricar “adoquines, ladrillos” y otros elementos destinados a la reconstrucción.De acuerdo con la explicación entregada, los residuos aprovechables podrían convertirse en ecomateriales para fabricar placas huellas en la zona rural, andenes y estructuras livianas en sectores afectados.Manejo de materiales contaminadosSobre los residuos que presentan riesgos, Hau indicó que existe un protocolo coordinado con la Secretaría de Salud y el Consejo Distrital de Riesgo. Los materiales que requieren tratamiento especializado son manejados por operadores autorizados.El funcionario afirmó que este tipo de residuos “no superará el 5 % de los residuos que se han recolectado” y que en las estaciones temporales también se realiza una clasificación para separar los materiales aprovechables de aquellos que deben ir a disposición final.Investigación de las estructuras colapsadasFrente a las investigaciones sobre las edificaciones, Hau explicó que centros de investigación, la Fiscalía y profesionales especializados determinan qué materiales requieren conservarse. También mencionó el uso de drones y equipos automatizados para evaluar estructuras colapsadas y aquellas que permanecen en riesgo.Escuche la entrevista completa acá:
La falta de alumbrado público en algunos sectores de Bogotá es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos. Cuando una luminaria deja de funcionar, además de dificultar la movilidad durante la noche, también aumenta la sensación de inseguridad y puede favorecer hechos como robos o actos de vandalismo.En muchos casos, las fallas tardan varios días en ser atendidas, ya que dependen de reportes ciudadanos o de recorridos de inspección.Con el objetivo de reducir estos tiempos de respuesta y mejorar la seguridad en el espacio público, el Distrito anunció la implementación de un sistema de alumbrado inteligente.Bogotá tendrá alumbrado público inteligenteEl Distrito informó que Bogotá avanza hacia un modelo de alumbrado público inteligente que permitirá detectar fallas en tiempo real, reportar automáticamente daños o intentos de vandalismo y monitorear de forma remota cada punto de iluminación.Según la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), la decisión se debe al alto número de afectaciones registradas en la infraestructura de alumbrado. “Solo entre 2025 y lo corrido de 2026 se han gestionado más de 24.000 requerimientos relacionados con daños y hurto de luminarias y otros elementos del sistema”.De acuerdo con el Distrito, cada luminaria vandalizada o robada representa un costo promedio superior a $1,3 millones de pesos entre su reposición y recuperación, recursos que podrían destinarse a ampliar la cobertura o modernizar la red de iluminación.Actualmente, detectar una luminaria apagada suele depender de que un ciudadano reporte la falla o de que una cuadrilla la encuentre durante sus recorridos. Esto puede hacer que algunos sectores permanezcan varios días sin iluminación mientras se programa y ejecuta la reparación.Esta situación ha sido recurrente en lugares donde el hurto de cableado y equipos es frecuente. Entre los puntos con mayores afectaciones se encuentran el Canal Arzobispo, los deprimidos de la ciclorruta de la calle 26, el parque Calvo Sur, el Camino de Arrayanes y el proyecto Provenza, en Lagos de Córdoba, donde se han presentado daños que han dejado tramos completos sin servicio.Como parte de la estrategia, el Distrito puso en marcha un piloto de alumbrado inteligente en la calle 85 con carrera 15. Esta tecnología permitirá detectar fallas en tiempo real, generar alertas automáticas por daños o posibles actos de vandalismo, supervisar el funcionamiento de cada luminaria de manera remota e incluso ajustar la intensidad de la luz según el flujo de peatones y vehículos.Con esta iniciativa, la administración Distrital espera reducir los tiempos de atención, optimizar los costos de operación, mejorar la eficiencia energética y fortalecer la seguridad en el espacio público.Aunque el sistema actual aún depende en gran parte de reportes ciudadanos y verificaciones en terreno, el Distrito aseguró que durante 2026 se gestionaron cerca de 93.000 órdenes de servicio, de las cuales el 86,93 % fueron atendidas en menos de 120 horas.Además, frente a casi 10.000 emergencias relacionadas con robo y vandalismo de infraestructura, más del 81 % fueron solucionadas gracias al trabajo de 29 cuadrillas técnicas, que inspeccionan mensualmente la totalidad del sistema de alumbrado público de Bogotá.
En Bogotá es común encontrar montañas de escombros abandonadas en esquinas, separadores, lotes vacíos y hasta en ríos o humedales. Restos de cemento, ladrillo, tierra y materiales de construcción terminan muchas veces en puntos clandestinos, afectando el espacio públicoEsto genera contaminación visual, obstrucción de vías y alcantarillas, malos olores e incluso riesgos para peatones y conductores, pues durante temporadas de lluvias, estos residuos también pueden agravar problemas de drenaje e inundaciones en distintos sectores de la ciudad.Ahora, el Distrito busca cambiar ese panorama con una estrategia que apunta al “fin de los escombros” como desecho sin utilidad.Residuos de obras serán convertidos en material reutilizableLa apuesta del Distrito consiste en transformar buena parte de estos residuos en nuevos materiales reutilizables para obras de infraestructura, mantenimiento vial y construcción de andenes.La iniciativa hace parte del modelo de economía circular que adelanta Bogotá para reducir la cantidad de residuos que llegan al relleno sanitario Doña Juana.Para ello, se implementó una planta especializada de tres hectáreas destinada al tratamiento integral de residuos provenientes de puntos críticos y de arrojo clandestino.Según explicó el Distrito, la planta cuenta con tecnología para procesar residuos de construcción y demolición, permitiendo transformar cerca de 350 toneladas diarias en materiales aprovechables. Estos elementos reciclados pueden ser utilizados posteriormente en proyectos de urbanismo y mantenimiento de vías y andenes.Uno de los objetivos más ambiciosos del proyecto es aumentar el aprovechamiento de estos residuos. Actualmente, de cada tonelada recolectada en puntos críticos, cerca del 33 % logra recuperarse mediante procesos de separación y transformación, según datos de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP). La meta distrital es alcanzar un 70 % de reutilización.La entidad indica que las cifras muestran la magnitud del problema. Durante 2026, Bogotá ha recolectado 129.315 toneladas de residuos provenientes principalmente de arrojo clandestino.De ese total, 58.010 toneladas fueron sometidas a procesos de gestión integral y tratamiento, mientras que más de 71.000 toneladas todavía tuvieron que ser llevadas a disposición final.Además, en lo corrido del año se han valorizado 41.892 toneladas de residuos mediante procesos de clasificación y reciclaje para producir agregados reutilizables en obras civiles.“Diariamente al relleno sanitario Doña Juana ingresan aproximadamente 5.875 toneladas de residuos, por eso le hacemos un llamado a la ciudadanía recordándoles que el mejor residuo es el que no se produce”, señaló Armando Ojeda, director de la UAESP.Aunque el Distrito avanza en infraestructura y tratamiento de residuos, la administración insistió en que la cultura ciudadana seguirá siendo clave para disminuir los puntos de arrojo ilegal que persisten en varias localidades de la capital.
Una persona camina por el parque, termina una botella de agua o un paquete de papas y los deposita en la caneca más cercana, como debe ser. El problema surge cuando, además de esos residuos pequeños, deciden dejar bolsas grandes de basura del hogar, muebles u otros desechos voluminosos.Aunque pueda parecer práctico, ese mal uso de las canecas del espacio público podría salirle muy caro.En Bogotá hay miles de canecas metálicas instaladas en parques, andenes y zonas residenciales, recipientes pequeños, muchas veces dobles y señalizados para reciclables. Pero no todas pueden usarse para cualquier tipo de basura. Y ahí está el error que genera graves sanciones a los ciudadanos.Las canecas de la ciudad están destinadas para basura pequeñaLa Alcaldía de Bogotá ha reiterado que estas canecas ubicadas en el espacio público están destinadas exclusivamente para basura pequeña o residuos de bolsillo, como envolturas, servilletas o botellas pequeñas. No están diseñadas para:La basura del hogar.Residuos de negocios.Escombros.Desechos voluminosos.Cuando se depositan bolsas grandes o residuos inadecuados, las canecas se desbordan rápidamente, afectan el espacio público y complican el trabajo de los operarios de aseo, manifestó la Alcaldía de Bogotá.Mala práctica en canecas de basura que le puede costar hasta $1 millónEl mal uso de estas canecas puede acarrear una multa cercana a $1 millón ($933.000), según las normas de convivencia y manejo de residuos en la ciudad.Es importante aclarar que la restricción aplica específicamente a las canecas pequeñas instaladas en parques y vías públicas, no a los contenedores grandes destinados para residuos domiciliarios que están ubicados en otros puntos autorizados. No obstante, en estos tampoco se deben arrojar escombros o muebles voluminosos.Bogotá produce cerca de 8.300 toneladas de basura al día, pero solo alrededor del 18 % se recicla, según la UAESP. En 2021 se generaron más de 2,9 millones de toneladas de residuos y en 2023 la tasa de reciclaje bajó al 12,9 %, lo que deja ver un retroceso o estancamiento en el aprovechamiento de desechos en la ciudad.El relleno Doña Juana recibe unas 6.000 toneladas diarias, más de la mitad orgánicas. Además del impacto ambiental, el desperdicio de materiales como el plástico, del que se pierde el 93 %, representa pérdidas cercanas a $2 billones. Ante este panorama, el Distrito ha estado "impulsado estrategias para fortalecer el reciclaje y transformar parte de los residuos en energías limpias".
El director de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), Armando Ojeda, aseguró que la ciudadanía puede estar tranquila frente a la prestación del servicio de recolección de basuras en Bogotá, tras la prórroga por 22 meses del esquema actual. Durante una entrevista en Mañanas Blu 10:30, el funcionario afirmó que habrá cobertura del 100 % y continuidad en el servicio, descartando un escenario de crisis en la ciudad.Ojeda explicó que la prórroga de los contratos se realiza en cumplimiento de órdenes de la Corte Constitucional, particularmente relacionadas con la protección de los recicladores de oficio. Según indicó, esta extensión contractual no implica una simple continuidad del esquema actual, sino que incluye una serie de mejoras operativas.¿En qué mejorará la recogida de basuras en Bogotá?Entre las medidas anunciadas, el director de la Uaesp señaló la incorporación de 35 vehículos nuevos, el aumento de los kilómetros de barrido y el fortalecimiento de la interventoría para verificar el cumplimiento de las frecuencias de recolección, barrido y limpieza por parte de los prestadores del servicio.Durante la entrevista, Ojeda reconoció que uno de los principales problemas que afectan la limpieza de la ciudad está relacionado con los residuos voluminosos y de construcción y demolición. Mencionó que elementos como colchones, sanitarios o muebles están siendo dejados en el espacio público, pese a que los vehículos compactadores no pueden recolectarlos.Indicó que el Distrito ha tenido que destinar recursos adicionales para atender puntos críticos y arroyos clandestinos, los cuales, aunque han sido mitigados, continúan apareciendo. En ese contexto, anunció el fortalecimiento de Aguas de Bogotá, cuya capacidad de recolección pasó de 180 toneladas diarias a más de 400, y que después del 12 alcanzará las 1.000 toneladas diarias.El funcionario subrayó que gran parte de estos residuos no se depositan adecuadamente y reiteró que se viene trabajando, por instrucción del alcalde Carlos Fernando Galán, en estrategias de cultura ciudadana y apropiación del espacio público.Cambios operativos y ecopuntosFrente a los ajustes realizados tras su llegada a la Uaesp, Ojeda explicó que será necesario volver a la Comisión de Regulación de Agua Potable (CRA) para verificar los motivos que permitan asignar nuevas áreas de servicio. Mientras tanto, señaló que se han implementado mejoras como el incremento de los lavados en la ciudad, superando los 7.000 mensuales.También destacó el fortalecimiento de los Ecopuntos, espacios donde la ciudadanía puede llevar de manera gratuita residuos voluminosos y de construcción. Según indicó, estos puntos se incrementarán y se avanzará hacia un esquema que proteja a los recicladores y tenga en cuenta las experiencias previas con la contenedorización, que tuvo resultados dispares según la zona.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
Tal como lo había adelantado el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se firmó la prórroga por dos años con las cinco empresas concesionadas encargadas de la limpieza y recolección de residuos de la ciudad. Por su parte, el director de la UAESP, Armando Ojeda, aseguró que con esta firma viene la innovación y actualización, que básicamente es la llegada, en los próximos tres meses, de 35 nuevos camiones compactadores de basuras a la capital con el fin de ampliar los recorridos de recolección, pero así mismo reducir los puntos críticos de concentración de basuras que se da en el centro y sur especialmente.“Hay que decirle a la ciudadanía que después del 11 de febrero vamos a mantener la cobertura en el 100 % de la ciudad en lo que tiene que ver con recolección, transporte, barrio, limpieza, lavanderías públicas. Venimos trabajando con los concesionarios con el fin de dar cumplimiento a un mandato de la Corte Constitucional en defensa de los recicladores de oficio para mantener las garantías que se tienen para ellos, pero adicionar a eso no solamente en garantías para los recicladores, sino también en mejoras en la prestación del servicio”, concluyó el director de la UAESP.Por su parte, también fue enfático en que a Bogotá se le van a extender los kilómetros de barrido, que pueden superar los 45 mil, para garantizar la cobertura total y así mismo no descartaron la instalación de cobertores en zonas residenciales para evitar que los residuos se queden en la calle. Entre tanto, el distrito aún está en la evaluación de aplicar más recolección en horarios nocturnos o diurnos en las zonas identificadas con mayor riesgo de acumulación.Así las cosas, se adelanta también un trabajo conjunto con varias secretarías de distrito, como Gobierno y Seguridad, para aplicar las sanciones a quienes sean vistos dejando desechos en las esquinas como escombros o material biológico que represente un riesgo.
La Alcaldía de Bogotá, a través de la UAESP y la Secretaría Distrital de Seguridad, adelantó una nueva jornada en la que ciudadanos que infringieron el Código de Policía pudieron pagar parte de sus comparendos mediante trabajo comunitario. En esta ocasión, los participantes realizaron labores de limpieza, barrido y recolección de residuos en la Carrera 10.“Estas acciones buscan que los ciudadanos que cometieron infracciones cambien su conducta y, además, le aporten un servicio social a Bogotá. Las sanciones buscan también cambiar las acciones y comportamientos inadecuados, y esta estrategia busca este fin”, manifestó Armando Ojeda, director de la UAESP.Según la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, en lo corrido de 2025 se han llevado a cabo 280 jornadas de trabajo comunitario en Bogotá. En estas actividades han participado 2.951 ciudadanos, quienes realizaron labores sociales como parte del proceso para disminuir o compensar el valor de sus comparendos.Las personas que integraron las jornadas hacen parte del grupo que puede acceder a la conmutabilidad, una figura que permite sustituir parte de la multa económica por acciones comunitarias con enfoque restaurativo. No obstante, este beneficio no se concede de manera automática: su aprobación depende de la respectiva inspección de Policía, mientras que la Secretaría de Seguridad es la encargada de verificar y certificar que las tareas se cumplieron correctamente.Varios participantes destacaron el impacto positivo de estas jornadas. Marco Atuesta, uno de ellos, aseguró: “Me parece muy bueno porque uno ayuda a limpiar la ciudad, a fortalecerla y, de paso, nos reivindica para no volver a cometer errores”.
Los bienes públicos son aquellos que son accesibles para toda la sociedad, pues todos se benefician de ellos. Estos elementos son financiados gracias a impuestos específicos que la ciudadanía paga al Estado o a las entidades locales.En Bogotá los bienes de uso público se consideran los parques, calles, vías, plazas, zonas verdes y puentes e incluso el alumbrado.Frente a esto, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) dio a conocer una problemática que ocurre en la ciudad debido al hurto y el vandalismo de las luminarias.Luminarias afectadas por vandalismo y hurto en 2025De acuerdo a la entidad, unas 5.147 luminarias han sido afectadas por el vandalismo y el hurto en lo que va de 2025. A pesar de que representa una disminución del 20,6% con respecto a 2024, la cifra no quita la percepción de inseguridad y el alto riesgo de accidentes que se registran en los lugares más afectados.El director de la UASESP, Armando Ojeda, manifestó que “una ciudad iluminada protege a sus ciudadanos… Estamos comprometidos con una Bogotá más iluminada y segura. Para la administración… es fundamental prestar un servicio público de calidad, por ello tenemos un plan estratégico ambicioso para fortalecer la iluminación de la ciudad y a la vez reducir estas acciones vandálicas”.En total, el número de luminarias que tuvieron que ser reinstaladas fue de 499 y repuestas por la entidad 4648.Localidad con alumbrado público más afectadoDe las 20 localidades de Bogotá, la más afectada por el hurto y el vandalismo fue Suba, con 1.537 casos, lo que representa más del 3,5% de su infraestructura. Según la UASESP, la cifra se debe a que es una de las zonas con más instalaciones eléctricas dentro del sistema de alumbrado público de la ciudad.Por otro lado, la entidad también hizo un análisis técnico en el que determinó qué tipos de luminarias son las más expuestas.Las de halogenuro metálico (MH) son las que más sufren casos de hurto y vandalismo, con una participación del 73% de los reportes. Además, el 45% de estas acciones se concentran en la malla vial local, especialmente en zonas residenciales con menor vigilancia nocturna.Lea también: (Megatoma de seguridad en el canal Comuneros deja incautaciones, desmontes y un corredor recuperado).Por su parte, Diego Alejandro Ossa, subdirector de alumbrado público de la UAESP, manifestó que “cada luminaria instalada contribuye significativamente al bienestar y la seguridad de la comunidad”.Para mitigar esta problemática, la entidad, la Secretaría de Seguridad y la Policía Metropolitana de Bogotá están implementando una estrategia para lograr identificar a los responsables.
Este domingo, 8 de noviembre de 2026, se analizaron los siguientes temas en Sala de Prensa Blu:Escándalo de la vida privada del expresidente Gustavo Petro: Debate sobre las denuncias del presunto uso de recursos públicos para pagar contratos a cambio de favores sexuales y su impacto ético y judicial.Entrevista con Cecilia López Montaño: La exministra presenta su libro sobre el gobierno de Gustavo Petro, analizando la pérdida de ética pública, el cambio de rumbo gubernamental y las consecuencias para el país.Gira del Papa León XIV por América Latina: Reporte con el periodista Néstor Pongutá sobre el recorrido del Pontífice por Uruguay, Argentina y Perú (Chiclayo), resaltando la masiva convocatoria y sus mensajes pastorales.Situación del Cauca y su potencial económico: Entrevista con Ana Fernanda Muñoz (presidenta de la Cámara de Comercio del Cauca) sobre el impacto de la violencia, los daños del terremoto, el reclamo de presencia estatal integral y la fuerza agroexportadora regional.Perspectivas del sector de hidrocarburos: Entrevista con Frank Pearl (presidente de la ACP) sobre la reactivación de la exploración petrolera y de gas, subrayando la necesidad de seguridad jurídica y agilidad en consultas y licencias ambientales.Balance a 10 años del Acuerdo de Paz: Adelanto de la entrevista con la defensora del Pueblo, Iris Marín, sobre las deudas en el desarrollo territorial de las zonas PDET y el cumplimiento de las sanciones restaurativas para los excombatientes de las FARC.Sección de cine y plataformas: Recomendaciones de Luis Carlos Rueda con la película colombiana Pacífico, los estrenos El gato en el sombrero, Godzilla, Yo soy Rocky y la serie de Netflix sobre la toma del Palacio de Justicia.
Las variaciones climáticas extremas entre temporadas de calor y lluvias están generando un impacto directo en el sector agrícola de Antioquia, donde la pérdida de cultivos por sequías e inundaciones amenaza con encarecer la canasta familiar. De acuerdo con un análisis económico de la Universidad Pontificia Bolivariana, las afectaciones en las zonas de siembra del departamento reducirán la oferta de productos básicos, presionando el alza de precios en los mercados locales.El estudio, desarrollado por el docente e investigador Iván Montoya, señala que la alteración en las fuentes de agua impacta tanto a la agricultura como a la ganadería antioqueña, afectando la producción de leche, carne y vegetales. Según las proyecciones del analista, el desabastecimiento de alimentos y el incremento en los servicios de energía y agua podrían encarecer hasta en un 19 % el costo de la canasta básica de los hogares paisas, debido a los mayores costos que asumen los campesinos para mantener sus plantaciones. "Todas estas implicaciones macro muy seguramente van a tener repercusiones económicas en el bolsillo de los hogares; por un lado, se ha venido mencionando para ver un aumento, pues, en los costos de producción, sobre todo los costos agrícolas fundamentalmente, y eso va a generar un aumento en la producción de alimentos que termina generando, pues, inflación; ya había mencionado el caso", indicó el docente.El análisis económico contempla que la región Andina sufrirá el mayor impacto estructural por la disminución en los caudales de los ríos y una reducción de un tercio en las precipitaciones. Esta situación compromete a los embalses del interior del país, que concentran el 95 % de la capacidad nacional, y afecta a otras regiones como la Caribe, el Pacífico y la Orinoquía, donde la falta de agua de riego e inundaciones repentinas impiden que los cultivos prosperen, reduciendo la oferta de alimentos a nivel nacional.Ante la imposibilidad de aumentar la producción agrícola local por los daños en la tierra, la investigación prevé que el país deba recurrir a la importación de insumos y granos básicos mediante la revisión de salvaguardas comerciales; un panorama que ya se refleja en las calles de Medellín, donde comerciantes y familias observan transformaciones en sus dinámicas cotidianas y se abstienen de comprar ciertos productos que antes adquirían habitualmente, dado que, según señalan los propios habitantes, sus costos actuales se han vuelto inalcanzables. "Una semana dicen no, la otra semana sube tal cosa, entonces cada ratico están subiendo, están subiendo. Eso sí ha afectado y se han disminuido las ventas también. Nos han subido la crema de leche, nos suben el queso. Tenemos que subir de precio las cosas", indicaron algunos ciudadanos consultados por BLU Radio.Asimismo, el docente señala que este fenómeno generará una presión inflacionaria originada por la caída en la oferta de alimentos, lo que dejaría al Banco de la República con un margen muy reducido para bajar las tasas de interés en los próximos meses.
La decisión, con 23 votos a favor y ninguno en contra, se tomó en segundo debate del Proyecto de Ordenanza que busca garantizar la continuidad de los estudios y las etapas necesarias para sacar adelante el denominado Tren Multipropósito de Antioquia.Con esta capitalización se financiarán las fases 3 y 4 de la estructuración del proyecto, luego de que durante 2025 se completaran las dos primeras etapas. En ese periodo se revisaron los estudios de factibilidad, se actualizó la información técnica y la proyección de demanda de pasajeros y carga, y se evaluaron diferentes alternativas de trazado y financiación.Como resultado de ese trabajo, el corredor Bello-Puerto Berrío fue definido como prioritario para continuar con el desarrollo del proyecto ferroviario, que busca conectar el Valle de Aburrá con el Magdalena Medio.La tercera fase contempla la actualización de estudios y diseños, la estructuración del modelo financiero y la definición de la matriz de asignación de riesgos. Posteriormente, en la cuarta etapa se elaborarán los documentos contractuales y los insumos necesarios para una eventual salida al mercado.Para ese proceso se contempla la posibilidad de utilizar un esquema de Asociación Público-Privada (APP) u otro mecanismo de financiación que permita garantizar la sostenibilidad del proyecto.El corredor ferroviario priorizado tendrá una extensión de 182,1 kilómetros, desde Bello hasta Puerto Berrío, y conectará dos subregiones estratégicas del departamento: el Valle de Aburrá y el Magdalena Medio.De acuerdo con la presentación del proyecto, su área de influencia comprende 12 municipios y una población estimada de 3.706.611 habitantes. Además, se proyecta como una alternativa para fortalecer la conexión logística de Antioquia y facilitar una eventual conexión con los puertos del mar Caribe.
Las autoridades en el departamento de Antioquia han alzado la mano para mostrar su preocupación por la guerra que se vive en el Suroeste antioqueño entre el Clan del Golfo y al menos 17 estructuras delincuenciales que están buscando apoderarse del territorio.Las alarmantes cifras fueron entregadas por la Gobernación de Antioquia quien advirtió que está buscando con el Ejército Nacional y la Policía Nacional la manera para poder acabar con la disputa que ha creado temor entre la comunidad.El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, destacó que en esta subregión del departamento se han reportado algunos homicidios producto de la confrontación entre los grupos delincuenciales."Esos homicidios del enfrentamiento de criminales del clan del golfo contra criminales de 17 estructuras delincuenciales que quieren apoderarse del del microtráfico. Aquí sabemos que esta, que ha sido una zona pacífica trabajadora por excelencia, tiene una incidencia criminal bastante grande por cuenta de la factura de esa renta que persiguen estos bandidos", indicó el mandatario.Hay que mencionar que en el Suroeste antioqueño no solo hay presencia del Clan del Golfo sino también del ELN, que sería uno de los mayores dinamizadores de la violencia, y las disidencias que como en otras zonas del departamento estaría en alianza con el Clan del Golfo buscando mayor control territorial.Por ahora las autoridades en Antioquia están tras la pista de los intereses que hay detrás de los 17 grupos delincuenciales con presencia en el Suroeste antioqueño, ya que no se descarta que el ELN tenga relación con alguna de estas facciones que buscan quitarle las rentas ilícitas al Clan del Golfo.
En el Valle de Aburrá, la Policía Nacional adelantó dos operativos de control y registro que dejaron como resultado la captura de 13 personas y la incautación de cerca de 3.900 dosis de sustancias estupefacientes. Las acciones institucionales se desarrollaron de manera simultánea en el municipio de Bello y en el sector del centro de Medellín para contrarrestar el tráfico local de drogas y las economías ilícitas en ambas localidades.El primer procedimiento tuvo lugar en el sector de El Carmelo, en el municipio de Bello, donde las patrullas de vigilancia interceptaron una motocicleta en la que se movilizaban dos hombres de 29 y 36 años. Durante la inspección, según el Teniente Coronel José Fernando Mazo, comandante Operativo Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, hallaron un bolso con cerca de 900 dosis de marihuana listas para su distribución. Los dos ciudadanos fueron capturados e individualizados para ser puestos a disposición de la Fiscalía por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes."El procedimiento se desarrolló en el sector del Carmelo, donde nuestras patrullas de vigilancia durante actividades de registro y control interceptaron una motocicleta en la que se movilizaban estos dos ciudadanos. Al realizar la inspección, nuestros uniformados encontraron en el interior un bolso con las sustancias estupefacientes, las cuales, de acuerdo con las verificaciones preliminares, iban a ser distribuidas en este sector". indicó.Por otra parte, en el barrio Estación Villa del centro de Medellín, la fuerza pública y la Alcaldía Distrital ejecutaron una intervención integral que culminó con la captura de 11 personas y la incautación de 3.000 dosis de sustancias ilícitas. En el sitio se materializaron tres órdenes judiciales por concierto para delinquir, receptación y falsedad marcaria, mientras que ocho personas más fueron judicializadas en flagrancia. Las autoridades precisaron que los detenidos presuntamente estarían vinculados al grupo delincuencial 'Los Carabanudos', alineado con la estructura 'La Terraza'.Entre los procesados en la capital antioqueña figura un hombre conocido como alias 'Cachetón', quien registra nueve anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio por tráfico de estupefacientes. Asimismo, de acuerdo con el Coronel Richard Fajardo, comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, se capturó a una mujer identificada como alias 'La Cucha', señalada por las investigaciones de administrar una vivienda que era utilizada como centro de acopio y expendio de sustancias alucinógenas y otras actividades delictivas en el sector."Entre los capturados se encuentran alias Cachetón, quien registra nueve anotaciones por tráfico de estupefacientes, y alias La Cucha, señalado de administrar un inmueble utilizado para la comercialización de sustancias ilícitas. Estas acciones hacen parte de una estrategia sostenida para contrarrestar las economías criminales y prevenir hechos de violencia", señaló. Durante la jornada en el centro de la ciudad, los uniformados decomisaron 97 armas cortopunzantes, recuperaron dos motocicletas reportadas como robadas y aplicaron el cierre temporal a tres establecimientos comerciales por incumplimiento normativo. Los 13 capturados en ambos municipios quedaron bajo custodia de la Fiscalía General de la Nación para definir su situación jurídica.
