Un nuevo hecho violento generó incertidumbre y zozobra en el Norte antioqueño, luego de que hombres del ELN salieran a la vía Medellín - Costa Atlántica y recordando situaciones recientes, quemaran dos camiones y un bus de la empresa de transporte, Coonorte. Además, instalaron una bandera del grupo ilegal y lo que sería un artefacto explosivo.Las autoridades en el departamento de Antioquia confirmaron que esta situación ocurrió en el sector Crucecitas en donde los tres vehículos, al parecer, fueron interceptados por ilegales y luego incinerados en esta importante vía de carácter nacional."Me acabaron de quemar el carrito acá en Valdivia, en Puerto Valdivia. Casi me meten un tiro porque les estaba chillando que no me quemaran el carro", relató uno de los afectados.Aunque las personas que se transportaban tanto en los camiones como en bus no resultaron heridas, las pérdidas económicas por este nuevo atentado terrorista son grandes y, además, siembran nuevamente el miedo para quienes se movilizan por el Norte antioqueño.Mientras las autoridades correspondientes investigan la situación y tratan de dar con los responsables, hay que recordar que esta acción se da pocas horas después de que fuera frustrado un atentado similar en la misma Troncal de Occidente, pero a la altura del sector La Paulina.En dicho punto del municipio de Valdivia, el Ejército Nacional halló tres artefactos explosivos y un señuelo que instaló el ELN y con los que pretendía atentar al paso de la Fuerza Pública o cualquier civil que transite por la vía Medellín - Costa Atlántica.Dicho operativo permitió identificar y, posteriormente, destruir dos cilindros cargados y un artefacto adicional con método de activación por radiofrecuencia con cerca de 100 kilos de explosivos, así como se logró ubicar un señuelo con el que el ELN busca engañar a las autoridades.
Vuelve y juega: el Ejército destruyó recientemente un nuevo artefacto explosivo con el que el ELN pretendía atentar contra la vía a la Costa Caribe en jurisdicción de Valdivia. Hay preocupación por la frecuencia de este tipo de acciones en este corredor clave para la movilidad de la región.Acciones terroristas por parte de grupos armados como la guerrilla del ELN siguen causando temor en el Norte de Antioquia, donde el epicentro nuevamente fue la vía que comunica a Medellín con la Costa Caribe.Esto, por cuenta de un artefacto explosivo que habría sido instalado por parte de hombres de la compañía Héroes de Tarazá en este corredor, a la altura del sector El Pescado, en el municipio de Valdivia.La Séptima División del Ejército informó que, tras recibir el reporte sobre el artefacto, personal del grupo antiexplosivos se trasladó hasta la zona para desinstalar y detonar controladamente la carga.Este tipo de acciones se registran no solo en medio de otras similares ejecutadas en los últimos meses sobre la misma vía, sino también a escasas dos semanas de que las autoridades localizaran en la vereda Palomas, muy cerca al mismo corredor, abundante material explosivo que sería utilizado para los mismos fines por parte del grupo armado al margen de la ley.En este punto, el Ejército incautó un cilindro de 40 libras, una granada IM26, cerca de 600 metros de cordón detonante, 350 metros de mecha de seguridad y un chaleco pixelado de uso exclusivo de las fuerzas militares.
En máxima alerta siguen las autoridades de seguridad en Antioquia tras hechos terroristas que han generado integrantes del ELN en diferentes zonas de Antioquia, a propósito del paro armado a nivel nacional anunciado por 72 horas, motivo por el que 2.000 hombres se desplegaron en el territorio.En las últimas horas la compañía Héroes de Tarazá atacó con ráfagas de fusil y ametralladora a tropas del Batallón de Infantería Liviana N.° 31 Rifles que adelantaban operaciones en el sector La Paulina, en Valdivia, lo que derivó en que un vehículo de carga pesada fuera impactado y un menor de edad resultara herido, siendo este auxiliado por la comunidad y trasladado al hospital local para recibir atención médica.El brigadier general Fabio Leonardo Cancelado, comandante de la Séptima División del Ejército, señaló que las tropas están desplegadas en sitios estratégicos para evitar atentados."El objetivo es acompañar y brindar seguridad a la población civil y proteger la infraestructura crítica ante la amenaza del mal llamado paro armado por parte del cartel narcoterrorista del ELN. Nuestras unidades se encuentran en alistamiento total y en operaciones permanentes para prevenir cualquier acción terrorista o afectación a los derechos humanos de los habitantes de las diferentes regiones", destacó el militar.Y es que en ese mismo sitio de la vía a Medellín - Costa Caribe se registró la quema de un bus de servicio público proveniente de Barranquilla con 18 pasajeros, motivo por el que incluso el alcalde de esta localidad, del Norte de Antioquia, Carlos Molina, expresó su preocupación por la recurrencia de este tipo de hechos en los últimos meses."Un tema que, de cierta manera, en lo personal, no deja de de generar consternación, deja, digamos, mucha impotencia, porque si precisamente sobre esa zona, pues se sabe que es la más álgida, creo que hay que tener un especial cuidado, cuanto al tema de las fuerzas militares sobre ese sector", advirtió el mandatario local.Lo anterior se suma a que en las primera horas de este lunes 15 de diciembre se identificaron banderas del grupo guerrillero en el municipio de Caldas, cerca al alto de Minas, y en la autopista Norte, entre Copacabana y Girardota.De igual manera, avanzan las verificaciones para determinar si un atentado con explosivos por parte del mismo grupo armado fue el responsable de afectaciones identificadas en las últimas horas en un puente sobre la vía La Mansa - Primavera, kilómetro 37 + 750, sector El Barroso, donde pobladores de la zona, en la vía a Salgar, reportaron un fuerte estruendo.Estas acciones atribuidas al ELN se suman a la presencia de explosivos y banderas en dos tramos de la autopista Medellín - Bogotá que también obligaron al cierre preventivo de la vía por varias horas este domingo 14 de diciembre. Un último suceso que aún no se ha atribuido al ELN, pero está siendo materia de investigación tiene que ver con una carga explosiva activada en la vía Medellín - La Pintada que incluso produjo el levantamiento de la calzada. Por los responsables del ataque ya la Gobernación ofreció 50 millones de pesos para quien brinde información que permita su captura.
Hay zozobra en las vías de Antioquia que conectan a otras regiones del país, debido a que la guerrilla del ELN inició una serie de ataques violentos en medio del paro armado anunciado hace pocos días.El caso más grave ocurrió cuando hombres armados, con distintivos del grupo ilegal salieron a la vía Medellín - Cartagena, en el sector Paulinas, entre Valdivia y Puerto Valdivia, norte de Antioquia y avisaron a varios conductores sobre sus acciones que buscaban generar visibilidad ante la fuerza pública y otros actores armados que están en disputa del territorio."Estamos haciendo un control de rutina. Como organización del ELN nos hacemos sentir, vamos a pintar acá en las cabinitas, no en la pintura. Vamos a dejar una carguita explosiva, algo pequeño, algo controlado. Ya después de nosvayamos eso se explotará para que haga una bulla y la fuerza pública sienta que nosotros estamos acá", le dijo uno de los guerrilleros a un conductor que se encontraba en el tracón generado por esta acción.Los sujetos con armas largas amenazaron a un conductor de un bus de la empresa Expreso Brasilia con 18 pasajeros, que salió de Barranquilla, los hicieron descender del vehículo y le prendieron fuego.Además, varias detonaciones se esucharon en la zona, al parecer, en medio de la reacción del Ejército Nacional, que llegó para atender la situación y retomar el control.Sin embargo, no ha sido la única situación, hombres instalaron banderas del ELN instalaron explosivos cerca del Peaje de Copacabana y solo detonó una carga sin dejar heridos, igualmente a pocos metros del municipio de El Santuario, en la vía Medellín- Bogotá, generando temor entre los habitantes y viajeros, por lo que la carretera tuvo que ser cerrada por varias horas mientras se verificaba si había explosivos.Por último, hubo un atentado terrorista en la conexión entre Antioquia y el Eje Cafetero, en el municipio de La Pintada, donde levantaron el asfalto con explosivos. Por este hecho, la Gobernación de Antioquia, ofreció hasta 50 millones de pesos de recompensa para identificar a los responsables.
En medio del complejo panorama de orden público y humanitario en varios municipios del Norte de Antioquia, sigue la ofensiva de la fuerza pública contra grupos armados en disputa por el control del territorio y las rentas ilícitas.Este es el caso del municipio de Valdivia donde en las últimas horas tropas del Batallón de Infantería Aerotransportado N.° 31 Rifles, adscritas a la Décima Primera Brigada del Ejército, sostuvieron combates con integrantes de la subestructura Julio César Vargas del Clan del Golfo en la vereda San José de Génova.En medio de estas acciones, la institución militar destacó que uno de los integrantes de este grupo criminal fue abatido, mientras que se logró la incautación de ochos fusiles, 29 proveedores y más de 2000 cartuchos de diferentes calibres que estaban en el lugar de las confrontaciones."Contra esta estructura, la cual nos viene afectando los municipios de Valdivia, Tarazá, Cáceres, ha sido reiterativa el accionar de la fuerza pública. Este es el compromiso que tenemos con el Bajo Cauca antioqueño", dijo el general Eduardo Alberto Arias, comandante Décima Primera Brigada.Dentro del material de intendencia fueron incautadas prendas y artículos de uso privativo de las fuerzas militares como 11 guerreras, 10 pantalones tipo camaleón, 24 buzos tácticos, 12 equipos de campaña, ocho chalecos, nueve cintelas, tres bolsos de asalto y seis sudaderas, así como lograron la ubicación de ubicaron dos radios, baterías y antenas.En el desarrollo de la operación, uno de los soldados resultó herido, y con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana fue evacuado de manera inmediata hacia la ciudad de Medellín, donde está siendo atendido en un centro asistencial.
Bajo riesgo de amenazas por artefactos explosivos siguen poblaciones en el Norte de Antioquia, pues a recientes amenazas controladas y descartadas en los municipios de Briceño y Amalfi, respectivamente, ahora se suma el municipio de Valdivia.Esto luego de que en las últimas horas fuera reportado a las autoridades el hallazgo de un cilindro al parecer cargado con explosivos en una vía terciaria que comunica a la vereda La Paulina con el corregimiento de Raudal Viejo.Tras conocerse la novedad, el director operativo de la Secretaría de Seguridad de Antioquia, José Lesmes, indicó que el Ejército avanza de manera segura y con asistencia tecnológica corroborando la presencia de este elemento."Con unos drones que tiene la Brigada 11, están verificando en zona rural, en la parte alta del Raudal, para tratar de establecer si es efectivamente un cilindro, porque pues hay que verificar si no se trata de un señuelo, un área preparada para estar a la llegada de las tropas y poder atacarlas", declaró Lesmes.La principal versión que por hora manejan las autoridades es que los responsables del hecho terrorista sean las disidencias del frente 36 de las Farc, pues también se ha conocido un mensaje de texto que ha circulado entre las poblaciones afirmando que la intención de alias ‘Barbas’ es impedir la movilidad de población civil para posiblemente entrar en confrontaciones con el Clan del Golfo.Según el mensaje habría una inconformidad de parte del grupo armado con el Ejército por bajas acciones ofensivas contra sus enemigos."Hay zozobra en la población porque efectivamente puede existir ese cilindro, entonces pues obviamente las personas para salvaguardar la vida no estarán cruzando por el sector, pero una vez se tenga la información puntual, ya las fuerzas militares actuarán sobre el mismo", advirtió.La presencia de este y otros artefactos explosivos en las últimas semanas en el Norte y Nordeste de Antioquia se espera que sea uno de los temas a tratar durante el consejo de seguridad que preside este viernes en el municipio de Amalfi el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, para evaluar las medidas implementadas tras el ataque que cobró la vida de 13 policías en la vereda Los Toros.
Como una conducta grave fue calificada de manera provisional la presunta falta disciplinaria cometida por el exgerente del Hospital San Juan de Dios del municipio de Valdivia, en medio de un procedimiento a autorizar con una paciente en grave estado.La Procuraduría General formuló pliego de cargos contra Andrés Felipe Delgado Brand, quien, para diciembre de 2020, fecha en la que ocurrieron los hechos, estaba al frente de ese centro de salud ubicado en el Norte de Antioquia.El ente de control investiga una posible negligencia por parte del directivo, tras una queja interpuesta por el hijo de una paciente en grave estado que debía ser trasladada de urgencia a un hospital de mayor complejidad en la ciudad de Medellín.Estas labores se dificultaron, pues, al parecer, Delgado no autorizó el tanqueo de la ambulancia que realizaría el traslado porque no aparecía en sus registros un recibo del consecutivo de la anterior tranqueada del vehículo, un requisito impartido días antes por él mismo para realizar un nuevo suministro de combustible.Tras la formulación de cargos por parte de la Procuraduría Provincial de Yarumal, el exfunicionario podrá aportar todos elementos que considere relevantes para su defensa y evitar así alguna medida disciplinaria por parte de la entidad al considerar que con su conducta puso en riesgo la vida de una paciente.
Recientemente se conoció el caso de Marco Antonio Suárez Arroyave, un reconocido líder social y presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Tigre, en el municipio de Valdivia, Antioquia, quien fue ultimado en esa zona.El crimen ocurrió en la vía que conecta a Puerto Valdivia con el proyecto Hidroituango, una zona históricamente disputada por grupos armados ilegales como el Clan del Golfo (EGC), el Frente 36 del Bloque Magdalena Medio y estructuras locales.De acuerdo con Indepaz, Suárez Arroyave dedicó cerca de 17 años al trabajo comunitario en su territorio, impulsando procesos de organización campesina y participando activamente en la Asociación Campesina de Ituango, la Asociación Campesina del Bajo Cauca (ASOCBAC) y, en su momento, en el movimiento Marcha Patriótica.El coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, comandante departamento de Policía de Antioquia encargado, manifestó a Blu Radio que los hechos se registraron a hora y media del casco urbano y que el caso fue reportado por el ingreso del hombre a la morgue municipal, por lo que, por ahora, se indaga cuáles fueron los móviles del crimen."En cuanto al tema de su liderazgo social, a través del cuerpo de élite se están llevando a cabo las verificaciones puntuales para así determinar cuáles son los pormenores de lo que conllevaron a la muerte de esta persona. Determinar las causas y los autores y agentes que llevaron a que se produjera este hecho", dijo Muñoz.A la par, el comandante encargado señaló que también hay que tener en cuenta dentro de la investigación judicial que el hombre tenía anotaciones por varios delitos."Unas anotaciones de un violencia contra servidor público y otra, pues, por violación de libertad de trabajo, entendiendo, pues, que en la zona hay injerencia de del ELN y otros componentes armados ilegales. Entonces, esa es la situación que se presentó", agregó el uniformado.La entidad reiteró que la Defensoría del Pueblo, en sus alertas tempranas 002 de 2019 y 019 de 2023, que ya había advertido sobre los graves riesgos que enfrentan líderes sociales, defensores de derechos humanos y comunidades en esta región, donde persisten imposiciones de normas y control social por parte de los grupos armados.Con este asesinato, Indepaz reporta que 109 líderes sociales y defensores de derechos humanos han sido asesinados en lo corrido de 2025 en Colombia.
Hay temor e incertidumbre en Valdivia a raíz de mensajes de WhatsApp de grupos armados que estarían anunciando un toque de queda. Las autoridades se encuentran verificando la veracidad de estos mensajes que estarían generando miedo en el corregimiento del Aro en Ituango y varias veredas de Valdivia como lo son Astilleros, Santa Bárbara y Vijagual.Mensajes de WhatsApp, que al parecer, serían de los frentes 18 y 36 de las disidencias de las Farc, están sembrando temor en el municipio de Valdivia. En estos, el grupo armado, estaría anunciando un toque de queda que iniciaba este martes desde las 6:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. en la vía Puerto Valdivia-Ituango.Según la ONG Corpades, en estos mensajes se advierte que se comenzarán acciones armadas y enfrentamientos contra el Clan del Golfo y la posible instalación de explosivos en esta zona. El alcalde de Valdivia, Carlos Molina, le indicó a Blu Radio que están al tanto de la situación y que se encuentran verificando la veracidad de estos mensajes."Han circulado unos mensajes de texto vía WhatsApp que en este momento se está confirmando la veracidad de los mismos, toda vez de que a veces personas malintencionadas también o grupos extorsivos han venido, digamos, enviando mensajes de este tipo y que estamos en esa tarea a través de las fuerzas militares de confirmar", explicó el mandatario.El coronel Óscar Mauricio Rico, comandante de la Policía de Antioquia, indicó que, de igual manera, han recibido alertas por la instalación de explosivos en esta localidad."Aquí lo que estamos viendo es una arbitrariedad de los grupos criminales de afectar la movilidad de las personas en este lugar. Hay unas alertas que se han generado por posibles instalaciones de artefactos explosivos que han sido desplegadas a la fuerza pública", indicó el coronel.Es de anotar que esta no es la primera vez que se alerta de este tipo de situaciones, pues a inicios de este mes, las autoridades también habían recibido información de esta nueva modalidad usada por grupos armados en los municipios de El Bagre e Ituango, donde los ilegales mediante mensajes y audios de WhatsApp le estarían informando a la comunidad sobre las acciones delictivas que planean desarrollar en el territorio.
Las autoridades en Antioquia están sumamente preocupadas porque los grupos ilegales encontraron una nueva manera de comunicarse con las comunidades y así poderles informar de diversas acciones criminales a realizar en diferentes municipios como El Bagre, Ituango y Valdivia.Aunque parezca muy sofisticado, los delincuentes envían mensajes y hasta audios de WhatsApp para decirle a las personas que habrá enfrentamientos, retenes o simplemente para intimidarlos.Por ejemplo, en uno de los municipios donde se ha visto esta práctica es en Valdivia y es que en una conversación reciente con Blu Radio, el alcalde del municipio, Carlos Molina, mostró su preocupación por cómo se enteraron las personas de los enfrentamientos entre ilegales, incluso, horas antes de que estos sucedieran en veredas como La Llana y La Coposa."Audios a través de grupos de WhatsApp, de estos grupos subversivos, digamos, alertando sobre la inminente confrontación y que esto hizo, pues, que algunas familias salieran de sus residencias y estén hoy en condición de desplazamiento en la localidad", explicó el mandatario.Pero no es el único caso que ocurre en Antioquia, ya que en El Bagre también se han reportado casos en los que las personas han recibido intimidaciones por WhatsApp según reconocieron las autoridades en la zona. Destacan en este municipio que los mensajes difundidos, en donde hablan de presencia de grupos en el casco urbano, tiene el único propósito de generar temor y zozobra.Por ahora diferentes autoridades en el departamento buscan localizar de dónde provienen estos mensajes y qué grupos estarían detrás de este modus operandi que únicamente alerta a las personas y les infunde temor, generando afectaciones como los confinamientos en la ruralidad de Antioquia.Tras conocerse estos hechos desde varias parte de la región se le pide a la comunidad alertar a las autoridades cuando reciben este tipo de mensajes para de manera inmediata comprobar la veracidad de los mensajes.
El Juzgado 804 Transitorio de Familia de Bogotá concedió una acción de tutela y ordenó al presidente Abelardo De La Espriella abstenerse, en ejercicio de sus funciones, de participar en actos religiosos que impliquen adhesión o identificación del Estado con una confesión determinada.La decisión fue adoptada al resolver una tutela presentada por el ciudadano Julio Jair Mizger Díaz, quien alegó la vulneración de sus derechos a la libertad de conciencia, la libertad de cultos y el principio de laicidad del Estado.El caso se originó por los hechos ocurridos el 29 de agosto en la Plaza de Bolívar, durante la denominada “Gran velatón por las víctimas del terremoto”, convocada por el Gobierno Nacional para recaudar ayudas tras el sismo del 10 de agosto. Según el accionante, durante el evento se realizaron actos propios de la religión católica que excluyeron a otras confesiones y a personas no creyentes.En la tutela se afirmó que el presidente participó en la “coronación de una estatua de la Virgen de Fátima” y que, además, habría entregado la Nación a Cristo. El ciudadano sostuvo que el evento fue convocado y difundido a través de canales oficiales del Estado, lo que le otorgó un carácter institucional.El juez estudió ambos aspectos por separado. Tras revisar el material audiovisual, concluyó que la participación del mandatario en la imposición de una corona a la imagen religiosa excedió los límites de neutralidad que exige la Constitución a las autoridades públicas.En el fallo se señala que “el principio de neutralidad religiosa exige que las autoridades públicas se abstengan de identificarse o realizar actos oficiales de adhesión, incluso simbólicos, a una determinada religión o confesión”. El juez agregó que, aunque el evento tenía una finalidad pública relacionada con la solidaridad hacia las víctimas del terremoto, “la actuación específica del señor Presidente desbordó dicha finalidad”.La decisión también precisa que el mandatario no actuó en una esfera estrictamente personal, sino en su calidad de jefe de Estado y durante un evento oficial. Por ello, el juzgado consideró que la participación presidencial proyectó una adhesión simbólica del Estado a una confesión religiosa determinada.En contraste, el despacho concluyó que no se acreditó que el presidente hubiera pronunciado la frase sobre la entrega de la Nación a Cristo. Al revisar el video, determinó que esa expresión fue realizada por otra persona y no podía ser atribuida al mandatario.El juez negó otras solicitudes del accionante, entre ellas una reparación simbólica mediante una declaración pública y el envío de copias a la Procuraduría para una eventual investigación disciplinaria.La providencia es de primera instancia y puede ser impugnada.
Un joven sobrevivió a una fuerte descarga eléctrica cuando, presuntamente, intentaba hurtar cables en el sector del retorno de Viveros, en la vía hacia el retén, en Barrancabermeja. El hombre quedó atrapado entre una maraña de cables, con quemaduras visibles en diferentes partes del cuerpo y una posible fractura en una de sus piernas.De acuerdo con versiones conocidas en el lugar, dos personas habrían subido a un poste para intentar apoderarse de varios cables. Sin embargo, tras producirse la primera descarga eléctrica, una de ellas habría logrado escapar, mientras que su compañero quedó atrapado entre los conductores.El joven permaneció durante varios minutos en el lugar, expuesto a las consecuencias de la descarga y con lesiones de consideración. La gravedad de las posibles afectaciones internas deberá ser determinada por los profesionales de la salud.Unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barrancabermeja acudieron al sitio y, mediante el uso de una escalera, lograron llegar hasta el hombre, liberarlo de los cables y descenderlo en una camilla.Posteriormente, fue trasladado al Hospital Regional del Magdalena Medio, donde quedó bajo atención médica para establecer la gravedad de las quemaduras y determinar si presenta lesiones internas como consecuencia de la descarga eléctrica.Por ahora, se presume que el incidente involucró una línea de media tensión. Sin embargo, las autoridades y la Electrificadora de Santander responsable del servicio deberán establecer la magnitud exacta de la energía involucrada y las circunstancias en las que se produjo el accidente.El caso vuelve a poner en evidencia los riesgos de manipular redes eléctricas sin las condiciones de seguridad necesarias, especialmente cuando se trata de infraestructura de media tensión en Santander.
Más de 100 kilos de material explosivo fueron encontrados en las últimas horas en zona rural de Charta, Santander, en medio de las operaciones que adelantan las autoridades contra estructuras armadas ilegales en el departamento.El hallazgo fue informado por el secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, quien explicó que tropas de la Quinta Brigada del Ejército localizaron el material y adelantan el procedimiento de incautación, además de las investigaciones para establecer su procedencia y posible uso.De acuerdo con las primeras informaciones entregadas por las autoridades, los explosivos pertenecerían, al parecer, a una estructura del ELN que tiene presencia en la región.“Ante la ofensiva contra las estructuras criminales ubicaron unos explosivos que están en proceso de incautación en este momento y haciendo ese respectivo proceso de investigación”, explicó Hernández.El funcionario señaló que en el procedimiento participan diferentes componentes de las autoridades y que se realizará el respectivo acompañamiento institucional mientras avanzan las investigaciones.Este nuevo operativo ocurre pocas semanas después de otro importante hallazgo registrado en Charta. El pasado 3 de septiembre, tropas de la Quinta Brigada, en coordinación con la Policía y con apoyo del FBI, localizaron un depósito ilegal en la vereda Ovejera, donde fueron encontrados 250 kilos de explosivo R1.Según las autoridades, ese material pertenecía al Frente de Guerra Nororiental del ELN y estaba oculto cerca de una institución educativa. Por el riesgo que representaba para la comunidad, los explosivos fueron destruidos de manera controlada.En ese momento, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, señaló que con la operación se evitó que el material pudiera ser utilizado contra la población civil, la Fuerza Pública o infraestructura estratégica. También indicó que los explosivos podrían haber sido destinados a actividades relacionadas con minería ilegal.Con el nuevo hallazgo, las autoridades mantienen las operaciones en esta zona del departamento.
En una camilla, con el rostro desencajado, Maricarmen se despide de su hogar. Esta madrileña de 87 años desahuciada el miércoles se ha convertido en símbolo de la crisis del encarecimiento de la vivienda en España.Después de varios años de lucha judicial, esta jubilada perdió la batalla frente a la agencia inmobiliaria que compró el piso que ella ocupaba desde hacía 70 años en el acomodado barrio del Retiro y le subió el alquiler un 275%, hasta los 2.650 euros mensuales.Maricarmen, que se desplaza en silla de ruedas por problemas de movilidad, se vio obligada a abandonar su vivienda, lo que provocó una ola de indignación a nivel nacional."¡Maricarmen, no estás sola!", coreaban decenas de manifestantes congregados frente a su domicilio mientras la octogenaria era llevada a una ambulancia.Explosión de los preciosSu caso ilustra la crisis de la vivienda en España, donde los precios se han disparado y la oferta se ha reducido, en parte por los alquileres turísticos de corta duración, como Airbnb, y los fondos "buitre".En diez años, el precio medio del metro cuadrado en alquiler en el país casi se ha duplicado, alcanzando los 15,1 euros/m² en agosto, según el portal inmobiliario Idealista. Para la compra el precio ronda los 2.355 euros, es decir un 50% más en una década, según cifras oficiales.Madrid encabezó en 2025 y 2026 la clasificación mundial de la red Barnes sobre las ciudades más cotizadas para el sector inmobiliario de lujo. El número de viviendas sociales es tan reducido que algunas se adjudican por sorteo."En Madrid y Barcelona ya casi no quedan pisos por menos de 700 €/mes. El mercado de alquiler empieza en cerca de 1.000 €/mes, lo que precisa de unos ingresos de al menos 2.000 €/mes netos y un importante ahorro para afrontar varios meses de fianza", denuncia la organización de consumidores OCU en un estudio publicado este miércoles."Es muy indignante, ¿no?" Los españoles, sobre todo los jóvenes, están sobrepasados y acusan al gobierno del presidente socialista Pedro Sánchez y a las autoridades de la Comunidad de Madrid, gobernada por la derecha (Partido Popular, PP).En España, un país muy descentralizado, las autoridades regionales tienen competencia en materia de política de vivienda a nivel local, lo que alimenta las críticas a la oposición conservadora."Creo que es muy indignante, ¿no?", afirmó Pedro Sánchez en rueda de prensa en Nueva York antes de su discurso en la Asamblea General de la ONU."Ver a responsables políticos que (...) con dinero público se permiten el lujo de comprarse áticos con 200 metros de terraza y sin embargo no son capaces de mover un dedo por personas que necesitan de la ayuda de lo público", añadió, apuntando a la presidenta conservadora de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.La izquierda acusa a Ayuso desde hace meses de haber comprado, con fondos públicos, un lujoso ático en el centro de la capital para su uso personal. Ella lo niega.El miércoles por la noche miles de personas se manifestaron simbólicamente bajo las ventanas de la vivienda de Maricarmen, pero también en Barcelona y Oviedo.El jueves, Díaz Ayuso contraatacó recalcando que el desahucio fue "por orden judicial" y acusó al gobierno central de no haber cambiado la ley en los ocho años que lleva en el poder.Gobierno y oposición en ascuas"En un contexto de inflación, de pérdida de poder adquisitivo (...) esta situación no ayuda a ninguno de los partidos", estima Guillermo Fernández Vázquez, profesor en la universidad Carlos III de Madrid."Al PP le viene muy mal (...) que se siga hablando del ático de Ayuso y, además, que se siga hablando con indignación" y al gobierno también "va a pasarle factura" porque "revelan una impotencia enorme", añade.A pocos meses de las elecciones legislativas, Pedro Sánchez prometió presentar de urgencia un nuevo texto en el Parlamento.Pero sin mayoría y debilitado por múltiples casos judiciales, el jefe del gobierno sigue bajo la presión de la oposición y de sus aliados, como el partido de izquierda radical Sumar, que llama a congelar los alquileres.
La policía regional de Cataluña (Mossos d'Esquadra), halló el cadáver de un hombre de 75 años en su casa, donde una mujer y su hija, familiares del fallecido, habían convivido con el cuerpo durante años.Fuentes de los 'Mossos' informaron este jueves a EFE que ayer fueron avisados por los vecinos de la urbanización Can Formiga de Cabrera, en el municipio barcelonés de Cabrera d'Anoia, en la que se encuentra ubicada la casa, de que hacía tiempo que no veían a las personas que vivían en ella, de las que no tenían noticias hacía años, y de que en torno a la vivienda se había acumulado suciedad.Agentes de la policía catalana se personaron en la casa, en la que encontraron a una madre y a la hija, mayor de edad, que no habían salido de la vivienda, como mínimo, desde la pandemia de covid, así como el cadáver de un hombre, propietario del inmueble y familiar de ambas.Las citadas fuentes indicaron que, en la inspección del cuerpo y del lugar no se observaron indicios de que el hombre hubiese muerto de forma violenta, por lo que apuntan a un fallecimiento por causas naturales.Las mismas fuentes precisaron que ayer miércoles se procedió al levantamiento del cadáver, que fue trasladado al instituto de medicina legal en Barcelona.La autopsia del cuerpo, explicaron estas fuentes, permitirá conocer la fecha aproximada del fallecimiento del hombre, que se produjo hace años dado el estado en el que se encontraba el cadáver, así como la causa de la muerte.A partir de este dato, además, se podrá determinar el número mínimo de años en los que madre e hija han convivido en la misma casa con el cadáver.Las dos mujeres, que no están detenidas, están siendo atendidas por los servicios sociales y sanitarios.