El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, anunció que serán judicializadas las personas señaladas de vandalizar y pintar grafitis las fachadas de una iglesia cristiana, un establecimiento educativo y la Biblioteca Pública Gabriel Turbay durante una manifestación contra el Gobierno de Abelardo De La Espriella.Según el mandatario, los daños ocasionados quedaron registrados en las cámaras de seguridad, material que serviría como elemento de prueba para identificar a los responsables y avanzar en las actuaciones judiciales correspondientes.“El vandalismo no es un derecho”, afirmó Portilla, al rechazar los hechos ocurridos durante la movilización, que reunió a cerca de 5.000 personas en diferentes calles de Bucaramanga.El alcalde también se refirió al decreto 1525, relacionado con el uso de la fuerza durante las manifestaciones, y señaló que debe ser objeto de un análisis profundo para establecer las condiciones que permitan su cumplimiento.Las autoridades deberán avanzar en la identificación de los presuntos responsables de los daños, mientras se mantiene el debate sobre las garantías para el ejercicio de la protesta social y la protección de los bienes públicos y privados.La manifestación estuvo dirigida contra el Gobierno de Abelardo De La Espriella. En medio de la jornada, los daños reportados en la iglesia cristiana, el colegio y la Biblioteca Pública Gabriel Turbay pusieron nuevamente sobre la mesa la discusión sobre los límites entre el derecho a la protesta y las conductas que pueden constituir delitos.
La Fiscalía General de la Nación respondió a la controversia generada por la Resolución 171 del 16 de junio de 2026, mediante la cual la fiscal general, Luz Adriana Camargo, ordenó trasladar a la Unidad Nacional de Justicia Restaurativa el proceso contra 11 presuntos integrantes del grupo autodenominado PPP (Por el Pueblo y para el Pueblo), investigados por una serie de ataques violentos registrados en Bogotá durante jornadas de protesta social. La decisión aplazó la audiencia de acusación prevista contra los procesados y dispuso que el caso fuera analizado bajo un enfoque especializado. La nueva audiencia de acusación quedó programada para el próximo 12 de agosto, a las 8:00 de la mañana.La entidad explicó que la decisión hace parte de la implementación de la Resolución 170, mediante la cual se creó un grupo de tareas especiales para la investigación y judicialización contextual de hechos de violencia ocurridos en el marco de la protesta social. Según la Fiscalía, el propósito es revisar estos procesos para determinar con mayor precisión las responsabilidades individuales, judicializar únicamente a quienes realmente corresponda y evaluar, cuando la ley lo permita, mecanismos alternativos como la justicia restaurativa, la conciliación o la reparación integral, sin criminalizar el ejercicio legítimo del derecho a la protesta.De acuerdo con la explicación entregada por la Fiscalía, uno de los factores que motivó la creación de este grupo especializado fue que en distintos procesos relacionados con protesta social varios investigados recuperaron la libertad debido a decisiones judiciales que cuestionaron la forma como se sustentaban las imputaciones y las solicitudes de medidas de aseguramiento. Entre las observaciones formuladas por los jueces figuraba que las sustentaciones se realizaban de manera conjunta, sin individualizar adecuadamente la conducta atribuida a cada procesado, aspecto que debilitaba las solicitudes presentadas por el ente acusador.La entidad también indicó que el traslado del expediente coincidió con la salida de la fiscal 107 especializada, cuya vacante hace parte del concurso de méritos que actualmente adelanta la Fiscalía General de la Nación. En ese contexto, el caso de los once procesados fue seleccionado para convertirse en uno de los primeros expedientes revisados por el nuevo grupo de tareas especiales creado mediante las resoluciones 170 y 171.La Fiscalía precisó que la estrategia no implica dejar de investigar hechos violentos ocurridos durante manifestaciones. Por el contrario, señaló que busca fortalecer la investigación penal diferenciando claramente entre el ejercicio legítimo de la protesta y las conductas que constituyen delitos. En ese sentido, la Resolución 170 establece “Que, no obstante, es admisible la investigación y judicialización de actos violentos cometidos en contextos de protesta social, siempre que las conductas estén estrictamente definidas en la ley, que no se criminalice el ejercicio legítimo del derecho a la protesta y que el ejercicio de la acción penal observe criterios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad.”Frente a esta decisión, el experto en seguridad de la Universidad Central, Andrés Nieto, advirtió que la medida podría generar un debate sobre los límites de la justicia restaurativa en procesos relacionados con delitos de alta gravedad. El analista afirmó “Nuevamente, el sector justicia nos deja un debate abierto, y es que la justicia en este país termina siendo el principal talón de Aquiles para mejorar la seguridad, para mejorar la convivencia, para garantizar el orden público, pero, sobre todo, para que la ciudadanía confíe en la institucionalidad.”Nieto recordó que cuando fueron capturados los presuntos integrantes del grupo PPP, la investigación incluía delitos como terrorismo, concierto para delinquir agravado, incendio agravado, fabricación, tráfico y porte de armas y perturbación del transporte público. En ese contexto sostuvo que “esa delgada línea entre la protesta legítima y social constitucional, y cuando se convierte en un delito de estas magnitudes y de esa imputación de cargos con un concierto para delinquir debería tratarse de otra manera.”El experto agregó que la propia normativa de justicia restaurativa contempla condiciones para su aplicación, entre ellas el consentimiento libre del procesado, el compromiso de reparar integralmente a las víctimas, la aprobación de un juez y límites relacionados con la gravedad de los delitos. Sobre este punto señaló: “Delitos de terrorismo o de uso de armas deberían estar excluidos de beneficios plenos.”Finalmente concluyó que, con esta decisión se percibe que “se frena, de alguna manera, un proceso ya avanzado. 2, que hay una gravedad de conductas que no deberían tener algún tipo de flexibilización o restauración, porque estamos hablando de temas muy complejos. Y lo último es que queda la sensación en la ciudadanía de impunidad”.
La Fiscalía General de la Nación dio un giro al proceso contra 11 presuntos integrantes del grupo autodenominado PPP (Por el Pueblo y para el Pueblo), investigados por una serie de ataques violentos y vandalismo ocurrido en Bogotá durante jornadas de protesta social. Mediante la Resolución 171 del 16 de junio de 2026, revelada por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, ordenó reasignar el expediente a la Unidad Nacional de Justicia Restaurativa, lo que aplazó la audiencia de acusación que estaba prevista contra los procesados y abrió la posibilidad de que el caso sea analizado bajo un enfoque especializado relacionado con la protesta social. La nueva audiencia para llamado a Juicio quedó asignada el 12 de agosto a las 8 de la mañana.La decisión fue adoptada un día antes de la audiencia de acusación contra Juan Sebastián Manios Lozano, Camilo Andrés Portilla Castañeda, Sneider Sebastián Cantor Cortés, Cristhian Camilo Medina Rojas, Silvia María Camargo Pinzón, Daniel Felipe Pulido Sarmiento, Kennet Steven Mestra Montes, Carlos Raúl Torres Laguna, Brayan Stiven Valderrama Cubies, Omar Millet Araya Romero y Johan Sebastián Castellanos Díaz, quienes hacen parte de la investigación que adelanta la Fiscalía por una presunta estructura criminal señalada de ejecutar actos de vandalismo, terrorismo y ataques con explosivos improvisados en distintos puntos de la capital.De acuerdo con la investigación, el grupo PPP habría promovido y ejecutado manifestaciones violentas, bloqueos y ataques con artefactos explosivos improvisados, entre ellos bombas incendiarias y las denominadas “papas bomba”, afectando especialmente el sistema TransMilenio y la seguridad de la ciudadanía. La Fiscalía también sostiene que parte de los recursos utilizados para esas actividades habrían sido enviados desde Medellín para financiar la logística y la fabricación de los explosivos, además de advertir presuntos vínculos de algunos integrantes con personas relacionadas con el ELN.Las investigaciones permitieron establecer que al menos once personas se habrían concertado para conformar una organización criminal con vocación de permanencia, con funciones definidas y participación en por lo menos quince hechos violentos. Para la Fiscalía, esos eventos no fueron aislados sino coordinados y planificados con el propósito de generar temor y alteraciones del orden público.Sin embargo, durante la instalación de la audiencia de acusación,conocida por Blu Radio, la fiscal 107 especializada de Bogotá informó oficialmente el cambio de competencia dispuesto por la fiscal general, luz Adriana Camargo. En la diligencia explicó: “El día de ayer la señora fiscal general me manifiesta que tiene la potestad de asignar y desplazar libremente a sus servidores en las investigaciones y procesos (…) Tiene atribuida la función legal de asignar a los fiscales las investigaciones y acusaciones cuando la necesidad del servicio lo exija o la gravedad o la complejidad del asunto lo requiera, y de asignar y desplazar libremente a sus servidores en la investigación del proceso.”La funcionaria agregó que el traslado responde a la necesidad de aplicar un enfoque especializado. En ese sentido indicó “En este marco, la variación de asignación de una actuación penal hacia fiscales vinculados a un grupo de tareas especiales constituye una medida funcionalmente admisible cuando la naturaleza de los hechos, la complejidad de la investigación o la necesidad de aplicar un enfoque especializado justifica que el conocimiento sea asumido por servidores de dedicación y criterios de actuación ajustadas al fenómeno investigativo.”La resolución firmada por la fiscal general también explica que el propósito de la reasignación es que el proceso sea evaluado por fiscales del Grupo de Tareas Especiales de Justicia Restaurativa, quienes deberán analizar “de manera integral la adecuación típica de las conductas, la individualización de responsabilidades, la proporcionalidad de la intervención penal y la eventual procedencia de mecanismos restaurativos o determinación anticipada cuando ello resulte jurídicamente viable".Finalmente, el documento sostiene que el caso exige armonizar el ejercicio de la acción penal con las garantías constitucionales relacionadas con la protesta social. Sobre ese punto, la resolución concluye que el expediente “se relaciona con hechos ocurridos en escenarios de protesta social que exige armonizar dos mandatos constitucionales. De un lado, el deber de la Fiscalía General de la Nación de adelantar el ejercicio de la acción penal e investigar los hechos que revistan las características de delito (…) y de otro lado, la protección reforzada del derecho a reunirse y manifestarse pública y pacíficamente reconocido en conexión con la libertad de expresión". Con esta decisión, la acusación queda suspendida mientras la nueva unidad especializada define el rumbo que seguirá el proceso penal.En la audiencia los imputados aparecen haciendo gestos, burlas y comentarios sobre su proceso penal y su actitud frente a las diligencias.
Las autoridades de Bogotá reportaron este domingo una serie de alteraciones al orden público en distintos sectores de la ciudad luego de conocerse los resultados electorales. De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, varios grupos se concentraron en puntos estratégicos de la capital para expresar su inconformidad frente al resultado de los comicios.Durante las movilizaciones se registraron quemas de neumáticos y otros elementos, situación que generó congestión vehicular y afectaciones en corredores principales de la ciudad. Uno de los puntos con mayores dificultades fue el sector del Portal Américas, en la localidad de Kennedy, donde se reportó la quema de llantas y de una motocicleta en el cruce de la avenida Ciudad de Cali con avenida Villavicencio.Ataques contra estaciones de Policía en Usme y KennedySegún informó el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, durante las concentraciones se presentaron hechos de violencia contra instalaciones oficiales. Las estaciones de Policía de Usme y Kennedy fueron atacadas por personas que portaban objetos contundentes y elementos incendiarios.Además, un integrante del equipo de Diálogo de la administración distrital fue agredido durante la atención de las manifestaciones. Ante esta situación, las autoridades solicitaron la intervención de la fuerza pública para controlar los disturbios y garantizar la seguridad de los ciudadanos y funcionarios.Un grupo de encapuchados, entre quienes habían menores de edad, intentaron saquear establecimientos comercio en el sector de La Marichuela, en Usme, lo que llevó a al intervención de la Policía antidisturbios, informó el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quinterto desde el PMU Distrital.Las autoridades distritales indicaron que los equipos de seguridad continúan monitoreando los puntos donde permanecen las concentraciones para evitar que aumenten las afectaciones al orden público.Daños a bus del SITP en inmediaciones de la Universidad NacionalOtro de los hechos reportados ocurrió sobre la calle 26, cerca de la Universidad Nacional, donde un bus del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) fue atacado por desconocidos.De acuerdo con el reporte oficial, el vehículo fue impactado con un ladrillo, lo que ocasionó daños en varias ventanas y afectaciones en parte de su estructura exterior. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas lesionadas por este caso.
Bogotá vivió una jornada de disturbios provocada por encapuchados que marcharon desde la Universidad Pedagógica hasta la Universidad Nacional. Durante el trayecto vandalizaron estaciones de Transmilenio, comercios y las sedes de campaña de la candidata Paloma Valencia y del partido Mira, dejando millonarios daños materiales.Por qué la Policía no intervino en las marchas de BogotáEl secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, explicó que la falta de capturas y la aparente inacción de la fuerza pública obedecen a las restricciones normativas heredadas de las protestas de 2020 y 2021. Según el funcionario, los reglamentos vigentes impiden que los uniformados acompañen de cerca las movilizaciones.“Normativamente, los reglamentos dicen que usted no puede acompañar con fuerza pública las manifestaciones porque eso es provocar la violencia. El cambio de las normas fue presionado por las situaciones del 2021 y terminó entregándole la calle a los delincuentes”, afirmó Restrepo.El secretario detalló que los vándalos emplean una estrategia calculada para evadir a la autoridad: "Estos individuos se esconden en la protesta, salen, golpean y se vuelven y se meten. Cuando la Policía va a llegar, ya no hay nadie ejerciendo la violencia". Ante este escenario, el alcalde Carlos Fernando Galán solicitó al Gobierno nacional emitir una orden escrita que permita el acompañamiento policial cercano para proteger tanto el derecho a la protesta como los bienes de los ciudadanos.La Alcaldía Mayor de Bogotá responsabilizó directamente al discurso del presidente Gustavo Petro por legitimar los ataques contra bienes privados. El mandatario local, Carlos Fernando Galán, aseguró que las declaraciones del jefe de Estado sobre las fachadas incentivaron las agresiones de los encapuchados.Al respecto, César Restrepo sostuvo que "señalar que es legal destruir bienes privados o bienes públicos amparado en una ficción de que es un acto de rebeldía o un acto cultural, es una falsedad flagrante". Asimismo, el secretario confirmó que se investiga la presencia de la senadora María José Pizarro en los puntos de concentración, así como la circulación de volantes que invitaban a votar por el candidato Iván Cepeda durante los disturbios.Escuche la entrevista completa aquí:
Las cámaras de seguridad captaron el momento en el que varios manifestantes comenzaron a dañar parte del mobiliario y las cámaras de la estación, sin importar que allí permanecían varios pasajeros esperando tomar el transporte.En las imágenes se observa a un adulto mayor, vestido de negro, quien permanecía sobre la plataforma mientras esperaba la llegada de uno de los articulados. Sin embargo, en medio de los disturbios, algunas de las personas que participaban en la protesta le lanzaron un objeto que, al parecer, sería una piedra, impactándolo y provocando preocupación entre quienes se encontraban en el lugar.Tras la agresión, gestores de diálogo de la Alcaldía de Bogotá, que acompañaban la jornada de manifestaciones, auxiliaron al pasajero afectado y trataron de controlar la situación dentro de la estación.El hecho generó momentos de angustia debido a la presencia de otros usuarios que intentaban resguardarse mientras continuaban los actos vandálicos.Las autoridades avanzan en la verificación de lo ocurrido y en la identificación de los responsables de los daños y de la agresión contra el adulto mayor.El secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, quien denunció la situación, compartió otros casos en los que los gestores se vieron involucrados en el momento en que intentaron contener los hechos de violencia.
Más de una semana cumplen los bloqueos, la incineración de carros y motos, la intimidación de la comunidad en el Bajo Cauca antioqueño, por lo que tuvo que intervenir la Fuerza Pública, especialmente en el municipio de Caucasia donde avanza la protesta minera por la destrucción de su maquinaria amarilla.Aunque el Gobierno nacional y la Mesa Minera del Bajo Cauca, Valdivia y Sur de Córdoba alcanzaron acuerdos sobre las 20 peticiones, a mitad de camino se quedaron atrancados los diálogos y solo se alcanzaron 7 compromisos, porque hubo una intervención de la Undemo, antiguo Esmad.Los ánimos se caldearon y algunos de los presentes ocasionaron desmanes. Videos que circulan en redes sociales evidenciaron dificultades para el paso de ambulancias y la quema de una moto, que se sumó a la incineración de una retroexcavadora de una reconocida empresa en los primeros días de la protesta."Le puteó esta chimbada, quemaron uno aquí en el puente... No puede pasar los buses... ¿Por qué?... No, pero eso, que llega el ESMAD y quite eso.... Papi hasta donde llegamos tienen barricadas y pararon todos los carros" relataron los habitantes de la zona.Además, hasta esta madrugada, buses o carros que pasaban por Caucasia o Tarazá, los manifestantes les lanzaron piedras, que por fortuna no generaron una tragedia. Además saquearon el supermercado D1 del barrio Asovivienda en medio de batalla campal con la fuerza pública, sobre la Troncal.Ante ello, durante el PMU con presencia de los ministros del Interior y de Defensa Armando Benedetti y Pedro Sánchez, respectivamente, el gobernador Andrés Julián Rendón pidió intervención de la fuerza pública"Antioquia y Colombia entera han estado secuestradas por el caos, mientras el gobierno de Petro negocia sin afán. Es que parece evidente, ni los criminales ni el gobierno tienen afán, el caos les sirve, más aún en estas vísperas electorales. Mientras tanto, miles de colombianos pagan el precio, transportadores, comerciantes, familias enteras que pierden empleos, oportunidades y tranquilidad", destacó Rendón.Insistió el mandatario local que los ataques a la misión médica, confinamientos a la población civil, restricción y bloqueo de vías, quema de vehículos, desabastecimiento de gas en Nechí - producto del paro minero en el Bajo Cauca- se decidió en PMU, con autoridades nacionales y departamentales, el uso legal y legítimo de la fuerza, tras haber agotado las opciones de diálogo. Agregó que "esto deja de ser una protesta pacífica cuando se vulneran y quebrantan los derechos de los otros ciudadanos”.Pese a que los manifestantes habilitaron la vía al menos tres horas continuas para facilitar el plan retorno antes de intervención de la fuerza pública, esta se materializó finalmente, disipando los puntos de bloqueo que se habían concentrado en la vía entre Medellín y la Costa Caribe, en los sectores de Campoalegre y La Rotonda de Caucasia."Hoy se escuda en el gremio minero en su manifestación para no realizar normalmente su servicio. Hay evidencia de que todo el servicio y de que la comunidad ha estado desarrollando su actividad normalmente. De parte del gremio minero, como líder de la mesa, garantizamos el la libre el libre tránsito del carro de los residuos", manifestó Cristian Hincapié, líder de la manifestación.Ahora la pregunta principal es entonces en qué quedaron las negociaciones, que se habían planeado retomar el jueves 26 de marzo. Esteban Pavas, asesor jurídico de la Mesa Minera, expuso que los delegados del Gobierno nacional fueron los que solicitaron volver a Bogotá para elevar consultas jurídicas a sus entidades y poder ver hasta dónde podían pactar otros acuerdos con quienes protestan."El gobierno nos pidió que se vayan de retirar para Bogotá para consultar sobre ciertos temas que en este momento no cuenta la norma o hay un vacío jurídico y pusieron como fecha de regreso el día jueves. Durante este tiempo continúan los cierres intermitentes de dos horas cerrados y se abren media hora", afirmó Pavas.Sobre las afectaciones, la Asociación de Transportadores de Pasajeros en el departamento dice que son 6.300 pasajeros perjudicados diariamente y pérdidas por 360 millones. A la par, Felipe Muñoz Monroy, directivo de Colfecar en Antioquia, da un balance de 1.500 vehículos de carga afectados y pérdidas por 3.000 millones al día por los sobrecostos."Pérdida solamente en los sobrecostos operativos de aproximadamente tres mil millones de pesos día. En lo que corresponde a la ruta Antioquia hacia el Norte del país, no existe una ruta eficiente alterna. Recordemos que la vía por Urabá está cerrada por tres puentes caídos, luego nos deja la vía por el Magdalena Medio, pero son cuatrocientos kilómetros adicionales", destacó Muñoz.Finalmente, el alcalde de Caucasia, Jhoan Montes, advirtió sobre pérdidas económicas y escasez de alimentos en el municipio. A ello se suman las dificultades de abastecimiento de gas natural en Nechí, municipio donde los manifestantes habrían instalado una guaya imposibilitando el paso por el río que lleva el mismo nombre.
Las autoridades trabajan en la identificación de los hombres armados que vandalizaron dos buses de la empresa Flota Cáchira, este lunes, en la ruta Bucaramanga-Cáchira (Norte de Santander). De acuerdo con información suministrada, al parecer los delincuentes se identificaron como miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).El reciente hecho de inseguridad tiene en zozobra al gremio transportador quienes han manifestado que tienen temor ante la repetición de un caso como este, que pueda presentarse de una manera más violenta. Tras la interceptación Flota Cáchira suspendió temporalmente las rutas de Bucaramanga-Cáchira mientras se evalúa la situación de orden público y se brindan garantías para la operación del servicio.¿QUÉ SUCEDIÓ?El hecho se presentó este lunes 19 de enero cuando hombres armados ilegales pararon los buses, obligaron a bajarse a los pasajeros, les pidieron sus documentos y posteriormente grafitearon los vehículos, en lo que sería un acto de intimidación. "Ahí por la entrada de San Pablo le pincharon las ruedas de adelante a las busetas y las marcaron", afirmó un habitante del sector.Ante esta situación, los pasajeros tuvieron que esperar la llegada de otros medios de transporte que les facilitaran la llegada a sus lugares de destino. Una vez lograron arrivar a El Playón, con miedo alertaron a las autoridades y se comunicaron con sus familiares para hacerles saber que pese al momento de gran temor, se encontraban bien.La información inicial fue suministrada directamente en la oficina ubicada en el centro de Bucaramanga. Se espera que en las próximas horas la autoridades den a conocer las medidas de seguridad que se dispondrán en esta ruta para salvaguardar la vida de los conductores y pasajeros que transitan este corredor vial.
La estación Chorreras de Metrolínea que había sido reabierta como parte de la operación transitoria de la fase 1 para reactivar el Sistema de Transporte Público en la ciudad, fue vandalizada durante el fin de año luego de que sujetos desconocidos rompieran varios vidrios de la infraestructura.El hecho fue confirmado por el gerente de Metrolínea, Emiro José Castro, quien advirtió que este tipo de acciones afectan directamente la prestación del servicio y el acceso de los usuarios al sistema de transporte masivo. “Si no tenemos las estaciones operativas, pues la gente no tiene en dónde ingresar al sistema. Eso es lo que están tratando de afectar: que las personas no tengan opciones para utilizar el sistema de transporte masivo y se vean avocados a usar la informalidad y la ilegalidad en la ciudad”, señaló el funcionario.De acuerdo con Castro, actualmente se encuentran en funcionamiento las estaciones Portal del Norte, Parque Estación UIS, Quebradaseca, San Mateo Norte y Provenza, las cuales hacen parte de la operación transitoria que busca garantizar la movilidad de los ciudadanos mientras se consolidan soluciones estructurales para el sistema.En medio de este panorama, Metrolínea continúa operando con el apoyo de buses alquilados, gracias a la extensión del contrato vigente hasta el 5 de febrero de 2026. La ampliación que se formalizó mediante un otrosí firmado el 30 de diciembre de 2025, busca asegurar la continuidad del servicio mientras se adelanta un nuevo proceso contractual para cubrir la vigencia 2026.El gerente de Metrolínea destacó que, pese a las dificultades operativas y financieras, el sistema logró cerrar el año 2025 con más de siete millones de usuarios, una cifra que atribuyó a las alianzas con las empresas del Transporte Público Colectivo y al esquema de alquiler de buses que refuerza la operación.
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, reveló información crucial sobre la investigación en curso contra la banda criminal autodenominada PPP, un grupo dedicado a cometer actos de vandalismo y terrorismo con epicentro en los alrededores de las universidades públicas de la capital. Durante una entrevista en Mañanas Blu, Galán afirmó que existen indicios de que la financiación de estas actividades violentas proviene de grupos armados ilegales del orden nacional.El alcalde Galán señaló que los indicios apuntan a una financiación que se origina fuera de Bogotá. Específicamente, mencionó que se está investigando un canal a través del cual recursos llegarían desde Medellín para las actividades de los PPP en la capital.Aunque la confirmación de un vínculo directo es responsabilidad de la justicia, el tipo de propaganda y reclutamiento que realiza este grupo, incluyendo el uso de "banderas rojas y blancas", se asemeja a las prácticas de grupos que están siendo investigados y enfrentados por el Estado.El alcalde indicó que hay indicios en dos direcciones, mencionando la hipótesis de que tanto el ELN como las disidencias de 'Calarcá' podrían estar financiando estas actividades, aunque será la justicia quien determine si se confirman dichos vínculos. El objetivo de esta financiación ilegal sería "generar terrorismo y para afectar el orden público" en Bogotá.Capturas por terrorismoEl grupo PPP ha sido vinculado con un modus operandi extremadamente violento, incluyendo el lanzamiento de bombas incendiarias y "papas bomba" contra buses de Transmilenio, poniendo en peligro a decenas de ciudadanos. Galán recordó que el peligro es "realmente grave" cuando se ataca un bus con 50 a 80 personas a bordo. Entre las actividades de terrorismo identificadas se encuentran el ataque con bombas incendiarias a una patrulla de la dirección antinarcóticos en la calle 26 y un caso anterior donde secuestraron un bus de Transmilenio en el entorno de una universidad para luego incendiarlo. La investigación priorizada contra este grupo comenzó luego de que, a mediados de 2023, lanzaran un artefacto explosivo a un policía, afectándolo gravemente hasta dejarlo en estado vegetativo.La Policía y la Fiscalía llevaron a cabo una investigación "sólida" que tomó más de 24 meses y permitió recopilar suficientes pruebas para la captura de 11 personas. Los capturados enfrentan cargos por varios delitos, siendo el terrorismo uno de los principales. El alcalde Galán calificó esta defensa como "totalmente absurda" y ajena al conocimiento de la investigación y las pruebas. Él enfatizó que, con los delitos que se les imputan y las pruebas existentes, pedir la liberación de estos personajes no tiene ningún sentido.Galán insistió en que las actividades del grupo, como lanzar bombas incendiarias a vehículos de transporte público, no son protesta sino terrorismo. Además, confirmó que, según la información transmitida por la policía, los capturados no son estudiantes actuales de las universidades públicas.El alcalde concluyó que la sociedad debe avanzar en un acuerdo básico para no ser permisiva con la violencia, que debe ser sancionada penalmente cuando pone en peligro la vida de ciudadanos y servidores públicos. El expediente judicial debe ser sólido para garantizar que estas personas paguen en la cárcel por los delitos cometidos.Escuche aquí la entrevista:
A escasas tres semanas de la consulta popular que definirá la creación del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás, las autoridades electorales y departamentales continúan afinando los aspectos logísticos y operativos para garantizar el desarrollo de la jornada en los ocho municipios del Oriente antioqueño convocados a las urnas.Los avances se conocieron durante un nuevo comité departamental de garantías electorales, que contó con la participación del registrador nacional, Hernán Penagos, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.Al término del encuentro, las autoridades señalaron que siguen dadas las condiciones para llevar a cabo el mecanismo de participación ciudadana el próximo 29 de noviembre.De acuerdo con las cifras entregadas por Penagos, el censo electoral ya está conformado por 383.952 personas habilitadas para votar. De ellas, 196.512 son mujeres y 187.440 hombres. Para atender a los votantes se dispondrán 87 puestos, distribuidos en 51 urbanos, 35 rurales y uno ubicado en un centro carcelario, con un total de 501 mesas."La convocatoria está llevada a cabo y se ha cumplido todos los requisitos que la ley determina para este tipo de convocatorias. En segundo lugar, que los recursos también están absolutamente dispuestos y ya la parte operativa desplegada", informó el funcionario.Uno de los aspectos determinantes de la jornada será la verificación del umbral de participación. El registrador explicó que, antes de comenzar el escrutinio de los votos por el sí y por el no, se comprobará que en cada municipio haya acudido a las urnas al menos el 5% de su respectivo censo electoral. Solo después de cumplir esa condición se procederá a establecer el resultado de la consulta."Se hace la verificación del umbral y no se llega a ese umbral, ya no se revisa si hay mayorías en uno u otro sentido. Es decir, son unos requisitos que son excluyentes. Primero debe cumplirse el uno para poder llegar al segundo", dijo el registrador.La organización también contempla la participación de más de 3.600 jurados de votación. Su designación se realizará mediante un sorteo programado para el viernes 13 de noviembre, mientras que las jornadas de capacitación están previstas para los días 26 y 27 del mismo mes.
Llega la temporada de Navidad y miles de personas buscan el “destino ideal” para disfrutar de la época. Sin embargo, suele suceder que en algunos sitios los precios se disparan y termina siendo demasiado costoso salir, pero, de acuerdo con informe de Kayak, existe uno que representa una reducción importante para este 2026.El destino fuera del país que redujo su tarifa hasta un 25 %La capital de Curazao, Willemstad, sorprendió para esta temporada de Navidad al tener una reducción en su tarifa hasta un 25 % con un precio medio de vuelos en 1.214.917 pesos colombianos, abriendo la posibilidad de conocer un destino internacional en diciembre. Además, apareció en el listado destinos como Roma, Aruba, Panamá y Chile que también ha presentado reducción en sus tarifas.“Un destino muy, muy conocido por los colombianos, un destino de playa y demás, tiene un decrecimiento, una disminución del 25% en sus tarifas promedio frente a lo que era el 2025, ¿no? Y otro destino que vemos con una disminución similar del 25 % también es Roma. Entonces ahí digamos que vemos ciertos destinos interesantes que pues que entran a tener como estas oportunidades a nivel de precio. Si hablamos, por ejemplo, de destinos nacionales dentro del país, que también en el cual también vemos un decrecimiento en el precio, está Barranquilla con un 16 %”, explicó Alejandro Lombana, director senior Comercial para Latinoamérica de Kayak.¿Cómo llegar a Willemstad desde Bogotá?Wingo, Avianca y Copa son las aerolíneas que ofrecen este trayecto a la isla con precios de 1.2 hasta 1.5 millones de pesos, pero con una reducción estable de 1.300.000 pesos en esta temporada de diciembre. Todos saliendo del aeropuerto El Dorado.Diez planes para hacer en CurazaoPlaya Grote Knip: disfrutar de sus aguas turquesas y arena blanca.Klein Curazao: hacer una excursión en barco a esta isla paradisíaca.Playa Piskadó: observar tortugas marinas y practicar esnórquel.Parque Nacional Shete Boka: explorar cuevas, acantilados y paisajes naturales.Buceo y esnórquel: descubrir arrecifes de coral y peces tropicales.Willemstad: recorrer sus calles coloridas y visitar el famoso puente flotante Queen Emma.Puente Queen Emma: disfrutar de las vistas del puerto y tomar fotografías.Cuevas de Hato: conocer formaciones rocosas y antiguas cavernas.Gastronomía local: probar platos típicos como el keshi yena y el pescado fresco.Mambo Beach: disfrutar de restaurantes, bares, tiendas y entretenimiento frente al mar.Otros destinos que bajaron sus precios para NavidadRoma (Italia), Oranjestad (Aruba), Ciudad de Panamá (Panamá) y Santiago de Chile (Chile) redujeron sus precios entre 25 y 17 % para esta temporada con precios accesibles para que los colombianos tengan la oportunidad de viajar al exterior sin gastar tanto.“Curazao y Roma, pues que están teniendo ese decrecimiento del 25%. Creo que se vuelve interesante. Ambos destinos pues son destinos, digamos que muy, muy distintos. Ambos ofrecen, digamos que ciertas características muy interesantes. Curazao siendo pues una pequeña isla, un viaje muy de relax, muy de playa. Entiendo que se puede hacer como buceo y ese tipo de actividades. Y bueno, Roma siendo, siendo Roma, obviamente pues queda, queda en Europa, la meca de la humanidad y demás”, añadió.
El Real Madrid, con Linda Caicedo como suplente, femenino goleó 3-0 al Paris FC este martes y firmó su primera victoria en la Liga de Campeones de Europa de 2026, en una jornada que también tuvo el primer triunfo del Manchester City.El equipo merengue, liderado por la colombiana Linda Caicedo, se colocó en el octavo puesto de la tabla, con seis puntos, en una jornada que también tuvo la primera victoria del Manchester City.En Madrid, las francesas lograron mantener el empate hasta el descanso a pesar del dominio madrileño, pero las locales derrumbaron el fortín con goles de la italiana Arianna Caruso (55'), la neerlandesa Lineth Beerensteyn (65') y Caicedo (81').Video del gol de Linda Caicedo:Con el triunfo en casa, el Real Madrid rompió una seguidilla de tres empates en el torneo europeo, un resultado que lo mantiene en carrera por ir a la fase mata-mata.Sus rivales parisinas, solo suman dos puntos a falta de dos fechas para el final de la ronda.Por su parte, las campeonas de la Superliga femenina, el Mánchester City, disfrutaron de un triunfo por 4-1 ante el Inter de Milán para firmar su primera victoria en la fase, tras sumar tres empates.Un doblete de Aoba Fujino en la primera parte neutralizó el gol inicial de Elisa Bartoli para las locales antes del descanso. Kerstin Casparij y Grace Clinton marcaron tras la reanudación para impulsar al City hasta la séptima posición en la tabla.El París Saint Germain encajó su primera derrota ante un Bayern Múnich que se impuso por 2-1 en el Parque de los Príncipes.Ahora, el equipo alemán figura en la segunda posición, delante del Chelsea por diferencia de goles. Este martes, las inglesas desperdiciaron la oportunidad de dar caza al Barcelona al empatar sin goles ante el Häcken sueco.Barcelona, el vigente campeón, es líder con 9 puntos. Las catalanas tienen un partido menos y enfrentarán el jueves al Arsenal, en una reedición de la final de 2025.
Un doble homicidio seguido del suicidio del presunto agresor conmocionó al municipio de Ponce, en Puerto Rico. Los hechos ocurrieron durante la noche del 8 de noviembre en una residencia donde Rey Torres Roche, de 39 años, habría disparado contra su expareja, Yasmín Rivera Roca, de 47 años, y su amigo Gerardo Santiago Santiago, de 49. Después de los asesinatos, el hombre se atrincheró en la vivienda y posteriormente se quitó la vida.De acuerdo con Noticentro, de Wapa Puerto Rico, las dos víctimas se encontraban dentro de un vehículo cuando fueron atacadas. La secuencia habría comenzado luego de que los tres compartieran durante la tarde en un negocio cercano, como acostumbraban hacerlo. Sin embargo, al llegar a la residencia se habría producido una discusión que terminó en el ataque armado, según explicó el director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce.La situación también derivó en un intercambio de disparos que puso en riesgo a otros familiares presentes en el lugar. Bryan Santiago, sobrino de una de las víctimas, contó que tuvo que lanzarse al suelo junto con sus allegados cuando el agresor comenzó a disparar.“Me comenzó a disparar a mí también y a ciertos familiares que también estaban”, relató. El testimonio de los allegados también describió la relación que existía entre las víctimas y el presunto agresor. Según contaron a Noticentro, los involucrados se conocían desde hacía años y solían compartir en un ambiente de amistad y familiaridad. En cuanto a sus antecedentes, el reporte señaló que Torres Roche tenía expediente criminal, incluyendo una caso por agresión sexual, mientras que Santiago Santiago registraba antecedentes relacionados con sustancias controladas.Tras el episodio, las autoridades encontraron cerca de doce casquillos de bala. Las autoridades investigan lo ocurrido para esclarecer las circunstancias del doble asesinato y el posterior suicidio.
El Tribunal Administrativo del Atlántico le dio la razón a Barranquilla en una demanda contra el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), en la que alegaba que la entidad seguía mostrando, en sus mapas oficiales, un límite entre Barranquilla y Puerto Colombia basado en una norma que ya había sido declarada nula por la justicia.Es decir, que dentro de la plataforma llamada “Colombia en Mapas” se apreciaban los límites expedidos en la ordenanza 075 de la Asamblea del Atlántico, cuando, según los argumentos del Distrito, esa norma fue dejada sin efectos legales por el mismo Tribunal y el Consejo de Estado.Así las cosas, el Tribunal ordenó corregirla en un plazo de 30 días. A partir de ahora, el mapa deberá mostrar, con el mismo peso, tanto la línea que reclama Barranquilla como la que reclama Puerto Colombia, y deberá quedar claro que ese límite todavía no está definido legalmente.Además, en el fallo también se ordena al Área Metropolitana de Barranquilla la entrega provisional al Distrito de una copia completa y organizada de la base catastral de los predios que están en la zona en disputa. Lo que significa que la Alcaldía de Barranquilla tendrá acceso, por primera vez de manera estructurada, a toda la información física, jurídica, económica y de avalúos de esos predios, así como al historial de trámites que se han hecho sobre ellos.Una de las condiciones para esa decisión es que tanto el Distrito como Puerto Colombia deberán si hay terrenos a los que les están cobrando impuestos dos veces por esta confusión de límites.Para el cumplimiento y vigilancia de estas disposiciones, fue creado un comité de seguimiento por parte de la autoridad conformado por el IGAC, Barranquilla, Puerto Colombia, el Área Metropolitana, la Procuraduría, la Contraloría y una organización no gubernamental con actividades relacionadas con la defensa del patrimonio público.Finalmente, el Tribunal aclaró que en ningún momento pidió devolver a Barranquilla los predios ni los impuestos que hoy recibe Puerto Colombia, pues el límite definitivo entre los dos municipios solo lo puede fijar el Congreso de la República, donde ya cursa ese trámite.
