La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, celebró que ETB, empresa de la que es dueña el Distrito, se quedara con el contrato para llevar internet a los niños de las zonas rurales de Colombia: el mismo que fue blanco del escándalo de Centros Poblados y del adelanto de los 70.000 millones de pesos de la exministra TIC, Karen Abudinem.Según la mandataria, la compañía de telecomunicaciones de Bogotá se ganó la licitación "jugando limpio" y que "firma sobre mármol que llevará sin excusas" internet a los menores, en los tiempos fijados en el contrato.“Ese es el compromiso: ETB es una empresa de lujo y seria, que tiene más de 100 años de existencia, fue la primera empresa de telecomunicaciones del país y hoy lo sigue siendo. Para nosotros es un orgullo que con transparencia nos ganáramos esta licitación para conectar, en 19 meses, 6.589 puntos educativos rurales”, enfatizó la mandataria distrital.Agregó la alcaldesa, que habrá interventoría y supervisión permanente del contrato, no solo desde la Alcaldía, sino desde el Ministerio TIC, para que ETB lleve internet a todos los niños de las zonas rurales del país, de manera eficiente.Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca las últimas ideas descabelladas de esta contienda electoral:
Luego de que la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) entregara su balance financiero del año 2018, su presidente, Jorge Castellanos, dijo en entrevista con BLU Radio que la compañía “es sostenible”, luego de superar varios años con un futuro incierto.El directivo contó el pasado año dejó un balance muy positivo en que se cumplieron metas “mucho antes de lo esperado y en exceso”.La cifra que mejor lo resume es que la ETB dio utilidades por $42.000 millones por primera vez en cuatro años, hecho que Castellanos calificó como signo de que van por “la dirección correcta, los resultados se están dando”, luego de que la empresa registrara importantes pérdidas consecutivas.Vea también: Distrito oficializa que desiste de vender ETB “Somos una compañía que particularmente entre los años 2013 y 2015 hizo grandísimas inversiones, adquirimos capacidades que muchos de nuestros competidores no tienen, entre ellos la fibra óptica que es realmente nuestro producto estrella”, contó.La empresa salió de ese periodo de inversión en una situación “retadora financieramente”, en la que hubo que hacer “un ajuste bastante fuerte en los años 2016 y 2017, y ya en este momento estamos cosechando los frutos de ese esfuerzo”.Castellanos cuenta que se dieron pérdidas grandes en los últimos años porque después de hacer inversiones muy grandes “la contabilidad exige que uno las deprecie y esos cargos eran de unas magnitudes extraordinarias. En el año 2016 esos cargos eran en exceso de $700.000 millones, uno trata de mejorar el funcionamiento de la empresa”.Vea también: Imputan cargos a exdirectivos de ETB por nuevo elefante blancoDe esta manera, en 2018 se dio una ganancia operacional de $550.000 millones, luego de que en 2015 fueran $400.000 millones. A estas ganancias operacionales se debían sustraer los cargos por depreciación, “cargos contables, no es que paguemos ese dinero, pero es una reserva que se hace. Eso nos había colgado como una piedra sobre nuestros resultados llevándonos a una pérdida neta”, señaló el directivo.Esto llevó a que desde la Alcaldía de Bogotá se dijera que la compañía tenía un futuro incierto, lo que llevó a tomar la decisión de iniciar un proceso para vender su participación en la ETB, iniciativa que finalmente se enfrió.Al respecto, Castellanos dijo que “la ETB tiene futuro si continuamos haciendo lo que venimos haciendo, que fundamentalmente se resume en ser competitivos en esta industria de comunicaciones, donde hay competidores formidables, y teniendo un muy buen gobierno corporativo, hacer las cosas seriamente y en la dirección de general valor”.“Si eso se sostiene, la ETB es sostenible y las cifras lo demuestran ampliamente. A principios de 2016 la situación financiera era muy difícil, naturalmente éramos un poco pesimistas (…) En este momento, muy competitivos y con muy buen gobierno corporativo”, finalizó.
El portal KienyKe publicó un artículo en el que explica algunas de las razones que se estarían dando para que los empleados de la Empresa de Telefonía de Bogotá (ETB) quieren impedir que se venda. Explica que los empleados tienen cinco primas anuales, subsidios de alimentación de transporte, subsidios escolares y familiares, además de colegios privados exclusivos para los empleados de la empresa, entre otros. Justamente, el presidente del sindicato de trabajadores de la ETB, William Sierra, aseguró que las primas no son para todos los empleados. “Lo que están haciendo es deformar la verdad de por qué nosotros estamos en contra de la venta de la ETB. En las primas, acogen todo el personal, pero hay partes técnicas para algunos trabajadores, hay prima especial para algunos trabajadores”, explicó. En ese sentido, consideró que no se oponen a la venta de la ETB por los beneficios que tienen, sino porque “es un patrimonio público en el cual se tiene que generar riqueza para invertir en la ciudad”.
El alcalde mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa, lamentó el fallo que frenó la venta de las acciones de la ETB y aseguró que no hay 'plan b' para buscar los recursos que dejaría la venta de ese activo. Según el alcalde, los cupos de endeudamiento que fueron aprobados por el Concejo de Bogotá son insuficientes y no hay recursos para construir jardines sociales, colegios y algunas vías. “Tenemos que hablar con los concejales para mirar qué alternativas tenemos porque sí nos parece grave que las acciones que tienen los ciudadanos de Bogotá en esta empresa sigan perdiendo valor mes a mes de manera que tenemos que buscar alguna posible solución”, explicó el mandatario capitalino. El Tribunal Contencioso de Cundinamarca tendrá la última decisión si deja en firme o no la venta de las acciones la compañía.
Tras la sentencia del juzgado administrativo de la seccional primera de Bogotá, en la que se dictaminó la suspensión temporal del proceso de venta de las acciones de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá-ETB, el alcalde Enrique Peñalosa anunció que la administración distrital apelará el fallo. “Estamos convencidos que hicimos todo ciñéndonos estrictamente a la ley. Vamos a apelar, por supuesto, confiamos que nuestra justicia va a tomar una decisión rápida porque cada mes que se demore, cada semana, cada día, pierde valor la empresa y se dejan de hacer obras”, dijo el alcalde. Vale la pena recordar que el proceso de venta será suspendido hasta que no se resuelvan las tres acciones de nulidad que fueron interpuestas desde junio pasado, dos del sindicato y una del Polo Democrático.
Este jueves un juzgado administrativo de Bogotá admitió la demanda de nulidad contra el artículo 140 del Plan Distrital de Desarrollo de Enrique Peñalosa que autoriza la venta de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá – ETB. La demanda señala que las autoridades judiciales deben declarar por qué fue incluido como un ‘mico’ en el Plan de Desarrollo, violando el principio de unidad de materia e impidiendo un debate democrático. Esto llevó también a que la enajenación se tramitara por una Comisión del Concejo que no es competente para decidir sobre estos asuntos. También se habría violado la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo y el derecho a la participación ciudadana, pues el proyecto que el alcalde entregó al Consejo Territorial de Planeación Distrital no contenía el artículo sobre la venta de la empresa, impidiendo que esta instancia de participación analizara y diera su concepto sobre esta propuesta. Tampoco se presentaron los estudios serios que justificaran la conveniencia de enajenar la participación accionaria del Distrito. “La nulidad la pedimos por muchas razones que están argumentados en esa demanda por un acervo probatorio en donde se especifica, por ejemplo, que ese artículo de la venta de la empresa fue incluido en el plan de desarrollo violando el principio de unidad de materia en lo que impide un debate democrático", señaló Leonardo Argüello representante de Sintratelefonos. Además de la demanda, en las próximas semanas se deberá realizar el Cabildo Abierto sobre la privatización de ETB que ha sido promovido por Sintrateléfonos y al que deberá asistir el alcalde Enrique Peñalosa.
Beatriz Arbeláez habló en Negocios BLU acerca del proceso de venta de la ETB después de una valoración realizada por la banca de inversión JP Morgan. “Lo que estamos haciendo es el proceso que la Nación siguió que es esperar que otra de banca de inversión valide la valoración que se dio”, dijo. Por otro lado, y en lo que tiene que ver con la venta de las acciones de la EEB, Arbeláez señaló que antes de Semana Santa no habrá banca de inversión para valorar el precio de la empresa de dicha compañía. “Mañana se llevará a cabo en la Empresa de Energía de Bogotá una audiencia pública para oír las consideraciones finales y proceder eventualmente, si surgiera algo, hacer el ajuste último de los pliegos, y de allí prevemos que después de Semana Santa este designada la banca de inversión”, aseguró.
El presidente del sindicato de trabajadores de la ETB – Sintrateléfonos - William Sierra Linares, habló en Mañanas BLU sobre la agresión contra la concejal del Partido Verde Lucía Bastidas durante el cabildo abierto de este martes. Sierra rechazó lo ocurrido contra la cabildante y afirmó que el sindicato no está de acuerdo con ese tipo de actuaciones y que el agresor no pertenece a Sintrateléfonos. “Nosotros no argumentamos nuestro cabildo abierto con la violencia, no estamos de acuerdo, aunque no se permitió el ingreso de la ciudadanía”, señaló. Denunció también que la mayoría de ciudadanos que querían asistir al cabildo abierto, no pudieron entrar porque casi todas las sillas estaban ocupadas por concejales y funcionarios públicos desde las 6:00 de la mañana. “A las 6 de la mañana empezaron a llegar funcionarios y cuando ya estaban en el lugar los ciudadanos, ya no había sillas para ellos. Algunos ciudadanos alcanzaron a entrar”, resaltó. Asimismo, destacó que debido a que luego de las 9:00 de la mañana no había ingreso a la ciudadanía y qué “eso calentó los ánimos entre quienes no pudieron ser partícipes”. Dijo que aunque no tiene conocimiento de quién fue el agresor, no descartó que esa persona hubiera sido una de las pocas que logró tener acceso al recinto. Por su parte, la concejal Lucía Bastidas, aseguró en BLU Radio que el agresor se encontraba entre los integrantes del sindicato y que eso se puede evidenciar en varios videos. “Estábamos en la parte de adelante, salimos a tomar algo y un tipo empezó a lazar improperios y luego me escupe la cara. El presidente del concejo tuvo que interrumpir el cabildo”, explicó. Asimismo, informó que interpondrá una denuncia ante la Fiscalía por la agresión que sufrió este martes. “Hoy impondré la denuncia en la Fiscalía respecto a lo que pasó este marte. Este hombre hizo esto público y eso es grave”, concluyó.
Jorge Castellanos, gerente de la ETB, se refirió al cabildo abierto que se realizó para discutir la venta de la Empresa de Teléfonos de Bogotá, ETB. El funcionario aseguró que aunque se realizó esta discusión entre quienes se oponen y están a favor de la venta, la decisión está tomada y fue aprobada por el Concejo de Bogotá. Al respecto, indicó que “hay varias empresas, algunos de los competidores han dicho públicamente que quisieran asistir a una subasta, una puja por la ETB”. Castellanos no quiso decir en cuánto será vendida la ETB, pero aclaró que por el momento el valor de referencia que se tiene es el que pagan los usuarios por las acciones que se comercializan en la Bolsa de Colombia. “El valor estimado es lo que la gente paga por las acciones de la ETB en la Bolsa de Colombia, eso sería unos precios por encima de los 2 billones de pesos, 2.2 o 2.3, ese es el precio para los compradores al menudeo, el precio para un dueño será diferente, uno espera que el valor sea superior en libros”, dijo Castellanos.
A las 9:00 de la mañana de este martes se inició el cabildo abierto convocado por el Concejo de Bogotá en donde ciudadanos, concejales y el mismo alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, debatieron sobre la venta de la ETB. Cabe señalar que algunas protestas aisladas marcaron el ingreso a la sede del IDRD, sitio donde se convocó el cabildo, debido a que el auditorio se llenó temprano y hubo restricciones para el ingreso. En medio del cabildo, el alcalde Enrique Peñalosa salió en defensa de la venta de la ETB, diciendo que la compañía cada vez se desvaloriza más. “Los dividendos para el Distrito en la ETB desde el año 2002 presentan una tendencia negativa promedio del 10% anual, que evidencia su incapacidad para generar utilidades en este nuevo entorno de competencia. Nosotros preferimos la inversión social que la inversión empresarial”, argumentó. Agregó que el proceso de venta de la empresa “es una decisión que ya se tomó”. “Este proyecto se estudió y se analizó en el Concejo y este lo aprobó. Nosotros ya presentamos cuál será el plan de inversiones ante el cabildo”, señaló el mandatario. Puntualizó, además, que aún no sabe cuánto será el valor final que produzca la venta, pero que con ese dinero priorizará y potenciará temas de educación en la capital del país.
El corregimiento de Santa Elena está de luto tras la muerte de Alejandro Grajales Alzate, de 15 años de edad, un joven reconocido en la comunidad del que no se tenían noticias desde el 4 de agosto.Según el reporte de las autoridades, el adolescente, también silletero, fue visto por última vez ese día en horas de la tarde, cuando se encontraba cerca del parqueadero Los Grajales acompañado de un perro.Quien confirmó el deceso fue el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.“Hoy nos invade una profunda tristeza. Toda mi solidaridad con su familia, vamos a acompañarlos y a brindarles la atención necesaria en este momento tan difícil”, indicó en su cuenta de X.Por su parte, la Corporación de Silleteros de Santa Elena anunció que rendirán un homenaje al joven en la versión 69 del Desfile de Silleteros, que se realizará este domingo 9 de agosto, pues era integrante de la familia Grajales Alzate, vivía en la vereda Mazo y era silletero de la categoría Junior.Una silleta de luto, cargada por un joven de su edad, así será recordado el joven en el emblemático desfile.Aunque esta vez no participaría de este certamen porque no clasificó, según la corporación, desde niño hizo parte del proyecto Silleteando Ando.“Durante toda su vida participó activamente en este proceso de formación, convirtiéndo en un ejemplo del relevo generacional que mantiene viva una de las manifestaciones culturales más representativas de nuestro país. Su partida enluta no solo a su familia, sino también a toda la comunidad silletera, que durante los últimos días permaneció unida con la esperanza de encontrarlo”, expresó en una carta Mauricio Londoño Ospina, presidente de la Asociación Gremial Silleteros de Santa Elena.
Las organizaciones de derechos humanos que comparecieron este jueves ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) coincidieron en que, pese a las recientes excarcelaciones de presos políticos y a las medidas anunciadas por las autoridades venezolanas tras la captura del expresidente Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero, no existen cambios estructurales que indiquen un cese de la represión en el país.Las declaraciones se dieron durante la audiencia pública sobre la situación de derechos humanos en Venezuela. Beatriz Borges, directora ejecutiva de Cepaz, advirtió que la represión continúa pese a los avances en los espacios para denunciar en instancias internacionales como la CIDH. “Esa apertura todavía es frágil y no puede confundirse con una transformación institucional. El aparato represivo permanece intacto. Ninguna de las leyes utilizadas para perseguir y cerrar el espacio cívico ha sido derogada”, afirmó Borges.La directora de Justicia, Encuentro y Perdón, Martha Tineo, también advirtió sobre el deterioro de las condiciones de reclusión de los presos políticos. Señaló que adultos mayores y personas con enfermedades graves permanecen sin atención médica, mientras continúan las denuncias de torturas y tratos crueles. "Las condiciones de reclusión en los centros de detención en Venezuela han alcanzado un punto crítico que vulnera todo estándar de dignidad humana, consolidando un patrón de tratos crueles, inhumanos y degradantes", afirmó.Tineo también alertó sobre la incertidumbre que persiste frente al estado de los centros penitenciarios tras los terremotos del 24 de julio. "Hasta la fecha, las autoridades no han informado públicamente los resultados de las inspecciones técnicas pertinentes", aseguró. Añadió que, según los reportes recibidos, las personas privadas de la libertad fueron evacuadas temporalmente, pero luego obligadas a regresar a áreas con daños estructurales.Sobre las consecuencias de esos terremotos, David Gómez Gamboa, director de Aula Abierta, denunció que también se documentaron restricciones a las labores humanitarias. Según explicó, se registraron obstáculos a equipos de rescate independientes y misiones internacionales, además de hostigamientos contra centros de acopio y voluntarios, detenciones arbitrarias y agresiones contra la libertad de expresión, de prensa y el acceso a la información.En la misma audiencia, Alejandro Romero, presidente de Foro Penal, afirmó que, pese a la Ley de Amnistía, aprobada el pasado 19 de febrero, y la excarcelación de cerca de 800 presos políticos, "el aparato represivo continúa"."La represión no ha desaparecido; ha cambiado de forma, pero persisten varios patrones. Rodeo I sigue albergando presos políticos, donde se denuncian torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes. El Helicoide ya no alberga presos políticos, pero quienes estaban allí fueron trasladados a otros dos centros de reclusión", dijo.Romero también aseguró que el aparato represivo sigue operando a través de los organismos de inteligencia. Aunque hace dos semanas se restableció la posibilidad de acceder a los expedientes y designar abogados, un derecho de defensa que había sido restringido, afirmó que aún existen casos en los que esos documentos no aparecen. "El sistema de justicia sigue controlado absolutamente por el régimen", concluyó.Al cierre de la intervención de las ONG, Faisal Yamil, integrante de la plataforma Justicia y Verdad, presentó las principales recomendaciones consensuadas por las organizaciones participantes. Entre ellas pidió la liberación plena e incondicional de todas las personas detenidas por motivos políticos, la derogación del marco normativo que, según las organizaciones, ha servido para criminalizar la disidencia y restringir el espacio cívico, y una mayor apertura del Estado venezolano a los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos, incluida una inspección de la CIDH.Yamil también pidió que la comisión mixta instalada el pasado 1 de agosto produzca resultados verificables y advirtió que los espacios de diálogo no pueden convertirse en mecanismos para dilatar soluciones frente a las violaciones de derechos humanos denunciadas por las organizaciones. "No comparecemos hoy solo a denunciar; comparecemos con una apertura propositiva", concluyó.
A pocas horas del acto de reconocimiento de tropas en el que el presidente electo, Abelardo De La Espriella, asumirá oficialmente el mando supremo de las Fuerzas Militares y la Policía, el comandante general de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López, envió un mensaje a los militares que participarán en el dispositivo de seguridad y en la ceremonia protocolaria.Desde el Batallón Pichincha, en Cali, el general López enfatizó que la misión trasciende el componente ceremonial y representa un compromiso con la institucionalidad del país, por lo que más de 11.000 años uniformados de todas las fuerzas están dispuestos para garantizar la seguridad. “Esta es una responsabilidad muy importante que tiene el país y que tienen las Fuerzas Militares. Les pido, por favor, que dentro de los parámetros de la disciplina, cada uno haga lo que tiene que hacer”, expresó ante las tropas.Destacó además que el despliegue operativo involucra a hombres y mujeres del Ejército, la Armada, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional, quienes trabajarán de manera coordinada para contrarrestar cualquier amenaza en la capital del Valle del Cauca.“Esta tarea no es solamente ceremonial. Tenemos hombres desplegados con nuestra Policía, con nuestras Fuerzas Militares, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aeroespacial trabajando para este evento. Es un evento constitucional, un evento que le da continuidad al Estado”, afirmó.Finalmente, el comandante general pidió a los uniformados asumir la misión con el mayor compromiso y responsabilidad. “Cada uno tiene que dar todo lo que le corresponde”, concluyó, en vísperas de uno de los actos más importantes de la transición presidencial en Colombia.
Las autoridades anunciaron una recompensa de 50 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables del asesinato del inspector del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), Efraín Quesada Urrego, ocurrido este jueves en el municipio de Girón.La decisión fue adoptada al término de un consejo extraordinario de seguridad realizado tras el atentado contra el funcionario penitenciario. Además de la recompensa, se dispuso un esquema especial de seguridad con apoyo del Ejército Nacional para fortalecer la protección de los guardianes del Inpec que prestan servicio en la Cárcel de Girón y garantizar el desarrollo de sus funciones.El Inpec lamentó el fallecimiento del inspector Quesada y expresó sus condolencias a sus familiares y compañeros de trabajo. Asimismo, hizo un llamado a las autoridades competentes para avanzar con celeridad en la investigación y llevar ante la justicia a los responsables del crimen.Por su parte, el Sindicato de Empleados Unidos Penitenciarios (SEUP) rechazó el asesinato del funcionario y aseguró que este hecho refleja la grave situación de seguridad que enfrentan los servidores penitenciarios en el país. El sindicato advirtió que durante los últimos años decenas de funcionarios del sistema han sido víctimas de atentados y homicidios, por lo que pidió una estrategia nacional de protección que involucre al Ministerio de Justicia, Ministerio de Defensa, Inpec, Policía, Fiscalía, Unidad Nacional de Protección y autoridades territoriales.En el comunicado, el sindicato señaló que la cárcel de Palogordo de Girón requiere una intervención inmediata debido a la presencia de personas privadas de la libertad de alta complejidad y a los proyectos de ampliación del establecimiento. También insistió en la necesidad de fortalecer el pie de fuerza, mejorar la infraestructura, dotar de tecnología al sistema penitenciario y garantizar acompañamiento permanente de la Fuerza Pública.El inspector Efraín Quesada Urrego fue atacado cuando se dirigía a cumplir su jornada laboral en la Cárcel de Girón. Inicialmente resultó gravemente herido y posteriormente falleció debido a la gravedad de las lesiones. El homicidio generó un consejo extraordinario de seguridad en el municipio, tras el cual las autoridades anunciaron una recompensa de $50 millones y un esquema especial de protección para el personal del Inpec, mientras continúan las investigaciones para esclarecer el crimen y capturar a los responsables.
La Alcaldía de Bucaramanga anunció que emprenderá la defensa jurídica del empréstito destinado a financiar proyectos estratégicos de infraestructura y movilidad, luego de que el Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito decretara la suspensión provisional de los efectos del Acuerdo Municipal 009 de 2026, aprobado por el Concejo Municipal y que autorizó la contratación de operaciones de crédito público.La Administración Municipal precisó que la decisión judicial corresponde a una medida cautelar y no constituye un fallo definitivo sobre la legalidad del acuerdo. En ese sentido, informó que hará uso de todos los mecanismos procesales y recursos contemplados por la ley para controvertir la decisión y buscar su revocatoria. El plan financiado con el empréstito contempla la construcción de nuevas vías, la modernización de la red semafórica, la implementación de cruces seguros, mecanismos de control del tráfico y otras intervenciones orientadas a reducir los tiempos de desplazamiento y mejorar la movilidad de la capital santandereana.El alcalde Cristian Portilla reiteró que respeta la decisión de la Rama Judicial, pero defendió la legalidad del proceso y aseguró que el proyecto fue estructurado con respaldo técnico, financiero y jurídico. Agregó que el crédito permitiría acelerar inversiones para superar el rezago en infraestructura urbana que enfrenta Bucaramanga desde hace más de una década.El Acuerdo Municipal 009 de 2026 autorizó al Municipio a contratar un empréstito para ejecutar proyectos de movilidad e infraestructura considerados estratégicos para Bucaramanga. Sin embargo, una demanda derivó en la adopción de una medida cautelar que suspendió provisionalmente sus efectos mientras avanza el proceso judicial. La Alcaldía insiste en que la suspensión no representa una decisión de fondo y que continuará defendiendo la iniciativa por considerar que beneficiará la competitividad, la seguridad vial y la calidad de vida de los ciudadanos.
