El equipo del CTI de la Fiscalía ha intensificado sus labores de investigación en Bosques de Márquez, El Puntoo, un conjunto residencial en Usaquén, tras el reciente asesinato del comerciante de esmeraldas Juan Sebastián Aguilar.Durante varias horas, desde la tarde hasta la noche, los investigadores han analizado minuciosamente los eventos que llevaron al fatal desenlace.Francotirador usó una colchonetaSegún información preliminar, el francotirador, aparentemente apostado en el exterior del conjunto residencial, habría permanecido en el lugar durante varios días, esperando el momento oportuno para llevar a cabo el atentado. Se encontraron colchonetas entre la vegetación circundante, lo que sugiere que el francotirador pudo haberse ocultado en el área por al menos una semana antes de actuar. Las autoridades también especulan que podría haber utilizado un animal para facilitar su escape a través del bosqueEl uso de drones por parte de los investigadores de la Fiscalía durante la tarde ha sido crucial para mapear el área y determinar las posibles rutas de escape del criminal, que se cree podría haberse dirigido hacia el municipio de La Calera o hacia la Carrera Séptima.La investigación continúa activamente para identificar y capturar a los responsables de este homicidio que ha conmocionado a la comunidad de Usaquén y más allá. La Policía Nacional está dedicando todos sus recursos para esclarecer el crimen y llevar a los culpables ante la justicia.¿Quién era Juan Sebastián Aguilar o Pedro Pechuga?Juan Sebastián Aguilar, conocido en el ámbito de las esmeraldas como 'Pedro Aguilar' o 'Pedro Pechuga', fue asesinado en Bogotá a las 6:00 de la tarde del pasado miércoles.Nativo de Chiquinquirá, en Boyacá, Aguilar fue una pieza clave en la seguridad de Víctor Carranza, conocido como el zar de las esmeraldas hasta su muerte en 2013. Carranza, figura central de las denominadas 'guerras verdes', vio en Aguilar no solo un guardaespaldas, sino un estratega indispensable.El comunicado de FedesmeraldasLa Federación Colombiana de Esmeraldas (FedEsmeraldas) ha expresado su más profunda indignación frente a este acto violento. En un comunicado, el gremio destacó que este acontecimiento no solo atenta contra la vida de Aguilar, sino también contra los principios de paz y seguridad que promueven. La solidaridad hacia la familia del fallecido no se hizo esperar, junto con un llamado urgente a las autoridades para una investigación rápida y efectiva. FedEsmeraldas, junto a sus afiliados Asocoemseral, Acodes y Aprecol, reiteran su compromiso con la seguridad de todos los colombianos. En su comunicado, insisten en la necesidad de fortalecer las medidas de seguridad en el sector de las esmeraldas. Pedro Pechuga había sobrevivido a dos atentadosEl general William René Salamanca, director de la Policía Nacional, dijo que Aguilar ya había sufrido dos atentados: uno en Boyacá y otro en Bogota.
Un asesinato tuvo lugar en la tarde del miércoles, 7 de agosto, cuando un francotirador le disparó al esmeraldero Juan Sebastián Aguilar quien al parecer se encontraba en su apartamento en Usaquén, norte de Bogotá. Aguilar era conocido como Pedro Aguilar o Pedro Pechuga, quien manejaba las empresas encargadas de la seguridad de las minas de esmeraldas de los americanos en el occidente de Boyacá. Alcanzó a ser trasladado al Hospital Los Cobos tras recibir un impacto de arma de fuego, pero falleció. Aguilar era socio de la empresa Esmeraldas Santa Rosa y tenía una larga trayectoria en la industria esmeraldera. Tras la muerte de Víctor Carranza en 2013, Hernando Sánchez fue considerado el nuevo zar de las esmeraldas, y Aguilar se ganó el respeto desde que formaba parte del esquema de seguridad del extinto Carranza, uno de los hombres más protegidos del país en los años 90.En los últimos años, Aguilar estuvo en la mira de Otoniel, el extraditado jefe del Clan del Golfo, debido a su posición e influencia en la industria de las esmeraldas. En octubre de 2023 había sobrevivido a un atentado, y se comentó en ese momento que el intento de asesinato estaba relacionado con una disputa mafiosa entre narcotraficantes que tienen fachada de esmeralderos y que intentan lavar activos a través de la cotizada piedra verdad.Según revela El Tiempo, Aguilar es nacido en Chiquinquirá, y conocido por su empresa Seguridad Oriental Ltda con la que ha tenido contratos con municipios, con la CAR y hasta con el Distrito Capital.Según conoció El Espectador, habría intereses cruzados con viejas cuentas pendientes entre mafiosos que sirvieron a grandes capos narcotraficantes durante los años noventa y los dos mil en Bogotá y los Llanos Orientales.¿Quién fue Víctor Carranza?Conocido como "El zar de las esmeraldas" , fue un empresario esmeraldero y minero que amasó una gran fortuna gracias a su dominio en el lucrativo negocio de las gemas.Sin embargo, su figura trasciende el ámbito empresarial. Carranza estuvo envuelto en numerosas polémicas y acusaciones a lo largo de su vida. Se le vinculó con la formación de grupos paramilitares y se enfrentó a más de 20 procesos penales, aunque muchos de ellos no prosperaron o fueron archivados.
Los investigadores del caso y el fiscal Óscar Toro han manifestado que tienen las pruebas suficientes para demostrar que Triana al parecer participó en varios atentados contra el zar de las esmeraldas Víctor Carranza, y contra uno de sus socios en el centro comercial Andino hace dos años en el norte de Bogotá. Los abogados de Horacio Triana ya están listos para presentarse en la audiencia pública y han expresado que su cliente no tiene nada que ver con los hechos sucedidos.
El excomandante del Bloque Noroccidental de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Luis Arnulfo Tuberquia, conocido con el alias de ‘Memín’, aceptó su responsabilidad por 167 hechos delictivos, entre ellos, 109 homicidios en persona protegida, cometidos entre noviembre de 1996 y septiembre de 2005 en los municipios de San Jerónimo y Ebéjico, en Antioquia. La actuación hace parte de una investigación adelantada por una fiscal especializada por graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante ese periodo.De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, la investigación permitió establecer la actuación criminal de Tuberquia cuando era comandante del Bloque Noroccidental de las AUC, organización señalada de cometer hechos de violencia contra población campesina, comerciantes, finqueros y líderes sociales en esa región del departamento. En diligencia de formulación de cargos, el exparamilitar aceptó su responsabilidad como determinador de los crímenes perpetrados entre 1996 y 2005.Entre los hechos reconocidos figuran los homicidios del exalcalde de Santa Fe de Antioquia y excandidato a la Cámara de Representantes, William de Jesús Rivera Brand; del concejal de San Jerónimo, Jaime Arturo Ramírez Arboleda; y del líder comunitario José Milagros Mena Gil. Asimismo, aceptó el reclutamiento de un adolescente de 17 años, la violencia sexual cometida contra la madre y la hermana del menor, así como el desplazamiento forzado de esa familia en una zona rural del municipio de Ebéjico.La Fiscalía informó que el procesado se acogió a sentencia anticipada por 109 homicidios en persona protegida, 16 desapariciones forzadas, 11 desplazamientos forzados, 9 torturas en persona protegida, 5 secuestros simples agravados, 4 casos de acceso carnal violento en persona protegida, 2 lesiones en persona protegida y 11 hurtos calificados y agravados. Además, aceptó cargos por concierto para delinquir, porte ilegal de armas de defensa personal y de uso privativo de las Fuerzas Militares, y utilización ilegal de uniformes e insignias.La actuación hace parte de una estrategia orientada a la terminación anticipada de procesos tramitados bajo la Ley 600 de 2000 contra integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia. Con la aceptación de responsabilidad, el proceso continuará ante un juez especializado, quien será el encargado de emitir la sentencia correspondiente.
Un joven murió luego de ser atacado con un arma cortopunzante en medio de un hecho de intolerancia que, según la información preliminar de las autoridades, se originó por una gorra que la víctima le había prestado al presunto agresor. El hecho ocurrió en el barrio Gran Colombiano de la localidad de Bosa, al suroccidente de Bogotá.Uniformados de la Policía fueron alertados sobre una persona gravemente herida en plena vía pública del sector. Con el apoyo de vecinos de la zona, la víctima fue trasladada de inmediato a un centro asistencial, donde pese a los esfuerzos médicos falleció debido a la gravedad de las lesiones.Tras recibir el reporte, varias patrullas iniciaron la búsqueda del responsable y lograron ubicar e interceptar a un joven de 18 años, quien también presentaba heridas y fue llevado inicialmente a un centro médico para su valoración antes de ser puesto a disposición de las autoridades judiciales.“Gracias a la rápida reacción de nuestras patrullas se logró la captura en flagrancia del presunto responsable de este homicidio. De acuerdo con la información preliminar, los hechos se habrían originado en medio de una discusión por la devolución de una gorra, situación que escaló hasta convertirse en una agresión con arma cortopunzante”, señaló el mayor Andrés Carrillo, comandante de la Estación de Policía de Bosa.El capturado quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberá responder por el delito de homicidio, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer completamente las circunstancias en las que ocurrió este crimen.
Autoridades capturaron a un motociclista señalado de agredir a un agente de tránsito durante un procedimiento de control en Medellín. El funcionario estuvo en grave riesgo cuando, en medio de la agresión, cayó cerca de un camión que transitaba por el sector.Los hechos ocurrieron cuando el agente detectó una motocicleta que circulaba con la placa alterada, lo que impedía su correcta identificación. Esta situación habría generado la reacción agresiva del hombre contra el funcionario encargado del procedimiento.En medio de la violenta agresión, registrada en plena Autopista Sur, el agente de tránsito fue arrojado en varias oportunidades al piso. En una de las ocasiones, cayó cerca de un camión que transitaba por el lugar, exponiendo su vida ante el riesgo de ser arrollado.“Deberá responder ante las autoridades judiciales por el delito de violencia contra servidor público. Además solicitaremos a la fiscalía determinar si su conducta podría constituir una tentativa de homicidio por el riesgo que puso a nuestro agente en el lugar”, dijo el secretario de Movilidad de la ciudad, Pablo Ruiz, detalló los delitos a los que se enfrentará este motociclista.Una vez capturado, al agresor del agente de tránsito, las autoridades de movilidad de la ciudad le impusieron los respectivos comparendos e inmovilizaron la motocicleta con la que, según el secretario, este hombre prestaba servicio informal de transporte.Durante el último año, de acuerdo con el reporte del funcionario, 10 personas han sido capturadas por hechos similares. Además, 5 de esos agresores han sido condenados.
El Congreso de la República pone la lupa a la gestión de Daniel Quintero al frente de la Superintendencia de Salud. El Primer Vicepresidente de la Cámara de Representantes, Simón Molina radicó una proposición para citar a debate de control político al controvertido exalcalde de Medellín por el deterioro en el sistema de salud.Con el fin de que responda ante el Legislativo por las advertencias formuladas por la Contraloría General sobre el manejo del Sistema de Salud durante los últimos cuatro años, el representante a la Cámara por Antioquia Simón Molina radicó una proposición para citar a debate de control político al superintendente nacional de Salud, Daniel Quintero Calle.La iniciativa se sustenta en los recientes informes del organismo de control, que cuestionan la eficacia de las intervenciones realizadas a varias EPS y alertan sobre el deterioro financiero, el aumento de las quejas de los usuarios y las fallas en la vigilancia.“Uno de los mayores desastres que nos ha dejado el gobierno de Gustavo Petro ha sido el deterioro del sistema de salud. Así como desde el Concejo de Medellín hice control político a Daniel Quintero por la corrupción y los malos manejos, hoy desde la Cámara de Representantes seguiré ejerciendo este control desde el Congreso”, aseguró.El cuestionario presentado por el congresista solicita explicaciones sobre las intervenciones a ocho EPS, entre ellas Nueva EPS, Savia Salud, Famisanar y Coosalud, el incremento de sus pasivos durante la administración de la Superintendencia, las más de 2 millones de peticiones, quejas y reclamos registradas en 2025, el incumplimiento de indicadores financieros, la falta de entrega de medicamentos, el aumento de tutelas y las acciones adoptadas frente a las advertencias de la Contraloría.“Por eso, la citación de este debate a Daniel Quintero, para que responda por las malas decisiones y los malos manejos en el sistema de salud en Colombia. Daniel Quintero tendrá que responder ante el Congreso”, agregóAdemás, pide esclarecer los criterios utilizados para intervenir unas EPS y no otras, así como las sanciones impuestas y los mecanismos implementados para garantizar la atención a millones de afiliados.
La declaratoria de situación de desastre nacional por riesgo inminente y la destinación de cerca de 4 billones de pesos para enfrentar los efectos del fenómeno de El Niño han generado un intenso debate en el país. Mientras diversos sectores cuestionan la oportunidad de la medida y el destino de los recursos, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Javier Pava, defendió la decisión del Gobierno al asegurar que los recursos estarán enfocados en proteger a la población más vulnerable antes de que se presenten las mayores afectaciones climáticas.Durante una entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, Pava explicó que la declaratoria de desastre no responde a una emergencia ya materializada, sino a un riesgo inminente sustentado en los pronósticos internacionales sobre la evolución del fenómeno de El Niño.“No podemos esperar hasta que ya estén los impactos para plantear una estrategia de desastres y unas acciones de recuperación que siempre terminan siendo insuficientes y tardías”, afirmó el funcionario.Según el director de la UNGRD, por primera vez en Colombia se adopta una declaratoria de desastre antes de que ocurran los impactos, aprovechando las herramientas que contempla la Ley 1523 para actuar de manera preventiva.Recursos para proteger a la población más vulnerableUno de los principales interrogantes planteados durante la entrevista fue el destino específico de los cerca de 4 billones de pesos que administrará la entidad. Pava fue enfático en señalar que los recursos no serán utilizados para cubrir deudas del sector eléctrico, ni para atender obligaciones relacionadas con subsidios tarifarios o la opción tarifaria.“Esa plata va para atender a la población más pobre, porque la Ley 1523 y constitucionalmente debemos proteger a los más desfavorecidos”, sostuvo. Explicó que una de las prioridades será fortalecer alternativas que permitan reducir el impacto de posibles interrupciones en el suministro de energía y agua, especialmente en las comunidades más expuestas a los efectos de la sequía.Paneles solares, una de las principales apuestasUno de los temas que más controversia generó durante la entrevista fue la intención del Gobierno de impulsar una compra masiva de paneles solares como parte de la estrategia de mitigación.Ante los cuestionamientos sobre la premura del proceso y la cercanía del cambio de gobierno, Pava aseguró que la actual administración no alcanzará a ejecutar las compras.“Nosotros queremos dejar todo esto organizado. El próximo gobierno tendrá la facultad ya de contratar con quienes correspondan”, explicó.El funcionario indicó que la UNGRD abrirá una convocatoria pública para conformar un banco de proveedores con disponibilidad de equipos, garantizando transparencia y veeduría ciudadana durante el proceso.Asimismo, rechazó las versiones que apuntan a intereses particulares detrás de la adquisición: “No existe ningún interés más allá de que las comunidades que lo requieran puedan tener acceso a eso”, afirmó.Preparativos frente al fenómeno de El NiñoDurante la conversación, Pava insistió en que el Gobierno viene adelantando acciones preventivas desde hace varios meses, luego de conocerse los primeros reportes internacionales sobre el desarrollo del fenómeno climático.Según explicó, se han realizado mesas de trabajo con los sectores de agricultura, salud, energía y agua para preparar respuestas anticipadas frente a posibles incendios forestales, desabastecimiento hídrico y afectaciones en la producción de alimentos.El director recordó además que la entidad fortaleció su capacidad operativa mediante la adquisición de helicópteros especializados para combatir incendios forestales y la reorganización de carrotanques destinados al suministro de agua en distintas regiones del país.Debate sobre las prioridadesDurante la entrevista también surgieron cuestionamientos sobre si esos recursos podrían destinarse a cubrir las millonarias deudas que mantiene el Estado con el sector eléctrico, una medida que, según algunos analistas, contribuiría a evitar un eventual riesgo de apagón.Sin embargo, Pava reiteró que esas decisiones corresponden a otras entidades del Gobierno y que la misión de la UNGRD está definida por la legislación vigente.“Yo puedo responder frente a las decisiones que se hicieron de recomendar una declaratoria por riesgo inminente y de las medidas que se van a adoptar. Las decisiones sobre tarifas corresponden a otras autoridades”, puntualizó.Cambio climático exige anticipaciónEl director concluyó señalando que el país enfrenta fenómenos climáticos cada vez más extremos y frecuentes, por lo que insistió en que la gestión del riesgo debe pasar de reaccionar ante las emergencias a prepararse antes de que ocurran.En ese sentido, defendió que los recursos extraordinarios buscan reducir el impacto social del fenómeno de El Niño sobre las comunidades más vulnerables, especialmente en materia de acceso al agua, seguridad alimentaria y suministro de energía.
