El equipo del CTI de la Fiscalía ha intensificado sus labores de investigación en Bosques de Márquez, El Puntoo, un conjunto residencial en Usaquén, tras el reciente asesinato del comerciante de esmeraldas Juan Sebastián Aguilar.Durante varias horas, desde la tarde hasta la noche, los investigadores han analizado minuciosamente los eventos que llevaron al fatal desenlace.Francotirador usó una colchonetaSegún información preliminar, el francotirador, aparentemente apostado en el exterior del conjunto residencial, habría permanecido en el lugar durante varios días, esperando el momento oportuno para llevar a cabo el atentado. Se encontraron colchonetas entre la vegetación circundante, lo que sugiere que el francotirador pudo haberse ocultado en el área por al menos una semana antes de actuar. Las autoridades también especulan que podría haber utilizado un animal para facilitar su escape a través del bosqueEl uso de drones por parte de los investigadores de la Fiscalía durante la tarde ha sido crucial para mapear el área y determinar las posibles rutas de escape del criminal, que se cree podría haberse dirigido hacia el municipio de La Calera o hacia la Carrera Séptima.La investigación continúa activamente para identificar y capturar a los responsables de este homicidio que ha conmocionado a la comunidad de Usaquén y más allá. La Policía Nacional está dedicando todos sus recursos para esclarecer el crimen y llevar a los culpables ante la justicia.¿Quién era Juan Sebastián Aguilar o Pedro Pechuga?Juan Sebastián Aguilar, conocido en el ámbito de las esmeraldas como 'Pedro Aguilar' o 'Pedro Pechuga', fue asesinado en Bogotá a las 6:00 de la tarde del pasado miércoles.Nativo de Chiquinquirá, en Boyacá, Aguilar fue una pieza clave en la seguridad de Víctor Carranza, conocido como el zar de las esmeraldas hasta su muerte en 2013. Carranza, figura central de las denominadas 'guerras verdes', vio en Aguilar no solo un guardaespaldas, sino un estratega indispensable.El comunicado de FedesmeraldasLa Federación Colombiana de Esmeraldas (FedEsmeraldas) ha expresado su más profunda indignación frente a este acto violento. En un comunicado, el gremio destacó que este acontecimiento no solo atenta contra la vida de Aguilar, sino también contra los principios de paz y seguridad que promueven. La solidaridad hacia la familia del fallecido no se hizo esperar, junto con un llamado urgente a las autoridades para una investigación rápida y efectiva. FedEsmeraldas, junto a sus afiliados Asocoemseral, Acodes y Aprecol, reiteran su compromiso con la seguridad de todos los colombianos. En su comunicado, insisten en la necesidad de fortalecer las medidas de seguridad en el sector de las esmeraldas. Pedro Pechuga había sobrevivido a dos atentadosEl general William René Salamanca, director de la Policía Nacional, dijo que Aguilar ya había sufrido dos atentados: uno en Boyacá y otro en Bogota.
Un asesinato tuvo lugar en la tarde del miércoles, 7 de agosto, cuando un francotirador le disparó al esmeraldero Juan Sebastián Aguilar quien al parecer se encontraba en su apartamento en Usaquén, norte de Bogotá. Aguilar era conocido como Pedro Aguilar o Pedro Pechuga, quien manejaba las empresas encargadas de la seguridad de las minas de esmeraldas de los americanos en el occidente de Boyacá. Alcanzó a ser trasladado al Hospital Los Cobos tras recibir un impacto de arma de fuego, pero falleció. Aguilar era socio de la empresa Esmeraldas Santa Rosa y tenía una larga trayectoria en la industria esmeraldera. Tras la muerte de Víctor Carranza en 2013, Hernando Sánchez fue considerado el nuevo zar de las esmeraldas, y Aguilar se ganó el respeto desde que formaba parte del esquema de seguridad del extinto Carranza, uno de los hombres más protegidos del país en los años 90.En los últimos años, Aguilar estuvo en la mira de Otoniel, el extraditado jefe del Clan del Golfo, debido a su posición e influencia en la industria de las esmeraldas. En octubre de 2023 había sobrevivido a un atentado, y se comentó en ese momento que el intento de asesinato estaba relacionado con una disputa mafiosa entre narcotraficantes que tienen fachada de esmeralderos y que intentan lavar activos a través de la cotizada piedra verdad.Según revela El Tiempo, Aguilar es nacido en Chiquinquirá, y conocido por su empresa Seguridad Oriental Ltda con la que ha tenido contratos con municipios, con la CAR y hasta con el Distrito Capital.Según conoció El Espectador, habría intereses cruzados con viejas cuentas pendientes entre mafiosos que sirvieron a grandes capos narcotraficantes durante los años noventa y los dos mil en Bogotá y los Llanos Orientales.¿Quién fue Víctor Carranza?Conocido como "El zar de las esmeraldas" , fue un empresario esmeraldero y minero que amasó una gran fortuna gracias a su dominio en el lucrativo negocio de las gemas.Sin embargo, su figura trasciende el ámbito empresarial. Carranza estuvo envuelto en numerosas polémicas y acusaciones a lo largo de su vida. Se le vinculó con la formación de grupos paramilitares y se enfrentó a más de 20 procesos penales, aunque muchos de ellos no prosperaron o fueron archivados.
Los investigadores del caso y el fiscal Óscar Toro han manifestado que tienen las pruebas suficientes para demostrar que Triana al parecer participó en varios atentados contra el zar de las esmeraldas Víctor Carranza, y contra uno de sus socios en el centro comercial Andino hace dos años en el norte de Bogotá. Los abogados de Horacio Triana ya están listos para presentarse en la audiencia pública y han expresado que su cliente no tiene nada que ver con los hechos sucedidos.
Desde las 9:00 de la mañana se adelanta la audiencia en la que la Fiscalía General de la Nación presenta ante una juez especializada los preacuerdos suscritos con 10 de los 11 presuntos integrantes del grupo delincuencial autodenominado ‘PPP’, investigados por su presunta participación en hechos violentos y actos de vandalismo durante jornadas de protesta en Bogotá. Las negociaciones contemplan penas de prisión que van desde los cuatro años y ocho meses hasta los siete años y diez meses, de acuerdo con los términos establecidos para cada procesado.La investigación está relacionada con ataques contra buses del Sistema Integrado de Transporte Público, daños a estaciones de TransMilenio, fabricación y lanzamiento de artefactos explosivos improvisados, así como hechos de violencia contra integrantes de la Policía y ciudadanos. Entre los delitos por los que se formularon cargos se encuentran concierto para delinquir, terrorismo, daño en bien ajeno, perturbación del servicio de transporte público y violencia contra servidor público, entre otros. Durante la audiencia, la Fiscalía explicó los fundamentos de la individualización de las conductas y expuso argumentos sobre la adecuación jurídica de los hechos, particularmente frente a los delitos de terrorismo y concierto para delinquir con fines terroristas. En su intervención, sostuvo que la evidencia permite establecer una asociación entre varios de los procesados para ejecutar conductas ilícitas, pero advirtió que no todos los hechos investigados demostrarían la existencia de una organización creada con el propósito permanente de cometer actos terroristas.“Lo que se observa es la utilización ocasional de elementos de fabricación artesanal, tales como papas bomba o bombas molotov, elaborados con materiales de fácil acceso, sin que exista evidencia de una infraestructura logística compleja o de una organización diseñada para desarrollar actividades terroristas de forma permanente”, expuso la Fiscalía.El ente acusador agregó que los hechos ocurrieron principalmente en escenarios de movilización social y protesta, en los que se presentaron bloqueos de vías, alteraciones del orden público, enfrentamientos con la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), daños a bienes públicos y ataques contra infraestructura estatal y el sistema de transporte.“Ello permite inferir una dinámica de violencia colectiva urbana, pero no necesariamente la existencia de una organización concebida para desarrollar una estrategia terrorista permanente dirigida a provocar o mantener un estado de terror o de zozobra a la población o a un sector de ella”, señaló la representación de la Fiscalía durante la sustentación.En ese sentido, la Fiscalía citó jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia para argumentar que la configuración del delito de terrorismo requiere acreditar una finalidad específica. “Para el delito de terrorismo resulta indispensable acreditar que el agente persigue provocar o fomentar un estado de incertidumbre colectiva frente a la paz y tranquilidad públicas, no basta la utilización de medios peligrosos o la realización de actos violentos”, sostuvo, al referirse a una decisión de ese alto tribunal.Otro de los puntos abordados fue la estructura interna del colectivo. La Fiscalía señaló que la evidencia no permitiría concluir que existiera una organización con relaciones de subordinación, obediencia o mando vertical entre sus integrantes. También advirtió que la exposición pública, la participación en reuniones o la capacidad de convocatoria no son suficientes, por sí solas, para demostrar una posición de mando. En ese contexto, se refirió al caso de alias Salvatore y sostuvo que esas circunstancias pueden evidenciar influencia o reconocimiento, pero no necesariamente liderazgo jerárquico.Durante la diligencia también se reconoció a TransMilenio y a la Universidad Nacional como víctimas dentro de la actuación, decisión que fue rechazada por las defensas.Los preacuerdos presentados todavía deben surtir el trámite judicial correspondiente para ser avalados. La negociación podría tener modificaciones durante el proceso y existe la posibilidad de que alguno de los procesados se retracte del acuerdo, por lo que la audiencia continúa con la sustentación de sus términos la próxima semana.El caso ha generado controversia por la calificación jurídica de las conductas atribuidas a los procesados y por las hipótesis investigativas relacionadas con una presunta financiación del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el supuesto uso de universidades públicas de Bogotá como lugares de refugio.
A través de un comunicado, Fenalco Antioquia e Intergremial Antioquia solicitaron eliminar la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia al considerar que este tributo representa una carga económica para las empresas y limita el desarrollo del departamento.En la comunicación dirigida al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, las organizaciones gremiales argumentaron que, ante el nuevo panorama en el que el Gobierno nacional asumiría los recursos necesarios para la seguridad territorial, pierde justificación mantener este cobro departamental.Según los representantes de los gremios, la sobretasa se suma a los elevados costos operativos que enfrentan actualmente los empresarios, lo que afecta especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas, además de perjudicar la competitividad de Antioquia.“Este tributo representa una carga asfixiante para nuestro ecosistema empresarial”, señalaron los gremios que también advirtieron que el cobro castiga la formalidad y podría poner en riesgo la permanencia de negocios que generan empleo en la región.Los gremios sostuvieron que, si la Nación asume la financiación de la seguridad, sería oportuno reducir las presiones económicas sobre el sector productivo, por lo que insistieron en la necesidad de frenar la pérdida de empleos y evitar que las empresas continúen asumiendo obligaciones económicas.Con este panorama, Fenalco e Intergremial le pidieron al gobernador de Antioquia evaluar el desmonte de la Tasa de Seguridad para facilitar la actividad empresarial y promover el desarrollo económico en el departamento.
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este miércoles, 28 de octubre de 2026:Iris Marín, defensora del Pueblo, advirtió que la violencia que se vive en Cúcuta y Norte de Santander coincide con riesgos que la entidad ha documentado en sus alertas tempranas, debido a la presencia del ELN, el Frente 33, el Clan del Golfo y otras estructuras de crimen organizado. Señaló que la Fiscalía y las autoridades judiciales deben investigar posibles redes de corrupción que permitan a estos grupos mantener control territorial, aunque aclaró que la Defensoría no está señalando a políticos o funcionarios concretos.Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, explicó que los recientes operativos de seguridad estuvieron dirigidos principalmente contra estructuras vinculadas a la Oficina y a la Alianza de Estructuras Criminales, con énfasis en delitos como hurto, extorsión y tráfico de drogas. Sobre la captura del hijo y el hijastro del exfutbolista Iván René Valenciano, aseguró que estarían vinculados a la estructura La Roja y señaló que uno de ellos presuntamente identificaba a personas con relojes, cadenas u otros objetos de alto valor para que posteriormente fueran robadas.Manuel Galán, alcalde de Urda, España, informó que aproximadamente 500 personas viajaban en los dos trenes involucrados en el grave accidente ferroviario ocurrido cerca del municipio y reportó más de 150 heridos y más de 50 fallecidos. Explicó que todos los sobrevivientes atrapados ya habían sido rescatados y que los organismos de emergencia continuaban trabajando en la recuperación de cuerpos, mientras las causas del choque seguían bajo investigación.Miguel Ángel Pérez, sobreviviente del accidente ferroviario, relató que viajaba en el último vagón del tren de Renfe que terminó impactando al otro convoy y aseguró que sobrevivió con golpes y lesiones menores. Contó que el tren había realizado una parada entre 10 y 15 minutos poco antes del accidente por una supuesta acumulación en la vía, pero después reanudó normalmente el recorrido sin que los pasajeros recibieran una nueva advertencia antes del choque.Víctor Salcedo, representante a la Cámara del Partido de la U, aseguró que la reforma pensional enfrenta una “bomba jurídica” por las dudas que persisten sobre la subsanación de los vicios de trámite señalados por la Corte Constitucional. También expresó preocupación por la sostenibilidad fiscal de algunos beneficios incluidos en el proyecto, entre ellos la reducción de semanas para mujeres con hijos, y advirtió que una reforma sin recursos suficientes podría poner en riesgo el pago futuro de las pensiones.Ariel Cortés, director de Medicina Legal, informó que nueve menores de edad han muerto en operaciones militares durante los primeros meses del actual Gobierno. Explicó que las víctimas identificadas tienen entre 13 y 17 años y que Medicina Legal utiliza protocolos especializados para estos casos. Además, señaló que el Instituto no ha recibido hasta ahora solicitudes para practicar valoraciones dentro de las investigaciones sobre las denuncias de presuntas contrataciones irregulares durante el gobierno de Gustavo Petro.Juan Casares, pasajero en uno de los trenes accidentados en España, relató que salió disparado de su asiento durante el frenazo, los posteriores impactos y terminó entre 10 y 15 metros de donde se encontraba inicialmente. Destacó la rápida llegada de los organismos de emergencia y la solidaridad de los habitantes de Urda, quienes utilizaron sus propios vehículos para trasladar a sobrevivientes, y aseguró que sufrió varios cortes y golpes, aunque pudo regresar posteriormente a su casa.Geoff Ramsey, investigador para América Latina del Atlantic Council, consideró que Estados Unidos busca acelerar las reformas políticas en Venezuela tras el regreso de María Corina Machado. Señaló que la expectativa expresada por el secretario de Estado, Marco Rubio, es avanzar primero en la renovación del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral y posteriormente establecer un cronograma para unas elecciones presidenciales antes de enero de 2029; Ramsey consideró probable que antes se realicen elecciones regionales o legislativas.Escuche el programa completo aquí:
Desde el Hospital Universitario del Valle confirmaron que la torre donde se prestaban servicios de pediatría y medicina interna, que colapsó durante el terremoto del pasado 10 de agosto, será demolida en su totalidad, mientras que otras dos torres de la institución también deberán ser intervenidas debido a los daños ocasionados el día de la emergencia.El gerente del hospital, Irne Torres, explicó que tanto las demoliciones como el inicio de las nuevas obras podrían comenzar a finales de este 2026 o a principios de 2027."La manifestación más grande del terremoto a nivel mundial fue la caída de un espolón del Hospital Universitario del Valle. Ese espolón hay que demolerlo 100 %. En 30 o 45 días cerramos el ciclo de negociación con la aseguradora; luego de eso son 30 días de planificación de diseños estructurales y capacidad instalada, y esperamos que estemos arrancando. Si todo sale bien, al final de este año o a principios del año que viene", dijo el gerente.El gerente señaló que la recuperación del HUV, incluyendo las obras de reconstrucción, remodelaciones y renovación de equipos biomédicos afectados, tendría un costo aproximado de 490.000 millones de pesos. De ese monto, $65.000 millones se destinarán a la reconstrucción de la torre que colapsó. Esta obra tendría un plazo estimado de ejecución de entre ocho y diez meses."Venimos a hacernos la valoración correspondiente, queremos ser muy precisos con la pérdida del hospital y, asimismo, en la reconstrucción del mismo, entendiendo que habrá unas afectaciones importantes en la desmovilización de algunas áreas y en la remodelación de otras áreas para que el hospital vuelva a ser lo que era antes del 10 de agosto del año 2026", manifestó Torres.Mientras avanzan los estudios y se concretan los trámites para iniciar las obras, el hospital mantiene como prioridad la recuperación progresiva de las áreas afectadas. Hasta el momento, se ha logrado rehabilitar entre el 65 % y el 70 % de los servicios en general.
Para avanzar en el proceso de reconstrucción de las zonas de Cali que resultaron más afectadas por el terremoto, la Alcaldía se encuentra preparando un proyecto que será presentado al Concejo Distrital, para ofrecer alivios tributarios e incentivos para empresas nuevas que instalen sus sedes en las comunas 19 y 17, que fueron las que más daños tuvieron el pasado 10 de agosto.Este proyecto también busca ampliar el beneficio de cero predial, de cuatro a 10 años, para aquellos proyectos de vivienda que se construyan en lotes de edificios colapsados o demolidos."La Comuna 19 era el corazón de la industria de servicios médicos de Cali. Entonces vamos a presentar un proyecto donde cualquier nueva empresa de servicios médicos, de investigación científica o de servicios relacionados a la medicina que se instalen en la Comuna 19 van a recibir cero ICA y cero predial por 10 años. Eso para incentivar que se vuelva a levantar la Comuna 19", explicó el alcalde Alejandro Éder.El mandatario además confirmó que ya está en marcha la reconstrucción de tres edificaciones en la comuna 19, dos en predios de edificios que colapsaron y uno que fue demolido. También le aclaró, que la reconstrucción de viviendas en Cali no se puede centrar en la zona de expansión. Sino que debe enfocarse en las áreas afectadas por el sismo."Solo en el barrio Cuarto de Legua, en dos cuadras hay 23 edificios que colapsaron o que deberán ser demolidos. Ahí ya tenemos los primeros dos, uno colapsó, el otro fue demolido, donde ya están en negociaciones para iniciar su reconstrucción. Tenemos otros edificios, como por ejemplo el desarrollo de vivienda Pío XII, que ya fue declarado pérdida total, es una propiedad muy grande y ya hay interés de una constructora para hacer un nuevo desarrollo de renovación urbana, que puede ser mixto entre residencial y otros usos", finalizó Eder.
