Cuatro vehículos cisternas son insuficientes para atender la demanda de unas sesenta mil personas del casco urbano y la zona rural que están padeciendo por la falta del preciado líquido. En la cabecera, donde habitan 35 mil personas, a mediados de diciembre Electricaribe suspendió el suministro de energía eléctrica a la empresa que opera el acueducto por una deuda de 227 millones de pesos, correspondiente a la fas facturas de hace 6 meses. Víctor Rangel, alcalde de El Banco, señaló que con las bombas de emergencia están succionando agua del río, procesándola y bombeándola a los hogares pero el líquido solo alcanza a llegar a un 40 por ciento de la población una o dos horas al día. “En la ampliación y optimización del acueducto se invirtieron más de 20 mil millones de pesos en las últimas administraciones y no se sabe que se hizo la plata porque las obras no se ven”, aseguró el mandatario. En unos dieciocho corregimientos y veredas del municipio además de sed padecen por la falta de comida. Los caños y las pequeñas ciénagas donde se abastecían se han secado y sus habitantes y animales se ven obligados a recorrer más de 5 kilómetros para encontrar agua. Los cultivos de pancoger y los pastos se han secado y hasta en el espejo lagunar de la Ciénaga de Zapatosa los peces están muriendo por falta de oxígeno. En la región los incendios forestales son una constante. Según el teniente Carlos Torres, comandante de los bomberos en El Banco, la gran mayoría de estos incendios forestales son provocados por el hombre que para poder cazar quema los montes para que salgan los conejos, los armadillos y las hicoteas. Al organismo de socorro ha atendio entre tres y cuatro incendios semanales. En El Banco, que fue declarado en alerta roja por el Ideam por los efectos del Fenómeno de El Niño, el alcalde Víctor Rangel decretó la calamidad pública y estado de emergencia a fin buscar los recursos para atender la situación. El municipio es una paradoja, está rodeados por los ríos Magdalena y Cesar y por la ciénaga de Zapatosa, sin embargo está en emergencia por falta de agua.
La Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz) solicitó al Gobierno Nacional realizar una evaluación inmediata de las pérdidas ocasionadas por la emergencia invernal en Casanare y Arauca, así como activar ayudas financieras para los productores afectados por las inundaciones que han destruido miles de hectáreas de arroz próximas a cosecha.El gremio también pidió la puesta en marcha de líneas de crédito de emergencia, la refinanciación de deudas sin penalidades y subsidios directos para pequeños, medianos y grandes productores damnificados. Además, solicitó el envío de maquinaria amarilla para reconstruir jarillones, limpiar canales de drenaje y rehabilitar las vías terciarias que conectan las zonas de producción.Fedearroz expresó su máxima preocupación por la situación que atraviesan los dos departamentos, donde el desbordamiento de los ríos Tocaría, Pauto, Cravo Sur y Casanare ha provocado avalanchas e inundaciones que afectan tanto áreas urbanas como rurales.Según el reporte del gremio, las crecientes han inundado miles de hectáreas de arroz que se encontraban en la etapa final antes de la cosecha. Las afectaciones se concentran en la mayoría de los municipios de Casanare y en varias zonas de Arauca, donde también se registran daños en la infraestructura agrícola, carreteras, vías secundarias y terciarias.El gerente general de Fedearroz, Rafael Hernández Lozano, hizo un llamado urgente al Ministerio de Agricultura y a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para coordinar una respuesta inmediata que permita atender a las comunidades afectadas y restablecer las condiciones para la producción agropecuaria.El dirigente gremial insistió en que es prioritario conformar comisiones técnicas con participación de las autoridades nacionales y departamentales para elaborar un censo real de las hectáreas afectadas y dimensionar las pérdidas, especialmente porque Arauca permanece incomunicado por vía terrestre debido a la emergencia.Fedearroz reiteró su disposición de apoyar las evaluaciones técnicas que sean necesarias y aseguró que continuará acompañando a los productores durante la emergencia, mientras espera que el Gobierno adopte medidas para mitigar el impacto económico y social que deja la temporada de lluvias en la región.
El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, calificó como “extraordinario” el avance en las obras de remodelación del Estadio Metropolitano de Barranquilla que aumentará la capacidad a 65.000 espectadores, durante una visita que hizo este sábado al escenario deportivo con el alcalde Alejandro Char.En el recorrido con el alcalde de Barranquilla, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, manifestó sentirse muy feliz por el avance que observó en las obras de remodelación del Estadio.El dirigente expresó que la remodelación del Metropolitano se está transformando en una realidad que estará al nivel de los grandes escenarios deportivos del mundo y del espectáculo del fútbol moderno.“Es extraordinario que empecemos a remodelar nuestros estadios de esta manera. Los estándares de comodidad y confort han subido en el mundo y Barranquilla los va a igualar”.Agregó Jesurún que se debe tratar de llevar la realidad del ‘Coloso de la Ciudadela’ a otras partes del país y lograr un equilibrio muy pronto para que todo el que quiera disfrutar del espectáculo del fútbol en Colombia tenga acceso a él.Por su parte, el alcalde Alejandro Char garantizó que el Metropolitano estará listo para albergar la final de la Copa Sudamericana el próximo 21 de noviembre respondiendo con seriedad, ingeniería y velocidad, como lo exigen los estándares internacionales.La remodelación del estadio Metropolitano Roberto Melendez contempla, entre otras características, albergar más de 65.000 espectadores, lo que lo convertirá en el escenario con mayor capacidad de Colombia.
La Policía Nacional, en coordinación con el Ejército, desmanteló una infraestructura utilizada para el procesamiento de clorhidrato de cocaína en zona rural del municipio de Rosario, en el departamento de Nariño.De acuerdo con el director de la Policía, general William Rincón, durante el operativo fueron incautados 423 kilos de clorhidrato de cocaína, además de 764 galones de cocaína en solución, 3.265 galones de insumos químicos líquidos y 726 kilos de insumos sólidos utilizados para la producción del estupefaciente.“Incautamos 423 kilos de cocaína, 764 galones de cocaína en solución, 3.265 galones de insumos químicos líquidos y 726 kilos de insumos sólidos, evitando la producción de cerca de 3 toneladas mensuales de este estupefaciente”, señaló el general por medio de su cuenta de X.Según la institución, con esta operación se evitó la producción de cerca de tres toneladas mensuales de cocaína, lo que representa un golpe significativo a las estructuras dedicadas al narcotráfico en esa región del país.Asimismo, el general William Rincón, indicó que la afectación económica para las organizaciones criminales asciende a 1.740 millones de pesos y aseguró que la incautación impidió que más de 1,1 millones de dosis llegaran a los mercados ilegales.“Con esta operación afectamos las rentas criminales en $1.740 millones e impedimos que más de 1,1 millones de dosis llegaran a los mercados ilegales”, dijo Rincón.La Policía Nacional señaló que continuará desarrollando operaciones conjuntas con las Fuerzas Militares para afectar las finanzas de las organizaciones dedicadas al narcotráfico y debilitar las redes de producción y distribución de drogas ilícitas en todo el territorio nacional.
Más de dos semanas después del doble terremoto que golpeó a Venezuela, la emergencia sigue dejando un saldo devastador: más de 3.600 personas fallecidas, un número aún indeterminado de desaparecidos y miles de familias afectadas. Mientras continúan las labores de ayuda humanitaria, también crecen las preguntas sobre las causas del colapso de decenas de edificios, especialmente en el estado La Guaira.En entrevista, el ingeniero geólogo Feliciano de Santis, presidente de la Sociedad Venezolana de Geólogos y con más de 35 años de experiencia en geología aplicada, explicó que la destrucción no fue uniforme en todo el estado, sino que se concentró en dos sectores específicos debido a las características del terreno.Según el especialista, los mayores daños se registraron en las zonas de Catia La Mar-Playa Grande y Caraballeda-Tanaguarena, áreas construidas sobre rellenos aluviales de gran espesor. Allí, aseguró, se presentaron los llamados "efectos de sitio", un fenómeno que modifica el comportamiento de las ondas sísmicas al atravesar determinados tipos de suelo."Cuando la onda sísmica viaja por la roca lo hace a gran velocidad, pero al llegar a estos depósitos aluviales pierde velocidad, aumenta su amplitud y la aceleración del movimiento se amplifica en la superficie", explicó De Santis.A ese fenómeno se sumó otro aún más crítico: la licuación del suelo. El geólogo indicó que los terrenos arenosos y saturados de agua sufrieron un aumento de la presión interna durante el terremoto, haciendo que el suelo perdiera temporalmente su resistencia y se comportara como un líquido."Muchos edificios perdieron completamente su sustentación y terminaron colapsando", señaló.Paradójicamente, De Santis afirmó que sectores con viviendas informales registraron daños mucho menores porque estaban ubicados sobre terrenos más estables. Incluso destacó que edificaciones históricas construidas hace varios siglos resistieron el sismo al encontrarse asentadas sobre roca."Todas las edificaciones que estaban sobre roca presentaron únicamente daños menores, como fisuras en paredes, pero no hubo colapsos", explicó.El problema no era construir allí, sino cómo hacerloEl presidente de la Sociedad Venezolana de Geólogos aclaró que las zonas afectadas no eran necesariamente lugares donde estuviera prohibido construir. Sin embargo, advirtió que este tipo de terrenos exige diseños estructurales especiales y costosas obras de ingeniería para reducir el riesgo sísmico.Entre las medidas que debieron implementarse mencionó fundaciones profundas mediante pilotes, mejoramiento del suelo con técnicas como vibroflotación, cementación e inyecciones, además de estructuras diseñadas para soportar una mayor aceleración sísmica."Se puede construir prácticamente en cualquier tipo de suelo, siempre que se cumplan todas las prescripciones técnicas y geotécnicas. El problema aparece cuando esas recomendaciones no se aplican", sostuvo.El experto explicó que estas soluciones incrementan considerablemente los costos de construcción, por lo que suelen ser viables únicamente en proyectos inmobiliarios de gran escala.Durante la entrevista, De Santis señaló que uno de los aspectos que deberá revisarse tras la tragedia es el proceso de aprobación de nuevas construcciones.A su juicio, las alcaldías han dejado de ejercer una revisión técnica independiente y actualmente otorgan permisos basándose principalmente en la responsabilidad del proyectista.Por ello, propuso establecer una segunda revisión obligatoria de los proyectos en zonas de alta complejidad geológica, con el fin de verificar que cumplan todas las exigencias técnicas antes de autorizar su construcción.¿Se podrá volver a construir en las zonas afectadas?Para el geólogo, técnicamente sí es posible reconstruir en los sectores donde ocurrieron los mayores daños. No obstante, insistió en que hacerlo dependerá de la capacidad económica para ejecutar todas las obras de mitigación necesarias.También consideró que el futuro de esos terrenos deberá discutirse entre autoridades, urbanistas, ingenieros, sociólogos y el Gobierno, teniendo en cuenta tanto los riesgos naturales como la vocación del territorio.Mientras tanto, planteó que una alternativa podría ser levantar edificaciones de menor altura en sectores con suelos más consolidados, cercanos a la montaña, así como reubicar a quienes decidan abandonar las áreas más vulnerables."Desde el punto de vista técnico, todo se puede hacer. Al final es un tema económico", concluyó De Santis.
Los congresistas Daniel Briceño, Sara Castellanos y Carol Borda enviaron una carta al presidente electo, Abelardo De La Espriella, y al próximo ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, en la que solicitaron derogar varias resoluciones expedidas por el actual Gobierno que crean Áreas de Protección para la Producción de Alimentos y Zonas de Protección para la Producción de Alimentos en diferentes regiones del país. Según los legisladores, estas medidas restringen el uso de predios rurales sin la participación de las autoridades territoriales y generan incertidumbre jurídica para propietarios, productores e inversionistas.“Junto a Sara Castellanos y Daniel Briceño, congresistas electos, estamos solicitando al nuevo ministro de agricultura que revoque las resoluciones mediante las cuales el gobierno de Petro creó las áreas de protección para la de alimentos y las zonas de protección para la producción de alimentos. Consideramos que estas medidas terminaron afectando la seguridad jurídica de 1000 de propietarios rurales y limitando la autonomía de los municipios y departamentos sobre el ordenamiento de su propio territorio”, señaló la representante electa, Carol Stefanny Borda. Asimismo, pidieron revisar el Decreto 1147 de 2024, que faculta a la Agencia Nacional de Tierras para establecer límites a la propiedad privada dentro de las Zonas de Reserva Campesina.“El campo y la producción de los alimentos se defiende, defendiendo el uso del suelo de cualquier restricción y el uso de la propiedad privada. Su intento por limitar el uso del suelo de alguna forma debe tener un sustento legal y técnico, y, sobre todo, respetar las competencias de las autoridades locales”, agregó.En su carta, los congresistas sostienen que estas disposiciones ya han sido objeto de advertencias por parte de organismos de control. Señalan que la Contraloría General de la República alertó sobre posibles riesgos legales, fiscales y de gobernanza en la implementación de estas figuras, mientras que la Procuraduría solicitó a la Corte Constitucional declarar inexequible el artículo 32 de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, que sirve de fundamento para su creación.“Organismos como la Contraloría General de la Nación, de hecho, han advertido riesgos en la implementación de estas figuras, y la Procuraduría incluso solicitó a la corte constitucional revisar la constitucionalidad del artículo que les dio origen en el plan de desarrollo”, dijo la representante Borda.Los firmantes argumentan que el país necesita reglas claras, respeto por la propiedad privada y mayor seguridad jurídica para incentivar la inversión y la generación de empleo en el sector rural. Por ello, solicitaron al gobierno entrante revisar y dejar sin efecto estas medidas, al considerar que podrían afectar el desarrollo del campo colombiano y la autonomía de las entidades territoriales.
