La Sala Plena de la Corte Constitucional se reunió este miércoles para zanjar un asunto que incluso, generó choques entre esa corporación y la Corte Suprema de Justicia. Se trata de la tutela con la que el exdirector del Dapre durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, pretendía tumbar la condena impuesta por la Corte Suprema que fue de 5 años de prisión por el escándalo de la ‘Yidispolítica’.En ese sentido, en una votación de 8 votos a 0, los magistrados confirmaron las decisiones proferidas por la Sala de Primera Instancia y la Sala de Casación Penal respectivamente contra Bernardo Moreno.La condena a Bernardo Moreno por escándalo de la ‘Yidispolítica’En octubre de 2023, la Corte condenó a Bernardo Moreno Villegas, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), a una pena de 5 años y 7 meses de cárcel como autor del delito de tráfico de influencias de servidor público en la modalidad continuado, por haber ofrecido dádivas para que congresistas apoyarán reformas del Gobierno Uribe.Cuando Bernardo Moreno Villegas fue director del Dapre, cargo que ocupó entre el 19 de julio de 2004 y el 7 de agosto de 2010, según la Corte, determinó que influenció indebidamente a cinco servidores públicos con el fin de que tramitaran el nombramiento o la contratación en entidades públicas de personas cercanas a la exrepresentante a la Cámara Yidis Medina Padilla.Todo esto como retribución para la entonces congresista Yidis Medina por haber votado favorablemente el proyecto de Acto Legislativo n° 267 de 2004 en la Comisión Primera Constitucional, mediante el cual se modificaba el artículo 197 de la Constitución Política sobre la reelección presidencial inmediata.El choque entre la Suprema y la Constitucional por la tutela de Bernardo MorenoEn septiembre del año pasado la Corte Suprema de Justicia envió una dura carta al despacho del magistrado Juan Carlos Cortés quien tenía a cargo el estudio de esa tutela, allí, señaló el alto tribunal que era una “afrenta a la independencia judicial” el hecho de que ese despacho haya emitido un auto con una serie de pruebas, entre esas, conceptos por parte de universidades de derecho, dentro de la tutela que presentó Bernardo Moreno.Con esta decisión de la Sala Plena de la Corte Constitucional quedan en firme las decisiones judiciales proferidas contra el exfuncionario durante el gobierno de Álvaro Uribe.
Una carta de 8 páginas que envió la Corte Suprema de Justicia al magistrado de la Corte Constitucional, Juan Carlos Cortés, deja entrever el malestar entre estas dos corporaciones.Allí, la Corte Suprema señala que es una “afrenta a la independencia judicial” el hecho de que ese despacho haya emitido un auto con una serie de pruebas, entre esas, conceptos por parte de universidades de derecho, dentro de la tutela que presentó Bernardo Moreno, exsecretario de la Presidencia durante el Gobierno de Álvaro Uribe, condenado por la 'Yidispolítica', donde busca tumbar su condena de 5 años por el delito de tráfico de influencias.“Pervertir ese orden, como se hace en el auto que decreta nuevas pruebas, oficiosamente, en la revisión de tutela referenciada, significa desconocer toda esa estructura constitucional, comporta una afrenta a la independencia de la Corte en sus decisiones y a su dignidad y jerarquía, porque, sin que se trate de evadir el control de las decisiones cuando en realidad haya lugar a ello y a través de los mecanismos legales, se está propiciando en la práctica que sean personas particulares o entes privados los que validen las decisiones del máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria”, se lee en la carta.El motivo de esta carta son las pruebas decretadas por el magistrado Cortés, y es que en un auto fechado el 5 de septiembre, la Sala Segunda de Revisión ordenó a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia remitir sentencias claves sobre la figura del delito continuado y pidió a la Sala Especial de Primera Instancia enviar la totalidad del expediente contra Moreno, que supera los 1.600 folios.Además, la Corte Constitucional resolvió invitar a universidades y centros académicos con énfasis en derecho para que emitan conceptos especializados sobre “los alcances dogmáticos y jurisprudenciales del delito continuado y su incidencia en la prescripción de las acciones penales”.Esto le costó duras críticas al magistrado Cortés por parte de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia: “Resulta constitucionalmente adecuado que, en contra de la autonomía e independencia judicial, de la dignidad y jerarquía de la Corte Suprema de Justicia, sean particulares o entes privados los que en el fondo escruten de manera vinculante las decisiones de los jueces”, dice la misiva.
Bernardo Moreno Villegas fue el “hombre fuerte” del gobierno de Álvaro Uribe durante varios años desde la dirección del DAPRE, desde donde tenía el manejo del poderoso “computador de Palacio”, que lleva un riguroso control de la burocracia que entregan los gobiernos a los congresistas, a cambio de apoyo a sus proyectos en el Legislativo.Moreno fue detenido anoche en el Quindío, tras la confirmación por parte de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de una condena de cinco años y siete meses de cárcel en su contra, por el delito de tráfico de influencias, por haber entregado cargos en el Estado a la excongresista Yidis Medina a cambio de que apoyara el proyecto de reelección presidencial de Álvaro Uribe.En la sentencia, la Corte explicó que si bien Moreno nunca se reunió directamente con Yidis Medina a ofrecerle puestos a cambio de su apoyo para la reelección que finalmente fue aprobada, sí usó su cargo en el gobierno Uribe “para cumplir con las cuotas burocráticas ofrecidas por otros funcionarios a Medina Padilla, como contraprestación por su voto favorable al proyecto de acto legislativo modificatorio de la Constitución Política”.20 años después, la justicia colombiana afronta el reto de determinar si el escándalo de la “Olmedopolítica” puede considerarse similar al de la “Yidispolítica”, teniendo en cuenta que según los exfuncionarios Olmedo López y Sneyder Pinilla, ellos habrían entregado dinero en efectivo y contratos a congresistas a cambio de que apoyaran proyectos y solicitudes del Gobierno en el Legislativo.Dejando como capítulo aparte la presunta entrega de 3 mil millones de pesos en efectivo a los congresistas Iván Name y Andrés Calle, lo que tendrá que determinar la justicia es si el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, cometió o no un delito al pedirles a los directivos de la Unidad de Gestión de Riesgo que le entregaran contratos a seis congresistas, en medio de múltiples cuestionamientos, presuntamente a cambio de su apoyo a un mayor endeudamiento del Gobierno.
Este viernes, 2 de agosto, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena en contra de Bernardo Moreno. Estos hechos están relacionados con el ofrecimiento de nombramientos burocráticos para influir indebidamente en la entonces congresista Yidis Medina Padilla y lograr su apoyo para la aprobación de la reelección presidencial.Fue en octubre de 2023 cuando este alto tribunal profirió la condena en contra del exfuncionario, tras hallarlo culpable de este delito. La Corte Suprema le impuso una multa de 139,579 salarios mínimos legales mensuales vigentes, equivalentes a 147 millones de pesos, además de su inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 82 meses y 7 días.Cabe resaltar que la Corte le negó la condena de ejecución condicional y la prisión domiciliaria y, en ese sentido, ordenó librar la orden de captura en su contra.>>> Lea también: Exfuncionario del INDER denunciado por estafa colectiva reside en Estados UnidosEsta condena se dio por el papel que jugó Bernardo Moreno cuando era director del DAPRE, desde el 19 de julio de 2004 hasta el 7 de agosto de 2010. En este caso, la Corte concluyó que, mientras desempeñaba ese cargo, Moreno influenció de manera indebida a cinco servidores públicos para que gestionaran el nombramiento o contratación en entidades públicas de personas cercanas a la exrepresentante a la Cámara Yidis Medina.“Confirmar la sentencia proferida el 18 de octubre de 2023 por la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, mediante la cual declara responsable penalmente a Bernardo Moreno Villegas del delito de tráfico de influencias de servidor público en modalidad continuada”, expresa la decisión.La YidispolíticaFue en el año 2008 cuando estalló este escándalo de corrupción a raíz de las declaraciones de Yidis Medina, exrepresentante a la Cámara, quien admitió haber recibido sobornos por parte de funcionarios del Gobierno, en esa época en cabeza de Álvaro Uribe, para votar a favor del proyecto de reforma constitucional que permitió la reelección del expresidente Uribe.Así las cosas, con la decisión de la Corte Suprema de Justicia, sobre Moreno pesa la condena de cinco años y 7 meses de prisión por los delitos que se le atribuyeron.
Jaime Granados, el abogado de Bernardo Moreno, presentó un recurso de apelación ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, que condenó al exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) a una pena de 5 años y 7 meses de cárcel como autor del delito de tráfico de influencias de servidor público, por haber ofrecido dádivas para que congresistas apoyaran reformas del Gobierno del expresidente Uribe.Según la corte, Bernardo Moreno influenció indebidamente a cinco servidores públicos con el fin de que tramitaran el nombramiento o la contratación en entidades públicas de personas cercanas a la exrepresentante a la Cámara Yidis Medina Padilla, como retribución por haber votado favorablemente la reelección presidencial inmediata.El abogado argumentó que esa condena contra Moreno no debería cumplirla en la cárcel sino en detención domiciliaria, porque su cliente casi cumplirá 65 años, y destacó que el artículo 68 del Código Penal podría cobijarlo, pues indica: "Cuando el imputado o acusado fuere mayor de sesenta y cinco (65) años, siempre que su personalidad, la naturaleza y modalidad del delito hagan aconsejable su reclusión en el lugar de residencia”.“Ahora bien, en segundo término y de carácter subsidiario a lo anterior, debe indicarse que, en la actualidad mi representado tiene 64 años, por lo cual, es factible que al momento de emitir sentencia de segunda instancia ya haya cumplido la edad de 65 años, por lo cual podría estar inmerso en la excepción de aplicación del artículo 68A del Código Penal”, dice el documento.En la próxima audiencia se conocerá si la corte deja firme la condena en segunda instancia del exsecretario del presidente Uribe y si le permite o no cumplir esos años de condena en su casa o si está enviado a la cárcel por haber cometido delitos dentro del escándalo conocido como la 'yidispolitica'.Vea también
Bernardo Moreno, exfuncionario de la administración de Álvaro Uribe, apelará la decisión de primera instancia de la Corte Suprema de Justicia por el cargo de tráfico de influencias en el escándalo de la 'Yidispolítica'En contacto con Blu Radio en el Quindío, Bernardo Moreno, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, manifestó que analiza sus opciones de defensa jurídica y por eso apelará el fallo de la primera instancia de la Corte Suprema de Justicia."Primero estamos estudiando la Providencia. Segundo, enfocando la apelación que tenemos hasta el próximo jueves, en noviembre, y presentaremos la apelación. Ahí tenemos esa instancia de la sala penal plena, y, bueno, tratar de desvirtuar estos argumentos", detalló.Cabe recordar que, dentro del fallo de primera instancia, Bernardo Moreno Villegas fue condenado a cinco años y siete meses de cárcel, se le impuso una multa de 139,579 salarios mínimos legales mensuales vigentes y una inhabilidad para ejercer cargos públicos durante 82 meses. Lo anterior por presunto tráfico de influencias a favor de la congresista Yidis Medina para lograr la reelección del expresidente Álvaro Uribe Vélez, en el escándalo denominado como la 'Yidispolítica'.Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar:
La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a Bernardo Moreno Villegas, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), a una pena de 5 años y 7 meses de cárcel como autor del delito de tráfico de influencias de servidor público en la modalidad continuado, por haber ofrecido dádivas para que congresistas apoyarán reformas del Gobierno Uribe.La Corte también le impuso a Bernardo Moreno una multa de 139.579 salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 82 meses y 7 días, y le fue negada la prisión domiciliaria. Además, ordenó librar la orden de captura en su contra, la cual se hará efectiva una vez la sentencia quede en firme.Cuando Bernardo Moreno Villegas fue director del Dapre, cargo que ocupó entre el 19 de julio de 2004 y el 7 de agosto de 2010, según la Corte, determinó que influenció indebidamente a cinco servidores públicos con el fin de que tramitaran el nombramiento o la contratación en entidades públicas de personas cercanas a la exrepresentante a la Cámara Yidis Medina Padilla.Todo esto como retribución para la entonces congresista Yidis Medina por haber votado favorablemente el proyecto de Acto Legislativo n° 267 de 2004 en la Comisión Primera Constitucional, mediante el cual se modificaba el artículo 197 de la Constitución Política sobre la reelección presidencial inmediata.Lo que pasó con esto es que personas recomendadas por Yidis Medina fueron nombradas en cargos públicos en la Red de Solidaridad Social (RSS), en Etesa, el Sena, y en notarías.La sentencia señala que, producto de un “pacto ilegal”, Bernardo Moreno influyó indebidamente para que se hicieran esos nombramientos, pese a que “sabía que una vinculación al Estado no podía convertirse en un medio para cumplir compromisos ilícitos”.“Es evidente que la gestión de Moreno Villegas constituye la culminación del objetivo del entonces Gobierno nacional para cumplir las promesas hechas a Medina Padilla, con motivo del apoyo que dio al proyecto de reelección presidencial inmediata, pues como integrante de la administración se beneficiaba con un segundo periodo presidencial como en efecto ocurrió”, señala el fallo de condena contra Moreno.Por estos hechos han sido condenados los excongresistas: Yidis Medina Padilla, Teodolindo Avendaño Castellanos e Iván Díaz Mateus, así como los exministros Sabas Pretelt de la Vega y Diego Palacio Betancourt, y el exdirector del Dapre, AlbertoVelásquez Echeverri.Le puede interesar "Podemos tener administraciones sanas: Guillermo Torres, exfarc que logró cargo de elección popular":
La Corte Suprema de Justicia negó la recusación que presentó su defensa contra los magistrados que tienen en sus manos este trámite.El argumento central es que la misma corte compulsó copias para que se investigará a Diego Palacio por falsa denuncia, cuando éste los denunció ante la comisión de investigaciones y por ende estaban impedidos.El magistrado Luis Hernández, ponente de la decisión, considera que no se cumplen con las condiciones exigidas por la ley penal y los argumentos de Palacio Betancur no se encuentran contemplados como causales de recusación, por este motivo la sala de decisión conformada por los magistrados Gerson Chaverra Castro, Diego Eugenio Corredor Beltrán y Eugenio Fernández Carlier deberán fallar la revisión de su condena.
La Corte Suprema de Justicia ha recibido 84 solicitudes de personas que han sido sentenciadas en única instancia o primera condena.La Sala Penal de la Corte se encuentra revisando caso por caso ya que el propio alto tribunal recordó en septiembre de este año que todas las personas condenadas en Colombia en única instancia o con primera sentencia condenatoria entre el 30 de enero de 2014 y el 17 de enero de 2018, tenían plazo hasta el viernes 20 de noviembre de presentar un recurso para que se revisara su caso.Aquellos que podían presentar esta solicitud eran quienes no pudieron ejercer los derechos a la impugnación y la doble conformidad, pero que ahora tendrán la oportunidad de impugnar sus condenas.Entre la lista de 84 se encuentran nombres como el de los exministros del gobierno Uribe, Sabas Pretelt de la Vega, Diego Palacios y Andrés Felipe Arias, condenados por escándalos como la de Yidispolítica y Agro Ingreso Seguro.También figuran dos exdirectores del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, María del Pilar Hurtado y Miguel Maza Márquez y los secretarios de Presidencia, Bernardo Moreno y Alberto Velásquez.En la lista de peticiones figuran dos exgobernadores: Julio Enrique Acosta, de Arauca, y Julio Ibargüen, quien fue gobernador del Chocó.Congresistas como el caso de Iván Diaz Mateus, Álvaro García Romero, Luis Fernando Almario y Dixon Ferney Tapasco. Así mismo el exfiscal Rodrigo Aldana, quien fue condenado por recibir un apartamento del exsenador Otto Bula.
La Corte Suprema de Justicia revisará la sentencia en contra del exministro de Protección social Diego Palacios, condenado a seis años por el escándalo de la ‘Yidispolìtica’.Aunque el exfuncionario ya pagó su condena, pidió la revisión del alto tribunal amparándose en el fallo de la Corte Constitucional que concedió la segunda instancia en el caso del exministro Andrés Felipe Arias, condenado por el escándalo de Agro Ingreso Seguro.El alto tribunal determinó que como la condena de Palacios se emitió en 2015 (y la sentencia de la Corte permitía la revisión de condenas de aforados emitidas después de 2014) y que la petición para revisarla se presentó antes de que se cumplieran los seis meses de emitida la sentencia de la Corte constitucional, procederá a revisarla. Así lo determinó el magistrado Fabio Ospitia a quien llegó la solicitud.Ahora el caso deberá ser repartido en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y estudiado por un ponente y otros dos magistrados que no tengan impedimentos o hayan participado en la ejecución de la primera condena.El exministro fue uno de los altos funcionarios condenados en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe por ofrecer dádivas para la aprobación en el Congreso de la reelección presidencial en 2004.
León XIV inició este domingo 8 de noviembre una visita histórica a Argentina, la primera de un papa en casi 40 años, y en su primer discurso reclamó para este país justicia social y apoyo a la educación y la investigación, así como la necesidad de proteger a los jubilados y las personas discapacitadas, precisamente los sectores más afectados por la ‘motosierra’ de Javier Milei.“La economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía", dijo el papa ante el propio Milei, quien escuchó sentado a su lado en el auditorio del antiguo Centro Cultural Kirchner (CCK), rebautizado como Palacio Libertad.Milei llegó a la Presidencia en diciembre de 2023 con la promesa de imponer equilibrio fiscal y reducir la inflación. Para ello, puso en marcha políticas públicas encaminadas a reducir el Estado, los programas sociales, las pensiones y la financiación de la educación y salud públicas. Lo que él mismo llamó, con orgullo, la “motosierra”.Desde entonces, han desaparecido 32.390 empresas y 465.811 empleos, se ha profundizado la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores y los jubilados, se ha disparado la morosidad en los hogares hasta el 12,8 % y la tasa de desocupación ha llegado al 7,9%, según el Centro de Política Económica Argentina (CEPA), en su informe difundido este fin de semana bajo el título ‘La Argentina que recibe al papa’.En definitiva, la clase media argentina ha sido la más golpeada por las políticas de ajuste, que han impactado en programas de derechos humanos, mujeres, jubilados, educación, infancias y colectivos vulnerables, como las personas discapacitadas.El contundente discurso del pontífice puso precisamente el acento en esos aspectos: "Pienso de manera particular en las familias que llevan sobre sí el peso de la incertidumbre, en quienes buscan trabajo, en los ancianos que han contribuido durante años a construir la sociedad y en quienes, aún trabajando, tienen dificultades para cubrir las necesidades de su hogar".Y reclamó “especial atención en la enfermedad, la dependencia y la discapacidad", así como a “la medicina, la educación, la producción y la investigación”.Advertencia anterioresEl arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, quien ocupa el cargo que en su día tuvo el papa Francisco, antecesor de León XIV, ya había cuestionado al gobierno de Milei por la situación de los jubilados, que se manifiestan cada miércoles ante el Congreso y con frecuencia son reprimidos por la policía, y las personas discapacitadas.El llamado del papa a cuidar a las personas se completó con otro sobre la defensa de la tierra, en respuesta a la reforma de la ley de glaciares propuesta por el Gobierno argentino para que se puedan explotar recursos mineros en zonas aledañas a las masas de hielo."Argentina ha sido bendecida por Dios con una extraordinaria riqueza natural. Sus campos, sus reservas de agua, sus fuentes de energía, sus minerales y la diversidad de sus ecosistemas ofrecen amplias posibilidades de desarrollo", dijo el papa, al añadir "una ecología auténticamente humana sabe unir el cuidado de la creación al de las personas”.El papa León XIV llegó a Buenos Aires procedente de Uruguay, donde inició el viernes una gira sudamericana que también lo llevará a Perú, donde vivió y ejerció como sacerdote y obispo durante casi 20 años, la segunda patria del papa estadounidense.Estas primeras palabras del papa en Argentina, ante un Milei amilanado tras las derrotas electorales de sus aliados en Estados Unidos y Brasil, así como por la destitución y detención del ya expresidente de Paraguay Santiago Peña (por su responsabilidad en la quiebra del Ueno Bank), le han llevado a ofrecer un mensaje moderado el que ha resaltado la figura del papa Francisco como un “ser excepcional” y “el argentino más importante de la historia”.También defendió la fe católica tras haber abrazado el judaísmo en los últimos años, considerar a Israel un socio político fundamental y tras inaugurar recientemente un gran templo evangélico en Argentina.Milei recibió a León XIV a su llegada a Argentina y luego se reunieron en privado en la Casa Rosada durante 40 minutos. Entre medias, el pontífice rindió homenaje, con una ofrenda floral, al monumento de José de San Martín, prócer de la independencia sudamericana, y recibió las llaves de la ciudad de Buenos Aires.El papa presidirá mañana una misa que se espera multitudinaria en Buenos Aires, el martes viajará a la ciudad de Córdoba y el miércoles lo hará a Luján, donde se encuentra la basílica que acoge a la patrona de Argentina.
El presidente estadounidense, Donald Trump, reconoció que su política de deportaciones fue "demasiado dura" tras las elecciones de mitad de mandato del martes pasado en las que su partido perdió las mayorías del Congreso, según una entrevista con la cadena CBS publicada este domingo.El corresponsal del programa '60 Minutes' Ross Douthat preguntó a Trump, en la primera entrevista televisiva del mandatario tras las elecciones, si consideraba que su política de deportaciones fue demasiado lejos. "Pienso que fue demasiado dura. Pienso que quizá fue demasiado dura, sí", expresó el mandatario, según un fragmento de la entrevista que se transmite en su totalidad horas más tarde.Sus declaraciones se producen tras los comicios del martes, en los que los demócratas ganaron las mayorías de la Cámara de Representantes y el Senado en unas campañas en las que el rechazo a las redadas del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) motivó a votantes, en particular a electores latinos.A pesar de estos resultados y estas declaraciones, Trump nombró el viernes como nuevo jefe de su gabinete a Stephen Miller, un asesor considerado el artífice de la política antiinmigrante del Gobierno.Además, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, avisó que "las deportaciones continuarán" en una publicación en sus redes sociales un día después de las elecciones.
El hotel La Luna, en Cali, ubicado en el sur de la ciudad, y que quedó gravemente afectado por el terremoto del pasado 10 de agosto, en las últimas horas registró un desprendimiento de escombros asociado a un movimiento en su estructura. La situación obligó a las autoridades a reforzar las medidas de seguridad en el sector para evitar que alguna persona resultara afectada.De acuerdo con el secretario de Gestión del Riesgo de Cali, Ricardo Peñuela, el incidente no dejó personas lesionadas ni víctimas. Sin embargo, debido a las condiciones de la edificación, se amplió el perímetro de seguridad alrededor del inmueble."Se presentaron movimientos estructurales en lo que es el edificio, la estructura denominada Hotel La Luna, para lo cual hubo movimientos en el punto de inflexión de la mitad, donde el edificio colapsó. No tenemos víctimas fatales ni heridos.", dijo Peñuela.El funcionario también explicó que la estructura ya cuenta con la aprobación del Consejo Distrital para adelantar su demolición, un procedimiento que estará a cargo de los propietarios del hotel."Tenemos la protección de la vida restringida, como lo pueden ver en cuanto a las personas que transitan por la vía, pero hemos extendido este perímetro para que las personas que transiten por aquí lo hagan de manera segura. La próxima semana empezaremos con toda la demolición de esta estructura para eliminar o reducir el riesgo de colapso que tenemos en este sitio.", señaló el funcionario.Según indicó Peñuela, actualmente se desarrollan mesas técnicas para avanzar en los aspectos necesarios que permitan ejecutar la intervención y establecer las condiciones bajo las cuales se realizará la demolición.
La Selección Colombia tendrá que modificar su nómina para los compromisos amistosos de noviembre de 2026. El cuerpo técnico, liderado por el entrenador argentino Néstor Lorenzo, confirmó la salida de Jaminton Campaz debido a una lesión y anunció la convocatoria de Óscar Cortés para ocupar su lugar.La decisión se conoció luego de que Rosario Central, equipo al que pertenecía Campaz, notificara al cuerpo técnico sobre la situación física del futbolista. Ante esta novedad, el seleccionador decidió incorporar al atacante que actualmente juega en Huracán, del fútbol argentino.El cambio representa un ajuste en los planes de Lorenzo para la próxima fecha FIFA, en la que el combinado nacional se medirá con Chile en Cali y posteriomente en Santiago. La modificación también obliga al entrenador a reorganizar las alternativas ofensivas disponibles para estos encuentros.¿Por qué Jaminton Campaz salió de la convocatoria de Colombia?La baja del atacante se produjo por una lesión que le impide sumarce a la concentración de la Tricolor. La información sobre su estado físico fue comunicada por Rosario Central, situación que llevó a la Federación Colombiana de Fútbol y al cuerpo técnico a gestionar su reemplazo.Campaz era uno de los nombres incluidos inicialmente en la lista de convocados por Lorenzo. Su ausencia representa una baja para el grupo que se prepara para los amistosos de noviembre, en una etapa en la que el entrenador busca consolidar el funcionamiento colectivo y evaluar distintas alternativas de cara a las eliminartorias que arrancarían en septiembre del próximo año.¿Quién reemplazará a Jaminton Campaz en la Selección Colombia?El elegido para ocupar el lugar de Campaz es Óscar Cortés, delantero que milita en Huracán, de Argentina. Su convocatoria busca mirar las opciones disponibles en el frente de ataque de la Selección Colombia de cara a los compromisos internacionales.La doble jornada de amistosos de noviembre de 2026 tendrá dos compromisos frente a Chile: el primero se disputará en Cali y el segundo en Santiago. Estos encuentros representan una oportunidad para que Néstor Lorenzo pruebe variantes tácticas, evalúe nuevos jugadores y continúe ajustando el funcionamiento del equipo nacional de cara a sus próximos retos oficiales.Con este movimiento, la Selección ajusta su lista de convocados y continúa con la preparación para cerrar el año futbolístico con resultados positivos.
Una serie de documentos reservados de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), conocidos por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, revelarían presuntas irregularidades durante el gobierno de Gustavo Petro, relacionadas con posibles operaciones de espionaje a expresidentes, intentos de interferir en procesos electorales y millonarias contrataciones de equipos que habrían presentado fallas o no pudieron utilizarse.Los hallazgos hacen parte de un informe de empalme de 26 páginas, elaborado en julio de 2026 y dirigido al nuevo director de la entidad. El documento contiene fotografías, reportes internos y señalamientos basados en información suministrada por funcionarios de la propia agencia.Uno de los asuntos más delicados tiene que ver con la presunta intención de instalar micrófonos y dispositivos GPS en los vehículos destinados a los esquemas de protección de expresidentes y exvicepresidentes de la República.Según el informe, el Gobierno expidió el Decreto 0563 del 3 de junio de 2026, mediante el cual incorporó a la DNI entre las entidades encargadas de participar en la asignación de esos vehículos. El documento advierte que esta modificación podría haber buscado facilitar labores de inteligencia sobre las personas protegidas.Al respecto, Juan Carlos Restrepo, exconsejero de seguridad nacional y exinspector de la DNI, cuestionó que la entidad participara en estas funciones, pues, según explicó, estarían por fuera de sus competencias y de su campo de acción.Otros hallazgos sobre presuntas irregularidades en la DNIEl informe también menciona una supuesta estrategia para mantener personal cercano al gobierno Petro dentro de la entidad. De acuerdo con el documento, algunos funcionarios habrían sido declarados insubsistentes sin justificación ni debido proceso, con el propósito de que posteriormente acudieran a instancias judiciales y consiguieran su reintegro.Otro de los señalamientos apunta a la existencia de una casa de inteligencia clandestina ubicada a pocos metros de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá. Según la fuente citada en el informe, el inmueble habría funcionado como una sede operativa no registrada oficialmente y fue desocupado después de las elecciones presidenciales. Además, se habría eliminado cualquier registro de su existencia en los archivos de la DNI.A esto se suma una alerta sobre posibles equipos tecnológicos entregados por Rusia a funcionarios de inteligencia colombianos. El documento señala que computadores y celulares habrían sido suministrados durante un viaje de agentes a Moscú para recibir capacitación del servicio secreto ruso, el SVR. La sospecha es que los dispositivos podrían contener programas maliciosos para espiar los sistemas de la entidad y al siguiente gobierno.Un dron de $9.000 millones que habría presentado fallasEntre los hallazgos relacionados con contratación aparece la adquisición de un helicóptero no tripulado por $9.000 millones. Según las especificaciones del contrato, el equipo estaba destinado a recolectar información mediante imágenes y videos para labores de inteligencia y contrainteligencia.El aparato tendría un alcance máximo de 600 kilómetros, autonomía de vuelo de hasta seis horas, transmisión de datos en un rango de 200 kilómetros y capacidad de carga de entre 60 y 120 kilogramos.Sin embargo, el informe señala que el equipo habría sido entregado con fallas en cuatro sistemas críticos: comunicación, combustible, caja de transmisión y motor. Incluso, un vuelo de prueba tuvo que cancelarse por razones de seguridad.La adquisición también estaría bajo un proceso sancionatorio por presuntos incumplimientos de las especificaciones técnicas. A esto se suma que el 15 de marzo de 2026 el helicóptero sufrió un siniestro y, según los documentos conocidos, estaba asegurado únicamente por $900 millones, equivalentes al 10 % de su valor.Compras de equipos y vehículos bajo revisiónOtro informe de 11 páginas, enviado por la DNI a la Presidencia en septiembre de 2026, detalla diferentes aspectos de la contratación de la entidad.Entre ellos aparece la compra de cuatro camionetas Tahoe modelo 2024, dos de las cuales habrían sido acondicionadas con equipos antidrones para la Casa de Nariño. La adquisición de tres de estos sistemas representó un gasto de $8.340 millones.El documento también señala que se está verificando la información entregada por un funcionario sobre la posible capacidad de estos vehículos para interceptar comunicaciones.Adicionalmente, la entidad se habría quedado sin una plataforma para registrar sus misiones de inteligencia y contrainteligencia desde 2024, debido a que no se renovó el contrato con el proveedor. Esta situación, según el informe, estaría afectando el desarrollo y la supervisión de las operaciones.Las observaciones sobre contratación también incluyen un sistema de identificación biométrica, dactilar, facial y de iris adquirido en 2022 por $580 millones, que no pudo implementarse por incompatibilidad con los equipos de la entidad.Asimismo, se reportaron problemas de calidad en 595 computadores comprados en 2024 por $1.314 millones. En otro contrato de enero de 2026, por $1.549 millones, aparecen compras de atriles por $14 millones cada uno y camas por $18 millones, destinadas a las nuevas oficinas de la DNI en Funza, cuya construcción presentaba un retraso del 12 %.Hacker de la DNI señalado de un posible ataque contra la RegistraduríaUno de los capítulos más delicados de la investigación está relacionado con Carlos Oyola, un ingeniero de sistemas que ingresó a la DNI en febrero de 2024 y que, según documentos internos de la entidad, habría tenido participación en actividades informáticas y de contrainteligencia.El informe señala que Oyola habría liderado una red encargada de realizar acciones para alterar los resultados de las votaciones del 21 de junio de 2026. Según el documento, el ingeniero se encontraba en Madrid, España, junto con otros integrantes, desde donde presuntamente ejecutarían ataques contra la Registraduría.Un elemento que llama la atención es que, para ese momento, Oyola tenía una orden de captura emitida por un juez el 7 de mayo de 2026. Además, los documentos indican que habría logrado escapar de un allanamiento de la Fiscalía a un apartamento utilizado como fachada de la DNI, horas antes de la primera vuelta presidencial. En el inmueble quedaron computadores, celulares y otros dispositivos electrónicos.Los antecedentes del funcionario también fueron incluidos en la investigación. Según la información conocida, Oyola enfrentaba un proceso por presuntas irregularidades relacionadas con el acceso a los sistemas informáticos de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), así como por falsedad en documento público, fraude procesal y concierto para delinquir.La investigación señala que habría falsificado calificaciones para obtener títulos académicos. Además, documentos de la DNI lo relacionaban con la coordinación de activistas digitales, bodegueros y hackers.Otro señalamiento tiene que ver con su participación en el desarrollo del Sistema Integrado de Inteligencia y Contrainteligencia, una plataforma destinada al registro de las operaciones de la entidad. Según el informe, Oyola no habría entregado el sistema y presuntamente habría sido víctima del robo del computador en el que trabajaba. Sobre este hecho, el documento advierte que no existiría una denuncia ante la Fiscalía.Finalmente, Noticias Caracol informó que Carlos Oyola fue capturado el viernes 6 de noviembre por el caso relacionado con el hackeo a la UNAD. Para ese momento, todavía figuraba como funcionario activo de la DNI.La investigación también señala que el medio consultó a varios expresidentes sobre las presuntas operaciones relacionadas con sus esquemas de seguridad, pero ninguno quiso pronunciarse públicamente. Asimismo, buscó respuestas de los dos últimos directores de la DNI durante el gobierno Petro y de la fiscal general Luz Adriana Camargo, sin obtener respuesta.