Tutela de Bernardo Moreno, que busca tumbar su condena por la 'Yidispolítica', enfrenta a las Cortes

Una carta de 8 páginas que envió la Corte Suprema de Justicia al magistrado de la Corte Constitucional, Juan Carlos Cortés, deja entrever el malestar entre estas dos corporaciones.Allí, la Corte Suprema señala que es una “afrenta a la independencia judicial” el hecho de que ese despacho haya emitido un auto con una serie de pruebas, entre esas, conceptos por parte de universidades de derecho, dentro de la tutela que presentó Bernardo Moreno, exsecretario de la Presidencia durante el Gobierno de Álvaro Uribe, condenado por la 'Yidispolítica', donde busca tumbar su condena de 5 años por el delito de tráfico de influencias.“Pervertir ese orden, como se hace en el auto que decreta nuevas pruebas, oficiosamente, en la revisión de tutela referenciada, significa desconocer toda esa estructura constitucional, comporta una afrenta a la independencia de la Corte en sus decisiones y a su dignidad y jerarquía, porque, sin que se trate de evadir el control de las decisiones cuando en realidad haya lugar a ello y a través de los mecanismos legales, se está propiciando en la práctica que sean personas particulares o entes privados los que validen las decisiones del máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria”, se lee en la carta.El motivo de esta carta son las pruebas decretadas por el magistrado Cortés, y es que en un auto fechado el 5 de septiembre, la Sala Segunda de Revisión ordenó a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia remitir sentencias claves sobre la figura del delito continuado y pidió a la Sala Especial de Primera Instancia enviar la totalidad del expediente contra Moreno, que supera los 1.600 folios.Además, la Corte Constitucional resolvió invitar a universidades y centros académicos con énfasis en derecho para que emitan conceptos especializados sobre “los alcances dogmáticos y jurisprudenciales del delito continuado y su incidencia en la prescripción de las acciones penales”.Esto le costó duras críticas al magistrado Cortés por parte de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia: “Resulta constitucionalmente adecuado que, en contra de la autonomía e independencia judicial, de la dignidad y jerarquía de la Corte Suprema de Justicia, sean particulares o entes privados los que en el fondo escruten de manera vinculante las decisiones de los jueces”, dice la misiva.