El confuso y repudiable episodio de intimidación a la población civil y posible abuso sexual contra una mujer indígena en Bocas del Manso, zona rural de Tierralta, Córdoba, presuntamente a manos de un grupo de militares, pone a prueba a toda la institucionalidad de nuestro país.
El esclarecimiento de los hechos debe ser un trabajo conjunto de la Inspección del Ejército, la Fiscalía, la Justicia Penal Militar y la Procuraduría y por lo tanto es un mal mensaje la disputa pública entre el Presidente Gustavo Petro y el fiscal General, Francisco Barbosa, por definir cuál es la instancia responsable de contarle al país lo sucedido el pasado 11 de septiembre y de sancionar a los responsables.
Todas las instituciones deben trabajar de manera armónica y con prisa para establecer primero, por qué un grupo de militares se hace pasar por integrantes de las disidencias de las Farcpara amedrentar con armas a un grupo de civiles, entre los que hay mujeres, niños y ancianos y segundo, para sancionar de acuerdo con la Constitución y la ley a los responsables materiales e intelectuales del hecho.
Los hechos ocurridos el pasado 11 de septiembre en Bocas del Manso es muy grave, porque aparentemente un grupo de militares se hizo pasar como si fueran disidentes de las Farc para intimidar a los habitantes de la zona, pero en tiempos de redes sociales y de teléfonos celulares con cámara, el episodio quedó grabado y se viralizó, y por eso entre otras cosas se pudo identificar que las armas con las que los supuestos disidentes intimidaron a la población, es de uso privativo de las Fuerzas Militares.
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Los hechos que rodean lo sucedido en Tierralta se complicaron aún más en la tarde de este miércoles, cuando un helicóptero del Ejército que transportaba una comisión de la Fiscalía y de la Procuraduría al sitio de los hechos para investigar lo sucedido, fue atacado por hombres armados desde tierra, fue impactado en el tanque de gasolina y tuvo que desviarse hacia Carepa, Antioquia.
En medio de tanta confusión y de la incertidumbre, las Fuerzas Militares deben dar todas las garantías a las entidades que investigan los hechos y la justicia debe dar respuesta pronta al país sobre qué hay detrás de este caso, que no huele bien. Sin duda hay algo oscuro detrás de todo esto.
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