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La Fiscalía le “pisa los talones” a Carlos Ramón González, poderoso dirigente político que tuvo un papel protagónico durante la primera etapa del Gobierno del presidente Gustavo Petro.
González, exguerrillero del M-19, uno de los creadores de la Alianza Verde y quien hasta hace pocos meses fue secretario general de la Presidencia y luego director nacional de Inteligencia, dos de los cargos más cercanos al presidente Gustavo Petro, está “contra las cuerdas” por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad de Gestión de Riesgo.
La fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño, ordenó una serie de pruebas para determinar si imputa o no cargos contra Carlos Ramón González, quien según Olmedo López, habría sido quien ordenó la entrega de tres mil millones de pesos en efectivo al entonces presidente del Senado, Iván Name, y mil millones de pesos en “cash” al entonces presidente de la Cámara, Andrés Calle, supuestamente a cambio de su apoyo en el Congreso a las iniciativas del Gobierno del presidente Gustavo Petro.
Ese dinero habría sido pagado con dineros provenientes del famoso contrato para la compra de carrotanques para La Guajira que se firmó de manera fraudulenta y direccionada por parte de la Unidad de Gestión de Riesgo.
Sobre ese punto en particular, es clave recordar que la exalta consejera del presidente Gustavo Petro para las Regiones, Sandra Ortiz, actualmente detenida por este escándalo, ha dicho en reiteradas oportunidades que sus actuaciones en este caso siempre se hicieron obedeciendo órdenes de sus superiores, entre quienes mencionó a Carlos Ramón González, su copartidario en la Alianza Verde.
Entre los elementos solicitados por la fiscal Patiño están todo el registro y la sábana de comunicaciones efectuadas por los teléfonos celulares asignados a Carlos Ramón González desde el primero de enero de 2023, los movimientos migratorios del exfuncionario desde la misma fecha y esto es lo más importante: la Fiscalía pidió a Migración Colombia información para establecer si González Merchán salió recientemente del país y si tiene tiquete comprado para su regreso. A esto se suma el análisis financiero y patrimonial del exfuncionario.
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La teoría del caso por parte de la Fiscalía busca determinar si Carlos Ramón González efectivamente ordenó las actuaciones ilegales que le endilga Olmedo López, caso en el que se habría configurado el delito de tráfico de influencias.
En este momento crucial de la investigación es fundamental que la Fiscalía escuche la versión de Carlos Ramón González frente a los graves señalamientos que hay en su contra, para que pronto le cuente al país si la corrupción en la Unidad de Gestión de Riesgo alcanzó los más altos niveles en el Gobierno de Gustavo Petro.
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