El presidente Gustavo Petro amenazó con enviar a la cárcel a los alcaldes y a los gobernadores en cuyos territorios hay manifestaciones campesinas, porque según él, ellos son los responsables de la crisis que ya completa seis días por los bloqueos y las protestas en contra del aumento en el avalúo catastral y en el cobro del impuesto predial.
Anoche Petro dijo que, para cumplir con su amenaza, le pedirá al contralor y al procurador, así como a la rama judicial, que actúen suspendiendo o capturando a los mandatarios locales porque supuestamente han fallado en el control del orden público al permitir el corte de las vías y de otro lado, porque según él, ellos no han presentado proyectos de acuerdo ante los concejos municipales para reglamentar los aumentos del predial.
El presidente de nuevo advirtió que para controlar la situación, podría apelar a herramientas extraordinarias en el marco de los estados de excepción que prevé la Constitución, aunque utilizados en contextos adecuados: Petro habló de la posibilidad de decretar el estado de Conmoción Interior en varias regiones del país e incluso abrió la puerta para decretar una nueva emergencia económica, social y ecológica, dijo, supuestamente para enfrentar la crisis ocasionada por el paro, bajo el argumento de que no permitirá que suba el precio de los alimentos.
La explicación de esta llamativa amenaza la hizo posteriormente a través de sus redes sociales, diciendo: “Constitución y ley estatutaria y decreto de estado de conmoción interior, se destituyen de acuerdo a la ley y lo hace el presidente. Orden público es una causa por constitución y donde el alcalde cometa delito, la convención americana de DDHH permite destituir alcaldes”.
Petro acusó a los alcaldes y gobernadores de las zonas de influencia del paro de estar actuando en respaldo a los bloqueos, argumentando que supuestamente lo hacen porque son “uribistas” y advirtió que podría hacer uso de la fuerza para despejar las vías, paralizadas en diferentes regiones del país.
Los alcaldes y gobernadores reaccionaron inmediatamente en rechazo a las amenazas del presidente, recordándole que ellos no son sus subalternos y descargando la responsabilidad del paro en el Instituto Agustín Codazzi, por cuenta de la resolución que actualizó el avalúo catastral.
Desde diferentes sectores han advertido la incoherencia del presidente Gustavo Petro, que durante 13 años sustentó su proyecto político en la destitución en su contra por parte del procurador Alejandro Ordoñez que luego tumbó la CIDH, argumentando que un mandatario elegido por voto popular no puede salir de su cargo sino por un fallo penal.
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Hay que recordarle al presidente Gustavo Petro el eslogan de las marchas que se han venido presentando en varias ciudades de Estados Unidos contra el presidente Donald Trump y que el propio Petro ha respaldado: el presidente no es un rey.
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