Crecen las dudas sobre la legalidad de la financiación de la campaña electoral que llevó a Gustavo Petro a la Presidencia en el 2022, luego de que se revelaran nuevos hechos que demostrarían que se cometieron irregularidades en la rendición de cuentas ante el Consejo Nacional Electoral.
Blu Radio reveló que la USO, el poderoso sindicato de Ecopetrol, autorizó en asamblea realizada el 9 de junio de 2022 y por mayoría absoluta, el giro de 600 millones de pesos para la campaña Petro Presidente, “para reforzar la segunda vuelta, específicamente para el día de elecciones, transporte y alimentación”. Hay que recordar que Gustavo Petro fue elegido presidente el 19 de junio de 2022.
Aunque la USO negó haber entregado aportes en efectivo o en especie de manera directa a la campaña de Petro, la falta de claridad sobre la forma en la que se aprobó el giro del dinero a la candidatura y cómo se gastaron los recursos, han llevado a que las posibles irregularidades que cometieron ya estén en poder de la Fiscalía y del Consejo Nacional Electoral.
Según las normas electorales, toda donación en efectivo o en especie, directa o indirecta, debe ser reportada por la campaña ante el Consejo Nacional Electoral. En este caso no hay rastro alguno sobre los recursos aportados por la USO ni tampoco se reportaron pagos por alimentación, combustible y transporte en el informe de ingresos y gastos de la campaña presidencial de Gustavo Petro, a pesar de que la mayoría de los 500 millones de pesos justificados por la USO se utilizó para esos fines, el día de elecciones. A propósito, hay 100 millones que no aparecen en la relación de pagos del sindicato petrolero.
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La arista más delicada de la donación de la USO a la campaña presidencial de Gustavo Petro radica en la coincidencia entre los pagos hechos por ese sindicato a 15 personas naturales, que a su vez hacían parte de la estructura de testigos electorales inscritos tanto para primera como para segunda vuelta por parte del Pacto Histórico, a los que se les pagaron en total más de 60 millones de pesos y quienes hicieron su trabajo en Yondó, Tolú, Melgar, Paz de Ariporo, Barrancabermeja, Bogotá, Sabana de Torres, Buenaventura, Bucaramanga y La Plata.
En principio, esa conducta podría significar una posible omisión de reporte de ingresos y gastos en relación a posibles donaciones realizadas por la USO a la campaña Petro Presidente.
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No olvidemos que la investigación que avanza en el Consejo Nacional Electoral por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro está relacionada con la opacidad en el reporte del pago a los testigos electorales y con el aporte de 500 millones de pesos hecho por Fecode, el sindicato de maestros, a la campaña petrista.
La última palabra en este caso la tendrán el CNE y la Fiscalía, que en los próximos días anunciarán decisiones de fondo sobre este tema.
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