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Protesta social: capuchas, grafitis y pólizas enfrentan a Gobierno y Distrito

Mientras se confirmó que no hubo acuerdo entre el Ejecutivo y la Alcaldía de Bogotá sobre los protocolos para el manejo de las manifestaciones, sigue la batalla jurídica sobre el fallo de tutela de la Corte Suprema.

Protestas en Bogotá : Foto AFP.jpeg

La protesta social, en la que se han presentado actos de vandalismo y excesos de algunos policías, sigue estando en el epicentro de la polémica en el país.

Mientras se confirmó que no hubo acuerdo entre el Gobierno nacional y la administración de Bogotá sobre los protocolos para el manejo de las manifestaciones, sigue la batalla jurídica sobre el controvertido fallo de tutela de la Corte Suprema de Justicia.

El eje de las diferencias entre el gobierno Duque y la administración de Claudia López, que llevó a que pidieran un plazo de 60 días para ponerse de acuerdo, tiene que ver con el uso de la capucha y de pintura por parte de los manifestantes, así como la adquisición de una póliza por parte de los organizadores de las marchas.

Sobre la tutela de la Corte Suprema que le ordena entre otras cosas al ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo que pida perdón por los abusos de algunos policías durante las protestas desde el pasado 21 de noviembre, los magistrados de la Corte remitieron al Tribunal Superior de Bogotá una petición del abogado Alirio Uribe, para que inicie un incidente de desacato, en caso de que lo considere necesario.

El ministro Trujillo dijo ayer en Bucaramanga que acudirá ante las instancias judiciales y políticas que lo requieran, aunque insistió en que ya ofreció disculpas como se lo ordenó la Corte Suprema por los abusos policiales.

Aunque es un tema técnico, lo que viene es que el Tribunal que fue el juez de primera instancia, tendrá que estudiar la petición del abogado Alirio Uribe para que el ministro Trujillo cumpla la tutela, o si no que inicie un incidente de desacato.

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El Tribunal puede reconvenir al ministro o considerar que ya cumplió el fallo, o eventualmente iniciar de inmediato un incidente de desacato, que contempla como sanción, incluso un “carcelazo” al ministro de Defensa, además de la orden perentoria para que cumpla en su totalidad la sentencia.

Escuche la opinión y el análisis de Ricardo Ospina en Mañanas BLU:

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