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A pesar de que Pablo Escobar murió hace más de 25 años, hoy todavía el país no conoce a fondo la verdad sobre muchos de los crímenes ordenados por el Cartel de Medellín, cuyos actos terroristas pretendieron arrodillar al Estado y a todos los colombianos.
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Por eso es importante que la justicia tome decisiones para evitar que crímenes repudiables cometidos por los sicarios de Escobar y de otros capos de la mafia, queden en la más absoluta impunidad.
El caso más reciente nos devuelve a recordar cómo era la vida de los colombianos en los años 80 y a comienzos de los 90, en medio de la zozobra por la explosión de los carros bomba, los cínicos comunicados de Los Extraditables, el asesinato de miles de policías, periodistas, magistrados y el intento de exterminio de todos quienes tomaron decisiones judiciales y políticas en contra de Escobar y del Cartel de Medellín.
Uno de esos hombres siempre verticales contra la mafia fue Enrique Parejo González, dirigente político cienaguero, militante del Nuevo Liberalismo del inmolado Luis Carlos Galán, que desde el Ministerio de Justicia, tras el asesinato de Rodrigo Lara Bonilla, comenzó a allanar el camino para quitarle la inmunidad parlamentaria de la que gozaba Pablo Escobar.
Con esas actuaciones decididas contra el Cartel de Medellín, Parejo González comenzó a ser perseguido por sicarios pagados por Escobar, que demostró que el alcance de sus tentáculos criminales podía superar las fronteras de Colombia, cuando alcanzó al exministro de Justicia que era embajador de Colombia en Hungría, en el momento en el que un sicario le descargó cinco tiros en Budapest y estuvo a punto de asesinarlo el 13 de enero de 1987.
Han pasado 32 años desde ese atentado y hoy todavía no se conoce toda la verdad de ese hecho, por lo que la Fiscalía decidió declararlo crimen de lesa humanidad, para evitar su prescripción, es decir, para que se pueda seguir investigando quiénes participaron del ataque, cómo lo planificaron y si todavía hay personas vivas que tengan que responder ante la justicia por estos hechos.
El argumento es el que se ha usado en otros casos: hubo un patrón sistemático y generalizado del Cartel de Medellín contra la población civil.
Lo más importante es que ahora se pase de esta importante decisión a la práctica, a que se vaya hasta el fondo del caso, aunque hay que recordar la frase de los penalistas: cada minuto que pasa, es la verdad que huye, en un proceso como estos.
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